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Familia nuclear y jefatura del hogar: acceso de la mujer a la tierra en las reformas agrarias

Família nuclear e chefe de família: acesso da mulher à terra em reformas agrárias

Nuclear Family and Head of Household: Woman's Access to Land in Land Reforms

Magdalena León*


* Profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y fundadora del Fondo de Documentación Mujer y Género de la misma Universidad.


Resumen

En este texto se analizan las consecuencias que la neutralidad de género ha dejado para la política pública, en el caso específico de las reformas agrarias y acceso de la mujer a la tierra en América Latina.


Introducción

El enfoque liberal del desarrollo se originó en la segunda postguerra y en él se asumió que el Tercer Mundo podía ser ayudado a alcanzar de manera gradual sistemas políticos y económicos similares a los de los países industrializados. El desarrollo se volvió la meta principal para países que no lo habían alcanzado y fue entendido como un proceso lineal al que se llegaba avanzando desde el subdesarrollo.

En la primera etapa de los años sesenta el objetivo fue el crecimiento autosostenido, que confundió crecimiento con desarrollo. En los años setenta la idea de crecimiento económico se cualificó, en relación con un desarrollo centrado en los más necesitados añadiéndose, de esta manera, una dimensión social con elementos redistributivos que antes no se habían planteado. El Estado pasó a tener una participación activa y, con ello, comenzaron a concebirse los procesos de cambio planificado que impulsaron la ejecución de políticas públicas.

Sin embargo, en ambos momentos el desarrollo se entendió como un proceso lineal hacia la modernización capitalista, que implicaba la filtración hacia abajo en los grupos y actores sociales, de los beneficios sociales y económicos del desarrollo. La filtración o trickle down se basó en el supuesto de que los cambios a nivel macro pasan por efecto de goteo de arriba hacia abajo y de esta manera permean las diferentes estructuras y actores sociales. Este supuesto ha sido desvirtuado y, en particular, la literatura sobre mujer y desarrollo ha mostrado sus falacias en relación con los factores que las afectan (León, 1993,1996).

En este modelo las mujeres no se consideraron como grupo objetivo de los programas de desarrollo macroeconómico, bajo el falso supuesto de que éstas se beneficiarían del efecto de goteo una vez que la política bajara a los actores sociales y favoreciera a todos ellos por igual.

En América Latina una de las políticas públicas más importantes, –si no la más relevante–, que se emprendió en el período desarrollista como estratega para salir del subdesarrollo fue el impulso a las reformas agrarias. Los cambios en los sistemas de tenencia de la tierra fueron pensados como pilar básico para la expansión del mercado interno, el cual a su vez era un prerrequisito para el éxito del modelo conocido como sustitución de importaciones, que se impulsó en la región de 1960 a los primeros años de 1980.

Este trabajo analiza las consecuencias que la neutralidad de género ha dejado para la política pública, en el caso específico de la reformas agrarias y el acceso de la mujer a la tierra en América Latina . En primer lugar presenta el modelo de neutralidad de género y sus consecuencias en la política pública al privilegiar la familia nuclear y al hombre como jefe del hogar. En segundo término, las consecuencias de la neutralidad de género para la intervención social se estudian a partir del caso de las reformas agrarias. Se evidencia la exclusión de las mujeres al preferir entre los beneficiarios categorías supuestamente neutrales como familia y hogar que llevaron a invisibilizar a las mujeres como beneficiarías directas y a entregar la tierra al hombre como jefe del hogar.

Neutralidad de género y familia nuclear

El modelo de la filtración trajo como corolario la propuesta de la neutralidad de género. Los efectos de las políticas debían bajar de arriba hacia abajo y las categorías que se utilizaban de puerta de entrada para el paso del goteo fueron "la comunidad", el "vecindario", el "pobre", y sobre todo el "hogar y la familia". En ninguno de estos casos se desagregaba para entender los intereses y las necesidades de los actores y sujetos sociales que las conformaban.

La neutralidad de género está basada a su vez en el supuesto de la existencia de la familia unitaria y complementaria, que tiene su origen en las teorías de la familia nuclear como tipo ideal, las cuales forman parte del ideario funcionalista1. El tema de la familia nuclear surgió de argumentar cómo este tipo de familia representaba el ajuste real a los cambios de la sociedad occidental industrial para acoplarse a las instituciones económicas con que está relacionada la sociedad moderna. Es una teoría de ajuste entre el sistema familiar y el sistema económico.

El sistema nuclear familiar se define como aislado, constituido a través del matrimonio por esposo y esposa e hijos aún no independientes y que como unidad familiar v i ven separados de sus familias de origen. Esto les permite adaptarse a la movilidad ocupacional y geográfica consideradas como inherentes a la sociedad industrial moderna. La familia nuclear se constituye como el tipo ideal, con el padre como jefe del hogar, la madre y los hijos, todos formando una unidad por medio de lazos primarios emocionales de amor y cariño. El varón adulto en su rol de esposo y padre es el que brinda el ingreso familiar, y por ello en las sociedades industriales es quien se desplaza especialmente para participar en forma activa en el mercado de trabajo.

En sentido estricto, en este modelo la familia se circunscribe a la célula nuclear (la pareja y la prole) y se rige por el sistema de poder que se manifiesta en la potestad marital y la patria potestad. El hombre representa a la familia, es el ser capaz de atender a las necesidades de ésta y por este motivo asume el ejercicio del poder, mientras mujer e hijos son considerados incapaces para ejercer el poder por estar desvinculados del trabajo productivo.

El esquema de la familia nuclear concebido para la sociedad industrial moderna fue trasladado sin mediaciones a las sociedades agrarias, tanto para interpretarlas como para la implementación de políticas públicas; muy particularmente esto sucedió en el caso de las reformas agrarias. Si bien es cierto que la bibliografía ha señalado que la realidad social es heterogénea en cuanto a los diferentes tipos de familias que alberga2, el esquema de la familia nuclear ha permeado la política pública y se ha conservado y reproducido por medio del llamado familismo.

El término familismo hace referencia a la construcción ideológica de la familia, es el concepto que social e ideológicamente se tiene del grupo familiar. El familismo se entiende como la idealización de la familia nuclear, como modelo socialmente deseable que choca y se contrapone con la realidad que viven las personas en su cotidianidad (Barret y Mclntosh, 1995). Esta corriente analiza que no hay una correlación directa entre familismo y realidad y que al idealizar la familia como deseable, su estructura organizativa es retomada por otros espacios del cuerpo social como modelo para la intervención. En otras palabras, la estructura y los valores de la vida familiar idealizada impregnan y organizan otros espacios de relaciones sociales.

Desde la perspectiva del familismo las relaciones y funciones de los miembros de la familia se "materializan y cosifican" pues la autosuficiencia e independencia no es para el individuo, sino para la familia, concretamente para el jefe de hogar que la representa.

"Las mujeres son simples apéndices de los hombres, el jefe de la familia determina sus necesidades como parte de las propias. Un hombre no sólo debe ser autosuficiente sino que debe cuidar también de quienes dependen de él…" (Barret y Mclntosh, 1995:54)

Los conceptos de feminidad y masculinidad y la división sexual del trabajo apropiado a cada género, así como su interrelación con la esfera pública y privada, también son aspectos de la realidad social anclados en las teorías de la familia nuclear y el familismo.

En la familia nuclear y en el familismo se identifica a la mujer por su rol en la reproducción y se la invisibiliza en las actividades de producción. Al hombre le corresponde el rol productivo como jefe del hogar y por ello se le asigna el control de los recursos lucrativos, entre ellos el más importante en las economías campesinas, la tierra.

El mirar la realidad de las sociedades agrarias bajo el lente de estas teorías llevó a no tener en cuenta el papel de productora que la mujer rural ha cumplido. Según un supuesto derivado de la teoría desarrollista, el cual resultó falso, la mujer representaba en el proceso de desarrollo un recurso humano desaprovechado por estar excluida de la producción. Se planteó, en consecuencia, la necesidad de "integrarla", desconociendo el papel de productora que ya cumplía. De esta falacia se desprendieron consecuencias negativas para la política pública. La primera fue la supuesta neutralidad para la intervención frente a las relaciones de género. Las relaciones asimétricas que caracterizan la realidad entre hombres y mujeres no se identificaron en los diseños de políticas, y el papel de la mujer en la producción quedó invisible y se desconoció. De esta manera la supuesta neutralidad de las políticas sirvió para esconder la realidad y perpetuar las diferencias.

En suma, en la expresión de Elizabeth Jelin, la perspectiva del análisis político y social tradicional que presidió los diagnósticos para la formulación de políticas se detuvo en las puertas del hogar.

"Desde la postguerra, los grandes temas de América Latina han sido el desarrollo económico, la estabilidad política, el crecimiento de la población y la urbanización. … La incorporación de la institución familiar en el análisis de los procesos sociales, económicos y políticos centrales de la región -y más aún, la valoración del nivel microsocial y de la cotidianidad- provienen de las últimas dos décadas." (1994: 37).

El supuesto que llevó al desconocimiento de la familia, las relaciones intrafamiliares y la identidad de los actores sociales que la componen se basó en considerar los procesos que allí se daban como pertenecientes a otra lógica: valores de uso y no de cambio, mundo privado-persona y no social, área de reproducción y no de producción, casa y no trabajo, y naturaleza y no cultura.

La intervención social también se detuvo, en el mejor de los casos, en las puertas del hogar o la familia, cuando no en la comunidad y el vecindario. Cuando se llegó hasta las puertas de la familia se dio prioridad a la jefatura del hogar en cabeza del varón, lo que implicó una limitación aún mayor: significó que se tomó lo masculino como parámetro de lo humano. De este modo no sólo se invisibilizó la presencia femenina sino que, sobre todo, se olvidaron sus necesidades, sus intereses y por consiguiente sus derechos. Precisamente esta limitación se ve reflejada con claridad en los alcances de las reformas agrarias en cuanto el acceso de la mujer a la tierra, como veremos más adelante.

El concepto de familia nuclear desarrollado corre parejo con la definición tradicional que se ha dado a la "jefatura del hogar", la cual no está exenta de problemas y ambigüedades en su definición y medición3. Se define como jefe a aquella persona que es declarada y reconocida como tal por los miembros del hogar. Esta forma de registro refleja estereotipos y sesgos culturales relacionados con las funciones, la edad, el ciclo de vida de las familias y el género del jefe del hogar. En torno al jefe se establecen las relaciones de parentesco y por tanto el tipo de relaciones que prevalecen en el hogar. El jefe se considera como el principal o único proveedor y responsable económico del bienestar de su hogar, centraliza el poder y todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones.

La conceptualización de jefatura del hogar planteada en estos términos y que ha prevalecido no es neutra. Para Bunivic y Gupta:

" Está cargado con significados adicionales que reflejan un énfasis tradicional en hogares como unidades no diferenciadas, con sistema de autoridad patriarcal y con conflictos internos en la asignación de recursos" ( 1997:260).

La función de jefe de hogar ha sido valorada y reconocida culturalmente como un rol típicamente masculino. En consecuencia, la tendencia es a reconocer a los hombres como jefes de hogar en el marco de relaciones jerárquicas y autoritarias dentro del hogar. La jefatura femenina sólo se reconoce en ausencia del cónyuge o compañero. Las mujeres jefes de hogar son las viudas, las separadas, las divorciadas, las abandonadas o las madres solteras. El concepto de jefatura de hogar fue construido, entonces, con base en las características de la masculinidad, y su aplicación a la jefatura femenina es acrítica. Por eso el uso del concepto tradicional de jefatura de hogar favoreció de manera mayoritaria a los hombres en detrimento de las mujeres, como se apreciará en el caso de las reformas agrarias.

Reformas agrarias e intervención social4

Las reformas agrarias de América Latina se llevaron a cabo bajo circunstancias y contextos diferentes durante el presente siglo. La primera reforma agraria se inició en México en 1910 y le siguieron casi medio siglo después la de Guatemala en 1952, Bolivia en 1954 y Cuba en 1959. En 1961 se anunció la Alianza para el Progreso y la mayoría de los países de la región emprendieron medidas de reforma agraria y/o proyectos de colonización impulsados por el reformismo desarrollista.

En la Declaración de los Pueblos de América que se firmó en Punta del Este para iniciar los compromisos de la Alianza para el Progreso se lee:

"Impulsar de acuerdo a las características de cada país programas comprensivos de Reforma Agraria, que lleven a la transformación efectiva, donde ella se requiere, de sistemas y estructuras injustas de tenencia y uso de la tierra; con la mira de reemplazar los latifundios y propiedades muy pequeñas por un sistema de equidad en la propiedad de manera que tengan suplementos a tiempo y adecuados de crédito, asistencia técnica y mejoramiento de los arreglos de mercadeo, la rierra será para el hombre que la trabaja las bases de su estabilidad económica, el fundamento del aumento de su bienestar y la garantía de su libertad y dignidad" (OAS, 1961:3; traducción y subrayado nuesrro).

Para la mayoría de los países los esfuerzos de reforma fueron magros en las décadas de los sesenta y setenta, con esfuerzos de distribución enfocados a proyectos de colonización en tierras públicas en la frontera agrícola; otros países avanzaron en la redistribución de tierras de propiedad privada y adelantaron reformas más ambiciosas, entre ellos Chile y Perú (Montgomery 1984:125 y Thiesenhausen 1995:87). El período revolucionario de Centroamérica en los ochenta trajo reformas agrarias relativamente amplias en Nicaragua y El Salvador.

Los mecanismos legales que constan en las leyes agrarias llevaron a la exclusión de las mujeres, pero la legislación supuestamente neutral significó profundizar sesgos de género en razón de factores ideológicos, estructurales e institucionales asociados a la intervención en sociedades marcadamente patriarcales.

Las investigaciones sobre las reformas agrarias revelan que la mayor parte de éstas sólo beneficiaron directamente a los hombres (Deere 1985; 1986a; 1986b, León, Salazary Prieto, 1988). Los datos disponibles más recientes acerca del grado en que las mujeres fueron beneficiarías de las reformas agrarias emprendidas en doce países demuestran que a éstas no les fue muy bien, pues donde fueron beneficiarías directas su proporción es muy reducida5.

Para un primer grupo de países compuesto por Chile, Ecuador y Perú no existen siquiera datos oficiales desagregados por sexo de las beneficiarías de la reforma agraria. Los estudios de caso que reportan información indican que la participación de mujeres como beneficiarías es inexistente o muy baja (Garret 1982, Deere 1985:1040). Los países que muestran datos oficiales presentan un panorama que está muy lejos de resultados equitativos por género. Honduras (Callejas, 1983) reporta un escaso 3.8% de mujeres beneficiarías directas; Guatemala (Rivas y Bautista, 1996) acusa un 8%; Brasil (INCRA/CNUB/UNB 1998:26), Colombia ( León, Prieto y Salazar); Costa Rica (J3renes Marín y Antezana 1996:2); El Salvador (Fundación Arias,1992:34) y Nicaragua (INRA/INIM, 1996:10) la participación está entre un 10% y 12%. En México (Arizpe y Botey) y Bolivia6, la tasa llega a 15% y 17%.

La mayor parte de las reformas estudiadas exigía que los beneficiarios fueran jefes de hogar. Tal fue el caso de Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Perú. El hecho de restringir los beneficiarios a los jefes de hogar discriminaba a las mujeres, pues en toda América Latina la costumbre dicta que si tanto un hombre como una mujer adultos residen en el hogar, el hombre generalmente es considerado la cabeza del mismo. Incluso en los casos en que los beneficiarios se definían como individuos, por lo general se asumía, si es que no se decía explícitamente, que sólo un individuo por hogar podía ser designado como beneficiario, y ese era el jefe del hogar. Este fue el caso de Bolivia, Colombia, Guatemala y Honduras. Como resultado, las únicas mujeres que podían ser potencialmente beneficiarías de la reforma eran viudas o madres solteras.

Independientemente de la cantidad de trabajo que la mujer dedicara a la agricultura, como trabajadora familiar no remunerada o como trabajadora asalariada, la agricultura ha sido socialmente, según la visión estereotipada de género, considerada como una actividad u ocupación del varón. Como resultado, el trabajo de la mujer en la agricultura ha sido en general invisibilizado, como se indicó anteriormente; si acaso se le tiene en cuenta de alguna manera, se considera secundario con relación al de su compañero hombre, y usualmente la actividad de la mujer como agricultura es vista como complementaria y suplementaria al agricultor principal.

Buena parte de las reformas agrarias aparecen a primera vista como neutrales ante el género en cuanto se señalan como beneficiarios a ciertos grupos sociales tales como los arrendatarios, los inquilinos o los trabajadores asalariados o campesinos sin tierra suficientes para mantener a su familia, o sea caracterizados como grupos pobres. Pero al mismo tiempo y sin excepción las reformas agrarias se inscribieron en lenguaje sexista y para referirse a los beneficiarios se habla en masculino, como los campesinos, los agricultores y los trabajadores. El patriarcado tiene sus marcas en la neutralidad de género. Thomas señala:

" …el lenguaje además de ser una extraordinaria herramienta para inreractuar humanamenre… es, al mismo tiempo un aparato de construcción y representación de la realidad y por consiguiente de acción sobre ella por medio de elaboraciones simbólicas… El patriarcado instaló al hombre como el sujeto que ocupa un lugar excepcional en la palabra, como ordenador de ella, de la sintaxis, de la gramática y como referenre semánrico y pragmático del discurso" (1997: 98-99).

Otro problema estructural en la asignación de beneficiarios y también marcado por la asignación de roles diferenciales a hombres y mujeres en la familia, consistió en que muchas reformas agrarias sólo beneficiaron a los agricultores que trabajaban como empleados permanentes en las propiedades a cambio de un salario en el momento de la expropiación, y ello excluía la extensa fuerza laboral estacional. En Chile, Perú, El Salvador, por ejemplo, los asalariados agrícolas permanentes por lo general eran hombres, y las mujeres eran con frecuencia un componente importante de la fuerza laboral estacional. Esta división de la fuerza laboral se explica por las cargas domésticas que a la mujer se le asignan en la familia campesina.

La incapacidad de las reformas agrarias de acomodar la enorme mayoría de trabajadores agrícolas estacionales resultó perjudicial tanto para hombres como para mujeres. No obstante, si bien los hombres estaban en ambas categorías de trabajadores –permanentes y estacionales–, las características estructurales de la participación de la fuerza laboral femenina acarrearon la exclusión de las mujeres como grupo social. Las pocas mujeres asalariadas permanentes, y por tanto beneficiarias potenciales, debían cumplir con un requisito adicional: ser jefes de hogar. Este requisito, desde luego, reducía aún más su posible participación.

Las reformas agrarias de Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Perú explícitamente designan como beneficiario al jefe de hogar. Aquellas que no lo hicieron y entre ellas Bolivia, Colombia, Guatemala y Honduras, estipulaban que sólo una persona por hogar podría ser el beneficiario. En ambos casos y según las nociones de familia nuclear y familismo, el hombre adulto de la familia, fue designado como jefe del hogar o representante de la familia para propósitos de la reforma agraria.

En el momento en que estas normas agrarias se dictaron, con la excepción de Brasil, Chile y Ecuador la potestad marital había sido eliminada de los códigos civiles de la región. Por lo tanto sólo en los tres países señalados había normas legales civiles que restringían que las mujeres fuesen beneficiarias o cobeneficiarias. Para los demás países, el peso de factores ideológicos es la explicación para que la legislación agraria se sesgara, cubierta con el manto de la neutralidad a favor del varón, y de esta forma el hombre resultare de manera mayoritaria como beneficiario.

Muchas de las reformas, entre ellas Chile, Brasil, Colombia y Costa Rica, emprendidas en el período de la Alianza para el Progreso, además de dar prioridad a los trabajadores y arrendatarios de la tierra, determinaron a los beneficiarios sobre la base de un sistema de puntaje, que favorecía a quienes tenían más instrucción, a las familias más numerosas, con una buena reputación y amplia experiencia agrícola. Las mujeres rurales estaban en franca desventaja en comparación con los hombres en términos del nivel educativo, y por otra parte, las mujeres jefes de hogar salían perjudicadas en lo que respecta a los criterios de reputación, pues la no conformidad con la norma de la familia nuclear patriarcal disminuía su estatus frente a la comunidad.

Todas las reformas señalaron como criterio de selección la experiencia agrícola. Tampoco quedaron bien libradas las mujeres a la hora de evaluar su experiencia agrícola, porque se estima, como ya se señaló, que los hombres son los agricultores principales y las mujeres por lo general son consideradas como ayudantes, independientemente de la cantidad de tiempo y esfuerzo que dediquen a las faenas agrícolas. Esta división estereotipada en que se ha basado la política pública, ha sido perpetuada tanto por los resultados de los censos agrícolas como por los investigadores que dependen de ellos para realizar sus análisis comparativos. Ester Boserup (1970), por ejemplo, basada en estas fuentes concluyó en su conocido trabajo comparativo que la agricultura campesina latinoamericana se caracteriza por ser un "sistema agrícola masculino" por excelencia. Varias generaciones de investigadoras feministas han deconstruido ampliamente esta visión y han demostrado que la división de trabajo por sexo es muy heterogénea y que varía de acuerdo con la región, el cultivo principal, la estructura heredada de la tenencia de la tierra, la diferenciación social campesina, la etnicidad y la estructura del mercado laboral, entre otras variables (León y Deere 1986; Campaña 1990).

Las barreras institucionales para excluir a las mujeres fueron de varios tipos. El extensionismo rural del período de las reformas agrarias fue principalmente un bastión masculino. Los hombres agrónomos, veterinarios, sociólogos y demás trabajadores de la comunidad tenían internalizado en su propia masculinidad el modelo que la neutralidad de género había instaurado y el cual campeaba como esquema de intervención en sus instituciones, y por ello sólo vieron al hombre como el agricultor y potencial receptor de tierras, créditos, asistencia técnica y facilidades de mercadeo. Las mujeres que trabajaron en las instituciones del sector agropecuario lo hicieron como mejoradoras del hogar o asistentes sociales para beneficio del bienestar de la familia campesina y del lado de lo doméstico- social.

También como factor institucional contó el peso que en la selección de los beneficiarios de las reformas agrarias tuvieron las organizaciones campesinas. Estas en el período reformista desarrollista, tanto en su memb recía como en su liderazgo, fueron exclusividad masculina. La demanda de las organizaciones se centró en "tierra para quien la trabaja" y se asumió que si se adjudicaba la tierra al hombre jefe de hogar, se beneficiarían todos los miembros de hogar por igual, como lo establecía el modelo de neutralidad de género. La mujer adulta del hogar quedó incluida en el paquete familiar de beneficiarios.

Reflexiones finales

En suma, la incorporación de criterios de mujer y género en las reformas agrarias estuvo ausente. La cita del documento de Punta del Este, que iluminó las reformas agrarias desarrollistas, excluye en forma explícita a las mujeres. Nos preguntamos si los prohombres que impulsaron estas políticas así lo quisieron explícitamente, o que el modelo de neutralidad de género en que se basó la política pública de las reformas agrarias, llevó al resultado aquí demostrado de intervención con exclusión de las mujeres como beneficiarias directas. Sin duda ambos argumentos están estrechamente relacionados. Las relaciones de género de la sociedad agraria resultaron el ordenador más importante de la política pública. Y al mismo tiempo, la política de neutralidad de género rajo el supuesto de la familia nuclear, normatizó la intervención con sesgos de género, discriminando en la norma y en la práctica la participación de la mujer.

El ejemplo de las reformas agrarias en América Latina, que cubre un período muy importante de la historia reciente de la región, deja una enseñanza fundamental para la intervención social. La no desagregación sobre la base del género, de categorías que orientan la intervención como hogar y familia, lleva a la discriminación de algunos sujetos sociales a favor de otros. En el caso de las reformas agrarias fueron las mujeres adultas las discriminadas negativamente a favor de los varones jefes de hogar. Los roles, las responsabilidades, los intereses, las necesidades y el acceso a recursos y el poder de toma de decisiones de mujeres y hombres son diferentes y es indispensable tener esto en cuanta para la formulación de las políticas y la planificación de la intervención social. No desagregar los actores de la familia trae para las mujeres como consecuencia la reproducción del mandato genérico que las vincula al grupo familiar, atadas a las tareas reproductivas con la función de mantenerlo. La intervención social así pensada se constituye en reproducción de las desigualdades genéricas. Por consiguiente, es necesario tener a la mujer como individuo, como persona, es decir como sujeto de derechos. Eso fue lo que no pasó en las reformas agrarias. Al mismo tiempo es necesario cuestionar y transformar el concepto de jefe del hogar en cuanto remite a características del género masculino y se da en el marco de relaciones jerárquicas y autoritarias que limitan la autonomía y decisión de las diferentes personas que forman un hogar.

Dos argumentos principales de reciente formulación señalan la importancia del tema de la tierra para las mujeres. El primer argumento, que llamaremos produccionista, ha permitido deconstruir ampliamente la visión estereotipada de la agricultura campesina latinoamericana, según la cual el jefe varón del hogar era el principal o único agricultor y la esposa o compañera cuando se le tenía en cuenta se la asumía como "ayudante", visión que sirvió para excluir a las mujeres de las reformas agrarias y de la política pública en general, como se documentó en este trabajo.

Las investigaciones que se han adelantado desde el feminismo, señalan que en muchas situaciones las mujeres son las agriculturas principales. En otras se convierten en tales, especialmente a partir de los años setenta u ochenta debido al número cada vez mayor de hogares rurales encabezados por mujeres, fenómeno parcialmente relacionado con la mayor migración estacional masculina, sobre todo entre los minifundistas; con las varias guerras civiles de la región y su secuela, el desplazamiento forzado; y con el espejismo de la urbanización para un mejor bienestar social.

Para el número creciente de agriculturas en el continente, los derechos formales a la tierra y el control sobre la misma revisten crucial importancia. S in ellos se les limita el acceso a los servicios del sector agropecuario, especialmente el crédito, asistencia técnica y tecnología. Para el caso colombiano según el estudio publicado por la Misión Rural, las mujeres campesinas organizadas han identificado que:

"… es claro que las mujeres tienen que pagar unos costos de transacción más altos que los de los hombres para acceder al crédito ya sea formal o alternativo. Las mismas mujeres campesinas organizadas identifican para sustentar el planteamiento el no reconocimiento de derechos de propiedad para las mujeres –considerado requisito indispensable para las garantías–. En la práctica las mujeres no son dueñas de nada y aun cuando lo sean deben sustentarlo de manera exrraordinaria porque no se les cree". (Ospina, 1998:31)

En el argumento produccionista se destaca que el ingreso que la mujer genera se destina en mayor medida que el masculino al bienestar familiar, por lo cual la tierra para la mujer significa bienestar para la familia. En Colombia tenemos muy poca información sobre el monto del ingreso familiar desagregado por sexo, particularmente en la sociedad agrícola. S in embargo, la encuesta IICA-BIB para ciertas regiones del país llena un primer vacío y señala que las mujeres contribuyen a la generación de ingresos monetarizados y no monetarizados en magnitudes similares a los hombres (Ospina, 1998:13). Desafortunadamente estos datos no correlacionan el ingreso con el acceso a la tierra y con el destino del mismo. El recuento empírico conocido relaciona el bienestar con el consumo familiar y la disminución del riesgo de pobreza y queda pendiente de investigarse la relación con otras variables de la dinámica familiar, entre ellas las prácticas de crianza y el uso del tiempo. En el argumento produccionista también se destaca a la mujer como productora de alimentos básicos de la canasta familiar; por consiguiente, su acceso a la tierra está relacionado con la seguridad alimentaria (Agarwal, 1994; Keysen, 1996 y Gutiérrez y Zapp, 1995).

El segundo argumento sobre la importancia de la tierra para la mujer es llamado de empoderamiento7. En este argumento se señala que se ha demostrado que los derechos formales de las mujeres sobre la tierra influyen en el poder de negociación que tienen en el hogar y en la comunidad (Deere 1992; Agarwal 1994). Estos arreglos de poder pueden ir desde negociaciones que tienen lugar "por debajo de las sábanas" en la intimidad hasta arenas más públicas y globales. El acceso de la mujer a la tierra y el aporte que ella puede hacer a la unidad familiar campesina a través de su propia herencia, si posee tierra, son determinantes importantes de la condición y posición de la mujer en un buen número de aspectos8. A las mujeres que poseen tierra no sólo se les facilita encontrar marido, sino que también pueden terminar más fácilmente una relación inaceptable, puesto que tienen medios independientes para generar la subsistencia.

Dentro de la pareja, las mujeres que tienen tierra tienden a desempeñar un papel más importante en la toma de decisiones, sobre todo en lo que respecta a la distribución de los ingresos y al nivel de consumo de sus miembros9. Así mismo, la propiedad de la tierra por parte de las mujeres es importante para darles seguridad en la vejez, pues su posibilidad de tener activos para repartir en herencia puede traer como consecuencia que los hijos adultos les ayuden más. La tierra puede ser parte del surgimiento de la mujer como nuevo sujeto social y representar una palanca para transformar aspectos de su identidad y subjetividad.

El modelo de sustitución de importaciones y las políticas dirigidas desde el Estado que orientaron el desarrollo de la región, y dentro de las cuales se dieron en las décadas pasadas las reformas agrarias analizadas en este trabajo, llegó a su fin en los años ochenta. El paso se dio a favor del libre mercado y las economías abiertas. Tanto las instituciones financieras internacionales como los gobiernos de la región presionaron la entrada del modelo neoliberal a los diferentes países.

Para el sector rural y en particular en relación con la tenencia de la tieira, el rasgo más sobresaliente que trajo este cambio, conocido como contrarreforma neoliberal, fue la privatización e individualización de los derechos a la tierra. Para los países de la región los procesos de reforma agraria se cerraron, desmontaron y/o detuvieron. La privatización e individualización se ha dado acompañada de programas de titulación de tierras destinados a ampliar la seguridad en la tenencia, promover la inversión y estimular el mercado de tierras.

El surgimiento y dominación del modelo neoliberal en América Latina coincide con el crecimiento v consolidación del movimiento de mujeres a nivel nacional y local, los cuales se dan en paralelo con el movimiento internacional10. Este fenómeno social que permitió el surgimiento de las mujeres como nuevas actoras sociales, acusa alta complejidad y heterogeneidad, tiene dinámicas y lógicas propias, ha sido documentado por los estudios de género y amerita en sí mismo un estudio sistemático. Para efectos de este trabajo planteamos que el movimiento social de mujeres y los procesos que desencadenó representan el factor más importante para que en los nuevos códigos agrarios del período neoliberal se avanzara en cambios progresistas hacia la equidad de género, los cuales han permitido desmitificar la aceptación hegemónica del concepto de familia nuclear y jefatura masculina a la política pública.

El paso más común en las nuevas legislaciones agrarias ha sido el entierro del concepto del hombre como jefe del hogar y como representante de la familia campesina para la asignación de tierras. Este avance ha tomado expresiones heterogéneas en los diferentes países, siendo las más favorables aquéllas que explícitamente estipulan que hombres y mujeres tienen iguales derechos independientemente de su estado civil. Sin embargo, es preciso señalar que aunque se aprecian estos cambios, los nuevos códigos agrarios continúan escritos en lenguaje sexista.

Uno de los avances más importantes en algunos códigos son las normas que estipulan que la titulación de tierras debe hacerse a las parejas, o titulación conjunta. Este cambio reconoce los avances de los códigos civiles y los refuerza en cuanto se acepta que ambos cónyuges o compañeros representan la familia y pueden administrar la propiedad. Teniendo en cuenta el argumento del empoderamiento en cuanto a la importancia del acceso de la mujer a la tierra, pensamos que la titulación conjunta es una manera para aumentar el poder de negociación de la mujer, al incrementar su papel de negociadora en las decisiones del hogar.

Para terminar este trabajo es básico señalar que la titulación conjunta representa una ruptura fundamental de las concepciones de la política pública basadas en la familia nuclear y en la jefatura masculina del hogar. Los cambios normativos de este tipo abren la posibilidad de reconocer los diferentes arreglos familiares que existen en la región. Un paso aún más avanzado y que puede formularse teniendo en cuenta estudios en curso sobre la política social (Orloff,1997) nos lleva a la pregunta: ¿es la familia tradicional, las parejas o son los individuos la base para la formulación de la política social? Las ciencias sociales están llamadas a reflexionar teórica y empíricamente sobre este tema con miras a iluminar los esquemas de intervención social futuros. Se ha recorrido un trecho del camino y la investigación permitirá seguir adelante.


Citas

1 Para un análisis del tema véase el trabajo de León, Magdalena, "La familia nuclear: origen de las identidades hegemónicas femenina y masculina" (1995).

2 Entre otros, historiadores, antropólogos y sociólogos han argumentado y documentado la multiplicidad de fotmas familiares. La extensa obra de Butguiere Andre et.al., Historia de la familia (1986), documenta ampliamente este aspecto; se hace referencia especial al prólogo del Tomo 2 de Jack Goody y al artículo de Segalen, La revolución industriabdel proletario al burgués. En Colombia también hay diferentes estudios sobre el tema, entre ellos véase Gutiérrez de Pineda y Vila de Pineda (1991), Rico de Alonso (1985) y Ordóñez (1998).

3 Para consultar una revisión crítica del concepto de jefatura de hogar y su aplicación a la jefatura de hogar femenina véase CEPAL (1991); Fuentes Lya Yanet (1997) y Buvinicy Gupta (1997).

4 Esta parte del trabajo se basa en León y Deere (1999) y en la investigación secundaria y de campo del proyecto "Género, Tierra y Equidad: de la Reforma Agraria a la Contrarreforma en América Latina" de Carmen Diana Deere y Magdalena León que se adelanta en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú. Para avances véase Deere y León (1998 a).

5 Para un análisis detallado del proceso en los países véase León y Deere 1997; León 1998; Deere y León 1998b, 1998c, 1998d, 1999a y 1999b.

6 Datos suministrados por Isabel Lavedez, directora del INRA, agosto 1997.

7 Para una versión amplia del concepto de empoderamiento, véase León (1996).

8 Los conceptos de condición y posición se toman en el sentido que les da Kate Young (1991). La condición es el estado material de la mujer: su pobreza, falta de educación, carga de trabajo, no acceso a tecnología, etc. La posición supone ubicación social y económica de las mujeres respecto al hombre.

9 Es prácticamente inexistente la investigación que relacione el acceso y control de las mujeres a la tierra con una gama amplia de decisiones interpersonales e intrafamiliares. Esta es una tarea en la cual las metodologías cualitativas tienen una labor pendiente.

10 Sobre la naturaleza del modelo neoliberal para el sector rural de América Latina y el crecimiento del movimiento de mujeres en la misma coyuntura histórica, consultar los capítulos III, IV, V y VIII del libro próximo a publicarse de Deere Carmen Diana y León Magdalena, Género, propiedad y empoderamiento: Tierra, reforma y contrarreforma en América Latina. Un avance véase en Deere C.D y León M (1999).


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