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Otredad racializada en la migración forzada de afrocolombianos a Antofagasta (Chile)*

Outredade racializada na migração forçada de afrocolombianos á Antofagasta (Chile)

Racialized otherness in the forced migration of afrocolombians to Antofagasta (Chile)

 

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María Margarita Echeverri B.**

Resumen

El artículo constata que Chile se ha consolidado como destino de afrodescendientes del Pacífico colombiano en los últimos años. Desde las especificidades de esta red migratoria, analiza las particularidades del desplazamiento forzado internacional de la población colombiana en Antofagasta, la reconfiguración de las representaciones que recaen sobre ésta y su relación con la producción de discursos políticos y sociales racializados y sexualizados. Concluye que éstos últimos actúan como políticas de enunciación restrictivas de las prácticas transnacionales y la incorporación social y cultural a ambos lados de la frontera.

Palabras clave: migración forzada, Colombia, Chile, enfoque transnacional, racialización, exclusión.

Resumo

O artigo constata que, nos últimos anos, Chile tem-se consolidado como destino de afro-descendentes da região do Pacífico colombiano. Desde as especificidades dessa rede migratória, o artigo analisa as particularidades do desterro forçado internacional da população colombiana em Antofagasta; a re-configuração das representações de outros grupos com relação a essa população; e o vínculo dela com a produção de discursos políticos e sociais racializados e sexualizados. O artigo conclui que esses discursos atuam como políticas de enunciação que restringem as práticas transnacionais e a incorporação social e cultural aos dois lados da fronteira.

Palavras-chave: migração forçada, Colômbia, Chile, enfoque transnacional, racialização, exclusão.

Abstract

This article establishes that in recent years, Chile has become a forced exile destination for Afro-descendants from the Pacific Coast of Colombia. Based on the characteristics of this migration network, the article analyzes the particularities of the Colombians’ forced international displacement to Antofagasta, Chile, as well as the reconfiguration of the cultural representations they are subject to, and its connection with the production of racialized and sexualized political and social discourses. It concludes that these political and social discourses act as restrictive speech policies of transnational practices and socio-cultural incorporation on both sides of the border.

Key words: forced migration, Colombia, Chile, transnational approach, racialization, exclusion.

*Este artículo emerge de la investigación en curso “Trayectorias migratorias, inserción social y vínculos transnacionales de la población colombiana en Antofagasta Chile”, financiada y llevada a cabo por el grupo de investigación Géneros y Nuevas ciudadanías, de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia).
**Profesora Asociada de la Facultad de Psicología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia). Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Psicología Comunitaria y Doctora en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Introducción

La agudización de la crisis económica y financiera en España y Estados Unidos, dos de los principales destinos de la migración internacional colombiana a inicios del siglo XXI, acompañada por un endurecimiento de las políticas de migración y los controles migratorios de los países del norte han marcado nuevas dinámicas, estrategias y rutas para la población colombiana migrante internacional, que incluyen el retorno selectivo y escalonado de sus miembros a su lugar de origen, las nuevas migraciones hacia otros países europeos menos afectados por la crisis internacional como el Reino Unido y Bélgica (Pedone et al., 2012; Echeverri, 2014) y el desarrollo de nuevas rutas migratorias que se incrementan hacia países latinoamericanos como Argentina, Brasil y Chile (Echeverri, 2014). Al mismo tiempo, se experimenta un gran aumento de los solicitantes de refugio especialmente en Ecuador, y actualmente en Brasil, Chile y Costa Rica. Así, la última década del siglo XXI se constituye en el escenario donde se consolida la construcción de una red migratoria sur-sur, especialmente de mujeres y hombres afrodescendientes del Pacífico colombiano que se desplazan hacia Chile, y que cruzan las fronteras andinas en situación de vulnerabilidad jurídica, económica y social.

En la última década se ha incrementado la llegada de población colombiana migrante a Chile. Para el 2005 constituían el 2,4% de la población migrante y para el 2014 el 6,1% (25.038 personas) (Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2016). Según los datos es evidente el proceso de feminización de las migraciones colombianas sur-sur, tal como se presentó a finales del siglo XX en la conformación de la red migratoria de colombianas hacia España (Echeverri et al., 2013). Para el 2014, el 58,8% de la población colombiana en Chile eran mujeres, principalmente población joven, con un 75,2% de personas entre los 20 y 50 años, con baja presencia de niños/as (17,6%) y de población de 66 años o más (1,6%). Según el estatus jurídico de la migración colombiana para el 2014, el 16% tenía permiso de residencia definitiva, con un alto porcentaje de visa sujeta a contrato. Geográficamente se ha concentrado en la región Metropolitana con 61%. Sin embargo, en la última década, particularmente la región de Antofagasta se ha consolidado como destino, pasando de concentrar el 2,1% al 12,4% del total de la población colombiana en territorio chileno, con una alta presencia de mujeres y población joven entre 20 y 35 años. Esta es una región de tradición minera, donde se encuentran los mayores yacimientos cupríferos del país, tanto privados como estatales, con un alto dinamismo económico, pero al mismo tiempo, una de las zonas con el costo de vida más alto de Chile, y con una baja disponibilidad de suelos para la construcción de viviendas (Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2016).

A partir de las especificidades de esta red migratoria, se analizará la racialización de la experiencia migratoria en las trayectorias de la población afrodescendiente colombiana migrante forzada en Antofagasta, la reconfiguración de las representaciones que recaen sobre ellos/as y su relación con la producción de discursos políticos y sociales discriminatorios, racializados, sexualizados y excluyentes que en el marco del enfoque transnacional de las migraciones opera desde el origen y en el lugar de destino para la población afrodescendiente del Pacífico colombiano. Se destaca la vinculación del hecho de la migración colombiana con la situación de inseguridad y violencia en la ciudad de Antofagasta. A partir de este análisis se plantea cómo las potencias interculturales, como estrategias de resistencia e inclusión, se hacen esquivas a raíz de la naturalización que impide el reconocimiento y la articulación de la diferencia como condición básica para la inserción social.

La propuesta metodológica para la investigación se basa en el enfoque transnacional de las migraciones que continúa centrándose en el estudio de las migraciones sur-norte y ha prestado poca atención a las migraciones intrarregionales sur-sur. Así, se plantea un trabajo de campo multisituado, origen/destino, que interconectado a través de las redes de los que se van y los que se quedan, permite comparar las experiencias de los migrantes y los no migrantes y superar el nacionalismo metodológico que impregna el campo de los estudios migratorios que suelen tomar al Estado como contenedor natural de los procesos sociales (Glick, 2003). El análisis recoge los resultados preliminares del trabajo de campo realizado en origen (Buenaventura y Cali, Pacífico colombiano) y destino (Antofagasta, Chile) mediante observación participante, entrevistas en profundidad y grupos de discusión con migrantes colombianos y sus familias, entrevistas a funcionarios, especialistas, miembros de ONG, y la recopilación y análisis de documentos relacionados con las políticas migratorias. Se privilegia en el análisis la articulación entre múltiples marcadores sociales de diferencias, lo que permite pensar en clave de interseccionalidad (Piscitelli, 2008; Brah, 2006), develando el impacto que estos marcadores tienen en las trayectorias migratorias y las estrategias desplegadas por los/as migrantes.

Trayectorias migratorias de la población afrocolombiana a Chile: “Nosotros no migramos por billete”

Como ya han airmado algunas investigaciones llevadas a cabo con la población migrante internacional colombiana, ésta se ha conigurado de manera heterogénea a través de las diferentes posiciones en el campo social de los sujetos migrantes: motivos de la migración, regiones de procedencia y destino, clase socioeconómica, género, generación, nivel de estudios, entre otros (Guarnizo, 2008; Echeverri, 2010). Son diversos los motivos que llevan a la población colombiana a migrar, y que inluyen signiicativamente en los procesos de incorporación en las sociedades de llegada y en los vínculos que siguen estableciendo y manteniendo con sus sociedades de origen. Los sujetos migrantes se reconiguran dentro de campos sociales transnacionales, mediante la articulación de redes, actividades, estilos de vida e ideologías que engloban a la vez las sociedades de origen y de destino(Solé et al., 2007), y “estructuran la movilidad espacial y la vida laboral, social, cultural y política, tanto de la población migrante como de familiares, amigos y comunidades en los países de origen y destino/s” (Guarnizo, 2006: 81).

Grace Line, c. 1958

Al mismo tiempo, las trayectorias de la migración son diferentes según los contextos locales de origen y destino en el marco transnacional de las migraciones, lo que implica comprender los distintos modos y las dinámicas de su incorporación a través de las posiciones relativas de las ciudades dentro de los campos jerárquicos de poder, al sentar las bases diferenciadas para las oportunidades vitales y las probabilidades de incorporación de los/as migrantes (Glick y Çaglar, 2008).

Nuestro trabajo de campo en Antofagasta muestra cómo el Pacífico colombiano se constituye en la región por excelencia de donde proceden los/as migrantes colombianos/as que llegan a la ciudad, sumados a los que proceden de la zona cafetera, especialmente de ciudades limítrofes al Valle del Cauca. Mujeres y hombres afrodescendientes que se visibilizan dentro de un discurso racializado y sexualizado, que estigmatiza y vulnera sus condiciones de vida y el acceso a sus derechos, y que proceden de una región en Colombia donde aún siguen muy vivas las violencias y el conflicto armado. Tal como lo señala el informe Buenaventura: un puerto sin comunidad, el inicio del siglo XXI marcó para Buenaventura uno de los conflictos armados más intensos y degradados del país, coincidiendo con el incremento de la migración de población afrodescendiente del Pacífico colombiano al norte de Chile:

En el periodo 2000 a 2004 la guerrilla de las FARC, que tenía presencia en el territorio, emprende una escalada de sus acciones armadas y junto con la incursión de los paramilitares del Bloque Calima en el año 2000 se disparan casi todos los indicadores de violencia en el municipio (masacres, homicidios, asesinatos selectivos, secuestros y desplazamientos forzados). En el periodo comprendido entre 2005 y 2013 posterior al acuerdo de desmovilización establecido entre el Bloque Calima y el gobierno nacional en diciembre de 2004, la espiral de la disputa armada que se desarrolla en el territorio escaló, aumentando el número de GAI (grupos armados ilegales) en disputa, la mutación y ambigüedad de sus identidades y la degradación en la ejecución de los repertorios de violencia. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015: 16).

Se evidenció de esta manera que muchos de los/as migrantes colombianos/as que están llegando al norte de Chile, toman la decisión de migrar por factores relacionados con el conflicto armado, la persecución y la incertidumbre política generadas por la agudización de una guerra que aún está muy viva en algunas regiones de Colombia (Cárdenas y Mejía, 2006; Guarnizo, 2008; Echeverri, 2012, 2014). De esta manera, la migración internacional forzada se convierte para los/as colombianos/as en la perpetuación de las historias de desplazamiento forzado interno. Así lo relataba Rubi, mujer colombiana procedente de Nariño, que se desplazó forzadamente a Tuluá, Valle del Cauca, para proseguir hacia Antofagasta en el 2005.

Todos vivimos en el mismo campamento, en diferentes casas, hay blancos, morenos, hay gente de Cali, Buenaventura, Tumaco, Tuluá, de Armenia, de Pereira […] aquí en Antofagasta hay 4.880 [colombianos], en sólo Antofagasta hay ese poco de gente y hay muchos que están ilegales […]. Yo tengo la permanencia definitiva, porque nosotros estuvimos dos años en calidad de [solicitantes] refugiados […]. Yo soy desplazada [interna] porque yo soy de Nariño, de Boca Satinga Nariño, donde cortaban las cabezas, bajaban, subían y bajaban [los grupos armados]. Mis hijos son tulueños, pero yo soy de allá, yo pedí refugio en Tuluá, yo tengo mi carta de desplazada. (Rubi, mujer colombiana que migra forzadamente a Antofagasta en 2005, Antofagasta, 2015)

La población colombiana en Chile se asienta de manera diferenciada en las diferentes regiones. Los datos presentados por el informe Migración en Chile 2005-2014, muestran cómo los/as colombianos/as son la población que más solicita visados de estudio (18% para el 2014), con un predominio para la región Metropolitana donde se han otorgado 2.016 visas entre el 2005 y el 2014, y donde son las mujeres quienes vuelven a obtener el porcentaje más alto (Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2016).

Sin embargo, los datos muestran que es también la población colombiana la que presenta mayores porcentajes en las solicitudes de refugio, incrementándose del 78,13% para el 2005 al 84,2% de las solicitudes en el 2014. Geográficamente se asientan en la región Metropolitana (63,8%), y en las regiones del extremo norte, Antofagasta (9,6%), Tarapacá (7,7%), Arica y Parinacota (4,9%) (Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2016). A nivel sociodemográfico, la población solicitante de refugio se encuentra principalmente en edad económicamente activa, un 70,9% de ésta se ubica entre los 20 y 65 años, con un porcentaje de niños/as y adolescentes que alcanza un 26,6%, predominantemente de género masculino para el 2005 (57,3%), y se equipara para el 2014 con una tasa de participación masculina del 53,2%.

En esta línea, la migración internacional se constituye para los/as colombianos/as que llegan al norte de Chile, en la perpetuación de “la carrera del desplazamiento forzado” que inició años atrás en territorio colombiano1.

A nosotros nos desplazaron, porque estaba la guerrilla, los paras, estaban descuartizando mucho a la gente, a nosotros nos desplazaron de la tierra y cogieron todo y yo tuve que volarme, irme. (Petra, mujer colombiana que migró desde el puerto de Buenaventura a Antofagasta en el 2006, Antofagasta, 2015).

Al igual que ocurrió con la migración a España a inicios del siglo XXI, la configuración de esta red migratoria está liderada por mujeres que cruzan las fronteras para hacerse cargo de los procesos de reagrupación familiar de sus hijos/as y cónyuges. Son ellas los primeros eslabones de las cadenas migratorias (Pedone, 2006), que huyen para trabajar dos jornadas laborales al día, y así lograr conseguir el dinero para vivir y enviar remesas a Colombia, mientras implementan diversas estrategias para reagrupar a sus hijos/as. “Claro muchas mujeres dejan los hijos allá, porque con la doble jornada laboral que hay que hacer para lograr sostenerse y mandar dinero, quién se los cuida” (Carmina, mujer colombiana que migra de Buenaventura a Antofagasta en el 2005, Antofagasta, 2015).

La red migratoria liderada por mujeres y sus historias de reagrupación familiar en Antofagasta nos muestra un contexto de origen donde el conflicto armado colombiano sigue vivo, con diversas intensidades de escalamiento según las regiones, como el caso del Pacífico colombiano, donde las violencias imperan y los procesos de desplazamiento forzado interno e intraurbano de la población no cesan, en una lucha por el territorio.

El fenómeno del desplazamiento forzado en Buenaventura tuvo mayor incidencia entre los años 2012 y 2014 […]. Los desplazamientos masivos alcanzaron una cifra de 12.526 personas en las bases de datos del Registro Único de Víctimas en Buenaventura. (Elpaís.com, 2015: s/p)
Según el último reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Buenaventura, 2.791 personas y 853 familias que han tenido que abandonar sus viviendas durante los últimos 10 días por la compleja situación de orden público. (Semana.com, 2013: s/p)

Las narrativas de las mujeres migrantes afrodescendientes que proceden del Pacífico nos evidencian procesos de reagrupación familiar llevados a cabo por ellas, como estrategias de prevención de la vinculación y/o desvinculación de sus hijos, sobre todo los varones, a los grupos armados del conflicto colombiano.

Yo no quería que mis hijos se llegaran a involucrar y se criaran en el medio [de la violencia y el conflicto armado] y ese es uno de los temas por los cuales las personas se quieren venir, es por eso. Hay muchas personas que se tienen que venir porque las amenazan. (Carmina, mujer colombiana que migra de Buenaventura a Antofagasta en el 2005, Antofagasta, 2015)

Se llevan a cabo procesos de reagrupación familiar, donde los hijos varones son prioridad, en tanto llegan a edades en las cuales, según los/as migrantes, son cooptados forzadamente por los grupos que operan en los territorios de las violencias en Colombia. Es el caso de la familia Ramírez. Primero migra el padre, luego migra la madre e idean los planes para reagrupar a sus hijos, donde el acceso a la vivienda es un factor determinante en Antofagasta para iniciar los procesos de reagrupación familiar. Los/as colombianos/as al llegar, por lo general, alquilan una habitación muy costosa (entre 100.000 y 150.000 pesos chilenos al mes)2 , teniendo en cuenta que se insertan en franjas del mercado laboral donde el sueldo promedio es de 250.000 pesos chilenos (el sueldo mínimo mensual en Chile). Al llegar a Chile se rompe el imaginario construido transnacionalmente sobre la ciudad de Antofagasta como puerto y zona minera, que hace suponer a los/as migrantes que venir del puerto de Buenaventura y/o haber trabajado en la minería en Colombia les garantizará la entrada al mercado laboral minero chileno. La realidad es otra, no hay posibilidades para ellos/as en este nicho laboral, su lugar en el marco de la estratificación laboral es el sector de servicios.

[Trabajar en la minería] es difícil para los mismos chilenos. Ellos tienen que tener su cuarto medio, tienen que tener su curso de maquinaria pesada […] para poder entrar, si es que entran. Es que aquí todos [los colombianos] se creen mineros y no es así. Y la gente que: “Ve, amigo, recibime allá a ver si me conseguís trabajo en una mina”. ¿Perdón? No, despierte, eso no es que usted va a llegar y va a trabajar en la mina, tiene que hacer documentación para ver si algún día llega a trabajar en una mina, y los cursos tenés que pagarlos tú misma, si te vale 7 gambas, 700 mil pesos, tenés que pagar si querés […]. Hay colombianos que trabajan en la mina pero llevan 8 años acá, han hecho sus cursos, y trabajan allá, trabajan como contratistas y todo eso. Pero son pocos. (Charlie, migró a Antofagasta en el 2012 desde Cali, Antofagasta, 2015).

Para llevar a cabo los procesos de reagrupación familiar con un sueldo mínimo mensual en Antofagasta, y evitar que el conflicto armado y las violencias en Colombia les arranque de las manos a sus hijos/as, se trasladan a los campamentos. Así lo narraron una noche en un campamento de Antofagasta los miembros de la familia Ramírez:

Cada vez que iban subiendo los servicios, nos subían a nosotros también […] vivíamos en un cuarto los dos, yo estaba embarazada, ahí vivían 8 personas, uno de ellos era un ecuatoriano y tenía dos hijos […] pagábamos 90.000 pesos por cabeza […]. Yo le dije: “Negro con lo que pagamos acá podemos pagar un apartamento”. Pero él me dijo: “Mari un apartamento es pequeño y la idea es que nos traigamos a los muchachos, más que todo porque su hijo grande, usted sabe que Andrés [14 años] por allá ya están comenzando a llevarse a los pelaos, están comenzando a jalarse los chicos y a los chicos que no quieren juntarse con los ‘muchachos’3 a delinquir, los matan”. Entonces yo le dije: “Pues vámonos para el campamento entonces y miramos a ver cómo nos los podemos traer”. (Mari, mujer colombiana que migra a Antofagasta en el 2012, Antofagasta, 2015)

Las estrategias familiares para la reagrupación familiar se dibujan con marcas de género. Las madres le arrancan a la guerra a sus hijos varones. Así nos contó Johan, un joven de 20 años procedente de Buenaventura que llegó a Antofagasta en el 2014.

Yo me vine en realidad porque mi mamá me sacó de allá. Yo estaba muy intranquilo allá, estaba todo muy pesado. Yo allá era mecánico de motos, y no terminé el bachillerato. Me empezó a gustar mucho la calle […]. Mi mamá ya estaba radicada acá, ella se había venido hace cuatro años, se vino ella sola, ahora hace un año que yo estoy acá con ella […] es mucho más relajado vivir acá, acá no se escucha tanta violencia, ese pocotón de muertos. (Johan, joven colombiano migra desde Buenaventura en el 2014, Antofagasta, 2015)

Al mismo tiempo, ellas huyen de un contexto de violencia que las lleva a buscar refugio fuera de las fronteras nacionales. En el marco del conflicto armado colombiano, de las 7.620.114 víctimas registradas, 3.657.438 son mujeres, de las cuales, 438.906 han sido asesinadas, 72.910 han sufrido desaparición forzada y 9.892 han sido víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual (Registro Único de Víctimas, febrero del 2016). En esta línea, aunque algunos discursos intentan minimizar la relación entre migración internacional forzada, conflicto armado y violencias en Colombia, las trayectorias migratorias de la población colombiana afrodescendiente del Pacífico colombiano evidencian que nosotros “no migramos por billete”. Sus historias muestran la reproducción de las violencias en el contexto de la migración sur-sur, donde el proceso de racialización histórico de la población colombiana afrodescendiente, víctima del conflicto armado y las violencias, la expulsa, la niega, la excluye en cualquier lado de la frontera.

Cuerpos violentados aquí y allá: rebotados de las fronteras… sin refugio, sin reparación4

A pesar de las medidas tomadas por el Estado chileno para la atención a las personas refugiadas, como la creación en el 2005 de la Sección de Refugio del Departamento de Extranjería y Migración y el Instructivo Presidencial No. 9 del 2008 que imparte instrucciones sobre la Política Nacional Migratoria, y que en materia de refugio establece el deber de los organismos gubernamentales de generar fórmulas que permitan la atención adecuada a las especiales condiciones de vulnerabilidad que presentan las personas que solicitan refugio en Chile (Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2016), existe un alto porcentaje de personas colombianas que han migrado escapando de las violencias en la región del Pacífico, pero que no están reconocidas como refugiadas, en consonancia con las bajas tasas de resoluciones positivas para la concesión del refugio en Chile. Algunos informes reportan que los tipos de visa más otorgados en Chile fueron empleo (58%), otras (16%) y Mercosur (14%), donde las concesiones de refugio, las visas de ayuda humanitaria y por motivos familiares suman entre las tres apenas el 11% del total de visas otorgadas (Obimid, 2016). Un especialista en refugio nos contaba en Antofagasta:

Dato, de 100 familias que hacen la solicitud de refugio en Chile, 90 son rechazadas. O sea es bajísima la posibilidad que tienen de quedar como refugiadas. Yo tengo que también contarles eso a estas personas, no puedo quitarles la posibilidad de seguir trabajando, por una de refugio que dura 8 meses […] y pueden ser 2 años esperando la respuesta de solicitud de refugio […]. En la oicina de refugio de Antofagasta llevo desde el año 2013 unos 100 casos, y 3 han sido aprobados.(Entrevista a especialista de Refugio, ONG que ayuda a los migrantes a gestionar el refugio en Antofagasta, Antofagasta, 2015)

Los obstáculos para la obtención del estatus de refugiado y en esa línea, la visiblización y el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado colombiano que cruzan las fronteras colombianas para salvar sus vidas y las de sus hijos/as, son innumerables. En primer lugar, la Ley de Migración chilena, Decreto Ley 1094 de 1975, expresa en el artículo 13 la discrecionalidad que se otorga a los funcionarios para decidir quién entra a territorio chileno y en qué condición jurídica lo hace:

Las atribuciones que correspondan al Ministerio del Interior, para el otorgamiento de visaciones, para las prórrogas de las mismas y para la concesión de la permanencia definitiva serán ejercidas discrecionalmente por éste, atendiéndose en especial a la conveniencia o utilidad que reporte el país para su concesión y a la reciprocidad internacional, previo informe de la Dirección General de Investigaciones. (Chile, 1975, Decreto Ley 1094, art. 13)

La discrecionalidad permite a los funcionarios de turno decidir en las fronteras a quién permiten el ingreso y a quién no, sobre la base de estigmas y estereotipos racializados, sexualizados y generizados construidos sobre la población migrante colombiana. Algunas investigaciones muestran

[…] la denegación masiva de solicitudes de entrada, sin que haya una explicación desde el Estado que justifique este proceso, como el año 2013, cuando estas aumentaron un 33% respecto al año anterior (Rodríguez y Díaz, 2013). La Oficina de Servicio Jesuita a Migrantes en la ciudad peruana de Tacna ha atendido a más de 300 migrantes en el 2013 y ha escuchado relatos y testimonios de mujeres y hombres peruanos y colombianos a quienes se les ha denegado el ingreso a Chile en el control fronterizo de Chacalluta, pese a que portaban la documentación exigida legalmente. Los migrantes han denunciado junto a la oficina la existencia de criterios discriminatorios y que, según mencionan, parecen atender a la selección fenotípica-racial. (Pérez et al., 2015: 51)

Algunos de los obstáculos que han tenido los/as migrantes para cruzar la frontera, y ser reconocidos como refugiados, fueron narrados por un especialista en refugio de la ciudad de Antofagasta:

Tenemos una ley antiquísima de migración, que fue dictada en tiempos del golpe militar de Chile, entonces nos enclaustramos en el país, y esa es la que rige hasta hoy, que se ha modificado un poco, sí, pero no enteramente, falta mucho todavía. Quienes están encargados de ahí son funcionarios de la PDI, Policía de Investigación, ellos son los encargados de eso, son la policía de frontera, ya sea aeropuerto, puerto o fronteras terrestres, y pasa por el criterio de ellos si una persona entra o no, a discreción del funcionario que esté en ese momento […]. Con eso hasta ahí, llega un migrante colombiano que lleva dos o tres días, o una semana incluso para llegar, porque mencionémoslo, una persona que está forzada no se prepara, y no va con dinero, y eso quiere decir que tienen que hacer dedo en la carretera, y esa vulnerabilidad de la migración forzada es doble si se es mujer, más riesgosa. Tenemos la condición de que tienen que pasar por dos países ajenos, que es Ecuador y es Perú, y si no los dejan pasar por la frontera de Perú, saltan a Bolivia, porque ese es el recorrido que hacen […]. Hay mucha gente rebotada, y se pasan el dato, antes de llegar a Desaguadero, que es la frontera entre Perú y Bolivia, que es terrible […] hay mucho tráfico. Entonces llegan acá y no se van a devolver, intentan pasar por Bolivia, y si en Bolivia nuevamente salen rechazados, entran irregulares. Y si ha ingresado irregular, tienen toda la disponibilidad para solicitar el refugio. Chile está obligado por el convenio de Viena, de Ginebra, de Cartagena, pero el primer choque es el funcionario […]. Entonces quedan irregulares y se aplican las multas [otro obstáculo es] que las personas que se alejan repentinamente de su país vienen sin documentación que certifique lo que él está verbalizando […]. En América Latina nos encantan los documentos […]. Antes el funcionario les revisaba y les decía: “No, con estos papeles no puede pedir refugio”, o si no les caía bien, o por el color de la piel […]. Eso se cambió, ahora está trabajando la jefa del Departamento de Extranjería, donde ella está haciendo el procedimiento y no el Departamento de Jurídica […]. Otra que tenemos, es que si vienen con la tarjeta andina que dice turismo, se supone que vienen con la idea preconcebida de turismo, y que una vez aquí adentro se encontró con el refugio, pero entró como turista. Pero también hay personas que en la tarjeta de turismo ponen “otra”, pero no solicitan el refugio en la frontera, por miedo. (especialista de Refugio, ONG que trabaja con refugiados en Antofagasta, Antofagasta, 2015)

Rubi nos contó cómo después de dos años de solicitar el refugio en Chile, se lo negaron, ante lo cual los migrantes forzados iniciaron la gestión de sus estatus jurídicos a través de otro tipo de visados, perdiendo todos sus derechos de ser reconocidos como víctimas del conflicto armado en Colombia y como refugiados en Chile. Entraron así a engrosar las estadísticas de una supuesta “migración laboral”. “Yo nunca he recibido nada de Colombia, me refugié y nunca recibí nada, no me dieron nada, y acá solicité el refugio y me lo negaron a los 2 años, así que tuve que hacer papeles [visa sujeta a contrato]” (Rubi, mujer colombiana que migró forzadamente a Antofagasta en 2005, Antofagasta, 2015).

Sabena,1950 | Marcel Cros o Pub. C.

La población afrodescendiente víctima del conflicto armado colombiano se violenta aquí y allá. En Chile se les niega el derecho a refugiarse, al mismo tiempo que algunos de los/as migrantes entrevistados/as reportaron no tener información sobre su derecho a ser incluidos en los procesos de reparación integral para las víctimas en el exterior en el marco de la Ley 1448 —Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del 2011—, a pesar de que en dicha Ley, el Estado colombiano se compromete a adoptar, entre otras, garantías de no repetición como la difusión de la información sobre los derechos de las víctimas radicadas en el exterior (Garantías de no Repetición, Ley 1448 de 2011, artículo 149). La misma Rubi, a quien le negaron el refugio en Chile, nos contó:

“¿Y usted sabe de sus derechos como víctima, sabe de una tal Ley 1448, que usted se puede registrar, y que tiene derecho a la reparación integral por parte del Estado Colombiano?”. Rubi: “No, a mí nadie me ha dicho nada. Yo he estado en el consulado y nadie me ha dicho nada”. (Rubi, mujer colombiana que migró forzadamente a Antofagasta en el 2005, Antofagasta, 2015)

En este sentido, a pesar de que Acnur reporta que hay 500.000 refugiados colombianos en los países circundantes, solo una parte de ellos están registrados como refugiados y reciben servicios y protección jurídica (Gugliemelli, 2011). Al mismo tiempo, estas cifras contrastan con las 5.152 declaraciones recibidas por los consulados colombianos en 36 países, lo que ha permitido la inclusión de 7.127 personas víctimas del conflicto armado en el exterior en el Registro Único de Víctimas. Los países desde donde más declaraciones se han recibido son, a saber: Ecuador (1171), Canadá (909), Estados Unidos (870), Venezuela (644) y España (496) (Unidad para las Víctimas, Registro Único de Víctimas, 3 de septiembre del 2016).

Mientras tanto, los/as migrantes forzados/as colombianos/as afrodescendientes navegan en un limbo que los revictimiza a ambos lados de la frontera. Negados allí, no reconocidos acá, siguen huyendo de la violencia y resistiendo a la muerte física y simbólica de su existencia.

“De pellizquito de la buena suerte a colombianos culiaos”: las representaciones y los discursos sobre los colombianos en Chile

Ante las barreras materiales y simbólicas que se levantan cada vez más en territorio chileno para la entrada y la incorporación social, cultural, política y económica de la población colombiana migrante, se configura un sistema de discriminación donde operan relaciones de poder de género, etnia, motivos de migración, clase socioeconómica, nacionalidad, entre otras, reforzadas por una política migratoria y un discurso político en origen y destino que coadyuva al reforzamiento de los estigmas, la discriminación y la exclusión. Como ya lo han afirmado algunas investigaciones, la migración se convierte en problema social a ambos lados de la frontera (Echeverri et al., 2012) y se generan en los contextos migratorios discursos políticos y sociales que actúan como políticas de enunciación que profundizan o restringen las prácticas transnacionales (Pedone y Gil, 2008; Bernhard et al., 2009), el reconocimiento y acceso a los servicios públicos y la incorporación social, política y cultural en ciudades localizadas.

En la última década, en Antofagasta se han modificado las representaciones sociales construidas alrededor de la llegada de la migración colombiana. Se configura la migración como un problema social, con discursos que asocian la migración colombiana con la violencia, sujetos indeseados que cargan con estigmas que se configuran alrededor de las marcas de una otredad racializada. Sus narrativas muestran cómo la población afrodescendiente del Pacífico colombiano que llega a Antofagasta pasó de ser “pellizquitos de la buena suerte a colombianos culiaos” en los últimos diez años. De la exotización a la estigmatización y la exclusión:

Cuando yo llegué a Antofagasta era muy raro ir por la calle y los chilenos pasaban y me pellizcaban. Yo no entendía y decía: “Ahhhh, pero mirá estos, ¿por qué me pellizcan?”. A mí me contaron, que ellos nos pellizcaban porque los negros, así los de color, éramos de buena suerte, no habíamos muchos. Y pasaban y nos daban el pellizquito de la buena suerte,¡pa’ ellos claro! [Risas]. Ahora pasamos de “pellizquito de la buena suerte a colombianos culiaos” [Sic]. (Blanca, mujer negra colombiana que migra a Antofagasta en el 2003, Antofagasta, 2015).

El racismo, la discriminación y la exclusión se expresan con más fuerza sobre las mujeres tanto en origen como en destino. Según reconoce la Corte Constitucional en el Auto 092 del 2008, las mujeres sufren riesgos desproporcionados en el marco del conflicto armado, entre los que se encuentran: riesgo de ser víctimas de violencia sexual, explotadas laboralmente, tener que desplazarse para evitar el reclutamiento de sus hijos/as, recibir señalamientos o retaliaciones derivadas de su parentesco, contacto o relaciones personales con los diversos actores armados, ser perseguidas políticamente, ser asesinadas en medio de las estrategias de control territorial que ejercen los actores armados, ser despojadas de sus tierras y de su patrimonio con mayor facilidad, así como vivir una discriminación acentuada si son mujeres afro o indígenas (República de Colombia, Corte Constitucional, Auto 092 del 2008).

Las mujeres colombianas nos contaron en Antofagasta cómo son discriminadas y violentadas por los funcionarios públicos tras su llegada a Chile, y posteriormente por la sociedad antofagastina en general:

Entonces el funcionario me dijo: “Ojalá todos vinieran y dijeran eso, pero dicen que vienen por turismo y se vienen a quedar o muchas mujeres vienen solas y dicen que vienen por turismo y se quedan prostituyendo, haciendo cosas malas en el país, entonces por culpa de otros compatriotas suyos, pueda ser que venga gente honrada y que quieran trabajar, pero los devolvemos por ellos”. (Mari, mujer colombiana de Cali que migró a Antofagasta en el 2014, Antofagasta, 2015)
En el aeropuerto nos dicen [los funcionarios] a las mujeres: “Porque mejor no se va a putiar a su país”. ¿Usted cree que eso nos es una humillación? (Carmina, mujer colombiana que migró de Buenaventura a Antofagasta en el 2005, Antofagasta, 2015)

Los discursos sociales y políticos que asocian delincuencia y violencia con la migración colombiana han exacerbado en los últimos años la interpretación de la presencia migrante negra como un problema social en Antofagasta. Dicho discurso social está alimentado claramente por un discurso político oficial. El 26 de septiembre del 2015 se llevó a cabo en el centro de Antofagasta una manifestación, convocada por el colectivo “Antofa Segura”, que según sus integrantes es una agrupación no política. En la manifestación contra la violencia en Antofagasta participaron la diputada Paulina Núñez y la alcaldesa Karen Rojo. “Minutos después de iniciar los discursos, era clara la asociación que se hacía entre la presencia migrante y la violencia en Antofagasta, con un marcado énfasis hacia la población colombiana” (notas de campo, marcha contra la violencia en Antofagasta, septiembre del 2015).

Pan American World Airways, 1950´s

El discurso de la alcaldesa en la manifestación expresa claramente la asociación entre migración y violencia, haciendo un llamado a la ejecución de las órdenes de expulsión que se han dictado contra la población migrante.

[…] Tenemos un clima muy hostil de violencia que tiene relación con la delincuencia, y el objetivo en esta oportunidad tiene que ver con el único objetivo de poder mejorar este clima de desconfianza en nuestra comunidad a través de esto, de qué manera nosotros mejoramos la delincuencia en nuestra ciudad [sic]. Nosotros como municipio hemos hecho todas las gestiones pertinentes para poder hacer entender, desde la presidenta de la República hasta el intendente, lo necesario de hacer una reforma a la Ley Migratoria. Esta reforma migratoria está pidiendo cosas concretas mínimas, como por ejemplo de que revisen que las personas que tienen algún antecedente penal no ingresen a nuestro país. Algo que es bien importante, que también les den dignidad a los propios inmigrantes, de buscar su visa de trabajo desde su país de origen y que no tengan que venir acá a deambular, a buscar, a ver si realmente aquí consiguen trabajo, porque eso genera una sensación de angustia para su familia y genera un gran problema para nosotros como sociedad. Otra cosa importante es que le hemos pedido encarecidamente al intendente que haga la orden de expulsión hoy día, en este momento que esta decena de personas están deambulando en esta ciudad y tienen orden de expulsión. Es decir, muchos de esos seguramente son personas delincuentes y que están de manera irregular y que no tienen que estar aquí en esta ciudad. Por eso esta angustia, esta manera enfática de señalar esta semana que la propia presidenta a través de su gobierno, aquí en nuestra región realice estas órdenes de expulsión. (Discurso alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, marcha contra la violencia, Antofagasta, 2015)

El anuario Migración en Chile 2005-2014 presenta los datos de expulsiones administrativas dictadas en este periodo de tiempo. Históricamente, han sido peruanos y bolivianos quienes registran un mayor porcentaje de expulsiones (75,8%), en consonancia con su mayor presencia en el país. Para el 2014, las expulsiones de peruanos y bolivianos han disminuido, mientras aumentan exponencialmente las de los colombianos, quienes presentan el 39,1% de las expulsiones (Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2016). De esta manera,

[…] el “régimen internacional de refugio” es inseparable del orden nacional de las cosas, y en su tarea de clasificar —y segregar— los tipos de desplazamiento y de prescribir correctivos, está justamente buscando “solución” al problema de fondo, que los refugiados y otros migrantes forzados salgan de las fronteras de su propio país para después continuar su tarea de encontrar “solución”, para más temprano que tarde retornar a estas poblaciones a la normalidad, como ciudadanos de un Estado-nación en su país de origen —repatriación—. (Naranjo, 2015: 291)

Así, los derechos de los/as migrantes fragmentados y estratificados según la normativa migratoria, se acompañan de la intensa criminalización de los/as migrantes irregulares y de los/as solicitantes de refugio, que son configurados como amenazas. Sin embargo, estas situaciones de violencia que enfrentan los/as migrantes se configuran a partir del racismo y la sexualización en tanto dispositivos históricos de inscripción en el cuerpo de estigmas de raza, sexo, nación y clase (Tijoux y Palominos, 2015).

Los procesos de racialización y sexualización pueden comprenderse como prácticas sociales mediante las cuales se producen marcas o estigmas sociales de carácter racial y sexual, derivados del sistema colonial global y la conformación de identidades nacionales chilenas e inscritos en los cuerpos de subalternas y subalternos. Mediante estas prácticas determinados rasgos corporalizados son considerados jerárquicamente inferiores frente al “nosotros”, impactando epistemológicamente en la construcción de subjetividades, y justificando distintas formas de violencia, desprecio, intolerancia, humillación y explotación en las que el racismo y el sexismo adquieren una dimensión práctica en la experiencia de las comunidades de inmigrantes en Chile. (Tijoux y Palominos, 2015: 254)

La migración se ha convertido en un asunto de seguridad pública, donde la constante invocación de los peligros para el orden público y la estabilidad causada por abusos criminales y terroristas es parte de una vigilancia tecnócrata y política general de la sociedad y de la militarización de la migración (Andreas y Snider, 2000; Gil, 2005, 2006). De esta manera, la vigilancia no sólo ocurre en las fronteras, sino también en los controles internos de la identidad, basados en su visibilidad y diferenciación (Yuval-Davis et al., 2005).

Notas finales

El trazado de las redes migratorias de la población latinoamericana se ha reconfigurado en la última década. Las barreras migratorias y los controles fronterizos del norte global han generado nuevos movimientos migratorios hacia y entre países de América Latina, donde, entre muchas otras, se consolida la construcción de una red sur-sur, especialmente de mujeres y hombres afrodescendientes del Pacífico colombiano que se desplazan forzadamente hacia Chile, cruzando las múltiples fronteras materiales y simbólicas que a su paso se van dibujando en un largo corredor migratorio andino, que algunos llaman el corredor de la muerte.

Sin embargo, y a pesar del fortalecimiento de estas migraciones intrarregionales, los estudios desarrollados desde la perspectiva transnacional continúan centrándose en el estudio de las migraciones sur-norte, y han prestado poca atención a los movimientos que se suceden en las migraciones intrarregionales, a pesar de que en el caso chileno, cerca del 70% de los migrantes provienen de Sudamérica (Departamento de Extranjería y Migración, 2016). Llama la atención la escasa disponibilidad de estudios que se refieran específicamente a las colectividades colombiana y ecuatoriana en Chile (Cano et al., 2009), y a los muy pocos trabajos que se desarrollan desde Colombia, sobre todo desde el enfoque transnacional. Esto reduce la comprensión de la migración intrarregional al problema del estudio de la “inmigración”, donde poco o nada se conoce de esos contextos de origen de donde provienen esos “otros” que a toda costa se excluyen en el marco de un proceso de racialización y sexualización que sirve como plataforma para seguir violentando cuerpos, aquí y allá.

La investigación devela que los/as migrantes forzados/as internacionales afrodescendientes que proceden del Pacífico colombiano y que llegan al norte de Chile despliegan diversas estrategias para seguir huyendo de un contexto de origen marcado por el conflicto armado y las violencias, en el marco de un desplazamiento forzado interno que inició años atrás en su territorio de origen. Las mujeres son quienes están consolidando la red migratoria a través de procesos de reagrupación familiar como estrategia para la prevención de la vinculación y/o desvinculación de sus hijos/as en relación con los grupos armados, que los cooptan forzadamente.

Sus historias muestran al mismo tiempo cómo los Estados-nación de origen y destino niegan el reconocimiento de los derechos de los/as migrantes, como víctimas del conflicto armado colombiano y como refugiados/as en Chile. Ellos/as pasan así a engrosar las estadísticas de la migración laboral, y pierden de paso todos sus derechos a la reparación integral como víctimas de una guerra que les ha quebrado la vida de infinidad de maneras.

En Antofagasta se han modificado las representaciones sociales construidas alrededor de la llegada de la migración colombiana. La figura del inmigrante se trata como un problema social, con discursos que asocian la migración colombiana con la violencia. La discriminación se configura en la articulación entre múltiples marcadores sociales de diferencias, como el género, la etnia, la clase socioeconómica, la raza, la nacionalidad de origen, entre otros. Las mujeres migrantes colombianas negras cargan los estigmas que se configuran alrededor de las marcas de una otredad racializada y sexualizada. Sus historias de violencias y dolor que vivían en su país de origen se perpetúan en tierra chilena.

El racismo no se queda sólo en prácticas discursivas. Los obstáculos para entrar a Chile e incorporarse social y políticamente al país son innumerables: “Rebotados en las fronteras”, denegaciones del estatus de refugiados, discrecionalidad de la política migratoria para el acceso a los permisos de residencia, aumento del porcentaje de cartas de expulsión, entre muchas otras. Expulsiones y violencias que ellos/as viven a ambos lados de la frontera.

Notas

  1. “En Colombia, el desplazamiento forzado —delito de lesa humanidad— es un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida al control de territorios estratégicos. Esta última característica evidencia que, más allá de la confrontación entre actores armados, existen intereses económicos y políticos que presionan el desalojo de la población civil de sus tierras y territorios” (GMH, 2013: 71). A 1 de septiembre del 2016 se reportan 6.937.205 personas víctimas de desplazamiento forzado interno en el Registro Único de Víctimas (RUV).

  2. Aproximadamente 190 euros mensuales.

  3. Muchachos es la acepción con la que se designaen las regiones colombianas a los integrantes de los grupos armados.

  4. Se les llama rebotados en los pasos fronterizos a los/as migrantes a los/as cuales se les niega el acceso al territorio chileno. Los tres países con más migrantes rechazados son Haití, República Dominicana y Colombia, que en su mayoría son afrodescendientes, lo que evidencia una arbitrariedad en su exclusión.

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