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Disciplinamientos profesionales y alcances de la reparación psicosocial a víctimas en Colombia*

Disciplinamentos profissionais e alcances da reparação psicossocial a vítimas na Colômbia

Professional Disciplining and the Scope of Psychosocial Reparation of Victims in Colombia

DOI: 10.30578/nomadas.n53a8

 

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Angélica Franco Gamboa **, Laura Franco Cian*** y Mariana De Narváez Malo****

Resumen

En Colombia los recientes procesos de justicia transicional plantean demandas y discusiones a la academia. Este artículo problematiza la relación entre disciplinamientos profesionales que orientan medidas de reparación psicosocial y los alcances de estas. Las autoras exponen trabajos empíricos que evidencian desencuentros entre la ley, los profesionales llamados a implementarla y las necesidades situadas de las víctimas. Al final, el artículo sugiere orientar la mirada hacia los centros de conocimiento y su papel en el reconocimiento de las ciudadanías plurales.

Palabras clave: conflicto armado, reparación psicosocial, sufrimiento social, disciplinamientos profesionales, epistemologías diversas, ontologías diversas.

Resumo

Na Colômbia os recentes processos de justiça transicional planteiam demandas e discussões à academia. Este artigo problematiza a relação entre disciplinamentos profissionais que orientam medidas de reparação psicossocial e os alcances destas. As autoras expõem trabalhos empíricos que evidenciam desencontros entre a lei, os profissionais chamados a sua implementação e as necessidades situadas das vítimas. Al final, o artigo sugere orientar o olhar para os centros de conhecimento e seu papel no reconhecimento das cidadanias plurais.

Palavras-chave: conflito armado, reparação psicossocial, sofrimento social, disciplinamentos profissionais, epistemologias diversas, ontologias diversas.

Abstract

In Colombia, the recent transitional justice processes pose demands and discussions to the scientific community. This article problematizes the relationship between professional disciplining processes that guide psychosocial reparation actions and their scope. The authors present empirical data that show disagreements among the law, the professionals implementing it, and the needs of the victim. Ultimately, the article suggests paying attention towards the knowledge production centers and their role in the recognition of plural citizenships.

Keywords: armed conflict, psychosocial reparation, social suffering, professional disciplines, diverse epistemologies, diverse ontologies.

*Este escrito se origina en la tesis doctoral en antropología de la primera autora, Reconstrucciones de la cotidianidad en el pueblo awa: espacios minados, tiempo natural y sobrenatural(2015, Universidad Nacional de Colombia), y en el proyecto de investigación en curso “De abajo hacia arriba: acciones locales y translocales para la mitagación del daño en el marco del ‘postconflicto’ en Colombia” (2017), de la Facultad de Psicología de la Universidad El Bosque.
**Profesora asistente, Departamento de Antropología, Universidad Nacional de Colombia; profesora asociada, Facultad de Psicología, Universidad El Bosque, Bogotá (Colombia). Doctora y magíster en Antropología. Psicóloga. Correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
***Profesora asistente, Facultad de Psicología, Universidad El Bosque, Bogotá (Colombia). Estudiante de Doctorado Interuniversitario en Estudios de Género: cultura, sociedades y políticas; magíster y especialista en Psicología Clínica. Psicóloga. Correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
***Magíster en Psicología, Universidad El Bosque. Psicóloga. Correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Introducción

El conflicto armado interno en Colombia ha generado graves y extendidas experiencias de daño y sufrimiento. Para el mes de junio del 2020, se registraron 9.005.319 personas afectadas y más de 11 millones de eventos victimizantes (Registro Único de Víctimas [RUV], 2020). Los hechos de violencia han sucedido principalmente en zonas rurales: el 88% de los municipios con mayor incidencia del conflicto están dentro de las categorías rural y rural disperso1. En menor medida, se han visto afectadas áreas urbanas, pero incluso hechos acaecidos en ciudades como Buenaventura, Cali o Medellín se circunscriben casi exclusivamente a territorios escasamente articulados al Estado central (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2018), habitados principalmente por población precarizada por matrices de violencia estructural y por históricos procesos de exclusión social.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el mundo rural y rural disperso “no se cuenta con garantías suficientes para el goce efectivo de derechos, y se presentan profundas brechas en el acceso a bienes públicos” (DNP, 2016: 12). Según Parra Peña et al. (2013), los porcentajes de acceso a vivienda, servicios de energía, acueducto, alcantarillado y educación en los territorios rurales de Colombia muestran una drástica desventaja con relación a los accesos en los mismos registros en los territorios urbanos. Además de los rasgos asociados a la marca de clase social, en el mundo rural, entre mestizos y mestizas, se asientan pueblos afrodescendientes, indígenas, ROM, palenqueros y raizales que constituyen el 18% de las víctimas en Colombia (RUV, 2020). Así, la mayoría de las poblaciones que engrosan la categoría víctima, han venido experimentando con mayor fuerza la explotación de la precariedad humana:

Si bien la violencia ha afectado a toda la sociedad, se ha ensañado de manera más cruenta con los excluidos y los vulnerados [...] los informes y los datos que registran las violaciones a los Derechos Humanos constatan que la guerra no ha afectado a todos por igual. La guerra recae especialmente sobre las poblaciones empobrecidas y dentro de estas, explota con mayor crudeza la precariedad de personas pobres, de pueblos afrocolombianos e indígenas, se ensaña contra los opositores y disidentes, y afecta de manera particular a las mujeres, a los niños y niñas. (CNMH, 2013: 25)

En el año 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se promulgó la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En esta se establecen medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas de carácter tanto individual como colectivo, encaminadas a hacer efectivo el goce de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición “para que estas [las víctimas] reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía” (Art. 2). Dentro de las medidas de reparación psicosocial, la ley ordenó la creación de “mecanismos de prestación de servicios constituidos por profesionales en psicología y psiquiatría, con el apoyo de trabajadores sociales, médicos, enfermeras […] en función de las necesidades locales, garantizando la integralidad de la acción” (Art. 137, par. 7). Además, estableció que tales mecanismos debían diseñarse y ejecutarse bajo los principios de un enfoque de derechos, diferencial y de acción sin daño.

Desde el año 2012 hasta el presente, documentos gubernamentales (Comisión de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley 1448 de 2011, 2017), académicos (Moreno Camacho y Díaz Rico, 2015; Mora-Gámez, 2016; Tamayo, 2016; Villa Gómez et al., 2016; Villa Gómez e Insuasty Rodríguez, 2016; Franco Gamboa y Franco Cian, 2020), fuentes de prensa (López, 2015; F. Jaramillo, 2016; Doradozúñiga, 2017; Muñoz López, 2019) e informes emitidos por organizaciones no gubernamentales (Mesa Psicosocial, 2016) vienen evidenciando graves dificultades en la implementación de tal medida. De acuerdo con estas fuentes, muchos de los problemas –en los que se incluyen revictimizaciones por intervenciones adversas, desencuentros semánticos, problemas de traducción– se atribuyen a “la falta de formación en competencias prácticas, conceptuales y ético-políticas” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015) entre las y los profesionales llamados a “restaurar la dignidad” de las víctimas y al mantenimiento de currículos de formación profesional “descontextualizados” en las áreas disciplinares mencionadas, como la psicología, en las instituciones de educación superior2. Así se explicita en una columna de El Espectador del 8 de julio del 2015, en la que se describen los resultados de un conjunto de foros denominados El rol de la intervención psicosocial, la psicología y la salud mental en los diferentes escenarios de conflicto armado en Colombia, desarrollados en distintas regiones del país y a los que asistieron entidades gubernamentales locales (secretarías de salud, entre otras), organizaciones no gubernamentales, facultades de psicología, operadores locales de diversos programas y, en ocasiones, víctimas y excombatientes acompañados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y el Ministerio de Salud:

[Hay] necesidad de afinar los procesos de formación, cualificación y actualización de los psicólogos; hoy tenemos más de 130 programas en Colombia y cerca de 80 mil psicólogos y una cifra cercana a 20 mil estudiantes, los asistentes al foro hacen un pedido generalizado de acercar más la formación a nuestro contexto […] En especial formar bajo la comprensión de las dinámicas del conflicto en sus dimensiones sociopolíticas, socioeconómicas, sociojurídicas, socioculturales […] Una formación en psicología bajo esta perspectiva seguramente exigirá cambios en los planes de estudio de pregrado, postgrado y de actualización continua de los profesionales, las entidades responsables de la formación deberán pensarse frente a este reclamo que hace el país […] Hoy, la ley nos ha puesto ante exigencias concretas a las que debemos responder y al parecer no estamos completamente preparados para estos constantes y múltiples requerimientos […] El sistema educativo es crucial en este proceso. (López, 2015, la cursiva es nuestra)

Así, dichas fuentes sustentan la dificultad de diseñar e implementar medidas plenamente articuladas a las necesidades y las particularidades sociohistóricas de los grupos de víctimas, en virtud de las distintas ontologías que toman forma en las ruralidades de Colombia, un país pluriétnico y multicultural. De esta manera, los recientes procesos de justicia transicional en el actual contexto nacional, le vienen planteando demandas y discusiones a la academia colombiana y a los “saberes expertos” que ahí se incorporan, poniendo en evidencia la necesidad inaplazable de interpelar las concepciones sobre los territorios y los modos convencionales de vida humana –y no humana– que informan ideas de la comunidad imaginada o la nación en las instituciones de nuestro país.

Breve marco conceptual

Este artículo se inscribe en los estudios interdisciplinarios de la violencia y el sufrimiento social, en una antropología del Estado y en una sociología de las profesiones. Nos detendremos en cada uno de estos horizontes teóricos.

A finales del siglo XX se registró en las humanidades y en las ciencias sociales una bibliografía muy sugerente en torno a la violencia, el sufrimiento social y el trauma colectivo. Algunos de los estudios empíricos descritos en este artículo comulgan especialmente con aquella perspectiva, dentro de este campo, volcada a la comprensión de las experiencias de sufrimiento de los sobrevivientes de la guerra y sus procesos de recomposición del mundo. En este ámbito, la pregunta por los significados otorgados al dolor y al sufrimiento, el duelo y la memoria, las respuestas individuales, familiares y comunitarias frente a la pérdida, las formas de recrear la vida diaria y los procesos de justicia transicional son particularmente relevantes (Das, 1995; Kleinman, 2002; Scheper-Hughes, 1990; Jelin, 2002; Jimeno, 2019; Arias et al., 2000).

Desde tal perspectiva, este artículo dialoga con aquellos trabajos que problematizan el impacto de las acciones adoptadas gubernamentalmente y ejecutadas por burócratas y profesionales mediante los procesos de justicia transicional3, en la reconstrucción de la cotidianidad y en el ejercicio de la ciudadanía de las víctimas de la violencia (Das, 2000; Petryna, 2002; Hage, 2009; Fassin y Rechtman, 2009; J. P. Jaramillo, 2012). Dos tipos de discusiones desarrolladas en este contexto son relevantes para nosotros. La primera, está vinculada con la administración del sufrimiento de las víctimas ejercida bajo los estatutos de la ley y de la ciencia, mediante los cuales se sustituyen nominalmente las experiencias de sufrimiento de las víctimas a través del uso de nosologías psiquiátricas y se las despoja de sus connotaciones políticas y morales (Das, 1995, 2000; Kirmayer, 1996; Kleinman, 2008; Pupavac, 2001; Scheper-Hughes, 1990; Summerfield, 2004; Theidon, 2004); y la segunda, tiene que ver con la indiferencia burocrática que parte del presupuesto de homogeneidad nacional y que excluye las diferencias manifestadas en términos de etnia, género, procedencia, clase social, grupo etario, entre otros (Pupavac, 2001; McEvoy y McGregor, 2008; Nagy, 2008; Zolkos, 2014).

Estas últimas discusiones teóricas, en el marco de las dificultades descritas alrededor de los desencuentros entre la ley, los profesionales llamados a implementarla y las necesidades situadas de las víctimas, orientaron la agenda de investigación hacia otros horizontes teóricos, específicamente hacia una antropología del Estado y una sociología de las profesiones. De acuerdo con Hansen y Stepputat (2001), “en el corazón de las ideas que direccionan las formas de gobierno –cómo deben ser conducidas las políticas y cómo deberían funcionar las instituciones– están los lenguajes profesionales, sus técnicas disciplinarias […] y las categorías por medio de las cuales las ciencias humanas, sociales, políticas y jurídicas analizan el Estado, la economía, la política, la sociedad y las personas” (26-27, traducción propia). Así, una sociología de las profesiones –y los profesionales– tomó relevancia. Señalaremos algunos aspectos de esta apuesta teórica.

• Refugiados sirios viajando antes del amanecer. Valle de Bekaa (Líbano), 2005 | Foto: Lynsey Addario

Describir las diferentes corrientes de la sociología de las profesiones emergentes en la segunda mitad del siglo XX, sus escuelas y paradigmas (funcionalista, interaccionista o neoweberiana) rebasa los alcances de este artículo. Nos detendremos, en cambio, en algunas de las discusiones, definiciones y conceptos que fueron relevantes para los estudios que expondremos más adelante. Los debates alrededor de las diferencias entre las profesiones y las ocupaciones; los procesos de profesionalización de áreas específicas y la configuración de sus mercados de trabajo; la emergencia de los grupos profesionales y cómo estos se insertan en las organizaciones, en la estructura social y en la política han motivado un amplio acervo de trabajos en este ámbito de estudio. Este último tema, en perspectiva crítica, fue de especial interés para nuestra agenda de investigación. Desde esta corriente de la sociología se señala que las profesiones “definen los problemas que afectan a la sociedad o a individuos, lo que está bien o mal, y cuáles son las actuaciones que se deben llevar a cabo ante los problemas” (Rodríguez Ávila, 2008: 17). A partir de tal definición, dada la naturaleza de nuestras preguntas, acogimos el concepto de trayectorias profesionales cuya definición incluye, siguiendo la perspectiva de Pajarín Canales (2017), el proceso de formación y emergencia del grupo profesional; la socialización institucional y la percepción del propio rol; y el conjunto de principios éticos, la concepción de una “buena” praxis y el estatus profesional.

La agenda de preguntas, respuestas y preguntas emergentes que ha motivado este artículo es amplia. En lo que sigue, nos ocuparemos de describir aspectos técnicos, hallazgos y discusiones que se derivan del conjunto de trabajos empíricos que fueron entretejiendo los argumentos centrales de este texto. Inicialmente, abordaremos tres estudios etnográficos, elaborados entre los años 2007 y 2015 en distintos territorios rurales de Colombia. Los trabajos interrogaron las experiencias de sufrimiento y recomposición de la vida cotidiana desde la perspectiva de víctimas de minas antipersonal. Estos primeros trabajos detonaron preguntas alrededor de las instituciones transicionales y los operadores de la ley que fueron consideradas a partir de un análisis de narrativas. Este estudio, llevado a cabo entre los años 2016 y 2018 y del cual nos ocupamos al final del artículo, buscó explorar las trayectorias profesionales de un grupo de personas tituladas en ciencias sociales y de la salud implementadoras de medidas de reparación. Dichas narrativas nos permitieron examinar la producción de profesionales en áreas llamadas a devolver la dignidad a las víctimas en el marco de la ejecución de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Etnografías del sufrimiento y la recomposición de la vida diaria

Hacia el año 2005 Colombia se posicionó como el territorio con mayor cantidad de campos minados después de Camboya y Afganistán. La marca que un artefacto como este deja en la existencia encarnada de una víctima, mayoritariamente hombres en Colombia, suscitó el interés alrededor de las experiencias de sufrimiento y recomposición de la vida cotidiana después de haber sufrido el daño: ¿cómo el sufrimiento transforma los modos de habitar y ser habitado en/por el mundo?, ¿cómo se resignifica lo acontecido cuando el cuerpo es memoria del daño?, ¿qué mecanismos individuales y colectivos contribuyen a la reconstrucción de la vida? Preguntas como estas motivaron tres trabajos etnográficos conceptualmente informados por una antropología de la violencia y el sufrimiento social, una antropología médica (Scheper-Hughes, 1990; Lock, 2001; Summerfield, 2004; Kleinman, 2008; Singer y Baer, 2018) y una antropología del Estado (Sharma y Gupta, 2006; Abrams, Gupta y Mitchell, 2015). Los trabajos de campo se realizaron en el municipio de El Carmen, Magdalena Medio santandereano (2007-2009); en el municipio de Manzanares en el oriente del departamento de Caldas (2009-2010) y en el municipio de Tumaco en el departamento de Nariño (2011-2015). Los dos primeros trabajos se hicieron en el contexto de la implementación de la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, en tanto que el tercero se llevó a cabo en el contexto de la implementación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Cada uno de los territorios y las víctimas asentadas en ellos, atestiguaron la guerra de un modo completamente diferente. En estos contextos, combatientes, campesinos civiles, niños y niñas y personas pertenecientes a distintos pueblos étnicos de Colombia murieron y otros vieron sus vidas transformadas para siempre, después de haber detonado imperceptiblemente una mina antipersonal.

Las etnografías permitieron recabar, a partir de un lente sensible a las diversas formas de dolor, sufrimiento y recomposición de la vida, narrativas locales y translocales sobre la guerra, impactos de esta en los seres humanos, respuestas a los daños ocasionados, administración del sufrimiento bajo el estatuto de la ley y de la ciencia y actualizaciones de la violencia que iban tomando forma mediante la ejecución de los procesos de justicia transicional que el Estado colombiano estaba –y sigue– instaurando. Describiremos los hallazgos más relevantes para el argumento que nos convoca.

En el Magdalena Medio santandereano las experiencias de sufrimiento eran distintas para hombres campesinos y aquellos otros que, siendo jóvenes, portaron las armas de las autodefensas legitimadas por sus alianzas con el Ejército4. A pesar de estas diferencias, la etnografía puso de manifiesto que tanto el sufrimiento como la recomposición de la vida estaban atravesados por dimensiones políticas y simbólicas de alto valor social y cultural, forjados en este caso por la territorialidad campesina y el reconocido ethos “aguerrido” del santandereano. Las lógicas solidarias entre campesinos, la capacidad para organizarse, la importancia otorgada a la autosuficiencia y el compromiso individual y colectivo con formas de resistencia hacían parte de tales dimensiones5. Así, la imposibilidad de la autosolvencia y “pedir limosna” era un agravante para la experiencia vivida de sufrimiento. Sin embargo, en los valores mencionados también se concentraba gran parte del potencial para restaurar el cuerpo social desgarrado por la violencia y restituir sus miembros fracturados. Dichos valores fueron signados dentro de la investigación con la categoría de “prótesis simbólicas”. En este contexto, con apoyo comunitario, quien antes portaba un arma luego tocaba en la banda del pueblo e impulsaba procesos organizativos por los derechos de los “mochos” (campesinos que habían perdido los dos miembros inferiores), ahora vendía pretales en el mercado móvil los fines de semana y con ayuda de la comunidad restauraba la movilidad de su cuerpo.

En el departamento de Caldas, el trabajo de campo no reveló aspectos similares a los hallados en la cordillera Oriental. En este territorio, la división sexual del trabajo, los roles de género y el asistencialismo estatal resultaron ser dimensiones simbólicas y políticas que moldeaban modos particulares de la experiencia de sufrimiento y la reconstrucción de la cotidianidad6. Allí, por una parte, la necesidad de sustituir roles en los cuales los hombres, víctimas de los artefactos explosivos, se ocuparan del cuidado de los hijos y de la cocción del alimento en la vida privada y en los que las mujeres se ocuparan de proveer en la vida pública, marcaba profundamente la experiencia de sufrimiento. Por esta razón la sustitución de roles no parecía una práctica frecuente. En este contexto, paradójicamente, entre más precaria fuera la vida material de la familia, mejor, de modo que la evidencia empírica del sufrimiento fuera garante de los accesos de las personas a los distintos subsidios que “el gobierno”, personificado en funcionarios públicos provenientes de la región de Caldas, entregaba. “Mendigos del Estado” fue la categoría que el mismo personero del pueblo usó para describir a las víctimas de la región. Así, después de años de haber enfrentado los hechos victimizantes, las familias parecían estar expuestas a condiciones estáticas de precariedad en espera de “alguna ayuda del gobierno”. Esto se expuso en un artículo de prensa titulado “Land Mines Take a Toll on Colombia’s Poor”, que publicó Los Angeles Times y fue compartido por uno de los participantes del estudio. En este, él mismo dice:

“We went in high spirits, feeling like we were doing something positive for Colombia”, said Luis Eduardo Franco, 38, who was disabled by severe back and knee injuries when a mine exploded as he cleared coca in 2006. “But since I got screwed up, the government has turned its back on me, and I feel useless”. (Kraul, 2010)

En Tumaco, Nariño, la pesquisa etnográfica sobre el sufrimiento y la recomposición de la vida diaria ante los acontecimientos victimizantes por el uso de minas antipersonal (MAP) y municiones usadas sin explosionar (MUSE), puso de relieve profundas heridas históricas que tienen como trasfondo la racialización de la cultura, contenida en las estructuras coloniales perpetuadas hasta nuestros días y que socavan la participación de las diversidades colombianas en la democracia y en el imaginario de país, instalado en el sentido común de los habitantes de las grandes urbes7. En el casco urbano de Tumaco, habitado mayoritariamente por comunidades negras y colonos, en el año 2012, momento de inicio del trabajo de campo, poco se sabía de las víctimas de MAP asentadas a aproximadamente 60 minutos de la costa pacífica, en el piedemonte andino de la cordillera Occidental. Las víctimas eran en su gran mayoría personas pertenecientes a la comunidad awa, un pueblo étnico binacional asentado entre las repúblicas de Colombia y Ecuador, de aproximadamente 37.000 habitantes.

En este pueblo étnico, la migración hacia zonas aisladas a lo largo de la historia, operó como mecanismo de salvaguarda y conservación física y cultural ante distintos procesos de colonización. Este aislamiento geográfico posibilitó la materialización de un sincretismo cultural influido ampliamente por rasgos y características ancestrales del pueblo awa. Así, las dimensiones simbólicas y políticas de alto valor social y cultural que moldeaban las experiencias de sufrimiento y recomposición de la vida diaria nos condujeron hacia las complejidades de una ontología otra y hacia la necesidad de dilucidar las imbricaciones entre el territorio y la territorialidad, violentadas y precarizadas por la guerra y por las economías extractivas.

• Mujer sostiene a su nuevo bebé en campamento de refugiados Karamalis. Salónica (Grecia), 2016 | Foto: Lynsey Addario

El trabajo de campo etnográfico permitió identificar experiencias de sufrimiento y de recomposición de la vida a las que subyacen lógicas simbólicas, materiales e inmateriales, de organización de la realidad en las que se interconectan de modos particulares sistemas de parentesco, nociones de cohesión social, vecindad y comunidad, asentamientos en suelos altamente erosionados, formas de dispersión poblacional y economías domésticas de subsistencia, mitos que explican el origen del mundo y de la vida, nociones concretas de tiempo, de espacio y de persona que no escinden el cuerpo del alma, encarnaciones de la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, la espiritualidad y la expresión de aspectos como estos en sistemas terapéuticos y de organización social y política concretos. En este contexto, el sufrimiento se enunciaba como corazón vacío, corazón asustado, hielo de muerte, y, de otro lado, los procesos de elaboración de duelo ponían de manifiesto narrativas oníricas que describían el encuentro entre vivos y muertos durante la experiencia de ensoñación, bien fuera para atender necesidades de hambre en el difunto, para la puesta en práctica de rituales funerarios por parte del vivo, o para prevenir, consolar, aconsejar o advertir de las amenazas al vivo por parte del muerto. Todas estas eran experiencias encarnadas holísticamente que ponían en el centro roles y relaciones de parentesco.

• Imagen del performance “El mimo y la bandera” que invoca la tragedia chilena durante la dictadura militar.
(Chile), 1975. Autor: Francisco Copello. Tomado de: Museo Nacional de Bellas Artes de Chile

Otros hallazgos asociados a la recién implementada, para ese momento, Ley de Víctimas, se tornaron evidentes. Estos hallazgos aludían a las actualizaciones de la violencia manifiestas en el marco de la implementación de medidas de reparación integral a víctimas en este territorio. Estas incluyeron, por una parte, desencuentros semánticos entre actores burocráticos (funcionarios públicos y profesionales) y las víctimas (en su mayoría con escolaridad baja o ausente), pues acceder a sus derechos implicaba reconocer significados, significantes y códigos médico-legales y jurídicos; y por otra, intervenciones adversas en las que profesionales en psicología y medicina, a partir de categorías diagnósticas y tratamientos psicoterapéuticos, farmacológicos y médico-quirúrgicos, subalternizaban comprensiones y encarnaciones particulares del sufrimiento. Así, ni el corazón vacío, ni las narrativas oníricas, ni el corazón asustado resultaban legítimos, sino el estrés postraumático, la epicrisis y los medicamentos cubiertos por las entidades prestadoras de servicios salud (EPS).

De modo concluyente, los tres estudios permitieron afirmar, en primer lugar, que la experiencia de daño y de dolor extremo y la reconstrucción de la cotidianidad son procesos socioculturalmente configurados y que si bien el daño ocasionado por la guerra desafía los significados convencionales de la cultura, en esta se encuentran repertorios de acciones posibles disponibles. Sin embargo, dadas las visiones homogeneizantes de nación que atraviesan la construcción del Estado, las medidas de reparación en Colombia se fundamentan epistemológica y metodológicamente a partir de saberes objetivos, jurídicamente ordenados y producidos por centros de conocimiento experto (Ministerio de Salud, 2018) y no a partir de las experiencias y de los saberes situados en los territorios y las territorialidades que permitan incorporar las epistemologías propias y las ontologías de las ciudadanías plurales asentadas en las ruralidades de Colombia8. Una perspectiva y otra plantean modos completamente diferentes de concebir y ejecutar acciones moralmente comprometidas con la contención del sufrimiento, la restauración de la dignidad y la negociación política con el propio cuerpo9.

• Mujer congoleña prepara alimentos en campamento de desplazados de Kibati. Goma (Congo), 2008 | Foto: Lynsey Addario

En segundo lugar, los estudios permitieron concluir que las actualizaciones de la violencia manifiestas en la implementación de medidas de reparación diseñadas para permitir a las víctimas “desempeñarse en su entorno familiar, cultural, laboral y social y ejercer sus derechos y libertades básicas de acuerdo con sus necesidades” (Ley 1448 de 2011), ponen en evidencia discordancias entre ley, conocimientos expertos y necesidades situadas. Así, estas conclusiones encontraron eco en el acervo creciente de literatura periodística, no gubernamental, estatal y académica que denunciaba dificultades en la implementación de medidas de reparación y de atención psicosocial, que fue mencionada al inicio de este artículo.

Algunos de estos trabajos, elaborados desde distintos campos de las ciencias sociales a partir del método etnográfico en las instituciones de la justicia transicional en Colombia, aportaron información empírica relevante acerca de la implementación de medidas de reparación. Así, describen el punto de vista de las víctimas, el lugar de enunciación de los expertos y las interacciones entre ambos. Algunos fragmentos etnográficos extraídos de tales trabajos son útiles para describir particularidades de la atención psicosocial.

Mora (2016), por ejemplo, pone de manifiesto “los problemas de traducción” durante la implementación de la Estrategia de Reparación Emocional (ERE) de la UARIV, uno de los protocolos usados en el marco de las medidas estatales de reparación. Específicamente, el autor muestra cómo las experiencias de las víctimas son “deshechas” y convertidas en números que “hacen visible su dolor”, lo “organizan”, lo “formalizan” y lo traducen para los actores burocráticos:

[…] Mariana [la profesional psicosocial] termina la sesión y recuerda a las personas que no pueden irse sin firmar el acta de asistencia […] Mariana toma nota de los nombres, sus números de cédula, los números indicados en la cartilla y les pide que firmen y registren las huellas digitales en los formularios.

Una interacción particular ocurrió entre un participante que había marcado dos números en lugar de uno en su cartilla y Mariana le preguntó por las razones que tuvo para marcar los números 3 y 7. Matías argumentó que él no le veía sentido a marcar solamente un número porque él siente diferentes emociones. “Sí, pero tú tienes que marcar solamente uno Matías” dijo Mariana, quien estaba apurada por llenar el formato rápidamente. Matías replicó que él no comprendía porque tenía que asignar un número a sus sentimientos, pero después de la insistencia de Mariana él borró sus dos marcas y puso un nuevo círculo alrededor del número 1. (122, traducción propia)

Franco (2016), por otra parte, describe en su etnografía “intervenciones adversas” dentro de las rutas de atención implementadas por la Unidad de Víctimas. El siguiente aparte recoge, desde el punto de vista de una víctima, la memoria de las interacciones con la profesional psicosocial:

Luz Marina, una afrocolombiana de 29 años, fue víctima de un artefacto explosivo improvisado que arrancó la pantorrilla de su pierna izquierda en 2012. Uno de los aspectos más importantes del relato construido por ella y su familia acerca de su experiencia de sufrimiento estuvo relacionado con la intervención de una profesional en psicología que lideraba los talleres de “intervención psicosocial” en la Unidad de Víctimas a los que debía asistir Luz Marina:

[...] Consistían más que todo en aceptar lo que había pasado. Se tenía que hacer un ritual, por ejemplo, si uno quería hacer una fogata o escribir las cosas malas, o quemar, o explotar la bombita y listo: ¡olvidé! Pero a la final yo le dije a la psicóloga: “con cinco terapias o con cinco talleres, no es que ustedes pretendan que yo salga de aquí diciendo que olvidé”. Ella me dijo: “Luz Marina, usted tiene que ir asimilando, eso se puede”, y yo le dije: “no, usted no puede pretender que uno se olvide de las cosas...”, y me contestó: “uno tiene que adaptarse, por ejemplo, yo antes era delgadita y no tenía bebé, ahora tuve mis hijos, y vea... ya estoy gorda, me adapté y me pongo mi ropa”. Hay algunos psicólogos que en vez de arreglar, empeoran las cosas. (Luz Marina, Tumaco, diciembre del 2013)

• Mural constriudo en homenaje a las mujeres víctimas de la violencia en Puerto Asis.
Putumayo (Colombia), 2000 | Mural: Jonathan Cadavid. Tomada de: Haiman El Troudi

Vera Lugo (2017), por último, describe a partir de una etnografía reflexiva en la que él mismo funge como “experto” de la Unidad de Víctimas, el conjunto de decisiones derivadas de “una experimentación constante, interminable y agitada que puede producir buenos o malos resultados” sin que nadie dé cuenta de estas (117):

En el caso de la reparación colectiva para grupos étnicos, la funcionaria del grupo líder me dijo que necesitaba medidas de satisfacción para empoderar a las comunidades antes del proceso de consulta. Me dijo que necesitábamos empoderar a las autoridades indígenas y las estructuras de gobierno indígenas. “Ves... veo aquí una ‘guía técnica’ y te la estoy entregando ... ahora sal y construye”. Pero esta “guía técnica” era muy extraña y general, y no comprendía las dimensiones de los compromisos institucionales y financieros asumidos por otros servidores públicos con los representantes de la comunidad durante los arduos procesos de negociación en los lugares de campo. Esta “guía técnica” también carecía esencialmente del cómo. Además, no lograba vincular el empoderamiento comunitario con las acciones de satisfacción. Pero incluso si el “cómo” estaba claro, no había instrumentos institucionales listos para la implementación de acciones y planes concretos. (116, traducción propia)

Vera Lugo, adicionalmente, destaca la existencia de “inseguridades en los funcionarios con respecto al conocimiento que se requiere” (2017: 128, traducción propia) y la brecha entre el saber y el hacer. Con este estado de la cuestión decidimos llevar la mirada hacia las y los profesionales, en lo que sigue describiremos detalles técnicos y hallazgos de esta pesquisa.

Los profesionales: trayectorias del conocimiento

La palabra sin acción es vacía, la acción sin palabra es ciega, la palabra y la acción fuera del espíritu de la comunidad son la muerte.
Pensamiento nasa

¿Cuál es la perspectiva de los profesionales llamados a devolver la dignidad de las víctimas? ¿Qué criterios de verdad fundamentan sus racionalidades y sus sensibilidades “expertas”? ¿Cómo ejercer medidas de reparación en un país tan plural a partir de lineamientos, protocolos, leyes e instituciones que asumen visiones unívocas de ser humano? A partir de estos interrogantes orientamos el interés hacia grupos de personas “certificadas” para trabajar al servicio de la reparación de las víctimas, de acuerdo con las disciplinas orientadoras de estas medidas según la ley. Planteamos una metodología hermenéutica, específicamente un análisis de narrativas, que permitiera recuperar la perspectiva de egresados en psicología y psiquiatría involucrados en la implementación de medidas de reparación sobre sus trayectorias profesionales. La recolección de información estuvo sujeta al principio de saturación de la investigación inductiva. Las y los participantes, con formación de posgrado, egresaron de instituciones de educación superior de Bogotá y de otras regiones del país, y sus áreas de desempeño incluyeron docencia, consultoría independiente y trabajo como contratistas públicos. Los hallazgos obtenidos permitieron desentrañar la incorporación de modos de actuar, pensar y sentir que los llevaron a ser profesionales; la confrontación de estos con la “realidad” de las víctimas; y la transformación de sentidos, prácticas y significados en el contexto de la implementación de medidas de reparación.

En cuanto a la formación y emergencia del grupo profesional, los participantes describieron procesos autónomos de inmersión en grupos, comunidades y territorios que facilitaron el acceso a grados distintos de integración entre teoría y realidad. El movimiento estudiantil, la Asociación Cristiana de Jóvenes, trabajos de grado, prácticas académicas en distintas regiones de Colombia mediante la vinculación a organizaciones no gubernamentales o a instituciones públicas, viajes e intercambios de experiencias con pares fueron contextos/procesos por los que optaron los participantes de manera autónoma antes, durante o después de su formación profesional. En cuanto a las motivaciones referidas por ellos, se registraron expresiones como: “vocación de servicio”, “compromiso social”, “sensibilidad política”, “pensamiento crítico” e “interés en las organizaciones comunitarias”.

En torno a la producción formal –e informal– de conocimientos en torno a la violencia, la diversidad étnica, el territorio, las víctimas y la reparación en Colombia, las y los profesionales trajeron a colación fuentes que distan de las aulas de clase, especialmente hicieron referencia a fuentes televisivas como noticieros, series o novelas y resaltaron que sus procesos formativos prescindieron de información acerca de estos aspectos. En cambio, usaron las siguientes expresiones para referirse a las perspectivas que moldearon las epistemes durante la formación profesional en pregrado: “modelos clásicos de lo normal y lo anormal”, “psicología cognitivo conductual” o “psicología tradicional”. Todas estas fueron valoradas como insuficientes y se contrarrestaron con corrientes de formación que incluían: “psicología sistémica”, “teología de la liberación”, “psicología social comunitaria”, “psicología política”, “metodologías hermenéutico-interpretativas y participativas” que fueron orientadoras de sus vocaciones. En todos los casos, la formación epistémica en el nivel de posgrado respondió a decisiones direccionadas por sus “compromisos sociales” y se orientó al afianzamiento de competencias en temas jurídicos, comunitarios y de derechos humanos a las que accedieron por medio de maestrías en temas como “desarrollo humano”, “defensa de los derechos humanos”, “psicología jurídica”, “política pública”, “ciencia política” y “salud mental comunitaria”. En esos ámbitos, fue posible acceder, en sus propios términos, a “paradigmas y técnicas emergentes”.

Las descripciones sobre el ejercicio de la profesión en ámbitos institucionales asociados con el diseño y la implementación de procesos de atención psicosocial, pusieron de relieve inmersiones en el ámbito público y en sectores no gubernamentales nacionales e internacionales. En sus narrativas, destacaron “inconformidades” que incluyeron: “desarticulación”, “asistencialismo”, “funcionarios indolentes”, “insuficiencia de capacidades técnicas”, “falta de contexto” y “ausencia de miradas integrales y transdisciplinares”. Las frustraciones manifiestas en tales descripciones encontraron eco en los consensos alrededor de la percepción del propio rol profesional. En este ámbito se explicitó la “fragilidad” de los llamados a reparar para afrontar las complejidades del contexto: “yo no sabía que las respuestas estaban en la comunidad”; “perdemos el foco de la realidad”, “no todos tenían elementos para pensar un ser humano integral […] cometimos errores que pudieron llegar a hacer daño a las poblaciones”.

Alrededor de los significados asociados a la violencia, las víctimas y la reparación en Colombia, los y las profesionales destacaron que estos se forjaron “Realmente” (con mayúscula), mediante inmersiones que involucraron el contacto directo con el problema y con las comunidades, de manera empírica: “solo pude aprender porque estuve ahí”, “lo que aprendo viene de la gente con la que interactúo a diario”. El estar ahí, desde la perspectiva de las personas participantes alrededor de las buenas prácticas, fundamentaba la configuración de un modo de trabajar en el que los “saberes expertos” empezaron a situarse en un segundo plano: “yo no le puedo decir a la comunidad qué es lo que tiene que hacer”; “es poder entender que los procesos son de ellos”; “tu rol no es de poder […] tú vas al lado del otro, escuchando, no vas adelante, ni atrás”. En esta categoría, la expresión “sabiduría comunitaria” fue usada para describir la capacidad situada de las víctimas para gestionar, “el dolor”. Desde ahí, de acuerdo con ellas y ellos, las víctimas informan la técnica: “la comunidad valida o te dicen: ‘no, por allá no es’; “estos procesos no están escritos desde la academia […] se construyen con la población”.

Así, el análisis de las narrativas sobre las trayectorias profesionales sacó a flote dos categorías que enunciamos en los términos de las personas llamadas a implementar las medidas de reparación. La primera, (de)formación académica: fractura entre teoría y Realidad, describe la configuración “experta” de una visión de la “realidad” (en minúscula) poco cercana a las experiencias locales y situadas que las personas experimentan en la Realidad. Expresiones como las siguientes describen esta dimensión: “todos los enfoques se quedan cortos si no entiendes la dimensión de lo que está pasando”; “la universidad tiene cosas limitantes… y es lo que yo llamo desconexión del mundo”; “en la academia hace falta generar competencias mínimas de análisis del contexto”; “la Realidad de la vida es otra cosa”; “la Realidad del país no la lees, la vives”. La segunda, nos tocó hacernos solos,describe la construcción de criterios técnicos, conceptuales y prácticos informados por el cúmulo de experiencias obtenidas mediante el contacto directo con la Realidad. Este proceso implicaba una sistematización casi que “intuitiva” de la experiencia que iba orientando la construcción de “estrategias” y “premisas” para apoyar una comprensión y una actuación “responsable” ante los contextos flagelados por el conflicto armado: “yo escribí seis premisas para entender, son generales, pero simplemente son reflexiones del pensamiento […], yo prefiero hablar de sufrimiento, no de trauma, no de depresión mayor, ni de categorías clínicas […] la palabra sufrimiento aboga por una mayor disposición a escuchar y comprender”.

Tales narrativas, cargadas de intencionalidades orientadas hacia la autocrítica como tecnología del yo –siguiendo a Foucault– y de las aversiones que se experimentan cuando se habita una contradicción explicaron, en parte, hallazgos descritos anteriormente alrededor de la administración del sufrimiento y denuncias emitidas por organizaciones de víctimas, instituciones públicas y comisiones de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley 1448. Epistemes y, por lo tanto prácticas, sin contexto Real, subyacen a las actualizaciones de la violencia (intervenciones adversas, desencuentros semánticos, problemas de traducción, etc.), aun cuando la o el profesional vuelque toda su voluntad a la reparación de sus conciudadanos. Tales fines, de acuerdo con las narrativas, implican tomar distancia de los saberes expertos, dejarse “guiar” por la población y apelar a las prácticas de sí para desestabilizar conocimientos interiorizados con años de disciplinamiento.

Conclusiones

Las evidencias en torno a los modos plurales del sufrimiento y la recomposición de la vida diaria y las actualizaciones de la violencia bajo medidas estatales derivadas de imaginarios homogeneizantes de la nación; las diferencias entre aquellas prácticas fundamentadas en conocimientos universitarios ordenados jurídicamente y las prácticas performativas fundamentadas en saberes y acervos territoriales para movilizar procesos de reparación; la contradicción derivada de la disociación entre la idea de “realidad” forjada por la academia y la “Realidad” del país y, por último, la configuración de ejercicios profesionales en la cual los “saberes expertos” se sitúan en un segundo plano, sugieren el mantenimiento de “currículos descontextualizados” en los centros de conocimiento en algunas áreas profesionales llamadas a reparar a las víctimas. Estos hallazgos nos dejan sostener que existe una relación entre los disciplinamientos profesionales y los alcances de los procesos de atención psicosocial dentro de las medidas de reparación en Colombia. Sin duda, concursan muchos otros aspectos en este problema, pero este no tiene una relevancia menor pues confirma la necesidad de trasladar la mirada hacia el lugar en el cual se produce, se consume, se distribuye y se reproduce “la verdad”: las instituciones de educación superior.

Hemos sustentado teórica y empíricamente, mediante distintos trabajos etnográficos, los estrechos nexos entre las prácticas profesionales, los modos homogeneizantes del funcionamiento estatal en el contexto de la justicia transicional y el acceso de poblaciones plurales vulneradas desigualmente por la guerra, al ejercicio de su ciudadanía. Los difíciles alcances puestos en evidencia por los profesionales reclaman agendas que permitan volver la mirada hacia los centros de conocimiento y su papel en la configuración de lógicas de intelegibilidad que posibiliten, por una parte, el reconocimiento de todas las formas de ciudadanía y, por otra, las prácticas de distanciamiento de los conocimientos universalizantes y de recuperación de las ontoepistemes locales, para pensar y actuar la reparación bajo las diversas ideas de dignidad que son posibles en Colombia. Así, sostenemos que la educación cumple un papel preponderante en el desmonte de lógicas que sustentan ideas de vidas que no importan y por lo tanto, en la construcción de paz.

Notas

  1. La categoría rural disperso corresponde a aquellos municipios y áreas no municipalizadas que tienen cabeceras pequeñas y densidad poblacional baja (menos de 50 hab/km2). En Colombia, en el 2014, 318 territorios, que corresponden al 64,9% del total nacional, fueron incluidos en dicha categoría. La categoría rural hace referencia a los municipios que tienen cabeceras de menos de 25 mil habitantes y presentan densidades poblacionales intermedias (entre 10 hab/km2 y 100 hab/km2). En el 2014 se registró en esa categoría un total de 373 municipios, lo que corresponde al 19,8% del área nacional (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2014).

  2. Muchos otros factores subyacen a las barreras de acceso a los derechos que enfrentan las víctimas en Colombia. Entre estos se incluyen: el personalismo en la administración pública, toda vez que el acceso y la garantía de ciertos derechos en muchas ocasiones se consideran favores; la inoperancia burocrática manifestada en el represamiento de casos y el recrudecimiento del sufrimiento por el conjunto de trámites inefectivos. En este trabajo nos ocupamos de problematizar aquellas dificultades relacionadas estrictamente con la inteligibilidad y el reconocimiento de las particularidades históricas, territoriales y socioculturales de las ciudadanías víctimas del conflicto y con la formulación e implementación de medidas tendientes a restaurar su dignidad por parte de profesionales.

  3. La justicia transicional es un paradigma jurídico que consta de cuatro componentes, de acuerdo con Rettberg (2005): “acciones judiciales contra los autores individuales de crímenes [...], la promoción de iniciativas de búsqueda de la verdad para esclarecer abusos pasados y construir la memoria histórica [...]; la reparación, tanto material, como inmaterial, de las víctimas de violaciones de derechos humanos; y la reforma inmediata de instituciones importantes para la gobernabilidad democrática [...]” (III).

  4. El Magdalena Medio santandereano, de tradición cacaotera, justo antes de la instauración de la Ley de Justicia y Paz, estaba bajo el dominio de grupos paramilitares y muchas de las víctimas resultaron ser, además de civiles, excombatientes, algunos de estos articulados a procesos formales de desmovilización en el marco de la implementación de dicha ley y otros tantos estaban ocultos en la condición de víctimas civiles.

  5. Todo esto motivaba la evocación orgullosa, entre pobladores, de aquellos hechos históricos que dan cuenta del ser guerrero de quienes habitan el territorio del Magdalena Medio: “la fuerza yariguíe”, como dicen ellos, Manuela Beltrán y la revolución de los comuneros en 1781, el nacimiento del ELN dentro de la región en 1964, el proyecto de autodefensas que inició a finales de los ochenta y el temperamento de la población.

  6. El departamento de Caldas, de tradición caficultora, abasteció de mano de obra al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos entre los años 2003 y 2009. Cientos de campesinos caldenses, contratados por cooperativas intermediarias del Estado, murieron o fueron afectados por artefactos explosivos debido a su uso para el blindaje de la coca, sustento del narcotráfico.

  7. Esta región concentra hoy cerca del 22% de los cultivos de coca de toda Colombia. Aquí las minas antipersonales son usadas para salvaguardar estos activos de la guerra. Justo antes de la firma de los Acuerdos de la Habana, estaba bajo el dominio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante FARC) y las MAP eran usadas para salvaguardar los cultivos de la coca.

  8. El Programa de Atención Psicosocial a Víctimas (PAPSIVI) incluye la participación de un “promotor psicosocial” durante su implementación en los territorios. Los promotores son personas víctimas del conflicto armado, con una experiencia mínima de dos años en procesos de liderazgo comunitario que son postuladas mediante mesas de participación y seleccionadas por el Ministerio de Salud según categorías calificativas previamente establecidas, y siguiendo procedimientos propios. Su alcance, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (2017), es implementar de manera conjunta con el profesional psicosocial la modalidad comunitaria del PAPSIVI y apoyar el proceso de focalización en las modalidades individual, familiar y comunitaria: “la atención psicosocial comunitaria requiere que tanto el profesional como el promotor tengan la capacidad de realizar una lectura del daño psicosocial, de los recursos de afrontamiento y de la proyección a futuro que tiene la comunidad, así como también deben conocer el paso a paso de las orientaciones metodológicas” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018: 14. Las cursivas son nuestras). De este modo, la participación, tal y como se define, se limita a ajustar lineamientos prestablecidos. Así, la figura del promotor psicosocial no es garantía de que las víctimas sean agentes productores de sus propios sentidos, estrategias y modos de afrontamiento, sino receptores de un conjunto de servicios prestablecidos e impartidos por equipos de “expertos”.

  9. Aproximadamente desde el año 2012, numerosas publicaciones vienen documentando prácticas individuales y colectivas de recuperación emocional, emergentes al margen de los saberes expertos y de los protocolos estatales de atención psicosocial a víctimas (Ministerio de Salud y Protección Social). Estos trabajos, elaborados desde una perspectiva participativa, describen prácticas socioculturales performativas y comunitarias (gastronomía, danza, teatro, canto, etc.), que permiten a las víctimas resignificar eventos críticos, actualizar significados de sí mismos, dignificar su existencia, reconocer formas de ejercer la ciudadanía y de reclamar sus derechos, alimentar la memoria histórica e intergeneracional y movilizar la empatía y la solidaridad de sus conciudadanos (Acosta Sierra, 2012; Delgado Barón, 2015; Vera Lugo, 2016; Fajardo Botache y Acosta Sierra, 2018; Rengifo Carpintero y Díaz Caicedo, 2018).

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