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Políticas públicas para la diversidad en Bogotá: la incidencia de las mujeres*

Políticas públicas para a diversidade em Bogotá: a incidência de mulheres

Public policies for diversity in Bogotá: the incidence of women

Lya Yaneth Fuentes Vásquez**


* Con ocasión de los quince años de la Revista Nómadas, quiero hacer un reconocimiento especial a María Cristina Laverde Toscano, a quien se debe la creación de la línea de investigación Género y Cultura, en la Universidad Central.

La búsqueda y sistematización de la información requerida para este artículo fue realizada por Verónica Fuentes Realpe. Agradezco a las y los lectores del artículo sus comentarios y aportes.

** Socióloga. Magíster en Estudios de Mujer, Género y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Docente/investigadora, coordinadora de la línea Género y Cultura del IESCO - Universidad Central (Bogotá - Colombia). E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.


Resumen

Este artículo analiza la participación de las organizaciones de mujeres en la llegada de los asuntos de mujer y género a las agendas de gobierno en la ciudad de Bogotá, así como su incidencia en la formulación de políticas públicas, entre 2004 y 2007. Frente a la pregunta sobre cómo construir políticas para la diversidad, en el marco de la Mesa Diversa de Mujeres, interesa destacar la emergencia de voces y actores que reclaman demandas diferenciadas y se examinan las reflexiones y debates de los grupos que buscan el reconocimiento de sus identidades y que lograron posicionar sus demandas en la agenda distrital.

Palabras clave: políticas públicas, participación de las mujeres, diversidad, identidades, género, Bogotá.

Resumo

Este artigo analisa a participação das organizações de mulheres, na chegada dos assuntos de mulher e gênero às agendas do governo na cidade de Bogotá, assim como sua incidência na formulação de políticas públicas, entre 2004 e 2007. Diante da pergunta de como construir políticas para a diversidade, no marco da Mesa Diversa de Mulheres, interessa destacar a urgência de vozes e atores que exijam demandas diferenciadas e se examinam as reflexões e debates dos grupos que procuram o reconhecimento de suas identidades e que conseguem posicionar suas demandas na agenda distrital.

Palavras-chaves: políticas públicas, participação das mulheres, diversidade, identidades, gênero, Bogotá.

Abstract

The increasing participation of women organizations in the Bogotá government agendas is analyzed in this article as well the importance they have had in formulating some public policies from 2004 to 2007. Facing the question about the way of planning policy for diversity, Mesa Diversa de Mujeres is interested in highlighting the variety of new voices and actors making their own demands and in examining the reflections and debates of some collectives looking for recognition of their identities which have succeed in positioning their demands into the Bogotá's government agenda.

Key words: public policy, women's participation, diversity, identities, genre, Bogotá.


Introducción

En el año 2006, en el marco de la "X Bienal de arquitectura de Venecia. Ciudades, arquitectura y sociedad", Bogotá recibió el premio León de Oro a ciudades "por ser un símbolo de esperanza para otras ciudades, sean ricas o pobres" (Cobo, 2007: 2). Según el curador de la exposición, Richard Burdett, responsable de seleccionar las ciudades por sus experiencias innovadoras, los proyectos realizados en Bogotá a partir de 1995 conectan la realidad física de la urbe con su dimensión social en varios niveles, de tal forma que, nos dice Burdett: "pude ver la incidencia de las intervenciones urbanas en la vida cotidiana de los ciudadanos […] sentí [que Bogotá] tenía una historia importante que contar" (Cobo, 2007: 2).

En efecto, como producto de políticas innovadoras y de la continuidad de las mismas, en los últimos quince años la ciudad presenta cambios normativos, culturales, políticos y físico-urbanísticos que han contribuido a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Según el Informe de desarrollo humano –IDH 2008–, en Bogotá se constatan avances en los siguientes campos: el espacio público, la movilidad de los ciudadanos/as y la cobertura de los servicios públicos domiciliarios; en la ampliación del aseguramiento de la salud y la universalización de la educación básica; en la transformación de la cultura política y el mejoramiento de las condiciones objetivas de la seguridad. Por último, el informe llama la atención sobre los logros registrados en los comportamientos, costumbres, creencias y valores de los bogotanos/as, es decir, en la cultura de la ciudad (PNUD, 2008: 19).

Con respecto a los adelantos en la cultura política y la cultura de la ciudad, me interesa destacar la emergencia de nuevas voces y actores y la formulación de políticas públicas que reconocen su diversidad y sus demandas diferenciadas. Es más, considero que uno de los logros más significativos, sino el principal, de lo que va corrido del siglo XXI en Bogotá, ha sido, precisamente, la formulación y puesta en marcha de políticas públicas que reconocen la pluralidad de las voces emergentes de la metrópoli. En este sentido, el diseño de políticas para las mujeres, los afrodescendientes, las personas con discapacidad1 y la población LGBT2, constituye un hito muy importante y en algunos casos sin precedentes para la ciudad.

En el presente artículo me propongo describir y analizar la participación e incidencia del movimiento feminista y de los grupos organizados de mujeres, en la llegada de los asuntos de mujer y género a las agendas y planes de gobierno, así como en la formulación de políticas públicas en su favor, durante la administración de Luis Eduardo Garzón (2004-2007). En particular, me detengo en la creación y desarrollo de la Mesa Diversa de Mujeres, contexto en el cual examino las reflexiones y puntos de encuentro y desencuentro entre los diferentes grupos y voces que buscan el reconocimiento de sus identidades y su diversidad, y que lograron posicionar sus demandas en la agenda distrital.

Para dar cuenta de los objetivos planteados, me apoyé en tres tipos de fuentes: las políticas públicas formuladas, las cuales se expresan en normas, decretos, acuerdos, lineamientos de política, planes de desarrollo, planes de acción, planes de igualdad de oportunidades e informes de gestión, entre otros documentos; las actas y relatorías de la Mesa Diversa de Mujeres; y, por último, las entrevistas realizadas a dos asesoras de la Política Pública de Mujer y Géneros (PPMYG).

Aquí analizo la formulación de las políticas dirigidas a las mujeres y demás grupos poblacionales3, es decir, la intención manifiesta y enunciada, que se expresa sobre todo, en decretos, acuerdos y en algunos planes. No se trata, por consiguiente, de un examen de la ejecución de dichas políticas. Me apoyo en el estudio de actas, relatorías y memorias que, por supuesto reconozco, no dan cuenta de la enorme complejidad de los debates y tensiones propios de las arenas públicas; así mismo, las fuentes consultadas tampoco representan todas las voces que con sus demandas enriquecen las agendas y la participación ciudadana.

Incidencia del movimiento de mujeres en el Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia

Si bien en los años noventa se dieron importantes avances en las políticas de equidad de género en el nivel nacional4, en Bogotá, los asuntos de las mujeres, desde esta perspectiva, solamente llegaron a la agenda durante el segundo mandato de Antanas Mockus (2001-2003), como consecuencia, en gran medida, de la participación de tres mujeres feministas dentro del gabinete de gobierno5. La inclusión de los asuntos de género en la agenda pública, por lo menos en esta administración, no se dio en el marco de una amplia movilización y negociación del movimiento de mujeres con las autoridades distritales.

Ahora bien, la incorporación de la perspectiva de género en el Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión (2004- 2007), de la administración de Luis Eduardo Garzón, constituye una experiencia exitosa de negociación del movimiento feminista y de los grupos organizados de mujeres con el gobierno de la ciudad6. Como producto de este proceso, las mujeres no sólo lograron poner los asuntos de género en la agenda, sino que, como parte del cabildeo y la negociación, obtuvieron cargos de segundo nivel decisorio y asesor en el gobierno distrital, desde los cuales formularon y ejecutaron políticas en favor de sus intereses y demandas.

El proceso de incidencia de las mujeres en la agenda pública, se inició durante la campaña electoral que llevó al candidato del Polo Democrático Independiente (PDI)7 a ocupar el segundo cargo más importante del país, la Alcaldía de Bogotá8. Frente a la coyuntura electoral y a la candidatura de Luis Eduardo Garzón, grupos de mujeres, muchos de ellos militantes y/o simpatizantes del PDI, se organizaron para apoyar la campaña y para concertar una agenda con el candidato. Entre estos se destacan: el Colectivo de Mujeres del Polo Democrático, la Red de Mujeres, las sindicalistas de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), de la Comisión de Mujeres de la Asociación Distrital de Educadores (ADE) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Iniciativa de Mujeres por la Paz y el Grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia.

Estos grupos realizaron una serie de eventos para apoyar la campaña, entre ellos se destacó la mesa de trabajo denominada Las Mujeres de los Miércoles, la cual se definió como una mesa abierta en la que también podían participar mujeres que no estaban vinculadas a ninguna organización. Según lo expresado por Juanita Barreto y Marta Buriticá, las mujeres tenían una clara conciencia y voluntad de la necesidad de influir en la agenda pública. Esta mesa, según Buriticá, trabajó alrededor de los siguientes puntos: 1. relación con el candidato; 2. propuesta de acuerdo y compromiso real y efectivo del candidato (futuro alcalde) con los asuntos de las mujeres y la agenda de género; 3. inclusión de la agenda de género en el Plan de Desarrollo, con programas y proyectos específicos, así como con presupuesto para adelantar las políticas. El cumplimiento de estos puntos condicionó el apoyo de las mujeres a la campaña de Luis Eduardo Garzón.

Una vez elegido el candidato del Polo se inició una segunda etapa en la cual el movimiento de mujeres concertó, temas y cuestiones específicas que habrían de establecerse en el Plan de Desarrollo como políticas concretas por diseñar y ejecutar, con metas por cumplir y con presupuesto asignado. Las mujeres buscaban además institucionalizar las políticas. Para ello se concertó con el alcalde la creación de una instancia rectora de las políticas públicas de mujer y género, lo que quedó como una de las metas del Plan de Desarrollo. En cumplimiento de los compromisos adquiridos, el burgomaestre nombró a Juanita Barreto, académica feminista, integrante del Grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia, como la persona responsable de liderar, en calidad de asesora, las políticas de mujer y géneros en la ciudad.

De acuerdo con el balance que realiza el equipo de la Política Pública de Mujer y Géneros, en la visibilización y posicionamiento de estas cuestiones en el Plan de Desarrollo, confluyeron cuatro dinámicas: 1. el compromiso adquirido por el alcalde con las mujeres y la equidad de género, 2. la interlocución y concertación de la asesora de la Política de Mujer y Géneros y su equipo de trabajo, 3. la intervención y vocería de las consejeras territoriales, representantes de las organizaciones femeninas dentro del Consejo Territorial de Planeación, quienes convocaron diversos actores con el fin de incluir estas políticas y 4. la movilización y concertación del Movimiento Social de Mujeres, que apoyó la gestión de la asesora y del equipo de la PPMYG (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005: 41).

Como se puede apreciar, estas dinámicas evidencian la incidencia de las mujeres en el Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia, el cual incorporó la Política Pública de Mujer y Géneros como una perspectiva "orientada a la creación de condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades, el ejercicio efectivo de los derechos, el respeto al libre desarrollo de la personalidad y a la diversidad sexual" (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004b: 3). Esta política se ejecutó a través del programa Bogotá con Igualdad de Oportunidades y el proyecto de Institucionalización del Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Géneros, ambos inscritos en el Plan de Desarrollo.

Como parte de la ejecución del programa Bogotá con Igualdad de Oportunidades se formuló y puso en marcha el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital (2004-2016)9, convirtiéndose en el primer PIO de la ciudad. De acuerdo con el balance que presentó la administración de la Política Pública de Mujer y Géneros, éste constituye su logro más significativo. Se crearon también siete Casas de Igualdad de Oportunidades en diferentes localidades y, con el fin de institucionalizar y transversalizar las políticas, se creó en 2007 la subsecretaría de mujer, géneros y diversidad sexual dentro de la Secretaría Distrital de Planeación (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007a y 2007b).

Especial énfasis se le brindó a la atención y prevención de las violencias contra las mujeres y a la promoción del liderazgo y la participación femenina. Aquí hay que resaltar que el alcalde, como un hecho inusual, nombró solamente mujeres para ocupar los cargos de las veinte alcaldías locales que rigen el Distrito Capital. Igualmente valioso resulta el trabajo que se ha realizado en las localidades. Son múltiples las acciones adelantadas en cada uno de los diferentes derechos del PIO que no es posible reseñar aquí10. Sin embargo, considero que el Plan de Igualdad de Oportunidades y la creación de la subsecretaría constituyen los logros más estratégicos para las mujeres, así como los importantes desarrollos normativos orientados a garantizar la institucionalización de las políticas de mujer y géneros y los nuevos escenarios abiertos para la participación ciudadana11.

¿Qué factores favorecieron la incidencia de las mujeres en la agenda pública?

En primer lugar, la campaña electoral de un candidato de izquierda en el 2003 para ocupar la Alcaldía de Bogotá, creó lo que en política pública se considera una "oportunidad de elección"12, es decir, se dio una coyuntura muy favorable para poner en la agenda pública los asuntos de mujer y género.

Un segundo aspecto, relacionado con el anterior, fue la confluencia ideológica y la afinidad de los grupos de mujeres con el candidato del Polo Democrático que representaba a todas las corrientes de izquierda del país. Como ya se mencionó, muchas de las mujeres que militaban dentro del Polo también eran y son militantes feministas, e integraban organizaciones y ONG. Se da entonces un proceso de doble militancia que propició la inclusión de los asuntos de mujer y género en la agenda distrital, lo que no deja de llamar la atención si tenemos en cuenta las históricas tensiones entre el feminismo autónomo y los partidos de izquierda, las cuales no se han superado del todo.

No sobra recordar que, en los años ochenta, la izquierda "revolucionaria" consideraba el feminismo como una desviación burguesa que buscaba dividir la lucha principal de la clase obrera frente al gran capital. Como respuesta en los "Encuentros feministas latinoamericanos" (Bogotá 1981 y Lima 1983) se rechazó la doble militancia y la autonomía del movimiento se asumió como independencia frente a los partidos de izquierda. Esta concepción de la autonomía provocó una división entre feministas autónomas y políticas, quienes por el contrario defendían su trabajo dentro de los partidos (Álvarez et al., 2003)13.

Un tercer elemento que favoreció el ingreso y avance de los asuntos de mujer y género en la agenda de gobierno fue el hecho de que la administración de Antanas Mockus había colocado los primeros ladrillos, había sentado algunas bases y se contaba con algunas políticas, normas e instrumentos para ampliar el radio de acción e institucionalizar y transversalizar las políticas de mujer y géneros. En efecto, el Acuerdo 091 de 2003 establece y ordena al nuevo gobierno la formulación y adopción del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género. De igual modo, los programas y proyectos para la atención de la violencia intrafamiliar y la violencia sexual ya habían ganado un espacio dentro de la administración y también en las comunidades. La Noche de las Mujeres fue una acción específica dirigida a sensibilizar a toda la ciudadanía frente a las violencias y los roles tradicionales de género. También se formularon de manera participativa los Lineamientos de Política Social para las Mujeres14; en esta política 62.9% de las acciones buscaba un cambio estructural de la discriminación contra mujeres15.

Un cuarto aspecto del proceso fue la creación de alianzas, que posibilitaron el trabajo conjunto entre diferentes sectores y organizaciones femeninas durante la campaña electoral y, en general, durante el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia, el cual se llevó a cabo con la participación de la ciudadanía. Estas alianzas dieron paso a la confluencia de diversos actores sociales y, por consiguiente, de diversos intereses y demandas. Así, el abanico de actores fue amplio y complejo; se encontraron las mujeres del Polo, sindicalistas, comunitarias, académicas, de los grupos étnicos, con discapacidad, en situación de desplazamiento por la violencia y voceras de la diversidad sexual.

Por último, en la gama de factores favorables o puntos de encuentro, ya dentro del proceso mismo de formulación y ejecución de las políticas de mujer y géneros, se pueden mencionar, entre otros aspectos: la adopción del enfoque de derechos como referente de acción que goza de mucha legitimidad política; la creación y ampliación de espacios formales para el trabajo e interlocución interinstitucional y para la participación; el desarrollo de estudios y centros de investigación de mujer y género, los cuales brindan un soporte teórico y técnico muy importante para el diseño y ejecución de las políticas. En particular, la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional jugó un papel destacado al desarrollar estudios, diagnósticos, investigaciones y procesos de capacitación requeridos por la administración, y al vincular a sus docentes, estudiantes y egresadas como funcionarias responsables del diseño y puesta en marcha de las políticas16; también fue importante el apoyo técnico, político y económico de la cooperación internacional17.

La Mesa Diversa de Mujeres: políticas para la diversidad18

El Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión (2004-2007) tuvo como norte, en el marco del Estado social de derecho, el respeto, protección y promoción de los derechos humanos desde una perspectiva integral. Este enfoque implica reconocer la exclusión y la discriminación históricas que han sufrido diversos grupos poblacionales, en razón de su origen social y regional, sexo, edad, etnia y orientación sexual, entre otras razones. Tal reconocimiento se hace efectivo en el Plan, al adoptar como principio de acción el respeto por la diferencia y la diversidad y al reconocer la ciudad como un escenario inter y pluricultural (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007a). Es así como se comprende el derecho a la ciudad y como se explica también la creación de la Mesa Diversa de Mujeres.

La Mesa Diversa fue convocada por el equipo asesor de la Política Pública de Mujer y Géneros en el año 2004 ante la necesidad de constituir un espacio de interlocución con los grupos, organizaciones y redes femeninas existentes en los ámbitos distrital y local en Bogotá, de cara a la formulación participativa de las políticas. Tres preguntas se encuentran en el origen de este proceso: ¿cómo construir políticas públicas que apunten al reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las mujeres en el Distrito Capital? ¿Qué tipo de acciones gubernamentales se requieren para hacer efectiva su participación y toma de decisiones? ¿Cómo dar sentido y significado político a la vasta experiencia participativa de las mujeres que desde la mayor o menor conciencia de sus derechos trabajan por un modelo de ciudad incluyente, plural y diverso? (AOPPMYG, Mesa Diversa: s/f)19.

Desde un principio se buscó democratizar "las formas de hacer", propiciando espacios para la participación, la construcción de confianzas y consensos, así como para "el reconocimiento de la diversidad que nos enriquece, las diferencias que nos constituyen y las desigualdades que nos atraviesan", recalcándose que "las prácticas, valores y escenarios democráticos tienen un camino: el diálogo, la interlocución y la negociación de agendas" (AOPPMYG, MD: RP). Este camino cobra sentido a la luz del interrogante más complejo de la Mesa: ¿cómo construir políticas públicas que integren la diversidad? Una diversidad que expresa la confluencia de identidades múltiples y yuxtapuestas, puesto que como espacio y encuentro de voces plurales la Mesa reunió mujeres indígenas, negras, raizales, gitanas, discapacitadas, desplazadas, jóvenes, adultas mayores, campesinas, sindicalistas, líderes comunitarias, políticas, funcionarias públicas, académicas, trabajadoras sexuales, de las iglesias y con orientaciones sexuales y de género diversas, entre otras.

Desde sus primeras reuniones, la Mesa Diversa se definió como un espacio para: reconocer la ciudad desde su diversidad y aceptar las diferencias; la construcción y consulta de las Políticas Públicas de Mujer y Géneros; la construcción de una ética ciudadana; la construcción de confianzas; la información, la realización de balances y la rendición de cuentas; el ejercicio del poder y el empoderamiento. También se definió como un espacio de intercambio y conocimiento de experiencias participativas de las mujeres y las organizaciones femeninas (AOPPMYG, MD: RP, Acta No. 4).

Durante su primera fase de funcionamiento20 (junio de 2004-agosto de 2005), la Mesa Diversa se consolidó como un escenario de interlocución con el gobierno distrital y como espacio de consulta y validación de la formulación del Plan de Igualdad de Oportunidades. En esta etapa, la demanda por el reconocimiento de la diversidad se "posiciona en el centro de las reflexiones", donde cada quien comparte sus problemas y reclama reconocimiento "desde su particularidad" (AOPPMYG, MD: RP). De forma que las reivindicaciones que buscan la visibilidad y la afirmación de las identidades étnicas o de cualquier otra índole, desplazan o dejan en un segundo plano las demandas e intereses de género de las mujeres.

En efecto, las afrodescendientes denuncian el racismo que ha separado a las mujeres, exigen el reconocimiento de sus procesos organizativos y la definición de estrategias de participación que hagan efectiva su inclusión y su autonomía. Las indígenas cuestionan la exclusión del sistema educativo y expresan su inconformidad con las políticas públicas que desconocen la diversidad y el respeto de otras culturas. Las mujeres con alguna discapacidad denuncian la invisibilización de su trabajo organizativo, el desempleo, las dificultades y la falta de recursos para la participación, además de los códigos masculinos imperantes en la comunicación que impiden sus propias formas de expresión como discapacitadas. Las jóvenes y las mujeres del pueblo rom reclaman su invisibilización en el Distrito. Por último, las lesbianas, bisexuales y transgeneristas reconocen el avance de la administración al convocarlas a la Mesa Diversa y, a diferencia de las anteriores, hacen explícita su posición para que en este espacio se le asigne un "valor a los intereses específicos de las mujeres" (AOPPMYG, MD: RP).

En esta etapa, los problemas y requerimientos expuestos no articulan y no hacen referencia a las demandas propias de las mujeres. Denuncian el racismo, el clasismo y la discriminación en razón de su condición particular, dando la impresión de que las cuestiones de género se perciben como algo externo a sus comunidades o grupos de referencia. En efecto, las mujeres de poblaciones étnicas no asumen una postura crítica frente al sexismo y el machismo que prevalece en sus colectividades. Sin que esto sea nada nuevo llama la atención su persistencia y la actitud refractaria frente a la equidad de género evidente sobre todo en los grupos étnicos.

En este punto vale la pena reiterar, de acuerdo con Amartya Sen, el carácter simultáneo, múltiple y contextual de las identidades, lo que se expresa claramente en el marco de la Mesa Diversa donde es posible ser, al mismo tiempo, mujer, joven, colombiana, bogotana y negra, así como trabajadora, funcionaria distrital, madre y amiga, entre otras múltiples posibilidades identitarias. Al respecto, Anthony Appiah (cit. Sen, 2000) plantea la necesidad de regular y cuestionar el "imperialismo de la identidad" visible en las identidades raciales. En este orden de ideas, siguiendo a Appiah, si una determinada identidad, sea étnica, religiosa o de cualquier otra índole, se asume como única puede conducir a "nuevas tiranías" y reproducir en defensa de la cultura y la tradición, tiranías milenarias que perpetúan la subordinación femenina.

Llama la atención que de las políticas poblacionales formuladas en Bogotá, entre los años 2005 y 2008, la única que no adopta de manera transversal una perspectiva de género, ni tiene un lenguaje incluyente, es la política pública dirigida a los/as afrodescendientes de la ciudad21. En ésta sólo se hace una breve mención a las diferencias de género en uno de sus artículos22, a pesar de la significativa participación de las mujeres en el Consejo Consultivo de Comunidades Negras23. En contraste, las políticas públicas dirigidas a los jóvenes, a la población LGBT y a las personas con discapacidad incluyen en sus enfoques, principios, lineamientos y objetivos la equidad de género de manera articulada con el Plan de Igualdad de Oportunidades. Las tres presentan un lenguaje incluyente pudiéndose afirmar que su formulación adopta de forma amplia y transversal el reconocimiento y respeto de la diversidad y la diferencia como principios guías para la acción24.

La omisión y posible resistencia de algunos grupos étnicos, en particular de los y las afrobogotanos a incorporar en sus políticas el enfoque de género y la diversidad sexual, se explica en parte por la defensa de la identidad cultural y racial de sus comunidades. Además, las reivindicaciones feministas suelen percibirse como un obstáculo o un riesgo para la preservación de sus identidades étnicas y culturales.

Al respecto, Sonia Álvarez señala cómo al inicio de los años noventa en el Brasil, "muchas de las militantes en los grupos de mujeres negras rechazaban el calificativo de feministas" (1994: 275). Entre las razones que, según la autora, explicaban esta postura estaba el temor de perder el apoyo de los hombres afrobrasileños, dado que para ellos las reivindicaciones de género, de cara a la lucha contra la discriminación racial, eran una cuestión secundaria; además de ser una demanda burguesa de las mujeres blancas de los países desarrollados. En consecuencia, las mujeres negras debían trabajar unidas con los hombres negros por su causa común contra la opresión racial. Para otras, el racismo de las feministas blancas había dejado una fisura irreparable. Por el contrario, también había mujeres afrobrasileñas que se reconocían como feministas y luchaban por una agenda más amplia (Álvarez, 1994).

Históricamente las luchas de las mujeres han tenido como norte el reclamo por la igualdad dada su condición de subordinación e inequidad frente a los hombres, mientras que los grupos étnicos defienden el derecho a la diferencia y a la diversidad frente a las propuestas de homogeneidad cultural que caracterizan a los Estados-nación. Las mujeres demandan el respeto de sus derechos humanos en cuanto ciudadanas, en tanto que los grupos étnicos exigen sus derechos colectivos. Tales demandas pueden valorarse como encontradas y en conflicto, punto de vista desde el cual se comprende, en parte, la ausencia de menciones a la equidad de género dentro de las políticas de los afrobogotanos/as.

No obstante, por lo menos desde mediados de los años ochenta, el llamado feminismo de la diversidad cuestiona tanto la noción de un sujeto "mujer" universal como el predominio de la diferencia sexual sobre otras categorías identitarias. De acuerdo con Mary Dietz, la perspectiva de la diversidad subraya diferencias, pluralidades y multiplicidades; acentúa "la condición situada, específica e históricamente encarnada del sujeto femenino", por consiguiente, dirige su atención hacia las identidades étnicas, religiosas, de clase, edad, género y orientación sexual, entre otras; en el marco de su proyecto político convoca a las "otras" subyugadas, silenciadas, explotadas por la dominación del sujeto masculino blanco, heterosexual, eurocéntrico u occidental; por último, para el feminismo de la diversidad "la articulación, negociación y reconocimiento de identidades o subjetividades […] sumergidas, negadas o desdeñadas […] son una tarea central de una política feminista de resistencia" (Dietz, 2005: 192-193).

Como se puede observar, las mujeres no se quedaron luchando solamente por el igualitarismo. En América Latina y el Caribe los "Encuentros feministas" dan cuenta de ello. Así en el "III Encuentro" realizado en Bertioga (Brasil, 1985) se hicieron evidentes las tensiones de clase y etnia. En Taxco (México, 1987) la discusión giró en torno a la expansión del movimiento feminista al movimiento amplio de mujeres. En San Bernardo (Argentina, 1990) hubo una importante presencia de redes inter-regionales, en particular de mujeres negras y lesbianas. En Cartagena (Chile, 1996) se abordaron la relación con el movimiento de mujeres en un contexto globalizado y neoliberal y los vínculos del feminismo con las mujeres, pobres, indígenas, negras y lesbianas (Álvarez et al., 2003). En suma, en la Mesa Diversa afloran tensiones y preguntas históricas del feminismo todavía no resueltas.

Ahora bien, la construcción de políticas que reconozcan la diversidad tendría que tener en cuenta premisas como las propuestas por Boaventura de Sousa Santos (1998) quien señala que todas las culturas o grupos tienen concepciones incompletas, problemáticas y diferenciadas de la dignidad y de los derechos humanos, y se organizan en su interior de una manera jerárquica homogénea, pero también diferenciada. En tal sentido, "el reconocimiento de las debilidades e incompletitudes recíprocas es la condición sine qua non de un diálogo transcultural" (Santos, 1998: 360) cuyo objetivo sería alcanzar una conciencia muy alta de que nuestras concepciones (y las de los otros) sobre los derechos humanos y la dignidad son incompletas. Si tenemos plena conciencia de que nuestra concepción del mundo no es única, universal, absoluta y verdadera porque a ella se oponen diversas concepciones de otras culturas, podríamos entonces dialogar y tratar de comprender las concepciones de los otros.

En el caso que me ocupa, no se trata solamente de diálogos trans o interculturales, sino del choque y el conflicto intrínsecos de las diferentes dimensiones de la identidad de los individuos: sexo, género, edad, etnia, clase, orientación sexual, discapacidad u otro tipo de particularidades, que aunque simultáneas, no suelen vivirse y reivindicarse con la plena conciencia de su simultaneidad.

Retomando las discusiones iniciales de la Mesa Diversa, además de la pregunta ya descrita por la construcción de políticas que incluyan la diversidad, las mujeres cuestionan los modelos hegemónicos de participación. Se preguntan "¿cómo politizarnos y a la vez despolitizarnos?", en franca alusión a la politiquería y al clientelismo, esta cuestión es a la vez un llamado a encontrar formas novedosas de incidencia en los asuntos públicos y, por tanto, de hacer política.

Las relaciones entre los ámbitos distrital y local, al igual que entre la administración y el movimiento de mujeres, aparecen en el amplio espectro como relaciones complejas. En el primer caso, se trata de una relación conflictiva que remite a problemas de coordinación, asignación de recursos y delimitación de competencias, entre otros. En el segundo, los límites que distinguen el gobierno distrital y el movimiento de mujeres son difusos, entre otras razones, porque muchas de las funcionarias de la administración provienen de las organizaciones femeninas y/o del partido que gobierna. Esta especie de mimetismo entre funcionarias que son al mismo tiempo militantes feministas y representantes del gobierno de la ciudad, si bien ofrece mayor legitimidad y apoyo tanto a la administración como al desarrollo de las políticas, dificulta la emergencia de posturas críticas y heterogéneas, corriéndose el riesgo de caer en la homogeneización de los discursos y de las prácticas políticas.

Los problemas de la representación: una voz propia para tener poder

Con la formulación y lanzamiento del Plan de Igualdad de Oportunidades se inicia la segunda fase de la Mesa Diversa. Ello "exige materializar los alcances del Plan […] y promover procesos de autonomía y corresponsabilidad" (AOPPMYG, MD: RP). Esta fase condujo al diseño de la metodología "Rutas para la inclusión", cuyo objetivo fue la apropiación, difusión y puesta en marcha del PIO. El interrogante que orientó el trabajo giró en torno a "¿Cuál es el papel de las organizaciones de mujeres frente al Plan de Igualdad de Oportunidades?" Al respecto, hubo acuerdo sobre la necesidad de conocer y difundir el Plan en las localidades y en el Distrito, a la vez que en ejercer funciones de seguimiento, veeduría y control social. Se planteó, de igual modo, la necesidad de participar en espacios de toma de decisiones y en brindar apoyo a las alcaldesas locales.

En esta etapa el tema de la representación fue, quizá, la cuestión más relevante abordada por la Mesa Diversa, en la medida en que fue preciso nombrar representantes que integraran los nuevos espacios abiertos por la administración distrital. Así, la creación del Subcomité de Mujer y Géneros del Consejo Distrital de Política Social (CDPS)25 y de los respectivos subcomités de los consejos locales de política social (CLOPS), exigió reflexionar en torno a la representación dada la necesidad de elegir a sus representantes. Los criterios y el perfil propuestos para designar a las delegadas establecen que las candidatas deben conocer la Política Pública de Mujer y Géneros y por supuesto el PIOEG, deben representar alguna organización que trabaje en favor de las mujeres y/o de los derechos humanos, así como contar con experiencia en instancias de participación. Las delegadas deben posicionar y representar los intereses de las mujeres de la Mesa Diversa y no intereses particulares. Llama la atención que no se exija a las candidatas, como requisito para ser elegidas, un conocimiento más amplio sobre las políticas sociales y económicas de la ciudad. Al respecto, hay que reiterar que si en verdad se busca incidir en la toma de decisiones, no es suficiente conocer y ser únicamente experta en temas de mujer y género; es preciso, en consecuencia, que las mujeres elegidas como nuestras representantes en estos espacios, tengan un conocimiento serio y detallado de los problemas del Distrito Capital.

La tercera y última fase de la Mesa Diversa, adelantada entre los años 2006 y 2007, gira alrededor de dos temas fundamentales para la institucionalización de los asuntos de las mujeres: la creación del Consejo Consultivo de Mujeres26 y la creación de la instancia rectora responsable de las Políticas Públicas de Mujer y Géneros. Abordaré solamente algunos de los aspectos que giraron en torno al Consejo Consultivo de Mujeres. Me interesa subrayar la discusión sobre el concepto de representación, y los aportes frente al proceso de elección y el perfil de las candidatas.

Para las mujeres de la Mesa, la representación debe estar basada en la confianza mutua en la medida en que quien es elegido/a como representante, debe asumir el interés general o el bien común. Ahora bien, en sociedades complejas y con múltiples intereses siempre habrá quien no se sienta representado. La representación se comprende también como un camino de las democracias para la exigibilidad de los derechos, el problema consiste en que las mujeres no suelen ser elegidas en los sistemas de representación y, en general, permanecen ausentes de los espacios de poder. "La representación es el poder de tener la voz de uno mismo y de los demás para sentar sus intereses" (El Taller, 2007: 31); en este orden de ideas, algunos colectivos de la Mesa expresaron la necesidad de contar con una representación que diera cuenta de sus intereses y demandas específicas a partir de su contexto y vivencia particular. Este fue el caso de las mujeres discapacitadas, quienes llamaron la atención sobre las diferencias sustantivas existentes entre ellas mismas, de forma que una persona con una discapacidad visual no podría representar a quienes tienen un problema auditivo o psico-motor. En el mismo sentido, se manifestaron las mujeres LGBT, quienes para efectos de la elección del Consejo Consultivo, solicitaron una representante lesbiana, una transgenerista y otra transexual.

En consecuencia, tendríamos que preguntarnos: ¿deben todas las múltiples diferencias e identidades individuales y colectivas tener representación? ¿Si una persona sorda no puede representar a otra con otro tipo distinto de discapacidad, cuál es el límite o la amplitud de representación proporcional de la enorme cantidad de grupos minoritarios, con demandas específicas, en espacios como el Consejo Consultivo? Aquí vale la pena citar de manera extensa a Phillips:

¿Se supone que hemos de elegir estudiantes, pensionados, desempleados en números que reflejen su proporción en la sociedad? ¿Se supone que hemos de tener representación proporcional de todas las clasificaciones ocupacionales, de todas las religiones, de todas las minorías raciales y lingüísticas? ¿Se supone que hemos de hacer investigaciones cada cinco años sobre el número de lesbianas y homosexuales para asegurar su representación justa en el Parlamento? […] La democracia representativa no puede producir un perfecto reflejo de la sociedad: la única garantía de ello es que todos los ciudadanos se reunieran en asamblea nacional (Phillips, 1996: 71).

Frente a la demanda de representación de los grupos cuyos derechos han sido vulnerados, lo que se evidencia es el fracaso de la sociedad, los partidos y los gobiernos para dar respuesta a sus necesidades, respetar su diversidad y garantizarles de manera efectiva el desarrollo de sus capacidades y el ejercicio de sus libertades y formas de vida. Aunque la Mesa Diversa refleja la inmensa riqueza, complejidad y pluralidad de los actores sociales, y como experiencia aporta valiosos aprendizajes, también evidencia, de una parte, la exclusión política, económica y social de estos grupos en la voz de las mujeres, y de otra, muestra la fragmentación de los intereses colectivos y de la sociedad civil, así como las dificultades de la representación. De este modo, por ejemplo, no es clara la relación entre las demandas específicas de cada grupo poblacional, sean mujeres, afrodescendientes, discapacitadas, desplazadas u otras, con las cuestiones macro, mezzo y micro de la economía y de la política, y en general, con las políticas sectoriales (educación, salud, vivienda, movilidad, hábitat, cultura, etc.). Se trata de temas que, además, han sido considerados como los verdaderamente importantes para las políticas públicas y la sociedad, y que se asume, son de interés general. Lo que lleva al interrogante planteado por Celiberti y Vargas (2003): ¿cómo conciliar, sin establecer jerarquías, los niveles macro, medio y micro y cómo, en consecuencia, construir la agenda? El problema esbozado, según las autoras, es de orden teórico y, sobre todo, de orden político.

Aparte del debate sobre la representación, las mujeres de la Mesa Diversa avanzaron en la definición de criterios para el proceso de selección y el perfil de las candidatas. Además de los requisitos ya mencionados para las postuladas al Subcomité de Mujer y Géneros del CDPS, se destacó el llamado para que las mujeres elegidas para integrar el Consejo Consultivo "representen los intereses generales, desde una perspectiva de género, superando los intereses particulares de cada organización y de cada localidad" (El Taller, 2007:21). Las representantes debían tener "hojas de vida impecables y sin antecedentes judiciales" e igualmente estar comprometidas con la equidad y la inclusión social. De igual modo, debían ser mujeres con experiencia y trabajo con las organizaciones, líderes de base y sin que constituyera un requisito poseer un título profesional. El perfil debía dar prioridad a la experiencia por encima del nivel de escolaridad27.

Por último, si representación es tener acceso al poder y a los espacios de decisión, las integrantes de la Mesa Diversa reiteraron la escasa o nula participación femenina en estos escenarios, a lo que se suma el carácter consultivo y no decisorio del Consejo Consultivo de Mujeres.

Consideraciones finales

Entre las múltiples políticas que le han dado un nuevo rostro y una sensibilidad distinta a la ciudad de Bogotá, se destacan las diferentes políticas poblacionales, y en particular, las dirigidas a las mujeres desde una perspectiva de género, las cuales llegaron a las agendas de gobierno de la mano de feministas durante el segundo mandato de Antanas Mockus (2001-2003), y del movimiento social de mujeres en la administración de Luis Eduardo Garzón (2004-2007). En el gobierno del primero, la incidencia feminista fue producto de muy pocos liderazgos individuales de funcionarias comprometidas con la equidad de género, que no obstante lograron dejar algunos cimientos y el terreno abonado.

Por el contrario, la campaña y posterior victoria electoral del primer candidato de izquierda a la Alcaldía de Bogotá, abrió una ventana única para que los asuntos de mujer y género llegaran con mayor legitimidad a la agenda pública, como consecuencia de los procesos de concertación del movimiento de mujeres, por un lado, con el alcalde electo, y por otro, con los diferentes grupos de mujeres con los cuales fue preciso hacer alianzas y conciliar intereses. En esta coyuntura, la doble militancia rindió sus frutos y resultó favorable para los asuntos de género.

La Mesa Diversa de las Mujeres como escenario de encuentro, debate y construcción de políticas públicas incluyentes de la diversidad, fortalece el ejercicio de la ciudadanía femenina y enriquece la democracia participativa. Podríamos inferir que su incidencia, así como la de la Política Pública de Mujer y Géneros, responsable de su coordinación, y por extensión, la incidencia del movimiento de mujeres, no se limitó solamente a los asuntos de su interés, puesto que el respeto a la diversidad y a la diferencia, y en particular, a la equidad de género, fueron apropiados de manera transversal en las demás políticas formuladas: la de los/as jóvenes, las personas con discapacidad y la población LGBT. La excepción fue la política pública para los/as afrodescendientes.

Habría que resaltar que la formulación de todas estas políticas representa un avance sustancial porque efectivamente aquellas incorporan una mirada diferencial y reconocen la diversidad en sus múltiples expresiones. Es más, los avances normativos y los lineamientos de acción de las políticas, que no se pueden considerar como pura retórica, van más rápido de lo que se puede esperar de la ciudadanía, en lo que tiene que ver con la equidad de género y la diversidad sexual, que son las que generan más resistencia cuando no rechazo abierto y violento. Seguramente, la mayoría se mueve en el terreno del discurso de lo "políticamente correcto" sin cuestionar sus prejuicios anclados en el clasismo, el sexismo, el racismo y la homofobia, pero ya contamos con instrumentos jurídicos y políticas para hacer efectivos los derechos, aplicar acciones afirmativas y transformar la realidad.

Aún es pronto para hacer un balance reposado de estas políticas, es decir, se puede dar cuenta sobre todo de su formulación, dado que su etapa de ejecución todavía es muy reciente. Sin embargo, comparto el campanazo de alerta que hace el Informe de desarrollo humano de Bogotá (2008), al llamar la atención sobre tres riesgos identificados en los espacios de la democracia participativa, a saber: 1. la estatalización de la participación, 2. la sobreoferta de instancias y 3. la profesionalización de la actividad participativa (PNUD, 2008: 39).

En el caso de la estatalización, la participación no es tanto el resultado de organizaciones sociales autónomas con capacidad de incidencia, sino que se manifiesta más a través de liderazgos individuales que asisten a los escenarios creados por la administración distrital. Existe, de otra parte, una sobreoferta de espacios para la participación ciudadana, lo que considero se explica, a su vez, por la emergencia de nuevos actores que reclaman visibilidad y reconocimiento y por el cumplimiento de las nuevas normas que rigen hoy para cada grupo poblacional y que ordenan la creación de comisiones, comités, subcomités, consejos consultivos en los ámbitos distrital y local, más la conformación de múltiples mesas de trabajo organizadas por intereses identitarios, sectoriales, urbanos, etc. El problema, según el IDH Bogotá (2008), es que esta proliferación de escenarios no ha generado satisfacción y legitimidad.

Así mismo, vale la pena destacar la cantidad, nada despreciable, de organizaciones sociales. Se calcula, por ejemplo, que en la Mesa Diversa han participado 600 mujeres que representan 230 organizaciones (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008: 50) y que existen en la ciudad cerca de 122 organizaciones afro, raizales y palenqueras (El Tiempo, marzo 12de 2008: 2-9). Esto puede reflejar, de una parte, la vitalidad y el dinamismo de las organizaciones, pero también puede ser evidencia de su fragmentación e incapacidad de aglutinación y representación, tanto dentro de los grupos como entre los diferentes grupos y organizaciones entre sí. La profesionalización, consecuencia de los dos primeros riesgos, conduce a que sean cada vez más los/as activistas distritales y/o locales quienes acuden a los espacios formales de participación, en lugar de ciudadanos/as interesados/as en participar.

Por último, sería deseable que en su devenir, las mujeres de la Mesa Diversa debatieran, cada vez más, sus concepciones y aportes alrededor de la ciudad, las políticas económicas y sectoriales (educación, salud, vivienda, hábitat, movilidad) o sobre su noción de los derechos humanos, por supuesto, de manera articulada con la equidad de género. La ciudad ha ganado en el reconocimiento e interlocución de los diferentes actores, que por razón de su sexo, género, edad, orientación sexual, etnia o condiciones de discapacidad, han sido objeto de discriminación. Los avances se pueden ver en dos niveles: en primer lugar, se involucró a cada grupo o población, según su demanda particular, lo que implica, por tanto, el fortalecimiento de su ciudadanía colectiva e individual en cuanto jóvenes, mujeres, afrodescendientes, LGBT o con discapacidad; en segundo término, la interlocución y puesta en común de sus demandas condujo a la creación de alianzas y a la adopción de un enfoque diferencial y un marco de derechos más amplio, no restringido a los intereses únicos y específicos de cada grupo poblacional. Esto se evidencia, no sin contradicciones, en la Mesa Diversa y, sobre todo, en las políticas, diferenciadas pero relacionadas, que orientan la acción pública de cada colectividad. De otra parte, la forma como la ciudadanía en su conjunto percibe y siente las nuevas políticas, así como a los actores que las encarnan, son cuestiones que están por investigarse.

La relación de las políticas poblacionales con las políticas sectoriales es todavía un camino difícil y complejo que requiere una mayor voluntad política de los gobernantes y de los/as funcionarios/as de nivel decisorio. En otras palabras, a pesar de los avances que presenta Bogotá, según parece, el peso asignado a las políticas de reconocimiento y a las de redistribución continúa desequilibrando la balanza.

No obstante, en un contexto de crisis globalizada y expectación, el reto propuesto tanto para la investigación como para la acción feministas, se expresa en la siguiente pregunta de Nancy Fraser: "¿Cómo podemos integrar las reivindicaciones de redistribución, reconocimiento y representación para desafiar el amplio abanico de injusticias de género en un mundo globalizado?" (Fraser, 2008: 208).


Citas

1 En los documentos de política consultados se hace referencia a personas con limitación y/o discapacidad, en condición o situación de discapacidad. En adelante, me refiero a esta población como personas o mujeres con discapacidad, que es la designación más utilizada en el Decreto 470 de 2007, "Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital –PPDD–" . Dada la importancia del lenguaje y la forma como se nombra a las personas y se definen sus problemas, no sobra aclarar que la PPDD define la discapacidad: "como un concepto complejo y multicausal cuya comprensión requiere la no-adscripción a posturas dicotómicas, unidimensionales y excluyentes sino la adopción de diversas posturas conceptuales […] es el resultado de una relación dinámica de la persona con los entornos políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales donde encuentra limitaciones o barreras para su desempeño y participación en las actividades de la vida diaria" (Decreto 470 de 2007, art. 3). En sentido estricto, en esta política no se precisa el concepto de discapacidad, por el contrario, el artículo 3 concluye que no "existe un consenso universal de su significado".

2 En español, la sigla LGBT ha sido adoptada por las organizaciones y activistas que defienden los derechos, el reconocimiento y el respeto de las personas con una orientación sexual diferente a la heterosexual, o con identidades de género diversas. LGBT incluye personas lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas, intersexuales, queer, travestis y questioning (que no están seguras de su orientación sexual). (Colombia Diversa, 2005).

3 Uno de los pilares del eje social del Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia fue la dimensión poblacional la cual permite no solo tener en cuenta el ciclo de vida de las personas, sino identificar grupos específicos que requieran acciones afirmativas para lograr su inclusión social. Acorde con este enfoque me referiré a las políticas dirigidas a los grupos poblacionales. No obstante, las mujeres al frente de las políticas aclaran que ellas no son un sector de la población, son la mitad; además están en todos los grupos poblacionales (Barreto, 2006:35).

4 En Colombia, la creación en 1990 de la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia y la promulgación de la Constitución Política en 1991 constituyen hitos de obligada referencia para el surgimiento y desarrollo de tales políticas.

5 Es importante destacar que a partir de la primera administración de Antanas Mockus (1995-1997), las mujeres han tenido una alta presencia en los gabinetes de gobierno y han estado dirigiendo los destinos de la ciudad. En efecto, ellas ocuparon en este período el 34% de los cargos de mayor nivel decisorio, y alcanzaron la paridad con el 48% de los cargos en la administración de Enrique Peñalosa (1998-2000); en el segundo mandato de Mockus (2001-2003), llegaron al 61% de los cargos directivos, y en el gobierno de Luis Eduardo Garzón (2004 -2007), la proporción fue de 42% (Fuentes y Peña, 2009).

6 Esta sección se hace con base en las entrevistas realizadas a Juanita Barreto, feminista académica, nombrada por el alcalde mayor como asesora de la Política Pública de Mujer y Géneros, y a Marta Buriticá, sindicalista de la Casa de la Mujer Trabajadora de la CUT, también asesora de la PPMYG. Entrevistas efectuadas por la autora de este artículo el 22 de noviembre de 2005 y el 28 de mayo de 2007, respectivamente.

7 El partido Polo Democrático Independiente reunía a diversos grupos independientes no adscritos a los partidos tradicionales. En 2006, por efecto de la reforma política de 2003, se alía electoralmente con la coalición de la izquierda tradicional Alternativa Democrática y juntos crean el partido Polo Democrático Alternativo.

8 Hay que destacar que es la primera vez que un candidato de la izquierda llega a la alcaldía del Distrito Capital.

9 El Plan fue aprobado en agosto de 2005 por el Consejo Distrital de Política Social, y tiene como antecedente normativo el cumplimiento del Acuerdo 091 de 2003, aprobado en la administración de Antanas Mockus.

10 El Plan de Igualdad de Oportunidades se estructuró en torno a los siguientes derechos: a una vida libre de violencias, a la participación y la representación de las mujeres, al trabajo digno e ingresos justos, a una salud plena, a una educación con equidad y a una cultura libre de sexismo (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007b).

11 El Decreto 546 de 2007 reglamenta las Comisiones Intersectoriales del Distrito Capital y, dentro de ellas, la Mesa de Trabajo de Mujer y Género. Más adelante se da cuenta de otros espacios creados por las administraciones.

12 Las "oportunidades de elección" son coyunturas favorables para que un asunto o problema, entre otros tantos, sea considerado como prioritario en la agenda pública. Las elecciones, los cambios de gobierno, la conformación de las agendas gubernamentales, la composición del Congreso, el cambio de funcionarios/as en cargos decisorios, las crisis y las catástrofes crean oportunidades de elección (Elder y Cobb, 1996: 98).

13 En el Encuentro Feminista en Costa de Sol (Salvador, 1993) ya no se consideró que la doble militancia fuera algo incompatible, por el contrario se dio un reconocimiento a las luchas revolucionarias de países como Nicaragua, El Salvador y Honduras y al rol que las feministas jugaron en estos procesos (Álvarez et al., 2003).

14 Los Lineamientos para las mujeres se encuentran en: Alcaldía Mayor de Bogotá -DABS, 2004a, "Lineamientos generales de política social para Bogotá, 2004- 2014. Una aproximación desde los derechos de la niñez, la juventud, las mujeres, las personas mayores y la familia", Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá D.CDABS.

15 El análisis comparado de las políticas de mujer y género de las administraciones de Antanas Mockus y Luis Eduardo Garzón, en particular de los Lineamientos de Política Social para las Mujeres y del Plan de Igualdad de Oportunidades se puede ver en Fuentes (2007).

16 El aporte de la Escuela de Estudios de Género y del Grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional ha sido reconocido por las funcionarias al frente de las políticas en los encuentros realizados con las instancias rectoras de las políticas de igualdad de género, en el nivel local, en el país y en la región (Barreto, 2006; Sánchez, s/f).

17 El apoyo de la cooperación internacional, y en particular de la Agencia Española de la Cooperación para el Desarrollo (AECI) se documenta en: (Fuentes y Peña, 2009).

18 Esta sección se elabora con base en las actas de las reuniones de la Mesa Diversa de Mujeres, realizadas entre los años 2004 y 2006, y algunos informes que recogen esta experiencia. Estos documentos se encuentran en el archivo de la oficina de la política pública de mujer y géneros de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en adelante se citarán como AOPPMYG. No es posible citar de manera exacta porque no se encuentran todas las actas, otras no tienen fechas ni autor/a, no tienen numeración y no guardan un formato que permita ordenar y sistematizar con facilidad la información.

19 En adelante se citará como AOPPMYG, MD: RP. En este informe se hace un recuento detallado del itinerario, el contexto y los problemas de la Mesa en cada etapa. Se encuentra en el archivo de la oficina de la PPMYG, su título es Reviviendo el Proceso, sólo aparece el mes y el día (noviembre 28).

20 De acuerdo con el informe "Reviviendo el proceso", la Mesa Diversa pasó por tres momentos entre los años 2004 y 2007. La periodización que aquí se presenta se basa en este documento.

21 Bogotá es la primera ciudad de Colombia y la segunda en América Latina que ha adoptado una política pública para su población afrodescendiente. En ella se hace énfasis en las acciones afirmativas dirigidas a reconocer su diversidad cultural y a garantizar sus derechos. Acuerdo 175 de 2005, "por medio del cual se establecen los lineamientos de la Política Pública para la Población Afrodescendiente residente en Bogotá y se dictan otras disposiciones". Decreto 151 de 2008, "Por el cual se adoptan los lineamientos de Política Pública Distrital y el Plan de Acciones Afirmativas, para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de los Afrodescendientes".

22 Decreto 151 de 2008, política pública de afrodescendientes. Artículo 4, numeral 8: "Reconocimiento y apoyo a las dinámicas socioculturales, económicas y organizativas particulares de los afrodescendientes, incluyendo las perspectivas de género y generacionales". Los lineamientos de política del Decreto 175 de 2005 no incluyen el enfoque de género.

23 De los seis consejos formales dentro de los cuales las mujeres tienen representación de sus organizaciones, el único donde ellas no son minoría es el Consejo Consultivo de Comunidades Negras (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008).

24 Consultar el Acuerdo 175 de 2005, el Decreto 482 de 2006, el Decreto 403 de 2007, el Decreto 470 de 2007, el Decreto 608 de 2007 y el Decreto 151 de 2008.

25 Este Subcomité se creó en cumplimiento del Decreto 093 de 2004, "por medio del cual se reestructura el Consejo Distrital de Política Social (CDPS)", conformado por el Decreto 679 de 2001. El CDPS es una instancia de carácter mixto para la concertación y el seguimiento de las políticas sociales de Bogotá.

26 Decreto 403 de 2007. Artículo 1. " El Consejo Consultivo es la instancia de coordinación entre los procesos y las organizaciones de mujeres del Distrito Capital y la Administración Distrital, en el marco de la Política Pública de Mujer y Géneros. Es un organismo de carácter técnico y político, que representa las necesidades e intereses de las mujeres que habitan el Distrito Capital, considerando la diversidad generacional, cultural, étnico-racial, territorial, socio-económica e ideológica, de orientación sexual y las distintas capacidades motoras, visuales, auditivas, psicológicas y cognitivas".

27 Este criterio contrasta con uno de los problemas más preocupantes detectados por la Federación de Municipios de Colombia y es, precisamente, la falta de escolaridad de los/as concejales.


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  35. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C., 2008, Decreto 151 de 2008. Por el cual se adoptan los lineamientos de Política Pública Distrital y el Plan Integral de Acciones Afirmativas, para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de los Afrodescendientes, Bogotá.
  36. CONCEJO DE BOGOTÁ D. C., 2003, Acuerdo 091 de 2003. Por el cual se establece el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital, Bogotá.
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