La batalla por el pensamiento propio en Colombia

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La batalla por el pensamiento propio en Colombia*

A batalha pelo próprio pensamento na Colômbia

The battle for own thinking in Colombia

Mónica Zuleta P.**
Alejandro Sánches L.***

* Este ensayo es producto de la investigación de la línea Socialización y violencia del IESCO, denominada La acción de Camilo Torres y el Frente Unido en la Colombia urbana de mediados del siglo XX, iniciada en agosto de 2006. Está basado en el Fondo Documental Orlando Fals Borda (1944-2002) que reside en el Archivo Central y en el Archivo Satélite Facultad de Ciencias Humanas, ambos de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá). Agradecemos los comentarios y sugerencias de Orlando Fals Borda, Gabriel Restrepo y Gonzalo Cataño. Igualmente a Gabriel Escalante, Rodrigo Ospina, Amanda Correa y Marta Serrano, encargados de los archivos consultados.

** Psicóloga. Actualmente está finalizando su tesis de Doctorado en Historia en la Universidad Nacional de Colombia y es la coordinadora de la línea Socialización y violencia del IESCO. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

*** Politólogo. Actualmente está finalizando su tesis de Maestría en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos en la Universidad Central. Investigador de la línea Socialización y violencia del IESCO. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Resumen

¿Por qué en el país se ha privilegiado un modo conservador de producción de conocimiento? Este ensayo sugiere una respuesta a esa pregunta basada en un análisis pragmático de los acontecimientos que motivaron los giros de las concepciones de conocimiento durante la primera década de funcionamiento del Programa de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia.

Palabras clave: historia contemporánea, pragmática, sociología en Colombia, producción de conocimiento.

Resumo

Por que no país foi privilegiado um modo conservador de produção de conhecimento? Este ensaio sugere uma resposta a essa pergunta baseada em uma análise pragmática dos acontecimentos que motivaram os giros das concepções de conhecimento durante a primeira década de funcionamento do curso de Sociologia da Universidade Nacional.

Palavras-chaves: história contemporânea, pragmática, sociologia na Colômbia, produção de conhecimento.

Abstract

Why in our country a conservative production of knowledge have been privileged? This essay suggests an answer to this question based on a pragmatic analysis of the events that motivated the turns in the conceptions of knowledge throughout the first decade of the program of Sociology at the National University of Colombia.

Key words: contemporary history, pragmatics, sociology in Colombia, knowledge production.

Introducción

En la primera década del siglo XX se abrió espacio el movimiento filosófico “pragmatista” inspirado por Charles S. Pierce en 1880. Sus características principales fueron expuestas por William James en una serie de conferencias pronunciadas en Boston en el Lowell Institute. Al considerar que era la misma cosa explicar “los fenómenos más bajos por los más altos” o “los más altos por los más bajos”, James invitó a los oyentes a que dejaran de lado en sus pesquisas tanto la pretensión racionalista como la empirista. En cambio, les propuso orientar sus investigaciones de acuerdo con la actitud a la que invoca la definición de la pragmática, y que dice así: “para desarrollar el significado de un pensamiento necesitamos determinar qué conducta es adecuada para producirlo: tal conducta es para nosotros toda su significación” (Pierce, en James, 1984: 47). Este ensayo se guía por esa actitud y, mediante un ejemplo, analiza los mecanismos de acción puestos en juego con miras a perpetuar el modo preponderante de producción de conocimiento en el país.

Un fenómeno que a nuestro juicio ha caracterizado la nación colombiana, es la ausencia de límites entre la acción de la política y la de la guerra. Desde el Movimiento de Independencia de la Nueva Granada, momento cuando se dio el primer conflicto entre los grupos regentes por conformar un sólo gobierno central o varios periféricos, las posiciones en pugna se aliaron y entre ambas constituyeron un mecanismo de conservación que les permitió la coexistencia. Éste consistió en facilitar la intromisión permanente de los intereses de pequeños grupos en la conformación del Estado y, cuando uno de los grupos imponía su soberanía sobre los demás, en propiciar querellas de índole militar. A partir de entonces, tal mecanismo ha favorecido alianzas y combates entre fuerzas “contrarias” tendientes tanto a obstaculizar la definición de límites entre lo público y lo privado, como a variar los niveles de intromisión estatal según los botines en juego. A este mecanismo lo hemos denominado “amalgama entre la guerra y la política”.

Además de convertir el Estado en una máquina al servicio de intereses de grupos privados, el citado mecanismo ha favorecido la preponderancia de un modo de producción de conocimiento encaminado a privilegiar versiones ilustradas de pensamiento colonial hispano-americano. A nuestro juicio, dicho modo de producir conocimiento es afín con el proceder estatal y, en consecuencia, refuerza la amalgama entre la guerra y la política. Vamos a ejemplificar esta tesis a través de un análisis pragmático sobre algunos de los sucesos que tuvieron lugar durante la primera década de funcionamiento de la Carrera de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia.

En 1948 fue asesinado el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, acontecimiento que generó un gran estallido popular. En Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, las ciudades más grandes y también en las pequeñas poblaciones y en el campo, multitudes enfurecidas buscaron derrocar al gobierno conservador. Unos días después, el ejército acalló a “las turbas”, especialmente en las ciudades, y “salvó al gobierno”; pero la múltiple guerra entre conservadores y liberales, liberales oficialistas contra gaitanistas, y todos contra los comunistas, continuó en el campo. Este suceso conocido con el nombre de la Violencia, favoreció el establecimiento de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla en junio de 1953¹.

En 1956 los dirigentes de los partidos Conservador y Liberal concertaron un “pacto de caballeros” para derrocar la dictadura, cuyos resultados fueron, en 1957, una Junta Militar que reemplazó a Rojas hasta agosto de 1958 y, por mandato de un Plebiscito, el Frente Nacional, estrategia que dispuso el turno presidencial para las siguientes cuatro elecciones y el reparto burocrático entre ambos partidos². Esa concertación fortaleció la amalgama entre la guerra y la política: con la anuencia del ejército, la ayuda franca de los Estados Unidos y la alianza con excombatientes campesinos, los dirigentes regionales y nacionales se propusieron aquietar los restos de los grupos campesinos conservadores y liberales enfrentados y disgregar a las guerrillas de la izquierda revolucionaria³. Su acción capturó la estrategia guerrera y la introdujo en la lógica del mecanismo estatal⁴.

La Carrera de Sociología tuvo entonces unas condiciones de origen fuertemente ancladas en el fenómeno de la Violencia y en el Frente Nacional. Durante la década de los sesenta realizó tres giros en sus propósitos, los cuales analizamos a continuación: un momento en que primó un conocimiento empírico encaminado hacia el desarrollo; uno segundo, que articuló el empirismo con el pensamiento comprometido con las luchas populares; finalmente, una etapa “intelectualista”, resultado de la puesta en funcionamiento del mecanismo de la amalgama entre la guerra y la política.

La dirección empírica

La política de la Guerra Fría de los Estados Unidos ideada por el presidente Truman y el General Marshall después de la Segunda Guerra, se implementó en Latinoamérica a través de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Esta doctrina propuso soluciones militares como vía para aplacar iniciativas revolucionarias⁵. Desde el comienzo de la dictadura en 1953 y a lo largo de la década, las acciones militares se acompañaron de actividades “cívicas” destinadas a resolver las problemáticas sociales asimiladas como causas del fenómeno de la Violencia⁶. En 1961, tales acciones se integraron al programa de desarrollo regional trazado por el presidente Kennedy y denominado Alianza para el Progreso, el cual se encaminó hacia la realización de proyectos de desarrollo financiados parcialmente por organismos multilaterales. Además de las cuestiones relacionadas con las políticas de “seguridad” para la Región, sus propósitos buscaron acelerar los procesos productivos y volverlos eficientes; igualmente, mediante la racionalización institucional, el Programa propendió por mejorar las condiciones de vida de poblaciones “subdesarrolladas”, así como estimular el empleo de tecnologías “modernas”⁷.

Al finalizar la década de los años cincuenta fueron abiertas varias carreras de sociología en las que imperó el concepto de desarrollo que dos años después precisó la política de Alianza para el Progreso (Arboleda, 1959: 13-21). Uno de sus principales objetivos era formar un número suficiente de profesionales y de expertos en los distintos países para que ocupara los cargos demandados por las distintas entidades públicas y los organismos multilaterales, ello con el ánimo de hacer realidad tales ideas de desarrollo. El programa de la Universidad Nacional se inscribió en esta tendencia regional y, de acuerdo con el decano, Orlando Fals Borda, determinó como uno de sus objetivos “la preparación de sociólogos profesionales” dispuestos a llenar “la demanda… que de ellos se presentaba dentro y fuera del país (…)”. Se contemplaron “cinco campos especiales de estudios (…) Sociología de la administración pública, el Programa de Acción, de la Educación, de la Industria y de la Investigación” (1960).

El Departamento fue fundado en 1959, anexo a la Facultad de Ciencias Económicas; un año después se constituyó en facultad autónoma con el apoyo de organizaciones como la Fundación Ford, la Unesco, la Fundación Rockefeller y la Comisión Fullbright (Fals Borda, 1961). Su decano también ocupaba el cargo de Director General del Ministerio de Agricultura, “teniendo en cuenta la ayuda que el Ministerio… ha prestado y puede prestar al Departamento” (Acta de Comité Académico, 1960: 4). Además de la formación técnica, profesional e investigativa, se le encomendó la tarea de capacitar funcionarios de la administración pública (Ibíd.: 3)⁸.

Durante estos primeros años, la Facultad superpuso sus políticas con las gubernamentales⁹; en consonancia con ello, también las intercaló en las demandas de cooperar para la solución de las causas vinculadas al fenómeno de la Violencia. Efectivamente y gracias a fondos donados por La Fundación para la Paz y a los lazos con el gobierno Liberal, fue encargada del análisis de la información recolectada por la Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia, constituida a principios de 1958 para averiguar las razones del suceso “que había ensangrentado al país desde el decenio del cuarenta” y para identificar “secuelas sociales dejadas por ella…” (Sánchez, 1987: 9)¹⁰. En 1962, la Facultad publicó el libro La Violencia en Colombia, trabajo paradigmático acerca de la guerra¹¹. La confluencia entre la demanda de participar en políticas generales de desarrollo y la solicitud de “alcanzar las soluciones para el problema de la violencia” en el país, estimuló la emergencia en forma de contradicción, de una ambivalencia que como tal, hacía parte de la razón de ser de la Facultad (Guzmán y otros, 1986: 9, Tomo I). En los párrafos que siguen vamos a analizar este proceder.

En Colombia es usual que el momento de emergencia de este tipo de contradicciones se acompañe de eventos “ruidosos”. Por ejemplo, el acuerdo latinoamericano sobre la política de la Guerra Fría fue fruto de un giro en el acontecer de la diplomacia, consecuencia del asesinato de Gaitán. Efectivamente el día del crimen también se celebraba en Bogotá la “IX Conferencia Interamericana de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. Si bien el general Marshall contaba con el apoyo de los gobiernos de Argentina, Brasil y México, “los… grandes de la solidaridad americana”, tenía reticencias de los delegados de otros países (Palza, 1949: 42). Fue entonces cuando asesinaron a Gaitán. En ese momento, estaban “rodeando la mesa de conferencias” los delegados de Estados Unidos, Argentina, México y Brasil, y asistían los representantes de todos los países del continente. “Milagrosamente” se salvaron de la multitud que protestaba y “había comenzado a asaltar y destruir… los edificios públicos… próximos al lugar” (Ibíd.: 13). Días después, cuando fue reinstalada la Conferencia, se produjo “la unanimidad panamericana que acaso los diplomáticos no hubieran conseguido con la sola fuerza de sus discursos” (Ibíd.: 44)¹².

Algo similar sucedió en el momento de la publicación del libro. Estimuló una reacción inesperada frente a un texto científico, suceso muy raro en el país, que dio pie a agresiones entre políticos liberales y conservadores, así como a que opinaran en su contra toda suerte de instancias, desde la Presidencia de la República hasta la policía, pasando por el parlamento, la prensa, la iglesia, el ejército y, claro, la academia¹³. Paulatinamente esta reacción distanció al equipo académico y a los estudiantes de las instancias gubernamentales y sus políticas (Salazar y otros, 1967: 27). A continuación describimos lo que pasó.

Además de formar expertos, la Facultad de Sociología tenía otros propósitos manifestados en su política de investigación. En el discurso de inauguración, su director hizo mención a tres asuntos que definían la filosofía del programa: en primer lugar, la búsqueda de un conocimiento autónomo que tomara distancia de la costumbre latinoamericana de “sumar aparentes verdades encontradas en diferentes escuelas, presumiendo que en esta forma perfecciona la explicación de los fenómenos observados” (Fals Borda, 1959: 1); en segundo lugar, la propuesta de encaminar el saber hacia el conocimiento de la realidad nacional para “conocernos mejor, saber dónde estamos, a dónde vamos y qué está sucediendo realmente en nuestro derredor” (Ibíd.:6); finalmente, la aspiración de construir un conocimiento útil “para ayudar a resolver los problemas nacionales…” (Ibíd.). En suma, de acuerdo con su director, “el nuevo Departamento de Sociología” pretendía “formar una verdadera sociología nacional, una sociología colombiana, basada en nuestros propios hechos, nutrida de nuestra propia tierra, enfocada hacia nuestras sencillas ‘veredas’ y ciudades, dirigida hacia nuestros problemas y dilemas” (Ibíd.).

Dado que La Violencia en Colombia formó parte de la serie Monografías sociológicas, en donde eran publicados los resultados de diversos estudios promovidos por la Facultad, su impacto no sólo fue consecuencia de la participación en la política de desarrollo, sino también fue fruto de su participación en la política de investigación de la Facultad¹⁴.

Si bien el libro invitó a que se acogieran componentes de los programas de desarrollo, también advirtió que el conocimiento impulsado por esa política solamente sería útil si se encauzaba a producir un saber que se distanciara de “la intención de imponer desde el Estado… ciertas pautas de conducta y filosofía de la acción que se consideraban por una fracción… como esenciales para la salud del país” (Fals Borda, 1959: 378)¹⁵. De igual modo, aunque reconoció como verdaderos ciertos juicios de valor sobre el ‘atraso’ y la ‘ignorancia’ de la sociedad campesina consignados en el programa de desarrollo, el libro reveló un mundo complejo poblado de personajes a la vez reactivos y autónomos, víctimas y rebeldes, salvajes y autoorganizados, en donde “los grupos afectados… fueron produciendo y moldeando… una nueva escala de valores… un ensamble de valores encontrados y yuxtapuestos, de sincretismos y hasta de contradicciones e indecisiones” (Guzmán y otros, 1986: 375)¹⁶. Y, finalmente, el libro desnudó algunos de los motivos de la implantación del desarrollismo en el país, ligados a los intereses de “las instituciones políticas”, las cuales “sin cumplir sus finalidades expresadas”, “fueron eminentemente efectivas… en otro sentido: en la imposición de la voluntad de un grupo” (Ibíd.: 363)¹⁷. En síntesis, urgió por la necesidad de un conocimiento sobre la especificidad de la realidad colombiana como requisito para implementar cualquier política general de desarrollo.

Además de esta publicación, hubo otros hechos que estimularon el enfrentamiento entre estas dos direcciones. Así ocurrió, por ejemplo, con la presentación que, en nombre de la Facultad, realizó el Capellán de la Universidad, Padre Camilo Torres Restrepo, sociólogo y profesor, en el “Congreso Latinoamericano de Sociología” en Buenos Aires en 1961, y que fue publicada en el periódico El Tiempo. En ella, el sacerdote citó las conclusiones de los estudios realizados por distintas entidades gubernamentales como la ESAP, el SENA, el Banco de la República, la Facultad de Sociología y el Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional y advirtió sobre la necesidad “de… fundamentar los análisis en… datos numéricos y objetivos” para evitar que “toda afirmación que de ellos resulte” se preste “al diletantismo, a la discusión vulgar de tipo periodístico o literario que no conduce a ninguna evidencia” (Torres, 1961). Pero inmediatamente incitó a los científicos al compromiso con la trasformación de la sociedad y señaló que “un cambio social que permita un desarrollo adecuado (es decir rápido y eficaz) es imposible en Colombia sin un cambio fundamental de las estructuras socioeconómicas…” (Ibíd.).

Podemos decir entonces, que las políticas de desarrollo promovidas por el Estado y las de investigación estimuladas por la Facultad, favorecieron una forma ambivalente de producir conocimiento tendiente hacia el modelo general de desarrollo y, a la vez, encaminada hacia el conocimiento profundo de la sociedad. Tal situación paulatinamente condujo al conflicto entre ambas posiciones y empujó a la Facultad a concebir el desarrollo como “trasformación profunda” en vez de en términos de “cambio rápido y eficaz”.

La dirección pragmática

La toma de partido por un conocimiento dirigido hacia la transformación profunda de la sociedad se manifestó más claramente a través de la actitud que asumieron las directivas y profesores en relación con el movimiento estudiantil. Esta actitud fue motivada por una serie de disturbios de los estudiantes en rechazo a las medidas punitivas que el gobierno había tomado para solucionar los conflictos en otras entidades educativas¹⁸. Al conocer que el Consejo Académico de la Universidad iba a sancionar esa participación con la cancelación de la matrícula de algunos estudiantes, el Comité Académico de la Facultad arguyó que, “ni en la Ley Orgánica de la Universidad…, ni en su reglamento, ni en los reglamentos de las unidades docentes, se consideran las actividades políticas de los estudiantes como causa de censura o de exclusión…” (Acta No. 9, 1962)¹⁹. Tal declaración produjo reacciones de distintas instancias en contra de la posición asumida por el decano y los profesores, frente a las cuales ellos reafirmaron su postura a favor de los estudiantes. Así, en varios comunicados a la Rectoría, reiteraron su convencimiento de que en lugar de recurrir a medidas punitivas, era menester apelar a actos pedagógicos encauzados “hacia la formación integral del estudiante”, en los que se admitiera “el derecho a disentir” y en donde los castigos estuvieran antecedidos por “una investigación detallada de las faltas y mediante el procedimiento de la más rigurosa justicia” (Torres y otros, 1962)²⁰.

A pesar de todos los esfuerzos por obtener una solución negociada, un acuerdo del Consejo Académico reguló la participación estudiantil y, mediante distintas sanciones, restringió la actividad política en la Universidad²¹. También precipitó la salida de Camilo Torres de la Capellanía. Efectivamente, frente a la actitud de la Facultad de Sociología y por el apoyo que estaba dando al movimiento, se irritaron los superiores eclesiásticos y, como consecuencia de un sermón del sacerdote, el Arzobispo de Bogotá le envió una comunicación en la cual le exigió “en vista de los últimos acontecimientos… en la Universidad Nacional” su retiro “de toda actividad en la mencionada universidad, ya sea como profesor o miembro de cualquier Consejo” (Cardenal Concha, 1962: s/p). En dicho sermón, el Padre Torres recordó la muerte violenta de varios estudiantes durante la dictadura de Rojas Pinilla en 1954, y afirmó que, “aunque algunos… sacrificados en las jornadas del 8 y 9 de junio no hubieran sido católicos”, por el hecho de que habían vivido y muerto consecuentemente con sus creencias, “podrían haberse salvado y por eso teníamos derecho a ofrecer también la misa por ellos” (Torres en El Tiempo, 1962). La asimilación de la situación actual de la Universidad con la vivida durante la dictadura, no solamente fue hecha por el sacerdote en su sermón, sino que fue el motivo de una de las comunicaciones enviadas por los profesores de la Facultad a las directivas. En ella “en vista a una plena realización de la justicia”, se instigaba al Rector a solicitar a las autoridades competentes agilizar “los procesos contra los responsables de los atropellos cometidos a los estudiantes desde el 8 y 9 de junio de 1954 hasta la fecha y que se informe sobre los resultados” (Torres y otros, 1962, Op. cit.).

En 1960 fue creada en el Congreso de la República la Comisión Nacional para la Reforma Universitaria, entre otros asuntos, con miras a conformar una mediación ante las dificultades permanentes afrontadas por la rectoría y el gobierno nacional en el manejo del conflicto estudiantil de la Universidad. Estaba constituida por representantes de ambos partidos y del gobierno, así como por delegados de la organización estudiantil, de los profesores y de las directivas²². Sesionó en el Congreso durante tres años, al cabo de los cuales fue expedida la Ley 65 que estableció un nuevo régimen orgánico para la Universidad Nacional, donde se estipulaba lo siguiente: “la Universidad es ajena a la política militante, pero como instituto de amplia y desinteresada investigación científica, se ocupa de todos los temas relacionados con la vida social y política” (Ley 65, 1963, en Magnusson, Apéndice B: 269).

Por otra parte, la Ley 65 acogió un planteamiento circulante por distintos ámbitos académicos y políticos del Continente, que señalaba a la educación superior como la llave del desarrollo para los países atrasados. Éste había sido esbozado por Rudolph Atcon, funcionario de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), en un informe elaborado en 1961 y traducido y difundido en Latinoamérica en 1963. Entre otras, señalaba: “el microcosmos de la universidad refleja fielmente el macrocosmos de la sociedad en conjunto. Es, por lo tanto, el mejor y más económico punto de partida para cualquier cambio social” (Atcon, 1963: 20).

La lucha estudiantil se radicalizó en contra de la Ley 65, especialmente en lo concerniente a la cuestión de la restricción de la participación de instancias distintas a la Rectoría en el proceso de toma de decisiones de la Universidad²³. Ello se manifestó en el “Tercer Congreso Universitario Nacional” realizado en 1963, allí los líderes expresaron abiertamente su inconformidad. En la ponencia central del evento señalaron que las causas del subdesarrollo no se solucionaban “educando a un pequeño grupo de científicos”, sino que dependían de cambios estructurales “en el plano económico, político y social” de los países (1963: s/p). Para tal efecto, subrayaron la necesidad de convertir a la universidad pública en “universidad popular”, y de encauzarla “al servicio de los intereses de nuestro pueblo”, asunto que significaba constituir a la Universidad Nacional “en la avanzada intelectual y cultural de las clases trabajadoras” (FUN, 1964: s/p).

Haciendo eco de estas enunciaciones en el “Primer Congreso Nacional de Sociología” realizado en 1963, el sacerdote Camilo Torres formuló un viraje de la corriente sociológica que primaba en el país, de “inspiración norteamericana al principio, complementada posteriormente con influencias europeas” (1963: 57). Según su perspectiva, el empirismo al que esta corriente estaba dando lugar, corría “el peligro de consagrarse únicamente al estudio de campo descuidando las generalizaciones” (Ibíd.). En su análisis, el sacerdote advino en sociólogo y realizó un abordaje novedoso del fenómeno de la Violencia que consideró “como un factor de cambio social importante” (Ibíd.: 58). Propuso, pues, otra manera de hacer ciencia, a nuestro juicio muy cercana a los planteamientos de William James, en la cual se distanciaba de un empirismo encauzado a recopilar información de tipo diagnóstico, presto a servir a intervenciones mecanicistas derivadas de los modelos del desarrollo y sustentadas en argumentos sobre la falta, el error o la ignorancia. Optó en cambio por dedicarse al análisis de las consecuencias.

Justamente, Camilo Torres mostró que las luchas sociales de las zonas rurales del país provocaron nuevas maneras de organización social en beneficio de la autonomía del campesinado. Las conclusiones de sus estudios señalaron que la Violencia había planteado al campesino “nuevas necesidades y, con ellas, la imposición de una división del trabajo y de una especialización…” (Torres, 1963: 62); también había favorecido otras formas migratorias, no solamente a la ciudad sino también “entre las diversas localidades campesinas” (Ibíd.). Igualmente había estimulado el desarrollo de sistemas de comunicación variados en los cuales, además de sus actividades militares, las fuerzas armadas se habían convertido “en un conducto humano de transmisión de noticias, de valores sociales, de formas de conducta, establecido entre la ciudad y el campo y entre los diversos vecindarios rurales” (Ibíd.: 65). De la misma manera había configurado “una solidaridad… (que Marx llamaría conciencia de clase)” que permitió que el campesinado se constituyera en “un grupo de presión en la base… que… puede llegar a ser importante en las transformaciones de las estructuras sociales, políticas y económicas de Colombia” (Ibíd.: 66).

El discurso de apertura del “VII Congreso Latinoamericano de Sociología” efectuado en Bogotá en julio de 1964, fortaleció esa dirección. En calidad de presidente, el sacerdote invitó a sustentar la inconformidad estudiantil “con la ciencia y con la técnica y que si profundizamos en cada una de nuestras ramas,… veremos los defectos estructurales que imponen un cambio y que ese deseo de cambio es el verdadero anticonformismo” (Torres, 1964). Acogió la propuesta de los estudiantes dirigida a popularizar el conocimiento, dado que a su juicio, mediante “los procedimientos serenos y reflexivos” propuestos por las tesis consignadas en el Informe Atcon era imposible alcanzar el cambio social (Ibíd.). Presentó las premisas del Informe como “obstáculos sociales” que, al no estar arraigadas en los sectores populares que eran su “objeto”, estaban destinadas a favorecer intereses particulares de los grupos dirigentes, cuestión que, dijo, conduciría a una lucha de clases en Latinoamérica (Ibíd.). En su intervención en el “II Congreso Internacional Pro Mundi Vita”, el sacerdote sintetizó la problemática en los siguientes términos:

A. En los países subdesarrollados, los cambios de estructura no se producirán sin presión de la clase popular. B. La revolución pacífica está directamente determinada por la previsión de la clase dirigente, ya que el deseo, por parte de ésta, es difícil de lograr. C. La revolución violenta es una alternativa bastante probable, por la dificultad de previsión que tienen las clases dirigentes. (Torres, 1965: 43).

De modo que, la opción por una ciencia “comprometida” con los sectores populares para la transformación de la sociedad, tuvo diferencias sustanciales con la definición común de ciencia objetiva. Efectivamente, se distanció de la tendencia según la cual se suponía que la descripción de los hechos era suficiente y necesaria para explicar un fenómeno. Ello la apartó de la idea funcionalista de desarrollo, y también de la racionalista, pero la mantuvo ligada a ambas. Y en esa ambivalencia, desnudó la política desarrollista y mostró algunos de sus componentes y de sus motivaciones, de sus efectos, de sumisión y corrupción en las fuerzas sociales que impactaba, y de potencia en las resistencias que su acción provocaba. Esta ciencia comprometida invitó al Estado, a los políticos, a otros científicos, a la iglesia misma, a los estudiantes y a los profesores a participar de esta actitud frente al conocimiento como camino para frenar la revolución violenta que amenazaba con ocurrir, pero pocos siguieron la invitación.

La dirección intelectual

Además de la cuestión referida al papel de la Universidad en el desarrollo, el Informe Atcon planteó otra, concerniente a la función de la educación privada y a los límites que era menester establecer para la acción de la universidad pública. Privilegió a la educación privada bajo el supuesto de que la universidad latinoamericana debía “consolidar su autonomía y adquirir una porción mucho mayor de independencia real”. Con tal meta en mente, sugirió como camino para alcanzar esa preponderancia “transformar la universidad estatal en una fundación privada…” (Atcon, 1963: 157)²⁴.

Algunas de las medidas implementadas en la universidad pública entre 1963 y 1966, destinadas a favorecer una política restringida de ingreso apoyaron dicho planteamiento. No obstante, la decisión gubernamental en pro de la universidad privada fue explícita después de 1966 y acompasó la transformación de la Universidad Nacional conocida como Reforma Patiño. Esta situación influyó en la dirección del conocimiento seguida por la Facultad de Sociología y motivó una serie de eventos conflictivos en su interior.

El documento preparado por el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de la Unesco, El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la AID, señaló el peligro que significaba para la educación superior abrir el ingreso masivo a todos los estudiantes de bachillerato (Misión de Planeamiento…, 1965: 22). Advertencia sustentada en dos tipos de argumentos relacionados pero diferentes: el primero se refirió al problema de la falta de calidad que suponía la masificación y que convertía a las universidades “en un cajón de sastre en que se pone cualquier categoría de estudiantes… entre los cuales hay unos que no pueden asimilar los programas, de lo que resulta una desagradable heterogeneidad de los egresados” (Ibíd.: 26). El segundo aludió a los “peligros” inherentes a los movimientos estudiantiles, dado que los estudiantes “no sólo se alzan contra las instituciones y los profesores públicos”, sino… “hablan agresivamente de programas revolucionarios en que exigen la ‘cogestión’, el ‘poder de decisión’, un derecho de examen de los programas y hasta discuten la validez del examinador y de sus fueros” (Ibíd.: 25).

La reforma universitaria desarrollada entre 1964 y 1966 durante la rectoría de José Félix Patiño, acopló esas dos preocupaciones y las enlazó. Se sustentó en la premisa de que la estructura “eminentemente tradicionalista…, con su organización obsoleta,… limitada en recursos, desunida en su propósito” era “fácil presa de los vaivenes políticos y… foco de frustración que deriva hacia la agitación y el desorden” (Patiño, 1968: 15). Reconoció la importancia de los llamados “estudios generales” que, unidos a un proceso de departamentalización, proporcionaran “la formación de un criterio académico integrado” en contra de los “estados o feudos” que configuraban “una federación de facultades” (Ibíd.: 25). Igualmente, consideró a la Universidad “como a una gran empresa”, y requirió administrarla con “el mismo nivel técnico que cualquiera gran corporación en el ámbito nacional” (Ibíd.: 61). En resumidas cuentas, y teniendo como sus mentores al Informe Atcon, a la Misión de Planeamiento de la Educación y a la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), propició la “racionalización” de la Universidad Nacional²⁵.

Varios de estos planteamientos fueron la base para trazar las políticas sobre educación superior en el país. Impactaron la definición del Plan Básico de la Educación Superior destinado “a mejorar la productividad de las unidades prestatarias de este servicio educativo tanto desde el punto de vista de su extensión como de su calidad” (1968: 8)²⁶. También sirvieron como marco para “la constitución de un sistema público de educación superior en donde participen por igual las instituciones privadas y las oficiales”, lo que “corresponde a una democracia…” (1968: 9-10). Finalmente, estimularon la creación del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes)²⁷.

La constitución del sistema público recogió casi al pie de la letra la sugerencia del Informe Atcon, pero invertida: en lugar de privatizar la educación pública, conformó una política pública para la educación superior, en donde puso dentro de un mismo saco a la privada y a la pública. Mediante esta operación y apoyada por las directrices de Ascun, “la agremiación de rectores” fundó un órgano regente, el Icfes, a través del cual puso a marchar la nueva política hacia los derroteros del Plan Básico. Al mismo tiempo, restringió el acceso masivo de estudiantes a la educación “oficial” y privilegió ese acceso en la privada que, como parte de su política “democrática”, también subsidió. De forma premonitoria, Rafael Gutiérrez Girardot advirtió en 1965 los efectos de acoger esta dirección, pero lo hizo en alemán en un libro latinoamericanista²⁸. Entre otras, señaló:

3º La universidad privada efectúa y fortalece en el ámbito social la separación de las capas sociales (…) 4º… está sometida, como toda empresa económica privada, a la ley de la oferta y la demanda; en ella, por lo tanto, también la transmisión del saber se somete a esta ley (…) 5º… debe renunciar a la libertad de la enseñanza y de la investigación (…) 8º…, la universidad privada es un obstáculo a toda planificación estatal de la educación pública (…) 9º Un estricto control del Estado sobre la educación privada si se realizara no significaría de ningún modo que con ello se resolviera el problema de la universidad privada (…) 10º El hecho de que una universidad estatal trabaje ineficientemente no habla a favor de la universidad privada (1989: 21).

El proceso de ejecución de la Reforma Patiño propició una serie de acciones tendientes a la modernización de la Universidad: por ejemplo, mayor inversión estatal en docentes y en infraestructura, participación docente y estudiantil en el gobierno universitario, democratización, laicización de la enseñanza, “racionalización administrativa”, etc. Pero trajo consigo un excedente: dio su consentimiento para que la educación superior fuera un negocio privado, eso sí, apartado de la enseñanza oficial y entonces aceptó que la acción de la educación “oficial” estuviera contenida en un pequeño espacio liberado de la manipulación privada donde encerró a la Universidad Nacional.

En Sociología, el impacto de esta reforma se manifestó en el reencauzamiento de las luchas estudiantiles y profesorales para impedir cualquier expresión de las políticas de desarrollo, circunstancia que las desvió de su anterior propósito encaminado a constituir una ciencia comprometida que entregaría las llaves de las políticas de desarrollo a los sectores populares. De modo que la práctica de producción de conocimiento que actuaba gracias a la supremacía de la idea de transformación social profunda sobre la de desarrollo, pero las mantenía a ambas, suprimió definitivamente la idea de desarrollo. Asumió, por ende, que el pensamiento propio era resultado de una actividad puramente intelectualista.

Las luchas estudiantiles y profesorales se concentraron en la cuestión de alejar la injerencia de fundaciones extranjeras en la financiación y en el trazado de las perspectivas de conocimiento de los programas académicos. El centro de estas discusiones fue el Programa Latinoamericano de Estudios Superiores del Desarrollo (Pledes), puesto en marcha en la Facultad desde 1964 y patrocinado principalmente con recursos de la Fundación Ford²⁹. Según los estudiantes, “la falta de autonomía académica” estaba obstaculizando que el ahora Departamento de Sociología estableciera “una directriz de acuerdo a las necesidades de la enseñanza e investigación estrictamente sociológica” (Informe del Comité Estudiantil, 1968: 3)³⁰. También sostenían que esta situación se manifestaba “en el control que las fundaciones” ejercían “sobre los cursos de pos-grado”, el cual escondía los intereses ocultos de “una política de desintegración del pre-grado” dirigida hacia un aprendizaje “en el pos-grado con el carácter ideológico que ellas le” imprimían “por medio de su patrocinio” (Ibíd.). Razones éstas por las que inquirieron “el rechazo de todo tipo de ayuda de organismos extranjeros como la Fundación Ford” (Ibíd.: 5).

Las directivas de la Universidad y del Departamento atendieron esta recomendación y se propusieron estudiar los acuerdos existentes con las fundaciones para que “ninguna de sus cláusulas desvirtuara o disminuya la plena capacidad de las autoridades universitarias de escoger y decidir sus programas y orientaciones” (Meléndez y Latorre, 1968: 1). Para tales fines, constituyeron el Comité de Reestructuración de Sociología, compuesto por representantes de docentes y estudiantes, y dispuesto a luchar contra todos los “condicionamientos implícitos o explícitos impuestos por compromisos de asistencia técnica” (García y otros, 1969: 9)³¹. Acogiendo el argumento del Comité, el cual aducía la existencia de un número suficiente de profesionales nacionales y extranjeros “para garantizar un nivel docente adecuado en el pregrado”, las directivas suspendieron el patrocinio de la Fundación Ford y desmontaron el Pledes (Ibíd.)³². La disputa por la perspectiva científica de la Carrera de Sociología tuvo otro tipo de repercusiones. Los estudiantes y profesores aliados llamaron a romper con “la práctica científica colonial” que, según ellos, había caracterizado al programa durante sus primeros años (en Boletín informativo sociología, 1970: 9-10). Afirmaron que dicha práctica descansaba en el empirismo norteamericano y en resultados de investigaciones de carácter “técnico” sobre casos particulares³³. Bosquejaron como nuevo camino a seguir, asegurar el ingreso de la ciencia mediante un mecanismo de enseñanza-aprendizaje fundamentado en la lectura erudita de los clásicos³⁴.

El ahora Departamento de Sociología había sufrido, pese a sus pocos años de existencia, grandes conmociones en su interior, a nuestro juicio ocasionadas por su ambivalencia reflejada en pro del desarrollo y en contra de sus políticas. Quizás por ello, al finalizar los años sesenta estaba siendo conducido hacia su encierro ilustrado. Para entender la fuerza del conflicto es necesario hacer un paréntesis en el relato.

Al igual que el rector Patiño, el director del Pledes estaba convencido de que la misión de la Universidad era “erradicar el estancamiento económico” del país, asunto que demandaba distanciarse de la “importación indiscriminada de teorías e ideologías foráneas y exóticas” (Ratinoff, 1968: 80). Para alcanzar su misión, era necesaria “la formación de sociólogos del desarrollo” a través de una administración académica “en torno a problemas y áreas institucionales”, lo que permitiría “formar individuos capacitados para asesorar y para investigar en forma moderna y científica los aspectos sociales de la transformación de América Latina y de la planificación de su desarrollo” (Ibíd.: 1968: 82-83). Como vimos, tal postura no era la única imperante. La dirección de Orlando Fals Borda, su decano hasta 1966, articuló la cuestión del desarrollo con el problema de la revolución. Haciendo eco de la estrategia del Pledes, mediante la conformación del equipo de investigadores latinoamericanos y basándose en aspectos contemplados por la técnica y la investigación, también propuso constituir una sociología propia; la suya no buscaba convertir a los graduados en asesores o en expertos, sino “trabajar por el advenimiento de ese nuevo orden social” cuyos síntomas eran “la realidad de la subversión moral y la potencialidad revolucionaria” (Fals Borda, en Discurso Inaugural, 1967). Asimismo, esta actitud parecía ser la de muchos estudiantes de la carrera, quienes habían optado por hacer parte de la revolución³⁵.

Escrito en 1966, el libro La Subversión en Colombia de Fals-Borda permite entender la diferencia entre estas dos posturas entroncadas. En el prólogo, el autor hizo un homenaje a Camilo Torres, su compañero en la Facultad de Sociología, quien como guerrillero había muerto en un combate con el ejército en 1966. Reconoció, primero, “la influencia intelectual y personal del Padre Torres” como “el tipo de subversor moral, de los que abren trocha nueva”, y, segundo, la contribución del sacerdote “para entender el sentido de la época en que nos ha tocado vivir” (1967: XXII). Al mismo tiempo, planteó la necesidad de realizar una sociología latinoamericana a través de la implementación de programas de estudios como el Pledes. Insistió en que:

Las diferencias con el proceso actual de ‘modernización’, al que generalmente se designa como ‘desarrollo’, son más de contenido que de forma: 1) por el mayor énfasis que se concede hoy a la planificación estadística y al control técnico, como resultado de la acumulación científica; 2) por la naturaleza de los grupos claves que juegan papel en la transición industrial; 3) por la naturaleza de los valores y las normas transmitidos en las situaciones de contacto y transición; y 4) por fenómenos relativamente nuevos, como el de la ‘estratificación internacional’ y las pautas de dominación y dependencia en las relaciones económicas y políticas entre los países modernos… Hubo desarrollo hasta en la sangrienta y difícil etapa de la subversión socialista del presente siglo, lo que puede verse no sólo a través de los índices económicos y demográficos del período, sino también por el esencial cambio en actitudes y valores experimentado por el campesinado, todo lo cual dio origen a su nuevo orden social. (Fals Borda, 1967: 42)

Tal fue “la práctica colonial” que las postrimerías de la década pusieron en discusión. El documento preparado por un grupo de profesores del Departamento para el “IX Congreso Latinoamericano de Sociología” realizado en México durante 1969, lo anunció así: “en la primera etapa, de 1959 a 1968, la orientación de la enseñanza de la Sociología era básicamente una orientación técnica. A partir de 1969 la enseñanza es sustancialmente científica” (Mesa y otros, 1970: 8-9). Según ellos, la “importación y traslado” de modelos sólo había producido “nuevos técnicos que proveen diagnóstico y estrategias para el cambio”, y “que otros, por lo general extranjeros, utilizarán como auxiliares de investigación” (Ibíd.: 13). De tal manera, el grupo postuló que el conocimiento asumido “como un elemento de soberanía” y “una fuerza intelectualmente autónoma”, requiere de la “tarea de asimilar críticamente el pensamiento sociológico mundial” (Ibíd.: 23-24).

Bajo el argumento de que la dirección hacia el compromiso social estaba impregnada por las ideas de desarrollo de la Alianza para el Progreso, el movimiento de estudiantes y profesores ganó la batalla en favor de un conocimiento “anticolonial”. Creó un espacio delimitado, encerrado y “propio” en donde estimuló el “más puro” conocimiento “intelectual”.

Conclusión

Vimos tres formas de producción de conocimiento: una empírica, resultado del juego ambivalente de dos direcciones opuestas pero compatibles. Por las circunstancias en las que se manifestó esa forma empírica de conocimiento, la ambivalencia rápidamente entró en conflicto y urgió a una toma de posición que privilegió “la transformación social profunda” sobre el “cambio rápido y eficaz” sugerido por la Alianza para el Progreso. Ello desencadenó la segunda forma de conocimiento, la pragmática, donde prevaleció el compromiso social sobre el saber empírico, aunque mantuvo ambas direcciones. Finalmente, las circunstancias vividas dieron lugar a una tercera forma de producción de conocimiento, intelectual, en donde a la demanda por el conocimiento propio, se le interpuso la exigencia de abandonar la dirección del desarrollo.

También repasamos las circunstancias que acompañaron la emergencia de las tres formas de producción de conocimiento y que provocaron las bifurcaciones. Las relaciones del Programa de Sociología con el gobierno del Frente Nacional y el compromiso de “encontrar las soluciones para la Violencia”, junto con el imperativo de producir conocimiento científico, gestaron fuertes contradicciones que provocaron distanciamientos entre la Facultad y las políticas gubernamentales. Ello desencadenó la toma de partido por un conocimiento tendiente a fortalecer los movimientos populares.

Los hechos suscitados en Latinoamérica asociados con la puesta en funcionamiento de la Alianza para el Progreso y los modos particulares de manifestación de los conflictos sociales en el país, demarcaron nuevas rutas por donde encaminar las políticas de educación superior. Justamente, al tiempo que los movimientos estudiantiles y profesorales hacían la batalla para defender lo propio, el mecanismo de “amalgamar la guerra y la política” entró en acción dentro del ámbito del conflicto de la educación superior. Allí amplió los límites para el ejercicio de lo privado y redujo el operar de lo público.

Demarcados así ambos espacios, el mecanismo encerró al conocimiento sociológico y rompió sus relaciones con el país y la Región. Invitó a los intelectuales, como vía para pensar la revolución, a utilizar una nueva versión ilustrada del pensamiento colonial hispano- americano. Ellos aceptaron.

Citas

1 La dictadura de Rojas Pinilla fue un suceso excepcional en este país que se caracterizaba por su “civilismo”, a diferencia de la mayoría de países latinoamericanos. Como tal, ha sido objeto de varias investigaciones (Cf. Sánchez, 1985).

2 El Frente Nacional aparentemente logró articular a las distintas fracciones en pugna. No ocurrió lo mismo con las guerrillas comunistas que estaban conformándose en el Tolima. Tampoco con las guerrillas liberales del Llano (Cf. Buenaventura, 1990).

3 Se aduce que una de las razones para la caída de la dictadura fue la alta represión militar en zonas de conflicto como Villarrica a mediados de los cincuenta (Cf. Pizarro, 1991: 118-133). Más adelante, en 1964, vendría el bombardeo a las Repúblicas Independientes como Marquetalia que, según historiadores de este periodo, fue lo que fomentó el fortalecimiento de las guerrillas de izquierda como las FARC (Cf. Gilhodés, 1995).

4 Manejamos aquí una hipótesis que no podemos desarrollar por las características del texto, que supone que la guerra de guerrillas fue fomentada por los dos partidos políticos tradicionales como estrategia para mantener su pacto (Cf. Zuleta y Daza, 2004).

5 Pierre Gilhodés desarrolla hipótesis novedosas al respecto (1985-1986: 239- 260).

6 El Decreto 1761 de 1959 crea la División de Acción Comunal. En el artículo 7 dice: “La división de acción comunal procederá a acelerar acuerdos con las universidades oficiales y privadas y con otros establecimientos idóneos, a fin de organizar cursos encaminados y capacitar para la labor comunal que les señala este decreto” (1970: 18).

7 En palabras de Gonzalo Cataño, “la afinidad entre las políticas impulsadas por el Estado y las facultades de sociología también se manifestó en el concepto de cambio social promovido por estas últimas… se afirmaba que la sociología como ciencia pura “trata de entender la organización y la estructura de la sociedad, así como los procesos mediante los cuales se opera el cambio social y cultural” pero, “como ciencia aplicada, va indicando el camino para alcanzar tales cambios con un mínimo de traumas”. (1997:33).

8 El Acta de Comité Académico No. 12, de mayo 30 de 1960, dice: “Beneficia al Departamento por muchos factores uno de los cuales es que la labor que él realiza en el Ministerio de Agricultura -labor concretizada en la reorganización de dicho ministerio y en la preparación de ciertos proyectos de ley referentes a la Reforma Agraria- podría determinar en la opinión pública la manera como un sociólogo puede contribuir a la Administración Pública. El Padre Torres agrega a este respecto que, la vinculación de la Universidad a la administración pública es exigida por el hecho de que la Universidad, en cualquiera de sus aspectos está para servir al país, y que por lo tanto no se le puede negar en estos momentos a la Administración pública la colaboración del Dr. Fals ” (p. 4).

9 El Informe sobre el Primer Seminario Interuniversitario de Desarrollo de la Comunidad, presentado al Consejo Académico de la Universidad por Camilo Torres, dice así: “Además de la obligación legal que le impone a las universidades colombianas el Decreto 1761…, la Universidad por su índole misma tiene obligación de contribuir a dichos programas. Toda universidad debe preocuparse por el entrenamiento de sus alumnos, por la investigación científica y por la práctica experimental; y no de cualquier manera sino en conexión directa con la realidad nacional.” (Camilo Torres, 1960: s/p).

10 “La Comisión Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia fue creada por el Decreto 0942 del 27 de mayo de 1958… Estuvo integrada, entre otros, por Otto Morales, Absalón Fernández de Soto, los generales Ernesto Caicedo López y Hernando Mora Angueira y los sacerdotes Favio Martínez y Germán Guzmán” (Guzmán et al., 1962:15). La Fundación para la Paz era presidida por Emilio Urrea ex-tesorero del Partido Liberal. En el Acta No. 6 del 14 de marzo de 1961 de la Facultad se señala: “en cuanto a la financiación para este trabajo el Padre Torres manifestó que la Fundación para la Paz tenía dispuesto $90.000 para este trabajo… En cuanto a la recopilación histórica del Padre Guzmán se acordó publicarla complementándola con una interpretación sociológica” (1961: 4).

11 Los dos tomos del libro han sido considerados lo más importante escrito sobre La Violencia en Colombia. La última edición del libro data del año 2005 y la hizo Taurus.

12 Además de la crónica citada, elaborada por el delegado de Bolivia ante la ONU que fue publicada en Buenos Aires, está la de Eliseo Martínez Zelada publicada en México en 1949.

13 En la publicación del segundo tomo de La violencia en Colombia, Fals Borda, en diciembre de 1963, hizo una introducción donde detalla estos avatares (Cf. Fals Borda, cit. en Guzmán et al., 1986: 9-52). Como ejemplo de lo anterior, el coronel Bernardo Camacho Leyva en la editorial del número 95, de la Revista Policía Nacional de Colombia, refiriéndose al libro, dice: “Se trata de la acusación clara y decidida que sindica a las Fuerzas Armadas, Ejército y Policía, como los iniciadores de la violencia y sus principales impulsadores…” (septiembre-octubre de 1962). En la misma revista, el sacerdote jesuita Miguel Angel González, en un artículo que también fue publicado en varios medios, señala que “se ha analizado las características científicas del libro…, una investigación sociológica para que sea verdadera, además de ser auténticamente científica, debe ser ante todo moralmente justa, útil para un fin honesto, y constructiva, en relación al bien particular o al bien común de la sociedad. ¿Sería posible afirmar, sincera y cristianamente, que el libro comentado reúne estas cualidades? Ciertamente no” (1962:103).

14 Otros libros publicados por la serie Monografías Sociológicas, entre 1959 y 1962, son los siguientes: Francois Houtart, La Mentalidad religiosa y su evolución en las ciudades; Orlando Fals, La Teoría y la Realidad del cambio sociocultural en Colombia; Lynn Smith, Sociología Rural. La Comunidad y la Reforma Agraria, Juan Friede, Los gérmenes de la emancipación americana del siglo XVI; Roberto Pineda, El Impacto de la Violencia en El Tolima: el caso de El Líbano; Virginia Gutiérrez, La medicina popular en Colombia; Camilo Torres, La proletarización de Bogotá; Orlando Fals Borda, Campesinos de los Andes. Estudio Sociológico de Saucío y La transformación de América Latina y sus implicaciones sociales y económicas; Orlando Fals, La educación en Colombia. Bases para su interpretación sociológica; Germán Guzmán, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals, La Violencia en Colombia.

15 Dice Orlando Fals Borda en la Introducción: “Aún así quedaba por hacer un trabajo sistemático de síntesis sobre la violencia que sirviera no solo como documental histórico-político del disolvente proceso para escarmiento de las presentes y futuras generaciones de colombianos, sino como documentación empírica de un proceso de desintegración y reorganización social que en muy pocos países del mundo se ha desarrollado con la intensidad y acerbidad del nuestro. Con este fin la Fundación de la Paz comisionó a la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional para que hiciera un primer intento fruto del cual es la presente monografía” (1986: 16, Tomo I).

16 Guzmán y sus colegas señalan que “en el inmenso conglomerado bajo y medio, rural y urbano, [estaba] naciendo y creciendo una conciencia nueva poderosamente orientada hacia lo social…” (Ibíd.: 267).

17 En el libro se señalaba la necesidad de “crear de nuevo en los colombianos ‘un pensamiento, un interés y una voluntad de nación’…” (Guzmán et al., 1986:442, Tomo II). Asimismo, construir una conciencia histórica campesina “porque mientras de ella carezca [el campesino] será horda con todas las regresiones de la horda.” (Ibíd.: 442). Finalmente, transformar la fuerza destructora del campesinado en “una causa grande más poderosa que sus disculpas para el crimen…, un motor; un tractor, medios para realizar un programa planeado de producción…” (Ibíd.: 450 y 451).

18 En solidaridad con el conflicto de mayo en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja y la ocupación de la fuerza pública en algunos colegios estatales de Barranquilla, se realizó una marcha el 6 de junio de 1962 de los Consejos Superiores Estudiantiles de la Universidad Nacional, la Universidad Externado de Colombia, de la Universidad Libre y de la Universidad Distrital, que desembocó en enfrentamientos con la fuerza pública. En estos disturbios resultaron afectados el Palacio Cardenalicio, el diario El Tiempo y el Instituto Colombo Americano, en el centro de Bogotá. (Cf. El Tiempo, 5, 6 y 7 de junio de 1962).

19 Como respuesta a este comunicado, en un Acta del Consejo Académico, directivos de la Universidad expusieron lo siguiente: “Que un decano haga eco de ineptas acusaciones que imputan a quienes quieren mantener la disciplina motivos políticos es no solamente faltar a la verdad sino una demostración de deslealtad con sus superiores y colegas en el Consejo Académico… La ideología es una cosa, y otra cosa son las tácticas usadas para imponer dicha ideología a otros. Las ideologías, las doctrinas y las filosofías políticas encuentran mucha libertad de expresión en la Universidad. Pero cuando estos métodos violentos se ponen en práctica, es elemental que el Estado o cualquier otra institución de orden y legalidad actúe para preservarse ella misma de la anarquía y la disolución” (Acta No. 31 del Consejo Académico, 1962).

20 Unos días después, se dictó la Resolución Rectoral que habilitó a cancelar la matrícula de un grupo de estudiantes, aduciendo su participación directa en esos disturbios. El 14 de junio hubo una visita a la Rectoría de un grupo de profesores de la Facultad en la que se le solicitó al Rector reconsiderar la decisión (Acta de la visita de profesores del 14 de junio). Ese mismo día, el Rector reitera su intención de renunciar si no cuenta “con el completo apoyo de los directores” (Resolución del 14 de junio de 1962). El 16 de junio el Decano de la Facultad fue acusado de desacato por otros decanos en el Consejo Académico. El 19 de junio, responde el Decano en una carta en la que distanciándose de los ataques personales contra su formación científica y orientación religiosa, afirma que su posición no constituye un desacato sino una “disparidad de criterio”.

21 Acuerdo 62 de 1962, artículo 3º: “Para ser elegido miembro del Consejo Estudiantil se requiere: a) Llevar los cursos académicos completos. b) Pertenecer al curso para cuya representación se postula y c) No haber sido sancionado por faltas graves contra la disciplina o el orden universitario… (1962: 26) Artículo 7º: “la Asamblea Estudiantil no tiene atribuciones de mando ni gobierno en el régimen de la Universidad ni podrá constituir organismos estatutarios distintos a los reconocidos por la Ley” (Ibíd.: 27).

22 “La Comisión fue creada por iniciativa del Presidente de la Cámara de Representantes, constituida por Representantes de todas las tendencias parlamentarias, para sugerir nuevas medidas legales para la Universidad. Y por idéntica propuesta suya, se invitó al Ministro de Educación, a personeros de la Conciliatura, del Consejo Académico,… del Consejo Superior Estudiantil…” (ASCUN: 100) Según lo señaló el Presidente de ASCUN, Jaime Posada, su propósito fue “buscarle solución al movimiento de la Universidad Nacional, en agosto del año pasado. Y se logró” (Ibíd.).

23 La Federación Universitaria Nacional (FUN) que en buena parte congregaba anteriores intentos de agremiaciones estudiantiles como, por ejemplo, la Federación de Estudiantes Colombianos (FEC), la Federación de Universitarios Colombianos (FUC) y la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos (UNEC), declaró en contra de la Ley 65, lo siguiente: “Objetivos inmediatos de la Federación Universitaria Nacional: 1º Luchar por el fortalecimiento de la universidad oficial como un paso a la nacionalización gradual (…) 4º Darle prioridad en la lucha estudiantil a la consecución de autonomía económica para las universidades oficiales mediante la dotación de rentas propias por parte del Estado…” (FUN, 1964: s/p).

24 En palabras de Atcon: “Por lógica, esto también implica una posición de neutralidad política. La universidad no puede permitirse seguir siendo la enemiga declarada de cualquier autoridad gubernamental constituida. Por más justificada que esta actitud hubiera estado en el pasado, su continuación no dejaría de ser detrimental para el país. Además, neutralidad no disminuir en la Universidad, ni el entusiasmo ni la preocupación, ni el interés, por estudiar y contribuir a la solución objetiva de problemas nacionales, que demandan una solución imparcial y cuya resolución beneficiaría a toda la comunidad. Implica solamente el prescindir de una arraigada actitud de hostilidad al gobierno sin tener en cuenta la composición de este, y el poner fin al empleo de la universidad como plataforma política o como resorte de la política partidista” (1963: 68).

25 ASCUN había sido fundada el 5 de mayo de 1957, cuando “algunos rectores de Bogotá: Monseñor José Vicente Castro Silva, Jaime Posada, el Padre Ortiz Restrepo, Ricardo Hinestrosa Daza… y Jaime Posada con la vivacidad y audacia intelectual que lo caracterizan, planteó la urgencia de que ese aglutinante fuera el germen de una comunidad universitaria” (Consejo Nacional de Rectores, 1965: 65).

26 De acuerdo con el Informe del Plan Básico: “en mayo de 1966, la Universidad de California invitó a seis educadores colombianos a participar en un programa de trabajo en su recinto…, bajo la dirección de George Feliz… La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional AID, financió los gastos de la Misión Asesora de la Universidad de California, a petición del Fondo Universitario Nacional” (Plan Básico de la Educación Superior, 1968:5).

27 Desde 1958, el Decreto No. 0251 estableció como objetivo del Fondo Universitario Nacional (FUN), entidad gubernamental “atender el sostenimiento y funcionamiento de la Asociación Colombiana de Universidades”, que es una agremiación (ASCUN, 1984:87); asimismo ,el decreto 0252, del mismo año, estipuló en su primer artículo, como una de las funciones de ASCUN, “la inspección y vigilancia en las universidades que hoy ejerce el Ministerio de Educación Nacional…” (Ibíd.: 84). Basado en lo señalado en el Plan Básico respecto de la necesidad de fortalecer las decisiones del FUN, y su sugerencia de iniciar ese fortalecimiento con “una integración o íntima coordinación de las secciones respectivas del Ministerio de Educación y del Fondo Universitario Nacional para poder sentar normas de aplicación común” se fundó en 1968 el ICFES. (Plan Básico…, 1968:337).

28 El ensayo de Rafael Gutiérrez Girardot fue publicado en alemán en el libro Grundzûge des lateinamerikanischen Hochschulesens. Eine Einfûhrung in seine Probleme, compilado por Hanns-Albert Steger (1965), y en español en la recopilación que realizaron Juan Guillermo Gómez y José Hernán Castilla (1989).

29 “Una vez analizada la situación presupuestal de la Facultad aparece claro que un Programa como el postgrado sólo puede realizarse, en esta etapa, con ayudas extranjeras. Así se está realizando, con la Fundación Ford. Los dineros que aporta la Fundación, por ley, los administra la Universidad. Las condiciones de operancia son amplias: la Ford no interviene en ninguna de las programaciones del Postgrado ni cuenta con representante alguno en su estamento directivo” (Informe Comité de Estudio, 1965: 7).

30 La Facultad de Sociología se convirtió en departamento de la Facultad de ciencias humanas. “La estructura académica y administrativa de la Facultad data de la reforma de 1965, mediante la cual las facultades de ciencias, artes y ciencias humanas se definieron como facultades de ciencias básicas o estudios generales, frente a las facultades de ciencias de la salud, ciencias agropecuarias, derecho e ingeniería, que se definen como facultades profesionales” (Boletín Informativo, 1979:3).

31 “En diciembre de 1968, el Rector nombró un Comité Ad-hoc, compuesto por los profesores Bernardo Garcia, Jaime Jaramillo Uribe y Darío Mesa y los estudiantes Juan Diego García, Francisco Avella y Rafael Bermúdez. Se le asignó la tarea de sentar las bases de la reestructuración del Departamento de Sociología. “En ese momento no quedaban sino dos profesores en el Departamento y la sensación general era que Sociología se iba a acabar…” (Hésper Pérez, 1969: 2).

32 “Con la suspensión de la ayuda de la Fundación Ford quedó definida la suspensión del programa de post-grado. Como varios estudiantes de este nivel conservaron claros derechos de continuación de sus estudios, la Universidad tiene que garantizárselos. Por lo tanto, fue preciso buscar una fórmula que permitiese a dichos estudiantes completar sus cursos. El Comité Ad-Hoc encontró que esto era posible en el Centro de Investigaciones del Desarrollo –CID– y recomendó que se reglamentase la equivalencia entre tres seminarios de post-grado con veinte horas semanales de investigación en el CID, durante un semestre” (Hésper Pérez, Op. cit.: 5).

33 Textualmente dicen: “La dependencia cultural respecto a los EEUU, manifiesta en los diferentes concepciones sobre el subdesarrollo, los trabajos al azar de ´casos ´ monográficos y el lenguaje confuso y esotérico de una ´jerga´ tradicional de sociología mal ´importada´ (trabajos en donde las categorías de las diferentes corrientes se confunden), constituye una deformación sufrida por los primeros profesionales de Ciencias Sociales en América Latina” (Boletín Informativo Sociología, 1969: 9).

34 De acuerdo con el Manifiesto De Los Estudiantes De Ciencias Humanas A Los Estudiantes De La Universidad Nacional, predominaba hasta entonces en el Departamento de Sociología “una enseñanza descriptiva que se combina con un operacionalismo abstracto es el resultado de la influencia tecnocrática del empirismo norteamericano” (noviembre de 1968).

35 Según la ponencia de María Cristina Salazar y otros, presentada al “Segundo Congreso Nacional de Sociología” realizado en Bogotá en agosto de 1967: “Al comparar los grupos de licenciados y egresados y cursantes en términos de la concepción de la sociología como medio de acción, nos encontramos que los primeros afirman que una de sus preocupaciones más importantes es el cambio social. Manifestando además un gran interés en los grupos políticos radicales, tanto extremos como moderados, afirmando en un 60.0% que su uniría a tales grupos en un futuro, mientras en la actualidad un 45.0% se define como revolucionario” (1967: 21).

Bibliografía

Documentos de Archivo:

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Serie Monografías Sociológicas (Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá):

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1960:

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1961:

Orlando Fals Borda, Campesinos de los Andes. Estudio sociológico de Saucío, Facultad de Sociología y Editorial Iqueima, marzo (No. 7); Virginia Gutiérrez, La medicina popular en Colombia, octubre (No. 8); Camilo Torres, La proletarización de Bogotá, Facultad de Sociología, noviembre (No.9); Orlando Fals Borda, La transformación de América Latina y sus implicaciones sociales y económicas, Facultad de Sociología, diciembre (No. 10).

1962:

Orlando Fals Borda, La educación en Colombia. Bases para su interpretación sociológica, Facultad de Sociología, abril (No. 11); Germán Guzmán, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda, La Violencia en Colombia, Facultad de Sociología y Tercer Mundo junio (No. 12).

Periódicos:

Diario El Tiempo, Bogotá, 5, 6 y 7 de junio de 1962.

Leyes, Decretos:

Ley 65 de diciembre de 1963 (Régimen Orgánico Universidad Nacional).
Decreto 1761 de 1959 (División de Acción Comunal).
Decreto 0942 del 27 de mayo de 1958 (Comisión Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia).
Decreto No. 0251 de 1958 (Junta Militar – Ascun – Fondo Universitario Nacional).
Decreto 0252 1958 de 1958 (Junta Militar – Ascun – Fondo Universitario Nacional).

Detalles: Última actualización en 30 Diciembre 2016

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