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Oligarquía capitalista, régimen de acumulación y crisis política en Bolivia

A oligarquia capitalista, regime de acumulação e crise política na Bolívia

Capitalist oligarchy, regime of accumulation and political crisis in Bolivia

Lorgio Orellana Aillón*


* Sociólogo y economista. Investigador del CEDLA de Bolivia, candidato a doctor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París. Becario joven del Programa de Becas CLACSO-Asdi de promoción de la investigación social 2000-2002. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.


Resumen

Según la conocida fórmula de Alexis de Tocqueville, para explicar la Revolución Francesa debían de estudiarse las mutaciones profundas operadas dentro del Ancien Régime. Aunque los cambios que acontecen en Bolivia son incomparables con una transformación radical de alcance universal como aquella revolución, el planteamiento de Tocqueville es útil para desarrollar algunas hipótesis sobre la crisis política boliviana de los últimos años. Este es el criterio que guía el siguiente rodeo histórico por el “antiguo régimen” boliviano.

Palabras clave: restauración oligárquica, sistema político, rebeliones populares, acumulación de capital.

Resumo

Segundo a conhecida fórmula de Alexis de Tocqueville, para explicar a Revolução Francesa deviam ser estudadas as mutações profundas operadas dentro do Ancien Régime. Mesmo que as mudanças que acontecem na Bolívia são incomparáveis com uma transformação radical de alcance universal como aquela revolução, a abordagem de Tocqueville é útil para desenvolver algumas hipóteses sobre a crise política boliviana dos últimos anos. Este é o critério que guia o seguinte rodeio histórico pelo “antigo regime” boliviano.

Palavras-chaves: restauração oligárquica, sistema político, rebeliões populares, acumulação de capital.

Abstract

According to the very well known Alexis de Tocqueville’s formula, to explain the French Revolution the deep mutations that took place within the Ancien Régime had to be studied. Although the current changes in Bolivia are incomparable with a radical transformation of universal scope like the French Revolution, Tocqueville’s statement is useful to develop some hypothesis about the Bolivian political crisis of the recent years. This is the criteria that address the following historical roundabout through the Bolivian regimen.

Key words: oligarchic restoration, political system, people’s revolutions, capital accumulation.


La restauración oligárquica en Bolivia

En su clásico ensayo El desarrollo del capitalismo en América Latina, Agustín Cueva definió la etapa oligárquica como “aquella fase caracterizada por el predominio de los ‘junkers’ locales y la burguesía ‘compradora’, en alianza con el capital monopólico, ubicado fundamentalmente en los sectores de la actividad primario- exportadora” (Cueva, 1982: 144). Si para varios países latinoamericanos este período fue la primera fase del desarrollo capitalista en sus economías, Bolivia jamás conoció una etapa distinta a la oligárquica.

Ello, ineludiblemente, tuvo serias repercusiones en la constitución del poder político, en la formación del Estado y en las posibilidades de su democratización capitalista. La Revolución de 1952 fue “una revolución democrático burguesa abortada” (Cueva, 1982: 196). La restauración oligárquica vino de la mano de las dictaduras militares y de la “recolonización” de la economía boliviana por el imperialismo norteamericano. Ciertamente, estos procesos comenzaron en las postrimerías de 1952 (la fundición del estaño siguió dependiendo de la empresa William Harvey del oligarca Simón I. Patiño) y continuaron con el Plan Trienal de préstamos condicionados por Alemania, Japón y Estados Unidos, que derivó en la posterior subordinación de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) bajo el dominio del Banco Interamericano de Desarrollo; sin embargo, fueron las dictaduras militares las que crearon las condiciones políticas para el alumbramiento de la nueva rosca1.

La restauración oligárquica llevó al poder a una burguesía subordinada al capital financiero internacional, junto al cual controló los principales negocios privados del comercio, la banca y la producción de minerales en Bolivia (Cfr. De La Cueva, 1983: 286). La llamada minería mediana y la agroindustria cruceña emergieron y se expandieron fuertemente vinculadas a los créditos e inversiones extranjeras.

A pesar de que estos empresarios acumularon capital bajo el amparo del Estado nacionalista, su posición intermediaria, comercial y su fuerte vinculación con las empresas transnacionales, los orientaron hacia el neoliberalismo (Lavaud, 1990: 251). En efecto, fue desde fines de los años 70 que localmente las confederaciones empresariales empezaron a defender abiertamente una reforma neoliberal del Estado y la economía. El tiempo comprendido entre 1978 y 1985 es definido, de modo apologético por Mansilla, como “el período heroico”, pues en él se desarrolló la encarnizada lucha de las confederaciones empresariales contra “el estatismo y el populismo” (Mansilla, 1994: 113-166).

Aquel proceso llegó a su cima durante el gobierno del MNR y de Acción Democrática Nacionalista (ADN), que en 1985 inauguró la era neoliberal en Bolivia. La mayoría de estos nuevos gobernantes era, en palabras de Lavaud, “representantes directos de intereses privados, propietarios o accionistas de negocios importantes, o responsables de asociaciones patronales” (1990: 279). De modo festivo, Mansilla evoca ese momento como “la revolución liberal de 1985”.

El triunfo de los empresarios debe entenderse como la cima de un ciclo político que empezó a gestarse en las mismas entrañas del Estado nacionalista, por la forma en que éste distribuyó el excedente económico; período que vio la luz con el “alumbramiento de la nueva rosca” hacia mediados de los años 60; inició una fase ascendente durante la dictadura de Banzer; alcanzó la cúspide a partir de la promulgación de la Nueva Política Económica en 1985 y su madurez durante las reformas neoliberales de “segunda generación” del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, a mediados de los 90. “No hay duda (escribe Mansilla) de que con la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, el empresariado privado alcanzó la porción más suculenta de poder político y, por lo tanto, una excelente oportunidad para poner en práctica muchas de sus concepciones” (Mansilla, 1994: 194).

No puede entenderse la naturaleza, menos aún la orientación de la reforma neoliberal del Estado y la economía, iniciada en 1985 y profundizada en los 90, al margen de la estrecha vinculación entre los empresarios, los consorcios multinacionales, las “agencias de cooperación” y una renovada generación de funcionarios estatales dirigidos por militantes del MNR y de ADN. Esta es la estructura íntima que explica lo que en Bolivia vino a denominarse el “modelo neoliberal”, el “sistema político” y la “democracia pactada”2. El “juego democrático” consistió en la rotación de distintos gobernantes que no sólo respetaban sino que reforzaban, legitimaban y expandían una estructura básica de poder: la coalición de burócratas y empresarios fuertemente vinculados al negocio de las empresas transnacionales. Ha sido, por definición, una oligarquía capitalista que ha detentado el poder del Estado y que tuvo en el “sistema de partidos políticos” su modo principal de reproducción política.

Resulta por demás paradójico que los legados de la “revolución inconclusa” del MNR fueran precisamente la constitución de otro régimen oligárquico –una “nueva rosca” aliada al imperialismo–, la enajenación de los recursos naturales a manos de las empresas transnacionales en los 90, el desmantelamiento del débil tejido industrial existente hasta 1985 y el fortalecimiento de una economía centrada en la producción y exportación de materias primas; es decir, una suerte de “eterno retorno” hacia la etapa oligárquica.

Patrón de acumulación en Bolivia

Los elementos aportados hasta aquí nos sirven para identificar una dinámica del desarrollo capitalista en Bolivia que, lejos de haber sido transformada, fue continuada por el Estado nacionalista. La restauración oligárquica evidencia que la histórica modalidad del desarrollo capitalista en el país, es decir el patrón de acumulación, no cambió substancialmente. Si partimos del criterio de que un patrón de acumulación se determina a partir de las formas de subordinación de la economía local por el capital monopolista, la articulación interna entre los diversos sectores económicos de la producción social y las especificidades de la reproducción del capital que estas relaciones determinan (Cfr. Valenzuela, 1990: 65), convendremos entonces que, en Bolivia, el patrón centrado en la producción y exportación de materias primas no se transformó en su contrario.

El sector capitalista dominante, que históricamente ha subordinado bajo su lógica de acumulación a los otros segmentos de la producción –capitalistas y no capitalistas– y que ha mediado la subsunción de la economía boliviana en el capital monopolista, ha sido el sector productor de materias primas. Desde mediados del siglo XIX hasta la fecha, lo fundamental del excedente capitalista se generó en los enclaves mineros de plata y de estaño; en los complejos de caucho, castaña y soya; en los yacimientos de petróleo y de gas; producción que estuvo básicamente dirigida hacia el mercado mundial y controlada por el capital monopolista. En Bolivia, la “etapa oligárquica” no fue una fase del desarrollo capitalista, sino que fue el desarrollo del capitalismo3.

Estas condiciones materiales posibilitaron la existencia de las fracciones locales de la clase dominante, la supeditación del Estado al imperialismo y su debilidad institucional, la pequeñez y fragmentación del mercado interno, la inextricable amalgama entre la dominación clasista y la dominación racial y, por tanto, la ideología señorial y oligárquica de sus clases dominantes, verdadera constante en la historia de Bolivia (Zavaleta, 1986). Empezando por las divisiones regionales y raciales, pasando por la cíclica lucha de las clases y grupos oprimidos contra el capital monopolista, hasta el enfrentamiento contra los q'aras4 por la tierra y contra la opresión étnico-cultural, que afloran en los tiempos de crisis, todas tienen en aquellas condiciones su posibilidad histórica.

Las grandes crisis políticas, como la Guerra Federal de 1899, la Revolución Nacional de 1952, la llamada crisis del Estado nacionalista de los 80 y la “Guerra del Gas” de 2003, son acontecimientos históricos que anuncian la consolidación o el derrumbe de proyectos oligárquicos de articulación de la economía primario exportadora boliviana al comercio internacional. Tales acontecimientos indican cambios substanciales dentro del patrón primario exportador, como el tránsito de la era de la plata a la del estaño, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, de la explotación privada a la explotación estatal de los recursos naturales entre los años 30 y los años 50, la penetración directa del capital monopolista entre los años 60 y los años 80, hasta el tránsito desde la era minera a la de los hidrocarburos entre los 90 y el año 2000. Estas mutaciones estuvieron relacionadas con la recomposición de las fracciones de clase en el poder, cuando no con profundas transformaciones de la estructura del Estado y de las clases sociales.

Durante aquellas crisis se definieron los destinos del poder de las oligarquías locales y de las formas de inserción del país en la economía mundial; pero también de proyectos políticos indios, proletarios y populares de cambio radical, como la rebelión de Zárate Willka, ahogada militarmente por los liberales a fines del siglo XIX (Condarco Morales, 1966)5 ; la perspectiva de la revolución proletaria en 1952, derrotada durante los gobiernos del MNR (Justo, 1975); las insurrecciones y revueltas obreras de inicios de los años 80, derrotadas finalmente por la nueva oligarquía en 1986 o las rebeliones populares de inicios de este milenio contra las transnacionales y los gobiernos oligárquicos, cuyo desenlace todavía no está dicho.

Las crisis políticas fueron el retorno cíclico de los antagonismos inmanentes a la modalidad específica del desarrollo capitalista en Bolivia. Fueron luchas donde la rebelión de los grupos sociales oprimidos y explotados de la sociedad, puso en cuestión el destino del poder político, el control sobre los recursos naturales y la distribución del excedente económico, así como los valores y principios ideológicos dominantes de la época. Fueron crisis de hegemonía, pero también de las posibilidades de acumulación de capital en el marco de las instituciones políticas existentes; fue el desencadenamiento de los antagonismos históricos de la formación social boliviana, que ya no podían ser resueltos dentro de las estructuras de poder imperantes; conflictos de larga data que impulsaron la transformación de las instituciones estatales vigentes.

Régimen de acumulación en Bolivia

Lo anterior nos conduce a la necesidad de desarrollar un criterio de periodización que ayude a explicar los modos de regulación y de estabilización de los antagonismos económicos y sociales de la historia larga del patrón de acumulación en Bolivia, identificando el conjunto de agencias, estructuras de poder y funciones estatales que garantizaron la reproducción ampliada del capital monopolista en el país, durante determinados períodos históricos.

Nuestro punto de partida en torno al proceso de “restauración oligárquica”, además de permitirnos identificar la modalidad específica de acumulación de capital durante el siglo XX, nos proporciona algunos elementos substanciales, útiles para bosquejar un principio de reproducción y de estructuración del poder socio-político. Recordemos que la estructura básica de poder, resultante de la restauración oligárquica, estaba constituida por una particular articulación entre el poder económico y el Estado, relación sobre cuyo concepto requerimos reflexionar.

Acordaremos que el Estado capitalista no es un instrumento inerte de la burguesía, es decir, un órgano sin grado alguno de autonomía, incapaz de generar iniciativas propias. Sin embargo, menos aún se trata de una entidad neutral e independiente de las relaciones de poder económico. El Estado es una institución clasista, estructuralmente relacionada con la acumulación de capital (Cfr. Borón, 2003). De ahí que sea necesario volver a pensar el concepto de la estructura de esta relación.

Giovanni Arrighi ha propuesto la noción de régimen de acumulación a escala mundial, inspirándose en la opinión de Fernand Braudel sobre la relación que vincula la formación y la reproducción ampliada del capitalismo a los procesos de formación de los Estados. Braudel contempla el capitalismo como un proceso absolutamente dependiente del poder del Estado en su emergencia y expansión: “El capitalismo (escribe Braudel) tan sólo triunfa cuando llega a identificarse con el Estado, cuando es el Estado”. (Arrighi, 1999: 25). Esta noción no busca anular la especificidad del Estado como entidad social distinta del capital, sino que propone una concepción sobre la forma en que ambas esferas sociales se relacionan. Partiendo de esta idea, para Arrighi, un régimen de acumulación es el conjunto de estrategias y estructuras mediante las que un conjunto de agencias gubernamentales y empresariales particulares, promueven, organizan y regulan la expansión o la reestructuración de la economía-mundo capitalista (Ibid, 1999: 23).

Los regímenes de acumulación están gobernados por coaliciones de gerentes estatales y empresarios que impulsan la reestructuración de los Estados y la economía capitalista, en la búsqueda de poder y de beneficios; por “elites de poder” en el sentido de Mills (1957: 12), que se sitúan en la cúspide del poder económico y político. Dichos regímenes son “bloques históricos”, según la definición de Gramsci, que, además de cimentar ideológicamente la supremacía de un grupo social sobre el resto de la sociedad, hacen funcionales las instituciones y las políticas estatales para los requerimientos de la acumulación ampliada de capital. En síntesis, un régimen de acumulación es la estructura de poder y la hegemonía que se constituyen alrededor de las funciones específicas del Estado en la reproducción del capital.

Para situar esta concepción en Bolivia, cabe introducir la distinción entre “regímenes de acumulación imperiales” y “regímenes de acumulación periféricos”. El objeto de estudio de Arrighi son regímenes de acumulación como el inglés o el norteamericano; en consecuencia, su asunto corresponde a la primera categoría, mientras que las referencias aportadas sobre la restauración oligárquica en Bolivia corresponden a lo que podríamos denominar un régimen de acumulación periférico.

Según estos criterios, en Bolivia podemos identificar, de modo provisional, al menos tres ciclos históricos de regímenes periféricos de acumulación. El primero fue el ciclo del “superestado minero” dirigido por los “barones del estaño” y la “rosca minera”, una capa de abogados y profesionales de la gran minería que fungían como gobernantes, viabilizaban los negocios de los “barones del estaño” mediante una política liberal irrestricta, fomentaban la expansión de los latifundios y, en períodos de efervescencia social, protegían estos intereses con la represión de las rebeliones indias y obreras (Cfr. Almaráz, 1988). Los puestos de mando en el gobierno eran destinados a una pequeña minoría criollo-mestiza, pues la gran masa indígena era proscrita de los procesos electorales. Tal régimen estuvo cohesionado por una ideología señorial, darwinista y por la xenofilia de sus clases dirigentes. Esta época se inició en el ciclo de la plata, durante las últimas décadas del siglo XIX, alcanzó la cima con el ascenso del Partido Liberal al poder después de la Guerra Federal de 1899, comenzó su declive durante el proceso de la Guerra del Chaco de principios de los años 30 y terminó con la Revolución de 1952.

El segundo ciclo fue regido por los gerentes del Estado nacionalista, que controlaron y dirigieron el proceso productivo a través de empresas estatales como la Comibol y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entre las más importantes, e intervinieron en el proceso de reproducción de capital mediante políticas desarrollistas. La legitimidad del Estado nacionalista se sustentó en reformas de corte nacionalista y redistributivo, como la estatización de la gran minería y la Reforma Agraria, pero también en la mediación de los sindicatos de obreros, de campesinos y de clases medias como canales legítimos de expresión de las demandas sociales frente al Estado. El nacionalismo y el populismo fueron las expresiones ideológicas de dicho período. Este ciclo empezó a fines de los años 30, en el tiempo del denominado “socialismo militar”, llegó a la cúspide durante la Revolución de 1952, inició su declive durante la dictadura militar de mediados de los años 60, para concluir hacia la mitad de los años 80 del siglo XX.

El último ciclo fue el del Estado oligárquico neoliberal, dirigido por una oligarquía financiera subordinada a las empresas transnacionales y al capital financiero internacional (Cfr. De la Cueva, 1983). Se caracterizó por la apertura irrestricta al comercio internacional, la expansión del capital monopolista en la economía boliviana, la privatización de los recursos naturales y los servicios públicos. Este proceso estuvo regulado por una política monetarista, administrada por gerentes estatales, representantes directos del mundo de los negocios.

No obstante que las dictaduras militares impulsaron la primera fase de este ciclo, la época tuvo como rasgo predominante la formación de gobiernos constitucionales, a partir de alianzas poselectorales entre un conjunto de partidos políticos regidos por cúpulas empresariales. La ideología neoliberal fue el signo de dicha época. Este último ciclo se inauguró con el alumbramiento de “la nueva rosca” a la mitad de los 60 (Cfr. Almaráz, 1988), alcanzó la cima entre mediados de los 80 y de los 90 y durante estos últimos años habríamos estado viviendo su crisis, es decir, presumiblemente, el tránsito hacia un nuevo régimen de acumulación6.

Desde esa perspectiva, en Bolivia los regímenes de acumulación fueron modos específicos de regulación del patrón de acumulación primario exportador; formas particulares de estabilización de sus contradicciones, “diferenciaciones dentro de una unidad”, hubiera dicho Marx (2001: 20). El fondo oligárquico fue, ciertamente, una de las “constantes estructurales” fundamentales que trascendió el paso de un régimen de acumulación a otro. Parafraseando a Michel Aglietta (1997: 13), un régimen de acumulación es un principio de reproducción del patrón primario exportador, que a su vez es una condición de transformación del propio régimen, relación dialéctica que constituye un factor explicativo del mantenimiento, pero también de la ruina histórica de los regímenes de acumulación.

Para elaborar una hipótesis convincente sobre la crisis política boliviana de los últimos años, requerimos incorporar el análisis de la dialéctica histórica entre los procesos de corta duración, que en este ensayo hemos denominado regímenes de acumulación, dentro de procesos de más larga duración como los patrones de acumulación. Se trata de la interrelación entre las formas y las funciones específicas que adquieren las instituciones del Estado y las fases por las que atraviesa la histórica modalidad de acumulación de capital en Bolivia.

Proposiciones sobre la crisis política boliviana

Para este efecto, creemos útil recuperar una tesis originalmente hecha por Nicos Poulantzas sobre las relaciones entre Estado y clases sociales en el capitalismo contemporáneo (Poulantzas, 1987), que ha sido retomada en debates actuales acerca de las relaciones entre el capital transnacional y los Estados nacionales (Bieler y Morton, 2003: 467). La idea original indica que los Estados nacionales han sido reestructurados en función de las necesidades de acumulación del capital transnacional. La denominada “globalización” no consiste en el funcionamiento del capital fuera de los límites de los Estados nacionales, como indica la literatura en boga, sino más bien en que el capital transnacional se reproduce y expande material e ideológicamente, a través de una diversidad de Estados nacionales en el mundo.

Este, a nuestro modo de ver, es el contexto externo del desarrollo del Estado oligárquico neoliberal en Bolivia, la condición exterior de su recomposición en función de las necesidades de acumulación del capital transnacional. Nuestra hipótesis explicativa principal sobre la crisis política boliviana es que la expansión del capital monopolista en las últimas décadas, la reestructuración del Estado y la “oligarquización” del poder político, ha reconstituido el régimen político, reduciendo su autonomía relativa y obstaculizando las funciones estatales de legitimación. Veamos:

Para René Zavaleta Mercado (1986), la Revolución Nacional de 1952 fue un proceso en que el Estado capitalista conquistó su autonomía relativa. Mientras que el Estado oligárquico fue un dispositivo político directamente controlado por los abogados de los “barones del estaño”, por “la rosca”, el Estado nacionalista era relativamente autónomo respecto del imperialismo y del capital para formular sus políticas. Cambios como la nacionalización de las minas y la Reforma Agraria, fueron prácticamente impuestos por las masas de obreros y campesinos al nuevo gobierno, importantes indicadores de que el Estado ya no era el mero apéndice de los latifundistas y los grandes mineros desterrados del país por la Revolución. Ésta otorgó las bases iniciales para la constitución de una hegemonía capitalista moderna, fase embrionaria que, como dijera Cueva, concluiría abortada.

La restauración oligárquica pos 52 será un proceso de contrarreforma y de drástica reducción de la autonomía relativa del Estado respecto de la clase dominante, impulsado por los mismos gobiernos del MNR y luego por las dictaduras militares, decurso que terminó consolidándose con el advenimiento del neoliberalismo. El nuevo Estado oligárquico neoliberal no se sustentó en la movilización, sino en la atomización y la represión de los elementos más activos de la sociedad civil: el proletariado minero, los sindicatos campesinos y las organizaciones populares.

Contrarreformas, como el Decreto Supremo 21060 de 19857 y la enajenación de las empresas del Estado en los 90, fueron impuestas por los gobiernos neoliberales con el consenso otorgado en las urnas y con la ayuda de la represión militar. La consolidación del Estado oligárquico neoliberal fue posibilitada por el drástico cambio en la correlación de fuerzas, desfavorable a los sectores sociales explotados y oprimidos de la sociedad boliviana, una nueva situación de las fuerzas de clase que será estabilizada institucionalmente y consagrada ideológicamente.

El proceso de “democratización” de los 80, que comúnmente se entendió en los espacios académicos y en el discurso oficial como la sustitución de los sindicatos y el Ejército por los partidos políticos como nuevos mediadores entre el Estado y la sociedad civil (Cfr. Mayorga, 1991), es un eufemismo que obvia al menos tres cuestiones fundamentales: mientras que, a través de los sindicatos, las masas populares ejercieron un poder relativo sobre el Estado nacionalista, el “sistema de partidos políticos” fue el mecanismo principal de reproducción del poder oligárquico en el Estado neoliberal y el Ejército devino en el “garante del sistema democrático”, es decir, el garante de esta nueva estructura de poder. Por tanto, la “nueva mediación” básicamente consagró la alienación del régimen político con respecto a las masas populares y su íntima imbricación con la nueva oligarquía capitalista.

Formalmente, en Bolivia se instauró un régimen político democrático desde inicios de los años 80. En la práctica, mientras que, por un lado, las organizaciones que antes posibilitaron una influencia directa de las clases populares en la toma de decisiones fueron debilitadas, por otro lado, desde 1985, la instauración de un régimen político presidencialista, subordinado a las “agencias de cooperación”, a las transnacionales y vinculado a los empresarios locales, configuró una estructura controlada por minorías privilegiadas, legitimadas por medio del procedimiento electoral y protegidas por el brazo armado. La “oligarquización” del poder implicó la drástica reducción del universo democrático, no obstante, las liturgias electorales que caracterizaron la época.

El presidencialismo boliviano devino en la dictadura del Poder Ejecutivo, sin ningún contrapeso político efectivo en la toma de decisiones sobre los problemas fundamentales del Estado y la economía. Ciertamente, éste fue el escenario más favorable para que las decisiones del sector privado y las transnacionales terminaran imponiéndose. Un régimen político fuertemente presidencialista, que gozaba de escasa oposición, fue altamente funcional para los negocios y para las inversiones extranjeras.

La privatización de las empresas del Estado en los 90 –la “capitalización” del MNR– fue paradigmática en este sentido. Es por demás significativo que los proyectos de ley de capitalización fueran primero puestos a consideración de los posibles inversores extranjeros antes de ser aprobados por el Congreso. “Durante el gobierno del MNR (escribe Osvaldo Calle), las leyes en Bolivia se hicieron en consulta con las transnacionales” (Cfr. Calle, 2001: 43).

La funcionalidad del Ejecutivo con los negocios de las empresas extranjeras, es, con certeza, uno de los aspectos que permite explicar la hipertrofia del primero. A modo de referencia, señalemos que los 76 contratos de concesión de los yacimientos hidrocarburíferos, firmados entre el gobierno de Sánchez de Lozada y las empresas transnacionales, a mediados de los 90, jamás fueron ratificados por el Congreso. El Ejecutivo fue la única instancia que avaló el ingreso del capital monopolista en el sector de hidrocarburos.

Este proceso indica mucho más que una mera usurpación de funciones. Señala la funcionalidad inmediata del gobierno a lógicas básicamente privadas. Un dato ilustrativo es que en diciembre de 1994, Gonzalo Sánchez de Lozada y su canciller Antonio Araníbar, firmaron un Contrato de Asociación con la ENRON, formando una compañía para desarrollar, financiar, construir y operar el gasoducto Bolivia-Brasil. “Sánchez de Lozada (escribe Roberto Fernández) no tenía atribuciones para firmar un convenio de esta naturaleza, dado que YPFB era una empresa pública y no de su propiedad. Este contrato inconstitucional a todas luces, por sus características internacionales debía haber sido discutido y aprobado previamente por el Congreso boliviano” (Fernández, 2005: 15). Los jerarcas del Estado negociaron con la transnacional, disponiendo de aquel “bien público” como se dispone de un patrimonio privado.

La determinación inmediata que permite explicar la crisis de 2003, es la eliminación de la autonomía relativa del Estado respecto de la clase dominante. La invasión de la racionalidad económica capitalista en las instituciones del Estado rompe la propia lógica de funcionamiento de esta institución, su especificidad como órgano que garantiza la dominación política y promueve la obediencia de las clases subalternas, es decir, produce legitimidad. El Estado oligárquico en crisis no tenía margen alguno de negociación y maniobra para estabilizar los conflictos activados por las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la enajenación de los recursos naturales, menos aún para legitimar estos procesos.

La crisis de febrero de 2003 es altamente significativa al respecto. A principios de ese año, el gobierno se propuso reducir el elevado déficit fiscal, una exigencia del FMI para el desembolso de nuevos préstamos. La sugerencia de los asesores técnicos del gobierno de subir impuestos a las empresas petroleras, fue interpretada por el ministro de Hidrocarburos, Fernando Illanes, un connotado ex-presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), como un imposible, una locura que dificultaría el negocio de la exportación de gas a California (Cfr. Shultz, 2005: 25). ¿De qué otro modo podían pensar los ministros del área económica, antiguos empresarios y tecnócratas cuyos sueldos y gastos corrientes eran financiados por las “agencias de cooperación multilateral” y por las corporaciones privadas que explotan hidrocarburos en Bolivia? (Cfr. Fernández, 2005: 7). En vez de aumentar el impuesto a las petroleras, para Sánchez de Lozada fue más razonable establecer un impuesto progresivo a los asalariados, a partir de quienes ganaban un haber superior a dos salarios mínimos vitales (poco más de 100 dólares).

Un día después de que el Ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de ley de aplicación de impuesto a los salarios, multitudes de jóvenes trabajadores, estudiantes, comerciantes, lustrabotas, obreros de telefonía móvil, destruían varias oficinas del gobierno, de los partidos políticos, de varias empresas privadas y bancos. Al centro del tumulto, en la Plaza Murillo, sede de las oficinas del gobierno, se iniciaba un enfrentamiento armado entre el Ejército y la Policía, que aprovechó la convulsión para exigir aumento salarial.

Parafraseando a Habermas (1999), la crisis de febrero resulta de la colonización del pensamiento político por la racionalidad económica capitalista, ejemplarmente representada por la mentalidad del propio Sánchez de Lozada, quien, en palabras de su ex-ministro interino de Servicios y Obras Publicas, “manejaba el Estado como se maneja una empresa”8. El desenlace sangriento de octubre de 2003 será el desencadenamiento de las tendencias reaccionarias inmanentes a esta concepción básicamente “monetarista” de la política, sintetizada acertadamente por Atilio Borón con la fórmula: “libertad para la iniciativa privada; opresión para el manejo de la cosa pública” (Borón, 2003: 57).

Sánchez de Lozada estaba convencido de que realizar cualquier consulta popular para definir el destino de la exportación del gas, sería una gran irresponsabilidad que podía poner en riesgo “la viabilidad del país”; esta era una cuestión complicada que sólo podía ser resuelta por técnicos y especialistas9. La crisis política se expresará, entonces, como una contradicción entre las funciones de legitimación y acumulación del Estado capitalista, pues la búsqueda de validación de las políticas del Estado, ponía en riesgo el negocio de la exportación de los hidrocarburos, contradicción que los jerarcas del Estado buscarán resolver, finalmente, en octubre de 2003, por la vía armada, por la represión.

La eliminación de la autonomía relativa del Estado, al derivar en una crisis de legitimidad, abrió un enfrentamiento entre las transnacionales, las oligarquías locales y los grupos sociales explotados y oprimidos del país, en torno a los fundamentos materiales e ideológicos del régimen de acumulación; proceso que devino en una lucha abierta por el poder del Estado y la hegemonía. Tal como escribiera Ralph Miliband acerca de una época que para los profetas de la globalización se había felizmente terminado: “el Estado es aquello con lo cual los hombres tropiezan al enfrentarse con otros hombres” (Miliband, 1997: 3), “hacia el Estado se ven llevados cada vez más a dirigir su presión; y del Estado esperan obtener el cumplimiento de sus esperanzas” (Ibíd.: 259). En Bolivia, tales enfrentamientos abrieron situaciones claramente revolucionarias, que terminaron quebrando una de las superestructuras básicas del poder oligárquico, el “sistema político”, así como los principios ideológicos de justificación del neoliberalismo; vale decir, la ideología que justifica la expansión del capital monopolista en Bolivia. En ello estriba la especificidad de la dialéctica entre régimen y patrón de acumulación como condición de la crisis política de los últimos años. Parafraseando a Lavaud (1990), la crisis deriva de las contradicciones entre las realidades de una economía y un Estado dominados por las empresas transnacionales y las exigencias políticas de la soberanía, realizadas por los grupos sociales explotados y oprimidos de la sociedad.


Citas

1 La rosca fue el denominativo con el cual se conoció a los abogados de la gran minería del estaño, dominante hasta 1952, organizados en bufetes que controlaban el gobierno del denominado “superestado minero”. “Las funciones de estos bufetes [escribe Sergio Almaráz] eran amplias: como estudio jurídico vigilando la conducta del gobierno y con un ojo puesto sobre el Ministro de ORELLANA AILLÓN, L.: OLIGARQUÍA CAPITALISTA, RÉGIMEN DE ACUMULACIÓN Y CRISIS POLÍTICA EN BOLIVIA NÓMADAS 271 Hacienda, como comité político para recomendar y promover candidaturas y hasta como agencia de relaciones públicas. La influencia ganada en el gobierno les servía para atraer otros clientes que, como las empresas mineras, necesitaban de sus abogados algo más que conocimientos jurídicos. Tal es el caso de la Standard Oil que acudió al bufete Calvo. Cada uno de estos bufetes era el punto central de un circuito formado por vinculaciones sociales o de familia, en el que ingresaban ministros, directores de prensa, diplomáticos y una amplia gama de individuos que desde el puesto donde estuvieran eran útiles a la élite minera. Si había necesidad de preparar el discurso de un ministro llamado a responder en el parlamento sobre algún problema minero, lo probable era que en el bufete se lo redactara. Si era necesario sobornar a un juez o comprar el voto de un diputado, es también posible que en el bufete se llevara a cabo la negociación. Y si había necesidad de atacar al gobierno, allí mismo se planeaba la estrategia parlamentaria y periodística y si el caso era extremo, lo que era frecuente, se recurría a los militares” (Almaráz 1988: 92).

2 El “sistema de partidos políticos” pos 1985, se constituyó alrededor de cinco partidos que concentraron el cúmulo de las preferencias electorales: MNR, ADN, Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Conciencia de Patria (CONDEPA) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Ninguno de estos partidos logró la mayoría absoluta para constituir gobierno, por lo que se vieron en la necesidad de realizar alianzas pos electorales en el seno del Congreso Nacional. La elección de gobernantes a partir de estas alianzas se conoció como “democracia pactada”. Entre 1985 y 2002 las coaliciones gubernamentales fueron políticamente dirigidas por el MNR, la ADN y, en menor medida, por el MIR; partidos que en lo básico se adscribían a las políticas económicas neoliberales.

3 La estructura del capitalismo en Bolivia ha sido paradigmáticamente representada por la imagen del enclave minero. “La especialización del sector minero [escribió Antonio Mitre] ocasionó la decadencia de la industria metalúrgica y quebró la antigua unidad del complejo mina/establecimiento de beneficio. Como resultado de este proceso la economía del país fue adquiriendo uno de los rasgos que hasta hoy la caracterizan: exportar minerales para importar casi todos los productos de la industria, desde fósforos hasta máquinas” (1981: 192).

4 Palabra aymara que literalmente significa “desnudo” y es utilizada por los campesinos para referirse a las personas de otras clases sociales. Más recientemente, esta palabra fue retomada por activistas indigenistas al referirse a sus oponentes raciales y de clase, para designar a “aquel que vive del sacrificio ajeno”. En su uso aymara corriente, sin embargo, la palabra es utilizada para designar una conducta egoísta y discriminatoria, que puede encontrarse también entre los mismos campesinos, y no exclusivamente en otras clases sociales. En el discurso indigenista, este aspecto es ignorado y la palabra q'ara es utilizada exclusivamente para referirse a la burguesía (Nota de Alison Speeding).

5 La Guerra Federal de 1899, fue una guerra civil entre la vieja oligarquía conservadora de la capital colonial Sucre, ligada al antiguo poder terrateniente y las declinantes minas de plata, y la nueva oligarquía de La Paz, un nuevo poder terrateniente ligado a la ascendente economía del estaño y al libre comercio. La nueva oligarquía del estaño, aliada a las fuerzas indígenas dirigidas por el caudillo Zarate Willka, derrotaron a los ejércitos conservadores imponiendo el traspaso de la sede de gobierno a la ciudad de La Paz. Cuando los indígenas se levantaron exigiendo tierras al nuevo gobierno, fueron masacrados. Zarate Willka fue capturado y luego ejecutado.

6 Esta periodización no pretende ser exhaustiva, sino principalmente identificar los rasgos generales y las fases que caracterizaron aquellos períodos históricos. Tampoco se busca establecer una relación necesaria entre régimen de acumulación y régimen político. Históricamente, distintas formas políticas gobernaron junto a las agencias empresariales un mismo régimen de acumulación.

7 Decreto que desde 1985 inauguró las reformas neoliberales en Bolivia, como la “libre contratación” de la fuerza de trabajo, el congelamiento de los salarios y la apertura de la economía boliviana al comercio exterior.

8 Acta de Declaración Informativa Prestada por Jose Volkmar Fernando Barragan Bauer, Ministro Interino de Servicios y Obras Públicas, Ministerio Público de la Nación, Fiscalía General de la República, Sucre, p. 16. s.f.

9 “No, eso no, eso sería una irresponsabilidad [contestaba Sánchez de Lozada a un periodista]. No puede pedirse que el pueblo decida una cosa tan compleja, tecnológica, económica, eso sería una injusticia” Our Brand is Crisis, documental de Rachel Boynton.


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