Revista Nómadas
Dirección de Investigación y Transferencia de Conocimiento
Carrera 5 No. 21-38
Bogotá, Colombia
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• Segunda Toma Cultural contra el acoso en las aulas, realizada por organizaciones feministas de distintas universidades de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, mayo del 2018 | Foto: Colectiva No Me Calle
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María Luisa Rodríguez Peñaranda**
El artículo reflexiona sobre las luchas feministas por el derecho de las mujeres a una vida libre de acoso sexual, surgidas en la Universidad Nacional de Colombia. Para ello aborda tres aspectos: i) la pluralidad en las formas de organización feministas agrupadas bajo lógicas gremiales; ii) la multiplicidad de estrategias para denunciar y afrontar las violencias sexuales, y iii) las dificultades para unirse en el logro de un objetivo común desde una mirada fraternal. Defiende la fraternidad como la metáfora republicana que asocia a los individuos desde la empatía y el afecto, desafiando al individualismo propio del neoliberalismo académico.
Palabras clave: acoso sexual, fraternidad republicana, backlash, Red de Profesoras, colectivas estudiantiles, litigio feminista.
O artigo reflete sobre as lutas feministas pelo direito das mulheres a uma vida livre de assédio sexual, surgidas na Universidade Nacional da Colômbia. Para isso, aborda três aspectos: i) a pluralidade de formas feministas de organização agrupadas sob a lógicas sindicais; ii) a multiplicidade de estratégias para denunciar e lidar com as violências sexuais; e iii) as dificuldades de se unir para alcançar um objetivo comum a partir de uma perspectiva fraterna. Defende a fraternidade como a metáfora republicana que associa os indivíduos à empatia e ao carinho, desafiando o individualismo do neoliberalismo acadêmico.
Palavras-chave: assédio sexual, fraternidade republicana, blackflash, Rede de Professoras, coletivos estudantis, litígio feminista.
The article puts forward a reflection on the feminist struggles for the right of women to a life free of sexual harassment that emerged at the National University of Colombia. To do so, it addresses three aspects: i) the plurality of forms in which feminist organizations grouped following labor-union logics; ii) the multiplicity of strategies to denounce and deal with sexual violence; and iii) the difficulties to unite themselves towards achieving a common goal from a fraternal perspective. It posits fraternity as the republican metaphor that merge individuals through empathy and affection, challenging the individualism distinctive of academic neoliberalism.
Keywords: Sexual Harassment, Republican Fraternity, Backlash, Female Teacher Network, Student Groups, Feminist Litigation.
*Este artículo es producto de la investigación desarrollada en el marco del grupo Justicia Real.
**Profesora asociada de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, y directora del grupo de investigación Justicia Real de la misma universidad (Colombia). Doctora en Derecho Constitucional. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
A la memoria de Toni, para quien la fraternidad era un camino común transitado por mujeres y hombres.
La metodología escogida para la presente reflexión responde a los estudios críticos feministas basados en el posicionamiento (Bartlett, 2011) o pensamiento situado (Young, 2011; Harding, 1987) que entiende la verdad como un concepto provisional y no arbitrario enriquecido por la experiencia propia inmersa en la compartida, así como por la concientización. De igual modo, esta metodología pretende superar el enfoque binario que, sin abandonar la mirada universalista, pone en cuestión la construcción del conocimiento “objetivo”, para dar paso a un diálogo con el pensamiento concreto y contextual denominado el universal-concreto (Benhabib, 2005). Por ello, si bien la voz de la autora es la que domina, también se acude a la comprensión e interpretación que del mismo contexto académico desarrollan algunas de las integrantes de las colectivas estudiantiles, profesoras y administrativas. De esta manera ofrece una mirada situada, contextual, es decir, subjetiva, pero con anhelos holísticos.
Hablar del género en la Universidad Nacional de Colombia no es un asunto nuevo, lo novedoso es que integrantes de la comunidad académica ubicadas en el entorno de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en adelante FDCPS, hayan ocupado un lugar destacado como protagonistas en el escenario de las luchas feministas desarrolladas en el último quinquenio, 2014-2019.
En este período la Universidad ha sido el teatro de fuertes reclamos por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, dentro de los cuales el acoso sexual ha generado mayor consistencia en las exigencias para su erradicación. De antemano propongo dos nuevos aspectos centrales que considero transformaron la lucha contra el acoso al tender puentes esperanzadores en la comunidad: 1) el litigio desde los tres estamentos por la búsqueda de la justicia, la reparación y garantías de no repetición, y 2) el reciente pero importante surgimiento de la Red de Profesoras.
Intentar explicar las luchas feministas en la Universidad resulta incomprensible si no partimos del motor central, la vitalidad, renovación y resistencia que le aportan las colectivas. Con esta denominación se arropan las estudiantes que por iniciativa propia deciden unirse con la intención de modificar el statu quo al que se enfrentan cuando ingresan a la Universidad en tanto mujeres o seres feminizados.
Las colectivas surgen como una forma de resistencia estudiantil feminista por algún acontecimiento que les indigna, generalmente entre compañeras unidas en torno a la amistad2. Al compartir sus experiencias descubren que las violencias basadas en género son una práctica común, cotidiana; tras ello buscan formarse y explorar caminos para expresar su descontento, acudiendo a campañas, talleres de formación, intervenciones barriales, denuncia por redes, pintadas, carteles contra el sexismo, el racismo, la transfobia, las brechas de género y el acoso en la Universidad.
Sus actuaciones suelen responder a coyunturas-estímulos-limitaciones concretos que reaniman determinadas agendas como la difusión mediática de un hecho victimizante, o que las desalienta en razón de la precariedad de la vida estudiantil, la falta de financiación o los impactos emocionales, jurídico-políticos de sus campañas. De hecho, al alejarse de la disciplina política, la dependencia del calendario académico marca sus periodos de actividad e inactividad.
En buena medida, mientras más conocida sea una colectiva, más se descarga la institucionalidad de sus tareas delegándoles funciones misionales como el asesoramiento jurídico-psicológico a las víctimas, la difusión de las rutas de atención, la formación, entre muchas otras.
En este sentido, la experiencia de la colectiva Blanca Villamil puede ser identificada como pionera en tanto se inició en el 2014 en Sociología y continúa en la actualidad con estudiantes y egresadas. Ellas contribuyeron en forma activa al proceso de impulso, deliberación y efectiva construcción de la ruta de atención y prevención de las violencias basadas en género consagradas en el actual protocolo.
Dos años después de su expedición manifiestan que lo más destacable fue la ganancia para la comunidad universitaria. Adicionalmente, lograron visibilidad como colectivo,
[…] pero también nos afectó porque cuando creamos la campaña En la Nacho no más Machos hubo un acoso constante, criticaron la iniciativa, cuando hubo unas denuncias los victimarios se dirigían a nosotras como las malas, las mentirosas, las que estábamos juzgándolos, hasta amenazas. (Respuesta de María del Mar Acevedo Estrada, Colectiva Blanca Villamil)
Las colectivas actúan en forma autónoma, lo cual no es óbice para realizar alianzas con otras organizaciones dentro de la Universidad o con otros centros públicos y privados3. Algo notorio es que en los últimos años las colectivas han crecido exponencialmente en la FDCPS, pasando de tan sólo una –Género y Seguridad– a actualmente cinco. El surgimiento de estas iniciativas podría evidenciar las dificultades que tienen las participantes para adherir a nuevas integrantes, posiblemente por el deseo de cada colectiva de imprimirle un sello propio a su organización, lo que eventualmente las debilita. Si bien la lucha contra las violencias de género, y en particular contra el acoso, parece atravesarlas a todas, la experiencia, los tiempos de sus acciones, las estrategias usadas, el grado de compromiso de sus integrantes y las retaliaciones se convierten en barreras insalvables para producir alianzas duraderas4.
El hecho de que la amistad sea la base de la asociación opera como una ventaja para el compromiso, la confianza y la solidez del trabajo grupal, pero puede generar tensiones basadas en los protagonismos (tan aceptados en el estamento profesoral) que producen un goteo constante de exintegrantes, más aún ante los grandes desafíos que deben sortear después de sus acciones.
El escrache o acción directa es el medio por el cual las colectivas captan la máxima atención, particularmente cuando se sienten ignoradas o como lo mencionan ellas mismas: “No somos tomadas en serio” (entrevista a Victoria Franco, Colectiva Blanca Villamil, 29 de julio del 2019). Es el recurso que más logra zarandear tanto a la institucionalidad como a la comunidad, consiguiendo alterar la agenda académica y política del campus. Mediante esta clase de intervenciones se pintan muros, se ubican carteles con denuncias concretas a profesores y compañeros acosadores5 , plantones que previamente han sido discutidos en las redes y principalmente en Facebook6 . Su eficacia es muy alta y las retaliaciones también.
En este sentido, la Universidad y ciertas facultades al impulsar cambios normativos suelen apoyarse-legitimar su actuación recurriendo a ellas, en forma general las colectivas ven en esta participación una oportunidad para contribuir al avance en los temas que les conciernen y por los cuales previamente se han movilizado, dejando un rastro de su actividad inserto en la institucionalidad.
Con la Colectiva Blanca Villamil centramos nuestros esfuerzos en los años 2015 y 2016 en la exigencia a la institución de la creación de un protocolo que diera trámite óptimo a las denuncias sobre acoso que se venían adelantando y que con el pasar del tiempo iban en crecimiento, como resultado de esta pelea y de los esfuerzos hechos por parte del Observatorio de Asuntos de Género en cabeza de Luz Gabriela Arango se nos permitió participar en el espacio de creación del mismo que sesionó entre abril y octubre del 2017.
La posibilidad de participación en este espacio significó para nosotras la oportunidad de lograr algo que fuera de largo alcance y que sentara un precedente en la institución, pero también la realización de algo por lo que veníamos peleando hacía mucho y que sin lugar a dudas era esperanzador para las mujeres que hemos sido víctimas de acoso sexual en la Universidad. (Entrevista a Victoria Franco, Colectiva Blanca Villamil)
No obstante, la decisión de participar debe pasar por un análisis sobre cómo su presencia influye en la legitimidad de las políticas universitarias, a quién beneficia, por qué se les convoca, todo ello ante el latente riesgo de neutralización de sus acciones, ruptura de otros procesos en curso o pérdida del anonimato.
En este espacio participaron representantes de todos los estamentos así como altos mandos de todas las instancias que conforman la UN, esto alimentaba nuestra lectura de compromiso institucional por la creación de un protocolo que no sólo protegiera los derechos de las estudiantes, sino también de docentes y administrativas; sin embargo, esta sensación no perduro ya que en el momento de lanzamiento y funcionamiento del protocolo la institución no brindó ni ha brindado las condiciones óptimas para su funcionamiento, así pues, en este momento el protocolo […] no cuenta ni con el presupuesto que requiere ni con profesionales con experticia en el tema. (Entrevista a Victoria Franco, Colectiva Blanca Villamil)
La vitalidad que entregan las jóvenes a la lucha feminista puede ser leída como una ventaja para la renovación constante de los reclamos, empero justamente la corta edad de algunas de ellas, la sobrecarga que se les da, la falta de formación, la poca transferencia-recepción de información sobre las experiencias y procesos que les antecedieron puede volverlas presas fáciles de la instrumentalización para legitimar procesos que buscan justamente desestimular las apuestas transformadoras más profundas. A la postre, la invitación a participar desde la institucionalidad puede ser un verdadero canto de sirenas para la autocomplacencia, la fragmentación y el retroceso en las mismas políticas que inocentemente creen fortalecer, pero que sin duda les ofrece la oportunidad de destacarse en un terreno que incita al éxito personal.
En relación con la FDCPS y la aprobación de la política pública de género, algunas estudiantes son plenamente conscientes de estos riesgos:
La facultad ha comenzado a instrumentalizar el accionar feminista y a institucionalizarlo. Puede ser una estrategia para mejorar la imagen, tras la gran cantidad de casos de violencias que se han presentado por parte de profesores, estudiantes y administrativos. Sin embargo, eso ha torpedeado el accionar de las colectivas y ha contribuido a la estigmatización e invisibilización de las violencias, que muchas veces son encubiertas o ignoradas. Cabe aclarar que no sólo se presentan violencias sexuales, sino también simbólicas, físicas, económicas, entre otras. (Respuesta de Juanita Villamil, Colectiva Blanca Villamil)
Por último, el exceso de casos puede llevar a una sobrecarga sensorial que lleva a la indiferencia identificada como “la fatiga de la compasión” (Moller, 1999, citado en Benhabib, 2005). Dado que existe un claro hilo conductor entre el exceso de casos que deben atender y la negligencia institucional; ello puede leerse como un verdadero sabotaje desde la institucionalidad hacia la loable tarea que desempeñan.
Por su parte, algunas de las estudiantes entrevistadas perciben el activismo en las profesoras como importante pero limitado por la relación laboral de la que dependen, así, por ejemplo, las docentes juzgan inadecuado que al impartir sus clases hablen de los conflictos que padecen en tanto son percibidas como parcializadas cuando deben profesar objetividad (lo que afecta la compostura esperada del estamento profesoral), o sencillamente no logran comprehender las dinámicas estudiantiles. Al parecer, el activismo profesoral es visto en forma oscilante entre positivo pero insuficiente, radical o timorato, o peor aún, con trazos desarticuladores7 .
Previamente he puesto de presente cómo la institucionalidad ha venido incorporando nuevos instrumentos jurídicos en aras de ajustar la vida universitaria y sus prácticas a la equidad de género. Con esta orientación la Universidad aprobó inicialmente: i) la “Política institucional de equidad de género y de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Universidad Nacional de Colombia” mediante el Acuerdo 35 del 2012. Recientemente, otros dos instrumentos: ii) el Observatorio de Asuntos de Género (Acuerdo 13 del 2016), y iii) el Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencias Basadas en Género y Violencias Sexuales (Resolución 1215 del 2017).
• Marcha acoso sexual en campus universitarios, Chile, mayo del 2015 | Tomada de: Observatorio contra acoso Chile
Si bien la expedición de estas normas puede interpretarse como un avance en la lucha contra la discriminación por razones de sexo-género en la vida universitaria, lo cierto es que entre las normas y la realidad se ha construido un abismo que denota su falta de eficacia debido principalmente a: 1) la lenta apropiación de las normas por los servidores públicos; 2) la pretensión de neutralidad de la institucionalidad en detrimento de los derechos de las víctimas; 3) una inadecuada lectura sobre el mantenimiento del buen nombre de la Universidad como “silenciamiento” a las violencias; 4) la desfinanciación de los servicios de acompañamiento psicológico y jurídico prometidos, lo cual produce aún mayor frustración y revictimización; 5) falta de liderazgo institucional del personal administrativo de nivel central sobre los asuntos de género pese a contar con la primera mujer rectora en 150 años. Todo ello produce una grave desarticulación interna, multiplicación de procesos y la falta de una política pública integral para afrontar las violencias basadas en género.
Analizar cada una de estas variables excedería las dimensiones de este artículo, pero quizá la mayor lección aprehendida es que la profusión de normas es un paso necesario pero insuficiente para propiciar un verdadero cambio en la vida de las mujeres que habitan el entorno universitario.
La estrategia principal de la institucionalidad es la del género como retórica, concepto que previamente he desarrollado (Rodríguez, 2018a) y que se basa en crear un discurso simbólicamente fuerte, que consiste en enviar un mensaje políticamente correcto sobre una cierta “preocupación” de la institucionalidad sobre los reclamos basados en problemáticas de género, pero cuyo personal dista de percibirlos, apropiarlos, resolverlos y contenerlos. Con el hiato creado entre el quehacer de los funcionarios y los mismos postulados que pretenden divulgar, se pone de presente la ruptura entre las normas en relación con la aplicación esperada. En efecto, si no existe una voluntad política de asignar recursos, darle importancia al tema, sentir compasión por las víctimas, lo único que estas normas propician es, parafraseando a Gerald Rosemberg, “una esperanza hueca” de transformación.
Si había una institución educativa en la que los estudios de género habían contado con un sólido desarrollo, ésta había sido la Universidad Nacional de Colombia. No obstante, tal afirmación nos puede llevar a engaños. Una revisión más profunda de la historia en la creación y consolidación de la Escuela de Estudios de Género dejar ver que los arreglos institucionales de la Universidad hacia aquélla no han escapado a las lógicas ambiguas e inconsistentes ya reseñadas sobre el abordaje a las violencias de género (Puyana, 2007; Arango, 2018).
La Escuela se encuentra inmersa en una doble dinámica. De una parte, al obtener un amplio reconocimiento colectivo producto del labrado prestigio de sus profesoras, ha conseguido ser considerada una de las voces más autorizadas en los principales debates nacionales en el ámbito de la justicia y las políticas públicas en torno al género y, de paso, ha ubicado a la Universidad en el podio de las entidades más reconocidas en materia de género. Y, de otra, ha estado sometida a grandes precariedades impuestas para su supervivencia en cuanto al financiamiento, personal disponible y sobrecarga de trabajo promovida por la misma institucionalidad desde el nivel central. De modo que, mientras es un referente obligado tanto en el orden nacional como internacional en el ámbito del feminismo interdisciplinario y latinoamericano, a su vez no cuenta con una planta docente propia (Arango, 2018).
Quizá el logro de convertirse en una unidad académica autónoma pudo contribuir a que gozara de la independencia suficiente como para estar y no estar inserta en las dinámicas dominantes de las facultades, con tres efectos notorios: i) la privación de los puntos docentes que les permitirían la renovación basada en una transición generacional (pasando de diez a cuatro integrantes); ii) una reducida capacidad para anticiparse a la explosión de inconformidades que surgirían en el campus en virtud de las violencias de género; iii) mantener una cierta inercia marcada por el compromiso con el posicionamiento académico de las teorías del género sin involucrase directamente con el activismo feminista profesoral, es decir, con el halo de la neutralidad.
Se trata de una pretensión de imparcialidad qué felizmente vendría a ser rebatida con el surgimiento de una nueva protagonista, la creación y consolidación de la Red de Profesoras (2018) como un espacio de proposición de iniciativas, encuentro, discusión y toma de decisión entre docentes activas de todas las facultades preocupadas por el futuro de la Universidad, lideradas por las representantes profesorales8 ante los órganos de gobierno en el nivel central y en las facultades. Mery Constanza García recuerda el origen de esta plataforma así:
La idea inicial surge en mayo del 2018, por la indignación e impotencia que sentí como mujer, profesora y representante profesoral, durante un Consejo de Sede (Bogotá) al que asistí. En dicho Consejo se presentó a una profesora no como científica e investigadora, sino como una profesora problemática que no quería permitir que su estudiante de doctorado al que había tutoriado por cinco años, la cambiara por dos profesores, colegas de ella, quienes fueron presentados como investigadores muy destacados en el mismo campo que se desempeñaba la profesora. Como representante profesoral me opuse, y las consideraciones que hice fueron negadas: doce votos contra uno –el mío–, quedando el caso aprobado por mayoría y perjudicando a la profesora. En dicha votación las únicas tres decanas se sumaron a esa votación. Su indiferencia e insolidaridad para con la profesora me desconcertó.
• Manifestación contra el feminicidio | Tomada de: EFE
Las líneas de acción de la Red de Profesoras comenzaron abarcando una variedad de temas que pivotan en torno a los problemas de la educación pública superior en cuanto a su sostenibilidad, calidad, transparencia, moralidad pública, bienestar universitario y docente. Al que pronto se agregaría la equidad de género y lucha contra el acoso.
El acceso de las mujeres a los órganos de representación ha sido sin duda un paso significativo para las docentes y estudiantes, no obstante, al tratarse de órganos colegiados dominados por hombres, basados en la regla de mayorías y la solidaridad masculina, su presencia no logra tener el impacto deseado9 .
Justamente estos tropiezos han hecho que busquen nuevos espacios de intervención como el correo institucional docente, dentro del cual el principal instrumento de acción son los comunicados, equivalentes a la acción directa estudiantil. Éstos se han convertido en el medio para conversar con la institucionalidad, la comunidad docente, promover agendas y enviar apoyo a las víctimas de violencias sexuales como el acoso. Allí se manifiestan las falencias institucionales, se denuncian prácticas de corrupción, de abuso de poder, se promueven valores como la sororidad, la solidaridad, la unión, la transparencia, la alegría, la creatividad y el compromiso social.
Pero realmente, existe una impotencia por la cantidad de barreras que tienen las instituciones para tratar y prevenir las violencias de género. En la UN no existe una política, unos programas, unas directivas, una administración que efectivamente se pueda afirmar que hay una lucha contra la violencia de género.
De otra parte, no existe una madurez en la comunidad universitaria que sea capaz de combatir de manera agresiva y eficiente las violencias. Existen pactos de silencio, se impone el miedo, la desconfianza y la inacción. (Entrevista a la profesora Mery García, 21 de julio del 2019)
La red de profesoras tendió un puente no sólo entre las docentes de la Universidad, sino incluso como una apuesta de universidad pública que supera las barreras entre departamentos y facultades. Su liderazgo femenino está basado en la solidaridad, lo cual permite construir lazos profundos entre la comunidad, con una clara toma de posición de rechazo al acoso, exhibiendo una gran capacidad para interactuar tanto con la institucionalidad como con las víctimas.
Si bien la Escuela llevaba casi tres décadas hablando de feminismo y teorías del género en forma continua, en la FDCPS apenas si habían existido algunas iniciativas en cursos dentro de la oferta de elegibles. Por mi parte, al ganar el concurso docente para cambiar mi dedicación a tiempo completo me notificaron que regentaría la Cátedra Eduardo Umaña Luna, el mismo día que me posesioné (2015). En ese momento la Cátedra se encontraba completamente desprestigiada y de hecho se discutía entre los profesores la posibilidad de eliminarla o cambiarle el funcionamiento. Sin embargo, me pareció una excelente oportunidad para introducir el tema de “Feminismos y nuevas masculinidades” en un escenario tan privilegiado como resulta ser una asignatura de fundamentación, obligatoria, y que reúne a las/os estudiantes de primer semestre de ambos departamentos en un aproximado de 190 jóvenes recién egresados del colegio. Más dignificante me resultó el escenario dispuesto para su desarrollo: el Auditorio Camilo Torres de la misma Facultad.
Mi idea central estaba basada en tres supuestos: 1) si los profesores se resisten a incorporar el enfoque de género, pero los estudiantes están formados para exigirlo desde el inicio de la carrera, necesariamente surgirá una renovación desde dentro de la Facultad. El resultado será una dinamización de los contenidos por demanda del estamento estudiantil y no por imposición; 2) si el cuerpo estudiantil ha sido preparado para identificar el sexismo y el acoso, también podría reaccionar mejor y más asertivamente haciendo uso del control social cuando un profesor abuse de su rol en el aula; y 3) convertirse en un lugar de encuentro y discusión desde la academia más formada en género, con los organismos del Estado que impulsan políticas públicas sobre el tema, contando con las protagonistas en la evolución del enfoque de género en la rama judicial. De igual modo, interactuar con las académicas de otras universidades y facultades que históricamente tenían mayor conocimiento, experiencia y reconocimiento en los temas por abordar en la Cátedra10. Por último, hacia la misma Facultad con el objeto de compartir nuestros avances investigativos entre el profesorado de ambos departamentos.
Si bien la Cátedra contaba con ciertas ventajas de espacio y solemnidad, también arrastraba grandes falencias. No contaba con financiación, un directorio docente de invitados ni tiempo para su planeación; el horario después de almuerzo tampoco ayudaba. No obstante, sí funcionó gracias al compromiso de la comunidad académica feminista existente.
Quisiera resaltar que en el marco de las conmemoraciones del 8 de marzo en el que participaron estudiantes de la Cátedra con performances sobre las violencias de género, surgiría una nueva colectiva estudiantil Brujas: La Banda Feminista11. Lo que podría denotar que no sólo las violencias percibidas son el motor de las colectivas, también los espacios de formación, discusión o eventos en los que se aborde el género contribuyen a crear el ambiente propicio para el surgimiento de iniciativas estudiantiles congregadas en la defensa de sus derechos.
En suma, en sus tres versiones12, la Cátedra Eduardo Umaña Luna permitió posicionar los estudios de género desde una pretensión abarcativa, no marginal sino central, dentro de la formación jurídico-política, pero lo hizo en forma temporal, evidenciando las grandes dificultades para sostener una cátedra de género en forma constante.
Dos consecuencias no previstas arrojaría la construcción de este espacio pedagógico en el género: i) el efecto llamada que tuvo entre las estudiantes y administrativas para impulsarlas a hablar sobre las violencias sufridas, el rechazo a seguirlas padeciendo y, en algunos casos, la búsqueda de justicia; y en consecuencia, ii) poner a prueba el sistema normativo anunciado con bombos y platillos por la Universidad. Lamentablemente la profusión de casos nos llevó a rápidamente agotar la credibilidad en el uso de las rutas de atención, pues éstas revelaron prematuramente no contar con el personal suficiente –con tan sólo dos funcionarias a medio tiempo (una psicóloga y una abogada), con salarios precarios y sobrecarga de trabajo–, así como la falta de coordinación entre los funcionarios encargados de activar la ruta; la falta de capacitación en género; la poca diligencia para llevar al impulso de los casos, la interposición de barreras en el acceso a la justicia, la toma de medidas de protección, etcétera.
Los adversarios de la Cátedra provenían de dos prácticas: una primera confesable, proveniente de profesores y administrativos con masculinidad tóxica que han hecho del acoso una pericia profesional y que ven en la formación en género un verdadero tropiezo a su modo de ejercer el poder. Digo que ésta es una práctica confesable porque los opositores desde esta orilla manifiestan sus resistencias en sus clases, desafían a las profesoras y generalmente sin ninguna sutileza nos atacan por todas las vías posibles: jurídicas, mediáticas, profesionales.
A lo que se suma una segunda práctica inconfesable que conjuga lo que las feministas han logrado identificar como el good guy (Skott-Myhre, 2018), el hombre académico autodeclarado feminista, que nos ofrece voces de aliento en nuestras batallas con un respaldo muchas veces visible, otras tantas oculto, pero que dentro de su expansión investigativa busca ejercer un amplio dominio liderando la investigación feminista con las infinitas ventajas y privilegios que le ofrece su masculinidad, multiplicando sus alianzas, así como el afianzamiento de las formas tradicionales de entender y percibir el liderazgo bajo el molde del varón.
Estos buenos hombres disputan a sus colegas mujeres “el poder teórico del género”, como bien nos advierte MacKinnon, “en cuanto las mujeres reclamamos algo para nosotras, y esto es visto como poderoso y significativo, especialmente si es redituable, de inmediato es reclamado y apoderado por los hombres” (MacKinnon, 2014: 179).
En nuestros contextos, estos good guys, siendo conscientes de sus limitaciones en tanto hombres en el feminismo, impulsan el reclutamiento de jóvenes estudiantes que se reconocen como tales, dispuestas a producir para su grupo de investigación y engrandecer el poder del patriarca. Estas jóvenes investigadoras, totalmente empapadas de la concientización de las formas de opresión a las mujeres, simplemente voltean la cara a lo que salta a la vista. Éticamente parecen moverse en arenas movedizas entre la oportunidad de brillar sin el costo de abrirse camino por sí solas o bajo el liderazgo femenino, y el deseo de competir con las profesoras de trayectoria académica consolidada bajo el ala protectora del patriarca académico, quien además parece apoyar las causas feministas sin que ello le genere las altísimas consecuencias que le produce a sus colegas mujeres.
Al amparo del “buen patriarca”, las chicas observan cómo los recursos fluyen con versatilidad, los espacios están casi siempre disponibles y no requieren asumir los grandes desafíos de aquellos que se vinculan a los grupos bajo el liderazgo femenino, siempre obligados a contrarrestar un intermitente backlash
La comodidad de las jóvenes feministas al abrigo del buen patriarca sólo tiene un límite, el ético. La agenda del patriarca y sus alianzas no siempre son como se quisiera, y cuando las contradicciones flotan en el aire, a veces revientan en burbujas de preguntas “¿encubrir o no al acosador amigo de mi líder?”. Penosamente, la maquinaria que construyen en torno a ellos obstaculiza la consolidación de los liderazgos femeninos. En términos de Marcela Lagarde, del affidamento y la más que necesaria invitación a las mujeres a affidarse, es decir, a reconocer la autoridad femenina (Barreto, 2007).
• Paro Internacional Feminista y Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, en el 8M, Argentina, marzo del 2019 | Foto: Pablo Cuarterolo. Tomado de: Perfil
Ahora bien, en una facultad masculinizada, donde la mayoría de las profesoras son ocasionales, las alianzas estarán enmarcadas por el respaldo de estos buenos patriarcas, cuyos apoyos pueden llegar a ser absolutamente determinantes en los momentos de mayor violencia contra nosotras. Así también nos movemos en las arenas ambiguas y perturbadoras del agradecimiento-cautela.
Otros colegas simplemente actúan bajo la lógica pasiva-agresiva. Con su silencio le despejan el camino a los agresores y contribuyen a personalizar el conflicto social en las profesoras que exigimos avances institucionales en un marco de ética profesoral; mientras tanto, actúan con el oportunismo propio del que ve la vida universitaria como una pista de carreras, y si la competidora está cansada, ¡mejor!
La singularidad que aportó la Facultad a las luchas feministas en la Universidad, particularmente contra el acoso sexual, fue la incorporación de un nuevo elemento aún no explorado por nuestras antecesoras como lo constituye el litigio, ya sea por i) acompañamiento de litigantes estratégicas consolidadas como Sisma Mujer; ii) por representación legal a estudiantes por sus pares, las colectivas como Género y Seguridad, o iii) por causa propia como me ha correspondido personalmente.
Lo que deja en claro el litigio de los casos de acoso es que el sistema judicial agota a todos los intervinientes por muerte lenta, multiplicación de procesos (disciplinarios, penales, constitucionales), que se recrudecen por cuanto el régimen disciplinario universitario ha sido renuente en incorporar el enfoque de género (El Espectador, 2019) que en otro momento he definido como derecho sustancial, garantía procedimental y metodología feminista (Rodríguez, 2018a). En razón de esta imperdonable negligencia vulneradora de los DD. HH. de las mujeres, la Universidad se convierte en otra parte que eventualmente hay que vencer en juicio.
Cabe destacar que las colectivas nos enseñaron que sin la colaboración de los medios las causas suelen ser inobservadas por todo el aparato institucional, lo que requiere contar con fuertes alianzas con mujeres periodistas activistas y también comprometidas en darle visibilidad a los casos. En forma perturbadora, la Universidad responde a los casos valorando el impacto mediático que hayan obtenido, lo cual fuerza a las víctimas a recurrir a estas vías para obtener una decisión disciplinaria justa. Por su parte, los agresores suelen desarrollar discursos dirigidos a cuestionar la intervención de los medios, enarbolar el buen nombre de la Universidad y el propio (volviéndolos sinónimos), y escudarse en el derecho al debido proceso, entendiéndolo como una garantía procesal únicamente al servicio de los denunciados y no de las víctimas.
Ahora bien, no hay duda de que la búsqueda de justicia es revictimizante por definición, el sistema judicial parece también aprender con cada uno de nuestros casos bajo lógicas de prueba-error, pero quedarnos calladas también lo es. Creo que una de las principales moralejas del litigio en contra del acoso es que en un contexto permanentemente opresor como el que vivimos las mujeres, levantar nuestra voz nos hace recibir mayores violencias por parte de aquellos carceleros-patriarcales que buscan disciplinarnos, no en vano el feminicidio ocurre con más frecuencia sobre las mujeres que deciden romper con su historia de sumisión –soy plenamente consciente de ello–, pero es más dignificante recibir las violencias intentando transformar nuestras vidas que permitiendo que con nuestro silencio se perpetúen.
En este sentido, la experiencia de las profesoras de humanas con el feminismo como una doble vivencia, fragmentaria, o de “extranjeras adentro” como lo relata Hill Collins en relación con el pensamiento feminista negro (citada en Arango, 2011), es, en cambio, en mi experiencia como abogada-académica forzada a litigar como algo integrador de “jugadora local”. Mi experiencia es entonces de cohesión y redención entre mi formación teórica y la práctica, es decir, una vivencia holística, pero no por ello menos agotadora.
Ahora bien, desde la narrativa institucional en el marco de los litigios se puede observar que la precariedad laboral recae principalmente en las mujeres administrativas; las mujeres académicas necesitaron el respaldo de hombres para ingresar a la carrera docente y sostenerse en ésta (dependencia); el estatuto disciplinario fue hecho por ellos para protegerse (el derecho como resguardo); los altos cargos del nivel central han sido heredados por hombres con quejas de acoso nunca tramitadas, generalmente “engavetadas” (techo de cristal como garantía de control de ingreso y sometimiento de las mujeres); los cargos administrativos de los órganos colegiados de gobierno en las facultades han solido también recaer en hombres y con ello la distribución de la carga docente, la entrega de las asignaturas, la oferta de programas, los beneficios económicos por extensión (brecha salarial), las direcciones de tesis y los estímulos académicos como movilidades nacionales e internacionales (control del prestigio, poder económico y decisorio). En suma, todo ha estado históricamente asignado, colegiado y transado entre hombres y para hombres. Las mujeres aún somos unas recién llegadas a sus terrenos.
Las luchas de las mujeres por transformar la división sexual del trabajo, accediendo a las profesiones y oficios tradicionalmente masculinos, no son suficientes para modificar la relación de fuerzas simbólica entre los sexos. Mientras los grupos sociales desfavorecidos desarrollan prácticas orientadas estratégicamente hacia la apropiación de los bienes materiales y simbólicos exclusivos de ciertas categorías de varones, éstos a su vez, “trabajan” para generar nuevas distancias y terrenos de exclusividad. (Arango, 2011: 22)
De las lúcidas y proféticas palabras de Luz Gabriela nos es posible entender que las luchas que nos motivan hoy, una vez sean conquistadas, serán pequeñas frente a los nuevos obstáculos construidos15. El patriarcado no acaba, sólo se modifica la manera como se nos presenta.
La suma de varios factores como algunas campañas emprendidas por varias colectivas para visualizar el acoso-sexismo en la Facultad, las vías del litigio que emprendimos, las denuncias por el correo institucional y las hostilidades que se desataron como retaliaciones por los profesores involucrados generaron un espacio de constante confrontación en la Facultad en el que ni siquiera tales hechos nos llevaron a sumar fuerzas en forma horizontal. En todo caso, algo común es que las profesoras involucradas en el activismo hemos estado dispuestas a acompañar a las administrativas y estudiantes que han buscado nuestro apoyo (y soportar las retaliaciones por ello), frente a los otros dos estamentos hemos podido actuar fraternalmente.
Hasta el momento he venido narrando la pluralidad de actoras, causas, motivaciones y estrategias que pueblan el ámbito universitario en la lucha contra el acoso. Esto denota la riqueza de iniciativas, pero también los grandes obstáculos existentes para lograr el objetivo propuesto. Tal capacidad de reinvención de la lucha por todas las actoras ha generado efectos en cadena, concomitantes, contradictorios, superpuestos, con breves relámpagos de complementariedad.
En esta ocasión defenderé que la falta de articulación, empatía, apoyo mutuo y afecto, es decir, de un proyecto fraternal, propicia la multiplicación de iniciativas, poca eficacia y el desgaste generalizado de todas.
Lamentablemente, la búsqueda de la obtención de justicia, reparación y garantías de no repetición no ha sido un proyecto común, lo que facilita que la institucionalidad continúe en la fase de producción normativa sin eficacia real, muchas veces con el apoyo de las colectivas florecientes y vaporosas que ven en estas colaboraciones una forma de pertenecer, ignorando los procesos de lucha de más largo aliento.
La capacidad de las colectivas para habitar espacios, corredores, paredes, redes, medios, escraches, prepara el escenario para el impacto mediático, el cual es alcanzando rápidamente cuando el fin mismo es incomodar (Rodríguez, 2018b), pero al no articularse con otras acciones las somete a un gran desgaste de energías sin un destino claro. Es más, las colectivas estudiantiles han sido las más organizadas y mediáticas, su modus operandi les permite obtener un protagonismo basado en la alteridad con disputa en el reconocimiento, pero con grandes falencias a la hora de propiciar la cooperación.
• Pintura previa a la instalación Zapatos Rojos, contra la violencia de género, en Santiago de Chile, noviembre del 2018 | Tomada de: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Las profesoras que acceden a la institucionalidad evidencian que sus reclamos tampoco logran escalar al nivel central de control del poder académico decisorio, mientras que las profesoras en el contexto de las facultades se ubican en el vórtice entre la institucionalidad y el estudiantado, generalmente con actuaciones formales con vocación colectiva al dirigirse sobre las estructuras patriarcales de la Universidad, pero no logran ser comprendidas por las estudiantes. Además, aún se encuentran en un incipiente proceso de construcción como colectivo.
Las estrategias, cualesquiera que sean, desatan radicales reacciones en forma de backlash o retaliaciones que los investigados y la misma institucionalidad despliegan contra las activistas para preservar el statu quo, mecanismo que posee un gran poder desarticulador y disgregador en cada uno de los estamentos.
De hecho, pese a la amplia diversidad de herramientas jurídicas y políticas existentes, las dinámicas de cada grupo parecen responder a un limitado dispositivo de opciones con niveles de impacto y objetivos por alcanzar que, si bien se encuentran claramente diferenciados, no necesariamente llevan a algún destino emancipador.
Ante este panorama, procurar realizar un análisis feminista de las luchas emprendidas por las mujeres para disfrutar de un espacio universitario libre de violencias haciendo uso de uno de los ejes del republicanismo, como son los lazos basados en la fraternidad, puede ser visto como una absoluta contradicción o una simple torpeza. Pese a ello, al igual que otras autoras que desde distintos ámbitos han venido reclamando el rescate de la relación republicana con el feminismo (Bertomeu, 2012; Gauthier, 2014), persistiré en que, con el rechazo teórico y práctico de la fraternidad, las activistas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres en los contextos universitarios tenemos más por perder que por ganar.
Sin duda, con el invaluable trabajo de Carole Pateman sobre el contrato sexual como paralelo al contrato social (Pateman, 1995), la teoría feminista ha encontrado un fuerte motivo para confrontar no sólo el liberalismo, sino en forma aún más contundente el republicanismo (Young, 2011; Scott, 1996), en tanto que dicha tradición del pensamiento continúa albergando la esperanza en su tríada de la igualdad, la libertad y la fraternidad.
Esta última, según Pateman, surgiría una vez derrocado el padre –el patriarca– como un nuevo pacto entre hermanos –fraternal– para desde una igualdad política someter a las mujeres mediante el contrato matrimonial y apropiarse de su sexualidad, su fuerza de trabajo y su libertad. En este sentido, como bien lo admite Philip Pettit: “[…] el republicanismo no siempre ha resultado atractivo para las feministas” (1999: 186).
No obstante, y pese a las válidas cautelas feministas, deseo explicar por qué el republicanismo contemporáneo con dos de sus principales premisas: 1) la concepción de la libertad como no dominación a diferencia de la libertad como no interferencia de estirpe liberal y 2) la renta básica universal, son herramientas conceptuales útiles tanto en valor como en significado para articular las luchas feministas actuales.
En este sentido, la libertad como no dominación se resiste a “tener que vivir a merced de otros, el de tener que vivir de manera tal que nos volvamos vulnerables a algún mal que otro esté en posición de infligirnos arbitrariamente” (Pettit, 1999: 21). La no dominación es entendida en el republicanismo como la libertad de vivir sin pedir permiso a otros. Ese permiso esta generalmente asociado con la subordinación por las condiciones económicas de subsistencia.
Por ello, la renta básica –en cuanto ingreso individual monetario no condicionado– a su vez propone en relación con las mujeres la necesidad de que la política social se adapte a los cambios en los modos de convivencia, en especial al incremento de familias monoparentales, el trabajo del cuidado no remunerado y la dependencia de la seguridad social por las contribuciones del marido que afecta en importantes proporciones a las mujeres (Raventós, 2007; Raventós et al., 2017).
Adicionalmente, el feminismo republicano renueva la pertinencia en el establecimiento de nexos fuertes de articulación entre las mujeres, independientemente del lugar que ocupan y, es más, del feminismo que defiendan. El foco de este análisis consiste en evidenciar que la gran diversidad en las corrientes feministas, atravesadas por discursos sobre la identidad racial, política, la clase y el estamento, lleva como denominador común, de una parte, la lucha y resistencia contra la dominación masculina (MacKinnon, 2014: 72) y, de otra, frente al sistema opresor jurídico, político y económico que lo garantiza –el patriarcado– (Pateman, 1995). Siendo así, independientemente de las estrategias y caminos que usemos, éstos no deben responder en forma fragmentaria cuando la opresión que recae sobre las mujeres posee una virtual unanimidad.
La opresión es definida por Young como la desventaja e injusticia que algunas personas sufren en virtud de las prácticas de una sociedad liberal –bien intencionada– que día tras día las perpetúa. En este vasto sentido, la opresión encierra las profundas injusticias que ciertos grupos padecen como consecuencia de asunciones inconscientes y reacciones de las personas en sus interacciones ordinarias, los medios y los estereotipos culturales, con el diseño de la jerarquía burocrática y los mecanismos del mercado, en suma, de los procesos en los que nos sumergimos cada día. Para explicar la complejidad de la estructura opresora, Young identifica cinco facetas que la aseguran, a saber: la explotación, la marginalización, el empobrecimiento, el imperialismo cultural y la violencia. Ante ello, entiende que no basta con crear nuevas leyes o reglas, porque las opresiones son sistemáticamente reproducidas por las principales instituciones económicas, políticas y culturales (Young, 2011: 41).
Como bien recuerda Antoni Domenech, de la triada del eslogan revolucionario robesperriano: libertad, igualdad y fraternidad, será este último ideal el más eclipsado en la filosofía política contemporánea. Pateman argüirá que el concepto de fraternidad, lejos de promover la filia, la amistad cívica entre todos, en realidad establece un nexo de solidaridad basado en la exclusión y la opresión de los hombres hacia las mujeres mediante la dominación sexual. No obstante, desde la lectura contemporánea del republicanismo,
[…] el programa sociopolítico del republicanismo democrático puede resumirse en la supresión del triple despotismo (a) monárquico, en lo político; (b) patronal, en el ámbito económico-empresarial, y (c) patriarcal, en el seno de la familia (es harto elocuente que el significado etimológico de la palabra familia sea “conjunto de criados y esclavos de una casa”). (Turmeda, 2018: s/p)
Desde esta mirada republicana histórica e institucional (Domènech, 2004), el valor de la fraternidad se ubica en una triple dimensión: comunitaria, afectiva y práctica (Amaya, 2016) en la que el género y las luchas feministas aún fracasan. No obstante, la aparición de la Red de Mujeres como elemento articulador, integrador de lucha, parece evidenciar que sí es posible establecerlos y fortalecerlos.
La academia es un espacio donde la desigualdad en el saber, en la trayectoria, en la producción, está validado por una jerarquía institucionalizada. Pese a ello, lo cierto es que el relato de las víctimas se hila en una idéntica narración de incomprensión, dolor, angustia, pero, ante todo, de soledad, marcado por un paisaje de la similitud (Breithaupt, 2011) en el cual la compasión es la base para sobrevivir a las violencias. Entre las víctimas, las jerarquías, el poder, el estamento se desvanecen ante las vivencias, la resistencia y la superación como un proyecto común.
Ahora bien, considero que para apostar por la metáfora de la fraternidad debo justificar por qué desatender la de la sororidad16, construida recientemente por un segmento importante del feminismo. Mi principal argumento es que la sororidad como concepto plantea aún mayores dificultades que la fraternidad, pese al desprestigio del segundo término.
Me explico, la sororidad, al ser entendida como hermandad entre mujeres, nos lleva a aprietos no sólo etimológicos, sino incluso en relación con las tradiciones de pensamiento político en las que se inserta, como es la filiación político-jurídica con la monarquía, en la cual la hermandad femenina es enlazada a la autoridad del padre-dios, hundiendo sus raíces en la institucionalidad religiosa auténticamente cristiana. Es como si las mujeres huyéramos por una puerta del patriarcado para ingresar por otra, justo al otro extremo del recinto, pero que en sus recovecos nos conduce al mismo poder central del que históricamente todo ha devenido: la autoridad del padre o de los hermanos, pero además, escapando de una teorización civil, caemos en los brazos de una teológica. Consciente de estas limitaciones, Juanita Barreto aclara:
Esta expresión, como todas, se presta a múltiples interpretaciones, por lo cual debo decir que no se trata aquí de un concepto de hermandad idílica, ni de hermandad idealizada. La sororidad supone el reconocimiento de las tensiones que implican el encuentro con mis semejantes más cercanas, y forma parte del camino que me convoca como mujer a construir con ellas. Un camino necesario para que los varones también nos reconozcan como sus semejantes. Con estas palabras he invitado a este escenario a someter al debate público lo planteado por Alessandra Bocchetti en su obra, Lo que quiere una mujer (1996). (Barreto, 2007: 194)
En breve, el concepto de la sororidad requiere tantas cautelas para su uso como el de fraternidad, pero puestas a escoger, me inclino hacia el ideal de la fraternidad, porque parte de la metáfora conceptual (Domènech, 2013) de los lazos familiares que transitan al ámbito de lo público bajo la fórmula del gobierno civil, que a su vez proviene de una tradición de pensamiento que valida la libertad como no dominación y que convoca a la acción sin olvidar el afecto en conjunción con la solidaridad. Como bien lo resume Amelia Amaya,
[…] la fraternidad se realiza en una comunidad cuando se satisfacen tres condiciones: a) cada miembro reconoce a los otros miembros como iguales en virtud de un valor o rasgo compartido; b) los miembros de la comunidad están ligados por lazos afectivos, y c) tienen una disposición a ayudarse mutuamente. (Amaya, 2016: 32)
Las luchas feministas en la Universidad Nacional de Colombia nos han enseñado que como mujeres padecemos formas de opresión y violencias independientemente del lugar que ocupemos, que nos une un entorno de crecimiento, esfuerzo, como es el acceso a la educación de calidad y la academia; además, tenemos la disposición de ayudarnos, por ende, no sólo es posible sino necesario construir lazos fraternales.
La plasticidad en la configuración de formas de organización feministas ha evidenciado tres polos principales de asociación que reflejan-reproducen las formas de jerarquía y organización social del poder en los ámbitos educativos, y que se expresan mediante diversas estrategias para afrontar y prevenir las violencias sexuales que en ocasiones se superponen, contradicen o complementan, configurando una suerte de telaraña sensible al movimiento de cada una de las actoras, poliédrica, y, en ocasiones, sumamente frágil. Se analizó cómo las estudiantes organizadas como colectivas son el principal motor, pero poseen dificultades para interactuar con los otros estamentos, la institucionalidad responde con la provisión de procedimientos burocráticos desfinanciados que ubico dentro de la estrategia del “género como retórica”. Mientras que el estamento profesoral ha venido incursionando en el litigio, ofreciendo con generosidad acompañamiento a las estudiantes y administrativas víctimas, pero fracasando como colectivo hasta la reciente creación de la Red de Profesoras, las cuales se encuentran explorando nuevos caminos de amistad, solidaridad y ayuda que se ubican dentro del proyecto de construcción de la fraternidad propuesta por el feminismo republicano.
• Marcha de la mujeres argentinas denominada "Ni una Menos", Argentina, junio del 2017 | Tomada de: Cafemercosur
Entrevista a la profesora Mery García, 21 de julio del 2019.
Término recién incorporado al diccionario (BBC Mundo, 2018).
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