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• Comunidad afro en la marcha del Día Internacional de la Mujer,  Argentina, marzo del 2018 | Tomada por: Bruna Stamat

Violencias de género e intervención institucional en la Universidad Nacional de Colombia*

Violências de gênero e intervenção institucional na Universidade Nacional da Colômbia

Gender Violence and Institutional Intervention at the National University of Colombia

DOI: 10.30578/nomadas.n51a11

 

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Óscar Alejandro Quintero Ramírez**

Resumen

El artículo presenta los resultados de algunos procesos de investigación relacionados con la problemática de las violencias de género y sexuales en la Universidad Nacional. Expone la importancia de abordar la violencia entre parejas de estudiantes. Con base en el trabajo de campo realizado en la Universidad, así como a partir de dos relatos de hombres estudiantes que han ejercido violencia contra sus parejas, reflexiona sobre los desafíos y las limitaciones de la intervención institucional. Para concluir propone algunas ideas-fuerza relacionadas con la intervención de los hombres que ejercen violencia en esta institución.

Palabras clave: violencia de género, violencia física en la pareja, estudiantes universitarios, intervención con hombres que ejercen violencia, protocolos de intervención, Universidad Nacional de Colombia.

Resumo

O artigo apresenta os resultados de alguns processos de pesquisa relacionados ao problema das violências de gênero e sexuais na Universidade Nacional. Expõe a importância de abordar a violência entre casais de estudantes. Com base no trabalho de campo realizado na Universidade, bem como em duas histórias de estudantes do sexo masculino que praticaram violência contra seus parceiros, reflete sobre os desafios e as limitações da intervenção institucional. Para concluir, propõe algumas ideias-força relacionadas à intervenção de homens que exercem violência nessa instituição.

Palavras-chave: violência de gênero, violência física no casal, estudantes universitários, intervenção com homens que praticam violência, protocolos de intervenção, Universidade Nacional da Colômbia.

Abstract

The article presents the results of some research processes related to the problem of gender and sexual violence at the National University in Colombia. It shows the importance of addressing violence in student couple relationships. Based on the fieldwork carried out at the University, as well as from two stories of male students who have exercised violence against their partners, the paper reflects on the challenges and limitations of institutional intervention. As a conclusion, it posits some core ideas related to the intervention towards men who exercise violence in this institution.

Keywords: Gender Violence, Intimate Partner Violence, University Students, Intervention with Men Who Exercise Violence, Intervention Protocols, National University of Colombia.

*El presente artículo se enmarca en el desarrollo del proyecto “Diagnóstico de la implementación de la política institucional de equidad de género y de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Universidad Nacional de Colombia”, financiado por la Universidad Nacional de Colombia y ejecutado por la Dirección Nacional de Bienestar Universitario y la Escuela de Estudios de Género de la misma institución, entre septiembre del 2016 y diciembre del 2018.
**Profesor asistente del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de la misma Universidad, Bogotá (Colombia). Doctor en Sociología. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Introducción

La Universidad Nacional de Colombia cuenta con aproximadamente 54.000 estudiantes con una distribución aproximada de 63% hombres y 37% mujeres1. En el 2012, como producto de presiones institucionales activadas principalmente por organismos multilaterales y la movilización de académicas feministas y de grupos estudiantiles, la Universidad expide el Acuerdo 035 del Consejo Superior Universitario (CSU) por medio del cual se establece la política de equidad de género e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en esta Universidad.

Uno de los ejes principales de esta política es la atención y prevención a las violencias basadas en género y violencias sexuales, para lo cual en noviembre del 2017 se instituyó un Protocolo de Atención y Prevención mediante resolución de la Rectoría. La puesta en práctica de este Protocolo ha develado las falencias institucionales para enfrentar este tipo de asuntos, en especial el acoso sexual y las violencias de género entre estudiantes.

Luego de una revisión del estado de la cuestión sobre el tema de las violencias de género en las universidades, en especial de la violencia entre parejas, así como de una breve contextualización sobre la Universidad Nacional de Colombia (UN) y los desarrollos institucionales en términos de una política de equidad de género y de la atención y prevención de las violencias basadas en género y las violencias sexuales, se tiene en cuenta un análisis de las competencias institucionales que ha demostrado tener la Universidad para poder intervenir la problemática, tanto en lo concerniente a las víctimas, pero también con los hombres que ejercen violencia. Se plantean entonces algunas líneas fuerza en relación con la necesaria intervención institucional para hacer frente a la problemática de las violencias de género, tanto para el conjunto de la comunidad universitaria como para las víctimas de las violencias y los hombres que ejercen violencia.

Este escrito se inscribe en el marco del desarrollo del proyecto de investigación “Diagnóstico de la implementación de la política institucional de equidad de género y de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Universidad Nacional de Colombia”, financiado y realizado por el Observatorio de Asuntos de Género (OAG) de la UN, entre los años 2017 y 2018. En ese marco, y en vista del auge de denuncias y la creciente conflictividad en torno a las violencias de género en la Universidad, se vio la necesidad de comenzar un trabajo exploratorio en torno a la violencia entre parejas y a la atención institucional del fenómeno, con base en su importancia en términos de la frecuencia de casos conocidos por medio de las denuncias efectuadas en el marco de dicho Protocolo.

A pesar de la poca información empírica que se puede tener hasta el momento, la exploración se hace con base en el seguimiento de un caso significativo y de un relato complementario de un egresado de esta Universidad. Con este artículo esperamos aportar elementos para la reflexión y la intervención institucional en la lucha contra las dinámicas y los procesos que atentan contra la equidad de género y la dignidad de las mujeres.

Las violencias de género en las universidades: un fenómeno más que frecuente pero poco estudiado

Las violencias de género parecieran un fenómeno que surge en la última década, marcada por una creciente visibilización específicamente del acoso sexual en las universidades. Sin embargo, no se puede caer en la trampa de pensar que la visibilización de un fenómeno social implica su existencia sincrónica. De hecho, sociedades como la colombiana han estado fuertemente marcadas por la construcción de las relaciones sociales desde sistemas de dominación social como la raza, el género y la clase social. Por eso, no es de extrañar que el fenómeno de las violencias de género sea algo que siempre ha existido y que ha sido velado por distintos mecanismos sociales (Fernández et al., 2013 [2005]).

Como lo han demostrado los pocos estudios sobre el fenómeno en Colombia, “los resortes relacionales de las violencias, y entre ellas las de género, se soportan en el establecimiento de diversos dispositivos de subordinación y por ello, de ejercicio de poder que puede dificultar el cumplimiento de objetivos como la formación académica y profesional” (Fernández et al., 2013 [2005]). En ese sentido, la democratización de la educación superior a nivel internacional y nacional, que ha significado tendencias ya históricas de acceso de mujeres en igual o incluso en mayor proporción que la de los hombres, no ha garantizado necesariamente la mitigación o disminución de las violencias de género o la transformación de las relaciones sociales de dominación.

Problematizar las universidades en términos de la existencia, continuidad y transformación de estas relaciones significa entender que i) la Universidad hace parte del conjunto de la sociedad; ii) que no está inmunizada contra nada, y iii) que debe responsabilizarse por estudiar, comprender e intervenir en dichas dinámicas. Si no es la Universidad la institución para llevar a cabo esta tarea, que se supone da luces a la sociedad para enfrentar sus demonios, ¿entonces quién?

La incapacidad de la Universidad para reflexionar sobre sí misma obedece a dinámicas sociales e históricas de más larga duración y de gran calado. Como lo veremos más adelante, el mantenimiento de los ordenamientos de género (Mingo, 2006), aunado a la burocratización de los procesos de prevención, atención y sanción de las violencias de género en las universidades (con base en el caso de la UN) han generado dinámicas irracionales, apuntaladas por la preeminencia de un enfoque jurídico-punitivo que han redundado en el ocultamiento de la problemática y la pérdida de legitimidad de los dispositivos institucionales por parte de la comunidad universitaria, sobre todo, de las mujeres víctimas y de los colectivos feministas.

Antes de desarrollar este elemento central, retomaremos algunos de los avances en el estado de la cuestión de las violencias de género en contextos universitarios en Colombia. La primera constatación que se debe hacer al respecto es que los estudios sobre estos fenómenos son aún bastante escasos, a pesar de contar con trabajos pioneros interesantes y que motivan a seguir por esa senda.

A nivel internacional, el estudio pionero de Makepeace (1981) evidenció que 1 de cada 5 universitarias había sido objeto de malos tratos físicos frecuentes por parte de su pareja. En los Estados Unidos los estudios de prevalencia han informado cifras que se incrementan hasta en un 88% cuando se considera la violencia verbal (Cornelius y Resseguie, 2007, citado en Rey y Martínez, 2018).

De acuerdo con Barbosa (2013), el problema de la violencia durante las relaciones de noviazgo es complejo, pues se encuentra influido por diversos factores vinculados al contexto cultural en donde se produce y legitima. Las historias de vida de los sujetos, sus significados y conceptualizaciones de lo femenino y lo masculino, así como sus antecedentes de violencia familiar pueden ser detonantes propicios para relacionarse de manera violenta con la pareja. Las personas que vivieron violencia en el seno familiar la pueden reproducir en la escuela, durante el noviazgo y en la vida conyugal. Este ciclo, la mayoría de las veces, puede cerrar con la violencia contra los hijos/as (Pedraza, 2015).

En un estudio en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se recaban datos que sustentan estas interpretaciones. Así, al indagar a los estudiantes de esta Universidad sobre su contexto familiar y la violencia, más de la tercera parte de los/as encuestados/as (33%, es decir, 120 estudiantes) señalaron que de vez en cuando se suscitaron ofensas e insultos en el ambiente familiar de la infancia y la adolescencia, frente a 54,5% que mencionaron la inexistencia de este tipo de acciones (Gómez, 2015).

En este estudio también se encuentra que cuando se trata de golpes dirigidos a las/os encuestadas/os, 31,7% mencionan la existencia de agresiones físicas. De aquellos que reportaron golpes, los recibieron principalmente de la madre (58,6%), y una tercera parte, del padre (26,7%). Según los encuestados, “las madres golpean a hijos e hijas, mientras que el padre tiende a golpear más a los varones” (Gómez, 2015: 183).

El estudio revela que la violencia se reproduce igualmente en las relaciones de pareja de las/os estudiantes en esta universidad mexicana. Así, cuando se les interroga por alguna forma de violencia en el curso normal de la relación (y no sólo en los momentos de tensión o de conflicto), los empujones han sucedido una vez en el 19% de los casos o varias veces, mientras que los golpes han ocurrido una vez en el 2,4% de los casos y algunas veces en el 2,7% de éstos. Asimismo, que la pareja o novio/a golpee la pared y rompa objetos personales ha sucedido una vez en 36 casos (11%) y varias veces en 24 casos (7,3%) (Gómez, 2015).

En este estudio se establece que aunque la violencia de pareja que viven las/os estudiantes es más psicológica que física, eso no quiere decir que sea menos grave o que no afecte las relaciones de pareja o de noviazgo. Menos cuando ellos/as reconocen que la violencia en la pareja o el noviazgo es muy frecuente, con casi el 80% de los/as encuestados/as. Cuando esto ocurre, el 35% no acude a nadie y sólo el 26% recurre a sus amigos para hablar del problema (Gómez, 2015).

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2000-2010, en Colombia el porcentaje de mujeres que han sido víctimas de violencia de su pareja en el rango de edad de 13 a 19 años fue de 80,4% y de 78,8% para el rango de edad de 20 a 24 años en el 2010 (Gómez et al., 2013: 32). En este mismo estudio se evidencia que la educación es un factor protector en la medida en que permite que las mujeres identifiquen y visibilicen los hechos violentos, pero no es un factor determinante en la reducción del número de casos. Las consecuencias emocionales de las violencias basadas en género, como la disminución de la productividad en el estudio o el trabajo, o el hecho de tener que dejar de estudiar, son proporcionalmente mayores para las mujeres que para los hombres (ENDS, 2015).

En una investigación sobre violencias de género en la UN, realizada en el 2000, se encontró que las 29 personas entrevistadas manifestaron conocer varias formas de violencia, como la presente en las relaciones de poder, las relaciones académicas y laborales, la diversidad sexual y las relaciones de pareja de estudiantes y empleadas/os; el acoso sexual; la violencia física; los robos y la discriminación por características físicas, personalidad, procedencia, entre otros factores (Barreto et al., 2001).

El estudio resaltó el conocimiento de casos de violencia sexual y específicamente de violaciones. En lo académico se habla de exclusión frente al conocimiento, y de expresiones autoritarias y descalificadoras por parte del profesorado. El acoso sexual también se identifica en las relaciones jerárquicas de poder y en las asimetrías genéricas. Se concretan estas diferentes formas de violencia en el saber, en la discriminación y la descalificación tanto de las mujeres como de las/os homosexuales, no sólo estudiantes sino también trabajadores/as, especialmente las secretarias (Barreto et al., 2001.

Como estudio diagnóstico, este trabajo permite posicionar la violencia de género como un problema nodal para la misión de la Universidad y su compromiso insoslayable con la formación y socialización de valores y referentes distintos, inclusivos e intergenéricos que promuevan los valores de la solidaridad, la convivencia y el reconocimiento del otro/a. Además, el trabajo posiciona analíticamente el papel del silencio en la percepción de la problemática y las dificultades consecuentes en el acercamiento y tratamiento de ésta, elementos que, como veremos más adelante, aún siguen vigentes en esta Universidad.

La PUJ, Sede Cali, elaboró en el 2002 el proyecto “Violencia de género en la población universitaria”, mediante un estudio exploratorio y descriptivo cuanti-cualitativo para reunir las dimensiones de la problemática, así como la profundidad de la dinámica de la violencia de género en la población universitaria matriculada en los cuatro primeros semestres, tanto en las relaciones entre pares, como en las relaciones de pareja y en las relaciones familiares. El estudio muestra el peso de la violencia simbólica en los tres tipos de relaciones y de la violencia física en las relaciones familiares, la violencia sexual en las parejas y de estos mismos dos tipos de violencia en las relaciones entre pares, aunque en un grado menor (Bonilla et al., 2002, citado en Fernández et al., 2013 [2005]).

• Paro Internacional de Mujeres contra de la violencia de género, el machismo y las inequidades laborales,  Argentina, mayo del 2017 | Tomada de: Infobae

Un estudio sobre violencias basadas en género dentro de las relaciones de noviazgo en estudiantes entre los 16 y 24 años de edad de tres instituciones de educación superior en Cartagena, muestra que las conductas violentas típicas encontradas en estas relaciones de noviazgo se expresan a través de comportamientos coercitivos y controladores y a través de comportamientos basados en los celos (Montoya et al., 2013).

Desde una perspectiva más psicosocial, otros estudios concuerdan con algunos de los elementos generales en torno a la comprensión del fenómeno de la violencia en estudiantes universitarios y, especialmente, en relaciones de pareja. Según estos estudios, debido a la inexperiencia, la influencia negativa de los pares e inadecuados modelos familiares, muchos adolescentes pueden ser poco asertivos con su pareja, ya sea porque son sumisos o porque tienden a ser coercitivos con ésta. Pueden confundir el amor romántico con la atracción sexual o a creer que el sufrimiento, el control del otro/a y el apego incondicional son esperables en las relaciones de pareja. Estos elementos “pueden ser el caldo de cultivo de los malos tratos en las relaciones de pareja de los adolescentes y adultos jóvenes” (Rey y Martínez, 2018: 3). Desde luego, estos elementos se enmarcan en la construcción generizada de las relaciones entre hombres y mujeres, de la masculinidad y la feminidad hegemónicas.

En palabras de algunos expertos en el tema, “varias investigaciones han encontrado frecuencias muy altas de conductas de violencia en las relaciones de pareja entre los adolescentes y los jóvenes, caracterizadas por agresiones verbales y psicológicas o emocionales, como insultos, acusaciones e intimidación, destinadas a intimidar o herir a la pareja” (Rey y Martínez, 2018: 4).

No obstante, aún faltan estudios más profundos sobre el fenómeno. El problema es toda vez más complejo pues hay una aceptación social y una naturalización de estos comportamientos, en últimas, una legitimidad de las relaciones de dominación basadas en la idea tradicional del género:

Algunas de estas conductas son percibidas por muchos adolescentes como normales, aceptándolas en las relaciones amorosas de noviazgo al confundirlas con amor e interés por la pareja, pero pueden aumentar en frecuencia paulatinamente con el tiempo. Se ha informado una correlación estadísticamente significativa entre el tiempo de relación y la frecuencia de malos tratos ejercidos por la pareja entre adolescentes y adultos jóvenes, lo que indica que una vez instaurados en la dinámica de la relación, este tipo de conductas se pueden convertir en un hábito malsano cada vez más común. (Rey y Martínez, 2018: 4)

• Paro Internacional de Mujeres contra de la violencia de género, el machismo y las inequidades laborales,  Argentina, mayo del 2017 | Tomada de: Infobae

De acuerdo con esto, algunos estudios sobre violencia en el noviazgo han evidenciado que, al menos en la mitad de los casos, se presentan malos tratos de manera bidireccional. Martínez, Vargas y Novoa (2016) hallaron entre 589 estudiantes colombianos, de 12 a 22 años de edad, que “el 70,9% había sido objeto, por lo menos una vez, de alguna conducta de maltrato por parte de su pareja, mientras que el 48,6% reportó haber ejercido, al menos una vez, una conducta de este tipo a su pareja” (Rey y Martínez, 2018: 7).

En Colombia, Rey-Anacona ha desarrollado dos importantes estudios sobre el fenómeno. El primero, donde los participantes informaron si habían sido víctimas de algún tipo de maltrato por parte de su pareja (Rey-Anacona, 2009); el segundo, donde reportaron si habían ejercido algún tipo de maltrato a su pareja (Rey-Anacona, 2013).

En el primero participaron 149 varones y 254 mujeres entre 15 y 30 años, solteros sin hijos, de los cuales el 82,6% informó haber sido objeto, por lo menos una vez, de alguna forma de maltrato por parte de su pareja, psicológico, emocional, físico, sexual o económico, no encontrándose diferencia estadísticamente significativa entre el porcentaje de varones y de mujeres que reportaron dicho maltrato. (Rey y Martínez, 2018: 10)

En el segundo estudio participaron 417 varones y 485 mujeres entre 15 y 35 años de edad, solteros y sin hijos, de los cuales el 85,6% informó haber ejercido, al menos una vez, alguna forma de maltrato hacia su pareja, no encontrándose tampoco diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres. El tipo de maltrato más frecuentemente ejercido fue el psicológico, seguido por el físico, el emocional, el sexual, el económico y el negligente. El porcentaje de varones que informó al menos una conducta de maltrato emocional, sexual, económico y negligente fue significativamente mayor que el de las mujeres, no hallándose diferencias estadísticamente significativas por sexo con respecto al maltrato físico y psicológico (Rey y Martínez, 2018).

Por su parte, Martínez et al. (2016) encontraron que los tipos de maltrato más comunes eran el emocional y el psicológico, afectando al 61% y 51,4% de los participantes respectivamente, entre 589 estudiantes colombianos de 12 a 22 años de edad. Según estos autores, se puede deducir que el fenómeno de la violencia en el noviazgo tiene la singularidad de afectar a proporciones similares de hombres y mujeres, al contrario de lo que suele suceder en la violencia marital, en donde el número de mujeres victimizadas por su pareja suele ser mayor (Rey y Martínez, 2018).

A pesar de que estos estudios son un avance en la comprensión del fenómeno, es importante tomar con precaución algunas de las conclusiones propuestas. Hay un elemento importante por tener en cuenta: el hecho de que la mayoría de estudios se basen en encuestas puede generar la idea de que ha sido “medido objetivamente” (Moreno et al., 2012), sin embargo, no se puede garantizar que exista o no un subregistro de algún tipo de información; como por ejemplo, el hecho de que se acepte o se tenga conciencia sobre el ejercicio de determinados tipos de violencia. Así como lo anotan algunas colegas mexicanas, a propósito del trabajo de campo realizado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México:

Más allá de los resultados de las encuestas, es importante mencionar algunos elementos cualitativos de la experiencia de trabajo de campo, a la hora de aplicar los cuestionarios. Si bien el ejercicio de la violencia, en cualquiera de sus diferentes tipos, sigue siendo primordialmente masculino, las mujeres también ejercen violencia como una forma de responder a las agresiones de sus parejas y como un estilo de interlocución. Llama la atención que las mujeres preguntaran a los encuestadores si golpearse jugando, bromeando, era una forma de violencia. (Gómez, 2015: 184)

Hacen falta entonces más investigaciones para determinar las características contextuales y situacionales de los fenómenos de violencia entre parejas de estudiantes universitarios (Rey y Martínez, 2018). Así mismo, tampoco se han realizado muchos estudios sobre la progresión de los malos tratos en parejas jóvenes, pero los que se han efectuado revelan que la frecuencia de los malos tratos se incrementa con el tiempo de la relación. Por ejemplo, encontraron una correlación positiva estadísticamente significativa entre la frecuencia de malos tratos y el tiempo de relación entre estudiantes universitarios, tal vez porque se convierten en una “pauta habitual para resolver los conflictos y desacuerdos de pareja, posiblemente aceptada por creencias inadecuadas sobre el amor y las relaciones de pareja” (Rey y Martínez, 2018: 7).

La Universidad Nacional de Colombia y la política de equidad de género: una contextualización necesaria

La UN es la institución pública de educación superior más antigua e importante del país. Ésta ha sido definida como “nacional, pública y del Estado”, siendo partícipe de los hitos y procesos que conllevaron a la construcción de la nación colombiana. Fundada en 1867, heredera de las ideas de la Ilustración, ha liderado la promoción de la educación y la investigación en el país.

Esta universidad firmó en el 2003 el Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres, propuesto por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que determina el compromiso de las instituciones firmantes para “contar con un programa de institucionalización de la perspectiva de género, que establezca metas específicas y cuantificables para el corto, mediano y largo plazo” (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2003: 3).

En el 2012, la UN creó la Política Institucional de Equidad de Género y de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres mediante el Acuerdo 035 del 2012 del Consejo Superior Universitario (CSU). Su propósito es el de “establecer los lineamientos conceptuales, metodológicos y operativos, que propenden por el fortalecimiento de una cultura institucional de equidad de género e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Universidad” (Art. 1, Acuerdo 035 de 2012, CSU, Universidad Nacional de Colombia, cursivas nuestras).

Inspirado en una perspectiva integral con enfoque diferencial, teniendo en cuenta las desigualdades de género, clase social, s, sexo, etnia y sus interacciones, este acuerdo fue el resultado de una elaboración colegiada y, por lo tanto, un logro de toda la comunidad universitaria y para ésta, el cual implica un compromiso que pone a la UN a la vanguardia de las luchas por la equidad de género en la educación superior en una coyuntura internacional favorable a los proyectos que buscan desarrollar políticas justas de igualdad de género dentro de la Universidad (Viveros, 2012).

Dicha política establece diferentes medidas para materializar una mayor equidad de género en la Universidad, una de éstas es la creación del Observatorio de Asuntos de Género (OAG). Durante el 2013 y el 2014, la Dirección Nacional de Bienestar Universitario, junto con varios comités de sede e instancias universitarias y la asesoría y acompañamiento continuos de la Escuela de Estudios de Género (EEG), comenzó el proceso de consolidación y materialización del OAG (Quintero y Caro, 2018).

El Consejo de Bienestar Universitario (CBU) reglamentó el OAG mediante el Acuerdo 013 del 2016, constituyéndose en la instancia asesora y de seguimiento a la política institucional de equidad de género en esta Universidad. Con el propósito de apoyar el desarrollo de sus funciones, se asignó la Secretaría Técnica del OAG a la EEG.

Dentro de este contexto, uno de los temas que más visibilidad ha tenido en la Universidad es el de las violencias de género, y de manera más específica el del acoso sexual. Este fenómeno se ha fortalecido por los movimientos feministas que en otras partes del mundo han tenido una alta mediatización, como es el del #metoo en los Estados Unidos y los distintos movimientos sociales en Chile, Argentina, Francia, México o Brasil, para citar sólo algunos, en lucha por la igualdad de género y la reivindicación de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y las poblaciones LGBTI.

El movimiento feminista en la UN ha venido en crecimiento. Cada vez son más las estudiantes que se organizan y producen acciones e iniciativas que centran el movimiento feminista en la agenda del movimiento estudiantil, convirtiéndose en cierta forma en su vanguardia. Este movimiento se caracteriza por su constancia, fortaleza y manifestaciones públicas dentro del campus universitario (Paéz, 2018). Las estudiantes se han constituido en agentes centrales en la identificación y visibilización de las problemáticas de género dentro del campus universitario, al igual que participantes notables en la construcción de normativas institucionales como la Resolución 1215 del 2017: “Por la cual se establece el Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencias Basadas en Género y Violencias Sexuales”.

• Paro Internacional de Mujeres contra de la violencia de género, el machismo y las inequidades laborales, Argentina, mayo del 2017 | Tomada de: Infobae

Este Protocolo se expidió en noviembre del 2017 y surgió de una iniciativa institucional con participación de varias oficinas de la Universidad, liderado especialmente por la Dirección de Bienestar de la Sede Bogotá y con la participación de las académicas de la EEG y representaciones estudiantiles y de organizaciones feministas. Este Protocolo es pionero en las universidades colombianas, sin embargo, aún falta mucho para poder implementarlo de manera concreta y eficiente contra las violencias de género y las violencias sexuales en la Universidad. En su artículo primero establece:

[…] la adopción de medidas para prevenir las violencias basadas en género y las violencias sexuales, y la definición de la ruta de atención de las personas involucradas en hechos de ese tipo, a través de la cual se buscará la restitución de sus derechos. (Resolución 1215 del 2017, UNAL)

Si bien está definido con una perspectiva diferencial y de género, afirmando la importancia de ciertos principios pensados en el bienestar de las víctimas de las violencias de género2, suele creerse que la interpretación de las normas y la valoración de las pruebas es una tarea técnica y absolutamente objetiva. No obstante, es indispensable cuestionar esa pretendida neutralidad y que los/as operadores/as analicen sus propias visiones estereotipadas y preconceptos en relación con el género, de forma que se evite que éstas permeen su juicio en el momento de valorar las pruebas y dilucidar los hechos.

Aunque el tema de investigación de los casos y la sanción administrativa de los sujetos que ejercen violencias no es el objeto central de este escrito, en palabras de una de las personas que participó en la construcción jurídica del Protocolo, es importante vislumbrar que:

[…] uno de los mayores retos para implementar la perspectiva de género en el actuar de quienes ejercen el control disciplinario en la Universidad tienen que ver con el menosprecio y/o incomprensión de este enfoque, a partir de la naturalización de los desequilibrios de poder por razones de género y la errada percepción del derecho y de su ejercicio como una labor totalmente objetiva y aséptica. Es irreal y perjudicial pensar que quien administra justicia está libre de todo sesgo y ajeno al entorno patriarcal. Es prioritario cumplir con los estándares de debida diligencia y garantizar el acceso a la justicia de las personas victimizadas […]. No se trata de una opción políticamente correcta; es un mandato constitucional y legal. (Guzmán, 2019, inédito)

Este Protocolo también dedica uno de sus artículos a la atención de aquéllos que ejercen violencia. Así, en la ruta de atención, la etapa tres está consagrada al “Procedimiento pedagógico alternativo”, el cual:

Consiste en un espacio de intervención pedagógica a cargo del Área de Acompañamiento Integral de la respectiva sede, o quien haga sus veces, para el diálogo, la reflexión respecto de los hechos de violencia y la transformación de imaginarios y estereotipos de género, en el cual participan la persona victimizada y el/la presunto/a agresor/a, con el fin de obtener compromisos de reparación del daño causado, la cesación de la violencia y la no repetición. (Art. 16, Resolución 1215 del 2017, UN)

• Comunidad afro en la marcha del Día Internacional de la Mujer,  Argentina, marzo del 2018 | Tomada por: Bruna Stamato

La propuesta del procedimiento pedagógico alternativo es toda vez insuficiente en la medida en que no se constituye en un programa institucional propiamente dicho. Aún no cuenta con un enfoque conceptual, metodológico y procedimental claro, así como tampoco cuenta con capital humano y recursos económicos suficientes (Quintero et al., 2018).

Esta limitación institucional para intervenir el fenómeno de las violencias de género, especialmente en las fases de prevención y de intervención de hombres que están comenzando a ejercer violencia, empeora la vulnerabilidad de las víctimas, así como tampoco ayuda a los jóvenes a tomar conciencia de sus problemáticas y a trabajar de manera profunda para evitar la continuidad de ese tipo de comportamientos y la deconstrucción de sus subjetividades tan profundamente marcadas por las configuraciones dominantes del género en la sociedad en la que nacieron y crecieron.

Experiencias de violencia e intervención institucional

Una serie de fenómenos ha hecho que el asunto de las violencias de género en la Universidad tenga cada vez mayor visibilización. Por un lado, la expedición del Protocolo ha generado una mayor denuncia de algunos casos de acoso sexual y de violencias basadas en género. Además de eso, las organizaciones de estudiantes feministas han realizado una serie de actividades de denuncia pública de casos y de prácticas sexistas en la Universidad. Así mismo, algunos casos han recibido divulgación en los principales medios de comunicación a nivel nacional3.

Todo eso ha activado las alarmas institucionales para enfrentar mejor este fenómeno. Sin embargo, la sola expedición del Protocolo no ha sido suficiente, su puesta en práctica ha visibilizado los puntos ciegos en la estructura institucional, en el nivel disciplinario y administrativo, para investigar y sancionar los casos, así como en la atención psicosocial y el seguimiento jurídico para las víctimas, y de las actividades generales de prevención y sensibilización de la comunidad universitaria.

En el 2016, la Dirección de Bienestar Universitario de la Sede Bogotá de la UN publicó un estudio sobre violencia sexual contra estudiantes de la Universidad (Rozo y Torres, 2016). Éste es quizás el primer y hasta ahora único ejercicio serio que se ha llevado a cabo para medir la prevalencia de este fenómeno en la institución. Si bien la metodología del estudio presenta algunos puntos débiles, en especial frente al enfoque y la orientación de algunas de las preguntas en la encuesta (centradas principalmente en el tema del “acoso sexual”), es interesante retomar algunos de sus principales hallazgos.

En este estudio se encontró que la mayoría de las estudiantes que participaron en la investigación (54% de 1.602 mujeres encuestadas) habían sido víctimas de algún tipo de violencia sexual dentro de la Universidad o en actividades relacionadas con ésta. Los datos encontrados reflejan la ocurrencia de un fenómeno que va desde la aparente levedad del acoso dentro del campus, hasta la gravedad del acceso carnal violento ocurrido en espacios o actividades relacionadas con la Universidad. Los eventos más frecuentes que se presentan son los piropos o comentarios sexuales, caricias sin consentimiento que generan incomodidad, regalos no deseados que hacen sentir incómodas a las estudiantes, constantes mensajes inapropiados con contenido sexual que se dan sin consentimiento de la persona, al igual que el manoseo de las nalgas, los senos o la vagina, llamadas y correos electrónicos con intenciones sexuales e insinuaciones o propuestas para tener sexo a cambio de algo (Rozo y Torres, 2016).

Frente al acto sexual no consentido o acceso carnal, algunas estudiantes reportaron haber sido obligadas a besar, acariciar, tocar o mantener relaciones sexuales mientras estaban inconscientes, dormidas o bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas. En cuanto al acceso carnal violento, algunas reportaron haber sido obligadas a tener relaciones sexuales mediante el uso de la fuerza o de un arma, en el campus o en actividades relacionadas con la Universidad. Aunque este tipo de hechos ocurren con una mínima frecuencia según lo muestran los resultados, es importante resaltar que es sumamente grave que sucedan, aunque sea un solo caso, por la agudeza de las afectaciones físicas y psicosociales consecuencia de este tipo de actos, como por ejemplo, posibles daños permanentes a nivel fisiológico, un embarazo no deseado, contagio de enfermedades de transmisión sexual, estrés postraumático, entre otros (Rozo y Torres, 2016).

• Mujeres afrodescendientes protestan contra el racismo y la xenofobia,  Bogotá, 2015 | Tomada de: El Afrobogotano

En cuanto a los perpetradores, se puede identificar de acuerdo con los resultados que los “estudiantes” tienen la frecuencia más alta, muy por encima de “personas desconocidas estando en el campus universitario”, seguido de “personal de construcción”, “guardias de seguridad” y “docentes”, con frecuencias muy similares. Por último, en cuanto a los lugares en los que las mujeres estudiantes reportan haber sido víctimas de violencia sexual, se encontraron con una mayor frecuencia salones de clase, en segundo lugar fiestas y salidas recreativas con compañeros o docentes, seguido de “La Plaza Che” y zonas en obra. Lo anterior concuerda con lo encontrado por Moreno, Osorio y Sepúlveda (2007), quienes afirman que el lugar de la Universidad donde más comúnmente ocurren agresiones sexuales son los salones de clase. Este mismo grupo de investigadoras cita la investigación de la National Comission on Substance Abuse at Colleges and Universities, donde se encontró una relación entre el consumo de alcohol y los actos sexuales no consentidos, este hallazgo también puede explicar por qué se encuentra como segundo lugar de ocurrencia de hechos de violencia sexual “las fiestas y salidas recreativas”, toda vez que culturalmente éstos suelen ser espacios donde comúnmente se consume alcohol (Rozo y Torres, 2016).

Como complemento de este estudio, la experiencia que se ha tenido desde la Secretaría Técnica del OAG muestra cómo el tema del acoso sexual es el que más mediatización y denuncia pública ha tenido (Quintero et al., 2018). Sin embargo, hay otro fenómeno que también ha emergido en las denuncias por medio de la vía institucional del Protocolo, así como por medio de las denuncias públicas hechas por distintas colectivas feministas: tiene que ver con el asunto de la violencia física entre parejas de estudiantes.

En efecto, según los datos oficiales publicados por la Dirección Nacional de Bienestar Universitario de la UN, se reporta que desde la puesta en marcha del Protocolo en noviembre del 2017 hasta marzo del 2019 se registraron 157 casos de solicitud de activación del Protocolo en todas las sedes de la Universidad. De esos casos, 111 se registraron en el 2018, y en el 2019 se contaban a la fecha de corte 45 casos (DNBU, 2019). Del total de 157 casos, 121 corresponden a la Sede Bogotá, que representan el 77%. Por otro lado, del total de casos registrados, 149 de las víctimas son mujeres, 6 son hombres y en 2 casos esta información no se identifica. En relación con esto, 130 de los presuntos agresores son hombres y 3 son mujeres, en 24 de los casos no se identifica el sexo del presunto agresor. Así mismo, frente a la vinculación con la Universidad de los presuntos agresores, 55 (35%) son estudiantes, 37 (23,5%) son personas externas a la Universidad, 31 son docentes (20%) y 13 son empleados administrativos (8%) (DNBU, 2019). Para el caso de las víctimas, 134 de ellas son estudiantes (85%), de las cuales 20 son estudiantes de posgrado.

Se aprecia entonces que los casos tienen una alta frecuencia en la manifestación de las violencias entre estudiantes. En relación con el tipo de violencia, se registra que para el total de casos denunciados, 46 fueron acoso sexual (29%), 49 casos de violencia sexual (31%) (entre acto sexual no consentido, acceso carnal no consentido y ofensa sexual) y 41 casos de violencia física y psicológica (26%) (DNBU, 2019). Frente a este panorama, el tratamiento dado institucionalmente ha sido, principalmente, el de facilitar orientación y apoyo psicosocial (139 casos), orientación y asesoría jurídica (84 casos), abrir procesos disciplinarios (38 casos) y realizar procesos pedagógicos alternativos (11 casos) (DNBU, 2019)4.

El asunto de las violencias de género, y específicamente el de la violencia física en la pareja, ha demostrado que tanto a nivel institucional como a nivel social “nadie sabe qué hacer o cómo intervenir”. Es un fenómeno que pareciera tener una connotación tabú, donde la perplejidad aparece, pues las personas involucradas pueden ser incluso algunos de los mejores estudiantes de la Universidad, con identidades sociales reconocidas como líderes políticos o estudiantiles, incluso en parejas que parecieran ser el prototipo de la “pareja ideal”.

A pesar de que se cuente con un Protocolo promulgado recientemente, eso no significa que el fenómeno haya surgido hasta ahora. Por el contrario, el tema de la violencia en el noviazgo universitario es más frecuente de lo que se piensa y siempre ha existido en la Universidad, como se puede apreciar en el siguiente relato de un egresado, quien realizó sus estudios en los años noventa:

La mezcla explosiva estaba lista: alcohol y violencia. La bomba atómica se activó en un encuentro de estudiantes. Cuando desperté estaba desnudo en la cama del hotel donde nos hospedábamos. Pero me di cuenta [de] que no estaba sólo en la cama, dormía a mi lado, vestido, un compañero de la Universidad y otro dormía en el piso. En ese momento entró ella, me vio desnudo en la cama y yo no entendía qué pasaba, tan pronto la vi le pregunté –“¿qué pasó?”–. Sobrecogida, ella no respondió, sacó sus cosas y se fue. En ese momento no recordaba absolutamente nada, pero me di cuenta que la había agredido: ella tenía un ojo morado. Vinieron las promesas sinceras, alma adentro, para dejar de beber; los intentos en vano para “no embarrarla”. Todo era completamente en vano, casi siempre el resultado era el mismo: vómito, sangre, vidrios y corazones rotos. (Relato de estudiante egresado, mayo del 2018)

Retomamos este relato de sucesos que ocurrieron en un contexto donde la Universidad no contaba ni con política de equidad de género ni con observatorio de asuntos de género ni con un protocolo de atención y prevención de violencias basada en género para demostrar la patente continuidad de esta problemática, su invisibilización y la incapacidad para atenderla institucionalmente de manera eficaz.

El entonces estudiante buscó ayuda tanto en las líneas de atención telefónica a la ciudadanía como en los servicios de salud de su seguro médico y de la Universidad. En su relato cuenta cómo los distintos llamados desesperados pidiendo ayuda no surtieron efecto; al menos no constituyeron más de dos o tres sesiones en una atención psicológica que a todas luces no se desarrolló con un enfoque de género adecuado, así como tampoco con la continuidad necesaria para poder desarrollar un verdadero proceso. El estudiante no siguió asistiendo a las citas psicológicas, así como tampoco tuvo un seguimiento por parte del servicio de bienestar estudiantil. Su compañera, lamentablemente, tampoco recibió ayuda alguna, a pesar de que en principio la Universidad supo del caso, no sólo por el contexto en el que sucedieron los hechos, sino también porque el mismo estudiante que ejerció violencia lo informó al servicio psicológico de la Universidad.

Esta falta de atención institucional es gravísima, toda vez que algunos estudios han demostrado cómo el maltrato físico y psicológico se puede relacionar posteriormente con el uso de sustancias, síntomas internalizantes (depresión, baja autoestima, entre otras), afectación de las aspiraciones académicas, del grado escolar y de las relaciones con familiares y amigos. Foshee et al. (2013) hallaron que, en jóvenes estadounidenses, el maltrato psicológico podría ocasionar consumo excesivo de alcohol en las víctimas, mientras que el maltrato físico estaba relacionado con el consumo de cigarrillo. Sin embargo, los resultados fueron más graves entre las mujeres: para ellas las consecuencias de la violencia psicológica se relacionan con la presencia de síntomas internalizantes y la violencia física estaría asociada con usos abusivos de marihuana; mientras que entre los varones sólo se encontró un efecto moderado sobre las relaciones con amigos. Estas diferencias señalan que las consecuencias de los malos tratos podrían ser más graves entre las mujeres que entre los hombres (Rey y Martínez, 2018).

Se supone que con la expedición del Protocolo de Prevención y Atención de Casos en la UN se tiene entonces un marco institucional más claro y concreto para atender mejor e intervenir mejor en el problema. Sin embargo, pareciera que la realidad supera la ficción. Algunos de los casos conocidos de violencia entre parejas han puesto a prueba no sólo el Protocolo sino la capacidad institucional-social misma para hacer frente a esta problemática. La primera constatación es que todavía queda mucho camino por recorrer, se necesitan ingentes esfuerzos por parte de toda la comunidad universitaria y una mayor voluntad política por parte de sus directivas y dependencias encargadas de poner en práctica, no sólo el Protocolo, sino el conjunto de la política de equidad de género en la Universidad (Quintero et al., 2018)5.

En enero del 2018, justo dos meses después de la expedición del mentado Protocolo, un estudiante publica un escrito en redes sociales en donde pide perdón y asume haber ejercido violencia contra su expareja sentimental, así como frente a otra compañera de estudios. Muchas de las reacciones que tuvo esa publicación fueron de condena en contra de ese joven por considerar su publicación como una “falsa disculpa”, en la medida en que algunas de sus ideas se podían comprender con un dejo de justificación de sus actos, así como la ambigüedad del mismo título de su escrito:

Perdón cínico. De antemano pido perdón por hacer uso de este espacio colectivo, pues seguramente no corresponde al lugar correcto, al modo adecuado ni al tiempo preciso. Pido perdón por recaer y reiterar la agresividad. Pido perdón a […] por haberla disminuido en las discusiones públicas, por hostigarle con mis voleteos, por mis agresiones verbales y presiones psicológicas. Por secuestrarle su celular, manipularla con mis tendencias suicidas y neuróticas, también por perseguirla. El machismo del que soy agente y cómplice se encubre [sic] en un primigenio miedo hacia las mujeres, en la rigidez radical de mi discurso, en la posesividad de mis celos. Pido perdón a […] por mis agresiones, por haberla golpeado, por asediarla, por voletearla, presionarla y maltratarla, por humillarla, despreciarla y vigilarla, por seguirla y acosarla. También por seguirle escribiendo y por vilipendiarla. Por mis gestos y actos manipuladores. Por mis gestos suicidas. (Publicación de estudiante en redes sociales, enero del 2018)

El caso, al ser público por redes sociales y en una página del gremio profesional del estudiante, se dio a conocer a las autoridades según lo establecido por el Protocolo y por solicitud de la Secretaría Técnica del OAG. El caso ha seguido su rumbo hasta la fecha, por un lado, en el área de acompañamiento integral para el seguimiento psicosocial y jurídico a las estudiantes afectadas; por otro lado, una de ellas pidió iniciar el procedimiento pedagógico alternativo. Sin embargo, como lo planteamos más arriba, este procedimiento es bastante tímido en términos de su diseño y puesta en práctica. Lamentablemente la capacidad de atención institucional no difiere en mucho de aquélla de hace veinte años. Así, al preguntarle al estudiante por la ayuda que ha recibido de la Universidad, respondió:

En un primer momento hubo una consejería que está ahí abierta y yo he ido varias veces. Es la psicóloga de la Facultad, que ella es como psicóloga de familia creo. No obstante, pues usted sabe una asesoría no es un tratamiento, o sea que vamos a empezar a hacer ejercicios de resocialización o control de las emociones o qué sé yo, sino simplemente es una asesoría, entonces no tiene como un alcance muy grande ¿sí?
¿Y vas cada cuánto, o cómo es la cosa?
Voy cuando siento que voy como a desbordarme, como a punto de desregularme, cuando las emociones me están ganando, cuando tengo mucha pereza, cuando siento como ansiedad, cuando… En un principio fui obviamente inmediatamente como dos meses seguidos; luego dejé de ir… ha sido duro, o sea, porque es un momento con los que rompo con todo el mundo, me aíslo, ¿sí?, dejo de ir al grupo de estudio, no le contesto a nadie, no salgo con nadie. Máximo hablo con mi madre, con mi hermanita, con las personas de la casa o a veces ni con las personas de la casa… Y como que mientras veo que se va resolviendo, pues obviamente con los recursos que tengo trato como de irlo resolviendo. [...]
Es todo una permanente resistencia, un bloqueo constante, yo no quería salir con nadie, no quiero ver a nadie, seis, siete meses me la pasé así en una férrea disciplina deportiva y célibe [...] manteniendo eso entonces me permite como tener una distancia mayor entre la emoción y la conducta. (Entrevista a estudiante, Bogotá, noviembre del 2018)

De acuerdo con este relato, salta a la vista que el estudiante necesita ayuda profesional, la cual pasa incluso por superar cierto sentimiento de autosuficiencia que le hace pensar que con una férrea disciplina deportiva y manteniéndose “célibe” va a lograr superar su ejercicio de violencia contra las mujeres. Esta denegación se aprecia incluso cuando se le pregunta por determinados consumos que estuvieron asociados con los eventos de violencia: “Bueno, pues he tratado, pero la marihuana no la he podido dejar; la uso cuando estoy ansioso o mal y me emborracho cuando estoy mal; luego pasan dos o tres días y todo está bien” (entrevista a estudiante, Bogotá, noviembre del 2018).

Aunque hay que tener cuidado en las lecturas que justificarían el ejercicio de la violencia por el exceso en los consumos, la mayoría de estudios concuerdan con el hecho de que el alcohol es un importante detonante de la violencia física y emocional. Si bien al respecto hay distintas posturas, las que asocian directamente el consumo de alcohol a connatos de violencia y las que señalan que el alcohol puede ser un detonante de violencia, lo cierto es que la violencia ocurre frecuentemente en momentos en que hay consumo de alcohol u otras sustancias psicotrópicas (Pedraza, 2015), y éste es un elemento que ha surgido constantemente en las conversaciones con el personal de las áreas de salud y de bienestar de la Universidad, así como en el estudio de Barreto et al. (2001).

• Marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer,  Santiago de Chile, marzo del 2019 | Tomada de: Tele13

De acuerdo con esto, a pesar de la expedición del Protocolo, la Universidad aún no ha desarrollado un programa adecuado para este tipo de situaciones y de casos, sobre todo cuando los jóvenes aún se encuentran en negación y no han logrado tomar conciencia plena de su problemática. Así, al preguntarle a la psicóloga de la Universidad sobre este tipo de procesos, ella manifiesta su preocupación por el impacto que puedan tener este tipo de acciones cuando no están sustentadas o bien armadas institucionalmente: “Pues mire profe, la verdad, los chicos no nos copian porque somos mujeres” (notas de campo, conversación con psicóloga del área de Bienestar, Bogotá, octubre del 2018).

Esta situación nos remite a un elemento central aún por pensarse para desarrollar procesos más exitosos de intervención con hombres que ejercen violencia en la Universidad. Éste tiene que ver justamente con la continuidad de las jerarquías de género, incluso en los procesos de intervención psicosocial y atención terapéutica, de allí la importancia de desarrollar verdaderos programas interdisciplinarios con sólidos enfoques de género.

Más allá de la atención individual, es necesario intervenir la institucionalidad

Hasta aquí hemos visto cómo las violencias basadas en género son una realidad patente y preocupante en la cotidianidad de las universidades. Dentro de este fenómeno amplio, la violencia entre parejas de estudiantes también es un asunto relevante. El estado de la cuestión permite sustentar esta lectura; no obstante, hay una preeminencia de estudios hechos desde la psicología que pueden tender a individualizar el problema y a no permitir entenderlo desde su complejidad estructural (Segato, 2003), en razón de las metodologías de investigación privilegiadas, principalmente a partir de la técnica de encuesta.

La violencia entre parejas también ha sido un fenómeno bien presente, pero invisibilizado, en la sociabilidad de la UN, como se pudo constatar con los relatos del estudiante de los años noventa y del estudiante de la primera década de este siglo. El carácter tabú asociado a este fenómeno hace que, aunque se tenga conocimiento público, la gente guarde silencio y no se enfrenten las situaciones. Esto genera que el investigar sobre estas problemáticas sea también bastante difícil, más aún cuando institucionalmente se ha privilegiado la perspectiva jurídico-punitiva que genera un gran celo por “el debido proceso” y donde el acceso a las distintas personas involucradas es casi imposible.

A pesar de esto, los avances de esta Universidad en la materia son significativos, por lo menos en términos de desarrollos normativos para atender los asuntos de violencias basas en género en la institución. Estos avances necesitan, sin embargo, desarrollarse de manera más concreta a través de programas y proyectos, pero donde se pueda garantizar su continuidad a través de los recursos financieros y de capital humano necesarios para llevarlos a cabo. No sobra recordar que no más en la Sede Bogotá, la más grande de esta Universidad, el personal encargado de “atender el Protocolo” lo constituyen profesionales contratados temporalmente. Esa oficina, que en principio cuenta con una profesional en psicología y otra en derecho, no ha contado con abogada desde mediados del 2018. La Universidad atraviesa entonces por una situación paradójica pues ha sido, de facto, pionera en el país en institucionalizar una política de equidad de género y en tratar de implementarla en consecuencia. Pero, por otro lado, presenta aún problemáticas de género bastante complejas y profundas (Quintero et al., 2018).

Si bien la implementación del Protocolo ha permitido un aumento considerable en las denuncias, tanto por la vía institucional como por la vía social, en especial por parte de las colectivas de estudiantes feministas y de disidencias sexuales, así como por los comités de género que recientemente se han venido creado en los sindicatos de trabajadores/as de la Universidad, las deficiencias institucionales han generado sentimientos de indignación en los grupos estudiantiles feministas, así como la pérdida de legitimidad del Protocolo como instancia para tramitar las quejas y demandar justicia (Quintero et al., 2018: 6).

Es importante recordar que la violencia de género no es un problema de las mujeres sino un problema para las mujeres. De manera inversa, es un problema de los hombres, quienes son los que ejercen mayoritariamente la violencia de múltiples formas y en diferentes contextos (Viveros, 2018). Resulta pertinente destacar que los hallazgos reportados por Ramírez (2007, citado en Pedraza, 2015) señalan que los hombres sí pueden responsabilizarse y resignificar su violencia, siempre y cuando estén dispuestos a aceptar que son violentos y deseen profundamente transformar la manera en que se relacionan con las mujeres.

Otros trabajos han mostrado que si el hombre acude a un proceso terapéutico sólo para cumplir con lo solicitado por las instituciones que procuran y administran la justicia, o a solicitud expresa de las mujeres –esposas, novias, etcétera–, los resultados son prácticamente nulos. La mayoría de los estudios coinciden en que los hombres susceptibles de resignificar el ejercicio de su violencia son aquellos que se reconocen violentos y están dispuestos a responsabilizarse; es decir, a transformar la manera en que se relacionan con las mujeres de su entorno, pero sobre todo con aquellas con las que comparten su vida emocional, sexual, erótica y familiar (Pedraza, 2015).

Para lograr esto, es necesario pasar por procesos complejos de intervención psicosocial, donde el papel de la institución universitaria es crucial para generar condiciones a los/as estudiantes con el fin de desarrollar un intenso trabajo sobre sí mismos, deconstruir muchos de los aprendizajes viciados que han recibido desde su socialización temprana y, finalmente, realizar transformaciones profundas en sus formas de ver y sentir el mundo. Deconstruir nociones sobre el amor y la pareja (Illouz, 2012), la masculinidad y la feminidad, cuestionar los consumos de drogas y de alcohol (Barbosa, 2013) como formas de evadir una realidad que en muchos de los casos puede ser verdaderamente dura y desesperanzadora.

En ese sentido, es importante pensarse hasta dónde iría la responsabilidad de las instituciones universitarias y cuál sería la vía para actuar de manera articulada con los distintos sistemas de salud a nivel territorial y con otras instituciones pertinentes como las secretarías de educación y el Ministerio de Educación Nacional (MEN). En todo caso, seguir observando el ejercicio de las violencias de género como fenómenos individuales, desviados o patológicos impide ver que se trata de una problemática social que compete a toda la ciudadanía y a todas las instituciones. No hay que olvidar que las universidades hacen parte de la sociedad, por eso la violencia en sus diferentes manifestaciones dentro de ésta tiene estrecha relación con los espacios doméstico, laboral, político, etcétera (Pedraza, 2015).

Se necesita mucha creatividad, pero, sobre todo, voluntad política que se vea reflejada en recursos para diseñar e implementar los programas; en primer lugar para las víctimas, en segundo lugar para el conjunto de la comunidad universitaria y, por último, para los hombres que ejercen violencias. Al respecto, existen experiencias exitosas en otros países, los procesos de México, Argentina y Brasil pueden ser bastante ilustrativos y ricos en aprendizajes (Viveros, 2018; Garda y Huerta, 2007; Aguilar et al., 2009).

En estas experiencias, las metodologías y enfoques han sido desarrollados con cierto éxito en el propósito de que los hombres se responsabilicen por el ejercicio de su violencia. Dentro de los modelos de intervención con hombres agresores se pueden identificar tres marcos explicativos generales: los intraindividuales, los de aprendizaje social o cognitivos y los sociopolíticos. En la práctica, las tres teorías sobre los abusos masculinos pueden combinarse, porque representan distintas dimensiones de la conducta humana. El trabajo con grupos que contemplan estos tres niveles es poderoso porque llega a las personas en sus distintas dimensiones, a diferencia de los programas que abordan sólo el control de la ira, o están centrados en los problemas tempranos del desarrollo o los que trabajan sólo en el plano sociopolítico (Bolaños, 2007).

En su gran mayoría, estos programas adoptan una “perspectiva de género” y se centran en la transformación de los comportamientos y de los esquemas relacionales de los participantes. En el plano metodológico, más allá de la producción de conceptos académicos y de datos estadísticos, la creación de espacios para la reflexión o “grupos de reflexión” es central en este tipo de programas (Viveros, 2018). En estos grupos se recurre a técnicas vivenciales que generan la expresión de las experiencias, los hombres aprenden a detener los actos violentos e identifican los sentimientos relacionados con situaciones violentas. Registran lo aprendido y dan valor a sus historias de maltrato (Bolaños, 2007).

Al respecto, la riqueza y diversidad de la vida en la UN ha permitido también el surgimiento de grupos estudiantiles cuyo propósito es reflexionar y actuar sobre la transformación de las masculinidades hegemónicas; estos colectivos desarrollan grupos de estudio y reflexión, organizan foros y algunos trabajan mancomunadamente con organizaciones feministas. Quizás si la institucionalidad aún no sabe qué hacer al respecto, una de las estrategias de acción prioritarias sea el apoyo de todas las dinámicas, acciones y agrupaciones de estudiantes que trabajan por garantizar una verdadera equidad de género y sueñan con una Universidad libre de violencias.

• Marcha "Ni Una Menos", Encuentro Nacional de Mujeres en La plata (Argentina),  octubre de 2019 | Tomada de: TN

Notas

  1. Cifras actualizadas para el segundo semestre del 2018. Información tomada de: link

  2. “Como lo pueden ser la supremacía del bloque de constitucionalidad, la dignidad humana, la igualdad real y efectiva (no discriminación), la prevención, la atención integral, la acción sin daño, la atención diferenciada, la accesibilidad, la confidencialidad, la debida diligencia, la corresponsabilidad, la protección […]” (Art. 4, Resolución 1215 del 2017, UN).

  3. Véase, por ejemplo, El Espectador (2019).

  4. Esta última cifra indica que habría, a marzo del 2019, por lo menos, once personas, posiblemente agresoras, a quienes se puede entrevistar con el fin de escuchar sus relatos en torno al ejercicio de la violencia. Sin embargo, ésta es una información que se guarda con total celo por parte de las dependencias encargadas de aplicar el Protocolo, en especial las que desarrollan la parte de investigación disciplinaria. Por este motivo sólo fue posible contar, para el presente escrito, con el relato de un estudiante, el cual se abordará en profundidad más adelante.

  5. Se trata del informe “Diagnóstico de la implementación de la política institucional de equidad de género y de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Universidad Nacional de Colombia”, realizado por la Secretaría Técnica del OAG con base en una encuesta institucional dirigida a las 33 dependencias del nivel nacional y del nivel de dirección de cada una de las sedes de la Universidad que tienen responsabilidad en la aplicación de la política, según lo establecido en el Acuerdo 035 del 2012 del CSU.

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