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Resistencias. Análisis comparado de la acción colectiva frente a la guerra en Urabá y Oriente Antioqueño

Resistências. Análise comparativa da ação coletiva contra a guerra em Urabá e Oriente Antioqueño

Resistors. Comparative analysis of collective action against the war in Urabá and Oriente Antioqueño

Clara Inés García*


* Socióloga de la Universidad Javeriana. DESS en política social del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Grenoble, Francia. Investigadora del Instituto de Estudios Regionales, INER, de la Universidad de Antioquia. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.


Resumen

En este artículo se analiza el núcleo principal de las respuestas que han dado actores y colectividades locales o regionales a las violencias de la guerra y sus efectos de destrucción en el Urabá y el Oriente antioqueño en los últimos veinte años. El interés general busca aportar elementos de juicio acerca de las lógicas bajo las cuales actúan las colectividades frente a las condiciones de guerra que les son impuestas. En un plano más específico, el análisis se propone develar los elementos que configuran la acción colectiva en contextos de guerra particulares: lo que diferencia y lo que es común. Se centra en dos de los casos regionales asociados a los más altos índices de violencia y desplazamiento forzado en Colombia y en los períodos respectivos en los que la confrontación armada ha sido más aguda.

Palabras clave: Acción colectiva, resistencia, regiones, localidades, guerra, Estado.

Resumo

Este artigo analisa o núcleo principal das respostas que indivíduos e comunidades locais e regionais deram à violência de guerra e seus efeitos de destruição em Uraba e Antioquia Oriental nos últimos 20 anos. O objetivo é fornecer critérios de julgamento sobre a lógica sob a qual as comunidades atuam e enfrentam as condições de guerra que lhes são impostas. Especificamente, a análise pretende mostrar os elementos que constituem a ação coletiva em contextos particulares de guerra: o que é diferente eo que é comum. Está centrado nos dois casos regionais associados aos maiores índices de violência e deslocamento forçado na Colômbia durante os respectivos períodos, quando o confronto armado tem sido mais agudo.

Palavras-chave: ação coletiva, resistência, regiões, localidades, guerra, Estado.

Abstract

This article analyzes the main nucleus of the responses that local and regional individuals and communities have given to war violence and its destruction effects in Uraba and East Antioquia during the past 20 years. The purpose is to provide judgment criteria about the logic under which communities act and face the war conditions imposed on them. Specifically, the analysis pretends to show the elements that constitute the collective action under particular war contexts: what is different and what is common. Is centered in the two regional cases associated the highest violence and forced displacement indexes in Colombia during the respective periods, when the armed confrontation has been most acute.

Keywords: Collective action, resistance, regions, localities, war, State.


El período que corrió desde el Paro Cívico Nacional de 1977 hasta cuando, a partir de 1988, los grupos paramilitares acallaron a la fuerza todo lo que les pareció una voz disidente de su orden, se caracterizó por la irrupción en el escenario local, regional y nacional de movimientos cívicos que parecieron abrir nuevos canales de expresión social, de construcción de actores e identidades colectivas y de producción de aprendizajes e innovadoras propuestas acerca de cómo hacer política sin sujetarse a los viejos sistemas clientelistas del bipartidismo colombiano1. Sin embargo, el giro que asumió el conflicto armado en esos finales de los ochenta y que estuvo marcado por una escalada sostenida de la confrontación militar y sus violencias hasta la actualidad, pareciera haber desarticulado esas nuevas fuerzas sociales2.

Pero si las voces se acallan por momentos y si unas formas de cohesión y orientación de la fuerza colectiva de los grupos sociales subordinados son aplastadas, éstos no son hechos que persistan indefinidamente: ni los grupos y colectividades permanecen inactivos, ni el mismo conflicto armado mantiene idénticas sus lógicas y dinámicas. Este último se modifica en las interacciones propias que la guerra entabla y genera nuevas reacciones de la población que lo padece; y paralelamente, las poblaciones sometidas al terror por miedo y arrasamiento, siempre guardan un umbral de reacción y de iniciativa por débil y diseminado que éste sea en un comienzo.

El hecho concreto que tenemos hoy en Colombia es la aparición de una serie de experiencias locales y regionales ante algunos de los procedimientos de la guerra y a sus más dolorosos efectos de destrucción y que se han denominado a sí mismas de “resistencia”. El reto que ahora tiene la investigación social en este campo se centra en el análisis de esas experiencias colectivas, no sólo en tanto fuerzas que neutralizan las manifestaciones de la guerra que más las vulneran, sino también en tanto fuerzas que en medio y a pesar del conflicto violento, construyen sociedad, instituciones y Estado.

El propósito de este artículo es entonces, el de examinar la acción colectiva de actores locales y regionales en territorios de Antioquia en períodos de muy aguda confrontación armada. Las preguntas se enfocan hacia dos clases de relación: de la acción colectiva y el territorio y de la acción colectiva y el Estado. Los interrogantes específicos son: ¿Cómo interactúan los conflictos locales, el conflicto armado y las reacciones de la sociedad ante la guerra? ¿De qué manera se relacionan las características sociales y políticas de la región con las dinámicas y los contenidos de la acción de resistencia en ella a los efectos de la guerra? ¿Cuál es el papel del Estado en la orientación y viabilidad de las acciones colectivas locales y regionales frente a la guerra?

Entendemos por “acción colectiva” el concepto más genérico que da cuenta de las acciones llevadas a cabo por un conjunto de individuos o de grupos en busca de un fin común3. Preferimos el uso de este término para referirnos a las acciones aquí analizadas, y no el de movimiento social, por el carácter puntual y sui generis que tuvo el caso analizado en el Urabá de mediados de la década del noventa y por el carácter “mixto” que adquirió, después de una primera etapa, la acción colectiva de resistencia a los efectos de la guerra en el Oriente antioqueño, esto es, por la conjunción de fuerzas de la sociedad civil y del Estado en sus niveles regional y nacional. Los movimientos sociales se asocian generalmente a acciones colectivas en las que la sociedad civil y el Estado están en dos orillas opuestas del conflicto.

Urabá. Dos décadas de acción colectiva en un contexto de guerra

Urabá es región de frontera internacional marítima y terrestre, frontera entre la región pacífica y atlántica en el norte de Colombia y región de frontera interna configurada a partir de los recientes procesos de expansión de la segunda mitad del siglo XX. Ha sido históricamente territorio privilegiado para el contrabando de armas y en los últimos tiempos para el tráfico de drogas. Desde el origen de los grupos armados, Urabá fue considerada zona geoestratégica; allí coincidieron en los años sesenta la instalación de grupos guerrilleros (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y Ejército de Liberación Popular, EPL); allí nacieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en los años ochenta, desde allí se lidera en los noventa la formación de la organización nacional –las AUC, autodefensas de Colombia–, y desde allí se organiza la estrategia de expansión paramilitar por el país. Allí, el desarrollo del conflicto armado coincide en el tiempo con la dinamización de los procesos que configuraron la región –la colonización y la urbanización, el montaje de la economía bananera de exportación, la conformación de haciendas y de economías campesinas, la organización de trabajadores y de campesinos, la delimitación administrativa de municipios–. Esta coincidencia imbrica y polariza los conflictos sociales políticos y militares en un contexto de fuerte desinstitucionalización.

Años ochenta: La ambigüedad en la orientación de las acciones colectivas

La manera como el conflicto armado se involucra en la dinámica regional en Urabá (insertándose en las luchas sociales y convirtiendo el campo laboral y el de la lucha por la tierra en espacios donde también se libraba la competencia por el dominio político-militar de la región), lleva a un estado agudo de radicalización social al tiempo que a una situación en que las fronteras entre los intereses se hacen difusas, y en la que impera la ambivalencia en la orientación de las acciones colectivas.

Tres ejemplos permiten ilustrarlo:

  1. el reconocimiento de la organización sindical por parte de los empresarios y la instauración generalizada y regulada de la negociación colectiva en la actividad bananera, fue producto de la intervención que la guerrilla tuvo en dicha dinámica durante cuatro años (1983-1987), luego de veinte años fallidos de un movimiento sindical librado a su sola fuerza; sin embargo, la organización sindical estaba bien lejos de tener para la guerrilla el sentido de la construcción de un actor social autónomo; sólo se trataba de su instrumentalización. Su muestra más dramática son los cientos de obreros y líderes sindicales que murieron bajo las balas de los mismos enfrentamientos interguerrilleros que así luchaban  por su control.
  2. En las movilizaciones por los derechos humanos se confundían la reivindicación justa por la defensa de la vida de los trabajadores con la utilización de dicha movilización por los grupos que participaban en la guerra sucia y en el segar de esas mismas vidas.
  3. Los éxodos campesinos, al reivindicar la desmilitarización de los campos servían al mismo tiempo como arma de presión contra las acciones de orden público de las fuerzas del Estado en esos territorios.

Así, varias de las acciones de sindicatos y campesinos en contextos de guerra y muchas veces en contraposición a los efectos de esa guerra, es reconvertida por las guerrillas en otros actos de la guerra contra el Estado.

Años noventa: la búsqueda del espacio de trámite de los intereses colectivos

Ante una situación límite como la que vivió Urabá en los años noventa –con la disputa abierta y generalizada entre guerrillas-paramilitares, la generalización de masacres, el arrasamiento sistemático de pueblos y veredas, el desplazamiento forzado y la ingobernabilidad– la sociedad local reacciona para defenderse de perecer como sociedad. Emprende diversas iniciativas, bajo el liderazgo de los alcaldes del centro regional acompañados siempre por la Diócesis de Apartadó y la figura de Monseñor Isaías Duarte Cancino. Dos ejemplos:

  1. los alcaldes de la Unión Patriótica –UP– intentaron al principio de la década ponerle freno a la destrucción de infraestructura eléctrica y de comunicaciones agenciada por la guerrilla, organizando la protesta pública contra esa acción y a su vez estableciendo márgenes de autonomía política frente a la organización guerrillera FARC de la cual esa organización política había surgido.
  2. Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó, fue símbolo del intento colectivo de construir un espacio público en el que los diferentes actores sociales pudieran concertar acuerdos mínimos en torno al gobierno local4.

Resistir a lo que la guerra impone se traduce, en este caso, en los intentos por conseguir márgenes de autonomía de los actores sociales y políticos con respecto de los actores armados y por lograr construir un espacio de trámite de lo político, que han sido justamente la médula de lo social afectado por la guerra.

El Estado ajeno a los esfuerzos de la sociedad local

La ausencia del Estado, fue factor determinante para que en los años noventa no pudieran arraigar ni tener continuidad los esfuerzos locales que se hicieron por establecer espacios de convivencia y reglas del juego para lograr un espacio donde se tramitara la cosa pública. Fue una gran paradoja: la sociedad civil local inventando el espacio de lo público y el Estado ajeno a tales esfuerzos. En ese intento siempre se necesita el concurso de los dos para lograrlo. En las regiones de colonización el Estado se construye necesariamente en su relación con los actores locales, apoyando con sus instituciones la configuración de espacios de encuentro y consensos acerca de proyectos colectivos. En Urabá esa no fue la vía por la que optó el Estado.

Otra cosa sucede cuando se instaura un orden, el de los paramilitares que entre 1993 y 1997 controlaron a sangre y fuego el cuerpo central de la región: desde finales de los noventa se reconstruyen los espacios donde se tramita la administración y la acción de los partidos políticos, y las organizaciones sociales retoman su dinámica. Lo anterior estuvo condicionado por el orden impuesto a base del desplazamiento masivo de pobladores y de los más altos índices de homicidios y de masacres del país5.

La irrupción reciente de la guerra en el Oriente antioqueño

El Oriente antioqueño es una región consolidada que jugó papel central en la construcción histórica de Antioquia. Rionegro, Marinilla y Sonsón son sus símbolos urbanos. En ella media una tradición, un encuadramiento institucional y la existencia de actores sociales organizados de muy variada especie, inclusive una historia de activos movimientos cívicos locales y regionales. Esta región ha sido base de asentamiento y de corredores de grupos guerrilleros, igual lo ha sido de refugio y repliegue cuando de otras regiones eran expulsados. Pero sólo entra de lleno en la dinámica de la guerra en el último período –a partir de 1997– cuando la estrategia guerrillera orienta sus acciones a centros regionales neurálgicos de la economía nacional (Oriente antioqueño produce el 30% de la energía del país) y a los territorios cercanos a las grandes ciudades capitales (colinda con el área Metropolitana de Medellín).

En este último período sobresalen tres rasgos de la acción colectiva:

Una frontera clara entre la sociedad y los actores de la guerra

Entre los años 1997 y 2003 los actores armados colocan la mira sobre el Oriente antioqueño. Es un período en el que la estrategia militar de la guerrilla se funda en la destrucción sistemática de pueblos y de infraestructura pública y privada y el asesinato o la amenaza de muerte a la totalidad de los alcaldes; parte de su estrategia financiera se apoya en el secuestro masivo de personas (en la Autopista Bogotá- Medellín en este caso), y en la extorsión a las empresas nacionales o regionales que allí operan y a los comerciantes de las localidades. El conjunto de la sociedad regional se siente directamente amenazado por las acciones de la guerra: empresarios, empresas mixtas de servicio público, comerciantes, alcaldes y concejales, comunidades locales. Como se trata de una región relativamente integrada y con una sociedad civil con capacidad de movilizar y organizar a diversos actores en torno de proyectos colectivos, se marca entonces una frontera clara entre la sociedad y los actores de la guerra.

Las acciones de los colectivos locales se encaminan a neutralizar o disminuir los efectos de la guerra –a reconstruir lo destruido, a mediar para lograr condiciones de protección a las comunidades o a fortalecerse como colectivo– y tienden con el tiempo a articularse en una acción de carácter regional. Sin fracturas previas6, la guerra no polariza internamente a la sociedad. Antes bien, lo que hacía años andaba dormido –el impulso colectivo por un proyecto regional– se activa como efecto de la guerra.

Un proyecto regional: paz y desarrollo

En el Oriente antioqueño las acciones de resistencia a la guerra se articularon primero en el nivel local, para luego regionalizarse. En 1996 se adelanta el paro de la población de San Luis contra la destrucción de infraestructura que paralizó la empresa Cementos Río Claro que da el empleo local, y se organiza la asamblea comunitaria que decide establecer contactos y mediaciones con los grupos armados para el tratamiento de los temas humanitarios que protejan a la población, y elaborar un proyecto de inversión que, en alianza con la empresa, trabaje por el desarrollo local y la conciliación de los intereses colectivos. Los efectos fueron contundentes7. En un importante núcleo de las localidades de la región se reproduce esta experiencia, rápidamente. A partir de octubre de 2001 los alcaldes apoyados por las asambleas comunitarias decidieron adelantar lo que denominaron “acercamientos humanitarios” con todos los actores de la guerra. Como producto del primer acercamiento de la comisión de alcaldes con el ELN, se logra una tregua de seis meses de este grupo con la suspensión de los ataques en contra de infraestructura, pueblos y estaciones de policía, y de los secuestros y las extorsiones; a cambio solicitaron a los alcaldes realizar una gestión ante las autoridades públicas a favor de la reubicación de las estaciones de policía en los extramuros de los pueblos, asunto que facilitaría a todas luces el ataque guerrillero sin la devastación de los pueblos.

El Estado: viabilidades y riesgos

Esta acción de los alcaldes induce la intervención del Estado e inicia la inflexión del movimiento hacia la construcción de un espacio en el que confluyen más actores, se llega a acuerdos con las autoridades públicas departamentales y nacionales y se construye un frente de acción regional más sólido. Así, al mismo tiempo que se desautoriza la acción de los alcaldes por el Estado, les es reconocido su enorme potencial movilizador y mediador en el conflicto armado del nivel regional. Si la acción de los alcaldes de octubre de 2001 tuvo un significado totalmente ambivalente (querer proteger a las comunidades cediendo al grupo armado en algo que debilitaba al mismo Estado), la intervención del Estado reubica la acción de los colectivos locales y de su fuerza regional. En primer lugar, fortalece la iniciativa y la intencionalidad original de los alcaldes promoviendo la confluencia del conjunto de los actores regionales en un proyecto de paz y desarrollo8. En segundo lugar, compromete la alianza del Estado que, en adelante apoya el proyecto de desarrollo regional en el que las comunidades basan su posibilidad de empoderamiento y de aprendizaje de la democracia, con sumas de dinero que lo hagan viable. En tercer lugar, reafirma la clara delimitación de los intereses de la alianza comunidades-empresas-Estado.

A partir de septiembre de 2002 se instituyen dos nuevos espacios para la articulación y negociación de los consensos regionales en torno al tema humanitario, a las iniciativas de desarrollo regional y al fortalecimiento de la democracia aparticipativa. Se trata de contrarrestar la acción del miedo, la parálisis y el chantaje ante la coacción de los actores armados, y de fortalecer los valores de solidaridad y convivencia, el sentido de pertenencia e identidad regional y el ejercicio de la ciudadanía. Estos espacios fueron la Asamblea Provincial Constituyente en la que confluye periódicamente el conjunto de actores empresariales, cívicos e institucionales de la región, y “el Laboratorio de Paz” en el que se tramita la alianza entre los actores regionales, las autoridades departamentales y nacionales y las agencias internacionales que apoyan la experiencia9.

Si el Estado con su presencia e intervención potencia la acción de la sociedad civil en el sentido enunciado, paradójicamente muestra también sus límites con relación al objetivo buscado. Estos límites se manifiestan de tres maneras en este proceso regional:

  1. En primer lugar, en el peligro que hay de reconvertir la dinámica del desarrollo regional en una pura acción de distribución y de gestión de la inversión pública, como se hace en cualquier proceso de planificación regional, sin que ello implique la construcción de la convivencia y el fortalecimiento de la democracia y de la sociedad civil.
  2. En segundo lugar, en la enorme tentación que de hecho demuestran las distintas instancias institucionales y político- partidistas de cooptar la dinámica de la sociedad civil regional para los intereses de la política clientelista y de la tutela de las instituciones públicas sobre las iniciativas sociales.
  3. En tercer lugar, en el riesgo de que el conjunto del movimiento caiga, a la final, en la misma lógica de la cual el Estado quiso sacar a los alcaldes. Uno de los líderes connotados de la sociedad civil lo expresa claramente y sin ambages cuando afirma: las puras inversiones del gobierno no son construcción de paz. “Porque cuando se hacen pactos con las guerrillas o las autodefensas para canalizar inversiones, no se está beneficiando a las víctimas, sino que se le está dando ventaja política a los victimarios”.

El apoyo del Estado a la sociedad civil tiene sus límites en la excesiva vulnerabilidad de la segunda ante la fuerza de la tutela y la instrumentalización del Estado.

Epílogo

Hemos analizado las diferencias de la manera como dos sociedades regionales articulan sus acciones de resistencia a la guerra que se libra sobre su territorio, en función del carácter específico que asuma el conflicto sobre cada una de ellas y de los recursos culturales, políticos e institucionales con que éstas cuentan. Para finalizar, quisiéramos enfatizar en tres aspectos de carácter general que se identifican en ambos escenarios, en medio de las obvias diferencias de los procesos y conflictos en que se enmarcan.

La resistencia

A partir de los años noventa, cuando la disputa guerrilleroparamilitar se extiende por doquier, las colectividades locales y regionales comienzan a reconocer sus acciones frente a la guerra como acciones de resistencia. Con la estrategia de guerra adoptada por las FARC desde finales de esa misma década hasta el presente, estas acciones tienden además a expandirse por territorios de diversa condición.

La acción colectiva de resistencia articula prácticas no violentas dirigidas a socavar el poder del que domina y ejerce la violencia, a obtener un propio sentido de control desafiando el miedo a reparar y recrear los elementos de cultura e identidad golpeados o destruidos por la violencia como método para aplastar voluntad y buscar soluciones a las deprivaciones de la guerra y al conflicto social.

Las acciones colectivas locales y regionales analizadas en Urabá y Oriente antioqueño contienen las mismas claves enunciadas. Sin embargo, se encuentran unas adicionales que no permiten encuadrar dicha acción de manera dicotómica, como si la resistencia a los señores de la guerra no estuviera atravesada por otro enjambre de disputas de diverso orden y como si en un conflicto mayor no se subsumieran otros y hasta con orientaciones contradictorias entre sí. La acción colectiva analizada en las dos regiones antioqueñas no se agota en la oposición o el intento de neutralización de los efectos de la violencia y el poder de coacción de los actores armados y en la invención de nuevos recursos políticos, culturales y económicos que la reconfiguren y fortalezcan como sociedad local o regional. Los actores que la adelantan están cargados de múltiples intencionalidades según la compleja red de conflictos y solidaridades en las que se insertan y bajo las cuales se redefinen los significados de la guerra misma, incluidos aquellos que tienen sentidos contradictorios o ambivalentes entre sí. Si ello fue más evidente en Urabá, donde los conflictos sociales fueron cruzados por los armados, también se hizo presente en el acto más simbólico del movimiento de alcaldes del Oriente antioqueño, cuando éstos hicieron visible ante el país, la resistencia colectiva a la guerra con “los acercamientos humanitarios” a los actores armados.

El papel de los alcaldes

En las dos regiones se destaca también el papel que tuvieron los alcaldes populares, su capacidad de liderazgo social y político, su capacidad de convocatoria a la diversidad de actores locales y regionales. Este papel refleja también la condición de una sociedad donde los partidos políticos no median, no tienen legitimidad, donde las instituciones públicas están desprestigiadas. No es el primer caso en Colombia donde los alcaldes populares se convierten en la figura política capaz de transformar la dinámica de localidades y ciudades. En el caso del Oriente antioqueño vemos su impacto sobre la región completa. La Iglesia Católica, por su parte, es la otra institución clave en todos los procesos, al ser la única capaz de ejercer mediaciones mayores y representar autoridad moral en medio de un contexto generalizado de desconfianza mutua y donde la palabra no vale.

Así, diferencias regionales abismales –como las que se presentan entre Urabá y Oriente antioqueño– no alcanzan a borrar una característica común al conjunto de la sociedad: la precariedad general de las instituciones y de la sociedad civil en el ámbito de los sectores sociales subordinados. No es gratuito entonces que los alcaldes, al cumplir papel en ambos frentes –como actores político-institucionales y como actores que organizan y movilizan la sociedad civil en un plano diferente al político-partidista– se conviertan, en coyunturas críticas de la guerra, en protagonistas de las iniciativas de la sociedad local y regional.

El Estado

La ausencia o la acción del Estado en apoyo de las acciones de la sociedad civil tiene consecuencias definitivas para la pervivencia o el fortalecimiento de estas últimas, tanto en las regiones que apenas emergen, como en aquellas donde supuestamente reina la institucionalidad y pululan las organizaciones sociales. En la guerra, donde se llevan al límite las contradicciones sociales, las debilidades y las fortalezas, es donde se hace más evidente la necesidad de esta indispensable relación.

Estado y sociedad civil se necesitan mutuamente en su respectivo proceso general de construcción de sociedad. Esto se hace más urgente en tiempos de guerra, cuando se pone en juego la supervivencia de colectividades del ámbito local y regional como las analizadas, bien sea para lograr lo que no se ha tenido hasta entonces (la autonomía relativa de los actores sociales con respecto de los armados, y una esfera de lo público, como en el caso de Urabá), o para revitalizar lo que había tendido a adormecerse (el fortalecimiento de la sociedad civil, de la democracia y el desarrollo, como ha sido el caso en el Oriente antioqueño). La intervención del Estado en apoyo de las acciones de la sociedad civil es decisiva y juega a favor o en contra del destino de ésta, como también de la propia construcción del Estado en localidades y regiones, pues influye en las representaciones colectivas del Estado, en su legitimidad, su capacidad de impulsar formas institucionales y experiencias de participación social.

Pero si la interacción entre sociedad civil y Estado es necesaria para la construcción y fortalecimiento mutuos, no puede olvidarse que el segundo mantiene activa la tendencia a la tutela y a la instrumentalización sobre la primera. Varias han sido las coyunturas en que lo anterior se manifiesta en el Oriente antioqueño: en primer lugar cuando, al inicio de la presidencia de Uribe Vélez, se generan tensiones en las reuniones de la Asamblea Provincial del Oriente Antioqueño, entre las orientaciones emanadas desde la presidencia de la república y la posición del resto de sus participantes, incluido el gobernador encargado. La segunda ocasión se presentó al sobrevenir la crisis con el asesinato del gobernador de Antioquia y del ex ministro de Defensa y se dirime el nombramiento del nuevo gobernador en propiedad. Allí vuelve a darse el pulso entre el presidente de la república y el grupo del gobernador asesinado.

El Laboratorio de Paz del Oriente Antioqueño juega a todas luces como escenario en donde se disputan distintos poderes; y si en el centro de esa disputa está la paz y la construcción de una región autónoma, también se dirime la disputa por quién detenta la hegemonía en el proceso regional y por cómo éste puede ser utilizado por dicha fuerza en otros espacios del escenario político general.


Citas

1 Fue especialmente el caso de los movimientos cívicos analizados por diversos analistas sociales como Medófilo Medina, Pedro Santana, Javier Giraldo, Luis Alberto Restrepo, Orlando Fals Borda, Santiago Camargo, Mauricio Archila, Marta Cecilia García y tantos otros, incluida la propia autora de este escrito.

2 Al tiempo con la elección popular de alcaldes, se desencadenó a todo lo largo y ancho de los territorios donde tuvieron influencia fuerzas sociales y políticas alternativas, el exterminio de las mismas a manos de los grupos paramilitares que desde esa época asumieron un papel activo, organizado y sistemático en la confrontación armada que se libra en el país. La Unión Patriótica –como agrupación política- y los movimientos cívicos, fueron unas de las víctimas más afectadas.

3 Charles Tilly, From mobilization to revolution, Massachussets, 1978.

4 Hay otras acciones de resistencia en la región. Por ejemplo la de los indígenas con su propuesta de “neutralidad activa”. En este artículo nos centramos en las acciones que tienen envergadura regional, ésto es, que involucran un conjunto de actores variados y que simbolizan un proyecto colectivo con respecto de la región. La acción de los indígenas se restringe a su territorialidad y a ellos como actor exclusivamente. De otra parte, también se producen acciones desde la sociedad regional que engloba a Urabá –el periódico El Colombiano con sus “diálogos por Urabá”, la Iglesia del nivel nacional, lo mismo que las ONG religiosas de carácter internacional–.

5 Las guerrillas –Ejército Popular de Liberación, EPL y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC– ejercían su influencia en la región desde finales de los sesenta. Esta influencia fue expandiéndose y profundizándose con el tiempo. Con la entrega de armas del EPL las FARC asumen con especial virulencia su dominio sobre la región. Pero por esa misma época los paramilitares –las Autodefensas de Córdoba y Urabá– adaptan también su decisión estratégica: tomarse la totalidad de la región a sangre y fuego y expulsar a las FARC de ella. Para ello acogieron el macabro método de la “tierra arrasada”, en la cual, milimétrica y matemáticamente, vereda tras vereda y poblado tras poblado son desocupados por la fuerza, la violencia y el terror. Así se genera la corriente de desplazados más grande para la época en el país: la del Urabá-Atrato.

6 Lo cual no quiere decir, sin diferencias, sin desigualdades, sin conflictos.

7 Se logra construir un espacio de relaciones horizontales en donde permanentemente todos los actores aprenden a comunicarse, a construirse a sí mismos y a reconocer a los demás y por el cual se ha logrado mejorar la coordinación interinstitucional y comunitaria en el municipio y las relaciones con la empresa privada. También la empresa privada reformuló su papel social y el proceso de inserción en la región, y desde 1998 puso en funcionamiento la Fundación Río Claro. Todos los índices de violencia bajaron drásticamente de manera inmediata. Y la inversión, si bien no alcanza para la superación de la pobreza, si permite dejar instalado un proceso de planeación concertada, que los pobladores resaltan como el resultado más importante. Ver: Banco Mundial – Fundación Corona, Programa de Alianzas para la Convivencia y la Superación de la Pobreza. “Alianza para el desarrollo social como estrategia para enfrentar el problema de la violencia en el municipio de San Luis, Antioquia”. Documentación realizada por David Marulanda García. Instituto de Estudios Regionales –INER de la Universidad de Antioquia, Medellín, 1999.

8 Desde el sector privado sobresale Prodepaz, el programa de Desarrollo y Paz del Oriente antioqueño que formaron en 1999 las empresas mixtas nacionales del sector eléctrico –ISA e ISAGEN– y el conjunto de los líderes del empresariado antioqueño asociados en Proantioquia, apoyadas en la iglesia católica –las Diócesis de Sonsón-Rionegro y del Magdalena Medio y la ONG CINEP–.

9 Al Laboratorio de Paz del Oriente confluyen: la Asamblea Provincial Constituyente, el Consejo de Alcaldes del Oriente antioqueño, la Gobernación de Antioquia, la Diócesis de Sonsón-Rionegro, la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Comunidad Internacional, las entidades regionales y nacionales públicas y privadas, los Ministerios, la Dirección Nacional de Planeación y el Congreso de la República. (Documento Ejecutivo: Laboratorio de Paz Provincia del Oriente Antioqueño. Oficina Laboratorio de Paz, Medellín, febrero de 2003).


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    • “Alianza para el desarrollo social como estrategia para enfrentar el problema de la violencia en el municipio de San Luis, Antioquia”. Documentación realizada por David Marulanda García, 1999.
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