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Ante las violencias contra universitarias: acción colectiva, estudiantil y feminista*

Diante das violências contra as estudantes universitárias: ação coletiva, estudantil e feminista

In the Face of Violences against Female University Students: A Student- Based and Feminist Collective Action

DOI: 10.30578/nomadas.n51a14

 

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Sarah Valentina Forero Bustamante**

Resumen

El presente estudio de caso busca describir y hacer visible el papel de la acción colectiva estudiantil feminista en la adopción de medidas para eliminar las violencias contra las mujeres, especialmente a través de los protocolos. El análisis cualitativo de cinco unidades, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Nacional de Colombia, en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2018, da luces sobre los procesos de transformación social y política a través de la educación superior.

Palabras clave: violencias contra las mujeres, acción colectiva feminista, medidas institucionales, universidades colombianas, protocolos de intervención, investigación cualitativa.

Resumo

Este estudo de caso procura descrever e tornar visível o papel da ação coletiva estudantil feminista na adoção de medidas para eliminar as violências contra as mulheres, principalmente por meio de protocolos. A análise qualitativa de cinco unidades, a Pontifícia Universidade Javeriana, a Universidade de Antioquia, a Universidade de los Andes, a Universidade Industrial de Santander e a Universidade Nacional da Colômbia, no período entre 2008 e 2018, dá uma luz sobre os processos de transformação social e política mediante o ensino superior.

Palavras-chave: violência contra as mulheres, ação coletiva feminista, medidas institucionais, universidades colombianas, protocolos de intervenção, pesquisa qualitativa.

Abstract

This case study seeks to describe and make visible the role of feminist student-based collective action in the adoption of measures to eliminate the diverse violences against women, especially through protocols. The qualitative analysis of the period between 2008 and 2018, using five universities in Colombia as units [Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes, Universidad Industrial de Santander, and Universidad Nacional de Colombia], gives an account on the social and political transformation processes throughout higher education institutions.

Keywords: Violence against Women, Feminist Collective Action, Institutional Measures, Colombian Universities, Intervention Protocols, Qualitative Research.

*Este artículo emerge de la investigación “Acción colectiva y medidas institucionales ante las violencias contra universitarias en Colombia (2008-2018)”, realizada en el marco del trabajo de grado para optar por el título de Politóloga de la Universidad de La Sabana, iniciado en el 2017 y concluido en marzo del 2018; fue dirigido por Diana María Salcedo López.
**Vinculada al área de enfoques diferenciales en una organización intergubernamental, Bogotá (Colombia). Politóloga de la Universidad de La Sabana. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Introducción

Las violencias contra las mujeres, una forma de violencia basada en el género, son una de las violaciones a los derechos humanos más extendida en el mundo (UN Women, 2018). En Colombia, las mujeres entre los 17 y los 29 años son el grupo más afectado por la violencia sexual, conyugal y el feminicidio (Sisma Mujer, 2016; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017). Teniendo en cuenta que en Colombia la edad promedio de ingreso a instituciones de educación superior (IES) son los 17 años y la de egreso está entre los 21 a los 23 años, resulta pertinente poner en la agenda de las universidades la eliminación de las violencias contra las mujeres.

La Ley 1257 involucra desde el 2008 obligaciones específicas para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en materia de garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencias, y en esta línea, en el 2013 dicha institución expidió los Lineamientos de Política de Educación Superior Inclusiva. En el 2015, la Corte Constitucional a través de la sentencia T-141 ordenó al MEN, entre otras, ajustar los Lineamientos para considerar de manera específica la situación de las personas que padecen discriminación racial y de género. Así, en el 2018 el MEN adoptó un documento complementario a los lineamientos sobre “Enfoque e Identidades de Género” elaborado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, y ese mismo año, a través de la sentencia T-239 del 2018 la Corte Constitucional ordenó al MEN establecer lineamientos para las instituciones de educación superior sobre: 1) los deberes y obligaciones de las IES en relación con los casos de acoso laboral o de violencia sexual y de género que suceden dentro de éstas y ٢) las normas y estándares que regulan la atención de casos de posible discriminación en razón de sexo o género en contra de estudiantes y docentes en los centros de educación superior.

Sin embargo, actualmente son pocas las instituciones universitarias en Colombia que han adoptado medidas (de prevención, atención, visibilización, sanción) para erradicar las violencias contra las mujeres de los contextos universitarios. ¿Por qué? ¿Por qué algunas universidades hoy en día cuentan con protocolos de atención y otras no? ¿Qué factores pueden haber influido en la adopción de medidas?

Éstas son algunas de las preguntas que guiaron esta investigación, la cual halló en la acción colectiva estudiantil feminista un factor clave para la adopción de medidas que buscan garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Esto, sin desconocer que la confluencia de factores como el feminismo académico, la incidencia de la cooperación internacional, las denuncias valientes de las víctimas y el apoyo de los medios de comunicación posibilita o abre las oportunidades para la demanda efectiva de los colectivos estudiantiles feministas ante las autoridades universitarias. El texto primero conceptualiza la violencia contra las estudiantes1 como una injusticia social, lo cual evidencia la necesidad de que las instituciones educativas aborden la problemática. Luego, describe analíticamente la respuesta a estas violencias desde la acción colectiva universitaria y las reformas que ha logrado, materializadas en la adopción de medidas institucionales, principalmente protocolos de atención. Por último, se exponen las conclusiones.

El enfoque metodológico utilizado en esta investigación es cualitativo, del tipo estudio de caso, con un diseño histórico-sociológico, intrínseco y descriptivo (Hancock y Algozzine, 2017). Toma como observaciones del caso (Gerring, 2011) cinco universidades: Universidad Nacional de Colombia (UN), Universidad de los Andes (los Andes), Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), Universidad de Antioquia (UdeA) y Universidad Industrial de Santander (UIS), cuya elección responde a la riqueza de los datos (Van, 2002) y a un muestreo intencional de intensidad con el cual “uno busca ejemplos excelentes o ricos del fenómeno de interés, aunque no los casos altamente inusuales” (Patton, 2002: 234), ponderando las siguientes características: régimen estatal-privado, carácter laico-confesional y ubicación Bogotá-fuera de Bogotá. Se enmarca temporalmente entre el 2008 –por ser el año de expedición de la Ley 1257–, y marzo del 2018 –momento en el cual fue aprobado el “Protocolo de atención a las violencias basadas en género” por la UIS–. Sin embargo, los datos han sido actualizados al 2019.

De cada universidad se indagó por la acción de uno de los colectivos pioneros y más representativos en la movilización contra estas violencias en su institución, a saber: el Colectivo por las Mujeres UIS, creado en el 2009; Colectiva Blanca Villamil de la UN, Polifonía de la PUJ y Pares de Acompañamiento Contra el Acoso (PACA) de los Andes, los cuales fueron creados en el 2014; y el Colectivo Diversidades Sexuales y de Género de la UdeA que surgió en el 2016. También fueron realizadas diez entrevistas semiestructuradas en profundidad a personas clave que hicieron parte y pudieron dar cuenta del proceso de su universidad, se procuró la diversidad en los roles desempeñados2. Para el levantamiento de información, se incorporó el análisis documental, incluyendo la revisión de prensa –fueron analizadas las noticias en medios de comunicación digitales relativas a casos de violencia contra estudiantes mujeres en las universidades desde el 2008 hasta marzo de del 2018– y el análisis de las fuentes primarias que contienen las respuestas institucionales (protocolos, políticas y planes de desarrollo) que habían sido adoptadas hasta el momento por esas universidades. En relación con el enfoque de análisis e interpretación de los datos se buscó la triangulación de información proveniente de las diversas fuentes y se usó el refinamiento en curso de categorías y conceptos (Hancock y Algozzine, 2017).

Las violencias contra las mujeres como injusticia social

Las violencias contra las mujeres han sido definidas desde los ámbitos sociales, políticos y legales, por lo que existe actualmente un relativo concenso en cuanto a su conceptualización. En Colombia, la Ley 1257 del 2008 las especifíca como cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Sin embargo, la adopción de marcos normativos no es suficiente para comprender sus orígenes e implicaciones, ni se traducen necesariamente en la eliminación de estas violencias. Como se observa en la figura 1, las cifras siguen siendo muy altas y algunas van en aumento.

Fuente: elaboración propia con base en Informes Forensis (2008 a 2018) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forensis.

Específicamente en las universidades, el trabajo de campo identificó la existencia de los cuatro tipos de violencia establecidos por la Ley 1257 del 2008. Éstas van desde sesgos en exámenes de admisión3 que limitan su acceso a la Universidad, nombramiento de edificios sólo con nombres de hombres históricamente relevantes, chistes sexistas, hasta golpes por parte de sus parejas, actos sexuales no consentidos y el feminicidio. Los tipos de violencia más recurrentes son la violencia psicológica y la sexual, siendo las estudiantes las más afectadas. Este hallazgo coincide con investigaciones nacionales e internacionales (Fernández et al., 2005; Valls, et. al, 2008; Mingo, 2016; Koss et al., 1987; Fisher et al., 2000; Westat, 2015; Moreno et al., 2007; Castrillón et. al., 2010; Hinojosa et al., 2013; Dirección de Bienestar Universitario Sede Bogotá, 2016).

Un análisis de las violencias contra las mujeres desde el ámbito político y social resulta pertinente y complementario al jurídico y estadístico. Según Iris Marion Young, cuando la violencia se dirige específicamente hacia grupos que comparten características diferenciadas socialmente (género, etnia, edad, religión), constituye una forma de opresión y, por tanto, una injusticia social (Young, 2000). En otras palabras, una violencia de este tipo implica que la sociedad en general, las instituciones y prácticas a través de las cuales se organiza, tienen responsabilidad en el origen, la ocurrencia y la continuación de tal injusticia. Aunque en Colombia la Ley 1257 establece desde hace más de una década normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, la organización social patriarcal y la cultura machista, que genera distribuciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, orientan los arreglos institucionales, las distribuciones de recursos (materiales e inmateriales) y las prácticas cotidianas (Young 2000) que posibilitan y toleran las violencias contra las mujeres. Estas violencias, o privación de las necesidades básicas fundamentales de las mujeres –supervivencia, bienestar, identidad y libertad– en términos de Galtung (1990), suponen la obtención de privilegios por parte de los hombres, como miembros de un grupo social diferenciado por el sexo (Young, 2000).

La Universidad, al ser un espacio de socialización refleja las relaciones sociales, y también las crea4. De este modo, no sólo las violencias suceden en los ámbitos universitarios, sino que las IES están llamadas a reforzar las actividades que buscan erradicar la violencia, así como eliminar todos los estereotipos fundados en el género en la educación superior y promover la participación efectiva de las mujeres (Declaraciones Mundiales de Educación Superior, 1998, 2009). En la misma línea, la Constitución Política de Colombia (1991), la Ley 1257 (2008) y el Decreto 4798 (2011) establecen la función social del bien público de la educación, que debe propender por los derechos humanos, la paz, la democracia y la justicia. La modificación de las prácticas cotidianas, los arreglos institucionales y las distribuciones de recursos en las universidades podrían entonces constituir un avance significativo en la eliminación de esta vulneración a los derechos humanos, ampliamente extendida en nuestro país.

Los procesos de respuesta: el papel de la acción colectiva feminista

La propuesta de Sidney Tarrow5 para comprender los movimientos sociales resulta útil al estudiar la acción colectiva universitaria feminista que ha tenido relación con la adopción de medidas para responder a las violencias contra las mujeres. Según Tarrow, los movimientos pueden definirse como “desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades” (1997: 21), de este modo, la acción colectiva sólo se convierte en un movimiento social cuando logra mantener su actividad frente a los antagonistas (Tarrow, 1997).

Por un lado, los colectivos estudiantiles analizados se han organizado en torno al objetivo común de eliminar las violencias de género (principalmente contra las mujeres) en sus universidades, visibilizando la existencia de éstas y la falta de medidas y respuestas institucionales y demandando la adopción de protocolos para atender las violencias, políticas de equidad de género, nuevas instancias universitarias, campañas de prevención, capacitaciones a personal docente y administrativo.

Por otro, aunque no es posible establecer, debido a las limitaciones temporales de la investigación, la existencia de un movimiento social universitario y feminista, sí se identifica claramente la existencia de la acción colectiva mantenida en cierto periodo de tiempo (especialmente desde el 2014 hasta el 2018) y su papel fundamental en que las universidades den respuesta a las violencias contra las estudiantes.

La acción colectiva puede presentarse principalmente de tres formas: violenta, convencional o disruptiva; tiene tres fuentes de poder: la capacidad para desafiar a las autoridades, para generar incertidumbre y para incentivar la solidaridad; y su éxito depende de la posibilidad de explotar las oportunidades políticas y de crear marcos para la acción colectiva (Tarrow, 1997). Lo que se plantea a continuación es una descripción de los procesos de adopción de medidas para responder a las violencias de las cinco universidades y su relación con las categorías que definen la acción colectiva, evidenciando su rol clave en la adopción de compromisos institucionales.

En primer lugar, los/as docentes que en sus respectivas universidades abordaban asuntos de género, derechos de las mujeres y señalaban la pertinencia de investigar y adoptar medidas para responder a éstas, iniciaron un proceso de enmarcado que no sólo incentivó la reflexión y la acción colectiva estudiantil, sino que la orientó teóricamente.

El enmarcado, como actividad clave de los movimientos sociales, consiste en inscribir agravios en marcos globales que identifican una injusticia (la violencia contra las mujeres), atribuir responsabilidades de ésta a otros (directivas universitarias) y plantear soluciones (visibilizar, apoyar, generar medidas de prevención, atención y erradicación) (Snow y Benford, 1992, citado en Tarrow, 1997). Pero, el proceso no es necesariamente fácil, claro o incuestionado, ya que quienes lideran el movimiento compiten con otros actores por la supremacía cultural (Tarrow, 1997).

El marco de interpretación de las violencias contra las estudiantes en las universidades es fundamentalmente el feminismo, reflejado en que los colectivos estudiados, de manera explícita o implícita, en su accionar y discurso señalan al sistema patriarcal (categoría propia de la teoría feminista) como la raíz de esas violencias. Además, apelan al discurso de los derechos humanos y reivindican la educación de calidad.

Sin embargo, aunque las instituciones no prohibían el desarrollo de investigaciones o medidas de manera explícita, la falta de recursos destinados a investigaciones sobre este tema o las grandes cargas laborales terminaban por desincentivar o hacer inviable la continuidad y posterior adopción de estas medidas por parte del profesorado. A ello se suma el que en el trabajo de campo se identificó como la principal limitante al poder de la acción colectiva del profesorado la relación laboral con la Universidad.

Así, el surgimiento de los colectivos estudiantiles resulta ser el vínculo que da continuidad al proceso de enmarcado y de demandas de respuestas institucionales. Éstos han adoptado especialmente la forma convencional de la manifestación y diversas acciones disruptivas no violentas como plantones, tendederos, conversatorios y conmemoración de fechas relevantes como el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre) y el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). Estas maneras de actuación –repertorios de acción colectiva, en términos de Tarrow (1997)– coinciden con las del movimiento feminista en sus diversas etapas y aproximaciones6.

A través de las acciones mencionadas, los colectivos han ganado poder y han desafiado el de las autoridades universitarias. Primero, han puesto en evidencia puntos débiles de las directivas como el temor a la afectación de la imagen institucional; segundo, crean incertidumbre al mostrar la ausencia de límites predecibles (Tarrow, 1997); y, tercero, establecen vínculos que perduran con base en la solidaridad.

Esto se evidencia en los casos de los Andes, la UIS y de manera contrastada en la PUJ. En las dos primeras universidades se presentaron casos de violencia en los que las estudiantes agredidas se atrevieron a denunciar después del momento en que se marca la existencia de la acción colectiva estudiantil (PACA y “No es Normal”, en los Andes y el Colectivo por las Mujeres UIS). En consecuencia, estas estudiantes contaron con el respaldo de los colectivos, que aumentaron su poder a través del aumento de la incertidumbre de la movilización.

A través de la incertidumbre se aumentan los costes potenciales de las autoridades, lo cual puede movilizar sus respuestas. La duración desconocida de las manifestaciones, la posibilidad de que las acciones se extiendan a otros y de que desencadenen en violencia son factores que aumentan la incertidumbre de la acción colectiva y con ello su poder (Tarrow, 1997). En la información recopilada no hay evidencia de que las acciones hayan desencadenado actos violentos, sin embargo, éstas sí se han extendido y se han consolidado, demostrando la expansión de oportunidades para otros grupos movilizados y de herramientas que éstos pueden copiar o sobre las cuales pueden innovar (Tarrow, 1997). Ejemplo de esto es la campaña “No es Normal” que nació en los Andes (con el apoyo clave de la docente Isabel Cristina Jaramillo) y hoy en día es replicada por colectivos de la PUJ, la Universidad Externado y la Universidad del Rosario. Las páginas de Facebook de estas campañas, hasta octubre del 2019, tenían un total de 7.947 seguidores/as.

En los Andes, según Sofía Díaz, fue el caso de una asistente graduada que trabajaba con un profesor de la Facultad de Economía lo que llevó a la adopción del Protocolo contra el Maltrato, el Acoso, la Amenaza y la Discriminación (Protocolo MAAD). La víctima que denunció ante las directivas universitarias haber sido violentada sexualmente por el docente, contó con el apoyo del grupo de la campaña “No es Normal” y de algunas profesoras, quienes lograron la movilización de la comunidad universitaria; durante junio del 2016 el caso fue difundido en El Tiempo, Blu Radio, W Radio, RCN Radio y El Espectador, y el 10 de agosto de ese mismo año el Comité Directivo adoptó el Protocolo MAAD.

De manera similar, en la UIS, en agosto del 2017, una estudiante denunció haber sido violentada sexualmente dentro del campus por parte de otro estudiante. De acuerdo con José Enciso (comunicación personal, mazo del 2018), la estudiante lo hizo público en Facebook y los colectivos se unieron y la empezaron a apoyar, se realizó una encuesta virtual para recoger casos contra estudiantes en la Universidad, se hicieron plantones, y esto alcanzó los medios de comunicación. En la revisión de prensa realizada se observó que el caso referido por Enciso fue divulgado en Las2Orillas, W Radio, Blu Radio, La FM y El Tiempo a finales de agosto del 2017, siendo la primera vez que un caso de violencia contra las mujeres en esa Universidad alcanzaba periódicos distintos a Vanguardia Liberal desde el 2008.

Esto llevó a que ese año se diera inicio a la formulación del Protocolo. Sin embargo, fue necesaria nuevamente la acción colectiva para dar celeridad a su aprobación. A mediados de febrero del 2018 docentes y estudiantes realizaron dos plantones frente al edificio de la Rectoría exigiendo la aprobación del Protocolo que habían contribuido a construir, el 21 de febrero Vanguardia Liberal reportó los plantones y cuestionó acerca de la demora para la aprobación del documento. El primero de marzo del 2018, mediante la Resolución 298, el rector aprobó el Protocolo de Atención a Hechos de Violencia basada en Género.

En el caso de la UIS cabe resaltar la influencia de los proyectos Feges y Miseal en el proceso de consolidación de un marco normativo para la equidad de género. No obstante, de acuerdo con el trabajo de campo, aunque la política de género fue formulada, ésta se archivó (Enciso, comunicación personal, marzo del 2018), lo cual refleja que la agencia de la cooperación internacional, aunque es relevante, si no cuenta con el contexto apropiado, no necesariamente se traduce en la adopción de medidas que busquen alcanzar los objetivos propuestos.

En el caso de la PUJ, se evidencia la acción colectiva como elemento necesario para la visibilización de casos de violencia particulares, así como el papel fundamental de la solidaridad como elemento de poder de la acción colectiva. Juanita Díaz, estudiante de Artes Visuales, fue violentada sexualmente por un estudiante en el 2011. En octubre del 2012 dio a conocer su caso a las autoridades universitarias, las cuales no tomaron acciones, por lo que Díaz inició un proceso judicial ante la Fiscalía en contra del agresor. Ante la demora judicial, en el 2014, Juanita inició el proyecto artístico “I de Insistencia”. Sin embargo, “los actos de desafío individuales en sí mismos son fáciles de ignorar debido a la ausencia de solidaridad” (Tarrow, 1997: 183) y Juanita no tuvo respuesta institucional.

La solidaridad es tal vez el factor de poder más importante para esta expresión universitaria del movimiento feminista. Los colectivos además de haber sido formados por la movilización de solidaridades (o sororidades) preexistentes entre un reducido número de mujeres conscientes de las vulneraciones comunes por ser mujeres, se consolidaron como grupos de apoyo y acompañamiento a las estudiantes víctimas, lo cual, de acuerdo con Gamson, Fireman y Rytina, es “esencial para activar la disposición de los individuos a alzar la voz contra una autoridad injusta, autoridad que quizá habrían tolerado en caso de tener que enfrentarla solos” (Tarrow, 1997: 55). Estos mecanismos, según Tarrow, crean redes de solidaridad que permiten el mantenimiento de las redes de base a pesar de la disminución en el nivel de acción colectiva (1997).

El colectivo Polifonía surgió en octubre del 2014, de modo que cuando sus integrantes se enteraron del caso de Juanita Díaz, aunaron esfuerzos y fueron adoptando diversas formas de acción colectiva como charlas y manifestaciones que, después de algunos años de consolidación, estuvieron relacionadas con las respuestas institucionales: el 25 de julio del 2016 la Universidad divulgó al estudiantado a través del correo institucional una circular sobre “Procedimientos posibles para casos de violencia sexual” y algunos “Pasos para la orientación y acompañamiento en casos de violencia sexual para estudiantes”. Éstos no respondían al problema y lo que hacían era revictimizar (Chavarro, comunicación personal, enero 19 del 2018), por lo cual fueron rechazados por los colectivos, movilizándose para el logro de nuevas medidas. Durante la segunda mitad del 2016 se crearon espacios de discusión entre los colectivos estudiantiles y el personal universitario encargado de la construcción y difusión de los pasos, sin llegar a consensos. En términos de Tarrow, no existían en ese momento las oportunidades políticas que lograran movilizar las demandas de manera exitosa.

El 25 de noviembre de ese año, Caracol Radio publicó una noticia intitulada “Colectivos estudiantiles consideran el acoso sexual como un secreto a voces en las universidades”, en la cual se visibilizaba la problemática y se señalaba la existencia de protocolos para responder a ésta en los Andes, la PUJ y la Universidad del Rosario. A esto le siguió un informe especial de Vice Colombia7, cuyo primer artículo cuenta la historia de Juanita Díaz y es replicada por tres noticias diferentes de El Espectador. Luego, a mediados de febrero se hizo público el caso de María Paula Larrota, quien denunció haber sido maltratada físicamente en distintas ocasiones por su exnovio, un profesor de la PUJ, la noticia se publicó en Caracol Radio, Noticias RCN, RCN Radio, Publimetro y La FM, y también motivó una manifestación el 8 de marzo en el centro de Bogotá organizada por la fundación Maisa. Aunque, después de esto, parece haber un periodo de disminución de la acción colectiva, el papel de los medios de comunicación resulta clave en la apertura y expansión de las oportunidades para la acción colectiva. El eco generado por los medios de comunicación visibiliza los casos, potencializando el poder de la denuncia, pues genera, entre otras, afectación de intereses como el prestigio y la imagen de la Universidad.

El 24 de agosto del 2017, Polifonía, junto a otros colectivos y semilleros de investigación javerianos, llevó a cabo el evento Desarmar las Violencias Basadas en Género y Sexualidad en los Espacios Universitarios, al que asistieron colectivos de varias universidades del país y se organizaron mesas de trabajo en las que participaron trabajadoras del área de Bienestar Universitario de la PUJ con quienes se habían dado las interacciones previas. Días después del evento, los colectivos fueron invitados por el personal encargado de la Universidad a integrar la mesa de construcción de un nuevo protocolo. El Protocolo de la Javeriana fue adoptado el 25 de julio del 2018, mediante Resolución rectoral No. 665.

En contraste con los procesos de las tres universidades anteriores, la UN tenía adelantado el proceso de consolidación de un marco de interpretación para canalizar las demandas de transformación institucional, en términos de Tarrow. Esto resultó ser un elemento que facilitó la adopción de medidas y la construcción de un Protocolo que, como se verá, es tal vez el más completo e innovador. En el 2003, la UN firmó el Acuerdo Nacional para la Equidad entre Hombres y Mujeres, y en el 2010 la Contraloría ordenó a la UN avanzar en los compromisos adquiridos en ese Acuerdo. Después, esta Universidad participó de los proyectos de cooperación internacional Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Educación Superior (Feges)8 ejecutado entre el 2011 y el 2015, y Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina (Miseal) implementado entre el 2012 y el 2014. En el contexto de estos proyectos, la UN adoptó la “Política institucional de equidad de género y de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Universidad Nacional de Colombia” por medio del Acuerdo 035 del 2012, y como parte de su implementación se creó el Observatorio en Asuntos de Género en el 2016.

Estos proyectos con gran influencia en el caso de la UN reflejan una “tendencia global impulsada por la cooperación internacional, la cual ha hecho eco de la militancia académica feminista” (Fuentes, 2016: 75). Esto, además de la cultura de movilización social
históricamente arraigada en la UN, proporcionó un marco para el surgimiento de la Colectiva Blanca Villamil en el 2014, uno de varios colectivos que desde hace años abordan las violencias contra las mujeres en la Universidad9. La Colectiva creó en el 2015 la campaña En la Nacho no Más Machos, y sus integrantes llevaron a cabo acciones disruptivas pero que fomentaban la solidaridad, como la ubicación de buzones para recoger casos, tendederos y manifestaciones (Buitrago, comunicación personal, mayo 23 del 2018).

En ese contexto, tanto Cindy Caro como Jennifer Torres mencionaron que en el 2016 se empezó a desarrollar un proyecto en Bienestar Universitario para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre violencias de género en cuyo marco se llevó a cabo la investigación “Rompiendo el silencio” que generó cifras sobre violencia sexual en la UN, Sede Bogotá (comunicaciones personales, 2018). En paralelo, esta unidad empezó a brindar atención psicojurídica a personas victimizadas por violencias basadas en género. Con esto se abre la puerta de las oportunidades políticas, pues las cifras que arroja la investigación son noticia en diversos medios de comunicación. De acuerdo con la revisión de prensa realizada, la UN es la que registra menos noticias relacionadas con violencias contra las mujeres en el periodo analizado. Sin embargo, a finales de agosto del 2017, la revista Semana publicó una noticia con el titular “116 estudiantes de la Universidad Nacional afirmaron haber sido víctimas de abuso sexual”.

Aunque la Universidad venía adoptando medidas como respuesta a las violencias basadas en género, incluyendo la construcción de un protocolo y las atenciones psicojurídicas, la exposición en medios generó preocupación por parte de las directivas y motivó la celeridad del proceso de construcción y adopción del Protocolo (Torres, comunicación personal, febrero 10 del 2018). Finalmente, el Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencias basadas en Género y Violencias Sexuales en la UN fue adoptado por el rector mediante la Resolución 1215 del 16 de noviembre del 2017.

Por último, la UdeA era la única de las cinco universidades analizadas que en marzo del 2018 no contaba con un protocolo, ni estaba en proceso de construir uno. Esto, a pesar de que contaba con la investigación “Violencia de género en la Universidad de Antioquia” (2005), la más amplia en el país sobre violencia de género en la Universidad. Sin embargo, dicha investigación, a pesar de su importancia, fue archivada tras su publicación sin generar cambios en la institución (Fernández, comunicación personal, enero 18 del 2018). Ahora, aunque se identifica un caso de acoso sexual a una estudiante por parte de un profesor, situación que se hizo pública en el 2016 a través de los medios de comunicación, la UdeA es la unidad de observación que presenta la intensidad más baja en medios Este caso, aun cuando contó con el respaldo solidario del Colectivo Diversidades Sexuales y de Géneros que apenas nacía, no llegó a generar la fuerza necesaria para consolidar un protocolo por parte de las autoridades universitarias.

A diferencia de las otras universidades, las integrantes de este colectivo y las docentes que lo apoyan, no han adoptado acciones tan disruptivas, pues creen que esto puede llegar a generar más resistencia por parte de la Universidad (Fernández y Paradoja-Correa, comunicaciones personales, 2018). No obstante, en la UdeA las activistas, profesoras y estudiantes le han apostado a la conformación de estructuras amplias de movilización10, que si bien no ha sido la primera vez que ha ocurrido en el país, el hecho de que fuera liderado desde la UdeA sí pudo tener un impacto relevante a nivel interno.

Ello se refleja en la organización del Primer Encuentro Nacional Universitario por la Equidad de Género en Colombia que tuvo lugar en la UdeA entre el 23 y el 25 de noviembre del 2016. Allí se conformó la Red Nacional Universitaria por la Equidad de Género en la Educación Superior en Colombia (en adelante, Red EGES) para construir y consolidar la política de equidad de género en todas las IES en Colombia (Red EGES, 2016).

Aunque la conformación de esta Red pueda parecer un paso tímido en el alcance de las medidas universitarias dentro de la UdeA, ésta ha constituido un canal de movilización unificado ante las directivas institucionales, logrando tener impacto en procesos como la construcción del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2017-2027. De acuerdo con la entrevistada Coral Paradoja –Laura Correa–, la Red, representada por Fernández, se encargó de moderar la mesa del PDI sobre Paz, Equidad e Inclusión (comunicación personal, mayo 24 del 2018). Como resultado, la UdeA asumió en esta política la perspectiva de género y se comprometió al cumplimiento de objetivos relacionados con la eliminación de diversas formas de violencia, como la ejercida por razón del género. Luego, en este marco, fue adoptada a finales del 2018 una estrategia de campaña llamada “No genero violencia”, liderada por la Dirección de Bienestar Universitario, y cuyo propósito es prevenir las violencias sexuales y de género. También fue adoptada a finales de ese año una ruta interna de atención que se articula a la ruta local de Medellín (figura 2).

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo y análisis de medios.

Conclusiones

Los procesos para llegar a garantizar el derecho tipificado por la Ley 1257 del 2008 en las universidades reflejan lo político de la educación superior, las tensiones entre la acción colectiva y las autoridades universitarias, la forma en que las instituciones estatales, las ideologías políticas, los discursos y los intereses, dentro y fuera de la comunidad universitaria, influyen en el contenido y el funcionamiento de la educación (Dworkin, 2013) y la construcción de una sociedad justa. Extrapolando la conceptualización de Almond y Verba, la garantía del derecho a una vida libre de violencias depende “de las resistencias y tendencias a la fusión y a la incorporación del cambio cultural” (2007: 180).

Las medidas institucionales principalmente implementadas son los protocolos. Estos constituyen disposiciones adoptadas por las directivas universitarias que reflejan la voluntad política de ofrecer soluciones a las diversas formas de violencia de género que tienen lugar en sus instituciones. Aunque no son suficientes para erradicar las violencias basadas en género y sexuales, definen acciones, responsables y procedimientos. Los planes, políticas y protocolos adoptados por las universidades, e incluso las investigaciones realizadas, pueden verse como procesos de transformación del sistema patriarcal y la cultura machista. Éstos son el resultado de la confluencia de factores como el feminismo académico, la incidencia de la cooperación internacional, denuncias que se hacen visibles a través de los medios de comunicación y la presión, denuncia y demandas de los/as colectivos/as estudiantiles feministas.

Los medios de comunicación no sólo expanden las oportunidades para la acción colectiva visibilizando las demandas, sino que aumentan los riesgos para las autoridades, catalizando su respuesta. Al parecer, la posible afectación de la imagen institucional y el prestigio de la Universidad son factores que las autoridades tienen en cuenta al decidir dar (o no) respuesta. Resalta el hecho de que sólo los protocolos de los Andes y la PUJ, instituciones de carácter privado, aluden a la protección del buen nombre de la Universidad como elemento clave en el abordaje de las violencias y discriminaciones. Esto no sucede en los de la UN, la UIS ni la UdeA.

Ahora bien, la implementación efectiva de las medidas depende de la existencia de recursos humanos y económicos, así como del compromiso de las autoridades mantenido en el tiempo. Cabe resaltar una distintinción particular, las universidades de carácter público que fueron analizadas han incluido la perspectiva de las violencias de género y violencias sexuales en las medidas adoptadas (no sólo las violencias contra las mujeres). Por el contrario, los protocolos de los Andes y de la PUJ se refieren a los actos de violencia, acoso, maltrato o discriminación en general, sin abordar de manera diferenciada las violencias contra las mujeres, las violencias basadas en género y las violencias sexuales.

Se plantean como principales retos para la garantía del derecho a una vida libre de violencias en la educación superior: promover el relevo de liderazgos; evitar la cooptación de los colectivos y sus integrantes por parte de las autoridades para no perder independencia; avanzar en la unificación de cifras y respuestas institucionales; y, sobre todo, fomentar el compromiso institucional. Dicho compromiso puede originarse en las ya existentes directrices de las entidades estatales superiores (Ministerio de Educación o la Corte Constitucional) y en el reconocimiento autónomo de la problemática y las particularidades de las violencias contra las mujeres en el ámbito universitario, pero sobre todo de cuestionar y retomar la función social de la educación superior.

Finalmente, a nivel nacional, la Red EGES se muestra como una oportunidad, pues podría llegar a constituir lo que Tarrow denomina estructuras conectivas de movilización. Éstas vinculan a los líderes con la forma en que se llevan a cabo las confrontaciones con los antagonistas, permitiendo la coordinación del movimiento y que éste perdure (Tarrow, 1997). De ser así, la Red permitiría fortalecer dos de los obstáculos para que el movimiento feminista universitario se mantenga en Colombia: 1) el relevo generacional, la carencia de un cuadro permanente de activistas de base (Tarrow, 1997); 2) la cooptación de los líderes y la institucionalización de las organizaciones del movimiento (Tarrow, 1997).

Notas

  1. Esta priorización responde al impacto diferenciado que las jerarquías institucionales tienen sobre el estudiantado, y al criterio cuantitativo de que es el estamento de mujeres con mayor número de integrantes en una universidad.

  2. Fueron entrevistadas: 1) Sofía Díaz, en el momento de la entrevista, estudiante de Derecho de los Andes, fundadora de la campaña No es Normal, del grupo PACA y representante de este último ante el Comité contra el Maltrato, el Acoso, la Amenaza y la Discriminación (MAAD); 2) Nicole Chavarro, egresada del programa de Ciencia Política de la Javeriana, cofundadora de Polifonía; 3) Ana Tinoco, egresada del programa de Derecho de la PUJ, en el momento de la entrevista docente de cátedra sobre violencia basada en género en la Facultad de Derecho en la misma Universidad; 4) Paula Buitrago, egresada de Sociología de la UN, integrante de la Colectiva Blanca Villamil; 5) Lorenza Bordamalo: en el momento de la entrevista estudiante del programa de Trabajo Social y representante estudiantil ante el Observatorio de Asuntos de Género 2016-2018. Participó en la construcción de Protocolo de la UN; 6) Jennifer Torres: abogada, profesional de Bienestar Universitario de la UN quien realizaba atención socio-jurídica a las personas victimizadas por violencias basadas en género, a cargo de la investigación “Rompiendo el silencio”, y contribuyó al desarrollo del Protocolo de Atención y Prevención; 7) Cindy Caro: egresada del programa de Trabajo Social y la Maestría en Estudios de Género, para el momento de la entrevista trabajaba en el Observatorio de Asuntos de Género, participó en la construcción del Protocolo; 8) Coral Paradoja –Laura Correa– egresada de Psicología de la UdeA, cofundadora del Colectivo Diversidades Sexuales y de Género y lideresa de la Red EGES; 9) Sara Fernández, docente de la UdeA desde 1998, investigadora y activista, coordinadora de la investigación “Violencia de género en la Universidad de Antioquia (2005)”, lideresa de la Red Universitaria por la Equidad de Género en la Educación Superior; 10) José Enciso, egresado del programa de Historia y Archivística de la UIS, en el momento de la entrevista trabajador de esa Universidad, miembro del Colectivo por las Mujeres UIS.

  3. El sesgo de género en el examen de admisión de la UN es una explicación plausible de que, aunque hombres y mujeres aspiran proporcionalmente a entrar a la UN, al ingresar las mujeres representan sólo entre el 33% y el 35% de la matrícula, mientras que en otras universidades el ingreso es relativamente paritario (Caro, 2017).

  4. La sociología de la educación ha estudiado en particular las escuelas como sistemas sociales que transmiten la cultura y el orden social a las nuevas generaciones (Hallinan, 2000).

  5. Profesor de diversas universidades especialista en movimientos sociales, contención política y movilización legal (Cornell Law University, s/f).

  6. Para un mayor desarrollo de las etapas del feminismo, véase “La violencia contra las mujeres: tres momentos en la construcción del marco feminista de interpretación” (De Miguel, 2008).

  7. Puede ser consultado en la página web de Vice Colombia, tomado de: https://www.vice.com/es_co/topic/acoso-sexual-en-la-u.

  8. En el marco del proyecto Feges varias universidades iniciaron procesos para institucionalizar la equidad de género (Fuentes, 2017).

  9. Otros de los colectivos existentes en esta Universidad que han sido identificados son, a saber: Género y Seguridad, La Manada, Brujas, Severas Flores, Colectiva Heterodisidente.

  10. La conformación de una red de universidades por la equidad de género se hizo por primera vez en la clausura del proyecto Feges (2015), emulando lo que han hecho las universidades mexicanas (Fuentes, 2016).

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