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Hegemonía y polarización en Bolivia. El primer año del gobierno de Evo Morales y el conflicto en Cochabamba

Hegemonia e polarização na Bolívia. O primeiro ano do governo Evo Morales eo conflito em Cochabamba

Hegemony and polarization in Bolivia. The first year of the Evo Morales government and the conflict in Cochabamba

Marlene Choque Aldana*


* Socióloga y Comunicadora Social; Magister en Ciencias Sociales por FLACSO-México; candidata a Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de México. Profesora de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, Cochabamba - Bolivia. Becaria de CLACSO-Asdi en la categoría de semisenior. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.


Resumen

Un conflicto sucedido en el departamento de Cochabamba al concluir el primer año de gobierno de Evo Morales evidencia la polarización existente en Bolivia, alrededor del proceso constituyente y la demanda de autonomías departamentales. Si bien el gobierno tuvo varios éxitos de gestión, las oscilaciones entre matrices de acción y discursos no armonizados en el seno del partido oficialista y los movimientos que lo respaldan plantearon desafíos políticos que continúan irresueltos.

Palabras clave: movimientos sociales, gestión gubernamental, Evo Morales, conflictos sociales, hegemonía, polarización política.

Resumen

Um conflito sucedido no departamento de Cochabamba ao concluir o primeiro ano de governo de Evo Morales evidencia a polarização existente na Bolívia, al redor do processo constituinte e a demanda de autonomias departamentais. Apesar de o governo ter tido vários êxitos de gestão, as oscilações entre matrizes de ação e discursos não harmonizados no seio do partido oficialista e os movimentos que o apóiam abordaram desafios políticos que continuam sem solução.

Palavras-chaves: Movimentos sociais, gestão governamental, Evo Morales, conflitos sociais, hegemonia, polarização política.

Resumen

A conflict placed in the department of Cochabamba (Bolivia) by the end of the first year of government of Evo Morales, is evidence of the polarization that exists in Bolivia, around the Constituent Assembly and the claim for departmental autonomy. Though the government had some successes in its managements, the oscillations among action matrixes, and un-harmonized discourses in the core of the official party and the movements that support it, arouse political challenges that are yet unsolved.

Key words: social movements, governmental management, Evo Morales, social conflicts, hegemony, political polarization.


Introducción

Ha pasado poco más de un año desde los históricos comicios que convirtieron al dirigente cocalero Evo Morales en presidente de Bolivia. Además del 54% de votación obtenido a nivel nacional, su partido, el Movimiento Al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), ganó las elecciones rotundamente en todo el departamento de Cochabamba, plaza fuerte del movimiento cocalero, perdiendo solamente una de las diez diputaciones de circunscripción uninominal. Hoy, en la luminosa tarde del 11 de enero del 2007, se distingue una muchedumbre agitada que intenta abrir el frágil cerco policial que protege la Plaza de las Banderas, en el norte de la capital departamental. Son habitantes de la ciudad, sobre todo jóvenes de las zonas más acomodadas, que salieron en una marcha “pacífica” con la intención de “defender la democracia” y ahora asedian la plaza. Muchos portan bates de béisbol, bastones de artes marciales, mangos de herramientas de labranza y la determinación manifiesta de dar un escarmiento a los cocaleros –vistos como invasores o intrusos–, que junto con otras organizaciones campesinas ocupan con sus movilizaciones el centro de la ciudad desde hace una semana.

En la plaza están los cocaleros, hombres y mujeres, esperando en tensión el inicio inevitable de la lucha. El ímpetu de los “defensores de la democracia” rompe el endeble cerco y se desata un combate que hace retroceder a los campesinos varias cuadras hasta la plaza principal. El saldo de la ominosa refriega –el más violento enfrentamiento entre civiles ocurrido en una ciudad desde la recuperación de la democracia– incluye dos muertos (un joven citadino y un campesino cocalero), más de dos centenares de heridos y el arraigo aparentemente irrevocable de la intolerancia y la incertidumbre en el departamento.

Si bien este episodio podría entenderse aislada o localmente como consecuencia de la reacción de parte de la población urbana ante la ocupación del espacio público por los campesinos, o como el aflorar del racismo y la discriminación que existen latentes en la sociedad cochabambina, más ampliamente se explicaría en función de la polarización que acusa la política boliviana en general. Aunque la polarización reduce la complejidad de los problemas y conduce a la esquematización de los grupos en amigos y enemigos, el contexto no deja de ser complejo, sobre todo si además de las posiciones de cada actor político se toman en cuenta los aspectos deficitarios de la institucionalidad, que permite el planteamiento de conflictos y no presenta vías de solución. En este artículo trataremos de resaltar algunos de los elementos que arman el contexto en el que se desarrolló el primer año de gobierno de Evo Morales y el MAS-IPSP en Bolivia. Sobre la base del caso extremo que constituye el conflicto de enero del 2007 en Cochabamba, rastrearemos las dificultades que los movimientos que conforman el MASIPSP deben enfrentar en su paso de movimiento a partido, de fuerza local a propuesta nacional y de oposición a gobierno.

El contexto de la llegada del MAS-IPSP al poder

El resultado de las elecciones de diciembre del 2005 dio solución de continuidad formal a un “modelo” que imperó durante dos décadas en Bolivia combinando la “democracia pactada” y las políticas económicas neoliberales, luego del colapso económico y político del primer gobierno que siguió a la reinstauración de la democracia (1982-1985). La estabilidad política que los pactos parlamentarios daban a los gobiernos de turno connotó la preeminencia de los espacios institucionales, la continuidad de los procesos electorales y la asunción, por parte de los partidos políticos, del papel mediador que las leyes preveían. También significó, sin embargo, la obsecuencia del poder legislativo frente al ejecutivo; el olvido de criterios ideológicos y programáticos en función de “administrar el modelo”; la distribución de “cuotas de poder” entre los partidos pactantes, que generaba un escenario apto para el patrimonialismo y el tráfico de influencias; un alejamiento creciente e insalvable de la “clase política” –instituida en dueña del sistema político– en relación con la población en general, y un deterioro de la política como espacio y como acción.

La estabilidad económica que siguió al shock neoliberal debeló el fantasma de la hiperinflación pero sacrificó los derechos laborales y sociales de cientos de miles de trabajadores y desempleados, generando inseguridad y la búsqueda de salidas por cuenta propia sin ninguna protección estatal. Más adelante, la privatización de las empresas públicas y el establecimiento de ventajas excesivas e inclusive anticonstitucionales a la inversión extranjera contribuyeron al deterioro de la economía nacional y a la armazón de un entramado institucional con amplias rendijas para la corrupción de cuello blanco.

La anteriormente vigorosa movilización social, que en el convulso período de la transición, en el cruce de las décadas de los años setenta y ochenta, podía doblegar las decisiones de un gobierno, vivió entre 1985 y 2000 una etapa de reflujo. Al terminar ese lapso, se dio una inflexión en la acción colectiva y sobre todo en su impacto en la política (Tapia, 2000), cuando se desencadenó una serie de protestas iniciadas en Cochabamba. La “Guerra del Agua” cochabambina y después los prolongados bloqueos de caminos en el altiplano aymara resaltaron las condiciones inicuas de la privatización de servicios básicos y el déficit de representatividad de los miembros de la clase política.

En 2002 el MAS obtendría un sorpresivo segundo lugar en las elecciones generales, marcando con su numerosa presencia parlamentaria la declinación de la democracia pactada. En febrero del 2003 un enfrentamiento entre el ejército y la policía expresó –tras dos días de combate y más de treinta muertos frente a los palacios de gobierno y legislativo– la pérdida de legitimidad de la violencia estatal. En octubre del mismo año la resistencia social frente a la política de exportación de hidrocarburos que pretendía impulsar el gobierno concluyó con la renuncia del entonces presidente Sánchez de Lozada y el establecimiento tácito de la “Agenda de Octubre” (defensa de los hidrocarburos, asamblea constituyente), luego de una semana sangrienta que costó alrededor de setenta vidas.

La renuncia de Sánchez de Lozada abrió un período de incertidumbre que duraría hasta las elecciones de diciembre. Sin nitidez, aunque con mucha esperanza, se vislumbraba la apertura de un nuevo ciclo político, una rearticulación de las relaciones entre el Estado, la sociedad y la esfera económica, con un papel estatal mucho más vigoroso que en la etapa del neoliberalismo y sin el protagonismo pernicioso de la “clase política” tradicional. Tras lapsos críticos que terminaron canalizándose en los cauces institucionales (el orden constitucional se mantuvo firme a pesar de las renuncias de dos presidentes y de los intentos de algunos políticos “tradicionales” de obstaculizar jurídicamente la realización de elecciones), existía disponibilidad social para el cambio. La misma institucionalidad se fortaleció con la reforma constitucional que introdujo el referéndum, la iniciativa ciudadana y la posibilidad de presentar candidaturas sin partido político, mediante agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.

Simultáneamente, resurgían con fuerza los movimientos cívicos de los departamentos de tierras bajas (que junto al departamento sureño de Tarija conforman la llamada “media luna” de Bolivia). En Santa Cruz, sobre todo, las entidades empresariales y cívicas se articularon alrededor de la demanda de autonomía departamental, que en sus versiones extremas reclaman la calidad de “Estado libre asociado” a Bolivia y en sus versiones oficiales o más moderadas demandan una profundización de la descentralización. A principios del 2005, el movimiento cívico cruceño obtuvo del presidente Mesa, que sucedió a Sánchez de Lozada, el compromiso de convocar a elecciones para nombrar prefectos departamentales (atribución que aún hoy es prerrogativa presidencial) y a un referéndum para establecer autonomías departamentales.

Avances y desplazamientos del movimiento campesino y el MAS-IPSP

Las elecciones generales del 2005 debían designar al presidente y vicepresidente de la república, a diputados y senadores. Al mismo tiempo se llevó a cabo la primera elección de prefectos departamentales. El MAS-IPSP llegaba a los comicios con diez años de vida y con el respaldo de decenas de organizaciones sobre todo campesinas e indígenas y la esperanza de convocar el apoyo complementario de las clases medias urbanas. Los diez años eran la continuidad de la trayectoria del movimiento campesino, principalmente de los cocaleros, que habían resistido las duras políticas de represión del cultivo de coca desde mediados de los años ochenta y habían decidido plantear una alternativa partidaria propia, un instrumento político dependiente de las decisiones de las organizaciones sociales. La reforma municipal de 1994 dio a los campesinos la oportunidad de participar en elecciones locales, acceder a la representación política y al gobierno en el nivel municipal y así ganar una experiencia valiosa en la gestión gubernamental.

La historia reciente de una parte del movimiento campesino –continuada en la historia del MAS-IPSP– puede sintetizarse en tres cruces de fronteras o cambios de escenario. Primero, la decisión de formar el instrumento político significó la opción de crear (o convertirse en) un partido dependiente de las organizaciones sociales principalmente rurales. En función de la legislación entonces vigente, este salto al terreno institucional significó también un salto de lo local a lo nacional (solamente existían partidos nacionales) y la necesidad de arraigarse más allá de los sectores de influencia directa de los sindicatos cocaleros o las federaciones campesinas. En tercer lugar, las victorias electorales obligaron un paso del ejercicio de la oposición (institucional y extrainstitucional) al ejercicio del poder. En cada caso se plantean problemas que el MAS-IPSP no resolvió plenamente (Córdova, 2004). Su primer año de gobierno confirma que la creación de un partido no representó dejar de ser movimientos sociales; ganar elecciones nacionales no significó mecánicamente la extrapolación de la “democracia sindical” local a mayores escalas; en tercer lugar, a pesar de llegar al gobierno nacional, los movimientos masistas ejercen la oposición en los departamentos con prefectos contrarios al MAS-IPSP.

El primer año de gestión gubernamental y el conflicto de Cochabamba

El MAS-IPSP llegó al poder asumiendo con seriedad varios desafíos: la realización de la asamblea constituyente, la recuperación de los recursos naturales –compromisos incluidos en la “Agenda de Octubre”– y, más ampliamente, la reorientación de la economía, la recuperación del papel director de la política y la inclusión sin discriminación de las mayorías indígenas en la vida social, económica y política del país. En cuanto a la política, las relaciones con el parlamento, los movimientos sociales y los prefectos se perfilaban como claves en el desarrollo del gobierno (Mayorga, 2006).

El reto simbólicamente más amplio era la realización de la asamblea constituyente, que potencialmente consagraría la inclusión igualitaria de todos los bolivianos, negada a lo largo de la vida republicana. La asamblea era planteada por Morales como una refundación (una asamblea originaria), en la que participarían todos los que habían sido excluidos de la primera fundación de Bolivia. En su primer discurso presidencial se comprometió a inaugurar la asamblea en el aniversario patrio, el 6 de agosto de 2006.

Desde el inicio de su administración, el presidente introdujo varias novedades en la política boliviana. Al margen de elementos secundarios como una mayor cercanía con la población o la propia composición del gabinete ministerial (con mayor proporción de mujeres y miembros de las organizaciones de base que conforman el instrumento político), Morales trató de dignificar las relaciones con la cooperación internacional (que anteriormente imponía condiciones casi vergonzosas) y con los inversionistas que privatizaron las empresas estatales. La nacionalización de los hidrocarburos –el control accionario del Estado en las empresas y la recuperación de la mayoría de la renta para el país– fue criticada por varios sectores con criterios diversos pero demostró su efectividad. Mientras unos la acusaban de no ser “realmente” una nacionalización, otros la consideraban inviable, asegurando que las empresas transnacionales preferirían dejar el país a firmar nuevos contratos menos convenientes que los anteriores. Las empresas accedieron a la modificación de los contratos y ello significó la continuidad de la inversión y el incremento de los aportes de la renta de esta industria a las arcas estatales, de tal suerte que por primera vez en treinta años existe superávit fiscal.

Este primer año estuvo marcado por los desplazamientos o cambios de escenario señalados anteriormente. Al iniciar 2006, por ejemplo, Morales fue ratificado en la presidencia de la coordinadora de las federaciones de productores de coca de Cochabamba, reafirmando su compromiso con los “movimientos sociales” pero restando posibilidades a su liderazgo nacional, que es incontrastable aunque podría ser más amplio.

El principal nudo problemático del primer año de gestión masista fue el desarrollo de la asamblea constituyente. El plazo impuesto para su inauguración presionó la formulación de la ley de convocatoria, que privilegió la representación territorial, desechando las propuestas de representación corporativa (indígena, sindical), estableció en dos tercios la proporción de votos necesaria para aprobar el texto constitucional (que podría otorgar poder de veto a grupos minoritarios) y fijó un período de un año para redactar el nuevo texto constitucional. Simultáneamente, se convocó el referéndum vinculante a la asamblea para incluir un régimen autonómico en la nueva constitución y para ponerlo en práctica en los departamentos cuya población optara por el sí en la consulta.

En julio de 2006 se llevaron a cabo los dos procesos electorales. En la elección de constituyentes el MAS obtuvo nuevamente la mayoría absoluta, ciento treinta y cinco de los doscientos cincuenta y cinco constituyentes. En cuanto al referéndum, pocos días antes el gobierno había optado por promover el no, considerando que la autonomía era una propuesta oligárquica, excluyente y poco solidaria. El no ganó en cinco departamentos del occidente; el , en todo el oriente y en Tarija (donde se encuentran los yacimientos de hidrocarburos). En Cochabamba el no alcanzó un porcentaje de 63%, resultado que significó una derrota para el prefecto, que había impulsado una respuesta afirmativa. La asamblea fue inaugurada en agosto, tal como había ofrecido Morales, con una emotiva marcha de representates de todos los pueblos indígenas, acto simbólico que significó el primer encuentro intercultural del país en más de ciento ochenta años de vida republicana.

Discursos y acciones del MAS-IPSP

El gobierno masista y los movimientos que están ligados orgánicamente al instrumento político no son homogéneamente antineoliberales ni puramente “originarios”. Existen diferentes vertientes que se traducen en un discurso indigenista (que coincide con el fortalecimiento de los elementos étnicos en las organizaciones campesinas y con el vigor de la retórica que afluyó en el MAS sobre todo del altiplano aymara), populista (aunque no apela constantemente al “pueblo” sino sobre todo a los “movimientos sociales” y a la soberanía popular), nacionalista-estatista (sobre todo por la defensa de los recursos del subsuelo y de la soberanía nacional y por su rechazo del neoliberalismo) y de izquierda (en su enfrentamiento con los “partidos tradicionales”, en su relación con movimientos “progresistas” de otros países y en su promoción de la justicia social). Esta indefinición da un lugar central a la figura del presidente, que brinda coherencia a la imagen del gobierno y a sus políticas.

Analíticamente, podemos distinguir tres componentes en el proceso que guía el MAS-IPSP. Hay un ejercicio del poder gubernamental y un proceso constituyente que contribuyen a un proyecto hegemónico todavía sin definición clara. En los tres se presentan notorias oscilaciones entre algunos de los elementos señalados anteriormente (el indigenismo, la soberanía popular, el nacionalismo y la justicia social). Estas tensiones se dan no solamente entre un discurso “radical” y una acción concertadora –que es lo más visible– sino también dentro del discurso y dentro de la acción, sobre todo, tal como apunta Fernando Mayorga (2007), entre el indigenismo y el nacionalismo que conviven sin armonía en el MAS. Así, las articulaciones que en el discurso permitirían apuntalar la hegemonía del MAS pueden ser negadas en principio (por ejemplo, si se impone un reduccionismo indigenista que reconoce en otros actores elementos puramente antagónicos).

El ejercicio del gobierno transcurrió con más luces que sombras. La nacionalización de los hidrocarburos, el superávit fiscal, el reconocimiento de derechos sociales, la condonación de gran parte de la deuda externa, la ampliación de las concepciones de desarrollo incluyendo las visiones indígenas y el impulso de proyectos regionales de integración son, entre otros, logros destacables. Sin embargo, el proceso constituyente tropezó repetidamente (a un punto tal que a medio año de su instalación la asamblea no redactó todavía ni un solo artículo de la nueva constitución). Este retraso se debió a la suspicacia de la oposición, que considera que el MAS no respetará los resultados del referéndum autonómico, y a la intención masista de imponer una fórmula mixta de voto en la que predominaba la mayoría absoluta y no los dos tercios. Según la perspectiva masista, la aplicación de la cifra de dos tercios en la redacción de cada artículo por separado podría implicar el bloqueo de la asamblea y el desperdicio del esfuerzo que llevó iniciarla, tomando en cuenta el plazo de un año que impuso la convocatoria1.

La falta de acuerdos y avances en la asamblea fortaleció de hecho a una oposición que carece de propuestas e iniciativas y que básicamente insiste en aplicar los dos tercios en la aprobación de todos los artículos del nuevo texto constitucional. En la oposición se distinguen cuatro vertientes: la resistencia de los sectores que no desean perder los privilegios económicos que el Estado les otorgó anteriormente (empresarios nacionales y extranjeros, terratenientes), la oposición política (los partidos “tradicionales” reconvertidos en agrupaciones ciudadanas), la oposición social latente y manifiesta (grupos que pueden expresar aun violentamente sus desacuerdos con el gobierno) y la oposición mediática, expresada en una campaña acaso no planificada pero sí constante, sobre todo en redes de televisión que tienen un alto impacto en las ciudades del interior, especialmente en Santa Cruz de la Sierra.

Al final del primer año la política en Bolivia está polarizada y la conflictividad no disminuyó. De hecho, de acuerdo con la base de datos de conflictos de CERES y Ciudadanía, el número de conflictos y protestas aumentó en 2006 en relación con los gobiernos del ciclo neoliberal. Los motivos de división y conflicto se subordinan al clivaje que articula la oposición política y la división regional, alrededor de la demanda autonómica y la proporción de voto en la asamblea constituyente. En los hechos, la polarización diluye los matices y establece equivalencias gruesas que operan prácticamente. Así se establecen comuniones entre grupos de la clase media, los movimientos cívicos de los departamentos de tierras bajas, grupos oligárquicos, políticos “tradicionales” y empresarios mediáticos que articulan una oposición que al inicio del gobierno del MAS estaba muy débil.

El conflicto por la hegemonía en Cochabamba

En enero del 2007 se desarrolló en el departamento de Cochabamba un conflicto que permite entender las falencias de la institucionalidad nacional y las dificultades que el MAS-IPSP debe superar en su gestión gubernamental. Muestra los problemas que los movimientos sociales que forman el instrumento político encaran cuando salen de sus lugares de acción “naturales” (el área rural, en este caso) y se movilizan en las ciudades, ya que la simpatía de la población urbana es veleidosa y su apoyo nunca puede darse por sentado. Muestra también que los aliados del gobierno pueden “radicalizarse” e ir en contra de las políticas gubernamentales (algunos hechos violentos registrados en las movilizaciones afectan sin duda la imagen del gobierno). Expresa asimismo la dificultad de enlazar consistentemente la “política en las calles” con la política institucional, a diferencia de lo que ocurre exitosamente en los municipios cocaleros o en otras zonas rurales del país. Por el lado de la institucionalidad, se percibe cómo existen condiciones para el surgimiento de conflictos, pero al mismo tiempo, se observa que no siempre existen canales para gestionarlos.

Al conocerse los resultados de las elecciones del 18 de diciembre del 2005 se podían vislumbrar algunos conflictos en la gestión prefectural en Cochabamba. La mayoría de los municipios del departamento eran gobernados desde enero de ese año por alcaldes y concejos municipales masistas; Evo Morales y el MAS habían ganado las elecciones presidenciales y parlamentarias pero Manfred Reyes Villa, el prefecto departamental que fue elegido el mismo día, era candidato de la oposición2. Era la primera elección de prefectos mediante el voto popular, y la legislación acusaba serias inconsistencias. Según la Ley de Descentralización (1995) los prefectos son parte del poder ejecutivo nacional; dependen del presidente de la república y son acompañados por un Consejo Departamental consultivo cuyos miembros son designados por los concejos municipales (en el caso de Cochabamba, los consejeros departamentales son mayoritariamente masistas). Los prefectos elegidos en 2005 gozan de la legitimidad del voto, a diferencia de los consejos departamentales; en los hechos pueden oponerse a las políticas del poder ejecutivo nacional o marcar sus propios rumbos sin el contrapeso de un ente fiscalizador o una asamblea departamental.

La victoria de Reyes Villa tenía su base en sus exitosas administraciones como alcalde municipal de la ciudad de Cochabamba. Pudiendo haberse presentado como candidato a la presidencia, tal como había hecho en 2002, prefirió optar por la prefectura del departamento, postergando sus aspiraciones. Con un pasado militar que incluía la participación subalterna en una dictadura y acusaciones disueltas de implicación en crímenes políticos, aparecía como el único líder sobreviviente de la “clase política” tradicional, lo cual lo hacía blanco de los movimientos sociales afines al MAS, que condenaban su pacto con el gobierno de Sánchez de Lozada y pretendían anular su influencia en Cochabamba. Cercado por un Consejo Departamental y un gobierno nacional adversos y movimientos sociales que amenazaban su gestión, intentó afirmar su legitimidad enganchándola a un resultado afirmativo del referéndum autonómico y posicionándose al lado de los prefectos de los departamentos del oriente, en los que ganó el . El resultado en Cochabamba fue de un 63% por el no, que, como veremos, no fue plenamente aceptado por el prefecto.

A lo largo del 2006 las relaciones entre Reyes Villa y el Consejo Departamental fueron difíciles, a tal punto que los consejeros intentaron censurarlo e inclusive hicieron una huelga de hambre reclamando por una mayor equidad interprovincial en la ejecución de obras públicas. Al final del año, este enfrentamiento se fundió con la conflictividad alrededor de la asamblea constituyente (por la fórmula de voto y el régimen autonómico). A mediados de diciembre se llevaron a cabo sendos cabildos en los cuatro departamentos en los que había ganado el , para reclamar el respeto de los resultados del referéndum autonómico y exigir que cada artículo de la nueva constitución fuera aprobado por dos tercios de los constituyentes. Un día antes, el 14 de diciembre, Reyes Villa llamó a una concentración en la Plaza de las Banderas de la ciudad de Cochabamba, para afirmar la unidad del país –amenazada por solicitudes de independencia de grupos de la extrema derecha de Santa Cruz– y para pedir el respeto de la democracia –que Reyes Villa identificó con la aprobación de los artículos de la nueva constitución por dos tercios–.

Dos acciones realizadas por Reyes Villa en esa oportunidad dieron pie al conflicto que semanas después conmocionó al departamento. Propuso la convocatoria de un nuevo referéndum departamental sobre autonomía, desconociendo el resultado del anterior, realizado hacía apenas cinco meses. En un lapsus –o acto fallido– en medio de su discurso, el prefecto afirmó: “¡Adelante, Santa Cruz, con su independencia!”, en vez de referirse a la autonomía que reclaman los dirigentes de ese departamento.

Las organizaciones que conforman el MAS-IPSP en Cochabamba entendieron la campaña abierta para promover la realización de un nuevo referéndum sobre autonomías y el desliz de la “independencia” (que no fue aclarado inmediatamente) como una provocación a la ciudadanía y un intento de “manipularla” para aproximarla a ideas supuestamente divisionistas de la región oriental y sur del país. Rápidamente se iniciaron movilizaciones para pedir la renuncia de Reyes Villa. Los primeros días del 2007 llegaron a la ciudad miles de miembros de las federaciones cocaleras, la federación departamental de campesinos y la federación de regantes. Un cabildo realizado el 4 de enero en la Plaza Principal resolvió exigir la renuncia de Reyes Villa. El 8 de enero una movilización en la que participaban campesinos, cocaleros, regantes, universitarios y otros sectores fue reprimida por la policía –que después se retiró– y concluyó en la quema parcial del edificio prefectural, ubicado en la misma plaza. Luego de este “desborde” que estaba fuera de los planes de acción de los campesinos y fue atribuido en su inicio a agentes “infiltrados” entre los universitarios, los sectores movilizados decidieron permanecer en la plaza en una vigilia pacífica hasta la renuncia del prefecto.

El diálogo entre el gobierno nacional y el prefecto pudo haberse establecido a partir de concesiones de ambas partes: el abandono de la propuesta de un nuevo referéndum, por parte del prefecto, y la flexibilización en los pedidos de renuncia, por parte de los movimientos afines al MAS. Se truncó por “falta de garantías”. Mientras tanto, la presencia de los campesinos en la ciudad era considerada por parte de algunos grupos de la sociedad local como una agresión. El Comité Cívico organizó una marcha que debía concluir en una concentración en la Plaza de las Banderas el 10 de enero por la tarde. En horas de la mañana los campesinos ocuparon esa plaza, impidiendo que la marcha llegara al lugar. La policía hizo un cerco que evitó el encuentro de los grupos movilizados. La marcha “por la defensa de la Democracia y la Paz” tenía los caracteres ambiguos de la movilización del día siguiente: había personas con banderas bolivianas y blancas; pero había también gente con palos y escudos de madera. Con la concentración frustrada, los dirigentes cívicos tomaron dos decisiones de consecuencias incalculables: declararon un paro cívico y llamaron a la gente a manifestarse “pacíficamente” en defensa de la democracia y la institucionalidad. El 11 de enero sucedió el episodio que narramos al principio del artículo. En esa ocasión aparecieron los “jóvenes por la democracia”, un grupo de choque muy parecido a las brigadas de la Unión Juvenil Cruceñista, organización de extrema derecha basada en Santa Cruz de la Sierra (Opinión, 2007, Los Tiempos, 2007).

Ante estos hechos, las autoridades gubernamentales ordenaron –tardíamente, a la luz de lo acontecido– la intervención de las fuerzas militares para resguardar la ciudad, prevenir enfrentamientos entre pobladores civiles y evitar que surgieran nuevos brotes de violencia. Rondaba el fantasma de una guerra civil, y Cochabamba parecía ser el lugar propicio para encenderla: existían fuerzas movilizadas y opuestas sin predominancia clara de ninguna de ellas (con un mayor equilibrio que en los otros departamentos) y ya se habían dado enfrentamientos sangrientos.

El prefecto se encontraba en la ciudad de La Paz, reuniéndose con los demás prefectos contrarios al gobierno, intentando ganar su solidaridad y dar al problema cochabambino una dimensión nacional que el gobierno negaba (se trataba, en las declaraciones oficiales, de un problema de Cochabamba que debía resolverse en Cochabamba). El diálogo entre los dos niveles de gobierno (responsables tácitos de los hechos anteriores) no se restableció a pesar de la declaración pública del poder ejecutivo de respaldar a los prefectos elegidos (Opinión, 2007) y de la renuncia del prefecto a la propuesta del referéndum. En un mensaje a la región Reyes Villa diría: “Comprenderán que no puedo ni debo renunciar presionado por la violencia, porque podría poner en entredicho el proceso democrático (...) porque provocaría más ruptura en el país” (La Razón, 2007).

Un nuevo cabildo de los movimientos realizado el 16 de enero decidió llevar a cabo acciones más prudentes, con la intención de no poner en riesgo la institucionalidad: el retorno de los cocaleros y los demás campesinos a sus lugares de origen y la búsqueda de caminos legales para destituir al prefecto. Entre estos caminos sobresalían la realización de un referéndum revocatorio, propuesto el día anterior por el presidente Morales (Morales, 2007), y un juicio de responsabilidades a Reyes Villa por los hechos sangrientos de los días anteriores. Habiéndose llegado a esas decisiones, algunos grupos presentes en el cabildo acusaron a los dirigentes de haber actuado con tibieza excesiva, obligaron a los consejeros departamentales a abrir una sesión que debía desconocer a Reyes Villa y finalmente formaron forzada y grotescamente un “Gobierno Departamental Popular”, con nuevos consejeros y prefecto designados entre los presentes. Esta institución paralela desapareció a pocas horas de su creación, por el escaso apoyo de las bases sociales más influyentes y porque el mismo gobierno la calificó de ilegal (El Deber, 2007).

La quema del edificio prefectural, la bochornosa elección del gobierno popular y los ataques a los medios de comunicación durante los días más tensos expresan un problema que el MAS-IPSP debe enfrentar en varios sectores del país: sus propios aliados pueden ser más conflictivos que la oposición política. El “desborde” es siempre una posibilidad que puede superar las decisiones de las organizaciones, aun en el caso de los cocaleros, que tienen amplia experiencia y disciplina en sus movilizaciones.

A finales de enero, el prefecto todavía no reasumió su cargo. La ley interpretativa que permitiría la realización del referéndum revocatorio no fue aún presentada al parlamento. Los campesinos se retiraron y esperan esta salida legal. Para coordinar con los prefectos, el presidente nombrará delegados en cada departamento. Algunos prefectos ya calificaron esos nombramientos como una intrusión y una injerencia autoritaria del gobierno.

En el conflicto de Cochabamba los cocaleros y las otras organizaciones campesinas jugaron en contextos espaciales adversos. No se reeditó la complementación que mostraron las movilizaciones de la guerra del agua, en las que las organizaciones rurales y urbanas actuaron coincidentemente. Debido a la exacerbación propia de la polarización política, emergieron elementos racistas en la población urbana, y temores que movían a proteger la propiedad privada y los bienes públicos urbanos. El paso de una hegemonía “natural” en el área rural a la necesidad de articular actores y discursos en el área urbana fue entendido por algunos dirigentes de manera reduccionista: según esta visión, siendo los campesinos más auténticamente “pueblo”, sus decisiones eran “democráticas” y debían ser aceptadas y respetadas sin contraste aun por los opositores urbanos.

Por otro lado, el gobierno del MAS-IPSP tuvo que vérselas con el ímpetu autónomo de sus aliados. Los “desbordes”, las propuestas de atacar la vivienda del prefecto y los medios de comunicación podrían presentarse como expresión “genuina” de la cólera popular, pero ponen en riesgo no solamente los objetivos de las movilizaciones sino la validez de la movilización como principal método y recurso de la acción colectiva y los avances realizados por el movimiento popular durante los últimos años. En cuanto a la complementación de la acción directa con la institucional –efectiva en las áreas rurales, por ejemplo, en la definición de candidatos municipales en cabildo, porque los candidatos designados en cabildo son luego elegidos por voto popular–, la “política en las calles” se vio ante un callejón sin salida, ya que no existía la posibilidad legal de refrendar institucionalmente las decisiones de los cabildos.

En este ámbito, la elección de los prefectos presenta caracteres inconsistentes: solamente cambió su forma de designación, y no sus atribuciones. La búsqueda de mayor democracia (que justifica su elección mediante el voto popular) puede verse afectada cuando el Consejo Departamental no goza de la legitimidad del voto y no puede efectivamente controlar sus acciones.

Conclusiones

Explicar el conflicto de Cochabamba y el primer año de gobierno masista en relación con figuras puras de izquierdismo, nacionalismo, andinismo o antineoliberalismo es un error derivado de una visión incompleta del MAS-IPSP y del contexto en que actúa. El MAS-IPSP es todo eso simultáneamente, y la riqueza de sus acciones, su posible innovación de la acción política y sus aportes al conocimiento derivan de la mixtura que lo constituye.

El tema que nos ocupa revela las dificultades que derivan de los cambios de escenario que realizaron las organizaciones que conforman el MAS-IPSP frente a un contexto que se fue polarizando crecientemente alrededor del proceso constituyente. Expresa también los problemas que surgen de la superposición de los proyectos que lleva adelante el gobierno. En el primer caso, destaca la importancia estratégica que Cochabamba tiene en el mapa político nacional, ya que el MAS-IPSP tiene el control del Consejo Departamental pero el prefecto es opositor.

En el segundo caso, el proyecto hegemónico se cruza con la necesidad de tener controles más efectivos de la gestión de los prefectos. La consigna tácita de eliminar la probable oposición del prefecto cochabambino en función de afirmar la hegemonía masista en Cochabamba choca con la inexistencia de mecanismos institucionales de evaluación del desempeño y revocatoria de los cargos de las autoridades departamentales. La debilidad del proyecto hegemónico también se muestra en el malestar generado en las clases media y alta urbanas con la presencia intimidante de los campesinos en el centro de la ciudad. En este punto, la decisión de no utilizar las fuerzas de represión para controlar la situación abrió la oportunidad para el enfrentamiento entre sectores de la sociedad.

El proyecto es afectado por las oscilaciones que acusa el MAS-IPSP. Son oscilaciones cuyo rasgo peculiar no es la inconsistencia entre el discurso y la acción, lo cual entraría en la “normalidad” de la acción política, sino también entre orientaciones diferentes del discurso y la acción. En efecto, no es tan relevante la posible inconsistencia entre un discurso “radical” y decisiones “moderadas”, que podrían ser criticables desde posiciones “socialistas” (según las cuales el gobierno del MAS es en el fondo neoliberal) o “democráticas” (que reclamarían mayor prudencia en la retórica gubernamental), sino la oscilación entre matrices de acción nacionalistas o indigenistas, entre la articulación propiamente hegemónica y una concepción del antagonismo que busca eliminar las posibles oposiciones. En el caso estudiado, inicialmente se impuso esta visión excluyente que no hizo lo necesario para evitar el enfrentamiento civil.

Las esperanzas de que la conflictividad social y política disminuiría en un gobierno masista se disiparon con prontitud. La apertura del gobierno al diálogo con los sectores sociales fortalece la certeza de que la movilización es efectiva para satisfacer una demanda. Por otro lado, el gobierno central no es ya el único adversario de los conflictos o el blanco privilegiado de la protestas. Los prefectos, sobre todo los opuestos al MAS-IPSP, soportan una gran carga de protestas y demandas sociales. Los grupos opositores también parecen haber asimilado las formas de acción de los movimientos y organizaron contramovimientos que pasan por alto los canales institucionales de gestión de conflictos.

Por otro lado, cuando el Estado era una parte constante en los conflictos sociales, los conflictos se planteaban entre algún sector de la sociedad y el Estado. Durante su primer año, el gobierno trató de evitar la represión y el uso de la fuerza, de manera que se estableció tácitamente la propensión a trasladar el conflicto al seno de la sociedad. Los combates entre cooperativistas mineros y obreros asalariados, en el mes de octubre, y los hechos de Cochabamba expresan suficientemente esa tendencia.

Ello expresa no solamente los problemas que el MAS-IPSP debe enfrentar en sus cambios de escenario, sino también el carácter deficitario de la estructura de gestión de conflictos en el país (no olvidamos el papel constructivo de los conflictos a lo largo de la historia nacional). De hecho, varias de las reformas institucionales apuntan a manejar la conflictividad de manera más estable. El referéndum revocatorio es una de ellas. Es posible que contribuya a una forma más democrática de encarar las relaciones entre las autoridades electas y la sociedad. También es posible que se generen escenarios de inestabilidad en la gestión y que saturen la disponibilidad de la población a participar en la política, comprometiendo el proceso de cambios que Bolivia vive actualmente.


Citas

1 Al cerrar la redacción de este texto, el presidente Morales propuso que todos los artículos de la constitución se aprueben por dos tercios de los constituyentes presentes, y que los artículos que no hayan sido aprobados antes del 2 de julio de 2007 sean motivo de referéndum. Probablemente esta decisión distenderá en alguna medida el ambiente conflictivo que rodea el proceso constituyente.

2 Desde el punto de vista de Fernando Calderón, el voto dividido en Cochabamba expresa la complejidad de la participación política. El ciudadano no sería un ente simple sino un sujeto complejo y activo que modifica racionalmente su estructura de voto (Calderón, 2006: 26).


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