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Conflictos, guerra y violencia urbana: interpretaciones problemáticas

Conflitos, guerra e violência urbana: interpretações problemáticas

Conflicts, war and urban violence: problematic interpretations

Pablo Emilio Angarita Cañas**


* Este artículo hace parte de un avance de la investigación en curso titulada “Libertad y Orden. Seguridad, orden público y libertades democráticas en una sociedad en conflicto: Medellín, 1993-2003”, aprobada por el CODI (Comité de investigaciones) de la Universidad de Antioquia, cuyo director es el mismo autor de este escrito.

** Magíster en Ciencias Políticas. Especialista en Derechos Humanos y D.I.H. Docente e investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Coordinador del Grupo interdisciplinario de investigación sobre Conflictos y Violencias, del INER - Universidad de Antioquia, reconocido por Colciencias 2003. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.


Resumen

Ubicado el contexto histórico-social en que se inscriben los conflictos en la ciudad de Medellín, se muestra cómo en los últimos años se ha intensificado la violencia, con rasgos típicos de guerra, calificada por algunos como “urbanización del conflicto armado”. Esta perspectiva es analizada aquí críticamente, al igual que el tratamiento dado por el gobierno nacional a la misma. La violencia urbana ha motivado estudios académicos y sus lecturas han servido de base a las políticas oficiales y programas de acción con la pretensión –hasta ahora fallida– de solucionar el problema. Las múltiples interpretaciones las hemos agrupado en cuatro grandes enfoques sobre la violencia urbana, que evaluamos en este artículo. En el cuarto enfoque, exponemos una síntesis de nuestra propuesta de acercamiento a la comprensión de los conflictos violentos de Medellín.

Palabras clave: Conflictos urbanos, violencia urbana, violencia, urbanización del conflicto, violencias en Medellín.

Resumo

Localizado dentro do contexto histórico-social em que os conflitos da cidade de Medellín estão registrados, a intensificação da violência nos últimos anos é mostrada. Esta violência apresenta características típicas da guerra, descritas por alguns como "a urbanização do conflito armado". Esta perspectiva é analisada criticamente aqui, bem como o tratamento dado pelo governo nacional a esse problema. A violência urbana motivou estudos acadêmicos e suas leituras servem de base para políticas e ações oficiais com a intenção - frustrada até agora - de resolver o problema. Agrupamos as múltiplas interpretações em quatro abordagens principais da violência urbana, que avaliamos neste artigo. Na quarta perspectiva, apresentamos uma síntese da nossa proposta de abordagem para a compreensão dos conflitos violentos de Medellín.

Palavras-chave: conflitos urbanos, violência urbana, violência, urbanização de conflitos, violência em Medellín.

Abstract

Located within the historical-social context in which the conflicts of the city of Medellin are registered, the intensification of violence in the last years is shown. This violence present typical characteristics of war, described by some as“the urbanization of armed conflict”. This perspective is critically analyzed here, as well as the treatment given by the national government to this problem. The urban violence has motivated academic studies and its readings serve as basis for official policies and actions with the intention –frustrated up to now– of solving the problem. We have grouped the multiple interpretations in four major approaches to urban violence, which we evaluate in this article. In the fourth perspective we present a synthesis of our proposal of approach to the understanding of the violent conflicts of Medellin.

Keywords: Urban conflicts, urban violence, violence, urbanization of conflict, violence in Medellín.


En Medellín, “En el barrio Manrique, zona de confluencia de muchos actores armados, cada 17 horas es asesinada una persona; según las autoridades, el 90% de las víctimas son hombres menores de 20 años…” (El Colombiano, 2002) y, en toda la ciudad, desde 1989 hasta el 2003 han sido asesinadas más de sesenta mil personas (Alcaldía de Medellín, 2003).

En Colombia, la tasa promedio de homicidios en el año 2002 fue de 66 muertos por cada cien mil habitantes (PNUD, Colombia 2003, p.105); en Bogotá, según su Secretaría de Gobierno, fue de 22 xcmh y en el mismo año, la Secretaría de Gobierno municipal de Medellín reportaba una tasa de 177 xcmh, cifra altamente significativa de la magnitud y gravedad del problema en la capital antioqueña1. Además, agrupaciones ilegales fuertemente armadas, persisten en controlar territorios, cobrar impuestos (“vacunas”), reclutar jóvenes, aplicar “justicia”, prestar el servicio público de seguridad e imponer su ley. Esto se da simultáneamente con el funcionamiento de una democracia formal y la existencia del aparato estatal de justicia, con sus diversos entes de seguridad oficial que funcionan “normalmente”.

Medellín, otrora ciudad pujante e industrial, con una administración pública que no cesa de proclamar que cuenta con los mejores servicios públicos de Colombia, y pese a todos los discursos oficiales, convive en medio de una violencia que rebasó al gobierno local y que recientemente motivó la decisión del gobierno nacional de intervenir militarmente el populoso sector de la Comuna 13. Procedimiento que, además, fue presentado por el presidente Uribe como el modelo a seguir para el tratamiento de problemáticas similares en otras ciudades del país. Este conjunto de situaciones ha reavivado el interés por entender el origen de la violencia urbana y hasta de precisar su denominación: ¿Se trata de una urbanización del conflicto armado nacional? ¿Podremos decir que es una guerra urbana, o es válida la calificación dada por el Presidente en el sentido de que son simplemente acciones terroristas contra toda la sociedad?

Para una adecuada comprensión de la confrontación armada establecida en ciudades como Medellín, se requiere de un conocimiento acerca de las condiciones socio-económicas y culturales en que se ha tejido su remota y su reciente historia, como resultado de una dinámica interna, y con fuerte incidencia de los factores y los actores protagonistas de la violencia colombiana. Por ello, es necesario determinar los diferentes hilos que tejen el entramado social y los nudos conflictivos que la sostienen, para evaluar hasta donde pueden ser adecuadas soluciones como la política de “seguridad democrática”, impulsada con tanto ahínco por el actual presidente de Colombia, u otras similares que se vienen aplicando en nuestras urbes.

Especialmente a partir de los años ochenta, con la emergencia del narcotráfico y sus prácticas violentas, y con el avance de la insurgencia, reaparecen algunos estudios con diversas interpretaciones acerca de la violencia urbana, pues hasta ese entonces era considerada como un fenómeno típico de las zonas rurales. El más destacado de los análisis fue el Informe presentado al Ministerio de Gobierno por la Comisión de Estudios sobre la Violencia (1987). Sectores como la academia, los medios de comunicación y el gobierno local ensayaron diversas lecturas del accionar violento, que hemos agrupado en tres grandes enfoques, a los que nos referiremos en este artículo. Algunos de estos diagnósticos sirvieron de base para las políticas públicas adelantadas por las administraciones municipales; sin embargo, al ser evaluados hoy nos permiten afirmar que, aunque contienen aspectos acertados, han sido equivocados o, por lo menos, no han logrado siquiera impedir el crecimiento de la violencia en la ciudad, por lo que hace falta una explicación que retome los aspectos válidos de los otros enfoques y construya una interpretación que abarque el fenómeno, lo cual proponemos realizar en el apartado final de este escrito.

Problemática urbana de Medellín

En tanto que capital, Medellín durante el siglo XX fue receptora de varias olas migratorias, provenientes principalmente de las diferentes subregiones del departamento; poblaciones que durante décadas fueron constituyendo los asentamientos urbanos, la mayoría de ellos originariamente ilegales y que lentamente se fueron consolidando y legalizando, como lo narran varios estudios (Naranjo, 1992 y Villegas, 1993). La ciudad se convirtió en un atractivo para los inmigrantes quienes llegaban con la expectativa de satisfacer sus necesidades de empleo, educación, mejores servicios y en general unas condiciones superiores a las que vivían en el campo o en el pueblo del cual procedían y que debieron abandonar, la mayoría de veces motivados por la violencia.

El desproporcionado crecimiento que vivió la ciudad, se hizo especialmente notorio a partir de los años sesenta, y se manifestó en situaciones como la emergencia de conflictos centrados en la búsqueda de espacio para la vivienda, la dotación de equipamiento y servicios públicos (transporte, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, salud y educación). En la medida en que continuaban llegando oleadas migratorias a Medellín, la vivienda y los servicios se hacían insuficientes y a estos problemas se sumaron otros, como la falta de empleo, que tuvo su máxima expresión en los años ochenta, con la crisis del sector textil, cuyo cierre de empresas lanzó a la calle a miles de trabajadores, y con ellos dejó en la pobreza a los antiguos beneficiarios indirectos; aparejada al incremento del desempleo, emergió la tentadora oferta del narcotráfico que ilusionó a pobres y a ricos, generando una nueva dinámica, no sólo económica y social, sino de profundo impacto en las prácticas culturales y políticas de la sociedad antioqueña y de su capital.

Es así como a los antiguos conflictos laborales se sumaron los nuevos movimientos sociales de los años setenta y ochenta, con epicentro en los barrios populares que reclamaban mayor atención de las administraciones municipales al conjunto de sus necesidades básicas; y la presencia de numerosos ciclos de confrontación armada social y política, se vieron ahora realimentados por la tradición de violencia intrafamiliar, que había contado con cierta aceptación social.

Enfoques interpretativos de la violencia urbana

Los distintos intentos explicativos de los conflictos y en particular de la violencia en Medellín podemos agruparlos básicamente en cuatro enfoques2, con matices en su interior, y algunos mezclados entre sí, que en este análisis clasificamos así: 1) socio-económico y espacial, 2) socio-cultural 3) sociopolítico y 4) intensificación del conflicto armado (guerra).

1) El enfoque lo denominamos socio-económico y espacial, pues centra la explicación de la violencia en la relación existente entre la pobreza y el carácter acelerado del crecimiento urbano. Remite especialmente al proceso histórico de configuración de la ciudad, desde los desplazamientos forzados generados por la violencia de mediados del siglo XX, el cual se desarrolló en cuatro etapas: de enfrentamiento (con antiguos pobladores, terratenientes y autoridades); de defensa (del territorio frente a nuevos invasores); de movilización (exigiendo de las autoridades su reconocimiento y equipamiento del barrio) y, finalmente, de conformación de grupos de autodefensa para protegerse de la delincuencia. Esta es la perspectiva de Villegas (1993) y, con algunas variantes, podemos incluir otros estudios similares (Melo, 1995; Instituto de Estudios Políticos, 1994). También pueden inscribirse en este enfoque, las incidencias sobre la violencia que han tenido los cambios en los procesos de acumulación capitalista y su impacto en el mundo laboral y en la organización de los trabajadores y su vida social (Betancur et al, 2001).

2) La interpretación socio cultural y el mundo de los valores, con una gama de matices, es relacionada por muchos estudios con el impacto cultural que produjo en la ciudad el narcotráfico. Una parte de estos, desde una mirada conservadora, atribuye la violencia a la pérdida de los antiguos valores cristianos, sugiriendo nostálgicamente el retorno a ellos, como frecuentemente lo expresan los sectores más tradicionalistas de la Iglesia Católica; mientras que otros –con una mirada más progresista– propugnan por la construcción de una ética civil que asuma nuevos catálogos axiológicos ciudadanos acordes con los tiempos actuales.

Una variante de este enfoque, muy ligada a la tendencia neoliberal, explica el problema como ausencia de educación para el tratamiento pacífico de los conflictos y para una cultura de tolerancia. Bajo esta orientación, buscando establecer correctivos, los gobernantes emprenden múltiples acciones educativas, como ocurrió en Antioquia, cuando el actual presidente Uribe fue gobernador, quien contrató asesores internacionales en resolución de conflictos e impulsó la capacitación de miles de expertos en conciliación y en el manejo pacífico de los conflictos, sin que tampoco esto haya podido modificar realmente la intensificación de los mismos.

Si bien son explicaciones con énfasis distintos, guardan en común la preocupación por las prácticas culturales y los imaginarios colectivos, así algunos establezcan una mayor relación que otras, con factores socio-económicos. Entre otros autores, sobresalen en este campo: Henao (1990), Jaramillo y Salazar (1992), Jaramillo et al (1998). Con todo y los aportes de esta perspectiva, sin embargo, una de sus grandes limitaciones es la identificación del conflicto urbano con la violencia urbana, con lo cual no logra tratar adecuadamente ni el uno ni la otra.

3) El enfoque socio-político explica la persistencia de la violencia por las deficiencias en la construcción de un sólido vínculo social, por las debilidades en la relación entre el Estado y la sociedad. La precariedad institucional del Estado –la impunidad es una clara muestra de ello–, o la ausencia de éste en las comunidades, como en el caso de las diversas formas de seguridad privada legal e ilegal. También se encuentran aquí las explicaciones que señalan las dinámicas de exclusión económica y social con altos efectos políticos; la privatización de lo público; y la estrecha articulación de las violencias urbanas con el conflicto político armado.

Investigaciones como la del Instituto de Estudios Políticos (1994), ubican que en la ciudad conviven dos realidades: una formal (para quienes rigen la justicia estatal) y otra informal, en la cual, como consecuencia de las precariedades económicas y la insatisfacción de los derechos básicos, se desborda la violencia, creándose grandes limitaciones para el desarrollo de lo público-estatal. Se percibe una gran debilidad política y una falta de legitimidad del Estado, dada su incapacidad para garantizar la seguridad, impartir la justicia, establecer el orden, y detentar el monopolio de la fuerza. Esta sería la base para la proliferación de grupos de justicia privada y las múltiples tributaciones (legales e ilegales) que soportan los ciudadanos, en medio de variados órdenes que compiten y conviven simultáneamente en un mismo territorio.

4) Inserto en el enfoque socio-político, pero como una variante especial, señalamos que la reciente violencia urbana sólo es posible comprenderla en el proceso histórico de larga duración, como resultante de los múltiples conflictos de diverso tipo: económicos, sociales y políticos, gestados en el traumático e inacabado proceso de constitución como ciudad. Una adecuada comprensión de la actual violencia urbana de Medellín, exige entender lo que ha significado el proceso acelerado de urbanización en sus complejos aspectos; los contrastes socio-económicos y culturales generados por la excesiva concentración de riqueza y la expansión de la pobreza; el auge del narcotráfico y de grupos urbanos armados y su incidencia en la ciudad formal y la informal y, finalmente, exige entender el actual nivel de escalamiento o intensificación de esta guerra urbana3, diferenciándola del terrorismo y estableciendo sus ligazones con la que se libra en el territorio nacional.

Dentro de esta última perspectiva de análisis, a continuación haremos una lectura de las políticas públicas adelantadas desde los diferentes gobiernos que han administrado a Medellín. Cabe anotar que aunque reconocemos el papel que han desempeñado diversos actores de la sociedad civil en la dinámica de los conflictos y en la construcción de la ciudad, la brevedad de esta digresión nos impide su consideración.

Periodización de las políticas de seguridad y tratamiento de conflictos

Una rápida retrospectiva de las políticas adelantadas por los diferentes gobiernos locales de Medellín en las últimas décadas, para enfrentar los distintos conflictos sociales, permite su clasificación en cinco grandes períodos, a saber:

En un primer período, ubicado en los años sesenta y setenta del siglo XX, se crearon los comités cívicos que asumían actividades y funciones propias del Estado para contribuir al embellecimiento de la ciudad con acciones de “limpieza social”, consistente en la “recolección” e internamiento por unos días, de aquellas personas que –según estos comités– afeaban la ciudad; posteriormente eran dejados en libertad después de haber sido atendidos en su presentación personal. Años más tarde, esa “limpieza social” pasó a mayores, convirtiéndose en asesinato de “indeseables”, como hasta el día de hoy sigue ocurriendo4. En algunos casos las acciones se pretendieron justificar socialmente, con el argumento de que la justicia no opera; con el mismo criterio esporádicamente fueron eliminados físicamente varios líderes sindicales y sociales, presunta o realmente vinculados con acciones subversivas. Algunos casos de estos significaron cuantiosas erogaciones económicas del Estado debido a las demandas judiciales que reclamaban indemnización por la actuación de sus agentes. La nota distintiva de ese momento fue la ausencia de una política estatal que incluyera en sus planes de gobierno el tratamiento de estos conflictos; se asumía una total indiferencia frente a estos o no se tenía conciencia de lo que lentamente se estaba gestando en el contexto social de Medellín.

Un segundo período, comprendido entre finales de los ochenta y comienzos de los noventa. A finales de los años ochenta la ciudad vivió una oleada de violencia y narcoterrorismo, especialmente dirigido por el cartel de Pablo Escobar, quien pagaba por el asesinato de policías. Fue entonces cuando, para enfrentar el conjunto de la problemática, se adelantó desde el Estado central el Programa de “Alternativas de futuro para Medellín”, a través de la Consejería Presidencial. Esta iniciativa se desarrolló en medio del relativo entusiasmo producido por la nueva Constitución Política de 1991, y tuvo varios aciertos, uno de los cuales fue el que, por primera vez en la historia de la ciudad, se convocaba a trabajar con una visión de conjunto, mediante un esfuerzo mancomunado de organizaciones y líderes de muy disímiles procedencias (empresarios, sindicalistas, comunales, mujeres, jóvenes, ONG e iglesias); en fin, se reunieron voceros de todos los sectores en una misma mesa de diálogo y propuestas (burgueses, proletarios y capas medias de la ciudad), bajo la coordinación del Estado, creándose importantes expectativas en las comunidades frente a las alternativas presentadas para tratar los conflictos de la ciudad. Sin embargo, en la segunda mitad de la década del noventa, paulatinamente se desmontó este programa, dejando inconclusas muchas de sus acciones y un nostálgico sabor de frustración en todos sus participantes, mientras que los problemas se continuaban acumulando.

A mediados de los noventa, entre las Alcaldías de Luis Alfredo Ramos y la de Sergio Naranjo, encontramos un tercer período caracterizado por la conformación de un Plan Estratégico de Seguridad para la ciudad como parte del Plan de Desarrollo municipal, dentro del cual se conformó la Oficina de Paz y Convivencia, cuya virtud consistió en asumir el reto de conocer, de manera especializada, los conflictos violentos de la ciudad. Por esta vía se logró un mejor acercamiento a las diversas formas de violencia y sus protagonistas; incluso se adelantaron procesos de desmovilización de algunos grupos milicianos y se diseñó una política de tratamiento de los conflictos barriales y armados, no exenta de graves errores, pero aún así, constituyó un gran paso adelante frente a los vacíos del pasado. Quizás una de las mayores debilidades de este programa fue su carácter marginal, aislado del conjunto de las políticas de la Alcaldía; además, las soluciones dadas a los grupos milicianos desmovilizados se vieron empañadas con hechos como el impulso a la famosa Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Coosercom, que representó un anticipo de las posteriores Convivir5 y que, a juicio de muchos analistas, contribuyó al fortalecimiento del paramilitarismo urbano.

Dentro de los planes de actuación del Estado, ubicamos a finales de los noventas un cuarto período, determinado por la creación del Programa de Convivencia Ciudadana, diseñado y ejecutado con un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo-BID. Este Programa ha tenido serias limitaciones, tanto por las condiciones onerosas impuestas por el BID, como por el escaso compromiso real por parte de la Alcaldía presidida por Juan Gómez Martínez para el tratamiento pacífico de los conflictos6; pese a estas marcadas deficiencias, sus bondades estaban en la pretensión de dar respuestas estratégicas, articuladas y de conjunto, incluyendo alternativas para la superación de los más sobresalientes factores generadores de violencia de la ciudad.

Un quinto período está caracterizado por la gestión del trienio del actual alcalde Luis Pérez Gutiérrez (2001-2003). Durante ésta, los ritmos paquidérmicos de la burocracia estatal y las tramitomanía internacional frenaron el impulso inicial del Programa de Convivencia, lo cual se agravó con el desacuerdo expresado por el alcalde Pérez, quien inicialmente se opuso a la ejecución de varios de sus proyectos y dilapidó valiosos esfuerzos económicos y humanos que ya se habían invertido, pese a que con cargo al erario público se deben continuar pagando los altos costos financieros de la deuda, aunque se mantenga la parálisis o el retraso de sus acciones, y a sabiendas de que la ciudad continúa envuelta en una ola de violencias que atraviesa todos sus barrios y acentúa el sentimiento de impotencia e inseguridad; y ahora la administración, carente de un plan congruente de acción da bandazos en su intento de responder a las distintas formas de violencia y a la zozobra generalizada.

El programa de Luis Pérez incluía propuestas llamativas como la de “compro la guerra”; éstas en medio de cálculos economicistas, sustentaba la posibilidad de que mediante inversiones monetarias era más rentable para las personas vinculadas a los grupos armados el retirarse y obtener un salario para realizar un trabajo honesto y “reincorporarse a la civilidad”, nombre con el cual se dio a conocer el programa a mediados de 2003. Independientemente de las valoraciones éticas y políticas muy cuestionables de esta propuesta, lo cierto es que ya a punto de finalizar su mandato, la aplicación y sus resultados son prácticamente nulos. La propuesta quedó tan sólo en anuncios y en expectativas, pues no existe un número relevante de personas que habiendo desistido del accionar armado se hayan acogido al programa, así como tampoco se conocen personas vinculadas a empleos, en sectores como la Comuna 13 –que fue donde más se agitó esa idea–, en medio de las confrontaciones armadas y de las dos grandes operaciones militares que adelantaron las fuerzas armadas durante el año 20027. Al finalizar su mandato sólo podrá registrarse en esta materia la instalación de unas bases militares en la Comuna 13, inauguradas por el Presidente de la República, así como el proceso de ampliación de las unidades de policía para la ciudad. Pero, en materia de programas de convivencia y de seguridad, se continuó con ilusiones y sin resultados tangibles.

En las últimas administraciones municipales se ha vivido una constante paradoja: por una parte, se hacen grandes inversiones en tecnología para la seguridad (videovigilancia, número único, apoyo logístico a la policía) y, por la otra, la situación que, con algunos ligeros altibajos, presenta una tendencia de inseguridad, violencia y escalamiento del conflicto armado, bajo la forma de guerra.

A partir de la llegada de Uribe Vélez a la presidencia, el alcalde Luis Pérez acogió su política de “seguridad democrática”, cuyo énfasis está en acciones de carácter represivo8 y anuncios de inversión social, aunque ésta última ha sido sólo eso: anuncios, según lo constatan diversos sectores, como ha sucedido en la Comuna 13, en donde se experimentó el nuevo modelo, y en donde ahora el control y la seguridad están siendo ejercidos básicamente por los paramilitares, al punto que la han propuesto como una de las sedes urbanas para las posibles negociaciones entre las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y el gobierno nacional.

Epílogo

A modo de epílogo discutiremos tres tesis sobre el conflicto interno colombiano ampliamente difundidas en los medios de comunicación, especialmente durante el año 2002, a saber: 1) El supuesto de que la existencia y desarrollo del conflicto armado son ajenos a la inequidad social, 2) la consideración de la “urbanización del conflicto armado nacional” y, 3) la calificación del conflicto como el accionar de unos terroristas contra toda la sociedad.

1) Dirigentes políticos y empresariales recibieron con regocijo la crítica a la superada visión mecanicista que pretendía explicar todos los fenómenos de violencia a partir de la existencia de la pobreza o de factores de orden socio-económico. Entusiasmados, aceptaron la refutación de ese unilateral planteamiento, al extremo de negar cualquier relación entre la inequitativa distribución de la riqueza y la persistencia de la violencia, no obstante ser una situación hoy en día constatable empíricamente en Colombia y, en el caso de Medellín, a través del coeficiente GINI (que mide concentración de riqueza/ pobreza), del alto índice de desempleo abierto y el crecimiento del empleo informal en los últimos cinco años, o de los 82.000 hogares de la ciudad que para el año 2003 se encontraban privados de servicios públicos, según lo reporta la propia EPM; familias humildes a quienes de nada les sirve el que estas empresas sean consideradas modelo en el país y en Latinoamérica. Consideramos que si bien es cierto que no existe un determinismo económico causal con la violencia, sí son inocultables los nexos explicativos entre ésta y la inequidad social.

2) Muy ligada a la anterior idea, fue igualmente acogida la tesis, ya que pretendía justificar la persistente y expansiva oleada violenta en Medellín, como resultado de factores ajenos a nuestra propia dinámica interna. Se insistió mucho en que esta violencia se debía a la decisión de las FARC y las AUC de “llevar la guerra a las ciudades”, y con este análisis – independientemente de las intenciones– se obstruyó un sereno y detenido examen de lo que realmente venía sucediendo. Afortunadamente, incluso desde algunos sectores del mismo gobierno central, se rechazó esta tesis de la “urbanización del conflicto armado”, afirmando que: Las acciones del conflicto que golpean las ciudades tienen gran impacto y hacen parte de las tácticas de guerra por su efecto psicológico y mediático. No obstante esto no es suficiente para hablar de una urbanización del conflicto. (Vicepresidencia de la República, p.3), pues La percepción sobre una supuesta urbanización del conflicto responde entonces también a las actuaciones de las autoridades en su misión de controlar los grupos armados al margen de la ley. Los operativos recientes en la Comuna 13 de Medellín así lo indican. (Vicepresidencia de la República, p.7). Nuestra valoración es la de señalar que se trata del escalamiento o intensificación del conflicto armado urbano (guerra), estimulado –mas no determinado– por el conflicto armado de carácter nacional.

3) La tercera tesis, aunque muy simplista, merece ser mencionada y criticada, más que por sus argumentos –demasiado deleznables– sí por el poder real y simbólico de su autor. Nos referimos a la idea propalada por el Presidente de la República y coreada por sus ministros y por algunos medios, afirmando que en Colombia no hay conflicto armado, pues de lo que se trata es del accionar de unos terroristas, enemigos de toda la sociedad, “contra 44 millones de colombianos de bien”. Aunque es comprensible el afán de propinarle una derrota política y propagandista a los grupos insurgentes, dada la imposibilidad de derrotarlos militarmente, sin embargo, esa idea, además de no corresponder con la realidad, no ayuda a una comprensión del fenómeno para encontrar una adecuada superación del mismo, pues no establece elementales diferencias entre violencias, guerra y terrorismo. Amén de traer nocivos efectos en campos como los derechos humanos, al no permitir diferenciar entre combatientes y no combatientes, y al terminar identificando toda oposición política –ya sea inerme o violenta– como vulgar terrorismo.

Por lo anterior, reiteramos que una mejor explicación de lo transcurrido en una ciudad, en donde según la propia Secretaría de Gobierno de la Alcaldía, el año pasado hubo 3.722 muertes violentas, dentro de las cuales 171 ocurrieron en 51 masacres, requiere entender la confluencia de los múltiples factores estructurales y coyunturales que la determinan, tomar cada uno de sus conflictos en sí mismo, diferenciando una zona de otra (por ejemplo, no es lo mismo la forma como se conformaron y actúan los pobladores de la Comuna 13, que los de los barrios de la Comuna Nororiental); se precisa auscultar sus múltiples relaciones como parte del entramado social interno y en su interacción con la dinámica de la guerra nacional; establecer la forma como participan los diferentes sectores, según edades y géneros; el modus operandi y de influencia, tanto del Estado como de los distintos actores armados ilegales en cada zona de la ciudad. Igualmente, deberán analizarse las variadas respuestas asumidas por cada uno de los sectores frente a las prácticas violentas.

Una mirada analítica y comparativa de los diferentes estudios existentes sobre Medellín, nos permite concluir que no es cierta la tan difundida aseveración de que la ciudad se encuentra “sobre-diagnosticada”. Por el contrario, aquí es aplicable el sabio dictamen de Ortega y Gasset lo que pasa es que no sabemos qué es lo que nos pasa. En ese sentido, creemos que hacen falta más y mejores investigaciones que, lejos de posturas ideológicas fundamentalistas o al servicio de ciertos coyunturalismos políticos, ofrezcan reflexiones más omnicomprensivas y ayuden a encontrar salidas democráticas que contribuyan a fortalecer el tejido social y a construir una nueva institucionalidad verdaderamente incluyente.


Citas

1 Respecto de los datos estadísticos, para el caso de Medellín, cabe advertir la dificultad existente pues la constante han sido las diferencias en cuanto a las cifras producidas por las tres fuentes oficiales: Secretaría de Gobierno Municipal, Medicina Legal y la Policía Metropolitana. En este artículo, si no es afirmación diferente, la fuente usada es Secretaría de Gobierno.

2 La agrupación de estos enfoques es una idea parcialmente compartida con la investigadora Vilma Liliana Franco (2003), y desarrollada más ampliamente en escritos separados de ella y míos. Así mismo, en el “Balance de los Estudios sobre violencia en Antioquia” (Angarita, 2001) se ofrece un exhaustivo análisis de las investigaciones sobre el tema realizadas hasta el año 2000, y las diferentes tendencias interpretativas.

3 En otro artículo establecemos la diferenciación entre los conceptos de violencia, guerra y terrorismo. Véase Angarita (2003).

4 En la segunda semana de septiembre de 2003 fueron encontrados seis cadáveres de indigentes en el río Medellín, en un sector cercano al centro de la ciudad, ante la total indiferencia del gobierno y los distintos estamentos sociales.

5 Las polémicas asociaciones Convivir fueron creadas como grupos de ciudadanos que prestaban labores de vigilancia, especialmente en el campo y rápidamente se extendieron también a las ciudades. En el departamento de Antioquia contaron con gran impulso bajo la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, posteriormente la Corte Constitucional las declaró parcialmente inconstitucionales. Para finales del noventa estaban aparentemente disueltas, aunque en la práctica continuaron existiendo en Medellín y ahora bajo la presidencia de Uribe Vélez están siendo reeditadas como tales y con otras denominaciones.

6 Nos referimos especialmente a que la administración municipal predicaba la resolución pacífica de los conflictos, al mismo tiempo que reprimía violentamente a diversos sectores sociales que salían a las calles a manifestar su inconformidad contra las medidas del gobierno central y con algunas decisiones del gobierno local, represión que se dio especialmente contra las protestas de los maestros, las organizaciones comunitarias, los afectados con la Avenida 76, empleados de la rama judicial, conductores de taxis y buses, y otros.

7 Se refiere a las operaciones “Mariscal”, realizada en mayo de 2002 y “Orión” de octubre del mismo año.

8 Un análisis de la implementación de la política de “seguridad democrática” puede verse en Angarita (2003).


Bibliografía

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