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La muerte como técnica de gobierno en los tiempos de la Seguridad Democrática*

A morte como técnica de governo nas épocas da Segurança Democrática

Death as a governmental strategy in the times of Democratic Security

 

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Giacomo Criscione**

Resumen

El artículo desarrolla una analítica de las prácticas de la muerte en Colombia durante la vigencia de la Política de Seguridad Democrática en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, mostrando las continuidades entre tanatopolítica y gubernamentalidad. En tal sentido, el gobierno de la muerte no tuvo como finalidad solamente la eliminación de los sujetos considerados social y políticamente no deseables, sino la producción de nuevos modelos de conducta. El artículo concluye que la muerte política significó la reorganización social del país a partir de peculiares formas de violencia.

Palabras clave: tanatopolítica, gubernamentalidad, violencia política, conflicto armado, Seguridad Democrática, Álvaro Uribe Vélez.

Resumo

O artigo desenvolve uma análise das práticas da morte na Colômbia durante a vigência da política da Segurança Democrática no governo de Álvaro Uribe Vélez, e mostra as continuidades entre tanatopolítica e governamentalidade. Desse jeito, o governo da morte não teve como seu fim somente a eliminação daqueles indivíduos tidos como não desejáveis social e politicamente, mas a produção de novos modelos de conduta. O artigo conclui que a morte política construiu a reorganização social do país partindo de formas particulares de violência.

Palavras-chave: tanatopolítica, governamentalidade, violência política, conflito armado, Segurança Democrática, Álvaro Uribe Vélez.

Abstract

This article develops an analysis of death practices in Colombia when the Democratic Security Policy was in force during the government of Álvaro Uribe Vélez, showing the relationship between thanatopolitics and governmentality. Accordingly, the “government of death” did not only have the goal of eliminating those socially and politically undesirable but also the production of new behavioral models. The article concludes that political death within the government resulted in the country’s social reorganization as a consequence of distinctive forms of violence.

Key words: thanatopolitics, governmentality, political violence, armed conflict, Democratic Security, Álvaro Uribe Vélez.

*El artículo es producto de la investigación “Las prácticas tanatopolíticas en los tiempos de la Seguridad Democrática”, realizada entre el 2010 y el 2012 para optar al título de Magíster en Estudios Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana.
**Profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad El Bosque, Bogotá (Colombia) y estudiante del Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Licenciado en Antropología por la Universidad La Sapienza de Roma (Italia) y Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Pontificia Universidad Javeriana. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

El problema fundamental al cual nos enfrentamos a la hora de entender la violencia política en la actualidad es: ¿de qué manera pensar prácticas cuyo objetivo es el aniquilamiento de sujetos considerados peligrosos en contextos de racionalidad gubernamental? ¿Qué tipo de relación hay entre políticas de la vida y políticas de la muerte, entre el proyecto militar de la Seguridad Democrática (en adelante, SD) y las técnicas de gobierno neoliberal basadas en el aseguramiento de la vida y promoción de las libertades?

Según el filósofo italiano Roberto Esposito (2006), Michel Foucault, en el desarrollo de su pensamiento crítico, se encontró con una paradoja. Por un lado, su analítica del poder lo había llevado a plantear el surgimiento de una nueva tecnología del poder —la biopolítica— que se centra en el aseguramiento y la protección de la vida de la población. Por el otro, justamente en el momento en el cual política y vida encuentran una superposición tan estrecha y la política entra en la esfera de la zoé (vida en su simple mantenimiento biológico), se desarrolla el más gran despliegue de la muerte en la historia de la humanidad.

¿Por qué una política de la vida amenaza con volverse acción de muerte? ¿Qué tipo de relación hay entre soberanía (“hacer morir”) y biopolítica (“hacer vivir”)? ¿La segunda sustituye a la primera o ambas funcionan siempre de manera articulada en la sociedad del biopoder?

Ahora bien, según Esposito (2006), Foucault nunca dará una respuesta concluyente a tales interrogantes. En algunos pasajes del curso Defender la sociedad (2000) pareciera prevalecer la tesis de la discontinuidad. Por un lado, una técnica de poder —la soberanía— que manifiesta su capacidad de muerte sustrayendo las fuerzas vitales de los súbditos (la sangre, los productos y lo bienes); por otro lado, un conjunto de técnicas de administración y potenciamiento de los cuerpos —la biopolítica— que prolongan las vidas biológicas de los gobernados. La cesura entre ambas tecnologías del poder no podría ser más evidente. Sin embargo, en otros pasajes del mismo texto, Foucault (2000) parece apartarse de esta perspectiva. Esposito (2006) llama la atención sobre el deslizamiento semántico entre el verbo sustituir, que supone una evolución histórica lineal, y el verbo completar, que en cambio alude al proceso de yuxtaposición de diferentes capas genealógicas en el marco de una nueva racionalidad gubernamental.

Esposito propone resolver la supuesta antinomia en el pensamiento de Foucault a partir del paradigma de “inmunización”. La inmunidad es el punto de cruce entre política y vida. La política surge sólo cuando es necesario defender la vida, y la vida aparece sólo cuando hay un poder que la proteja. Pero, la inmunidad es también el poder de conservación de la vida. En este sentido, el poder protege la vida a través de la eliminación de los elementos amenazantes. Por lo tanto, la inmunización es una protección negativa de la vida (Esposito, 2003, 2005, 2006). Los dispositivos positivos (producción de vida) y negativos (producción de muerte) no están en una relación externa u ocasional, sino funcional. La biopolítica, al defender la vida de algunos, elimina a los otros (Esposito, 2006).

Aunque el paradigma inmunitario de Esposito halla una articulación entre lo positivo y lo negativo de la política, concibe la soberanía como una “contrapartida estructural” de la biopolítica. El poder es así entendido como un conjunto de relaciones de fuerza entre antagonistas, donde la supervivencia de unos depende del aniquilamiento de los otros. En síntesis, la propuesta de Esposito —y también de Antonio Negri y Giorgio Agamben— es pensar la biopolítica desde la perspectiva teórica del modelo bélico.

Pero, ¿es posible reducir el funcionamiento del poder a una mera cuestión de relaciones de fuerza? O, al contrario, ¿las sociedades contemporáneas funcionan a partir de una gramática del poder más compleja?

A partir del estudio de las técnicas liberales y neoliberales de gobierno, Foucault se da cuenta de la insuficiencia del modelo bélico para comprender las relaciones de poder en las sociedades contemporáneas; por esta razón, repensará radicalmente su analítica abandonando el concepto de biopolítica y acuñando el de gubernamentalidad1. Ahora la pregunta no es por la relación entre política y vida, sino por la racionalidad específica que permite el desarrollo de los dispositivos del poder. El poder ya no es entendido alrededor de la dupla dominación/resistencia, sino como conjunto de técnicas de gestión de la conducta y de producción de la subjetividad moderna. La gubernamentalidad, de esta manera, se configura como marco de racionalidad política, es decir, como condición de posibilidad para el despliegue de la biopolítica, la cual es sólo una de las técnicas gubernamentales (Castro-Gómez, 2010).

Ahora bien, aunque Foucault nos permite pensar críticamente el asunto del poder, no debemos olvidar que en su analítica de la gubernamentalidad se concentra exclusivamente en los países del “centro” del capitalismo. Aquí la tanatopolítica, después de la Segunda Guerra Mundial, tiende a desaparecer o a asumir nuevas formas: las técnicas gubernamentales predominan sobre las técnicas soberanas y de dominación. Esto nos lleva a plantear la hipótesis de la no homogeneidad global en el funcionamiento de la racionalidad gubernamental.

En efecto, en contextos poscoloniales y muy peculiares como Colombia, se ha producido un ensamblaje que ha permitido la continuidad de las tecnologías de la muerte. En este sentido, no es posible extrapolar el “modelo” gubernamental de Foucault y aplicarlo acríticamente a contextos tan disímiles. La gubernamentalidad no responde a una lógica universal, sino que es necesario analizarla en sus especifidades y en su radical historicidad. En el contexto de la SD, tal como lo afirma Muñoz-Onofre, la

[…] copresencia de, por un lado, la guerra y sus expresiones locales, regionales y nacionales, con sus masacres, desplazamientos, exterminios y víctimas, aunque también con sus propagandas de heroísmo patrio y sus manifestaciones de apoyo en la opinión pública y, por otro, las políticas neoliberales, con sus programas de seguridad y prosperidad para garantizar la proliferación de la inversión multinacional, convierte la gubernamentalidad practicada contemporáneamente en Colombia en una particular articulación de tecnologías neoliberales y bélicas. (2014: 216)

Esta articulación específica entre políticas de la vida y de la muerte, ya señalada en otros trabajos (Blair y Berrio, 2008; Blair, 2010; Criscione y Vignolo, 2013; Muñoz-Onofre, 2014, 2015), se expresa, ante todo, en la relación micropolítica entre violencia y cuerpos como campo de despliegue de técnicas corporales para el control y el gobierno de individuos y poblaciones mediante la estrategia del miedo (Blair, 2010).

¿Cómo pensar, entonces, las prácticas de la muerte en Colombia? ¿Qué función histórica tiene la tanatopolítica en la Colombia de la SD? Si bien la tanatopolítica encuentra su emergencia histórica en épocas coloniales, en la actualidad ha modificado radicalmente su función asumiendo, en algunos casos, la racionalidad propia de la gubernamentalidad. Ya no es la eliminación de la otredad negativa a partir del discurso de limpieza de sangre primero, y de raza, luego, sino que la tanatopolítica asume una función ética. No se elimina al otro racialmente diverso, sino al otro “éticamente” diverso, y esta eliminación no tiene sólo una función intrínseca —la exclusión misma del sujeto considerado peligroso—, sino que produce efectos de normalización sobre el resto de la población. De manera que —y éste es mi argumento principal— las prácticas de la muerte en la Colombia de la SD responden a una necesidad interna de destrucción (total o parcial, simbólica y material) y reorganización de las relaciones sociales a partir de la clausura de determinados comportamientos indeseados y la imposición de nuevas normas de conducta social.

Cuando hablamos de una analítica de las prácticas de la muerte en la Colombia de la SD, nos tenemos que preguntar, ¿cómo funciona y qué efectos tiene la tanatopolítica sobre los sujetos y sobre la población? Cualquier práctica tanatopolítica tiene, por un lado, ciertos efectos directos sobre el individuo víctima de la práctica (aniquilamiento o disciplinamiento) y, por el otro, efectos indirectos de normalización sobre el conjunto de la población que se producen a partir del debilitamiento y el rompimiento de los lazos solidarios que ligan a los individuos entre sí y, a la vez, con las familias, los grupos, los movimientos, las organizaciones, los sindicatos y los partidos. En este sentido, las políticas de la muerte permiten desmontar sistemáticamente, a través del mecanismo del miedo, todas aquellas estructuras articuladas en distintas organizaciones que, de una u otra manera, proponen una visión alternativa de la sociedad y ponen en acción prácticas sociales caracterizadas por la inconformidad con los valores compartidos. Esto es el gran potencial, a la vez destructivo y constructivo de la tanatopolítica: destruye prácticas, modos de ser y de pensar, potencialmente peligrosos, y, simultáneamente, construye “nuevos” modelos de subjetividades que existen, piensan y actúan de acuerdo con las “lógicas” del sistema.

Las muertes producidas por el despliegue tanatopolítico no asumen tanto el carácter de fines, sino de medios. En este sentido, la tanatopolítica es una tecnología específica del poder moderno que no tiene siempre como fin la eliminación física de las otredades, sino el disciplinamiento social del conjunto poblacional. El objetivo del presente artículo es, entonces, acercarse a la comprensión del sentido de la tanatopolítica en los tiempos de la SD a partir de la hipótesis de la triple funcionalidad gubernamental. En primer lugar, el aniquilamiento físico del sujeto considerado “peligroso” o “anormal”. En segundo lugar, el disciplinamiento del cuerpo individual del sujeto que sufre directamente la práctica no directamente homicida. Y, por último, la normalización de la población a través del mecanismo del miedo que se establece a partir de la implementación generalizada y sistemática de las prácticas tanatopolíticas2.

La reflexión teórica que se ha avanzado hasta este punto será tomada como caja de herramientas para desarrollar una analítica de las prácticas tanatopolíticas durante la SD3. Siendo el objetivo de una analítica interrogarse sobre el funcionamiento y la función de determinada tecnología de poder, es necesario centrar la atención sobre el cómo y el porqué de la tanatopolítica en Colombia. Es decir, ¿cómo funciona y qué efectos tienen las prácticas tanatopolíticas sobre los cuerpos y sobre la población?

De manera preliminar, se puede afirmar que las prácticas de la muerte, en los tiempos de la SD, se articulan con el discurso de la guerra contra el terrorismo, funcionan dentro de un orden jurídico excepcional, fundamentan su operatividad a través del mecanismo del miedo, tienen una función dentro de la sociedad, afectando directa e indirectamente a determinados individuos, grupos sociales y, en general, al conjunto poblacional. Entre estos diferentes ejes de aproximación analítica y las prácticas se establece una compleja red de relaciones: continuidades y rupturas que definen la función de las prácticas tanatopolíticas en los tiempos de la SD.

El discurso de la guerra contra el terrorismo

El discurso de la guerra contra el terrorismo se impone en Colombia a partir del 2001. A nivel internacional, los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono favorecieron la irrupción de un discurso antiterrorista global, abonando el terreno para el ascenso de un hombre fuerte en Colombia, encarnado en la figura del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez (Palacios, 2012). No obstante, el triunfo de Uribe, poco probable por fuera de esta coyuntura internacional, fue determinado, a escala nacional, por el fracaso del proceso de paz del anterior gobierno de Andrés Pastrana con las FARC. Sectores mayoritarios de la opinión pública colombiana percibieron el establecimiento de una inmensa zona de despeje como un reflejo de la debilidad del Gobierno para controlar el territorio nacional e impedir la expansión de las acciones guerrilleras en varias regiones del país (Criscione y Vignolo, 2013). Las elecciones del 2002 significaron la sorprendente victoria de Uribe, el cual prometió restablecer la seguridad y el orden en el país, derrotando manu militari a la guerrilla (la “mano firme”), mientras al mismo tiempo se disponía a abrir su “corazón grande” a un negociado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Vignolo y Murillo, 2012). Paradójicamente, el discurso guerrerista se acompañaba con la negación de la existencia de un conflicto armado interno, que hubiera significado reconocer un rol político al enemigo terrorista. La SD se configuraba, entonces, como un

[…] proyecto hegemónico de reconstrucción de la cultura nacional, basado en una retórica neopatriótica que saturaba los medios de comunicación con sus campañas políticas (“Colombia es pasión”, “Vive Colombia, viaja por ella”, entre otras)4, delimitando la frontera entre amigos y enemigos, y rescribiendo la historia patria de acuerdo a las necesidades ideológicas del bloque de poder uribista. (Vignolo, 2013: 28)

En ese contexto, se inscribe el doble proceso de homogenización-diferenciación de la población, es decir, la producción discursiva, simbólica y material de la diferencia como estrategia de homogenización, a través del disciplinamiento social y la incorporación por parte de los individuos de ciertos comportamientos socialmente aceptados. Este proceso tiene su momento “fundacional” en la producción discursiva de una otredad negativa, es decir, la espectacularización de alguna conducta considerada peligrosa para el orden social y para la vida misma de los ciudadanos. La supervivencia de los “iguales”, por lo tanto, depende de la eliminación de ciertos “enemigos”, por lo que es necesario, si no existen, crearlos. Y una vez definidos alrededor de la amenaza que representan y se concretan en personas o grupos, la promesa de su eliminación es alimentada y se constituye en elemento central de todas aquellas prácticas que hacen del miedo al “otro” su condición de perpetuación (Feierestein, 2007).

•s. f. | Alex Asfour

Uribe, en el discurso de posesión, anunció “la guerra contra el terrorismo”, advirtiendo que “cuando un Estado democrático es eficaz en sus garantías, así los logros sean progresivos, la violencia en su contra es terrorismo” (Presidencia de la República, 2002a). En la misma perspectiva, el documento oficial de Política de Defensa y Seguridad Democráticaafirma que Colombia vive bajo la amenaza constante de distintos “terrorismos” y que “la SD es lo que se requiere para garantizar la protección de todos y cada uno de los colombianos” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003: 13). No obstante, también el ciudadano, en primera persona, debe ocuparse de la tarea de defender su vida y la de la nación: “Los colombianos no cederemos ante esa amenaza. La vamos a derrotar con la colaboración de toda la ciudadanía” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003: 6). Este discurso, empleando estrategias discursivas de fácil incorporación, rápidamente se constituyó como el discurso verdader que legitimaba el proyecto político de la SD y el despliegue de la maquinaria tanatopolítica.

La nación entera está sometida a un régimen de terror en el que naufraga la autoridad democrática y hace cada vez más difícil y azarosa la actividad productiva, multiplicando el desempleo y la miseria de millones de compatriotas [...] es ineludible tomar medidas inmediatas para prevenir actos de terrorismo [...] así como la amenaza a que está sometida nuestra democracia por los actos de coacción de que viene siendo víctimas los mandatarios locales y nacionales y sus familias en todo el país. (Presidencia de la República, 2002b)

Es una batalla por la supervivencia: o nosotros o ellos. El corolario es la eliminación física de los otros. O en palabras del mismo Uribe: “A estos bandidos hay que acabarlos por parejo” (La Opinión, 2009: s. p.) porque “el terrorismo no cede por concesiones, sólo cede cuando se le enfrenta radicalmente” (Presidencia de la República, 2002c). De esta forma, el paradigma de la seguridad se instala como mecanismo normal de gobierno. Se gobierna en nombre de una misión superior: la seguridad de los ciudadanos amenazados por los “enemigos de la patria”. La población, entonces, es fragmentada en dos polos opuestos a partir de la lógica binaria ciudadanos/terroristas. Hay un interior y un exterior de la sociedad: por un lado, una población civil normalizada (“gente de bien”), por otro, una minoría que mina el orden social implementando prácticas políticas y sociales peligrosas. En la base de esta lógica, está el mecanismo del racismo de Estado que ya no distingue la población entre razas superiores e inferiores, sino entre amigos y enemigos de la patria. Por ejemplo, así se expresó Uribe en ocasión de un Consejo de Seguridad en La Macarena: “Aquí vinieron los enemigos de la Seguridad Democrática hace pocos días a alimentar calumnias contra el Ejército de la Patria, el terrorismo vino aquí” (Presidencia de la República, 2010).

Dentro de este contexto se construye la figura del “terrorista”, el cual se define básicamente por su comportamiento delincuencial. En tal sentido, se deslegitiman los grupos guerrilleros —asociándolos con el terrorismo, el narcotráfico, y la delincuencia común— y convirtiendo una problemática con profundas raíces sociopolíticas en una cuestión de mero orden público o militar: “[…] la combinación terrorismo-narcotráfico incubada en Colombia es una amenaza [...] para la humanidad entera” (Presidencia de la República, 2003a: s. p). Sin embargo, la negativización no se dirige únicamente a los grupos guerrilleros, sino a todos aquellos que de una u otra manera mantienen una postura crítica frente al Gobierno. Por un lado, se asegura que los “terroristas” se “mimetizan entre la población civil” y, por otro, se acusan a líderes sociales de “colaboradores” de los grupos armados insurgentes (Presidencia de la República, 2002c). Uribe, en un Consejo Comunitario que se realizó en Villavicencio, así denominó a la organización “Colombianos y Colombianas por la Paz”:

Bloque intelectual de las FARC [que] lo que hace es decir en Europa, en Estados Unidos: “Cuidado, Uribe es paramilitar, no le aprueben a Colombia el TLC, que Uribe es paramilitar y violador de Derechos Humanos” [...]. A toda hora viven hablando de Derechos Humanos, simplemente para atemorizar a nuestros soldados y policías… no podemos permitir es que ahora ellos, con el cuentito de su paz y con la acusación permanente a las Fuerzas Armadas, nos paralicen la política de seguridad democrática. (El Espectador, 2009: s/p).

Nelson Line, 1930´s

Excepcionalidad y tanatopolítica

Si el discurso de la “guerra contra el terrorismo” constituye el marco dentro del cual se producen ciertos modelos de otredad negativa que legitiman el despliegue de las prácticas tanatopolíticas, las medidas de excepcionalidad, otorgando facultades especiales a las Fuerzas Armadas, permiten que tales prácticas se desarrollen de manera sistemática y con casi absoluta impunidad. El Estado de excepción, así como lo plantea Giorgio Agamben (2004), tiene un carácter inmediatamente biopolítico: es la forma política mediante la cual el derecho incluye en sí al viviente. En otras palabras, el Estado de excepción permite el despliegue de las prácticas tanatopolíticas. ¿Cómo? Suspendiendo el derecho mismo. Es decir, no solamente el Estado administra y regula el asunto de la vida, sino que cuando lo necesita también utiliza las tecnologías de la muerte instaurando un régimen excepcional. Sin embargo,

[…] conforme a una tendencia activa en todas las democracias occidentales, la declaración del estado de excepción está siendo progresivamente sustituida por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno. (Agamben, 2004: 44)

Es decir, ya no se necesita declarar el estado de excepción, sino que cada vez más la excepcionalidad se generaliza como tecnología gubernamental bajo el paradigma de la seguridad.

El presidente Uribe, tan sólo cuatro días después de haber iniciado su mandato, expidió el Decreto 1837 del 2002, mediante el cual declaró el “estado de conmoción interior”. Posteriormente, con el Decreto 2002 del 2002 otorgó facultades extraordinarias a la fuerza pública para combatir a los grupos criminales, bajo la consideración de que “dentro de los principales soportes de la acción delincuencial de tales organizaciones se encuentra […] la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil” (Presidencia de la República, 2002c: artículo 11).

En este contexto, se determinó la creación de las llamadas zonas de rehabilitación y consolidación, las cuales fueron definidas como

[…] el área geográfica afectada por acciones de grupos criminales en donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección de la población civil, resulte necesaria la aplicación de una o más de las medidas excepcionales. (Presidencia de la República, 2002c: s. p.)

Las nuevas zonas de orden público fueron reglamentadas por la Resolución 129 del 2002, mediante la cual se delimitó su extensión, se designaron sus comandantes militares y se establecieron las medidas especiales de control y protección aplicables a la población civil. En diciembre del 2003, el Congreso de la República aprobó una reforma constitucional presentada por el Gobierno (Acto Legislativo 02, 18 diciembre del 2003), que permitía a los militares ejercer funciones de policía judicial, realizar empadronamientos y practicar, sin orden judicial, capturas, allanamientos e interceptación de comunicaciones, entre otras atribuciones.

Para la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (2005), durante la vigencia de esas medidas “excepcionales”, agentes de la fuerza ública practicaron arrestos y detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Y en la misma perspectiva, la Procuraduría General afirma que:

La declaratoria de conmoción interior establecida mediante Decreto 1837 de 11 de agosto de 2002 no surtió los efectos esperados en materia de seguridad y garantía de los derechos humanos. Por el contrario, estimuló en muchos casos la violación de los derechos y garantías ciudadanas y desencadenó prácticas que aún hoy se mantienen y que son altamente cuestionables desde el punto de vista jurídico. (Procuraduría General de la Nación, 2004: 433)

Análogamente, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que, durante la vigencia del Decreto 2002 del 2002, abundaron los abusos, las omisiones intencionales y continuaron las ejecuciones extrajudiciales. También advirtió que, en esas zonas, “se presentó un cuadro de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el cual se hizo notoria la actitud complaciente y acrítica de muchos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación” (Incalcaterra, 2003: 6-8).

En suma, las medidas “excepcionales”, adoptadas por el gobierno Uribe, fueron decisivas para el despliegue de la “maquinaria tanatopolítica”. De hecho, sólo a partir de ese orden jurídico excepcional fue posible desarrollar un proceso tanatopolítico de larga duración que, lejos de acabar con los grupos armados, produjo un impacto profundo sobre el conjunto poblacional.

La triple función de las prácticas tanatopolíticas en la SD

Es posible identificar dos diferentes tipologías de prácticas tanatopolíticas, a partir de los efectos que éstas producen sobre el cuerpo de la víctima. La primera —la ejecución extrajudicial— es de orden directamente homicida y tiene un efecto directo sobre el cuerpo de la víctima, esto es, su aniquilamiento. La segunda tipología se compone de una serie de prácticas (amenaza, tortura, detención arbitraria, delación, aislamiento) que producen efectos de orden disciplinario sobre el cuerpo de la víctima. No obstante, tanto la primera como la segunda tipología tienen un tercer efecto de orden normalizador que, esta vez, no se dirige sobre el cuerpo de la víctima, sino sobre el conjunto poblacional (y de manera especial sobre los sujetos estigmatizados). En síntesis, el conjunto de prácticas de la muerte con función política se divide en dos distintas tipologías (homicidas y no directamente homicidas) y tiene tres tipos de efectos: los primeros dos sobre el sujeto-víctima de la práctica (aniquilamiento o disciplina) y el tercero sobre la población (normalización)5.

La función disciplinaria de las prácticas tanatopolíticas no directamente homicidas

Las prácticas no directamente homicidas producen efectos de tipo disciplinario sobre el cuerpo individual de la víctima. Esto no quiere decir que toda práctica tenga el mismo efecto disciplinario sobre el individuo. En determinados momentos, contextos o sobre ciertos individuos, una misma práctica puede producir efectos disciplinarios esperados y en otros no. El efecto tiene un carácter singular y varía de acuerdo con una multiplicidad de elementos. Es decir, las prácticas mediante las cuales los individuos, en tanto que sujetos, se identifican con las posiciones a las cuales se les convoca, se inscriben en un complejo proceso de modulaciones, resistencias y apropiaciones que nunca es definitivo (Hall y Du Gay, 2003). No obstante, para las finalidades de este trabajo, es posible construir ciertos patrones recurrentes de reacción individual a la práctica que permiten establecer la función disciplinaria de la tanatopolítica. El efecto de una práctica no directamente homicida es la “destrucción de la personalidad”, es decir, el quiebre de la víctima en tanto sujeto social, la eliminación de sus capacidades de autonomía y autodeterminación, la anulación de los modos de autopercepción subjetiva, la desarticulación y arrasamiento de la propia personalidad, la ruptura de las identidades contestatarias, solidarias o potencialmente peligrosas. La víctima que responde “positivamente” a la práctica se constituye como sujeto heterónomo: abandona las prácticas sociales o políticas que lo han conducido al borde de la muerte y asume nuevas formas de comportamiento que le garanticen el reconocimiento y la aceptación social. El sujeto “peligroso” o “indisciplinado” es, en este sentido, reconducido dentro del marco de la normalidad, es decir, adopta ciertos valores y modelos de comportamientos socialmente aceptados.

Las prácticas no directamente homicidas producen distintos efectos disciplinarios sobre la víctima. El primero es de tipo fundamentalmente físico: el dolor, producto de la violencia, disciplina, corrige, castiga el cuerpo individual. Advierte el individuo que en caso de continuar actuando de cierta forma la práctica puede ser reanudada y puede conducirlo a la muerte. El segundo efecto es de carácter psicológico: las distintas prácticas (incluidas las de carácter físico, como se ha visto) funcionan a partir del mecanismo del miedo. El miedo —a la muerte, a la tortura, a la detención, a la estigmatización, al aislamiento, etcétera— produce una respuesta “positiva” y de orden psicológico en el sujeto victimizado. Este último es intimado a abandonar su forma de actuar y adaptarse a nuevas normas de conducta. Aquí llegamos al tercer tipo de efecto, las dimensiones afectadas por las prácticas tanatopolíticas no directamente homicidas van más allá de las secuelas psicológicas o físicas, pues tienen impactos en la forma de vivir, de comportarse, de pensar del individuo en la sociedad. Los efectos socioculturales se evidencian, de manera especial, en aquellos individuos que como consecuencia de la práctica asumen conductas de autocensura, aislamiento, pasividad, aquietamiento, adaptación, conformación y resignación. Es el arrasamiento de la identidad del individuo, la destrucción de la personalidad y la construcción de un nuevo modelo de subjetividad fundado en una relación absolutamente heterónoma con el poder.

El tipo de práctica no directamente homicida se puede definir a partir de su funcionamiento. En este sentido, hay prácticas físicas y discursivas. Las prácticas tanatopolíticas no directamente homicidas de tipo discursivo son, a saber: la delación y la amenaza. La práctica de la delación mantiene un estrecho vínculo con la construcción discursiva de un modelo de otredad negativa. La negación tanto material como simbólica de determinadas prácticas sociales se acompaña de un proceso de victimización del sujeto-terrorista. Las Fuerzas Armadas, a veces con el apoyo de “informantes”, han estigmatizado a campesinos y líderes sociales, acusándolos de pertenecer a los grupos guerrilleros. Esta práctica produce efectos tanto psicológicos como socioculturales sobre la víctima. Por un lado, el señalamiento y la consiguiente estigmatización producen miedo, angustia e incertidumbre. Por otro, la víctima reacciona frente a la acusación, tratando de demostrar que no hace parte de la facción o grupo victimizado. En el mecanismo de delación subyace una lógica perversa: la frontera entre una práctica aceptable y una práctica no aceptable es bastante ambigua, es decir, ¿a partir de qué momento una práctica puede ser considerada objeto de persecución? Esa ambigüedad no es casual, de hecho, hace que cualquier persona pueda ser señalada por otra. De esta manera, la desconfianza se instala como mecanismo regulador de las relaciones sociales.

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En la Colombia de la SD, el modelo de delación se implementó masivamente en las zonas rurales mediante dos programas gubernamentales —soldados campesinos y redes de cooperantes— que involucraban a la población civil directamente en el conflicto armado. El segundo programa consistía en

[…] una red de ciudadanos en las zonas urbanas y rurales del país que cooperan activa, voluntaria y desinteresadamente con las autoridades, participando en programas ciudadanos de cultura para la seguridad brindando información que permite la prevención y la persecución del delito. (Presidencia de la República, 2002c: 61)

Así lo expresó el Presidente Uribe: “Alcaldesas y alcaldes: es la hora de derrotar la violencia. […]. Ayúdenme a crear la red de un millón de cooperantes” (Presidencia de la República, 2002d: s. p.). En enero del 2010, el Gobierno propone un nuevo mecanismo de delación de carácter urbano y específicamente universitario. La idea es construir un “ejército” de informantes en las universidades de Colombia, que denuncien a los “sospechosos” a cambio de una recompensa económica. De esta manera, la tarea de seguridad se acompaña de ciudadanos-informantes que señalan a campesinos, indígenas, líderes sociales y, ahora, a estudiantes, de ser miembros o auxiliadores de las guerrillas. Con fundamento en esos señalamientos, la fuerza pública procedía a detener arbitrariamente a las víctimas que, en ciertos casos, eran ejecutadas extrajudicialmente. Si, por un lado, el puro interés económico movía a los informantes, imponiendo el degrado y la mercantilización de las relaciones sociales, por el otro, se producían efectos también sobre éstos que, participando en el proceso tanatopolítico, lograban reconocimiento social. El efecto disciplinario se dirigía sobre el sujeto víctima de delación. De hecho, la persona victimizada, al responder “positivamente” a la práctica, empezaba a modificar su conducta y actuar de manera distinta.

La amenaza también tiene un doble efectosobre el sujeto. La persona amenazada, aunque no sufre una práctica física directa, tiene importantes secuelas a nivel psicológico que abren espacio a una profunda transformación sociocultural del sujeto víctima de la práctica (Coalición Colombiana contra la Tortura, 2008). Por un lado, se producen efectos psicológicos: miedo, angustia, incertidumbre, aislamiento. Por otro, la víctima o reacciona “negativamente”, es decir, sigue actuando en la misma forma, entrando directamente en el ciclo tanatopolítico, o reacciona “positivamente”, modificando su conducta para lograr reconocimiento por los agentes tanatopolíticos, o bien simula una reacción “positiva”, aunque no abandona las prácticas consideradas peligrosas o anormales (Feierstein, 2007). Las Fuerzas Armadas, en los años de la SD, emplearon la práctica de la amenaza como una estrategia normal de control social: “El comandante de policía me gritaba: guerrillero HP, agradezca que tengo los medios de comunicación encima o si no le ponía la bolsa” (Coalición Colombiana contra la Tortura, 2009: 99). En este sentido, la práctica de la amenaza se inscribe dentro de un marco discursivo que funcionarios públicos, civiles y militares ayudaron a construir. Tales señalamientos no solamente ponían en riesgo la vida de estas personas, sino que producían efectos socioculturales como consecuencia del miedo a la muerte. Las personas amenazadas limitaban sus actividades, se autocensuraban, se aislaban, guardaban silencio, no denunciaban a los agresores y finalmente abandonaban esas prácticas (Coalición Colombiana contra la Tortura, 2008). Las amenazas se dirigían tanto a simples campesinos como a líderes sociales:

El 3 de julio de 2007, en la vereda “La Bogotana” ubicada en el municipio del Carmen (Norte de Santander), seis campesinos fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos por miembros de la Brigada Móvil 15 adscrita al Ejército Nacional. Los campesinos fueron golpeados con fusiles y puntapiés, fueron señalados de guerrilleros, y los amenazaron de muerte si se denuncia por los hechos. Durante varios días las víctimas no pudieron salir de la zona. (Coalición Colombiana contra la Tortura, 2008: 28)

Las prácticas no directamente homicidas de carácter físico empleadas durante la SD son, a saber: la tortura y la detención arbitraria. La tortura tiene efectos directos sobre la víctima: el deterioro de las condiciones físicas por las lesiones y enfermedades derivadas que se agravan cuando la práctica es particularmente violenta o prolongada en el tiempo, y pueden ocasionar incapacidades o enfermedades crónicas y psicosomáticas y, en ciertos casos, la muerte (Coalición Colombiana contra la Tortura, 2008). La detención arbitraria, por su lado, no produce efectos físicos directos, pero es una práctica física en la medida en que de manera forzada, limita la libertad del individuo. Además, en la gran mayoría de los casos, la tortura se emplea en situación de detención, por ejemplo, cuando el detenido desobedece las reglas (Coalición Colombiana contra la Tortura, 2009). La tortura produce también efectos psicológicos sobre la víctima: una permanente sensación de temor y angustia ante la repetición de la práctica, inseguridad personal, aislamiento, depresión y cierta desconfianza en los demás. La detención, por su lado, aislando al individuo de su entorno social y afectivo, rompe los lazos solidarios, aísla a la víctima, la rinde, situándola en una posición más frágil frente a los agresores. En estas condiciones el sujeto detenido o torturado es psicológicamente vulnerable. Los efectos socioculturales sobre una persona que ha sufrido prácticas de violencia directa o corporal son muy profundos: abandono de las prácticas que lo han conducido al ciclo tanatopolítico, incorporación de nuevas prácticas que favorezcan un rápido y duradero reconocimiento social (Coalición Colombiana contra la Tortura, 2008).

El 8 de febrero del 2009, en Bogotá, fueron detenidos arbitrariamente y torturados físicamente dos niños por miembros de la Policía Nacional. Los niños fueron detenidos durante un toque de queda declarado en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Los niños fueron recluidos en la Estación de Policía de dicha localidad, en el mismo lugar donde se encontraban personas adultas. Durante su detención, el señor William Palacio empezó a quejarse por unas quemaduras que habría recibido. Por este hecho se acusó a los dos niños quienes fueron sacados de la celda y esposados a una reja por miembros de la Policía Nacional. Estando allí se les roció gasolina y se les prendió fuego generando quemaduras de primero y segundo grado a los niños (Coalición Colombiana contra la Tortura, 2009: 18-19).

Las detenciones arbitrarias se dirigen de manera fundamental en contra de opositores políticos, líderes sociales, comunitarios, estudiantiles, indígenas (“articuladores sociales”); es decir, aquellas personas que se oponen a la política de SD, afirmando su condición de autonomía o neutralidad, pueden ser consideradas como agentes del terrorismo y, a menudo, han sido objeto de detención arbitraria (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, 2006). En este contexto, a poco más de un año de su elección así se refería el Presidente Uribe frente al tema de las detenciones:

La semana pasada le dije al General Castro que en esa zona no podíamos seguir con capturas masivas de 40 o de 50 todos los domingos, sino de 200, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas y golpear estas organizaciones. Esas capturas han sido masivas, pero no arbitrarias. (Presidencia de la República, 2003b: s/p)

A pesar de la multiplicidad de prácticas tanatopolíticas no directamente homicidas, las funciones disciplinarias sobre el individuo víctima de la práctica son básicamente las mismas. Por un lado, los efectos psicológicos debidos a la práctica directa y, por otro, la clausura de ciertas conductas, modos de ser y pensar y, simultáneamente, la construcción de nuevas subjetividades acordes con las “lógicas” del sistema. Esta sustancial conformidad del mecanismo disciplinario tanatopolítico demuestra que el despliegue de tales prácticas no es ni ocasional ni menos aún casual, sino que responde a la necesidad de reorganización y control social sin el cual el sistema no podría funcionar.

La función homicida de las ejecuciones extrajudiciales

En la ejecución extrajudicial, lo que se modifica sustancialmente respecto a las prácticas tanatopolíticas no directamente homicidas es el efecto directo sobre el cuerpo de la víctima. Si estas últimas funcionaban como dispositivo de disciplinamiento del individuo, la ejecución extrajudicial tiene como objetivo la eliminación física. Se entra directamente en el ciclo “negativo” de la tanatopolítica: el aniquilamiento de determinados individuos por su supuesta peligrosidad. El Informe para el Examen Periódico Universal de las Plataformas de Derechos Humanos y Paz señaló que:

En el período de julio de 2002 a diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica […]. Además, en los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones (8.049 casos), el 75,4% de los casos se atribuyeron a responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 17,53% (1.411 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares el 57,87% (4.658 víctimas). A los grupos guerrilleros se les atribuyó la presunta autoría del 24,59% de los casos (1.980 víctimas). (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos et al., 2008: 1)

Además, “en el último quinquenio (2002-2007) se ha constatado un aumento del 67,71% en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de SD” (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos et al., 2008: 1-2).

Asimismo, el Cinep denuncia, al menos, 6.979 ejecuciones extrajudiciales entre el 2002 y el 2009, cuya responsabilidad es atribuible a los grupos paramilitares, al Estado o es compartida entre los primeros y los segundos (Cien Días, 2010). Lo que interesa resaltar es que mientras los grupos paramilitares, entre el 2002 y el 2008 han disminuido su participación en las ejecuciones extrajudiciales, la responsabilidad de la fuerza pública ha aumentado sensiblemente. Es decir, en los años de la política de SD, se evidencia un paulatino proceso de “institucionalización” de las prácticas tanatopolíticas. Durante los años 2006 y 2007, las Fuerzas Armadas han superado a los grupos paramilitares en cuanto a la responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales (Angulo et al., 2009). En este contexto, la Misión de Observación sobre las Ejecuciones Extrajudiciales y la Impunidad en Colombiahabla de una serie de “elementos que indican que en Colombia existe un patrón persistente de ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática, y de impunidad de esos crímenes” (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos et al., 2008: 11-12). Tales patrones, además, han sido evidenciados en todo el espacio geográfico nacional, a lo largo de los años de la política de SD y en la casi totalidad de los casos conocidos. Lo anterior hace evidente la sistematicidad del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales durante la SD. Si es así, ¿qué función tiene la práctica de la ejecución extrajudicial en la Colombia de la SD?

En primer lugar, despliega una función intrínseca, es decir, la eliminación física de sujetos que encarnan determinadas conductas sociales y políticas y que representan una amenaza social concreta. Esto sería el caso de los “articuladores sociales” (líderes políticos, comunitarios, campesinos, indígenas, sindicales, estudiantiles, afrocolombianos, etcétera) que, en estos últimos años, han sido ejecutados extrajudicialmente por la fuerza pública en razón de su actividad política (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos et al., 2008). En segundo lugar, en las lógicas del sistema de poder, el aniquilamiento corresponde a la imposibilidad de rehabilitar al individuo indisciplinado, peligroso o anormal. Es decir, las prácticas no directamente homicidas funcionan en un momento en el cual la corrección del individuo y su incorporación en la población normalizada es todavía posible. En efecto, el disciplinamiento tanatopolítico contempla la posibilidad de que el individuo “inconforme” o “peligroso” pueda ser recuperado. Pero cuando esto ya no es posible, el sistema se “deshace” de aquellos elementos que no son socialmente “útiles” o representan una amenaza por su anormalidad. Entre estas dos posibilidades de aniquilamiento se esconde la paradoja entre “hacer morir” y “dejar morir”, entre aquellos que deben ser eliminados según la lógica tanatopolítica, y aquellos que pueden ser eliminados según las circunstancias sociales, políticas, económicas y las relaciones de fuerza que rodean el proceso. Por último, el aniquilamiento responde a las mismas lógicas y códigos de la guerra. Aquí, se retorna en pleno al modelo bélico. Es decir, la muerte no se produce de manera sistemática y constante para producir ciertos resultados disciplinarios sobre el conjunto poblacional, sino que es resultado de las mismas dinámicas del conflicto armado colombiano. Se mata para eliminar a un enemigo, para desplazar o ganar la guerra.

La función normalizadora de la tanatopolítica

Las prácticas tanatopolíticas, no obstante, no producen efectos solo sobre el cuerpo individual del sujeto victimizado, sino que se configuran como una estrategia del poder de normalización social. La práctica de la delación, como se ha visto, genera una desconfianza absoluta hacia el otro. A partir de ésta se instala un nuevo modelo social que produce un quiebre en las relaciones de reciprocidad y solidaridad entre individuos, y configura una relación unidireccional e individualizante con el poder. Además, a medida que el tiempo transcurre, la población termina haciendo propio el nuevo modelo, es decir, lo interioriza y lo naturaliza. Sin embargo, este mecanismo no solamente logra derribar cualquier vestigio de autonomía del individuo, sino que representa uno de los modelos más absolutos de la degradación humana: la vida de uno se sostiene en la muerte de otro. Aparece el mecanismo inmunitario positivo-negativo. La relación entre pares, ahora, sólo se funda en la desconfianza, se rompe cualquier tipo de relación horizontal y se prefiere la relación vertical con los agentes estatales. Es el abandono del otroy, a la vez, la reclusión en el propio yo. Es el surgimiento de la communitas a partir de la inmunidad, es decir, lo único que une a los individuos es el hecho de estar solos frente al poder. La reciprocidad queda de este modo totalmente quebrada. El par pasa a ser el enemigo y el poder institucional, el aliado. De esta manera, la práctica de la delación logra una inversión en las relaciones sociales a través de la naturalización del poder y la cosificación del par como enemigo, lo que lleva la lógica de la competencia mercantil al plano de las relaciones sociales, donde cada individuo compite por una aprobación más clara de su conducta por parte del poder (Feierestein, 2007).

Hamburg-Amerika Linie, ca. 1935 Albert Fuss

De la misma manera, las amenazas de ciertos sujetos o colectivos producen una fragmentación social a través del mecanismo del miedo, cerrando el espacio a ciertas prácticas consideradas peligrosas por el poder y conduciendo a la población por las sendas del disciplinamiento social. En el momento en el cual un individuo o un grupo son amenazados por agentes del Estado se producen efectos sobre todo el conjunto. A la amenaza directa sobre el sujeto victimizado corresponde una advertencia social. Es decir, la amenaza que se dirige directamente al sujeto, a la vez, se orienta indirectamente a la práctica considerada peligrosa. De esta forma, se logra la negativización de la práctica y su clausura.

Pan American World Airways, 1930´s Cardwell Higgins

Con las detenciones arbitrarias se advierte que el proceso tanatopolítico ha iniciado su fase material. Si antes el miedo era sólo un sentimiento lejano y esporádico, ahora empieza a instalarse como mecanismo fundamental de las relaciones sociales hasta convertirse en la normalidad cotidiana. En este momento se produce una transformación o una clausura de todas aquellas prácticas que habían sido objeto de negativización discursiva en las “etapas” anteriores. Ahora, cada individuo sabe que si emplea tal práctica no será solamente amenazado, estigmatizado o aislado, sino que corre el riesgo de ser detenido. Es decir, el efecto directo de tipo físico, psicológico y sociocultural sobre el detenido se acompaña con un efecto indirecto y normalizador sobre el conjunto de la población. El efecto indirecto, además, asume una efectividad mayor en un contexto de detenciones arbitrarias masivas o cuando la víctima de detención es un amigo, un familiar o un compañero en algún proceso autónomo, asociativo u organizativo.

Ahora bien, si la detención arbitraria advierte a la población sobre el carácter material que ha asumido el proceso tanatopolítico, con la torturase generan una multiplicidad de impactos y secuelas (de tipo físico y psicológico) que afectan no solamente a quienes la han sufrido directamente, sino también a sus familiares, a las comunidades, las organizaciones y los sectores sociales, y a la sociedad en su conjunto. Según la Coalición Colombiana contra la Tortura:

La tortura es utilizada como un medio para generar terror y así poder controlar a la población. Se rompen los procesos organizativos [...] por el temor que genera. En las comunidades afectadas por la tortura, individual o colectiva, se instaura una desconfianza generalizada entre los integrantes de la comunidad, deteriorando los lazos de amistad y las redes de apoyo y de solidaridad existentes. [...] Los actos de tortura y la exposición a estos, generan un ambiente de incapacidad para enfrentar a sus victimarios, doblegándose a sus imposiciones y abusos [...] se produce aquietamiento, silencio, resignación: el temor lleva a callar lo ocurrido no sólo a nivel de la comunidad. (2008: 65-66, cursivas mías)

Y un informe del 2009 de la misma organización señala que

[...] cuando la tortura ha ocurrido mediante un ataque a la identidad primaria (el cuerpo), además del control de los cuerpos mismos, se pretende un dominio de la vida del colectivo, de las familias y de los individuos en su subjetividad [...] tratando de imponer nuevos modelos de comportamiento y formas de sentir y pensar. (Coalición Colombiana contra la Tortura, 2009: 98, cursivas mías).

Ahora bien, analizando los efectos normalizadores de una práctica directamente homicida como las ejecuciones extrajudiciales, no se evidencian particulares diferencias con los efectos producidos por las otras prácticas. No obstante, la muerte, o mejor, el miedo a la muerte, produce efectos socioculturales y psicológicos, cuantitativa y cualitativamente, más profundos que una práctica no directamente homicida. El miedo hacia la muerte es el mecanismo que permite, en este sentido, el funcionamiento de las prácticas tanatopolíticas. Se crea un “espacio del terror” donde la muerte se siente no sólo como hecho fisiológico, sino como un hecho social. Así, la muerte puede ser inducida por agentes sociales o estatales que controlan nuestras vidas a través del manejo de los miedos. En otras palabras, el miedo no es sólo un sentimiento que los seres humanos tenemos, sino que viene inducido por el poder y es utilizado como mecanismo de control de la población. Se aniquila, entonces, para producir miedo y, así, reorganizar la sociedad. La producción de la “otredad negativa” requiere que una parte de las víctimas sean aniquiladas, para que sus muertes sirvan como ejemplo. La muerte violenta, entonces, se convierte en un instrumento empleado para producir ciertos efectos esperados sobre la población. De lo “negativo” (y directo) del aniquilamiento del individuo se pasa a lo “positivo” (e indirecto) de la regulación y normalización de la población.

Las prácticas de la muerte, en este sentido, se configuran como una tecnología del poder fundamental en el proceso de disciplinamiento social. En el informe final de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia se afirma:

A pesar [de] que los casos de ejecuciones extrajudiciales tienen ocurrencia en casi la totalidad del territorio nacional, resulta preocupante que esta violación ha sido cometida en regiones en donde las comunidades campesinas son reconocidas por implementar procesos organizativos orientados al desarrollo comunitario, lucha por mejoras a sus condiciones de vida, actividades de promoción de derechos humanos y fortalecimiento de las asociaciones campesinas. Así, diversas ejecuciones extrajudiciales hacen parte de un conjunto de medidas implementadas por parte del Estado colombiano orientadas a la desarticulación de los procesos organizativos de las comunidades campesinas y por tanto, a la negación de su derecho de asociación. (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos et al., 2008: 23)

El reto de pensar la violencia política en Colombia desde la perspectiva que se ha tratado de delinear en estas páginas conduce a una serie de consecuencias. La primera es la de ampliar y, al tiempo, problematizar explicaciones que tradicionalmente se han dado del conflicto armado colombiano desde una perspectiva macropolítica (por ejemplo, las relaciones entre actores armados y el Estado o el control y dominio de territorios en la disputa por recursos y poblaciones). A contrapelo de estas lecturas, este trabajo ha insistido en los ámbitos de expresión concreta de las prácticas violentas: los cuerpos como campos políticos de intervención gubernamental. Paralelamente, esta investigación localizada y determinada por circunstancias específicas, no pretende proponer una explicación definitiva de la muerte política en Colombia, pero sí plantea la necesidad de articular la perspectiva gubernamental, que a menudo se ha limitado al asunto de la gestión de las poblaciones en el marco de una racionalidad neoliberal, con la perspectiva bélica, centrada exclusivamente en las prácticas homicidas dentro de un contexto de racionalidad de soberanía territorial. Por último, en la actual coyuntura de los acuerdos de paz, parece necesario incorporar la discusión sobre los daños concretos que las poblaciones sufren en el conflicto armado, es decir, las consecuencias del terror en la ruptura de los lazos comunitarios y solidarios, el aislamiento, la desconfianza y la resignación que conducen a la polarización y la apatía política sintomática de este momento histórico del país.

Notas

  1. Véase Foucault (2006, 2007) y Castro-Gómez (2010).

  2. Los conceptos de disciplina y normalización no tienen el mismo sentido que Foucault les dio.

  3. Para un análisis más completo de las prácticas tanatopolíticas en los tiempos de la SD, véase Criscione (2011).

  4. Véase Vignolo (2013) y Criscione y Vignolo (2013).

  5. Sin embargo, los efectos que produce la tanatopolítica en Colombia no se agotan en los que se han propuesto. El efecto directo de una práctica tanatopolítica, especialmente en el contexto rural, es el desplazamiento.

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