Elementos para una comprensión socio-cultural y política de la violencia juvenil*

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Elementos para una comprensión socio-cultural y política de la violencia juvenil

Elements for a socio-cultural and political understanding of youth violence

Elementos para uma compreensão sociocultural e política da violência juvenil

Diego Pérez Guzmán**

* El presente artículo recoge algunos de los elementos de una investigación más amplia realizada por el CINEP sobre el tema de la violencia urbana y juvenil.

** Sociólogo, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. Coordinador por varios años de la Oficina de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos y en la actualidad coordinador del Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en esa Institución.

Resumen

El texto parte de considerar las propuestas de los jóvenes como bases de un proyecto social y sus formas de organización y comportamientos como nuevos eslabones de interrelación dentro del agudo conflicto urbano, mediante los cuales aquellos se convierten en actores que constituyen redes de soporte cultural, político, social y económico. Igualmente, el autor propone superar las interpretaciones estrechas de los violentólogos y aceptar la verdadera significación social de la juventud para interpretar así la violencia y la criminalidad juveniles de las principales ciudades colombianas.

Existe consenso en los estudios sobre violencia entorno a que los niños y jóvenes resultan ser el sector social más involucrado y afectado por las distintas formas de violencia manifiestas en nuestra sociedad.

De 600 mil personas desplazadas por violencia política, en los últimos 10 años, el 72% (432 mil: 324 mil niños y 108 mil niñas) son menores de 18 años. De los 29135 homicidios registrados en 1994, 2.508 fueron de menores de edad. En el primer semestre de 1995, las víctimas fueron 19450 de las cuales 1.155 correspondieron a niños y jóvenes. De igual forma, aunque no se tienen datos confiables, se habla de una alta participación de los jóvenes como actores de la violencia.

Asistimos, en este fin de siglo, a una serie de hechos y transformaciones importantes para la humanidad; entre ellos la globalización o mundialización que toca a todas las gentes produciendo una reorganización y una nueva reconceptualización de sus entornos y de su cotidianidad. Los jóvenes expresan a través de sus representaciones la manera cómo los cambios de la época construyen una nueva positividad y una nueva manera de relacionarse y de interactuar.

Estas representaciones de los jóvenes son formas de acción colectiva, desarrolladas en el escenario de lo cotidiano, donde se mezclan la tensión surgida de la dinámica de la fragmentación e individuación social y los esfuerzos por resistir y reconstruir nuevas formas de relación, identidad y solidaridad social. Es en este contexto en el que nos hemos querido aproximar al tema de la violencia juvenil.

Algunas claves concluyentes del estudio:

• Desde la perspectiva de los jóvenes, no se trata sólo de ampliar la posibilidad de inserción en lo existente, sino también el abrir camino a nuevas opciones y modos de construir la relación social. Evitando una especie de mesianismo juvenil, su propuesta tendría que ser capaz de formularse como proyecto social.
• Las formas organizativas (como las milicias, bandas, pandillas y parches) son agrupamientos defensivosofensivos de jóvenes inmersos en agudo proceso de crisis generalizada. Resultan ser modos de organización social que desbordan el ámbito familiar, escolar y recreativo de los grupos tradicionales de las metrópolis para ubicarse en el centro de la telaraña del contexto urbano. En este proceso, el joven no es un actor pasivo, sino un actor beligerante, por eso se le sataniza.
• Estos grupos no permanecen a nivel de auto-organización dual (reproductora de la sociedad de consumo o de la violencia institucional y al mismo tiempo contestataria a ella), sino que, en algunos casos, alcanzan un nuevo eslabón de inter-relaciones al lograr tejer redes de apoyo de corte cultural, político, social y económico.
• No conforman grupos cerrados, continuos y constantes. Se forman, conforman, deforman y disuelven en días, meses y/o años, indistintamente en una cuadra, barrio, zona urbana o la ciudad misma. Reúnen las experiencias organizativas y de resistencia de la comunidad rural - en tanto hijos de inmigrantes o migrantes recientes- y las empalman con expresiones transnacionales de los medios masivos de comunicación. Combinan lo mítico, simbólico y mágico popular con la «racionalidad urbana». Crean interacciones constantes y no delimitadas entre lo social, lo político, lo religioso, lo nacional, lo planetario y lo cotidiano. Enfrentan la disciplina burguesa deshumanizante, pero a la vez reproducen la violencia y el consumo de droga propuestos por la cultura oficial contemporánea.
• La construcción del espacio está en función de la construcción de la identidad: La ciudad es un espacio social y culturalmente construído. Es una densa red simbólica en permanente edificación y expansión lo cual permite una relación dinámica entre el espacio mental y el espacio físico.
• El joven reordena el uso del espacio barrial: La esquina, la calle, la taberna y los convierte en ámbitos habitables y vivenciales desde donde construye sueños, donde se encuentra con la mutación, con el cambio permanente que desea.
• La participación de la juventud en la violencia (bien como víctimas o como victimarios) tiene como transfondos:

El conflicto que se genera cuando lo «establecido» se siente amenazado por una manera diferente de relacionarse (la de los jóvenes) y sus nuevos imaginarios simbólicos. Si no se le reconoce esa entidad sustantiva y no se entra en alianza con él, no queda otro horizonte que la violencia, llegando hasta la eliminación física («limpieza social»).

Las redes de actores violentos y las tramas de violencia intersubjetivas. Las distintas formas de interacciones de los jóvenes y sus comportamientos (violentos o en situación de riesgo) deben ser examinados en el conjunto de la violencia urbana y de los contextos sociales locales (el barrio) y de aquellos espacios en los que los jóvenes interactúan. Debemos observar con detenimiento las formas de construcción de identidad juvenil, a través de las redes de amistad y solidaridad en las que se dan a la vez segmentaciones y continuidades.

Aproximaciones limitadas al fenomeno

1. Los estudios de los Violentólogos

Desde inicios de la década de los 60 se desarrollan estudios sobre la violencia en Colombia (Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna), sin embargo la violencia que se aborda y se explica es sólo la de dimensiones políticas y el enfrentamiento entre el Estado y las guerrillas de los años 60, 70 y 80.

A partir del libro Colombia: Violencia y Democracia, publicado en 1987 se reconoce la multicausalidad, multidireccionalidad y pluralidad de las violencias en nuestro país y se insinúan posibilidades de los futuros estudios sobre otras modalidades de violencia y otros terrenos (cultural, social, de las creencias y representaciones) más cercanas a un país fuertemente urbanizado y atravezado por otros factores como el narcotráfico, la delincuencia organizada, etc.

A pesar de ello los estudios sobre esas otras formas de violencia (cotidiana urbana, intrafamiliar, sicarial, juvenil, «limpieza social») es todavía deficitario; en lo que se refiere al campo social y cultural, el campo de las significaciones, de las maneras como se leen y se comunican las distintas modalidades de violencia aún faltan ser exploradas para aportar a una mejor comprensión del fenómeno. En lo que atañe a la violencia juvenil los estudios y preocupaciones de organismos estatales y no gubernamentales ha estado muy centrado en el problema del maltrato y de la violencia intrafamiliar. Aunque se presentan «alarmas » sobre los homicidios dirigidos contra niños y adolescentes, las dimensiones del problema no han sido suficientemente diagnosticadas, ni existe un seguimiento sistemático de esta forma de violencia.

Uno de los enfoques que está en discusión es el que tiene que ver con las interpretaciones globales de los fenómenos de violencia. Algunos investigadores de la violencia en Colombia (Pecaut 1993) señalan que cualquier ensayo de interpretación global podría estar condenado de antemano, dado que son muchos los fenómenos de violencia y que las expresiones de violencia cambian muy rápido. La violencia de hace seis años no es la misma que la de ahora. Si los estudios globales realizados pusieron inicialmente el énfasis en el aspecto sociopolítico de la violencia y después en la relación con el narcotráfico, ahora ponen el énfasis en la violencia cotidiana, ordinaria y bastante anónima en muchos aspectos.

En el mismo sentido se dice que no existe un imaginario global, hay muchas discontinuidades con el pasado. Más bien, se va imponiendo una dimensión instrumental tanto en los actores de violencia como en los individuos ubicados en las zonas de influencia de esos actores, antes que reflejar una forma de identidad o proyecto colectivo. Se supone que la violencia no es más que un conjunto de intereses y de estrategias que giran alrededor de esos intereses. En la actualidad hay una autonomía de los actores de la violencia con relación a cualquier sector de la población.

En Colombia se ha generado el mito de la permanencia de la violencia -llegando aún a plantearse la existencia de una «cultura de la violencia»- como dimensión que explica todo lo que acontece. La extensión de este mito permite que la gente esté de cierta manera mucho más disponible para considerar que los acontecimientos violentos son asuntos normales con los que hay que contar y frente a los que hay que adaptarse.

Por otro lado, se plantea la necesidad de investigar mucho más la violencia en la vida cotidiana y su relación con las otras formas de violencia organizada o «estructural»

Un país atravezado por múltiples violencias, donde las mismas se entrecruzan y se retroalimentan, crea un marco de propensión a la aceptación de la misma como algo dado, si se quiere una especie de fatalismo colectivo que lleva a considerar los comportamientos violentos como una característica de nuestro ser (Vargas 1993).

Cuando la sociedad no se estremece con las recurrentes masacres y crimenes de todos los origenes y naturaleza, cuando sólo determinados hechos criminales, por su relevancia la golpean transitoriamente, pero con la misma velocidad olvida, nos encontramos frente a situaciones que ameritan una respuesta multidimensional.

Algunos análistas de la violencia urbana (Guzmán 1994) plantean la necesidad de concebir la violencia como «producto particular de una relación social de conflicto». La violencia supone una relación de comunicación conflictiva, entre las partes involucradas, en la que por lo general se atribuye al adversario la responsabilidad de todos los males.

Según este enfoque, se avanzaría de manera notable en el análisis si se reconstruyen las relaciones sociales subyacentes a la violencia, es decir, se reconstruyen los polos y actores de contención involucrados.

En este sentido es aconsejable precisar los campos del conflicto y diferenciar los escenarios de violencia y mostrar la manera como estos se interrelacionan en un espacio geográfico específico, dándole prioridad a la aclaración de los homicidios intencionales, pero prestando especial atención a otras formas de violencia que implican aparentemente una intencionalidad menor.

Otros investigadores ponen el énfasis en la actual fragmentación del poder, señalando que toda violencia supone una concepción y un ejercicio del poder en distintos niveles, lo mismo que una concepción del Estado y de la subyacente relación entre los ámbitos privado y público de la vida (González 1993).

De acuerdo con ello «todos los fenómenos diferenciados de violencia tienen un referente político común, pues implican la no aceptación del Estado como espacio público para la resolución de los conflictos. Más aún hacen que el límite entre lo público y lo privado sea sumamente difuso: el acudir a formas de justicia privada, el organizar una guerrilla o un grupo paramilitar de derecha, el arrogarse el derecho a decidir la muerte de los llamados «desechables», es asumir una función publica desde una posición privada. Algunos llegan hasta justificar el recurso a la violencia privada por la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, lo que devolvería a estos el recurso a la violencia a la que habían renunciado en el pacto originario del Estado».

Todo lo anterior pone en cuestión el tipo de democracia que se ha venido construyendo en nuestro país. Cuando las posibilidades de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos son muy limitadas y el Estado no es garante de ella, nos encontramos frente a una situación de caos social y de profunda crisis de la democracia y del Estado.

2. Construcción y significación social de la juventud

En los últimos años se han presentado varias formas de cooptación de lo juvenil que se reflejan en las visiones que se tienen del mundo de los jóvenes: una mirada adulta, a pesar de que «las culturas juveniles son y funcionan en forma diametralmente diferente al mundo adulto»; una visión culturalista que piensa a los jóvenes como un fenómeno coyuntural de transición; un problema de edad y de crisis psicológica. Estas y otras lecturas similares niegan la existencia de la juventud en sí misma y como actor social.

Veamos a continuación algunas de las significaciones sociales de la juventud:

La juventud es una etapa de preparación, a cuyo término el sujeto se incorpora a la vida adulta. Transición en la cual deberá cumplir un papel fundamental de preparación. En tal sentido la familia y la educación masiva tienen la tarea de preparar a los individuos para su posterior transformación en obreros, jefes o capataces de acuerdo con las nuevas demandas del mercado.

Desde la perspectiva psicológica este período de la vida está caracterizado por la aparición de los procesos formativos de la personalidad. Por otro lado, desde la visión antropológica este momento se reconoce como un estado intermedio entre la infancia y la etapa adulta, mecanismo de ascención social que ha sido llamado «rito de paso».

En la sociología ha existido la tendencia a la criminalización, penalización y tratamiento de desviación social a los comportamientos de la juventud y a sus formas de inter-acción.

Dentro de las teorías generales, clásicas, sobre criminalidad ha sido recurrente la teoría de las subculturas criminales. El término hace referencia a las actividades delictivas -junto con las normas, los valores y las estructuras que las afianzan- tradicionales entre los miembros de un grupo o de varios grupos de jóvenes (Cohen 1955).

Cloward y Ohlín (1960) han sugerido la siguiente clasificación:

Las subculturas antagónicas, son redes de bandas que pelean periódicamente por la posesión de un determinado territorio (dentro de un barrio o vecindad) para vengar insultos reales o imaginarios, por la exclusividad de las muchachas, por ejemplo.

Las subculturas criminales, son las que pretenden obtener un beneficio económico por medio ilícitos, con una organización y unos planes que a veces implican control de mercados y protección contra la intervención de la policía. La banda y los acuerdos con los adultos son rasgos característicos de las subculturas criminales en contraste con las redes de bandas que constituyen las subculturas antagónicas.

Las subculturas marginales, son aquellas cuyos miembros buscan experiencias esotéricas y placeres excitantes, mediante el uso de drogas o comportamientos sexuales aberrantes.

Cloward (1959) trata de hacer una síntesis sobre las teorías de las subculturas criminales, extendiendo el concepto de distribución social de las oportunidades de acceso a los medios legítimos y del acceso a los medios ilegítimos.

Señala que entre los diversos criterios que determinan el acceso a los medios ilegítimos, las diferencias de nivel social son ciertamente las más importantes. Aún en el caso de los miembros de los estratos intermedios y superiores estuviesen interesados en emprender las carreras criminales del estrato social inferior, encontrarían dificultades para realizar esta ambición a causa de su preparación insuficiente. La mayor parte de quienes pertenecen a las clases medias y superior no son capaces de abandonar fácilmente su cultura de clase para adaptarse a una nueva cultura. Por otra parte, y por la misma razón, los miembros de la clase inferior están excluídos del acceso a los papeles criminales característicos de los de cuello blanco.

Pero la teoría funcionalista y la de las subculturas no se plantean el problema de las relaciones sociales y económicas sobre las cuales se fundan la ley y los mecanismos de criminalización y estigmatización que definen la cualidad de criminal de los comportamientos y de los sujetos criminalizados.

En esta dirección surge el nuevo paradigma criminológico o enfoque de la «reacción social», que parte de considerar que es imposible comprender la criminalidad si no se estudia la acción del sistema penal que la define y que reacciona contra ella, comenzando por las normas abstractas hasta llegar a la acción de las instancias oficiales (policía, jueces, instituciones penitenciarias que la aplican).

El estatus social del delincuente presupone necesariamente, por ello, el efecto de la actividad de las instancias oficiales del control social de la delincuencia, de manera tal que no llega a formar parte de ese estatus quien, habiendo tenido el mismo comportamiento punible, no ha sido alcanzado aún por la acción de aquellas instancias. Este último, por tanto no es considerado por la sociedad como delincuente ni lo trata como tal.

Lemert (1967) señala: «Pienso más bien que los grupos sociales crean desviación, aplicando estas normas a determinadas personas y etiquetándolas como outsiders. El desviado es una persona a quien el etiquetamiento ha sido aplicado con éxito».

Austin Turk, que asume este enfoque para aplicarlo a su estudio de la sociología del conflicto concluye que la delincuencia es, desde un punto de vista operacional, no propiamente una clase o combinación de clases de comportamiento, sino más bien una definición de los preadultos por parte de quienes están en la posición de aplicar las definiciones legales.

En lo que se refiere a la violencia urbana, aún con el grado de análisis y comprensión que hoy día se ha ganado frente al fenómeno, tenemos el reto de formular reflexiones, indagando por los grupos sociales que actúan, por los mecanismos mediante los cuales los actores sociales operan, por la estructura social que posibilita y/o alimenta determinados tipos de violencia y por las dinámicas sociales, locales que esto va generando (Camacho y Guzmán 1990).

Hemos constatado la imposibilidad de analizar la violencia en la cual participan los jóvenes sin indagar por la violencia urbana en general y sin descubrir las conexiones entre quien desarrolla una acción violenta y un conflicto que lo vincula con actores que aparentan como desligados de toda violencia.

Por eso, antes que «determinar» a los jóvenes como actores de violencia, hemos tratado de conocer las «Redes » de conflictos urbanos, las «inter-acciones» de jóvenes, que culminan muchas veces en acciones violentas.

Frente a estos discursos globalizadores que atribuyen a la juventud una visión subordinada, los jóvenes han generado sus propios espacios sociales que se concretan en territorios y significaciones donde generalmente establecen nuevas relaciones de poder y donde construyen su identidad.

Criminalidad y violencia urbana y juvenil

En términos de criminalidad Colombia tiene una de las tasas más altas del mundo (Montenegro y Posada 1994). Durante los últimos diez años la tasa de homicidios fue de 77.5 por cada 100.000 habitantes. Le siguen Brasil con 24.6, Bahamas con 22.7, México con 20.6, Nicaragua 16.7, Venezuela 16.4, Argentina 12.4, Sri Lanka 12.2, Perú 11.5, Ecuador 11 y Estados Unidos 8.¹

Mientras que la población creció en diez años en un 120.9% la tasa de homicidios se incrementó en 237%.

En lo que tiene que ver con las tasas delictivas, respecto al volúmen de población, las cifras revelan que las principales ciudades alcanzan tasas por encima de 1000 delitos por cada 100.000 habitantes. No se trata sin embargo de una correspondencia directa entre el tamaño de la ciudad y las tasas de homicidio y delitos. Ciudades intermedias como Pereira, Pasto y Cúcuta están muy por encima de la tasa para todo el país que es de 668.4 delitos por cada 100.000 habitantes.

Las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla (ciudades analizadas en el estudio que nos ocupa) representan el 30% de la población colombiana y aportan el 70% de los delitos contra la vida e integridad personal producidos en el país (40% de los homicidios y 30% de las lesiones personales ). Igualmente contribuyen con más del 70% de los principales delitos contra el patrimonio económico y con el 60% de los hurtos de automotores².

Existe una gran desconfianza y dificultades de la sociedad para acceder a la justicia. El aparato judicial está cada vez más distante de las posibilidades y capacidad para dirimir los conflictos en la sociedad. La encuesta de hogares de 1985 señala que sólo se denuncian 21 de cada 100 delitos cometidos, de los cuales 14 prescriben. De los 7 restantes sólo 3 terminan en sentencia. Cada juez penal produce un promedio de 15 sentencias al año, poco más de una por mes. Esto quiere decir que el 97% de los crimenes quedan en la impunidad.

La violencia homicida contra niños y jóvenes. Resultados generales para cuatro ciudades.

Con el objetivo de lograr una aproximación más real al fenómeno de violencia juvenil, realizamos un estudio riguroso del período comprendido entre enero 1 y junio 30 de 1994, en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, en base a la información registrada por la prensa³ de estas ciudades y la información oficial del Instituto de Medicina Legal.

Durante el período investigado, en las cuatro ciudades los periódicos dieron información de 143 casos de homicidios contra niños y adolescentes. Estos 143 casos involucraron a 154 víctimas y en su muerte participaron 170 victimarios, de los cuales sólo 34 fueron identificados, segun las fuentes.

Como puede observarse en el cuadro, el número de casos y víctimas para Bogotá representa apenas el 14% del total. El dato llama la atención si se considera que fué la única ciudad para la que se analizaron dos periódicos (EL Tiempo y el Espacio). Además, se trata de la capital del país, que alberga el 5.83% de la totalidad de los colombianos y en la que se cometen el 34,88% del total nacional de homicidios, según los informes de criminalidad de la Policía Nacional.

En las ciudades de Cali y Medellín los periódicos registraron el mayor número de casos y de víctimas.

Los datos brindados para Barranquilla muestran que fué la única ciudad en donde hubo total correspondencia entre el número de casos y de víctimas, es decir, en ningún caso hubo más de una víctima. El dato es por lo demás coincidente con la información de Medicina Legal (como lo veremos adelante), esto no sucede con las otras tres ciudades.

Las ciudades de Bogotá y Cali registraron el mayor número de vicitimarios conocidos, aunque estos sólo representan el 5% del total de victimarios mencionados por los periódicos.

Al comparar los datos anteriores (sacados de la prensa) con la información brindada por el Instituto de Medicina Legal se comprueba una de las hipótesis que dió origen a esta investigación del subregistro que la prensa hace de este tipo de violencia. El Panorama general para las cuatro ciudades, durante el mismo período de tiempo, según Medicina Legal fué de 1.678 víctimas menores de 18 años. Si aceptamos la información de Medicina Legal como dato oficial, quiere decir, que la información recolectada por la prensa (154 víctimas) representa apenas el 10.89%. Veámoslo en la siguiente tabla:

El cuadro anterior es concluyente respecto al registro que la prensa hace de los homicidios de niños y jóvenes. De igual manera se demuestra su rol en la formación de opinión. Por ejemplo, es muy común hablar de que en la ciudad de Medellín es donde se cometen el mayor número de homicidios (los datos del periódico el colombiano podrían estar indicando esto) sin embargo, según Medicina Legal, serían en su orden Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

Algunas investigaciones sobre violencia han señalado que la capital del país (Bogotá) concentra altos índices de violencia y criminalidad, en este sentido, las cifras de Medicina Legal, para este tipo de violencia nos parecen todavía lejanas de la realidad.

En el caso de Barranquilla, la similitud en el número de víctimas parece estar dado por el hecho de que la fuente principal del redactor judicial del periódico la constituye la información de Medicina Legal.

Con respecto a las edades de las víctimas podemos observar de conjunto, que el grupo de edad comprendido entre los 15-17 años representa el 78.6% de las víctimas, seguido del rango 11-14 años con el 16.2% . Este dato es bastante preocupante en la medida en que nos permite señalar que no se trata aquí de una violencia indiscriminada contra niños y adolescentes sino que se trata de una violencia selectiva y que son los jóvenes de este grupo etario el objetivo.

Desagregando la información de la tabla anterior, por ciudades, podemos resaltar el hecho de que en Barranquilla el 100% de las víctimas correspondieron al rango de 15-17 años. En los casos de Cali y Medellín se trata del 82% de las víctimas y en Bogotá se distribuyen por iguales partes para los 11-14 años y los 15-17.

Así mismo, las prensa indica que son los jóvenes hombres las mayores víctimas. Representan 130 víctimas de las 154. Las mujeres suman 22 y en dos casos no se informa. Proporcionalmente, Barranquilla tiene el más alto registro (de 11 víctimas, 10 corresponde a hombres y una sóla mujer).

Un aspecto muy importante del estudio tiene que ver con el perfil (profesión) de las víctimas. En 96 de los 154 casos no se tuvo información. Los 58 restantes se distribuyen entre albañiles (3), estudiantes (10), indigentes⁴, vendedores ambulantes (4), pandilleros (2), otras profesiones (33). Los estudiantes aparecen como un sector social específico de este tipo de violencia, de manera particular en las ciudades de Bogotá y Barranquilla.

Resultados específicos para la ciudad de Bogotá

En reciente investigación llevada a cabo por estudiantes de estadística de las Universidades Central y de Los Andes, el problema mas sentido por los bogotanos, resultó ser el de la inseguridad. En 1993, Bogotá registró el 30% de los delitos en el país. Entre enero y octubre de ese año fueron muertos en circunstancias violentas 1.026 niños menores de 15 años. Y entre 1992 y 1993 se registraron 8.836 muertes violentas cuyas causas principales corresponden a riñas, ajustes de cuentas, atracos, venganzas y acciones de «limpieza social».

Pero los jóvenes también se organizan para defenderse y agredir. En Bogotá existen 107 pandillas juveniles. Entre julio de 1992 y julio de 1993, menores de 18 años se hallaban comprometidos en la comisión de 2.867 delitos de los cuales 157 fueron homicidios(4).

En lo que respecta a la violencia contra niños y jóvenes en la ciudad de Bogotá, hemos tenido acceso a dos fuentes de información oficial cuyos datos muestran pocas diferencias en las cifras, aunque no corresponden exactamente a los mismos grupos de edad.

En primer lugar, la PERSONERIA DE SANTAFE DE BOGOTA, realizó un detallado reporte estadístico de muertes violentas desde julio de 1992 hasta julio de 1994. El informe se basa en las actas de levantamiento de cadáveres practicadas por la Fiscalía General de la Nación.

Según esta institución las muertes violentas de menores aumentaron considerablemente entre el segundo semestre de 1992 que se registraron 687 muertes y el primer semestre de 1994 que registraon 757. De 3928 muertes violentas registradas 757 corresponden a menores de 18 años, en el período de enero a junio de 1994.

El mismo informe señala que en el 60% no se pudo establecer la causa de la muerte según el tipo de arma, el 15% se debe a muerte por arma de fuego; el 6% arma blanca. De igual forma se deduce que las localidades donde se registró mayor número de muertes fué en Ciudad Kennedy, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

En segundo lugar, el INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, encargado de establecer la causa de la muerte a través de la práctica de la necropsia, por lo tanto incluye también casos de muerte natural o accidental, registró en Bogotá, en el período de enero a junio de 1994 un total de 806 muertes de menores de edad.

Como ya lo señalamos, los periódicos El Tiempo y El Espacio reportaron entre enero 1 y junio 30 de 1994, 20 casos de homicidios contra menores, que involucraron a 22 víctimas y a 35 victimarios, 16 de ellos conocidos y 19 desconocidos.

De los 20 casos, 8 fueron informados exclusivamente por El Tiempo, entre ellos, dos matanzas con diez víctimas adultos, además de los dos menores muertos en dichos hechos, y tres niños indigentes muertos en acciones de limpieza.

El Espacio, por su parte, informó exclusivamente sobre 12 casos de homicidios -4 con despliegue de primera página y fotos-, 8 en la página judicial. A 2 de estos casos les dió seguimiento durante tres días. Tanto El Tiempo como El Espacio coincidieron en la información sobre los homicidios de 5 menores.

El homicidio que tuvo mayor despliegue y seguimiento por parte de ambos periódicos fue el de la menor Diana Marcela Caldas Galán de 6 años, heredera de una fortuna, cuyos hermanastros utilizaron sicarios para matarla. En los hechos resultó herida la madre de Marcela y posteriormente también murió en el hospital a donde fue llevada.

Como puede observarse, el número de homicidios en Bogotá (22), recogidos de los dos periódicos, es bastante bajo cuando se compara con las cifras de Medicina Legal para el mismo período (806).

En lo que tiene que ver con las víctimas, respecto de las otras tres ciudades estudiadas, Bogotá representa el 14% de las víctimas registradas por los periódicos.

Los grupos de edad que mayor número de víctimas registran están entre 11-14 y 14-17 años. Cada uno representa el 6.4% de los 22 homicidios.

De estas 22 víctimas, 5 son mujeres y 17 hombres. Medicina Legal, registra 76 mujeres y 730 hombres para el mismo período cubierto por estos diarios.

Citas

1 Tasas de homicidios en algunos paises. Fuentes: Policiía Nacional Colombiana, Organización Panamericana de la Salud, Naciones Unidas. Cuadro tomado del libro «Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia». Departamento nacional de Planeación y FONADE. Bogotá, enero de 1995

2 Revista de Criminalidad de la Policía Nacional, #35, 1993, págs. 61- 74, Bogotá

3 Para el estudio mencionado se consultaron los periódicos: El Tiempo y El Espacio para la ciudad de Bogotá, El Colombiano para la ciudad de Medellín, el Caleño para la ciudad de Cali y el Heraldo para la ciudad de Barranquilla. Igualmente fué diseñado un instrumento científico de recolección de los datos, de sistematización y de cruce de variables. Esta fuente se confrontó con la fuente oficial de las seccionales del Instituto de Medicina Legal, en las cuatro ciudades y para el mismo período señalado.

4 Segovia Guillermo. «La violencia en santafé de Bogotá». Bogotá 1994