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José Manuel Valenzuela Arce*

.Se escribe la historia, pero siempre se ha escrito desde el punto de vista de los sedentarios,...incluso cuando se habla de nómadas. Lo que no existe es una nomadología, justo lo contrario de una historia.1 .

 

Introducción

En el umbral de milenio, observamos la definición de nuevos límites de adscripción identitaria e inéditas formas de resistencia y disputa por las representaciones sociales. Uno de los niveles de identidad social que recibe mayores embates es el de las identidades nacionales, como ocurre en la redefinición de la presencia del Estado Nación en las estrategias económicas internas; el peso de la globalización y sus consecuencias en la vulneración de las soberanías nacionales y en su capacidad de imponer sus propios modelos económicos; la conformación de procesos identitarios que no se encuentran referidos al estado nacional, o los intensos procesos de diáspora y nomadismo vinculados con el incremento de los niveles de pobreza y desigualdad en el mundo.

Coincidimos con Stuart Hall cuando señala los procesos de deslocación que la diáspora conlleva, el desfasamiento que implica mantener la doble referencia entre el sitio de donde eres y el sitio en donde te encuentras, pero la diáspora también posibilita un conocimiento explícito y vindicativo del otro. Es una posibilidad de vinculación con el mundo que propicia interdependencia, interconexión con los otros nacionales2 . En Europa y Estados Unidos, los debates actuales sobre diáspora o nomadismo se relacionan con raza y etnicidad. En nuestro país, la causa principal es la pobreza, la depauperación de los niveles de vida, la búsqueda de mejores opciones de vida.

Diversos factores participan en la difuminación de los rasgos del proyecto nacional que conformó vínculos sólidos con los imaginarios colectivos que dieron forma y vida al .pacto social. desde el cual se definieron las relaciones sociales del México posrevolucionario. Junto a la diversificación y fragmentación de los sentidos sociales, se presentan importantes tendencias de globalización económico-social, con específicas expresiones en el campo de la información y la cultura.

Es necesario discutir algunos de los nuevos ejes de la disputa donde se conforma la identidad nacional del México finisecular. La discusión sobre las identidades sociales ha adquirido particular relevancia; desafortunadamente, la mayoría de las veces el concepto se utiliza de manera imprecisa, y en otras se le otorga una dimensión óntica o sustantiva que poco ayuda a la comprensión de la conformación de los límites de adscripción identitaria3 . Estimamos oportuno analizar algunos de los cambios en los procesos de identificación social, considerando conceptos como proyecto nacional y proyecto de nación, además de la dimensión territorial, social y cultural de la nación, así como algunos de los nuevos elementos de estos debates, como son: doble nacionalidad y autonomía indígena, el voto de los mexicanos en el extranjero, los constantes flujos migratorios de connacionales que salen del país tratando de mejorar sus condiciones económicas.

Identidad nacional

El nacionalismo y las identidades nacionales han sufrido grandes transformaciones desde su consolidación a finales del siglo XVIII, con la crisis de los reinos dinásticos ordenados por supuesto mandato divino. Estos cambios incluyen transformaciones, tanto en la definición de los estados nacionales, la relación entre los procesos de globalización y las culturas nacionales, como en la relación entre soberanía e identidad nacionales. Benedict Anderson enfatiza que el uso generalizado del nacionalismo se presentó en las postrimerías del siglo XIX, y éste, al igual que la nacionalidad se consolidaron como artefactos culturales de clase4 .

Compartimos la definición de Anderson sobre la nación como comunidad política imaginada, inherentemente limitada (pues posee fronteras finitas), donde el estado soberano simboliza y garantiza la soberanía, pero debemos avanzar en la discusión sobre la especificidad de los cambios actuales en los procesos donde se conforman los límites de adscripción y recreación nacional, sus formas de representación, la imagen de esa comunión, la percepción de camaradería horizontal que pondera elementos emblemáticos de coparticipación sobre las condiciones alomórficas.

La identificación simbólica en estas comunidades de referencia permite la definición de campos especulares desde los cuales nos reconocemos como copartícipes de la condición en la cual nos identificamos5, que, en ocasiones, asume una expresión nacionalista (esa forma moderna de identidad colectiva, como le define Jürgen Habermas)6.

La diáspora o el nomadismo son referencias fundacionales en la historia nacional, sin embargo, los procesos diapóricos adquieren sentidos diversos, inscritos en articulaciones sociales disímiles donde confluyen estructuraciones sociales y personales, textos y contextos que han marcado a la vida nacional. La diáspora fundacional partió de Aztlán, en el norte mexicano, buscando la tierra prometida señalada por el encuentro con un lago, donde se hallaría un águila sobre un nopal, devorando a una serpiente. Junto a esta narración mitificada y mesiánica, coexistían los pueblos y tribus nómadas que habitaban el territorio americano.

La conquista impuso nuevas modalidades diaspóricas, entre las cuales han destacado las provenientes de Europa que conquistó a los pueblos nativos de América. Junto con ella se escenificó el nomadismo forzado de personas africanas o indígenas que fueron convertidos en esclavos. Desde el sigloXVI, Amé- rica fue un importante receptor de corrientes diaspóricas y nomádicas.

Los pueblos nativos no salieron buscando una nueva realidad, sino que se les impusieron nuevas formas económicas, sociales y culturales enmarcadas por el proceso de conquista y colonización.

En el caso mexicano, se ha presentado una historia permanente de diáspora y circulación social desde la instalación de la nueva frontera formada por la guerra entre México y Estados Unidos, la cual encierra dos tipos de experiencias: las de quienes han emigrado al país del norte buscando mejores condiciones de vida, y la de quienes fueron cruzados por la frontera de manera abrupta y violenta con la guerra donde se le arrebató a México más de la mitad de su territorio nacional. Podemos considerar tres ámbitos constitutivos e indisociables de la nación, con el fin de analizar algunas de sus transformaciones recientes: la nación territorial, la nación social y la nación cultural.

Después de casi siglo y medio de la mutilación del territorio nacional frente a Estados Unidos (la recuperación de la Mesilla en 1853, y del Chamizal en 1967), la nación territorial no ha sufrido variaciones, a pesar de la persistencia filibustera con sus intentos de apoderarse de los terrenos del norte mexicano, durante la segunda mitad del siglo pasado. A lo largo de este siglo, la visibilidad de las fronteras territoriales se ha manifestado, no tanto en las amenazas a la integridad territorial, sino en su vulnerabilidad como sitio de cruce de migrantes indocumentados, a quienes, de manera espuria se les han atribuido una serie de elementos nocivos para la economía, la sociedad y la seguridad estadounidense, con la cual la representación de nación territorial recurrentemente se expresa a través de posiciones estereotipadas y, en ocasiones, racistas.

En la representación geoantrópica, referida a la pertenencia a un territorio, coexisten ámbitos diversos de pertenencia íntima, local, regional, o nacional. Este tipo de adscripciones tópicas permiten la conformación de relaciones de adscripción y referencia a la nación territorial. Estos conceptos pueden ser útiles para interpretar procesos de identificación con un territorio nacional, como ocurre con la población que radica en el país, además de que permite ubicar un territorio referencial para los mexicanos y chicanos que viven en Estados Unidos, quienes han incorporado conceptos como el México de afuera, o Aztlán, en la conformación de sus vínculos geoantrópicos de identidad.

Diáspora social y doble nacionalidad

En diciembre de 1996, el Congreso de la Unión aprobó, por consenso en la Cámara de Senadores y por abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados, reformas a los artículos 30, 32 y 37 constitucionales, con lo cual las personas nacidas en territorio nacional y los hijos de padres o madres mexicanas que hubieran nacido en territorio nacional, no serán privados de la nacionalidad mexicana7 .

En la base de esta modificación, se encuentra un amplio proceso de diáspora de mexicanos que viven fuera de las fronteras nacionales. El dato es relevante: cerca de la quinta parte de personas de origen mexicano radican fuera del país, y su número se estima en cerca de veinte millones.

Estos cambios aluden a transformaciones importantes en el ámbito de la nacionalidad, pero no en el de la ciudadanía, pues hasta ahora no se considera la posibilidad de que los mexicanos que tengan una nacionalidad adicional, puedan ejercer el derecho de voto, aunque uno de los debates actuales más importantes es el de la instrumentación de los mecanismos para que puedan votar los mexicanos residentes en el extranjero. Las bases están asentadas y es uno de los puntos a discutir por los partidos políticos y las instancias legislativas, quienes deberán buscar nuevas modalidades de participación política de los mexicanos que viven en el extranjero, incluyendo a quienes cuentan con la posibilidad de poseer dos nacionalidades. Los escenarios previsibles de su participación política deberán incluir opciones de representación dentro de las cámaras legislativas, con el fin de que puedan participar en asuntos que les conciernen, considerados sus intereses y especificidades.

Esta situación también incluye cambios importantes en lo referente a las disposiciones que regulan las formas de propiedad territorial, pues con las reformas constitucionales los mexicanos en el extranjero que mantengan la nacionalidad mexicana, independientemente de que posean una nacionalidad adicional, tendrán derechos de propiedad y adquisición de bienes inmuebles en los mismos términos que los otros ciudadanos mexicanos.

De acuerdo con una investigación realizada en 1996, auspiciada de manera conjunta por los gobiernos de México y Estados Unidos, se considera que existen entre 7 y 7.3 millones de mexicanos en Estados Unidos, de los cuales entre 4 y 4.7 millones son residentes legales (de ellos apenas 500,000 poseían la ciudadanía estadounidense), y entre 2.3 y 2.4 millones son inmigrantes indocumentados8.

Esta presencia significativa de mexicanos en el extranjero (especialmente en Estados Unidos), y los cambios constitucionales señalados, anuncian nuevas condiciones de definición social y cultural de la nación que rebasa las fronteras del territorio, y su importancia crece con los flujos migratorios hacia aquel país.

La conformación de nuevos campos de relación con el territorio por parte de la población mexicana que abandona sus lugares y país de origen, ha sido analizada mediante el concepto de transnacionalismo, que refiere a procesos de desterritorialización o extraterritorialización de la nación territorial. Asimismo, se ha considerado que los mexicanos que emigran a Estados unidos conformaron circuitos y comunidades transnacionales, y un transnacionalismo expresado en organizaciones transmigrantes, algunas de las cuales han actuado desde la década de los años treinta, a favor de los intereses de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos9.

Es importante reconocer que la participación del estado mexicano en los asuntos de los compatriotas residentes en el extranjero posee importantes y lejanos antecedentes10 . En 1929, el periódico La Opinión de Los Angeles pidió al presidente Calles el derecho a ejercer el voto a los mexicanos que vivían en Estados Unidos. La discusión sobre la participación de los mexicanos radicados en el extranjero cobró visibilidad en el escenario preelectoral durante los albores de la década de los ochenta, a partir de una propuesta del Partido Mexicano de los Trabajadores.

En ese contexto, en 1982, El Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México (CEFNOMEX)11, realizó una investigación para conocer la opinión de los mexicanos residentes en Estados Unidos, sobre su posible participación en las elecciones mexicanas12. Entre los objetivos de esta investigación se encontraban analizar su percepción sobre los problemas de México, evaluar las preferencias políticas (especialmente de las expectativas sobre la actuación de Miguel de la Madrid como presidente), y conocer la opinión sobre su posible participación en las elecciones mexicanas. Entre los resultados de esta investigación, se encuentra que los principales problemas de México señalados fueron pobreza, desempleo, inflación y corrupción. En lo que se refiere a las relaciones México- Estados Unidos, se destacaron la migración indocumentada, tráfico de drogas, petróleo y la revocación de visas. Además, 77 por ciento de los encuestados se manifestó a favor de la extensión del ejercicio del voto en Estados Unidos para los mexicanos residentes en aquel país13.

La conclusión del informe resulta paradójica, pues al mismo tiempo que se reconocen los derechos laborales y humanos de los migrantes indocumentados en Estados Unidos, y la incongruencia de su exclusión del voto, se señala que estos .no están listos para participar activamente en una campaña electoral mexicana., debido a su .bajo nivel de politización., y por la posible .manipulación. de esta disposición, especialmente su posible utilización por parte de la policía migratoria estadounidense que podría realizar aprehensiones y suscitar .Incidentes penosos para los gobiernos de ambos países.. El corolario posee la misma lógica: .Extender las elecciones equivale a extender la campaña electoral y los riesgos de no .lavar la ropa en casa.. La crítica de los partidos de oposición, hecha en el extranjero, puede dar lugar no sólo a deméritos de imagen sino a apoyos, alianzas o tomas de posición de grupos o partidos extranjeros en relación a la campaña electoral mexicana ocurriendo en el extranjero.14.

La discusión sobre la participación de los mexicanos residentes en el extranjero en asuntos mexicanos cobró nueva visibilidad con el debate electoral de 1988, y el apoyo a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas por parte de sectores significativos de mexicanos en Estados Unidos, quienes trabajaron a favor del PRD, formándose la Asamblea Mexicana por el Sufragio Efectivo, que entre sus objetivos principales incluía el derecho al voto para los mexicanos en el extranjero. Esta situación abonó el terreno desde donde se impulsaron las modificaciones constitucionales que permiten la doble nacionalidad, y la reedición de la discusión sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero en las elecciones mexicanas. Por demás ilustrativas en este marco son las declaraciones de Rufino Domínguez Santos, vicecoordinador del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB, fundado en septiembre de 1994), quien señaló en una carta publicada en el periódico La Opinión de Los Angeles California: .Los pueblos indígenas oaxaqueños desde hace años hemos venido haciendo en la práctica la doble ciudadanía sin complejos y miedo a enfrentarnos con un problema real. Muchos regresamos cada año para gobernar a nuestros pueblos por el mandato del mismo con un oficio y seguimos cooperando con el tequio (trabajo colectivo del pueblo) y eso nos da derecho de llamarnos ciudadanos donde nacimos, donde vivimos, y además todos nuestros muertos regresan..

Recientemente se han desarrollado nuevas perspectivas sobre el análisis de la ciudadanía, desde posiciones multiculturalistas que destacan los derechos de las llamadas minorías y la lucha por su reconocimiento. Así, los referentes de adscripción étnica o de género, se convierten en elementos de resistencia sociocultural frente a la normatividad nacional. En el caso mexicano, una de las propuestas más interesantes sobre esta discusión es la de Néstor García Canclini, quien considera que además de la afirmación de las diferencias se debe luchar para reformar al Estado, complementando la propuesta del desarrollo autónomo de comunidades diversas con .igualdad de acceso a los bienes de la globalización.15; García Canclini analiza los efectos de los cambios en el consumo sobre las posibilidades y formas de ser ciudadano. Desde esta premisa, se cuestiona la exclusividad del Estado como marco normativo que delimita la condición ciudadana, e incluye las .prácticas sociales y culturales que dan sentido de pertenencia y hacen sentir diferentes a quienes poseen una misma lengua, semejantes formas de organizarse y satisfacer sus necesidades .16. De acuerdo con esta posición, la mediación del consumo hace coherente que frente a la interpelación de los ciudadanos se responda también desde la lógica de consumidores.

Las transformaciones de las prácticas políticas, crecientemente marcadas por alternativas conformadas desde la dimensión cultural, requieren especial atención. El proceso electoral no agota el conjunto de derechos incorporados en el paquete de la ciudadanía, y grupos sociales como los jóvenes, las mujeres o los pueblos indios permiten pensar la recomposición de la dimensión ciudadana en nuestro mundo contemporáneo. Así mismo, los acuerdos internacionales en el campo de los derechos humanos, conforman nuevas normatividades que inciden en las relaciones sociales, a niveles más amplios que los de los estados nacionales. Los recientes (aunque recurrentes) debates sobre la disminución de la edad penal, constituyen una fuerte incomprensión hacia la población juvenil, donde se buscan mayores recursos punitivos sin analizar el castigo del joven en el marco amplio de sus derechos y obligaciones sociales; ni la condición no preventiva ni de rehabilitación de los sistemas penitenciarios de nuestro país; ni la impresionante pérdida de credibilidad de las instancias de procuración de justicia; ni la enorme corrupción que atraviesa al sistema penitenciario.

La diáspora social

Los debates señalados se inscriben en los rasgos que definen las conductas socioculturales de nuestro escenario finisecular, como son las situaciones diaspóricas latinoamericanas mediante flujos migratorios propiciados por razones económicas o políticas. Simultáneamente, se manifiestan en el mundo diversas reacciones contra la migración, a través de actos y propuestas proteccionistas, heterofóbicas, o abiertamente racistas, elementos que han estado presentes en el conjunto de reacciones de la sociedad estadounidense, o de algunos de sus sectores, frente a la migración mexicana.

Debemos señalar dos dimensiones (no dicotómicas) del proceso migratorio: las que corresponden a los factores de expulsión desde el lado mexicano, y los factores estadounidenses que en él participan, entre los cuales destacan las recientes reformas a las leyes migratorias y de seguridad pública aprobadas en 1996, y que tienen repercusiones importantes, no sólo sobre la migración indocumentada, sino sobre el conjunto de la participación y representación de lo mexicano en el contexto estadounidense.

Además de la formación de antiguas redes migratorias y de elementos socioculturales que inciden en el fenómeno migratorio (entre los cuales se encuentran procesos fragmentados de estructuración familiar y comunitaria), los problemas económicos siguen siendo uno de los factores principales que influyen en la decisión de buscar mejores opciones de vida en Estados Unidos, donde actualmente viven cerca de cinco millones de personas con nacionalidad mexicana y cerca de la mitad de ellos reúne los requisitos para optar por la nacionalidad estadounidense, además de que los poco confiables datos del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, consideran que a inicios de 1997 había en ese país cinco millones de indocumentados, de los cuales más de la mitad (2.7 millones) son mexicanos. El proceso migratorio marca la vida nacional. Crece la salida de jóvenes y de mujeres que no encuentran cabida en un país que no genera los empleos necesarios para incorporarlos. Al mismo tiempo, junto con los más de un millón de deportaciones anuales que reporta el SIN, se presenta la violación de los derechos humanos de los migrantes por parte de agentes de la patrulla fronteriza, pero también la muerte de personas que no logran concluir el cruce por sitios cada vez más inaccesibles. Desde el inicio de la Operación Guardián en 1994, se han registrado más de 350 muertes.

En México la proclamada recuperación económica no logra alcanzar a los sectores mayoritarios. Las crisis en el campo sigue expulsando a campesinos que tienen que abandonar sus tierras, mientras que en los ámbitos urbanos la mermada capacidad de compra del salario, aunada al desempleo, empobrece las perspectivas de los cuarenta millones de pobres, o de los cerca de 22 millones de miserables. Al tiempo que crece la desigualdad social, el país escenifica la danza del dispendio, la corrupción y la impunidad desde la cual se ha tejido esta polarización de los ingresos. Frente a este escenario (sin ser la única causa), muchos optan por abandonar el país, llegando a Estados Unidos en condiciones de alta vulnerabilidad y desatención por parte de las autoridades mexicanas. Esta situación comienza a cambiar a partir de los desatinos del proyecto económico, con lo cual se pondera la importancia de las remesas que estos migrantes envían de Estados Unidos y que se calculan en más de 7.000 millones de dólares por año, una de las más importantes fuentes de divisas junto con el petr óleo, las maquilas y el turismo.

La migración de mexicanos a Estados Unidos se define en un nuevo escenario delimitado por una mayor supeditación de México en la lógica establecida por Estados Unidos, en el contexto post guerra fría. El fin de la amenaza comunista cedió el camino a nuevas campañas donde el enemigo (necesariamente externo) son los migrantes indocumentados. Este fue el ambiente que definió la discusión en torno a la Enmienda de ley Simpson Rodino, en 1986, cuando se señaló de manera reiterada la asociación entre la migración indocumentada con el incremento del desempleo, la recesión económica, el incremento de la violencia, la aparición de enfermedades, el narcotráfico, y otras calamidades que gratuitamente se le endilgaron a los trabajadores indocumentados. Más de una década después el escenario no es muy diferente, como se observó en la Ley 187, enarbolada por Pete Wilson en California, donde se volvió a utilizar el manido argumento de que los migrantes indocumentados son una carga para la economía estadounidense, pese a que diversos estudios muestran que son mayores las aportaciones que estos hacen que los beneficios que reciben, como quedó demostrado una vez más en la investigación encargada por la Comisión Nacional para la Reforma de la Inmigración y auspiciada por la Academia Nacional de Ciencias, quienes en 1997 reportaron que la aportación de los inmigrantes indocumentados a la economía estadounidense es de hasta diez mil millones de dólares anuales.

La Ley 187 no sólo se dirige contra el migrante indocumentado, sino que incrementa la vulnerabilidad de la población de origen latinoamericano en Estados Unidos, en la medida que se construye desde lo que la Ley considera una sospecha razonable. Así, cuando un servidor público o un maestro consideren que los solicitantes de servicios no poseen los documentos migratorios para residir en Estados Unidos, además de negarles el servicio, deberán reportarlo tanto a las instancias migratorias, como a la policía. Frente a esto, resulta obligado considerar ¿cuáles son los elementos que definen una sospecha razonable en el contexto estadounidense delimitado por la prevalencia de una desigualdad sociocultural de oportunidades? La respuesta salta a la vista: el color de la piel y el lenguaje. Así, la sospecha razonable se extiende al conjunto de la población de origen latinoamericano en un marco de sospecha y vulnerabilidad permanentes, independientemente de su condición migratoria.

Además de diversas restricciones adicionales, entre las cuales se equiparan los antecedentes penales y de migración indocumentada, se incluyen restricciones de carácter económico, pues los familiares de los aspirantes a una residencia legal en Estados Unidos, deberán tener la solvencia económica suficiente para garantizar su apoyo y sostenimiento.

También se ampliaron las sanciones para las personas que se encuentren o hayan vivido indocumentadamente en Estados Unidos. De esta manera, a partir del 1 de abril de 1997, a las personas que permanecieron sin la documentación migratoria requerida durante un período de 180 días a un año, se les puede negar una visa de migrante hasta por tres años después de que hayan salido de Estados Unidos, mientras que quienes lo hicieron por más de un año, pueden ser descalificados por diez años, entre otras penalizaciones. Así mismo, se estableció la figura de remoción sumaria, mediante la cual las autoridades estadounidenses están capacitadas para deportar a las personas sin una audiencia de deportación: procedimiento que permitía que un juez migratorio examinara la existencia de elementos para que la persona permaneciera en ese país o, en caso contrario, determinaran su deportación. Las modificaciones a las leyes migratorias otorgan poca importancia al número de años de residencia en Estados Unidos. También se ampliaron los elementos que facultan la deportación, incluyendo algunos delitos a los que se añaden atributos retroactivos.

Esta situación no obedece sólo a un asunto migratorio, sino que alude a problemáticas más complejas de las relaciones entre México y Estados Unidos, además de propiciar una mayor vulnerabilidad de la población latinoamericana en ese país. En este escenario se inscribe la participación activa de algunos grupos supremacistas estadounidenses que han tenido visibilidad en los últimos años, así como la violación sistemática de los derechos humanos de personas migrantes, que en la mayoría de los casos involucran a agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), u otros agentes, cuyos ejemplos más conocidos se han evidenciado en situaciones como las de Riverside, California, en 1996.

Detrás de la criminalización del fenómeno migratorio, también se encuentran las aprehensiones de diversos sectores estadounidenses frente a las modificaciones sociodemográficas que ocurren en ese país, donde las personas de origen mexicano serán la minoría más grande de Estados Unidos. También inquieta la fuerza que deriva de su concentración espacial, pues tan sólo en el Estado de California, el censo de 1990 registraba más de ocho millones de personas de origen latinoamericano, de los cuales cerca de tres millones y medio se concentraban en Los Angeles. Otro elemento inquietante es su crecimiento poblacional cinco veces mayor a los de otros grupos. Es decir cerca de una quinta parte de la población de origen mexicano en Estados Unidos, situación que obliga a redefinir la interpretación sobre los procesos socioculturales que ocurren entre nuestro México, caracterizado por una profunda crisis del proyecto nacional dominante, y el México de afuera, donde mexicanos y chicanos buscan opciones de participación donde sus adscripciones y herencias culturales mantienen vínculos importantes con la nación social y cultural mexicana.

La nación social se conforma por el conjunto de relaciones sociales, por lo cual involucra estructuras normativas (jurídico-políticas) y se expresa mediante reglamentos, leyes y disposiciones que establecen las formas de conducta de los miembros de la sociedad. Es la nación que se define desde los .pactos sociales. y alude a consensos y disensos que se dirimen dentro de marcos normativos. Es en este ámbito donde se conforman y definen las identificaciones nacionales, con lo cual aludimos a la forma mediante la cual los diferentes sectores de la población participan en el proyecto nacional. La identidad nacional se conforma desde estos niveles de vinculación con el proyecto dominante de nación, que incluye un programa económico, instituciones en las que se sustenta, y procesos de resistencia/aceptación definidos por convicción, por sometimiento, o por exclusión.

En la nación cultural participan diversos elementos culturales (signos, códigos, símbolos) desde los cuales se define el sentido de vida de quienes conforman la comunidad nacional. En ella se establecen límites de exclusión y participación, identificaciones y diferenciaciones. Frecuentemente se reduce la nación cultural a la representación dominante de la nación y sus actores, condición que se ha caracterizado por sesgos entre los cuales ha destacado la exclusión de la población indígena y de las mujeres. Sin embargo, más allá de la perspectiva dominante de la nación, existen múltiples identificaciones referenciales y de pertenencia que no corresponden con esa visión.

Lo anterior puede ejemplificarse a través de la población mexicana y de origen mexicano que vive en Estados Unidos. En México, la constante ha sido la desatención, o la expulsión simbó-lica de la comunidad nacional de los mexicanos que han emigrado a Estados Unidos. Su caracterización como pochos, como desnacionalizados o agringados, ilustra simbólicamente este proceso, que alude a la pérdida de las raíces o a la separación del territorio nacional. Sin embargo, muchos de estos mexicanos que han tenido que salir del país mantienen su adscripción de referencia a la nación cultural mexicana. Este proceso, mediado por condiciones de racismo y de una división sociocultural de oportunidades, nos lleva a la necesidad de tener presente que, a diferencia de la nación territorial, la nación social y la nación cultural rebasan las fronteras nacionales.

Fisuras en el proyecto nacional

El proyecto nacional vive un proceso amplio de decantación que se expresa en las rupturas de los grupos dominantes con el rumbo nacional delineado con la revolución mexicana, así como con el discurso nacionalista, integrador, populista, apoyado en las clases y sectores sociales de obreros, campesinos y populares.

Se apuesta a un proyecto económico neoliberal donde los postulados de libre mercado, competencia, eficiencia, adelgazamiento estatal y competitividad, han sido elementos retóricos que pretenden ocultar la mayor disposición de la gestión gubernamental al servicio de unos cuantos, situación que se manifiesta en el incremento de la desigualdad e inequidad en la distribución del ingreso.

También se aprecian rupturas sociales de abajo hacia arriba, principalmente con la vinculación estructural PRI-gobierno, cuyo ejemplo más claro lo encontramos en las elecciones a las Cámaras de Diputados y Senadores y en las de la gubernatura del Distrito Federal de 199717, o en las insurrecciones armadas en Chiapas y Guerrero. Las rupturas de la llamada identidad nacional se manifiestan también mediante la pérdida de credibilidad de diversas instituciones estatales, principalmente de aquellas encargadas de la procuración de justicia, los organismos de seguridad (incluidos todos los cuerpos de policía y el ejército), la desacralización de la figura presidencial, la certeza de que no todos .vamos en el mismo barco..

También existe una importante redefinición del concepto y la percepción de la soberanía, sobre todo en lo referente a los grandes cambios en la participación de los grupos económicos transnacionales, la función del capital especulativo internacional, la apuesta neoliberal dominante, la enajenación de recursos estratégicos, el nuevo papel de la informática y los medios masivos de comunicación que redefinen los campos de interacción humana, el peso creciente de asuntos que requieren tratamientos y acuerdos trans o multinacionales, como los que se refieren a la ecología, la paz, el narcotráfico, el comercio, recursos compartidos, derecho de patentes, etcétera.

Estamos frente a una situación nacional, donde se presentan condiciones inéditas para que los diversos proyectos de nación participen en la redefinición del proyecto nacional, como pacto social histórico, precisado desde correlaciones de fuerza específicas entre las clases, sectores y grupos sociales, que, después de las gestas revolucionarias de principios de siglo, produjeron un acuerdo o consenso social aceptado por grupos heterogéneos, otorgando estabilidad y paz relativa a la nación social. El proyecto nacional se apoya principalmente en la fuerza de quienes detentan el poder económicopolítico y tienen la capacidad de definir los rasgos fundamentales del .rumbo nacional., obligando a los otros grupos a aceptarlo, apoyándose en instituciones, leyes, normas, valores, coerción, etcétera.

También se presentan fuertes transformaciones en la definición de las funciones del Estado-nación, entre las cuales destacan las que ocurren en el concepto decimonónico de soberanía, sobre todo a partir de nuevas relaciones sociales vinculadas a elementos de carácter económico y a nuevas relaciones políticas y de seguridad nacional. Algunas de las manifestaciones más claras son las nuevas formas de participación y decisión del capital financiero sobre asuntos definitorios del rumbo nacional, el incremento de la agresividad estadounidense en asuntos migratorios, de seguridad nacional, de boicot económico-comercial, de certificación o descertificación a la política de los países en materia de narcotráfico a partir de sus peculiares intereses.

La nación como comunidad imaginada, se sobrepone a otros ámbitos de producción de significados y adscripciones colectivas, pero, salvo en situaciones críticas, no las suplanta ni las difumina. Si bien el proyecto nacional se conformó negando las diversas nacionalidades y pueblos preexistentes, la diversidad cultural ha sido una de las marcas centrales de la nación social y cultural, donde se ha mantenido una importante diferenciación social, principalmente a partir de la presencia de los pueblos indios18.

A pesar de múltiples intentos, el estado nacional no pudo borrar las antiguas nacionalidades, aunque sí logró conformar puentes importantes que permitieron adscripciones diferenciadas en la comunidad nacional imaginada. En este contexto, inciden los debates recientes sobre autonomía o libre determinación de los pueblos indios, demanda que ha cobrado centralidad a partir de la redefinición de la representación de la nación propiciada por el levantamiento zapatista en el sureste mexicano19.

La autoafirmación indígena demanda su reconocimiento en la estructuración de los rasgos (necesariamente plurales), del proyecto nacional, definiendo límites de adscripción desde los cuales se conforman nuevas y viejas demandas, especialmente en lo referente al respeto de sus territorios y su reconocimiento como grupos sociales partícipes en el marco normativo nacional con capacidad para gobernarse. La autonomía es una condición de la libre determinación para los asuntos internos de los pueblos, sin interferir en asuntos de carácter externo, que corresponden a la nación en su conjunto y a la condición soberana de los Estados. La autonomía requiere de nuevos consensos nacionales y del pacto federado20.

La demanda de autonomía requiere de una nueva cartografía política que reconozca la pluralidad nacional y las características de los pueblos que componen la nación. De acuerdo con lo expresado por algunas organizaciones indígenas, el régimen de autonomía debería fundamentarse en la .unidad nacional en la diversidad; igualdad de todos los mexicanos en la pluralidad; fraternidad entre sus miembros e igualdad entre sí de todos los grupos de identidad, indios y no indios.21.

A pesar del incumplimiento del gobierno Federal de los acuerdos sostenidos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, existen compromisos pactados entre los cuales se establece el reconocimiento constitucional de los pueblos indios, su derecho a la libre determinación (autonomía) en el marco de la unidad nacional, su capacidad para decidir sus formas de gobierno y organización política, socioeconómica y cultural. Ampliar la representación política de los pueblos indios. Garantías al acceso pleno de la justicia. Promover sus expresiones culturales. Asegurar su educación y capacitación. Garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas. Estímulo a la producción y el empleo. Protección a los indígenas migrantes22.

Se reconocen nuevos principios de la relación de los pueblos indios y el Gobierno federal, donde se destaca el pluralismo, la sustentabilidad, la acción integral de las diferentes instituciones y niveles de gobierno en la relación con los indígenas, el impulso a su participación con respeto a su organización interna y libre determinación, con respeto a su cultura y a sus formas de organización social23.

En este punto debemos considerar que dentro del proyecto nacional participan diversos proyectos de nación, los cuales no agotan el conjunto de propuestas sociales que inciden en la definición de los sentidos colectivos. Estos proyectos actúan como elementos estructurados/ estructurantes de identificaciones sociales no circunscritas al Estado-nación, o a la comunidad nacional imaginada, como ocurre con las identificaciones juveniles24, movimientos ecologistas, adscripciones religiosas, entre otras.

Constatamos fracturas conspicuas en el proyecto nacional, como ámbito referencial para definir el conjunto de procesos de identificación social. Esto no solo se relaciona con el peso de la globalización económica y cultural, sino con diversificaciones y disputas por la definición de los sentidos al interior de las naciones. Como parte de esta disputa, se encuentran los procesos de diáspora y nomadismo social que propician la copresencia de formaciones culturales diversas, de donde surgen procesos sincréticos, de transculturación, pero también de resistencia, o de exclusión, como ocurre con la reactivación de diversas expresiones racistas y supremacistas. Entre el conjunto de estos cambios, destaca el papel que tendrán los debates sobre autodeterminación de los pueblos, doble nacionalidad y soberanía sobre las relaciones y representaciones de la nación social y cultural. Todo ello, dentro de marcos globales que obligan a redefinir los rasgos de la modernización que deseamos.

 

Citas

1 Giles Deleuze y Guattari, Félix. Rizoma. Introducción. España, Éditions de Minuit, Serie Pre-Textos,1997.

2 Stuart Hall, Critical dialogues in cultural studies, London/New York, Routledge, 1996.

3 Gilberto Giménez ha realizado un importante desarrollo conceptual sobre el tema de las identidades sociales. Véase Gilberto Giménez, .Materiales para una teoría de las identidades sociales., en: Revista Frontera Norte, vol. 9, núm. 18, junio-diciembre, 1997.

4 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México, FCE, 1993.

5 Jacques Lacan, Escritos, Tomo I, México, Siglo XXI, 1984.

6 Jürgen Habermas, Identidades nacionales y posnacionales, Madrid, Tecnos, 1989. Habermas destaca que .tras la ruptura con el Ancien Régime, y con la disolución de los órdenes tradicionales de las primeras sociedades burguesas, los individuos se emancipan en el marco de libertades ciudadanas abstractas. La masa de los individuos así liberados se torna móvil, no sólo políticamente como ciudadanos, sino económicamente como fuerza de trabajo, militarmente como obligados al servicio militar y, también culturalmente como sujetos a una educación escolar obligatoria, que aprenden a leer y a escribir y se ven arrastrados ahí por el remolino de la comunicación y cultura de masas. En esta situación es el nacionalismo el que viene a satisfacer la necesidad de nuevas identificaciones.... p. 89

7 Este marco normativo que permite tener más de una nacionalidad, es compartido por la mitad de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Para este apartado, además de la consulta hemerográfica, nos apoyamos en el documento Reforma Constitucional sobre la No Pérdida de la Nacionalidad Mexicana, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

8 .US-México study sees exaggeration in inmigration data., N.Y. Times, 31 de agosto de 1997.

9 Luin Goldring, .El estado mexicano y las organizaciones transmigrantes. ¿Reconfigurando la nación, ciudadanía y relaciones entre estado y sociedad civil? Ponencia presentada en el XIX Coloquio de Antropología e Historia Regionales. El Colegio de Michoacán, Zamora, Mich., 22-24 de octubre de 1997. Goldring estima que, en Estados Unidos existen más de 21 clubes con estas características. También señala la redefinición de la posición del gobierno mexicano que, desde 1988, ha venido desarrollando una política expresada en programas concretos de atención a los mexicanos en el exterior. Destaca que el Estado mexicano ha tenido dos períodos de especial interés a los mexicanos en Estados Unidos: 1920-1932 y 1988 en adelante. Influido por la nueva dimensión de los procesos políticos que rebasaban la frontera nacional, y la significativa simpatía del PRD entre la población mexicana radicada en Estados Unidos, pero también por la crisis económica que engrandecía el peso de las remesas en los ingresos nacionales, el gobierno mexicano redefinió .los límites nacionales., al plantearse en el Plan Nacional de Desarrollo, .la nación mexicana rebasa el territorio que contiene sus fronteras.. Se fortaleció el Programa de Apoyo a los Mexicanos en el Extranjero, al mismo tiempo que se avanzó en el impulso de cambios constitucionales para permitir la no pérdida de la nacionalidad mexicana...

10 Arturo Santamaría. .Política sin fronteras o la nacionalidad postmoderna. Los emigrantes entre México y los Estados Unidos.. Ponencia presentada en el XIX Coloquio de Antropología e Historia Regionales. El Colegio de Michoacán, Zamora, Mich., 22-24 de octubre de 1997. Santamaría destaca los períodos juarista (frente a la intervención francesa, no sólo se buscó el apoyo de armas y combatientes) y porfirista y el período de 1921 a 1940 (incluso, durante el cardenismo se trató de organizar sindicatos en Estados Unidos). Asimismo, citando a Gómez Quiñones, señala que la Secretaría de Relaciones Exteriores no diferenciaba entre los mexicanos nacidos en México y en Estados Unidos.

11 Jorge A. Bustamante, .Mexicanos residentes en Estados Unidos. Información y opiniones sobre política, recabados en Los Angeles, San Antonio y Chicago en febrero de 1982, a partir de una muestra aleatoria por estratos de 1363 ciudadanos mexicanos.. CEFNOMEX, Tijuana Baja California, 1982.

12 Se consideraba que en 1982 había en Estados Unidos un millón y medio de mexicanos indocumentados y 750.000 ciudadanos mexicanos con residencia legal.

13 Los niveles más altos se ubicaron en Los Angeles con 82 por ciento, y, casi al mismo nivel Chicago, con 73.4 y San Antonio con 73.3 por ciento.

14 Ibid, p.2. En este informe se señala: Antes de extender una campaña electoral y la posibilidad de votar en Estados unidos por los ciudadanos mexicanos, sería necesario llevar a cabo una campaña de recuperación cívica entre los mexicanos de afuera, a través de la cual se promoviera una mejor información y un estímulo eficaz para una mayor participación de los residentes mexicanos en Estados Unidos en las cuestiones significativas para la política mexicana...El bajo nivel de politización observado entre los respondentes hace concluir que no están listos para participar activamente en una campaña electoral mexicana extendida hacia sus lugares de residencia en Estados Unidos. Por lo tanto, los costos de dicha decisión por parte del gobierno de México serían, en este momento, probablemente más que los beneficios. Ibid. pp. 10,11.

15 Néstor García Canclini, Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. México, Grijalbo, 1995. p. 20

16 Ibid, p. 19

17 Antes habíamos presenciado la derrota del PRI en las contiendas electorales para las gubernaturas de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, así como en muchos municipios del país.

18 Para un análisis más amplio del proceso de vinculación entre lo global y lo local, véase Néstor García Canclini, .Políticas culturales e integración norteamericana: una perspectiva desde México. en: García Canclini, Néstor (coord.), Culturas en Globalización, Nueva Sociedad, Venezuela, 1996; .Antropología y Estudios Culturales: después de los monólogos.; ponencia presentada en el Coloquio Los estudios culturales en México: epistemología y perspectivas, México, D. F., Agosto de 1997.

19 Servicio del pueblo Mixe, A.C., .La autonomía: una forma concreta de ejercicio del derecho a la libre determinación y sus alcances., en: Chiapas 2.México, Editorial ERA, 1995.

20 Asimismo, señalan: .No deseamos por tanto, una separación respecto del estado mexicano, sino que únicamente estamos demandando mayores espacios de libertad para poseer, controlar y gestionar nuestros territorios, para normar nuestra vida política, económica, social y cultural, así como para intervenir en las decisiones nacionales que nos afectan.; p. 120

21 Ibid, p. 124. De acuerdo con este planteamiento, se propondría la elección de diputados indígenas y la integración de nuevos Distritos Electorales con regiones autónomas.

22 Así lo establecen los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena, firmado el 16 de febrero de 1996, en los términos de las Reglas de Procedimiento y de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Estos se integraron al Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad), entre el EZLN y el Gobierno Federal.

23 Ibid. En un segundo documento, el EZLN y el Gobierno Federal lo plantean de la siguiente manera: .La autonomía es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la determinación, expresada como un marco que se conforma como parte del Estado Nacional. Los pueblos indígenas podrán, en consecuencia, decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. Dentro del nuevo marco constitucional de autonomía se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas.; doc. 2, .Propuestas Conjuntas entre el Gobierno Federal y el EZLN., p. 147

24 Sabemos poco sobre la forma como las identificaciones juveniles incorporan la dimensión nacional en la conformación de sus umbrales de adscripción. A pesar de que existen movimientos juveniles como los punks, o algunos chavos banda que explícitamente rechazan a la patria y al nacionalismo, otros, como los cholos incorporan referentes simbólicos marcadamente nacionalistas.

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* Profesor-Investigador del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, B.C., México. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. .


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