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Sindicalismo y política: Los trabajadores colombianos ante la globalización neoliberal

Sindicalismo e política: trabalhadores colombianos antes da globalização neoliberal

Syndicalism and politics: Colombian workers before neoliberal globalization

Miguel Angel Urrego A.*
Jaime Gómez**


* Historiador. Estudios doctorales Universidad de Puerto Rico y el Colegio de México. Investigador DIUC. Profesor Universitario.

** Estudiante de Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Exdirigente sindical.


Resumen

En este artículo queremos analizar brevemente las respuestas que el movimiento sindical colombiano ha generado al proceso de globalización neoliberal. El sindicalismo colombiano ha seguido el camino de otras organizaciones del continente pero igualmente dada la particularidad de nuestro proceso político ha podido proponer la constitución de un Frente Político y Social que se constituye en una experiencia inédita en la historia política reciente de Colombia. En una primera parte analizaremos algunos de los procesos que caracterizan la coyuntura política del sindicalismo en América Latina. En segundo lugar una síntesis de la relación entre política y sindicalismo. Finalmente la manera como se adecúa el sindicalismo colombiano ante los cambios mundiales y la coyuntura interna, lo cual se analizará teniendo en cuenta la realización del paro cívico contra el Plan de Desarrollo de Pastrana y la propuesta de Frente Social y Político generada en el pasado congreso de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).


Fin de la clase obrera y nuevo sindicalismo

América Latina vive un proceso de transformación del orden político, es decir de los sujetos y de las estructuras desde las cuales se realiza la intermediación política, que se manifiesta a raíz del impacto de globalización neoliberal –que ha implicado la reducción del mundo del trabajo y un duro golpe a la clase obrera y a sus organizaciones gremiales y políticas– en la crisis de los partidos históricos –que en nuestras ciencias sociales denominamos tradicionales– y la aparición de nuevos sujetos históricos, lo que desde la perspectiva postmoderna se expresa como la crisis de los grandes entes emancipatorios.

Uno de los sujetos típicos de la modernidad es la clase obrera y sus organizaciones políticas y gremiales. En gran parte de los países de la región, a lo largo del siglo XX, el sindicalismo jugó un rol fundamental en la contienda política. En México las grandes confederaciones como la CROM y luego la CTM, sirvieron de sustento a la estabilidad política del régimen emanado de la Revolución. El PRI y la estructura corporativista del Estado descansaban en buena parte en los estrechos nexos entre Estadocentral sindical y PRI, de allí que paralela a la estabilidad del régimen político se viviese una estabilidad en la dirección de la CTM, por cerca de cincuenta años orientada por Fidel Velasquez1.

Pero no sólo las grandes confederaciones tenían protagonismo político sino que además sus dirigentes lograron un reconocimiento de sus posibilidades políticas, de su influencia e incluso de sus propuestas de reforma2.

La segunda dinámica que hay que considerar es que en varios países de la región se ha producido una transformación de las formas históricas de representación política. Los viejos partidos, COPEI, APRA, PRI, atraviesan una profunda crisis. Esto ha llevado, durante los últimos años, a la emergencia de nuevas corrientes políticas de diferente signo: Cambio 90 de Fujimori, Movimiento Bolivariano de Hugo Chávez, etc., pero igualmente a la irrupción, en las últimas dos décadas, de una amplia variedad de movimientos cívicos, frentes políticos y candidaturas que retan la imaginación de los analistas3. Este hecho ha reconstituido el escenario, las formas discursivas y la representación política en toda la región y ha demandado de los actores tradicionales unos cambios muy profundos4.

Por último, los recientes procesos de globalización capitalista han demandado la reconstitución del mundo del trabajo, la desestructuración del estado de bienestar y su reducción. Tales cambios se dan paralelamente a la denominada flexibilización del mundo del trabajo que suponen no sólo la reducción de las prestaciones alcanzadas por la lucha de los sindicatos sino la aparición de medias jornadas de labor y otra serie de formas y condiciones de contratación que no solamente han implicado un debilitamiento de las condiciones laborales5 sino la transformación de la clase obrera6.

El sindicalismo en América Latina ha reconocido que no estuvo preparado para enfrentar tales cambios y que la relativa facilidad con la cual se impusieron las medidas obedeció a su incapacidad para leer las transformaciones políticas y económicas7.

A pesar de su debilitamiento cuantitativo, el sindicalismo ha generado una serie de rupturas con sus formas organizativas tradicionales, los objetivos y el tipo de lucha que adelantaba. Existen por ejemplo acuerdos entre sindicatos alemanes y brasileños para la discusión de pliegos de peticiones en el sector automotriz; lo mismo se planteó con los trabajadores del sector telefónico de Estados Unidos, México y Canadá, dinámicas que han permitido, por parte de estudiosos y organizaciones, la propuesta de negociaciones salariales supranacionales8.

En el continente existen varios ejemplos que expresan nuevas formas de luchas y revisiones profundas de las organizaciones sindicales. La propuesta de privatización de la Telefónica de Puerto Rico fue enfrentada por el sindicalismo movilizando a la población en defensa del patrimonio nacional. El llamado de los sindicalistas fue aceptado por organizaciones de diverso tipo, incluidas algunas religiosas, y dio como resultado la realización de un paro nacional contra la privatización y una de las mayores movilizaciones populares en el siglo XX en la Isla. Aunque finalmente la empresa se vendió y el sindicato salió fraccionado y derrotado, el suceso rompió en dos la historia de las luchas populares en Puerto Rico y evidenció la importancia de un nexo más estrecho entre organizaciones y comunidad. En México, el importante sindicato de maestros se ha comprometido en la tarea de reconstituir su organización y ha diseñado una propuesta para lograr “un sindicato volcado a la sociedad”9.

Lo más significativo es que el sindicalismo se ha constituido, en varios países, en una organización que no sólo expresa los intereses de los agremiados sino de aquellos que no tienen voz, de la comunidad marginal10.

Finalmente, habría que señalar que en los últimos tiempos se han multiplicado los sujetos sociales y se han planteado procesos en las sociedades que tienen como resultado la constitución de corrientes de pensamiento, organizaciones y propósitos de lucha nuevos, ante los cuales el sindicalismo ha propuesto acciones en conjunto.

En resumen, la clase obrera y el movimiento sindical enfrentan una coyuntura en la cual su existencia se pone en duda. A pesar de la profundidad de los cambios y de lo que se denomina por algunos su derrota histórica, emergen nuevas propuestas de vinculación de organizaciones sindicales con la sociedad civil, lo cual supone no solamente la revisión de las formas organizativas tradicionales, los propósitos y las perspectivas de la clase obrera, sino la realización de acciones en conjunto con diversos grupos, la representación de los sectores no organizados y el enfrentamiento a reformas del Estado y la economía, que anteriormente realizaban los partidos, que exigen alianzas políticas con variados sectores sociales y un conocimiento mas profundo de las sociedades11.

Sindicalismo y política en Colombia

Aunque para los años cuarenta las centrales sindicales UTC y CTC ya existían y movilizaban a los trabajadores en torno a candidaturas del bipartidismo, realmente con la presencia de organizaciones comunistas y socialistas, en sus diversas vertientes, que el proyecto de creación de un sindicalismo independiente de las confederaciones controladas por los partidos tradicionales se artículó a una noción de un movimiento dispuesto a tener un papel protagónico en la sociedad. Por ello este nuevo sindicalismo llevó a sus más connotados dirigentes a algunos cargos de representación popular. No obstante, en la mayor parte de los casos el sindicato se concibió como un aparato de partido.

El éxito alcanzado por el movimiento sindical y popular en el paro cívico del 14 de septiembre de 1977 llevó a los trabajadores a fincar serias expectativas y a discutir sobre la posibilidad de oponerse a un plan de gobierno y a participar activamente en política. No obstante fue especialmente a partir de las negociaciones de paz que el sindicalismo se vio involucrado, desde la perspectiva del reconocimiento a su poder e influencia, en política.

Sin embargo, a partir del proceso de paz de la administración Betancur la iniciativa política del movimiento sindical fue presa de las distintas posturas que sobre el Gran Dialogo Nacional agenciaban las diferentes organizaciones insurgentes, los partidos políticos tradicionales y la izquierda legal. La hetereogénea composición ideológica de la CUT, con la consecuente disputa por el control del aparato, perfiló dos tendencias mayoritarias divididas en torno a la democracia sindical, la política de paz y apertura, la concertación y la movilización. Adicionalmente el sindicalismo contó con organizaciones que no se sometieron a la CUT y que divergían en cuanto a la concepción de la paz y el criterio que tenían los grupos insurgentes y el ejecutivo sobre la coyuntura12 . De tal suerte que la polaridad de intereses dentro del movimiento sindical se expresó en la ausencia de consenso y compromisos que potenciaran la lucha sindical y popular, justo cuando el movimiento cívico tenía su mayor auge.

La iniciativa política en el campo de la izquierda quedó enormemente influenciada por los diálogos de paz con la guerrilla; por esta razón la actividad del movimiento popular y sindical fue eclipsada por la lectura que el movimiento armado hacía de la coyuntura. El sindicalismo, más allá de sus actividades típicas, no logró articular un movimiento social que tuviera identidad frente al proceso de paz; por el contrario, sus posibilidades de autonomía se diluyeron por las distintas posturas que desde afuera del movimiento mismo se generaron en torno al debate. Prueba de ello fueron los intentos fallidos de paro cívico que se dieron al comenzar la década de los ochenta13.

La polaridad de intereses políticos de los sectores involucrados en la paz versus los intereses de los trabajadores se acentuó con las discusiones en torno a la denominada “apertura democrática” y el paro impulsado en 198514. Para unos la política de paz y la ampliación de la democracia era lo prioritario. Para otros, los diálogos de paz significaban, tal como se venían haciendo, el debilitamiento de la lucha social y el sometimiento a un proceso no muy claro de lucha por la democracia.

Uno de los acontecimientos que marcó más la polaridad a la que hacemos referencia fue el manejo que se le dio al denominado paro cívico del 27 de octubre de 1988. En efecto, aunque la CUT y otras organizaciones convocantes (Anuc, Onic, Coordinadora de movimientos cívicos) citaron a una protesta cívica, los grupos insurgentes formularon la propuesta de acciones militares durante dicha jornada. Esta no tuvo la trascendencia esperada; por el contrario el llamado de los grupos insurgentes a realizar acciones armadas durante el paro le sirvió al establecimiento para reprimir el movimiento de masas y a la gran prensa para señalar que el paro era subversivo; se evidenció entonces, la división de opiniones entre la insurgencia y el movimiento popular y las divergencias al interior de la CUT15.

Por esta misma época sectores del sindicalismo, como el magisterio y los trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, lanzaron candidaturas, bien como organizaciones o a su interior, para corporaciones públicas, y en algunos casos lograron las respectivas curules. Posteriormente, sin embargo, algunos de sus representantes asumieron prácticas clientelistas y el aporte fue mínimo.

Durante las últimas dos décadas el movimiento sindical ha deambulado entre la resistencia al modelo económico de turno; los vaivenes de la unidad y el debilitamiento gremial y padeciendo las transformaciones mundiales, para las cuales no estaba preparado. Además, la supremacía del tema de la guerra y la paz sigue gravitando negativamente sobre la autonomía de lo sindical. Finalmente, la imposibilidad de combinar la “concertacesión” –es decir el abandono de los reclamos del sindicalismo en las mesas de concertación con el gobierno– y, al mismo tiempo, responder a la presión de las bases obreras que reclaman lucha contra medidas neoliberales, ha fraccionado y debilitado a las organizaciones.

En la década de los noventa, amén de los debates enunciados, los trabajadores asumieron tanto la polémica en torno a las líneas de acción a seguir para enfrentar el modelo neoliberal, como la discusión sobre la condena del terrorismo y el secuestro como formas de acción política16, debate que emergió de manera clara en el último congreso de la CUT donde de discutieron las implicaciones de la denominada “violencia revolucionaria”.

La relación con los gobierno ha sido contradictoria. Bajo la administración de César Gaviria el número de conflictos obreros descendió. De hecho las estadísticas muestran que en este cuatrienio hubo un descenso de los conflictos laborales y un aumento de las luchas cívicas17. El respaldo coyuntural que algunos sectores del sindicalismo dieron a Ernesto Samper y sus propuestas de concertación y pacto social, en el mismo momento en que se implementaban medidas neoliberales, impidió una respuesta masiva y adecuada a las reformas que se promovían desde el Estado, especialmente la creación de un nuevo régimen laboral, de privatización de la asistencia social y administración de pensiones, la entrega al capital privado de empresas del Estado, etcétera.

No obstante, durante el período que estudiamos el movimiento sindical presentó trascendentales confrontaciones por la defensa de sus derechos. Las más importantes movilizaciones de estos últimos años se han dado contra medidas que buscan fraccionar y privatizar empresas del Estado, de manera que no ha sido fácil para los gobernantes la implementación de tales reformas. Destaca en esta primera mitad de la década la lucha librada por los trabajadores de Telecom en abril de 1992 en cuanto pudo impedir, en ese momento, la privatización e incluso logró la caída del ministro de comunicaciones. La respuesta gubernamental fue la penalización de la protesta social: “Al acusar a los dirigentes sindicales de terrorismo, el gobierno envía un mensaje claro a los trabajadores de otras empresas públicas, tales como los miembros de la USO (Unión Sindical Obrera), de que a ellos también les puede ocurrir”, afirmó el jefe de prensa de Telecom18.

Adicionalmente los trabajadores estatales llevaron a cabo el más largo cese de actividades en la historia de Colombia, aunque es evidente que no logró detener todas las medidas que el ejecutivo intentaba imponer. Es innegable que a partir de las jornadas de protesta de febrero de 1997 y 1998 se advierte una recuperación en la movilización19, mayor cohesión y claridad en los objetivos del movimiento sindical, a pesar de que subsisten grandes divergencias entre las centrales y dentro de éstas; ascenso que tuvo su mejor expresión en el paro cívico nacional del 31 de agosto de 1999.

El replanteamiento del sindicalismo colombiano

El sindicalismo colombiano, o al menos una parte de él, ha asumido el reto de replantearse y adecuarse a los nuevos tiempos. En dos hechos queremos sustentar nuestro planteamiento: en el rechazo al Plan Nacional de Desarrollo del presidente Pastrana y en la propuesta de Frente Político y Social que hace el último congreso de la CUT.

El Paro Cívico contra el Plan Nacional de Desarrollo

El Paro Cívico contra el plan de Pastrana es el resultado de un ciclo de ascenso del movimiento sindical y del fortalecimiento del punto de vista según el cual las organizaciones sindicales deben asumir abiertamente el reto de participar en política y trascender el marco limitado de las negociaciones de pliegos.

Cuando tan sólo habían transcurrido 47 días de la posesión del presidente Andrés Pastrana, las centrales obreras se lanzaron a un paro estatal contra el ajuste económico propuesto por el gobierno. En declaraciones a la prensa Luis Eduardo Garzón, presidente de la CUT, anticipó: “No podemos descartar el hecho de que los trabajadores estamos para participar en las decisiones del país… Me parece terrible que siempre estemos actuando en función de que los demás hablen por nosotros, sin que asumamos un liderazgo laboral y político”20, afirmación que sintetizaba la postura del sindicalismo colombiano que decide enfrentar un plan de gobierno. Los ocho puntos del petitorio sindical contemplaban desde las reivindicaciones gremiales hasta la modificación de algunas de las políticas del Plan de ajuste del gobierno. Al término de un paro de 21 días que involucró a más de 500 mil empleados estatales y en medio del asesinato de Jorge Ortega, Vicepresidente de la CUT, las partes llegaron a un acuerdo que concluyó aparentemente en “tablas” pero que finalmente no pudo evitar el recorte de personal y la liquidación de varias empresas. No obstante la débil representatividad de los sindicatos éstos demostraron una vitalidad política que se creía refundida y empleando argumentos legales lograron echar atrás algunas medidas.

Para el mes de febrero las centrales obreras ya habían reanudado su beligerancia contra el Plan Nacional de Desarrollo de la administración Pastrana. Desde los más diversos puntos de la geografía nacional confluyeron a lo largo de 1999 las persistentes protestas de variados sectores del movimiento social: transportadores de carga y de servicio público, taxistas, organizaciones campesinas e indígenas, deudores del Upac; comités de derechos humanos, estudiantes, coincidentes o no con las jornadas adelantadas por los sindicatos, atizaron la inconformidad y generaron las condiciones para una protesta de mayor envergadura.

En el mes de abril se habían contabilizado diez paros oficiales durante los últimos 18 meses, que le habían costado al país no menos de dos billones de pesos. El Cinep señalaba que “El 82% de los paros que se vienen realizando en el país se hacen por razones políticas y menos del 19% lo son por intereses salariales”21. Miguel Antonio Caro, vicepresidente de la CUT, explicaba la nueva dinámica: “El manejo del Plan Nacional de Desarrollo obliga a movilizarse a ámbitos políticos que es donde se toman las decisiones del Estado”22. Para el mes de junio el Dane anunciaba que la tasa de desempleo había llegado al 20%. El domingo 15 de agosto en varios diarios de circulación nacional las centrales obreras convocaban al paro general.

En días previos al paro el editorial del diario El Tiempo comentaba que “Basta conocer el pliego de 43 peticiones para entender que se trata de algo fundamentalmente político. Rechazar la deuda externa, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cualquier proyecto de privatización, los mecanismos de justicia especial –amén de nobles y utópicas exigencias, como la de garantizar la inmediata y plena vigencia de los derechos humanos– son consignas más propias de un programa de gobierno… Los planes de gobierno se votan, no se imponen en un pliego de peticiones”23.

El paro cívico fue un éxito en la medida que por primera vez el movimiento sindical exigió que el gobierno aceptara discutir un plan de desarrollo. En segundo lugar logró convocar, más allá del gremio, un contingente de fuerzas sociales disímiles que exigían acordar un plan nacional de desarrollo concertado con el movimiento social, punto de partida que nos permite advertir una transformación importante en la proyección política del movimiento sindical, que demuestra un mayor grado de autonomía y madurez política y la posibilidad real de alterar el tradicional límite de las terceras fuerzas en Colombia.

El Frente Político y Social

Como ya explicamos en la primera sección, uno de los mecanismos que pueden garantizar al movimiento sindical su vitalidad y permanencia en las sociedades latinoamericanas es la ruptura con los límites formales de sus marcos de acción y el planteamiento de objetivos que impliquen su vinculación con diversos sectores de la sociedad civil.

La más reciente acción del movimiento sindical, que augura la puesta a tono con las tendencias mundiales y regionales y su configuración como una nueva fuerza política autónoma es la aprobación, en el pasado congreso de la CUT, de la constitución de un Frente Político y Social24. Varios son los hechos que justifican este punto de vista.

Uno es que, a diferencia de los otros países del continente, la existencia de un conflicto interno de la magnitud del colombiano abre un espacio adicional para el sindicalismo. En efecto, el sindicalismo ha sido, con excepciones, un invitado de piedra en los diálogos de paz. Generalmente se ha movilizado por los actores del conflicto para presionar a favor de uno de los bandos o se ha sometido acríticamente a las negociaciones en nombre de un clamor generalizado por la paz. No obstante, siempre aparece como una fuerza con innegable poder de negociación, de intermediación política y de movilización de la población. Adicionalmente el sindicalismo puede constituirse en un interlocutor a nombre de quienes no se sienten expresados por el gobierno, las fuerzas armadas, los paramilitares o la guerrilla. El reconocimiento de su autonomía, que el movimiento sindical ha exigido de los actores en conflicto, podría permitir la conformación de un interlocutor nuevo en el contexto político colombiano.

En segundo lugar, hay en Colombia un evidente agotamiento y fraccionamiento de la izquierda y de los partidos políticos tradicionales. Los primeros sucumbieron ante la crisis del socialismo soviético y el sandinismo, la aceptación del foquismo, la limitada influencia en la sociedad y la escasa renovación de sus proyectos políticos ante los cambios nacionales e internacionales.

Los partidos tradicionales han preferido jugar a la opción multipartidista con la pretensión de desdibujar sus nexos con las viejas maquinarias y tratar de ganar adeptos. El Liberalismo, por ejemplo, ha deambulado de candidaturas rígidas de partido a la socialdemocracia y, recientemente, al multipartidismo sin poder desvirtuar las vinculaciones del expresidente Samper con el narcotráfico; igual cosa ha hecho el Partido Conservador.

Finalmente, el movimiento sindical ha ganado experiencia en materia política. De hecho se ha constituido, en la administración Pastrana, como la principal fuerza política opositora.

Es en este contexto que se entiende la formación del Frente Político y social. Por mayoría, el pasado congreso de la CUT aprobó como una de sus tareas centrales trabajar en la conformación de un Frente Social y Político que coordine en un movimiento de convergencia diferentes organizaciones sociales, políticas y personalidades que “…desde una posición de autonomía respecto al gobierno, los partidos tradicionales y la insurgencia armada estén dispuestas a incidir en el proceso de paz, impulsar la lucha social en contra del modelo de desarrollo imperante con miras a hacer prevalecer los intereses nacionales y el bienestar de la mayoría y exigir garantías para el ejercicio de la oposición…”25. La lucha por una paz posible y deseable, la reforma política democrática, la vigencia plena del Estado de Derecho en el marco de un modelo de desarrollo social son los puntos principales de esta convocatoria con la cual pretenden los trabajadores inscribirse en el escenario de la vida política nacional.

La novedad de la propuesta radica, a diferencia de otras experiencias de frente político del pasado, en que en esta ocasión son los trabajadores desde sus propias organizaciones sindicales quienes convocan a la unidad y participación políticas a diversos sectores de la sociedad.

Varios son, sin embargo, los problemas que debe superar este Frente Político y Social. En primer lugar, resolver la manera como se debe evaluar el tema de la violencia que cerca al movimiento sindical. Las fuerzas en conflicto, en diferentes épocas, han intentado colocar al movimiento sindical a favor de uno de los bandos. Las tensiones entre movimiento armado y sindicalismo, a las cuales hicimos referencia anteriormente, las presiones de los paramilitares a los dirigentes y activistas o la inclusión, sin previa consulta, del movimiento sindical en los actuales diálogos de paz, son sólo algunas de las manifestaciones de los enfrentamientos para lograr el control de las confederaciones.

La pretensión de algunos sectores que buscan que el movimiento sindical tome partido por uno de los bandos en conflicto, bien sea a nombre de una genérica “violencia revolucionaria” o bien como efecto de la persecución del paramilitarismo, limita las acciones del movimiento sindical y del futuro Frente Político y Social.

Quizás el aspecto que más preocupa es el de la denominada “violencia revolucionaria”. En apariencia hay una violencia plenamente justificada por ser agenciada por actores que supuestamente están con los intereses populares; entre tales actos estarían el secuestro, el boleteo, el nexo con el narcotráfico y los atentados contra las torres de energía y oleoductos. Históricamente la violencia ha sido un elemento central de las transformaciones sociales. No obstante, y es la diferencia más importante, habría que preguntarse si el tipo de violencia que se da en Colombia es plenamente revolucionario. El sentido de la violencia revolucionaria es definido por Merleau-Ponty como aquella que puede crear relaciones más humanas entre los hombres. Creemos que los métodos empleados por el movimiento insurgente para financiarse o para fabricar una audiencia o noticias no están permitiendo, ni permitirán en el futuro, relaciones más humanas entre los hombres. La violencia revolucionaria tiene una distinción de forma y de fondo con los métodos empleados hoy; por ello el tipo de violencia ejercida en Colombia no tiene futuro. De manera que es vital tanto para el movimiento sindical como para el Frente Político y Social deslindar el campo con este tipo de violencia.

Esta polémica que se ha desatado al interior del movimiento sindical renueva los debates en torno a la violencia contemporánea en Colombia y especialmente a la manera como se concibe su origen26. Asimismo, este tema será importante en los diálogos de paz al momento de considerar cuáles son los delitos políticos, cuáles son propios de la guerra y cuales no.

En segundo término, el Frente tiene el reto de superar el escaso nexo que el sindicalismo tiene con los distintos sectores de la sociedad y constituirse en un interlocutor que exprese eso que se ha dado en llamar la sociedad civil. Para ello debe asimilar críticamente la experiencia del continente y de países europeos.

Un tercer aspecto es que el sindicalismo y el Frente deben generar respuestas que superen la consigna y se inserten adecuadamente en el campo de las proposiciones. A problemas tan severos como el desempleo, el subempleo y la reducción de puestos de trabajo y salarios se deben encontrar alternativas surgidas e impuestas desde este tipo de organizaciones.

En cuarto lugar, los vicios de las organizaciones políticas a nivel continental –el clientelismo, el gamonalismo y las decisiones impuestas–, han llevado a un desgaste de los partidos tradicionales y a la aparición de nuevas fuerzas, muchas de las cuales han negado, como en Perú, la democracia formal en nombre de la lucha contra la corrupción. De manera que el diseño de mecanismos de participación que aseguren formas elementales para la expresión de las ideas plantea al Frente el reto para innovar políticamente y el diseñar un proyecto político coherente.

Finalmente, el Frente Político tiene el reto de aprender y superar la limitada experiencia de los frentes políticos en Colombia, muy circunscritos a la contienda electoral, a ser aparatos de partido, a ser víctimas de la represión oficial o paraestatal y a ser cooptados por el establecimiento o, como en el caso reciente de importantes sectores del magisterio colombiano, ser presa del clientelismo.

De no superar estas limitaciones y otras más, la manera como el sindicalismo colombiano afronta los nuevos tiempos, salvo algunos feudos, tenderá a desaparecer y no podrá enfrentar adecuadamente la globalización ni formular alternativas al país.

Comentario final

El movimiento sindical colombiano se ha transformado en las dos últimas décadas. A pesar de la debilidad numérica de los sindicalizados, que evidentemente ha descendido en los últimos años, y de la limitada resistencia a reformas neoliberales, el sindicalismo se ha erigido como un interlocutor con voz propia. Quizás lo más destacado ha sido que públicamente afirma su dimensión política y trasciende el pliego de peticiones a los empresarios para dialogar con el Estado y el gobierno en torno a los planes de desarrollo.

La propuesta de constitución de un Frente Político y Social, emanada del seno de la CUT y respaldado por un importante número de organizaciones y partidos, no solamente renueva al sindicalismo y expresa su transformación, sino que inaugura, al menos eso comienza a señalarse por diversos especialistas, una nueva época para las denominadas terceras fuerzas en Colombia. De su consolidación dependerá igualmente que la paz no se convierta en un acuerdo entre élites o en un acuerdo entre la gran potencia, Estados Unidos, y la dirección del movimiento insurgente con la intermediación del gobierno colombiano.


Citas

1 Sobre el particular véase Javier Aguilar García (Coordinador), Historia de la CTM, 1936-1990, México, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, Instituto de Investigaciones Sociales, Facultad de Economía, 1990.

2 Es el caso del dirigente Vicente Lombardo Toledano en México, véase Martín Tavira. Vicente Lombardo Toledano. Rasgos de su lucha proletaria. México, Publicaciones Mexicanas, 1990.

3 No es extraño en el continente la candidatura a los distintos cargos de elección popular de reinas de belleza, actores, miembros de las iglesias y académicos.

4 Así por ejemplo, los partidos políticos en México dejan, momentáneamente, la discriminación y se pelean el voto de organizaciones de homosexuales.

5 Un análisis de los nexos entre privatización y la variación en las relaciones de empleo en Julia O’Connell Davidson. Privatization and Employment Relations. The Case of the Water Industry. New York, Mansell, 1993, Cap. 1, “privatization and the variability of capitalist employment”, pp. 1 y ss.

6 Aunque en Colombia sólo en los últimos años ha comenzado el debate sobre la flexibilización, en varios países del continente existen, desde finales de los ochenta, medidas en tal sentido. Véase para el caso venezolano Pedro Galín y otros. La flexibilización laboral en Venezuela ¿Nuevo nombre o nueva realidad?. Caracas, ILDIS, Editorial Nueva Sociedad 1991; para México Francisco Zapata (compilador). ¿Flexibles y productivos? Estudios de flexibilidad laboral en México. México, El Colegio de México, 1998. Una síntesis del proceso en América Latina en Enrique de la Garza. “Flexibilidad del trabajo en América Latina” en Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo. Sao Paulo, Año 3, No 5, 1997, pp. 128 y ss.

7 Así lo reconocen la mayor parte de los dirigentes sindicales de América Latina, véase a manera de ejemplo Francisco Hernández Juárez y María Xelhuantzi López. El sindicalismo en la reforma del Estado. México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 126. El caso argentino en Arturo Fernández. Flexibilización laboral y crisis del sindicalismo. Buenos Aires, Espacio Editorial, 1997.

8 Esta perspectiva renueva un viejo principio del internacionalismo de la clase obrera. Véase una polémica sobre la idea del sindicalismo mundial en Andreas Breintentellner. “El sindicalismo mundial, un posible interlocutor” en Revista Internacional del Trabajo. Ginebra, Vol. 116, No 4, 1997, pp. 575 y ss.

9 Véase las propuestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Elba Esther Gordillo. La construcción de un proyecto sindical. Mi testimonio. México, Taurus, 1995.

10 Kirten S. Wever. “Utilidad de los sindicatos para subsanar las carencias sociales y económicas de los países avanzados” en Revista Internacional del Trabajo. Ginebra, Vol. 116, No 4, 1997, pp. 485 y ss.

11 Este proceso supone igualmente la transformación del dirigente sindical, pues es evidente que ya el agitador debe dar paso a alguien con una formación más amplia y con la capacidad de dialogar con los diversos sectores de la sociedad.

12 Hacemos referencia a los sindicatos y centrales en las cuales el MOIR tenía influencia, como la CDTC y luego la CGTD.

13 A mediados de 1980 se comenzó a discutir la realización de un nuevo paro cívico nacional; sin embargo nunca se fijó la fecha y, por el contrario, todo el trabajo se enfocó a la preparación del II Foro por los Derechos Humanos. Véase al artículo “Nueva traición a la clase obrera” en Colombia Hoy. Bogotá, No 16 septiembre de 1980, pp. 4 y ss.

14 El Partido Comunista tituló su semanario Voz Proletaria del 21 de marzo de 1985 con la siguiente consigna: “Por la apertura democrática, tercer paro cívico nacional”.

15 Concretamente el secretario general de CUT se pronunció contra las debilidades del comité ejecutivo de la Central ante los criterios militaristas y los efectos negativos en la credibilidad de la CUT. Véase Informe del secretario general de la CUT ante el II congreso de esta organización realizado del 4 y al 8 de diciembre de 1989.

16 Las diferencias entre el movimiento sindical y las concepciones de los grupos insurgentes ha llevado a varias organizaciones sindicales, incluida la Unión Sindical Obrera (USO), a pronunciarse en diferentes circunstancias contra acciones del movimiento armado, especialmente la voladura de oleoductos y torres de energía.

17 Véase Martha Cecilia García. “Luchas cívicas” en Cien Días. Vol. 6. No 26, mayo/junio de 1994, pp. 22 y ss.

18 Citado por Consuelo Ahumada en El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana. Bogotá, El Áncora Editores, 1996, p.276.

19 El Tiempo informó sobre el récord de protestas en la última década: 158 huelgas. Véase El Tiempo, sábado 1 de mayo de 1998, p. 14ª.

20 El Tiempo, 11 de octubre de 1998, p. 3a.

21 El Espectador, 25 de abril de 1999, p. 14.

22 El Espectador, 25 de abril de 1999, p. 14a.

23 El Tiempo, 29 de agosto de 1999, p.12.

24 Aunque la iniciativa se formula en el congreso de la CUT es necesario aclarar que diversas organizaciones sindicales y políticas se han sumado a la propuesta.

25 Frente Social y Político, Comité de Impulso: Luis Eduardo Garzón –Presidente de la CUT–, Apecides Alvis –Presidente de la CTC–, Alejo Vargas –académico–, Marcel Silva Romero –abogado laboralista–, Oscar Molina –investigador–, Antonio López –Presidente de la Corriente de Renovación Socialista–. Plegable, Bogotá, 1999.

26 Recordemos que la polémica entre analistas giró en los años ochenta en torno a si el factor explicativo más importante que esclarecía la violencia contemporánea eran los sujetos –la decisión individual– o las estructuras económicas, políticas y sociales.