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Luis Carlos Restrepo R*


Resumen

La violencia en Colombia ha adquirido tal preeminencia, que ella se encuentra convertida en una estructura del comportamiento y en una estrategia de socialización. En los conflictos cotidianos y en la confrontación de estructuras de poder se sigue dando primacía a las soluciones armadas. Vivimos unacultura de la desconfianza que, junto con la guerra, ponen en peligro la construcción democrática de la nación. Frente a ello, una pedagogía de la convivencia, una insurgencia desarmada, la ternura, el cultivo de la singularidad y el respeto por la diferencia pueden ser los caminos para afirmar la civilidad, construir la paz y afianzar la democracia.


*Filósofo y Siquiatra. Profesor universitario. Autor de los libros: «Libertad y Locura», «Derecho a la ternura», «La Fruta prohibida».

SOCIALIZADOS POR EL TERROR

Colombia vive una desestructuración generalizada de sus marcos de convivencia. Diferentes factores de tipo político, económico y cultural, han llevado al país a presentar índices de violencia que ponen en peligro la estabilidad institucional y el aclimatamiento de formas de relación favorables a la construcción democrática de la nación.

La violencia aparece como una estrategia de socialización que busca modificar comportamientos por el terror, a la vez que se propone el aplastamiento de la singularidad y la eliminación de la diferencia. Al bloquear las reacciones espontáneas que tenemos en nuestras relaciones interpersonales y limitar las actitudes de afianzamiento y apropiación de nuestra propuesta vital, la violencia actúa como dispositivo generador de sufrimiento e impotencia. Fenómenos como la impunidad, la desaparición forzada, el desplazamiento y la inseguridad, derivados de una violencia creciente y una guerra irregular, se convierten en causa de sufrimientro psicológico y social, generando un sentimiento creciente de impotencia y agresión contenida que afecta de manera negativa los procesos de participación ciudadana y afianzamiento democrático.

La violencia es efectiva en tanto nos roba la alegría, la confianza en nuestras creencias y valores, en la posibilidad de una cultura democrática. De manera inmediata, lo que busca la acción violenta es restar fuerza a la víctima para obtener una ventaja política, un dominio en el campo del poder, un apocamiento de la capacidad del ciudadano para reaccionar frente a la arbitrariedad y la muerte. Más allá de las justificaciones que puedan tenerse para ejercerla, la violencia actúa a nivel interpersonal como mecanismo perpetuador del sufrimiento y a nivel económico y social como legitimadora del negocio de la guerra. El impacto que genera la violencia conmociona de manera simultánea la capacidad de individuos y grupos para alcanzar el bienestar psicológico y su capacidad política para afirmarse en un proyecto democrático de construcción de ciudadanía.

Desbloquear este sufrimiento y reaccionar contra el poder cotidiano de la violencia, se convierten con frecuencia en un círculo vicioso, pues no parece existir alternativa diferente a exhibir comportamientos guerreros, generando ante las fuerzas que nos apabullan aparatos de muerte que perpetúan las cadenas del maltrato, la sumisión y la impotencia. Asaltados por un ímpetu vengador, pretendemos resarcirnos de la ofensa levantando en alto la bandera de la dignidad, para que el ofensor pase a ocupar el lugar del ofendido. Establécese así un equilibrio precario que paga el precio de producir nuevas ofensas y humillaciones, nuevas formas de perpetuar las cadenas de violencia. Convertida en una estructura de comportamiento, la guerra se anida durante años en el psiquismo de grupos e individuos que, sin darse cuenta, siguen reproduciendo pautas violentas de relación en sus conflictos cotidianos.

CULTURA DE LA DESCONFIANZA

Parece existir en Colombia una larga tradición de solucionar nuestros conflictos recurriendo a las armas, una dificultad para abordar nuestros problemas sin pasar por la eliminación del adversario. Aún hoy, una persona armada goza de más prestigio que un ciudadano desarmado. Hasta hace pocos años, los partidos históricos - liberal y conservador- alimentaban ese ímpetu guerrero, pues se consideraba un asunto relacionado con la sangre y la familia defender la permanencia de uno de ellos en el poder. Curiosamente, desde el momento en que estos partidos pactaron la convivencia, han sido otros colombianos los que se han armado para oponerles resistencia.

Aún hoy, ante el estallido de cualquier crisis vecinal o la confrontación de estructuras de poder grandes o pequeñas, los colombianos seguimos dando primacía a las salidas armadas. Somos un país que durante décadas ha concedido un estatuto honroso al insurgente, imagen heredada de las innumerables guerras civiles que desde su nacimiento desangran a la nacionalidad. Cualquier conflicto veredal, una primera comunión o la celebración de un triunfo deportivo, pueden culminar con un saldo alarmante de heridos y muertos. Los colombianos convertimos cualquier exaltación emocional en conflicto irreconciliable que destruye los marcos de la convivencia.

Estar dispuesto a matar, a imponer sobre el cuerpo del otro nuestra voluntad hasta convertirlo en cosa o cadáver, es un comportamiento que sigue siendo bien visto por una cultura machista y guerrera. Estar armado y dispuesto a responder a los demás con una amenaza de muerte es un acto que puede generar en nuestro país admiración y respeto. La música popular y la conversación cotidiana están plagadas de expresiones que lo confirman. «El revólver no se debe sacar sin necesidad pero tampoco se debe guardar sin honor», es un dicho santandereano que condensa el respeto que mantenemos por la precisión del arma, de la que esperamos sea certera al momento de defender nuestra imagen pública y dejar en alto nuestro orgullo. Existe incluso el verbo «matoniar», que se conjuga a diario para dar a entender la disposición a responder con agresión abierta el combate planteado. Las bandas juveniles o los grupos al margen de la ley tienen este comportamiento en alta estima, con lo cual se refuerza una identidad social construida frente a la posibilidad del asesinato.

En muchas zonas de conflicto del país impera una especie de ley del silencio. Cualquier expresión, cualquier comentario, cualquier enunciación de la diferencia, dispara de inmediato acciones violentas que culminan con la muerte. Nuestra cultura no logra acceder a una dinámica de confrontación de fuerzas y poderes que no pase por la eliminación del contrincante.

El ciudadano corriente, que guarda en su casa un arma para usarla en «situaciones de emergencia», o incluso aquellos que no harían nunca uso de procedimientos violentos para eliminar al adversario, pueden justificar en un momento dado la matanza de indeseables como «basuqueros» o «desechables». En algunas ciudades colombianas ha hecho carrera el término «fumigación», para referirse a estas acciones de limpieza social que pueden ser miradas con alguna complacencia por vecinos atemorizados. Son muchos los que siguen creyendo que lo que hace falta en el país es «mano dura» para imponer el orden sobre unos cuantos desviados y facinerosos, mitificando con ello el poder sanador de la violencia estatal o justiciera.

Durante muchos años, hemos aprendido a vivir una cultura política de la desconfianza. No creemos en las buenas intenciones del Estado ni de los dirigentes, ni creemos tampoco en la buena fe del vecino con el que hemos llegado a un arreglo amistoso.

Después de cada una de las guerras civiles que sostuvieron durante más de un siglo liberales y conservadores, era frecuente que los combatientes guardaran las armas después de la firma de la paz, en previsión de nuevos conflictos que aparecían como resultado de la mutua desconfianza. Estas armas, viejas, oxidadas e inservibles, parecían darle una seguridad más ficticia que real a los contrincantes, que al poseerlas podían dormir tranquilos.

Hoy, todavía, cuando se habla de paz, no queda claro que se trate siempre de una voluntad de construir la convivencia dentro de un marco de civilidad, renunciando al uso de aparatos armados para dominar al adversario. Así sea como una lejana posibilidad, se considera que dado el caso es necesario recurrir de nuevo a la violencia para defender o imponer nuestros ideales.

DILEMA VITAL

La violencia no surge de nuestra herencia animal. Al contrario, ella es el signo preclaro de nuestra condición humana. La violencia es hermana gemela del lenguaje. Por extraño designio, toda palabra tiende a ser universal y excluyente. Por curiosa condena, necesitamos de los signos para dar sentido a nuestras vidas y conferirnos identidad. Cada signo que se emite, cada palabra que nace, lleva implícita la pretensión de ser un cosmos, de ser un mundo. Y como todos apetecemos a la vez ser únicos y totales, estamos expuestos a la posibilidad del odio mutuo.

La violencia es silenciamiento del lenguaje que nos contrasta. Reducción de la palabra a cuerpo inerme que ya no tiene posibilidad de replicar ni contestarnos. Confiscación del cuerpo a fin de dar vida a la metáfora que nos anima. Deseo de bañar en sangre ajena nuestra falacia para conferirle la realidad que no posee.

La violencia tiene su origen en un asunto humano por excelencia, en un dilema al que nos vemos enfrentados siempre y que no podemos eludir: el de matar o no matar. Pensar que la violencia hace parte del determinismo y la fatalidad del colombiano es tan inaceptable como pensar en una sociedad armónica donde el conflicto haya sido erradicado. Para decirlo de otra manera, los seres humanos nos caracterizamos por estar abiertos a la doble posibilidad de agarrar o acariciar, de aplastar o cogestionar, de optar por el terror o hacerlo por la ternura.

En nuestra convivencia cotidiana nos hemos inclinado más a la pedagogía del terror, a la manipulación por el miedo, que a la creación de ambientes cálidos donde esa gran caricia social que es la democracia pueda ser alimentada y construida. Una ética civil sólo puede surgir en la vida cotidiana desde la afirmación de una identidad que encuentre solidez social en el gesto a la vez corporal y político de la ternura. Como aprendizaje social que debe ser cultivado desde la civilidad, la ternura tiene como horizonte permanente la violencia que puede desencadenar la acción humana, manteniendo una actitud de vigilancia ética fomentadora de la libre expresión de los conflictos a través de prácticas de poder que tienen como eje central el fomento de la diferencia.

El ser humano es por excelencia el animal que aprende, siendo la convivencia el aprendizaje social que requiere de mayor cuidado. Desde pequeños hemos aprendido a respetar más a un hombre armado que a un ciudadano desarmado, a valorar más a quien lava su honor con la sangre del enemigo que a aquel otro que recurre a las mediaciones jurídicas para solucionar sus enojos y enfrentamientos. Estos aprendizajes pueden y deben ser modificados a fin de crear un marco de flexibilidad cultural que nos permita asumir los conflictos sin pagar el altísimo precio de la masacre y el exterminio.

En antiguas culturas, el guerrero se ufanaba al exhibir públicamente las cabezas de sus enemigos, que guardaba entre sus objetos valiosos luego de someterlas a reducción. Hoy, jóvenes delincuentes nos dicen orgullosos que ya tienen varios muertos sobre sus espaldas, o exhiben con arrogancia las cicatrices que quedan en su cuerpo como recuerdo de viejos combates. Sin darnos cuenta de ello, tenemos la tendencia a respetar y sentir gran admiración por quien es capaz de imponerse a los demás por la violencia, aún al precio de aplastar las más diversas singularidades.

La mayor atracción que genera la violencia es la de aparecer como un mecanismo efectivo e inmediato para responder a las afrentas o amenazas que se suscitan en la vida cotidiana. Lo que diferencia al civilista del violenteo no es tanto que el primero sea un pusilánime y el segundo un verracote lleno de valor y coraje. Como seres humanos que son, uno y otro sienten miedo ante una fuerza que los niega o confronta, radicando la diferencia en que mientras el civilista transforma su miedo en palabras y busca símbolos que le permitan expresar el conflicto sin aplastar al enemigo, el violento dispara cuando aparece el miedo, descargando sobre el otro su voluntad de aplastamiento. Podemos decir entonces que la civilidad es un aprendizaje social que nos permite soportar la emergencia del miedo y el conflicto sin caer en la tentación efectivista de erradicarlos por la vía de la violencia o del asesinato.

La figura de la ternura, convocadora de la caricia, la intimidad y la afectividad, puede ser uno de los ejes centrales de la paz y la civilidad, siempre y cuando la entendamos además como un acto de fuerza desarmada que se muestra intransigente con la violencia, como una disposición total y siempre renovada a la cogestión política y la construcción conjunta. Porque la paz sólo podrá sustituir a la violencia cuando sea capaz de presentarse como un mecanismo eficaz y sólido, mucho más fuerte que la guerra, para lograr el propósito de avanzar en la construcción de la convivencia y el afianzamiento de la democracia.

PAZ E INSURGENCIA CIUDADANA

En tanto estrategia de sometimiento, la violencia busca dejar en el sobreviviente un estado de temor favorable al silenciamiento. El ejercicio de la civilidad se ve afectado al socavarse en la víctima la capacidad de apropiarse del espacio, de la vida cotidiana y la cultura, es decir, de ejercer su poder como individuo y ciudadano.

Por eso, el tránsito de una cotidianidad signada por la violencia a otra donde nos esforzamos por construir la civilidad, puede estar doblemente amenazada por la perpetuación de mecanismos psicológicos y sociales que refuerzan las dinámicas guerreras y por la sensación de impotencia que puede surgir en las personas al integrarse a la dinámica de una democracia de masas que irrespeta de manera cotidiana su singularidad. El combatiente difícilmente opta por un proyecto de civilidad sin poner a prueba sus valores, convicciones y emociones, sintiendo de pronto que al abandonar sus estrategias de guerra queda mucho más desprotegido frente a los poderes que lo aplastan.

Igual que la violencia, también las democracias de masas pueden generar una sensación creciente de impotencia y frustración, al sentirse el individuo expropiado de una mínima capacidad de decisión sobre aspectos fundamentales de su vida. No es suficiente afirmar en abstracto las bondades de la civilidad. Al igual que la guerra tiene sus peligros, también los tiene la democracia. La burocratización y masificación de la vida diaria, al igual que la reducción de la dinámica democrática al juego del libre mercado, pueden ser fenómenos tan apabullantes como el autoritarismo y la violencia.

Frente a los peligros inherentes a una civilidad burocrática y masificada, es preciso propender por una recuperación activa del poder, pero accediendo a una dinámica opuesta a la violencia. La insurgencia ciudadana no busca una simple adaptación a las democracias de masas, sino la constitución de nuevos lugares de enunciación y poder que puedan confrontar al estado social de derecho, obligándolo a una redefinición en aspectos críticos de la convivencia.

La afirmación de la civilidad frente a los efectos devastadores de la guerra y la violencia se ubica por eso en dos esferas complementarias: superando la situación de impotencia a través de la recuperación activa de la capacidad de insurgencia y desactivando los mecanismos autoritarios que reproducen en la vida cotidiana el aplastamiento de la singularidad y la posibilidad de libertad. Favorecer la civilidad, es por tanto favorecer una insurgencia desarmada que asume con radicalidad la defensa de una ecología interpersonal que tiene como eje el cultivo de la singularidad y el respeto a la diferencia. Actitud a la vez personal y política que da sentido a la democracia.

Superar las dinámicas autoritarias propias de la guerra y la violencia, la actitud de desconfianza y de sospecha, la legitimación de la venganza y los ataques al enemigo, es tarea que no se puede lograr si negamos que en la respuesta espontánea de quienes se rebelan contra las maquinarias de terror existe un germen de fuerza civil que, a la postre, la dinámica guerrera consigue malograr. Si la ciudadanía es ante todo la recuperación de una esfera propia de poder, cabe entonces retomar de manera positiva el sentimiento subversivo, al insurgente que se indigna frente a la opresión, dándonos a la tarea de reconstruir la esfera en que su actividad pueda desenvolverse sin perpetuar la violencia y el sufrimiento.

Desde esta perspectiva, la civilidad puede entenderse como una especie de insurgencia desarmada que exige reparación frente a las humillaciones y ofensas, pero que se fija a sí misma el límite de la no violencia, a fin de romper el círculo vicioso de la guerra. Aunque muchos colombianos miran con escepticismo la posibilidad de una salida a corto plazo de los fenómenos violentos, no obstante padecer la incertidumbre se resisten sin embargo a caer en el despecho. Desprovistos de tentaciones mesiánicas, reticentes a creer en líderes afanosos que dicen tener entre sus manos la solución definitiva a los problemas del país, consideran que no pueden seguir guardando silencio ante una situación de deterioro político y social que los toca de manera cotidiana. Reaccionar ante ella se ha convertido en un asunto de dignidad. A fin de poder seguirse sintiendo ciudadanos, de creer en un proyecto de nación, de tener la mínima seguridad para compartir con sus vecinos las faenas de la vida diaria, de ser capaz de mirar a los ojos a sus compañeros sin sonrojarse, necesitan convencerse a sí mismos de que sus esfuerzos no son inútiles. Adelantar acciones tendentes a fortalecer su condición de civiles desarmados anhelantes de paz se ha convertido en un imperativo ético y político al que no pueden renunciar. Dejar atrás esta posibilidad sería tanto como aceptar vivir sin dignidad ni decoro, simples hojas llevadas por los huracanes de violencia que buscan adueñarse del país.

Fuera de la constatación empírica de este sentimiento ciudadano, es poco lo que podemos añadir. Cualquier pronóstico sobre nuestro futuro político e institucional podría pecar de exceso de optimismo o pesimismo, tornándose por ello sospechoso. Lo que sí no podemos negar es la existencia en Colombia de un número considerable de ciudadanos que no desea la perpetuación de la guerra, que se muestra reticente a participar en ella y que de una u otra forma se mantiene firme en la decisión de seguir construyendo sus proyectos por fuera del conflicto armado.

Sin embargo, persisten en Colombia condiciones suficientes para que la guerra se perpetúe, poniendo en grave peligro la existencia de las instituciones democráticas. Como producto de la simplificación del fenómeno de la violencia y de la guerra, se termina a veces considerando que lo importante para lograr la paz es contar con expertos que con astucia y técnicas novedosas logren encontrar la estrategia para llegar a un acuerdo con los alzados en armas, o, por el contrario, que sólo perfeccionando los sistemas de inteligencia, creando impuestos de guerra y mejorando la dotación de las fuerzas armadas, podemos estar cerca de la paz anhelada. La paz queda así hipotecada a una negociación de alto nivel donde la sociedad civil no tiene participación alguna o, en el otro extremo, a una complicada estrategia militar que se mantiene en secreto para los ciudadanos. En uno y otro caso, se confina el proceso a decisiones de élite que extraen del proyecto la savia ciudadana.

Pero la paz es mucho más que una simple negociación. La paz es una construcción cotidiana que hace efectivo uno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución, un ejercicio político de soberanía popular por medio del cual ciudadanos desarmados se afirman en una ética democrática y civilista que tiene como principio innegociable el rechazo a la eliminación del adversario.

Se hace por eso necesario convocar de manera afirmativa a esos ciudadanos que de manera aislada y silenciosa vienen construyendo sus proyectos de vida sin recurrir para ello a la intimidación o al siniestro mercado de la muerte. Sabemos de miles de personas que han decidido no matar ni recurrir a las estrategias de la guerra para convertir en realidad sus ideales, muchas de ellas entregadas a la construcción apasionada de alternativas de vida en el plano de lo local, demostrando que es posible un ejercicio ciudadano en medio de las presiones que a diario ejercen sobre ellos los agentes del terror. Constatamos sin embargo también que muchos de estos procesos mueren sin haber tenido una resonancia nacional, ni siquiera entre aquellos que en otros rincones del país están comprometidos en experiencias similares.

Las reservas éticas y políticas que estas experiencias encarnan terminan ahogadas por la espectacularidad de los acontecimientos generados por la violencia y sus actores, que atrapan nuestra atención para integrarnos a su pedagogía del miedo. La sociedad civil es débil entre otras cosas porque sus integrantes no se representan a sí mismos como fuerza capaz de transformar la vida nacional, ni toman conciencia de la riqueza ética y política de que son portadores.

Lo mejor que puede ofrecer la sociedad civil en la construcción de un proyecto de paz es una postura ética capaz de convertirse en movilización política y fuerza ciudadana que permee todos los rincones de la vida nacional. De hecho, se dice con frecuencia que la sociedad civil no es otra cosa que esa reserva ética del Estado que es capaz desde la opinión de obligar a un cambio político acorde con los grandes intereses ciudadanos. Pero sería un error pensar que esta fuerza ético-política está allí a la espera, guardada en un baúl, lista para ser descubierta y utilizada. Esta fuerza de la sociedad civil debe ser construida, o mejor aun, reconstruída, en un trabajo activo, que le permita al ciudadano corriente examinar e inventariar aquellos comportamientos que le llevan por el camino de la guerra y el exterminio, diferenciándolos de esos otros que se tornan valiosos para un ejercicio activo de la civilidad y la paz. Pacificar la sociedad civil, saturada de humillaciones y ofensas propias de un país acostumbrado durante décadas a la guerra, es condición necesaria para afianzar la dinámica democrática.

Hacemos énfasis en este punto porque uno de los grandes enemigos encubiertos de la paz es precisamente la confusión del ciudadano al momento de tomar sus decisiones frente a las situaciones de conflicto que le rodean. Incluso, este colombiano que renuncia a la posibilidad de utilizar un arma para eliminar al contrincante, puede con sus opiniones justificar en un momento dado salidas de fuerza, «de autoridad», que culminan en acciones de limpieza de indeseables. Para muchos colombianos no es claro lo que deben hacer en momentos de peligro y amenaza, pues no confían en los organismos policiales ni tampoco en la guerrilla, acariciando la opción de hacer justicia por su propia mano. No está clara, para muchos de nuestros compatriotas, la urgencia de construir un tejido de sociedad civil decidida a buscar soluciones no violentas a los conflictos.

Se hace necesario emprender un trabajo de reconstrucción de la vida política y el espacio social, pues todos nosotros llevamos cicatrices de la violencia, pudiendo decirse que somos sobrevivientes necesitados con urgencia de acceder a nuevas formas de relación. Dicha reconstrucción política y cultural debe tocar simultáneamente la vida cotidiana y el espacio público, sin caer en la tajante separación que con frecuencia observamos entre lo que el ciudadano vive a diario y la grandilocuencia de los discursos que se refieren a la política nacional.

La presencia activa y vigorosa de una sociedad civil que se resiste a continuar pasiva en medio de la masacre, puede ser la mejor muestra del deseo de avanzar en nuestro país en la construcción de la convivencia. Es por eso que en un momento como el actual, la lucha por la paz adquiere el carácter de ejercicio de fuerza ciudadana, manera de entender el ejercicio de la democracia en América Latina en este fin de milenio. La paz es un proyecto cultural, ético-político, que entiende el ejercicio del poder como capacidad de los ciudadanos para controlar sus vidas de acuerdo a principios de solidaridad, humanidad y responsabilidad, dejando de lado la concepción de la fuerza como ejercicio de dominación que busca inhabilitar al enemigo para imponerle su voluntad.

En tanto metodología para la resolución no violenta de los conflictos, la paz no es sólo potestad del ejecutivo sino competencia de todos los ciudadanos. Conseguir la paz va mucho más allá de negociar con actores armados. Es, ante todo, conquistar un marco social, político y jurídico, donde puedan encontrar expresión y resolución los diferentes conflictos que nos desangran. En tanto expresión cimera de la civilidad, la paz es una construcción histórica que no puede negar la actualidad de la guerra, ni la necesidad de ir arrebatando paso a paso espacios sociales a la intimidación y la violencia. La paz es la manera de asumir el conflicto dentro de un estado social de derecho en permanente construcción. Pensada como fuerza que incluso legitima formas de movilización como la desobediencia civil y la insurgencia ciudadana, la paz se fija como marco de actuación un estado social de derecho que permita la expresión de las fuerzas en conflicto sin que su choque derive en la acción armada.

Afirmar hoy en Colombia el derecho a la paz es comprometerse con un acto libertario y democrático, un ejercicio de fuerza ciudadana que busca hacer del poder un mecanismo para la convocatoria permanente a la participación política, a fin de avanzar en la construcción colectiva de un nuevo país. Afirmar en Colombia el derecho a la paz es deslegitimar a quienes irrespetan la vida para afianzar sus proyectos de dominio e intolerancia. Es negarse a que personas armadas asuman la vocería de quienes se mantienen fieles al principio de no matarás.

Buscar la paz hoy en Colombia es declararse en contra del miedo y la intimidación como forma de imponernos una cierta idea de nación. Es optar por la construcción de un país plural con proyectos de vida que crecen en medio del fuego cruzado y el peligro de las balas. Es sentirse orgulloso de ser un ciudadano desarmado que hace de su fragilidad el más alto símbolo de la democracia.


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