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Plan Colombia: descivilización, genocidio, etnocidio y destierro afrocolombiano*

Plan Colombia: des-civilização, genocídio, etnocídio e desterro afro-colombiano

Plan Colombia: uncivilization, genocide, ethnocide and afrocolombian exile

 

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Santiago Arboleda Quiñonez**

Resumen

El artículo analiza el Plan Colombia, entendiéndolo como un diseño transnacional de la guerra neocolonialista que inaugura el siglo XXI, adelantada en el contexto de la región andina por parte de Estados Unidos y Colombia, y lo interpreta como un laboratorio descivilizador, productor de genocidio y etnocidio en contra de afrocolombianos, indígenas y campesinos. En consecuencia, propone que el Estado y la comunidad internacional reconozcan e indemnicen a las comunidades por la destrucción de sus culturas.

Palabras clave: Plan Colombia, desterrados, afrocolombianos, genocidio, etnocidio, ayuda humanitaria.

Resumo

O artigo analisa o Plan Colombia, e entende-o como um desenho transnacional da guerra neo-colonialista de começos do século XXI, realizada na região andina pelos Estados Unidos e Colômbia. Esse Plano é interpretado no artigo como um laboratório des-civilizador, produtor de genocídio e etnocídio contra os afrodescendentes, indígenas e camponeses colombianos. Portanto, propõe-se no artigo que o Estado e a comunidade internacional reconheçam e indenicem as comunidades pela destruição das suas culturas.

Palavras-chave: Plan Colombia, desterrados, afro-colombianos, genocídio, etnocídio, ajuda humanitária.

Abstract

This article analyzes Plan Colombia, as a transnational design of the neocolonial war that began in the XXI Century, which has taken place in the Andean Region, by the United States and Colombia. The article interprets Plan Colombia as an uncivilizing process, a producer of genocide and ethnocide against Afro-Colombians, indigenous peoples and peasants. Consequently, the article proposes that the State and the international community both acknowledge and compensate those communities for the destruction of their cultures.

Key words: Plan Colombia, exiled, Afro-Colombians, genocide, ethnocide, humanitarian aid.

*El artículo es un avance de la investigación en curso: “Destierro, etnocidio e interculturalidad: los afrocolombianos en el conflicto interno”, financiada por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito (Ecuador).
**Profesor del área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito (Ecuador). Licenciado en Historia, Magíster en Historia Latinoamericana y Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

La civilización de lo unitario es la de la muerte.
Robert Jaulin

Entrada

Aquí se sustenta que el Plan Colombia, un diseño transnacional de la guerra neocolonialista, que inaugura el siglo XXI por parte de Estados Unidos y Colombia en el contexto de la región andina, requiere ser leído como la concreción de un paquete genocida y etnocida, en el despliegue encubierto del racismo y la eugenesia que ello implica, en tanto doctrina civilizatoria blanca que masacra y destierra poblaciones, desocupando territorios en nombre del desarrollo, la democracia, los derechos humanos y la paz.

Este laboratorio del despojo y el desarraigo también evidencia su matriz necropolítica en la representación discursiva que construye de las víctimas sobrevivientes, a través de la división del trabajo institucional, en su función paliativa de sofocamiento de la barbarie, con la “ayuda humanitaria” y su fabricación categorial: desplazado, refugiado, reasentado, etcétera. Un conjunto de etiquetas que describe y analiza los itinerarios de los desposeídos, reeditando el ocultamiento racista y escamoteando las causas que subyacen a la acumulación sin límite del capitalismo colonial y su espíritu de aniquilación. Lo anterior con un eficaz trabajo de homogenización y borramiento histórico, que inserta a los marginados como individuos; un guarismo de la indigencia o la pobreza en las cifras del desarrollo y la modernización.

En su orden, primero se presenta un esbozo del Plan Colombia y su relación con Ecuador, en el contexto regional, a través de tres momentos: en su formulación y ejecución inicial, a partir del 2003-2005, y en su culminación. Luego se discute su matriz civilizadora a la luz de las nociones de racismo real doctrinario, genocidio y etnocidio, para focalizar en este marco las implicaciones de las gramáticas de la ayuda humanitaria. Por último, se esgrime la necesidad de que el Estado colombiano y la comunidad internacional reconozcan el genocidio, etnocidio, feminicidio e infanticidio colectivos del que han sido víctimas en su conjunto las poblaciones afrocolombiana, indígena y campesina.

Entre planes

Mientras el “Plan Colombia. Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado” surtía su cabildeo en el congreso de los Estados Unidos, como un asunto de interés nacional en el que convenía llegar a un consenso entre demócratas y republicanos, según el llamado del presidente Clinton el 11 de septiembre de 1999, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas se libraba un debate liderado por las potencias imperialistas, que desde finales de los años ochenta venían restringiendo el principio de “soberanía territorial”, sobreponiéndole el de “soberanía limitada”, buscando legitimar las invasiones pasadas, presentes y, sobre todo, las futuras, en la lucha por el control de los recursos planetarios estratégicos.

Lo destaca Guillermo Navarro Jiménez, para quien el Plan Colombia “no es concebible fuera de las estrategias globales en las que se inscribe: el concepto de ‘soberanía limitada’ y el objetivo estratégico de la ‘ocupación de la Amazonía’, hoy en la etapa denominada ‘internacionalización de la Amazonía’” (2002: 9). El nacionalismo se prefigura en estos debates como una antigualla, un impedimento para preservar la democracia y la paz, en los prolongados conflictos armados internos contemporáneos, que desbordan la capacidad del Estado para resolverlos, a menos que la comunidad internacional intervenga con su institucionalidad.

 • Air France,1948 | Vincent Guerra

Las cuatro sesiones plenarias de Naciones Unidas —6 al 11 de octubre de 1999— inauguraron por parte de estas potencias, el concepto de seguridad humanitaria, como una causa fundamental para la intervención. Se trataría de garantizar los derechos humanos, desplegando todos los esfuerzos para restablecer el orden dentro del correspondiente Estado.

Para Navarro Jiménez, el Plan Colombia era un gran laboratorio de guerra en la región, de al menos seis años de duración, que podía prolongarse, cuya finalidad era acabar con las guerrillas de las FARC-EP y el ELN, obstáculos reales para la expansión del capital transnacional, so pretexto de lucha antidrogas, en el cual se aplicó la doctrina de la “soberanía limitada”, violando la soberanía nacional colombiana y los derechos humanos, para asegurar el robustecimiento de las multinacionales norteamericanas. La demoledora máquina belicista queda demostrada con elocuencia en la distribución del presupuesto: 93,3% para la guerra y 6,6% para la inversión social (Navarro, 2002: 34).

Analizando el comportamiento de lo que él denomina Estados iluminados en la nueva era civilizatoria, encabezados por Estados Unidos, con su intervencionismo en Cuba, Nicaragua, el golfo Pérsico, Irak, Timor Oriental, entre otros, Noam Chomsky expresa:

Cuanta mayor capacidad tenga un Estado de utilizar la violencia a discreción, mayor es su desprecio por la soberanía (la ajena, por supuesto). Estados Unidos es —de lejos— quien mayor capacidad tiene de hacer uso de la violencia […]. La historia, mirada un poco más de cerca, siempre presenta un patrón similar. Es una suerte de repetición trágica —o peor aún, obscena— de lo que ocurría hace un siglo. En esa época también se hablaba de cómo los “Estados iluminados” debían llevar la civilización a los pueblos atrasados del mundo, y tenían que dejar de lado cuestiones como la soberanía para cumplir su misión, cristianismo y derechos humanos. Así actuó Estados Unidos en Filipinas. (2001: 61-83)

En medio del altisonante debate académico-político y de la opinión pública que desató el Plan Colombia entre 1999 y el 2002, en su trámite y primera fase de implementación, concluye Navarro:

Efectivamente, la correlación entre los objetivos militares antes expuestos, con la erradicación de los cultivos de coca mediante masivas fumigaciones, por ejemplo, descubre la pretensión de debilitar la base social de las FARC y el ELN, mediante la expulsión masiva de los campesinos pobres hoy dedicados a esas actividades, con el apoyo financiero de los grandes carteles de la droga. (2002: 36)

La expulsión de la población colombiana de la frontera, Putumayo y Nariño, que tenía que pasar a Ecuador para proteger su vida, asumiendo, de hecho, un destierro temporal o permanente, se precipitó con la puesta en marcha del Plan Colombia y las fumigaciones aéreas con glifosato, entre otros agentes venenosos, que configuraron una verdadera guerra química contra las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.

Las conclusiones de Manuel Salgado son similares a las de Navarro, al analizar los efectos regionales del Plan Colombia, inscrito en la reorganización geoestratégica mundial. Salgado, a través de un juicioso escrutinio documental, sustenta que se trata de una cruzada terrorista imperial, bajo la retórica antiterrorista, antidrogas y en nombre de la libertad, que sembrará de miseria y muerte a las regiones de las fronteras más excluidas del país, afectando también a la población ecuatoriana. Con la generación de un irreparable desastre ambiental en todas las zonas por donde pasan las fumigaciones, especialmente la Amazonia y el Pacífico (Salgado, 2002).

El trabajo de Andelfo García (2001) detalla el trámite de elaboración y cabildeo del Plan entre Colombia y Estados Unidos, desde la versión propuesta por el presidente Andrés Pastrana, un “Plan Marshall para Colombia”, que se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo (1998-2002), hasta la versión oficial que se publicó en septiembre de 1999. Según García, la propuesta se fue modificando, ganando total centralidad el componente militar y la lucha antinarcótica, fusionando finalmente el Plan con el paquete de ayuda norteamericana para este flagelo. Dicho diseño contó con la concurrencia técnica de expertos en planeación, consultores norteamericanos, entre ellos, el general Soligan del Comando Sur.

Dos elementos por destacar: primero, el doble lenguaje que se fraguó en el Plan Colombia, por lo que se habló de al menos dos versiones distintas, una que priorizó el componente de desarrollo social para la paz, presentada a la Unión Europea y Japón, posibles donantes; otra, el componente armamentista, a los Estados Unidos1. Este segundo componente es lo que García nos muestra como el cabildeo de los negocios: las empresas multinacionales vendedoras de insumos químicos, helicópteros y todo el arsenal previsto para la puesta en marcha. Subrayando los objetivos centrales, indica:

Combatir el cultivo ilícito […] especialmente en la región del Putumayo y en el Sur del país […]. Establecer control militar sobre el Sur del país con propósitos de erradicación […]. Restablecer el control gubernamental sobre las áreas clave de producción de drogas. (Plan Colombia, citado en García, 2001: 205)2

Hasta este punto, una línea de reflexión que podríamos denominar crítica realista. Ésta es percibida como pesimista e incluso extremista por otra línea, que presento a continuación, de la cual únicamente muestro el siguiente ejemplo, considerando que sintetiza bastante bien los planteamientos comúnmente esgrimidos por sus representantes, quienes, con sus matices, defendieron de manera optimista los alcances del Plan Colombia, para restablecer el Estado democrático de derecho en Colombia.

Eira Ramos Martino, documentando la crisis de gobernabilidad en la región andina y preguntándose ¿para qué el Plan Colombia?, argumentaba:

La situación en Colombia es la que con mayor urgencia requiere de inmediata atención por parte de la comunidad internacional. El plan Colombia es más que un programa para rearmar al Ejército y dotar a la policía de equipos necesarios en su lucha contra el narcotráfico. Aun en el supuesto de que la ayuda obtenida se destinara prioritaria y casi exclusivamente a la dotación militar, la debilidad estructural del Ejército, a la que hemos hecho referencia, aunada al contexto condicional de alteración del orden público desvirtuaría la percepción de que las Fuerzas Armadas colombianas puedan llegar a convertirse en una potencial amenaza al resto de los países de la subregión andina. (Ramos, 2000: 31)

Frente a la evidencia del desbordamiento del conflicto armado interno del país, con afectaciones de diferente tipo a los vecinos, de esta manera se buscó exorcizar la opinión de los que acusaban el peligro de tal estrategia para la región. Las dos posiciones en juego se disputaron la construcción del sentido común en la opinión pública, en un momento en el cual el conflicto estaba internacionalizado de hecho, y el Plan Colombia cumpliría la función de oficializar y legitimar tal internacionalización.

Esta posición, que colocó su énfasis en la defensa del Estado de derecho y la recuperación de la gobernabilidad, por cierto, muy bien sustentada desde los fines que buscaba, esquivaba enfrentar la reflexión sobre los medios para lograrlo, de tal suerte que, de manera clásica, los fines justificaban los medios. De ahí que resultara casi intrascendente asumir la discusión sobre el ejercicio de la soberanía nacional, como bien común de los ciudadanos, y en relación con ello, la exacerbación del conflicto armado interno, que se prolongaría, ganando la identidad de una guerra irregular, según algunos analistas como los ya mencionados. En otras palabras, en defensa del Estado de derecho se despreciaba hasta la eliminación, el derecho de los “otros”, los conciudadanos, habitantes de las regiones focalizadas para las operaciones del Plan. Continúa la profesora Ramos:

Consideramos, en cambio, que el Plan Colombia, conocido como “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado”, es una estrategia integral para la reconstrucción del Estado colombiano, un Estado que, dadas las consideraciones hechas en el documento a lo social, lo económico y lo judicial, nos permitiría hablar de un Estado social y democrático de derecho […] un Estado que, sin negar los valores básicos del Estado democrático liberal-burgués, pretende hacer esos mismos valores más efectivos acompañándolos de aquellas condiciones existenciales mínimas que hagan posible su ejercicio y disfrute real. (2000: 31)

En esta visión, las consecuencias inmediatas, los efectos destructivos, no se tenían en cuenta. Si entraban, lo hacían como parte de los sacrificios necesarios; los sacrificados tenían que ser los de siempre, los históricamente víctimas del centralismo emblanquecido, “ellos”, los “otros” colombianos.

Como sabemos, en apoyo a la estrategia regional del Plan Colombia, los países limítrofes reforzaron la vigilancia en sus fronteras, para contener el posible tránsito guerrillero; desde el Comando Sur se coordinó el funcionamiento de bases militares entre las cuales se destacó la de Manta. Brasil respondió con el denominado Plan Cabra, Ecuador fortaleció su pie de fuerza, y en el 2007, bajo el gobierno de Rafael Correa, se implementó el Plan Ecuador, que retóricamente implicaba el mejoramiento de la infraestructura pública y de la inversión social en la frontera norte. Perú hizo lo propio y Venezuela, con Hugo Chávez, se constituyó en la excepción3.

En un tono evaluativo, transcurridos cinco años de ejecución del Plan Colombia, el general ecuatoriano José Gallardo Román, al interrogarse por los efectos en su país, nos brinda un panorama que confirma los pronósticos más realistas en cuanto a los daños integrales, producto de las acciones militares combinadas y la presencia masiva de “refugiados” colombianos en Ecuador; para esa época, ya era el país que recibía la mayoría de éstos a nivel internacional: 40.000 aproximadamente hasta el 2005.

Además, Ecuador había padecido el recrudecimiento de la inseguridad en toda la región de frontera, el atropello de las fumigaciones, que provocaron desplazamientos internos, diversas alteraciones en la salud de su población y pérdidas mayúsculas en la producción agropecuaria. Era un hecho constatable, el país estaba fuertemente afectado por el Plan Colombia y, por lo tanto, involucrado en el conflicto armado.

Citando el informe de la Contraloría General de la Nación de Colombia del 2003, el general Gallardo nos deja saber:

[…] la cooperación no reembolsable de los Estados Unidos, con ocasión del Plan Colombia, orientada al apoyo a la fuerza pública, asciende a US$640 millones, cuyas regulaciones en el manejo de fondos, la contratación, el gasto y la ejecución de los recursos, obedece a las normas estadounidenses. (2005: 130)

Con lo anterior, se evidencia la aplicación concreta de la “soberanía limitada”, la Contraloría estaba impedida para ejercer su labor de control total sobre estos fondos, como órgano competente de la nación. Desde luego, para nada una práctica nueva en las relaciones con los Estados Unidos. Acerca de los programas sociales, comenta en extenso:

El análisis adelantado al programa “Campo de Acción” demuestra duramente que su diseño no es el más conveniente para afrontar los problemas relacionados con la agricultura campesina, sobre todo en zonas de conflicto. Más parecería que se trata de programas orientados al fortalecimiento de organizaciones empresariales, muy diferentes en su estructura y filosofía a las “empresas” campesinas. Además, al parecer este programa tiene un claro paralelismo con las actividades y programas del Ministerio de Agricultura […]. El proceso de elegibilidad de proyectos productivos no convoca la participación de pequeños productores rurales y mucho menos una demanda sentida por parte de las organizaciones. En cuanto al proceso de elegibilidad de proyectos en las convocatorias, se encuentra una baja aprobación de proyectos (4,8%). Se establece que los requerimientos estuvieron sobre dimensionados y las exigencias de la formulación de las convocatorias fueron muy altas, en desacuerdo con la situación de los campesinos, que no están en capacidad de cumplir con los criterios solicitados para ejecutar proyectos productivos. (Gallardo, 2005: 131-136)

Panagra,s. f.

Los campesinos no tenían ninguna solución concreta que les permitiera substituir cultivos como estaba propuesto formalmente en el Plan Colombia, por lo tanto, ante las fumigaciones y las arremetidas militares y paramilitares, no quedaba más que huir de los territorios para proteger la vida, ante la avanzada genocida y etnocida. En consecuencia, el componente social de cara a los pobres era un sofisma que denunciaba ya los altos niveles de corrupción del presidente Uribe4.

Además, el informe de la Contraloría destaca los resultados de la Política de Seguridad Democrática, con la disminución de los cultivos de coca en un 30%, de los ataques a la infraestructura eléctrica y a pequeños poblados e inspecciones de policía; gracias al aumento del pie de fuerza y a la dotación de mejores armas en todos los niveles de combate. Pero expresa su preocupación por las fumigaciones con glifosato y su poder nocivo:

No es posible conocer con certeza los riesgos que los químicos asperjados plantean a los seres humanos y al medio ambiente. Ni el gobierno de los Estados Unidos ni el de Colombia han presentado una evaluación adecuada de los posibles impactos para la salud humana y los ecosistemas a causa de las mezclas formuladas que están siendo fumigadas bajo las condiciones de exposición directa que tienen lugar en Colombia […] Los herbicidas de amplio espectro utilizados en las fumigaciones aéreas están diseñados para matar una amplia gama de plantas y podrían destruir especies vegetales que se encuentran en peligro de extinción, así como alterar y destruir distintos hábitat […]. El glifosato también puede afectar a los organismos de tierra: lombrices, hongos y microorganismos. La fumigación también puede conducir a la deforestación y pérdida de hábitat cuando los agricultores desbrozan nuevas áreas vírgenes y bosques intocados, como respuesta a la destrucción de cultivos legales e ilegales. (Gallardo, 2005: 135)

Se trata de un proceso de desterritorialización y despojo, amén del tejido social y comunitario, de la cultura poco valorada por los discursos de atención a la “crisis humanitaria”. Una guerra química, como lo hemos dicho, cuyas consecuencias de deterioro genético han sido integrales para los humanos y sus entornos de vida, con los cuales estaban ligados, conectados, ombligados en el caso de las comunidades afrodescendientes de este territorio-región focalizado por el Plan Colombia. Advierte la Contraloría, sin embargo, para caracterizar las particularidades del conflicto colombiano, que:

No se trata de un conflicto étnico, ni racial, ni lingüístico, ni religioso, ni de uno con contenido nacional, sino de un conflicto entera y exclusivamente político; vale decir, por el control del poder (v. gr., de los recursos del territorio y de la población) ente élites y contraélites cuya identidad y antagonismo se definen predominantemente de manera político-ideológica. Es decir que se trata de un conflicto originado, ante todo y principalmente en una alegada exclusión política […]. En Colombia las regiones con mayor presencia de grupos ilegales y con mayores tasas de homicidio se caracterizan por tener: 1) grandes rentas en conflicto: oro, petróleo, tierras productivas, cultivos ilícitos; 2) altos niveles de desigualdad (superiores al promedio del país); 3) débil presencia institucional para el cumplimiento de normas; y, 4) insuficiente infraestructura. (Gallardo, 2005: 132-133)

Braniff International Airways, c. 1950´s

La regionalización de la exclusión histórica de indígenas, negros, campesinos y pobres queda esbozada en la anterior cita; en gran medida, los otrora territorios nacionales, que representaron claros límites de la marginalización política. En consecuencia, la división político-administrativas del Estado nacional moviliza en la memoria y en la historia marcas de fronteras raciales; regiones de distribución concreta del capital racial, entre centro y periferia, capital y provincias. La racialización territorial del conflicto armado, la base material de éste, es presentada desprovista de su sedimentación sociohistórica. Lo que quiero destacar es la manera como lo étnico/racial aparece vinculado inseparablemente a la exclusión política ideológica, marcando territorios específicos de las geografías nacionales de los Estados modernos. Es el fundamento invisibilizado y evadido, que las entidades oficiales se niegan a reconocer en sus justas dimensiones. En suma, explica estructuralmente el conflicto armado interno de tan larga duración en Colombia.

Dicha articulación configura el patrón colonial de poder moderno (Quijano, 2010), expresando en múltiples esferas de la vida cotidiana, la colonialidad avasallante, racista y profundamente violenta sobre los cuerpos comunitarios, sus territorios y en la negación de vida digna. En el 2011, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) llamaba la atención acerca del incremento de los desplazados en los ocho años del gobierno de Uribe, indicando que la mayoría de éstos provenían de las zonas donde se estaba desarrollando la avanzada militar denominada “Plan Patriota”, y el “Plan Nacional de Consolidación Territorial”, a la postre la cara social que llevaba la institucionalidad a estas regiones, que representan cerca del 16,48% del territorio nacional, habitadas por 4.076.778 personas, según datos del DANE (2010). A todas luces, los 2 planes eran un fracaso desde el punto de vista social, aunque no en términos militares. Por lo anterior, se puede hablar de una “consolidación patriótica de la violencia”. Entre los desplazados se registraba el aumento de los afrocolombianos, que, sin cifras precisas, debido al subregistro, se contabilizaban en 70.010 para el 2010 (Codhes, 2011)5.

Southern Pacific, 1935 | Maurice Logan

El inicio de los diálogos de paz en La Habana, con la guerrilla de la FARC-EP, después del asesinato de muchos de sus comandantes y el evidente debilitamiento militar y político, significó para sus defensores el éxito del Plan Colombia y la demostración fehaciente de que el fin justifica los medios. Los sacrificados, no sólo de este periodo, sino desde 1985, serían objeto de la Ley 1448 del 2011, “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”. Era el momento de reparar, anegados en los ríos de su sangre, a estos pseudoconnacionales, considerados inferiores y cómplices del delito, razón suficiente para no tener derecho a ninguna medida precautelar, de prevención relacionada con sus vidas individuales y comunitarias. Tenían y tienen que pagar el sacrificio por infractores o subversivos; purgar el sino de haber sido expulsados por el centralismo, conducidos a vivir en las fronteras, al límite de la ley construida por la colonialidad blanca, que segó su existencia, como ofrenda a la patria. La barbarie, en su versión de la historia, era un deber patrio.

El 9 de mayo del 2015, el presidente Juan Manuel Santos anunció la suspensión del glifosato en las aspersiones; a partir del 1 de octubre, en medio de una tensión en la policía y las fuerzas armadas, se suspendieron las fumigaciones. Para los 15 años del Plan Colombia, conmemorados el 4 de febrero del 20166 en la Casa Blanca, en la víspera, su “cogestor”, Andrés Pastrana, evaluó:

El Plan tuvo un éxito sorprendente en un plazo muy corto. Tanto que Estados Unidos replica hoy el modelo —especialmente en su contenido social— en conflictos en los que la fusión de narcotráfico y terrorismo amenaza la paz mundial […]. A estas alturas, el reconocimiento del éxito militar del Plan Colombia es prácticamente unánime, desde todo el espectro político. Aún las FARC lo admiten a regañadientes. Lo social: Familias en Acción, sustitución de cultivos, etc., es modelo reconocido y replicado por el mundo en desarrollo. Definitivamente fue el punto de inflexión del conflicto. Partió su historia en dos al devolverle la fe a un país sometido por narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo. Le demostró que podía recuperar su Fuerza Pública, el control del Estado y sus instituciones. (El Espectador, 2016: s/p)

Sin duda se trató de una masacre. Destierros y despojos planeados y previsibles por el Estado colombiano y los Estados Unidos, cuyo cálculo convirtió a estas poblaciones en colaboradoras de la guerrilla y el narcotráfico, por lo tanto, delincuentes y culpables. Atrasadas, primitivas, suprimibles, desechables. Vidas con escaso valor en territorios altamente ricos para el desarrollo capitalista, bajo la lógica del capital racial (Segato, 2007), desde la cual, lo blanco, como máximo valor, desvaloriza a lo no blanco, a los otros: se asimilan o están condenados a desaparecer (Fanon, 2003). Son poblaciones dispensables, en territorios que finalmente no tienen por qué pertenecerles. ¿Cómo le podemos llamar a este crimen colectivo de Estado contra dichas poblaciones? Evidentemente se trata de un genocidio en que se debe puntualizar el feminicidio y el infanticidio colectivo contra los grupos etnizados constitucionalmente, lo que implica desde luego también un etnocidio.

Hasta aquí algunas puntadas sobre el Plan Colombia, como un laboratorio de barbarie de la colonialidad blanca occidental, replicable por los Estados Unidos, como diseño global, para resolver conflictos internos en el mundo en corto tiempo. Es la decantación racista de la tecnología y la política de muerte planetaria —una fórmula, un manual— ante el convencimiento de la superioridad iluminada misional de llevar la civilización, la única posible, la verdadera; por lo demás, con la máxima productiva empresarial capitalista y de control territorial de recursos estratégicos.

En adelante, mostraré cómo ha operado el racismo en la consumación de genocidios etnocidas en los discursos de la ayuda humanitaria que fragmentan, etiquetan y borran paulatinamente las particularidades histórico-culturales de los despojados, fabricándolos como víctimas, necesitadas con urgencia, hasta convertirlos en famélicos del desarrollo y de la modernidad cualquiera sea su trayectoria como desterrados históricos. El resultado a mediano plazo es la normalización y aceptación del saqueo, bajo la obligatoriedad de construir una nueva identidad, la del dependiente, en contextos urbanos generalmente, desde la retórica de reiniciar su proyecto de vida.

Racismo, genocidio y etnocidio: el precio de ser civilizado

El interrogante que me orienta es: ¿de qué manera develar el racismo en este modelo que lo oculta con tanta eficacia? Partiendo de lo planteado, de la consideración del racismo como una veta estructurante, base del patrón moderno colonial de poder en el ordenamiento de las poblaciones, la geopolítica y las culturas, para la producción, entenderemos el esfuerzo del escritor Quince Duncan, cuando propone la noción de racismo real-doctrinario:

[…] un proceso de sobre valuación, supresión y minusvaloración de los grupos humanos, basado en criterios fenotípicos socialmente seleccionados […]. El racismo real que se desarrolla durante el periodo de expansión colonial europea, es único en la historia de la humanidad. Estableció a partir de su concepto de raza una doctrina de jerarquía universal de los grupos humanos, atribuyendo valor intelectual, emocional y moral a dichas diferencias. (2008: 2-3)

Estas diferencias fueron convertidas en asimetrías históricas esencializadas, con el concurso de teólogos, políticos, filósofos, médicos, etnólogos y demás saberes expertos y científicos autorizados. En otras palabras, fue una empresa colectiva de la ideología blanca, traducida en conocimiento científico y deber/derecho divino, que se hizo sentido común con su reproducción institucional en los Estados modernos y se cristalizó como doctrina, destaca Duncan.

En este horizonte, se debe comprender el etnocidio como hijo y expresión de dicha ideología, que hoy exige una mirada retrospectiva, con mayor detenimiento, dados los solapamientos y simulacros académico-políticos que pretenden seguir negando estos crudos vínculos. Comencemos por el profesor Clastres, quien destaca la contribución del etnólogo Robert Jaulin en la construcción de este concepto, para nombrar una oprobiosa realidad en el agitado mundo de los años sesenta y setenta:

Creado en 1946 durante el proceso Nuremberg, el concepto jurídico de genocidio es la toma de conciencia en el plano legal de un tipo de criminalidad desconocida hasta el momento. Más exactamente, remite a la primera manifestación, debidamente registrada por la ley, de esta criminalidad: el exterminio sistemático de los judíos europeos por los nazis alemanes. El delito jurídicamente definido como genocidio hunde sus raíces, por lo tanto en el racismo; es su producto lógico y en última instancia, necesario: Un racismo que se desarrolla libremente, como fue el caso de la Alemania nazi, no puede conducir sino al genocidio. (Clastres, 1996: 55-56)

Y para esclarecer más aún las asimetrías esencializadas, como monumentos a la injusticia perpetrada por Europa, continúa:

Las guerras coloniales que se sucedieron en el Tercer Mundo a partir de 1945 y que, en algunos casos, todavía perduran, dieron lugar a acusaciones precisas de genocidio contra las potencias coloniales. Pero el juego de las relaciones internacionales y la diferencia relativa de la opinión pública impidieron lograr un consenso análogo al de Nuremberg, jamás hubo persecuciones. (Clastres, 1996: 55)

La persistencia de lo que él denomina una máquina de destrucción, que se desató desde 1492 y que aún continúa contra los indígenas, afros y campesinos en masacres y limpiezas étnicas, en diferentes países de América del Sur, concreta la inercia mundial de la injusticia histórica, en la periferia de la civilización moderna. Él, al igual que muchos autores de su época, Sartre, Fanon, Memi, Césaire, entre una larga lista, llamaron la atención sobre este hecho como un síntoma de la decadencia europea, que secuestra para sí y en su particularidad, los derechos humanos, invocados como universales.

Las experiencias que nutren y robustecen el concepto de etnocidio provienen de Suramérica, particularmente de la Amazonía y la región transfronteriza de los indígenas barí, más conocidos como motilones, entre Colombia y Venezuela, en la zona del Catatumbo, región de operaciones de la FARC, también bombardeada por el Plan Colombia. Allí, Jaulin, a través de su investigación comprometida, buscó la diferencia entre genocidio y etnocidio, ante el inminente exterminio de esta comunidad, con la penetración desde 1936 de las multinacionales estadounidenses Texas Petroleum Company y Mobil Oil. Éstas, a su vez, habían recibido una concesión de la Compañía de Petróleos de Colombia S. A., propiedad del general Virgilio Barco, que venía explotando la región desde 1918 con inversión de capital norteamericano.

Si el término genocidio remite a la idea de “raza” y a la voluntad de exterminar una minoría racial, el de etnocidio, se refiere no ya a la destrucción física de los hombres (en este caso permaneceríamos dentro de la situación genocida) sino a la de su cultura. El etnocidio es, pues, la destrucción sistemática de los modos de vida y de pensamiento de gentes diferentes a quienes llevan a cabo la destrucción. En suma, el genocidio asesina los cuerpos de los pueblos, el etnocidio los mata en su espíritu. Tanto en uno como en otro caso se trata sin duda de la muerte, pero de una muerte diferente: la supresión física es inmediata, la opresión cultural difiere largo tiempo sus efectos según la capacidad de resistencia de la minoría oprimida. (Clastres, 1996: 56)

¿No es acaso lo que ha sucedido con los grupos etnizados en el conflicto armado, que se intensificó con el Plan Colombia? Tal vez, podrá argumentarse que la guerrilla, los paramilitares, el ejército y la policía, en tanto ejecutores de los actos violentos en varias regiones del país, no son tan diferentes a sus víctimas. Sin embargo, no debemos perder de vista que los victimarios invisibles son los gerentes del despojo, los detentores de la doctrina de la superioridad económica, de clase y racial. Éstos son los autores intelectuales del proyecto; la ideología blanca o emblanquecida que con diferentes matices sigue imponiendo en la larga duración su matriz civilizatoria.

Por su parte, Jaulin precisa acerca del origen y los avatares de este concepto:

El término etnocidio me fue sugerido por Jean Malaurie, en mayo o junio de 1968 cuando yo utilizaba la expresión “genocidio cultural” para referirme a la liquidación de las civilizaciones indígenas; regresaba del Amazonas y, desde 1962, no cesaba de denunciar esta liquidación o de tratar de frenarla, moviéndome de un lado a otro.
George Condominas reivindicaba una utilización de este término anterior a la nuestra; en efecto, lo había hecho en su libro Lo exótico es lo cotidiano y, sin duda fue ahí donde Jean Malaurie, editor de esa obra, lo encontró. (1973: 10)

Fue seguramente la apropiación creativa y el enriquecimiento que hizo de este concepto, lo que lo situó como autoridad, a tal punto que algunos le atribuyen su creación, asunto que queda descartado. Para éste:

“Etnocidio” indica el acto de destrucción de una civilización, el acto de la descivilización. Este acto puede permitir que se caracterice al “sujeto” —descivilización o procedimiento— culpable de etnocidio. El término etnocidio se construye como el término “genocidio”, el cual fue formado con homicidio como modelo. (Jaulin, 1973: 9)

La descivilización, motor del etnocidio, es el punto extremo del racismo, así sea mediante la ruta de la etnofagia (Díaz-Polanco, 2006), en tanto pedagogía misionera del progreso. Conlleva la eliminación física y cultural, como dos caras de la misma moneda. En todo caso, el racismo real-doctrinario consuma la eyección, la desaparición; sitúa a los otros fuera de sus gramáticas y vínculos semánticos, en “otro mundo” (Hall, 2013), que cuando menos representa un calvario.

El etnocidio descivilizador es el problema de las minorías, que compromete en la interdependencia a las mayorías. Según Jaulin, de nuestra capacidad de aprender de las minorías, dependerá la invención de renovadas formas de relacionamiento, que eliminen el etnocidio y permitan que mutemos hacia la valoración de lo que en cada civilización garantiza la vida y es un nicho de ésta. En términos políticos, éticos y morales, no se puede seguir permitiendo que la singularidad europea y norteamericana se opongan, aplasten y engullan a la pluralidad:

La política etnocida de integración de las sociedades nacionales aspira a la disolución de las civilizaciones dentro de la civilización occidental […]. La descivilización occidental es por construcción, un fenómeno unitario, exactamente de la misma forma que la muerte es unitaria, puesto que constituye la pauta del parecido o la identidad de las diversas soluciones con que se expresa la vida. Sin duda la muerte que acabamos de evocar “ataca” a la vida en su dimensión individual, más nada prueba que el razonamiento anterior no tenga la misma validez si se toma la vida en su dimensión colectiva, civilizadora; de ahí se puede pues deducir que una civilización que tenga la pretensión de ser la civilización única, es un sistema de descivilización y —lo que confirma— necesariamente orientado hacia la muerte. Esta muerte es con seguridad inicialmente de naturaleza civilizacionista, aspira a la instauración de una civilización-cementerio. (Jaulin, 1973: 14)

Infortunadamente, no estamos frente a una metáfora del autor, son los cuadros de cementerios humanos y naturales que se replican y amplifican en tiempos de neoextractivismo, fundado en guerras irregulares, ejecutadas por multinacionales de mercenarios en diferentes puntos del planeta (África, Medio Oriente, México, etcétera). Es la necropolítica (Mbembe, 2011), que con su avanzada totalizadora necrófaga, nos sitúa frente al dilema producción-acumulación o muerte. No hay alternativa, ni posibilidad distinta tras este embate. La catástrofe es su meta, su punto de llegada.

El Plan Colombia patentiza la necropolítica en tanto diseño criminal global, probado en la región, de lo cual se ufanan los mandatarios colombianos, como lo hemos visto. Su exterminio destruyó la base y el tejido material y las prácticas de significación que redundan en construcciones simbólicas, de identidad e identificación. Es decir, clausuró las condiciones de posibilidad habituales de reproducción biológico/cultural de afrodescendientes, indígenas y campesinos.

De esta manera destruye su vincularidad de procreación e invención de la vida, tejida durante siglos en estos territorios, lo que le da sentido colectivo, lenguajes de territorialidad, expresión de civilizaciones integradas a un entramado cósmico, del que no se consideran la parte más importante, cuya filosofía y espiritualidad expresa la conciencia de garantizar la vida del entorno para garantizarse la vida; en lo que están incluidos los ancestros invisibles, los nacidos y los que están por nacer. Es la responsabilidad y el compromiso ancestral con la vida en su multiplicidad. El pensamiento/acción de “los familiares”, hijo del sistema de pensamiento muntú, congo-bantú africano, entre afrodescendientes del Pacífico colombiano, ecuatoriano y peruano, cuando menos (Arboleda, 2015).

Subrayemos, estamos ante un genocidio y un etnocidio, articulados desde un pensamiento racial-doctrinario de la eugenesia, en la selección de poblaciones que merecen vivir y reproducirse y las que no lo merecen, desde la óptica de la lógica blanca, que estructuró la democracia de los Estados-nación modernos. Por ello, razonablemente podemos hablar de democracias eugenésicas. Se trata en sí de un patrimonio de las élites, cuya colección de piezas de racismo se esfuerzan en esconder en sus baúles hacendatarios, que con inconfeso sigilo nocturno, abren con frecuencia. Son su tesoro moral. ¿Cómo evaluar estos daños irreparables?, ¿destruir las posibilidades de generar vida humana y natural en condiciones de normalidad cultural, en qué orden de reclamación jurídica cabe?, ¿será suficiente con el derecho a la vida?

Registrar, contar, etiquetar y distribuir: retóricas de la ayuda

La política de ayuda humanitaria, la atención de emergencias, a través del sistema de Naciones Unidas, y la contemporánea cooperación internacional han mantenido un patrón mental de impermeabilidad, desde la Segunda Guerra Mundial, para reconocer las atrocidades y erigir la verdad, cuando estas formas son producto de su etnocentrismo colonizador y, por lo tanto, suceden fuera de Europa y los Estados Unidos. De acuerdo con Robert Jaulin:

En 1947 y 1948, la Comisión No. 6 de las Naciones Unidas examinaba la noción de genocidio y se intentaba elaborar una carta sobre los derechos del hombre. Se recurrió entonces a analizar los hechos del genocidio cultural (no se empleaba el término de etnocidio); la comisión acabó por rechazar la idea de genocidio cultural, con el pretexto de que podía atentar contra la noción de genocidio considerado en su sentido estricto; el mundo salía de la guerra, los espíritus estaban justificadamente obsesionados por el recuerdo de los hornos crematorios; los problemas que esos hornos acababan de plantear se imponían sobre aquellos a los cuales, con el progreso como estandarte, habría de abocarse la comisión activamente: la destrucción de las culturas. (1973: 10)

Esta reflexión testimonial hace recordar con estupor, las confesiones de los paramilitares, de sus delitos de lesa humanidad contra los afrocolombianos, y el uso de hornos crematorios para desaparecer los cuerpos; los asesinatos fueron tantos que perdieron la cuenta. Pero, también nos ilustra la práctica del homicidio epistémico, lo que comúnmente conocemos hoy en la academia crítica como un epistemicidio, cuya impunidad se defiende trazando fronteras ideológicas, a manera de feudos de contención, en nombre del rigor científico, la imparcialidad y la precisión conceptual. Un blindaje que rechaza y descalifica posibilidades “otras” de conceptualización y de comprensión de las realidades. Es la matriz imperante, el universalismo abstracto normalizador de la barbarie.

Esta negación fue fruto de los grandes Estados “occidentales”, incluyendo desde luego a la URSS. Después del fracaso que sufrió la noción de genocidio cultural en 1947-1948 en las Naciones Unidas, se intentó hacia el año 1950 introducir en la Carta de los Derechos del Hombre un texto relacionado con la autodeterminación de los pueblos. Los grandes Estados opusieron a este texto una eficaz resistencia, la Carta fue poco a poco enterrada y dejada en el abandono. El miedo a la soberanía política que los pequeños pudieran reivindicar se aunaba, en los hechos, al miedo a la soberanía cultural. (Jaulin, 1973: 11)

Dos asuntos, por un lado, la ruta de la inclusión y el reconocimiento en la matriz jurídico-política de la colonialidad del saber, por su resistencia, es altamente tortuosa, tensionante y la mayoría de veces, fallida, con pírricos triunfos desde luego. Por otro lado, en estrecha relación con lo anterior, hoy es un hecho el reconocimiento formal de la autodeterminación de los pueblos, que como lo hemos sustentado, está condicionada. Para el caso de los grupos etnizados, que aparecen representados como “indígenas y tribales”, es una conquista el reconocimiento de un conjunto de derechos en el Convenio 169 de 1989 (OIT), suscrito por muchos Estados. Entre estos derechos se encuentra el de mayor fricción: la consulta previa, libre e informada y el consentimiento, en relación con los proyectos y medidas que los puedan afectar.

En su retórica mesiánica, el multiculturalismo neoliberal ha mostrado esta vieja exigencia de autodeterminación y reconocimiento de la pluralidad como suya; una dádiva en la expansión de su lógica de derechos; la usurpación, por lo demás, es burda. Pero al mismo tiempo, dicha conquista ha desatado la furia de las máquinas de guerra, que no están dispuestas a dialogar horizontalmente con la alteridad. Estamos ante una imposibilidad histórica, que busca resolverse con la institucionalidad paliativa de la ayuda y la emergencia humanitaria, que convierte a los otros en objetos y no sujetos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El primer paso en esta semiótica es la objetualización, la cosificación en tanto receptores pasivos que deben aprender una nueva gramática extranjera, como remedio ante el paisaje extraño de la expulsión, la muerte y la indefensión.

Messageries Maritimes, 1920 | Collection French Lines

La matriz racista, sumergida y diluida por la superficie del discurso de la solidaridad humanitaria internacional, que moviliza la condensación del deber divino, de la bondad, la misericordia y la piedad, vestida con la pompa de los derechos, se desliza en medio de los elogios de la comunidad internacional, que finge sorprenderse, y de los lamentos y agradecimientos de los famélicos en fabricación. Es la fase de culminación del genocidio etnocida.

Su trabajo consiste en colocarlos en un nuevo lugar, acondicionar su itinerario como viajeros, extranjeros indigentes, en una región de extrañamiento que rompe sus nexos comunitarios y los individualiza. Esta región de “recepción de derechos”, los cuales antes no necesitaban, funciona con una cartografía nominal, que desconoce a los sujetos colectivos, no los quiere comprender, es sorda a sus lenguajes. Todo lo contrario, deben asimilarse, integrarse al suyo, aprender de prisa si quieren conservar su impronta indeleble como sobrevivientes7. Es un verdadero arsenal conceptual, funcional y adherido a la guerra, que la continúa en una nueva fase, menos frontal con los cuerpos, pero férrea con la presa en su captura conceptual: desplazamiento forzado, desplazado interno,migrante forzadonen situación de emergencia, población necesitada de protección internacional,solicitante de refugio, refugiado, campamentos de refugio, asilado, soluciones duraderas, reasentado, retornado, etcétera.

Un abanico de etiquetas que se confunden y colisionan, aún en la misma división del trabajo que tiene este sistema humanitario, pero que estandariza eficazmente, mostrándonos las consecuencias y efectos como causas reales. Al examinar los informes, es común encontrar que las causas de su “desplazamiento” se debieron a incursión paramilitar, masacre, amenazas y demás. Siempre se escamotea la raíz, la causa estructural no se nombra, está prohibido aludir a ésta y es lógico. El enclave colonialista no se puede desnudar.

Todos deben aprender su nuevo nombre, el que responde a cada momento y situación, para solicitar la porción que le corresponde a cada uno en el menú de derechos que se ofrece, y que también debe memorizar. Los han convertido en consumidores del mercado de sus invenciones. Es el costo, el precio que deben pagar por la labor primaria de civilización, que paulatinamente los va dispersando, sin posibilidad de volver a ser quienes eran, triturando su pertenencia colectiva, según les reconozcan o no el “estatus” asignado, el cual deben demostrar con las evidencias del positivismo científico. De ahí que sea usual como constatación de la mascarada, que el número reconocido por los Estados, ya sea de personas en la condición de víctimas internas o fuera de las fronteras, es inmensamente inferior a las solicitudes. Es el drama actual que registra Acnur y demás agencias en sus informes anuales mundiales y nacionales. A propósito, Chomsky nos recuerda lo sucedido en Kosovo, en los años noventa:

Si bien las atrocidades eran predecibles no se tomó ninguna medida. De hecho, la cuestión fue aún peor: poco antes, EEUU había resuelto quitarle los fondos al Alto Comisionado de los refugiados de las Naciones Unidas, que tuvo que reducir bruscamente su personal. Por consiguiente, EEUU y Gran Bretaña no sólo se negaron a tomar medidas contra una matanza previsible, sino que se dedicaron a quitarle fondos a las organizaciones que iban a ocuparse de los refugiados. Si combinamos estas dos cosas, el grado de criminalidad de Clinton y Blair aumenta sustancialmente. (2001: 82)

Guardando las diferencias, es el señalamiento constante de Acnur, OCHA, Solidaridad Internacional y demás entidades en Colombia, Ecuador y la región: la insuficiencia de recursos y logística, frente a la magnitud de las violencias y las consecuentes violaciones. Es un círculo vicioso que se repite como parte del repertorio, del libreto consabido: el protocolo de atención. El objetivo es administrar la hecatombe, no solucionarla, ya que es el combustible, el alimento, de un auténtico sistema carroñero.

Contraviniendo esta matriz colonial y su arsenal de conceptos, que burla la justicia histórica y la memoria colectiva y personal de sus víctimas, a lo largo de este artículo he utilizado, desde una postura decolonial, las nociones de desterrado y desterrado histórico, que buscan desestabilizar las etiquetas ya señaladas, colocando en el núcleo de la reflexión la memoria e historia de los expoliados, dejando claro que en el caso central que nos ocupa, los afrodescendientes, al igual que otros grupos humanos, han sufrido en la historia de la modernidad, de manera permanente, el despojo, la diáspora, el desalojo. No es la primera vez, por lo tanto, hace parte de la marca de generaciones; es constitutivo a su experiencia, en su gran mayoría. Cualquiera de los términos del utillaje humanitario oculta este rasgo de larga duración, presentado cada vez en los diferentes contextos, como un suceso nuevo, una contingencia, escamoteando el funcionamiento del capital racial, encubriendo que raza es signo (Segato, 2007).

En la misma dirección, retrotraer las nociones de genocidio y etnocidio, expulsadas de la Ley de Víctimas en Colombia, del Decreto-Ley 4635 del 2011, para la “reparación integral” de las víctimas que pertenecen a las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras y de los principales análisis e informes especializados (Comisión Colombiana de Juristas, 2012), cumple la función de acusar la reproducción integracionista y asimilacionista que venimos criticando.

El Estado se niega a reconocer la dimensión protuberante de crimen colectivo, vulnerando de hecho lo que propone, bajo el discurso del derecho a la verdad, a través de una memoria justa, que satisfaga y repare la dignidad de las víctimas. Su enfoque es totalmente individualista, aunque hable de reparaciones colectivas, a través de obras e inversiones para el bien común, que sin duda inscribirán la impronta de la modernización y el desarrollo en los territorios que logren ser restituidos a sus originales propietarios que, hasta ahora, debido a la guerra, no han podido concretar su ejercicio de propiedad colectiva, conquistada con la Ley 70 de 1993. Hoy un demostrado obstáculo para la inversión extranjera y nacional. La civilización del cemento-cementerio, a través de los negocios de infraestructura, por esta vía será un hecho, más aún cuando existen grandes megaproyectos y concesiones en estos territorios. En palabras de Jaulin:

El problema de las minorías es uno de los caminos mediante los cuales nos desembarazamos de lo unitario y de la muerte; la América de los Estados Unidos, ese ejemplo avanzado del occidente, es ya la imagen de la soledad, de la peligrosa mediocridad y de la catástrofe; una catástrofe de vivir a la cual nosotros vamos, iremos todos si no se recupera el plural, los otros y el mundo, la Tierra y las estrellas. (1973: 15)

Nuevamente será una batalla por los sentidos de la memoria y la historia, que debe configurar la verdad para el presente y las futuras generaciones, con las implicaciones jurídicas y materiales que esto conlleva. Apenas se insinúan las voces de la polifonía disidente decolonial, en medio de los aires de posacuerdo y los himnos del nuevo plan anunciado en Washington para la reconstrucción nacional y la prosperidad. El marco del decenio afrodescendiente debería ser una plataforma propicia para la sensibilización del Estado y las élites en relación con la verdad. En la contienda por las políticas de memoria, sin dilaciones deben aceptar que lo que se les ha hecho a los afrocolombianos, indígenas y campesinos ha sido un genocidio, un etnocidio.

La invitación de Jaulin con la noción de descivilización clave de la simulación mimética, de la retórica de la pacificación, lo que llamó paz blanca (1973), la podemos asumir como una saludable provocación militante y comprometida con la diversidad de la vida. Una cita agitacional con nuestra creatividad e imaginación sociopolítica, en estos tiempos de crisis, inestabilidad y transición. Provocación para transitar hacia la construcción y defensa de la alianza entre nosotros y el conjunto de la vida planetaria. Ligazón necesaria, que es la civilización, según este autor.

Se trata de una invitación a la irreductible esperanza, que el ancestro Manuel Zapata Olivella nos legó en su bello testimonio He visto la noche (1953), acerca de los horrores del racismo y el colonialismo en los Estados Unidos, que le tocó soportar en carne viva en los años cuarenta, contrarrestado con su decidido optimismo creativo y vivificante: “[…] y supieron, a través de mis emocionadas palabras, el significado profundo que tenía para nosotros la tierra sembrada en sangre y cosechada en dolores”. (1953: 48)

Notas

  1. El valioso análisis realizado por Winifred Tate (2015) nos brinda la noción de ambigüedad estratégica para comprender mejor las complejidades de este tipo de políticas.

  2. La vasta bibliografía existente sobre el Plan Colombia precisa la estructura, los proyectos, el presupuesto y los diversos cambios que sufrió el documento en su gestión. Son amplios y rigurosos los análisis del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) y los del Centro de Estudios Sobre Seguridad y Droga, entre otros centros de investigación que se han ocupado del tema. Sólo me he limitado a brindar un esbozo en tres momentos, que permita contextualizar mi argumento.

  3. No me detengo aquí en la crisis diplomática del 2008 con Ecuador, originada por las fumigaciones en la zona del río San Miguel, límite entre Putumayo y Sucumbíos, y la invasión militar colombiana en Angostura, territorio ecuatoriano, tras la ejecución de la operación Fénix, en la cual se dio de baja a Raúl Reyes, comandante guerrillero de las FARC-EP. En marzo del mismo año, Ecuador instauró una demanda ante La Haya, por afectaciones de las aspersiones; la que fue retirada en el 2013, después de presiones diplomáticas de Estados Unidos y Colombia, que condujeron a una indemnización de USD $15 millones. Seguidamente, en el 2014 se firmó el Plan Binacional de Integración Fronteriza. Ecuador-Colombia 2014-2022, entre los presidentes Correa y Santos, con el objeto de llevar presencia integral de los Estados, bajo el eslogan: “Fronteras para la prosperidad y el buen vivir”.

  4. Lo anterior tuvo un punto álgido de desencadenamiento, primero con el escándalo por la hacienda Carimagua, en el departamento del Meta, de propiedad estatal, destinada a la atención de los desplazados, que, sin embargo, Andrés Felipe Arias, ministro de agricultura y desarrollo rural, estaba concesionando a un contratista por un costo mínimo, violando los derechos de esta población. Luego, con el programa Agro Ingreso Seguro, cuando salió a la luz pública la manera como grandes empresarios, contratistas y toda una clientela política del presidente Uribe se había apropiado de los dineros destinados a los campesinos de las regiones focalizadas para el “desarrollo alternativo”, el mencionado funcionario fue conducido a la cárcel, condenado a 17 años y 4 meses de prisión e inhabilitado por 16 años para ocupar cargos públicos. Hoy se encuentra prófugo de la justicia colombiana.

  5. La Corte Constitucional, a través del Auto 005 del 2009, y la Procuraduría General de la Nación (2012), destacaron la desproporción con que el conflicto armado afectaba a estas comunidades, debido a su histórica exclusión estructural, tal es el caso de la masacre de Bojayá, a pesar de las respuestas organizativas y las movilizaciones comunitarias. Se constató que Buenaventura es el municipio de Colombia con mayor número de desplazados, 72.797 entre 1997 y el 2011, y, por lo tanto, la mayor crisis humanitaria del país (PGN, 2012).

  6. Este evento se realizó en medio de un fuerte cuestionamiento de la comunidad internacional sobre la efectividad de la política contra las drogas, que se concretó en la UNGASS 2016, considerada un fracaso por su ausencia de consenso.

  7. Pese a exigir un gran esfuerzo comunicativo, con un significativo componente de traducción transcultural e intercultural, según el caso, entre los expertos y las comunidades históricas involucradas, este hecho, que está sucediendo simultáneamente en varias regiones del planeta, pasa desapercibido, como un acontecimiento mundial enmudecido. A esta experiencia la he denominado tiempo de aprehensión, para señalar que se trata de un aprendizaje social acelerado, no escolarizado formalmente, en condiciones extremas de riesgo para conservar la vida. Implica la adquisición de nuevos códigos y gramáticas para un grupo humano, empujado, obligado a un nuevo contexto de experiencias. Es de hecho una labor de ensamble cognitivo-epistemológico, que han desarrollado los colonizados históricamente, para modificar sus prácticas en función de conservar la vida. En el utillaje académico colonial se le ha nombrado a este dramático proceso de destrucción con el eufemismo normalizador de cambio cultural, el cual expresa en gran medida la pedagogía y la didáctica del desprecio y de la violencia, desplegada por el desarrollo y la modernización en la implementación de sus planes y proyectos, en los cuales el tiempo es oro. El cálculo temporal es minucioso en relación con la productividad (Arboleda, 2004).

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    4. COLOMBIA. Presidencia de la República, 2011, “Decreto-Ley 4635. Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”, Diario Oficial, No. 48278, diciembre 9.

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