Revista Nómadas
Dirección de Investigación y Transferencia de Conocimiento
Carrera 5 No. 21-38
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• Marcha “el tetazo” realizada por la equidad de género, Argentina, julio de 2018 | Tomada de: Infoba
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Rafael Blanco ** y Carolina Spataro***
El texto analiza las visiones de estudiantes de la UBA sobre las estrategias institucionales de erradicación de las violencias sexistas. El artículo se detiene en las percepciones respecto a los protocolos de actuación ante casos de violencia, las denuncias públicas, las demandas por formación “con perspectiva de género” y la creación de baños “sin género”. Como principales hallazgos encuentra: desconocimiento entre los estudiantes de los procedimientos ante casos de violencia, falta de acuerdo respecto de los alcances de una formación con perspectiva de género y la valoración positiva de las estrategias frente a la población trans.
Palabras clave: Universidad, género, LGBT, violencia sexista, protocolos de actuación, baños inclusivos.
O texto analisa as visões dos estudantes da UBA sobre estratégias institucionais para erradicar as violências sexistas. O artigo enfoca as percepções sobre os protocolos de ação em casos de violência, denúncias públicas, demandas por treinamento “com perspectiva de gênero” e criação de banheiros “sem gênero”. Os principais resultados são: ausência de conhecimento entre os estudantes sobre os procedimentos em casos de violência, falta de concordância quanto ao escopo de um treinamento com perspectiva de gênero e avaliação positiva das estratégias em relação à população trans.
Palavras-chave: Universidade, gênero, LGBT, violência sexista, protocolos de ação, banheiros inclusivos.
The text analyzes the visions of students at Universidad de Buenos Aires, Argentina, on the institutional strategies to eradicate sexist violence. The article delves into the perceptions regarding the protocols for action in cases of violence, public complaints, demands for tuition “with a gender perspective”, and the creation of “genderless” bathrooms. The main findings are: the lack of awareness among students of the procedures in cases of violence, the lack of agreement regarding the scope of a tuition with a gender perspective, and the positive assessment of the strategies in relation to the trans population.
Keywords: University, Gender, LGBT, Sexist Violence, Action Protocols, Inclusive Bathrooms.
*Este artículo es producto de las actividades de investigación en el marco del proyecto “Transformaciones de la intimidad y experiencia universitaria: procesos de politización, demandas de formación y respuestas institucionales en las universidades metropolitanas” (iniciado en el 2018) radicado en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) y de las actividades de gestión institucional en la Subsecretaría de Políticas de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desde marzo del 2018.
**Investigador adjunto del Conicet en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA), Buenos Aires (Argentina). Posdoctor en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina); Doctor en Ciencias Sociales de la UBA (Argentina). E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
***Investigadora asistente del Conicet en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, Buenos Aires (Argentina) y subsecretaria de políticas de género de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Doctora en Ciencias Sociales de la UBA (Argentina). E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Las universidades públicas argentinas vienen siendo objeto de una renovada atención debido al proceso emergente de visibilización de las violencias sexistas en este espacio, que incluye tanto situaciones de acoso sexual como denuncias por discriminación a causa de la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. Este proceso ganó mayor notoriedad a partir del 2015 con la primera movilización del colectivo Ni Una Menos1, marcado por una masificación creciente del movimiento de mujeres, la incorporación de jóvenes a colectivos activistas y la elaboración pública de una agenda feminista y de la disidencia sexual (Elizalde, 2015, 2019; Felitti, 2018; Borda y Spataro, 2018). Estos acontecimientos tuvieron un fuerte impacto en distintos espacios cotidianos, incluidas las universidades.
Como rasgo específico, en las casas de estudio este proceso se materializó en el reclamo por herramientas institucionales para el abordaje de las violencias sexistas en el ámbito universitario (Vázquez y Rugna, 2015; Blanco, 2016a) y se articuló con la creciente extensión que “las cuestiones de género”, según una de las expresiones nativas más usuales entre estudiantes2, fueron adquiriendo como causa militante entre el activismo universitario desde mediados de la primera década del presente siglo (Blanco, 2014a, 2016b). Asimismo, la teorización acerca de las violencias desde una perspectiva situada en los distintos contextos donde éstas acontecen tuvo una creciente proliferación en el plano nacional y regional (Hercocvich, 1997; Velázquez, 2003; Segato, 2010; Fernández, 2012; Gherardi, 2012; Femenías, 2013), que informó la reflexión en el ámbito de las universidades públicas para el desarrollo de distintos instrumentos y estrategias institucionales tendientes a su erradicación.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) no fue ajena a estas transformaciones institucionales, y en el 2015 su Consejo Superior –el máximo órgano de gobierno tripartito, del que participan docentes, graduados y estudiantes– aprobó el “Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual” (Res. CS 4043/15). El proyecto fue presentado por una consejera miembro del claustro estudiantil. Desde entonces, “el Protocolo”, como se lo nombra corrientemente, se viene implementando en las distintas unidades académicas y dependencias de la UBA de manera descentralizada, dada la masividad de esta casa de estudios, con más de 300 mil estudiantes y casi 30 mil docentes. Diversas formas institucionales específicas, como subsecretarías, unidades, comisiones y programas especializados se han ido creando con el objeto de implementar políticas de género para distintas dimensiones de la cotidianidad universitaria (pedagógicas, de investigación, artísticas, arquitectónicas, normativas, entre otras), entre las cuales la aplicación del “Protocolo” ocupa un lugar central, junto con otras iniciativas como la modificación de los baños para desnaturalizar el binarismo de género o la inclusión en las currículas de perspectivas provenientes de los estudios de género y feministas, que cuestionan el estatuto pretendidamente neutro del conocimiento universitario. Así, estrategias para morigerar el sexismo y el cis-sexismo3, la homofobia y el acoso sexual son desplegadas en la UBA en el terreno de los saberes, la espacialidad y la sociabilidad cotidiana.
En este artículo se presentan los resultados preliminares de una investigación en curso que tiene por objetivo principal analizar las visiones que estudiantes, tanto activistas como sin militancia universitaria, atribuyen a las políticas de género desplegadas en estas instituciones para erradicar las violencias sexistas en dos facultades de la UBA: Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y Psicología (FP). Para ello, la segunda sección del artículo se centra en una breve caracterización del contexto de la investigación y del trabajo de campo realizado. En la tercera parte se analizan las percepciones y reacciones de estudiantes respecto al “Protocolo” de actuación ante casos de violencia; se identifica la necesidad de contar con estas herramientas, a la vez que la desconfianza y el bajo conocimiento en el claustro estudiantil de los procedimientos formales de seguimiento de casos de violencia. En la cuarta sección, nos detenemos en una reflexión acerca de los mecanismos de acción directa (o “escraches”) que estudiantes realizan en paralelo a la existencia del “Protocolo”, y los debates que las denuncias públicas vienen suscitando: revictimización, diseminación del conflicto, pánico sexual. En la quinta parte, se analiza la demanda estudiantil de la inclusión de formación “con perspectiva de género” en sus trayectorias académicas. Se identifica aquí la falta de precisión y el desconocimiento respecto de los alcances de una formación que incluya esta perspectiva, así como también algunas modalidades de autogestión de esta formación ante la falta de oferta institucional. Finalmente, la quinta sección y previo a las palabras finales, se detiene en la experiencia de la creación de baños “sin distinción de género” en la FADU por parte de la Unidad de Género, y la creación de un “baño degenerado” –tal la denominación nativa– durante una protesta estudiantil en la FP. Allí interesa señalar el reconocimiento y la valoración positiva de la comunidad estudiantil de las estrategias de inclusión y retención de la población trans en el espacio universitario, a la vez que la necesidad de mediaciones institucionales que posibiliten acciones duraderas.
Como rasgo de la época, el antropólogo Pablo Semán caracterizó los debates que se vienen dando en un vasto entramado social como “un estado deliberativo acerca de lo que conocimos en otra época como las entidades inmutables del sexo y el género”. “En esa virtual asamblea”, sostiene, “se cuestionan y comienzan a reconocerse como opresiones y malestares procesos y acontecimientos que otrora pasaban como si nada” (Semán, 2015: 1). Esos debates han irrumpido en la vida universitaria pero no sin mediaciones: lo han hecho retomando enclaves específicos de ese espacio como los saberes, con la demanda de incorporación de la “perspectiva de género” en la formación, o atendiendo a las violencias invisibilizadas, muchas de éstas mediadas por las relaciones jerárquicas envueltas en la transmisión de conocimiento, y de ahí la necesidad de procedimientos de actuación casi inexistentes hasta hace una década (Moltoni, 2018).
En este escenario las universidades se están transformando. Formas corrientes de discriminación, segregación y exclusión tales como las desigualdades entre géneros en los espacios de representación en los órganos de cogobierno, en los cargos de gestión universitaria y en los mecanismos de promoción y ascenso en las carreras académicas aparecen hoy cuestionadas y se reclaman mecanismos para revertir estas desigualdades (Rodigou et al., 2011; Maffia, 2012). Entre algunos hitos recientes es posible señalar, en el ámbito de la UBA, que el Consejo Directivo de la FADU resolvió en el 2018 otorgar “declaraciones de interés”4 exclusivamente a aquellas actividades o eventos que incluyan al menos un 30% de participantes mujeres (Res. CD 829/18). Por su parte, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales modificó recientemente el Reglamento de Concursos de Auxiliares Docentes con el objeto de instruir al jurado para programar la fecha de prueba de oposición y vista de antecedentes, teniendo en cuenta los períodos de licencia de aquellas postulantes que se encuentren usufructuando una licencia por maternidad (Res. CD 481/19). Asimismo, la heteronormatividad que rige los lazos sociales en el ámbito universitario (Blanco, 2014a, 2014c) como también el cis-sexismo (Radi, 2014; Radi y Pérez, 2014) en la sociabilidad cotidiana en las facultades buscan ser revertidos a partir de distintas medidas. En el marco de las acciones de prevención contempladas en el “Protocolo”, por iniciativa institucional de la Unidad de Género (FADU) en el 2017 se modificó un espacio existente para crear un baño “sin distinción de género para todas las personas que quieran utilizarlo”, según un letrero que se encuentra en su ingreso.
La problematización de las violencias sexistas en las universidades ha propiciado, a su vez, una serie de transformaciones interinstitucionales. La Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias se conformó en septiembre del 2015 con el objeto de nuclear a representantes de distintas universidades públicas de todo el país, incluida la UBA. Esta red reúne a instituciones que han implementado protocolos como el referido, que buscan asesoramiento y apoyo para lograr la implementación en sus propias instituciones, y opera también como un espacio de realización de “clínica de casos” con el objeto de mejorar las estrategias desarrolladas (Vázquez y Rugna, 2015). En el 2018 la Red se incorpora al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)5 como Red Universitaria de Género (RUGE), tras un año de gestiones (UNNE et al., 2019). En definitiva, interesa señalar hasta aquí un proceso en curso de transformación en las casas de estudio debido a la irrupción del género como cuestión estructurante de la vida universitaria, que busca revertir desigualdades en los órganos de representación, los procesos de segregación y las situaciones de discriminación cotidianas en las instituciones universitarias.
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Para la producción de evidencia empírica acerca de las percepciones de estudiantes sobre las estrategias institucionales de erradicación de las violencias sexistas se recurrió, metodológicamente, a una aproximación de tipo etnográfica. Este acercamiento involucró, en primer lugar, el desarrollo de un trabajo de observación participante y no participante en las facultades mencionadas, que se inició en abril del 2018 por un lapso de seis meses. Como sostiene Rockwell (2005) para los estudios en educación, la estrategia etnográfica posibilita aproximarse a aquello no documentado que, especifica la autora, en los estudios contemporáneos refiere a lo familiar y lo cotidiano, a lo invisible e invisibilizado. En el caso de esta investigación, permitió identificar las visiones respecto de un proceso –las distintas estrategias para erradicar las violencias sexistas en dos casas de estudio– sobre el cual aún no existen registros oficiales ni datos sistematizados. En el curso de este trabajo de campo se realizaron dieciocho entrevistas semiestructuradas a estudiantes, activistas, docentes y autoridades universitarias; se prioriza en este artículo la atención a la perspectiva de estudiantes (con y sin militancia universitaria), a partir del análisis de un corpus preliminar de doce entrevistas, el registro de observación en espacios de las facultades mencionadas y el análisis de materiales producidos por agrupaciones estudiantiles (volantes, afiches, plataformas electorales, intervenciones o “posteos” en redes sociales).
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Los criterios de selección de las instituciones aquí referidas fueron haber desarrollado en su historia reciente, desde la recuperación democrática (1983), espacios académicos (de docencia, investigación o transferencia) en estudios feministas, de género o sobre sexualidades; haber modificado alguna dimensión del habitar a partir de los debates recientes en torno a los géneros (por ejemplo, mediante la adecuación de los baños o la implementación de protocolos contra las violencias sexistas) y, finalmente, la existencia de grupos movilizados en torno a alguna de estas demandas. A continuación, se presentan algunas “notas”, dado su carácter de análisis en proceso, elaboradas a partir de las anotaciones en los registros de campo, en tanto primeras reflexiones surgidas de la indagación desarrollada.
En el 2015 la UBA estableció el “Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual”, que rige para todo el ámbito de esta casa de estudios. Desde entonces, éste fue aplicándose progresivamente en las distintas dependencias, a partir de dispositivos institucionales creados para tal fin. El hiato entre su sanción formal entonces y su aplicación efectiva aún en desarrollo se debe a la lenta tarea de involucramiento de diferentes actores institucionales (personal académico y administrativo, estudiantes, órganos consultivos), a la necesidad de disponibilidad material (por ejemplo, espacio para tomar las denuncias de manera reservada y realizar el seguimiento de los casos) y, aunque escasos, a la búsqueda de recursos económicos para su institucionalización y funcionamiento regular.
El “Protocolo” tiene como objetivo la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual. Las situaciones que contempla se encuentran definidas de manera específica en el cuerpo del documento. Por un lado, este abarca hechos de violencia sexual que configuren formas de acoso sexual, entendiendo por ello todo comentario reiterado o conducta con connotación sexual que implique hostigamiento, asedio, que tenga por fin inducir a otra persona a acceder a requerimientos sexuales no deseados o no consentidos. Por el otro, hechos con connotación sexista: es decir, toda conducta, acción, todo comentario cuyo contenido discrimine, excluya, subordine, subvalore o estereotipe a las personas en razón de su género, identidad de género, orientación sexual, que provoque daño, sufrimiento, miedo, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad psicológica o la seguridad personal. Asimismo, su aplicación rige para el ámbito de la UBA y abarca no sólo las instalaciones sino también los vínculos establecidos a través de la Universidad entre autoridades, docentes y no docentes, estudiantes, personal académico temporario o visitante y terceros que presten servicios no académicos permanentes o temporales. Por último, actúa orientado por los principios de respeto, privacidad, confidencialidad y no revictimización, y con el interés de colaborar en la promoción de un ambiente libre de violencia y discriminación.
Tal como se señaló anteriormente, la aplicación del “Protocolo” en la UBA se realiza de manera descentralizada en cada unidad académica o dependencia, y los tiempos de conformación de los equipos que llevan adelante la tarea son heterogéneos, así como su conformación. Sin embargo, hay rutas de acción que son compartidas: existe una dirección de correo electrónico por unidad académica para recibir las consultas y denuncias, se acuerda una cita con el equipo que lleva adelante el “Protocolo”, se recibe a la persona, se elabora un acta y se trabaja en diferentes líneas según cada caso. Cabe destacar que este procedimiento no tiene capacidad de sancionar, rasgo clave para comprender el malestar que en ocasiones suscita entre las agrupaciones estudiantiles este instrumento, sino que provee de mecanismos para tomar medidas cautelares y provisorias mediante las cuales, en muchos casos, es posible lograr que la situación denunciada cese. En el caso de la búsqueda de sanciones, se puede apelar a los regímenes disciplinarios vigentes en la Universidad que son preexistentes al “Protocolo” y diferentes según los distintos actores institucionales6.
¿Cómo se ha integrado esta herramienta a la cotidianidad universitaria desde las percepciones de los estudiantes? En primer lugar, señalamos que la aplicación de este instrumento constituye una demanda transversal entre las agrupaciones estudiantiles. Durante la primera década de este milenio, aquellos temas relativos a géneros (y en menor medida sexualidades) eran centrales en las agendas de las agrupaciones denominadas independientes, de izquierda popular o no partidarias (Blanco, 2014b, 2016b). No obstante, en la última década, signada por debates parlamentarios en torno a la sanción de leyes como la de Matrimonio Igualitario (2010), Identidad de Género (2012) y, más recientemente, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (2018, aunque no logró ser sancionada en ambas cámaras), esta agenda se ha extendido al conjunto de las organizaciones estudiantiles, incluyendo las reformistas o “moderadas”, a menudo participantes en las gestiones de los gobiernos universitarios. Así, un amplio espectro de agrupaciones estudiantiles ha incorporado la lucha contra las violencias sexistas a sus causas militantes, a las agendas de sus actividades y a las plataformas electorales cuando se realizan las elecciones de centros de estudiantes y de representantes del cogobierno universitario7. Ello da pistas de la legitimidad de esta causa y, en particular, de la necesidad del “Protocolo”.
“Logramos la implementación del ‘Protocolo’”, sostiene un volante de cara a las elecciones estudiantiles del 2018 de la agrupación estudiantil ligada al oficialismo que gestiona la FP, mientras que “exigimos la implementación inmediata del ‘Protocolo’ contra la violencia de género” proclama en la misma elección la agrupación opositora Sur. En la FADU, por caso, una agrupación opositora a la conducción de esa casa de estudios demanda la “modificación del ‘Protocolo’ de violencia de género”, en el marco de la plataforma de campaña FADU Feminista, que incluye también la demanda por “contenido feminista en todas las materias”. Por ello, vale decir que el “Protocolo” está en boca de las agrupaciones estudiantiles, y algunas de éstas han sido fundamentales para el conocimiento de la herramienta, ya que las organizaciones impulsoras han propagado “el ‘Protocolo’ de bolsillo”, una versión impresa en formato pequeño que se reparte entre estudiantes. Si bien la necesidad de este instrumento forma parte de las bases del acuerdo del debate entre agrupaciones, al mismo tiempo, constituye un eje de disputa, un elemento que habilita el juego de las diferencias entre las organizaciones en búsqueda de interpelación al estudiantado.
En segundo lugar, identificamos un reduccionismo respecto de los sentidos que adquiere la violencia sexista en la apropiación de esta herramienta por parte de estudiantes, así como también de las funciones que involucra el “Protocolo”. Si bien éste busca producir una acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual, en la voz de los estudiantes sobreviene una simplificación de sus alcances: las más de las veces se refiere a la necesidad de atender situaciones de violencia contra las mujeres. La atención a los casos de discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género aparecen menos tematizadas entre estudiantes, lo que abre el interrogante acerca de su invisibilidad o su baja o nula problematización entre estudiantes universitarios. En otras palabras, pareciera no avizorarse con la misma intensidad una reflexividad sobre estas formas de violencia en la cotidianidad estudiantil, aun cuando trabajos anteriores permiten dar cuenta del carácter corriente y habitual de comentarios homo, lesbo y transfóbicos en la cotidianidad de las instituciones universitarias, tanto en las charlas ocasionales como en la escena de la clase y la transmisión de conocimiento (Blanco, 2014a). Asimismo, en concordancia con las estrategias institucionales guiadas por la urgencia de dar respuesta a la creciente visibilización de situaciones de violencia en las facultades, las agrupaciones se concentran en la dimensión de la denuncia, frente a otros objetivos del “Protocolo” como la generación de un ambiente de contención y confianza o las medidas de prevención. Así, la representación corriente de este instrumento institucional parece estar más asociado con la posibilidad de punir una situación de violencia, que de su capacidad para anticiparse y prevenirla. Ello trae aparejado múltiples problemas en la medida en que el “Protocolo” no tiene capacidad de sanción, pero es convocado para este fin en muchos casos.
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En tercer lugar, parece existir una relativa desconfianza en la capacidad de resolución de los casos denunciados mediante la recurrencia al “Protocolo”. En las entrevistas se manifiesta a menudo una baja confianza en el accionar institucional en expresiones tales como que “es para perejiles” (en referencia a la supuesta atención sólo a casos entre estudiantes, pero en menor medida de docentes) o que “a ningún profesor importante denunciado se lo sanciona”, pese a que quienes forman parte de su implementación son mayormente académicas con un activismo reconocido previamente, con trayectoria y legitimidad en los estudios de género. La metonimia entre institución y gestión (o autoridades) en casas de estudio con culturas políticas sobredeterminadas por las posiciones de los partidos políticos nacionales –más que por lógicas de politización atentas a la especificidad universitaria, como marcó Krotsch (2014 [2002])–, redunda en que la aplicación del “Protocolo” está envuelta en una incredulidad que repliega el accionar estudiantil a un estadio previo: la práctica del escrache8. Sobre este tipo de denuncias, no formalizadas en los canales institucionales sino en las redes sociales, en pegatinas por los espacios comunes (pasillos, aulas, baños, escaleras), nos referimos en el apartado siguiente.
Nos detenemos aquí en los debates que viene suscitando esta práctica y el modo en que podría estar indicando el descontento, la disconformidad o la impugnación de los protocolos institucionales. Cabe mencionar que la herramienta de los escraches para denunciar casos de violencia de género no aparece sólo en los ámbitos universitarios, sino que es una práctica extendida en la que a través de carteles, volantes y, sobre todo, redes sociales, se difunde el nombre de la persona denunciada, la situación vinculada a la violencia de género por la que se la denuncia y, en algunos casos, también el nombre de la persona afectada.
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En el trabajo de indagación referido, es posible identificar un fenómeno entre las organizaciones estudiantiles, especialmente en el período electoral de los centros de estudiantes, que consiste en lo que una entrevistada de Psicología que milita en una agrupación denomina “la guerra de los escraches” entre espacios en disputa. Esta “guerra” consiste, según las personas entrevistadas, en que las agrupaciones estudiantiles utilizan las denuncias públicas, en redes sociales o en los pasillos de la Universidad, para desprestigiar a la agrupación contraria. Así, cuantas más denuncias tengan quienes integran una agrupación, o más graves y resonantes sean, menos será el prestigio político de ese espacio. Asimismo, estas denuncias por lo general no se tramitan mediante la recurrencia al “Protocolo” institucional. Como referimos en el punto anterior, la desconfianza por parte del estudiantado en las autoridades y equipos a cargo de su implementación redunda también en una comprensión de la comunidad estudiantil, cuando no un aval, de las estrategias de escrache y gestión de las denuncias por mecanismos informales y, en particular, redes sociales. Teniendo en cuenta los letreros en espacios públicos o posteos en redes sociales observados, podemos avizorar que esta práctica propicia acciones de revictimización de personas afectadas (dada su exposición), así como la ausencia de confidencialidad ante el uso de nombres propios, cuando no situaciones cercanas al linchamiento.
Los escraches vienen siendo objeto de reflexión por parte de académicas e intelectuales feministas, quienes señalan reparos a esta modalidad de denuncia. Ileana Arduino (2018) diferencia entre aquellos escraches que llegan a la escena pública como primera medida de visibilización y los que aparecen luego de demoras institucionales en la resolución del conflicto en cuestión. Asimismo, señala las derivaciones que tiene el escrache en quien decide llevarlo adelante para poner fin a una violencia padecida, tales como las consecuencias subjetivas que la exposición pública en términos de víctima produce, o la de “la denuncia a quien denuncia” (las personas escrachadas suelen denunciar por los mismos medios a quien realizó la denuncia inicial), situación que extiende el litigio público sin garantizar su resolución. Finalmente, la autora se pregunta si esta práctica es la única manera posible de visibilización o denuncia de las violencias sexistas, interrogante que podría indicar otros caminos posibles de acción colectiva (Arduino, 2018).
Por su parte, Marta Lamas (2018) advierte sobre las posibles consecuencias de las denuncias públicas por acoso sexual, a partir del análisis de la explosión que hubo en los años ochenta en las universidades estadounidenses. Esta autora señala que la retórica que expandió el concepto de acoso hasta incluir cualquier gesto o requerimiento de tono sexual “y la forma en la que se convirtió en casi un sinónimo de ‘violación’” (Lamas, 2018: 33) generó el inicio de un cambio cultural regresivo en el ambiente universitario de la mano de la diseminación del pánico sexual. Sobre este punto, Marina Mariash (2019) propone centrarse en comprender qué es lo que llamamos acoso y analizar cuáles podrían ser los modos de reparación colectivos.
Además de la desconfianza que señalamos hacia los protocolos contra las violencias sexistas en la sección anterior, es posible suponer que la poca utilización de éstos, que favorece prácticas como el escrache, puede deberse a su reciente existencia, su difusión escasa y al bajo grado de conocimiento de su contenido entre estudiantes. De ahí que una mayor difusión y conocimiento de esta herramienta podría colaborar en la contención de acciones no mediadas institucionalmente. Por último, cabe también señalar que en las demandas por una “correcta” o “completa” implementación del “Protocolo”, registradas entre estudiantes y relevadas en las plataformas electorales de las agrupaciones, parece depositarse la esperanza de que esta herramienta pueda resolver la totalidad de las situaciones de violencia sexista dentro de las universidades. Tal como señalan Rovetto y Figueroa (2017), estos dispositivos son válidos en la medida en que permiten abrir espacios de diálogo e intervención, pero no suficientes en sí mismos si junto con éstos no se elaboran otras líneas de acción que paren de entender a las mujeres y disidencias sexogenéricas como grupos subordinados dentro del ámbito universitario. En este sentido, los protocolos funcionan como un piso, pero no como un techo de la transformación de las culturas universitarias.
La irrupción de las demandas y reivindicaciones igualitarias en torno a los géneros no se ha circunscripto a la búsqueda de erradicación de las violencias presentes en la cotidianidad universitaria, sino que también ha impactado en el centro de la institución: los saberes que allí se producen y transmiten. En las casas de estudio se ha extendido la demanda por formación universitaria “con perspectiva de género”, en particular en el ámbito de las ciencias sociales y humanas (Blanco, 2018a; Sardi, 2017) y disciplinas proyectuales (Flesler, 2018; Flesler et al., 2018). En esta demanda se formula una crítica a la formación superior, a los programas, las currículas y los corpus, en favor de una noción perspectiva, sexuada y situada del conocimiento en la que abreva una crítica al universalismo (Carli, 2012b) y que conlleva una revisión de los dispositivos pedagógicos (Blanco, 2018b). En un caso pionero en el ámbito de la UBA, la Facultad de Ciencias Sociales ha establecido recientemente una normativa que sugiere la transversalización de la perspectiva de género en todas las materias que allí se dictan y la inclusión de autoras mujeres en la currícula de las asignaturas (Res. CD 878/18).
El desarrollo de los estudios feministas, de la mujer, queer y de género en el marco de la UBA durante la recuperación democrática en 1983 y los años noventa del siglo pasado constituye un antecedente significativo en el que abreva la demanda actual por la transversalización de la perspectiva de género. Materias con este enfoque ubicadas en las ramas optativas o electivas de la formación se reclaman hoy como obligatorias en los planes de estudio, proceso concomitante con la institucionalización y el crecimiento de áreas, programas e institutos. Los estudios de la mujer, sobre la condición femenina o estudios feministas según las diferentes denominaciones pioneras (Bonder, 1984; Barrancos, 2007; Masson, 2007; Bellucci, 2014) y la actual área de estudios sobre géneros y sexualidades (Heilborn y Carrara, 2005; Vaggione, 2012) propiciaron el cuestionamiento de los saberes universitarios, y en el presente se caracterizan por su legitimación en las universidades, organismos de investigación y acreditación científica luego de su ingreso desde el desarrollo en ONG en los años ochenta, y de expansión, diversificación e institucionalización en los noventa (Femenías, 2005; Gogna et al., 2010; Barrancos, 2013, 2017; Lagunas, 2014).
Entre estudiantes, la incorporación de la “perspectiva de género” en la formación no se reduce a un área específica de conocimiento sino que va acompañada de la demanda de transversalidad e integralidad que cuestiona la actual práctica docente (“que los docentes tengan perspectiva de género”, sostiene un volante en la FP). Esto pone en escena una demanda ligada a la formación, algo hasta hace poco relegado de las agendas de las organizaciones estudiantiles por sobre las cuestiones gremiales o referidas a las condiciones de equipamiento de las aulas, o el estado de los edificios (Blanco, 2016b). No obstante, queremos anotar en primer lugar, que éste aparece aún como un reclamo impreciso, menos claro en los aportes específicos: ¿se trata de incorporar autoras mujeres?, ¿epistemologías feministas?, ¿teorías queer?, ¿se trata de todas esas demandas a la vez? Al indagar sobre esta demanda en el trabajo de entrevistas aparece como propuesta la organización clásica de los denominados estudios de la mujer, que problematizaban principalmente la situación de la mujer heterosexual y cis. En el ámbito universitario, estos estudios se desarrollaron en Argentina en la FP en 1987, el mismo año en que se puso en funcionamiento el actual plan de estudios (Gogna et al., 2010; Blanco, 2018a), hoy objeto de críticas. Esto podría estar señalando la paradoja modernizadora de una vuelta a un pasado olvidado de la misma institución, o bien la superposición de la demanda de nuevos corpus, tradiciones y autorías (queer, de la disidencia sexual) junto con otras aún no satisfechas (como la mayor incorporación de autoras mujeres) propias de los iniciales estudios de la mujer. Por su parte, una estudiante de la Carrera de Arquitectura en FADU se pregunta cómo sería la perspectiva de género en su disciplina para indicar que, desde la voz de algunas profesoras, se señala “el lugar menos reconocido de las mujeres arquitectas”. Así, grosso modo, las propuestas parecerían retomar rasgos del itinerario intelectual de las discusiones de parte del feminismo local en los años setenta en torno a la desigualdad entre los sexos (Bellucci, 2014) por sobre la pluralidad de discusiones que estructuraron en las últimas tres décadas los estudios sobre géneros y sexualidades (Blanco, 2018b).
No obstante, podemos señalar –en segundo lugar– que más allá de los contornos a veces difusos que implica la demanda de formación “con perspectiva de género” y de la escasa oferta institucional que el claustro estudiantil identifica en sus itinerarios formativos, las agrupaciones desarrollan sus propias iniciativas en pos de cubrir esta vacancia. Cursos y talleres de “formación en géneros” del que participan docentes y activistas, de “deconstrucción de masculinidades” para propiciar la reflexión sobre la naturalización de prácticas como las denominadas de micromachismo, el armado de “bibliotecas feministas” autogestionadas son algunas de las iniciativas impulsadas por las agrupaciones estudiantiles. Asimismo, estas propician la denuncia de los corpus, perspectivas o incluso cátedras y docentes que fomentan el “homolesbobitransodio”9, que dictan sus clases “con impunidad machirula”, o bien que sostienen posiciones “patologizantes” o “cis-terroristas” contra sujetos y colectivos LGTB, entre otras expresiones recogidas en carteles, volantes e intervenciones gráficas y en las redes sociales, realizadas por estudiantes de la FP contra la formación que allí se imparte. Al mismo tiempo, de las entrevistas podemos indicar que más allá de la oferta institucional en sus carreras, de las demandas cristalizadas en el discurso de las agrupaciones, los/as estudiantes –con y sin militancia, como parte de una nueva sensibilidad en torno a su formación– arman y autogestionan su recorrido curricular buscando cursar aquellas materias, o hacerlo con docentes, que refieren a “cuestiones de género” o que tienen “perspectiva de género” en sus clases, información que circula de boca en boca, en redes sociales y horizontalmente entre pares. Así, en el marco del clima epocal referido en el inicio de este artículo, los/as estudiantes introducen lenguajes, temas, cuestionamientos en las materias a las que asisten, colocando claves de lecturas no necesariamente convocadas en la formación curricular. Como parte de un nuevo repertorio cultural disponible, términos como cis, patriarcado o heteronormatividad introducen renovados interrogantes a viejos planes de estudio, autores o textos en la formación universitaria. Este fenómeno parecería señalar el desarrollo de lo que podemos denominar como una formación con perspectiva de género desde abajo: desde las tácticas de estudiantes más allá de las estrategias institucionales, tomando la clásica distinción de Michel de Certeau (1996) acerca de los modos de hacer cotidianos de los sujetos ante posibilidades siempre limitadas.
Finalmente, y como parte de la atención a los saberes, podemos señalar la relativa extensión del uso del denominado lenguaje inclusivo, tanto en el uso de la “e” o la “x” (esta última sólo en el código escrito) en reemplazo de la “a” y la “o” para los sustantivos, adjetivos y pronombres (“les estudiantes”, “pibxs de la facultad”, “baño diverse”). No obstante, su uso restringido da cuenta de un indicio acerca de las limitaciones que encuentra su expansión y generalización. Utilizado en el lenguaje político, incorporado al habla coloquial, presente en docentes jóvenes, aparece como una experiencia fronteriza en relación con la lengua de la institución: los géneros académicos, el habla oficial, la voz de quienes dirigen las cátedras y las autoridades. En este punto, aparece una escisión entre el habla estudiantil y la lengua de la institución, entre la voluntad y la obligatoriedad, retomando la distinción saussureana sobre el lenguaje entre práctica y estructura.
Con el objeto de atender al cis-sexismo que modula la vida universitaria, los baños constituyen uno de los espacios clave en los procesos de transformación espacial de las universidades. En los últimos años, los estudios de género, queer y sobre sexualidades comenzaron a interesarse por el rol de la arquitectura y la geografía en la experiencia de los cuerpos generizados, y han desarrollado una perspectiva atenta a las lógicas proyectuales del espacio basadas en un sistema heteronormativo que discute el enfoque de la arquitectura institucional anónima y “neutral” (Colomina, 1992; Betsky, 1997; Herring, 2010; Crawford, 2015). Desde este enfoque, interesó en el marco del trabajo de campo en curso analizar los cambios en la espacialidad que se están produciendo en las universidades, y en particular atender a la voz, las formas de agenciamiento y subjetividad de los distintos actores y sus usos de los espacios en la UBA. Si bien existe una vasta literatura, y en particular procedente de Estados Unidos (Cavanagh, 2010; Chess et al., 2008; Herman, 2013), tendiente a analizar las iniciativas en torno a los baños “sin distinción de género”, “universales” o “mixtos”, según las distintas expresiones en tensión (Beemyn, 2015; Adair, 2015) y otras estrategias para lograr “campus inclusivos con la población LGTB” (Martin et al., 2017), el análisis de estas transformaciones en las universidades de Argentina es aún un tema de relativa vacancia.
• Movilizaciones por el 8M día de la Mujer, Galicia (España), marzo del 2019 | Tomada de: La voz de Galicia
Los procesos de apropiación de los espacios educativos en general (Rockwell, 2005) y del universitario en particular, constituyen un rasgo destacado de la sociabilidad estudiantil de las universidades públicas argentinas (Carli, 2012a; Blanco, 2014a), por lo que interesó comprender qué sentidos movilizaba entre estudiantes estas modificaciones. En el 2017, a partir de la iniciativa institucional desarrollada por la Unidad de Género de la FADU se modificó un espacio existente para crear un baño “sin distinción de género para todas las personas que quieran utilizarlo”, como indica el letrero que se encuentra en su ingreso. Este aviso no indica una población específica como destinataria; contrariamente, invita a toda persona que desee utilizarlo. Para su creación se modificó un baño existente de varones de la planta baja, cercano al acceso principal a la Facultad y próximo a la Biblioteca, es decir, ubicado en un espacio de alta circulación y visibilidad. Por su parte, en la FP, durante una protesta estudiantil que se desarrolló en el invierno del 2018 durante dos semanas y que incluyó la ocupación del edificio de la sede a la que concurre la mayor parte del claustro estudiantil, se decidió transformar un baño de la planta baja del edificio y establecer un “baño degenerado”. Entre las causas que motorizaron la protesta, además del reclamo presupuestario y por las condiciones de los edificios, se peticionó por “la aplicación del ‘Protocolo’ contra la violencia machista”. Respecto de la transformación de uno de los sanitarios, el objetivo de esta intervención fue “desnaturalizar el binarismo” en el espacio de la Facultad, como sostiene una entrevistada que participó de este proceso, quien se detiene en la polisemia que convoca la denominación del espacio para explicar que éste ironiza sobre el lugar estigmatizado que la disidencia sexogenérica tiene en el “discurso psi”.
En primer lugar, interesa hacer una lectura a contrapunto de estas dos experiencias de modificación del espacio referidas, ya que una fue desarrollada como una acción institucional a partir de la gestión de la Unidad de Género (FADU), mientras que en la FP la modificación de los sanitarios se llevó a cabo por iniciativa de los estudiantes en el marco de una protesta. En este último caso, terminada la ocupación del edificio –o toma, en la jerga estudiantil– la experiencia se desvaneció y sólo quedó la señalética utilizada, además de la iniciativa (con acciones performáticas puntuales realizadas con posterioridad) en pos de lograr una transformación futura. En la FADU, por el contrario, la transformación se llevó a cabo como una medida entre otras en el marco de la implementación del “Protocolo” a cargo de una unidad de gestión; se consultó a todos los claustros y participaron también estudiantes de la materia “Diseño y estudios de género” (optativa y transversal a todas las carreras de la Facultad) en el desarrollo de la nueva señalética. La intervención implicó una serie de cambios en el espacio (además de la señalética, la instalación de un cambiador para bebés, carteles explicativos de la iniciativa, una mampara para separar cubículos de mingitorios). Así, esta experiencia resultó duradera y legitimada por un conjunto de actores más amplio. De ahí que el hecho de encarar la acción transformativa en el marco de consensos mínimos favorece la viabilidad y perdurabilidad de la medida, mientras que –más allá de las intenciones– las modificaciones que se realizan sin debates y articulaciones con distintos actores de la comunidad universitaria, o sin mediaciones institucionales adecuadas, ni inscriptas en una línea de intervención más amplia (unidades de género, protocolos de acción u otras políticas) podrían colaborar en la deslegitimación de la medida, o bien, tornarla poco efectiva o evanescente.
En esta línea de atención a la importancia de la mediación institucional, nos detenemos en un grafiti escrito con corrector blanco en la puerta del “baño sin distinción de género” en la FADU. Allí puede leerse en lenguaje inclusivo, recurriendo a la “e”:
Este es el único baño que uso. Soy trans. Estoy descubriendo si no binarie o FTM [Female-To-Male, en inglés] y éste es el único baño con el que estoy cómode, grax [gracias] FADU ♥.
El final de esta frase está subrayado, y junto a la leyenda el dibujo de un pequeño corazón. Interesa detenerse en esta inscripción anónima, ya que da cuenta de algunas dimensiones que la transformación de los baños parece proponerse: la habitabilidad del espacio, el reconocimiento de una política institucional consensuada (el agradecimiento es a la institución, es a la Facultad, que aparece como alocutario señalado en la breve escritura), la apropiación del espacio por parte de estudiantes.
En segundo lugar, en las entrevistas realizadas en ambas facultades a estudiantes se identifica que el principal efecto de la modificación de estos espacios es, retomando una expresión recurrente, “simbólico”. Si bien muchos/as estudiantes dicen conocer la experiencia de los baños modificados (aún en la fugacidad de la experiencia de la FP), su uso en cambio aparece menos frecuente, pero no así su importancia, su función demarcadora, su propósito inclusivo y la necesidad de su existencia. Un estudiante de la FADU refiere al baño modificado como “el baño militante” para indicar el sentido micropolítico que asume el uso de este espacio: si bien el foco de esta iniciativa es, las más de las veces, la atención a la población trans, la transformación de los espacios físicos busca conmover la norma cis. De ahí que estas modificaciones del espacio tienen una función formativa, en términos de una pedagogía del género tendiente a desnaturalizar lo que Paul B. Preciado (2009, 2010) denominó una prótesis de género, los artefactos culturales –como la distinción binaria de los sanitarios– para producir la diferencia de género.
• Paro Internacional de Mujeres contra de la violencia de género, el machismo y las inequidades laborales, Argentina, mayo del 2017 | Tomada de: Infobae
Finalmente, interesa marcar un elemento común entre ambas iniciativas, más allá de los contrapuntos señalados. En ambos casos, sea por la labor institucional consensuada o por la acción directa de los estudiantes, la marcación del espacio aparece configurando un baño otro: “diverse”, “sin distinción de género”, pero el resto de los sanitarios permanecen intactos. En otras palabras, al entrar a los sanitarios tradicionales, en cualquiera de las facultades referidas, no hay un letrero que indique –retomando el que se ubica en la entrada del baño intervenido en la FADU– que se trata de un servicio con distinción de género para que sólo algunaspersonas puedan utilizarlo, de forma que advierta el carácter artificial de esta distinción. Como dijimos, la transformación de los baños es, sobre todo, una acción simbólica y no por eso menor. Pero lo que aparece potenciado como signo en las intervenciones en el espacio realizadas hasta el momento es la excepción, mientras que la norma parece quedar incólume más allá del espacio intervenido.
Compartimos en este artículo algunas reflexiones que surgen de un primer análisis de las notas del trabajo en curso referidas en los pasajes precedentes, acerca de las transformaciones recientes en el espacio de las facultades en lo que denominamos la irrupción del género como cuestión estructurante de la vida universitaria en la contemporaneidad. El espacio universitario viene siendo conmovido por los debates en la vida social acerca de los géneros y las sexualidades desde hace más de tres décadas, pero es en el último lustro, a partir de las movilizaciones que produjo Ni Una Menos que ha trastocado de un modo decisivo la vida universitaria. Ese trastocamiento es posible de ser identificado en al menos tres zonas que aquí referimos retomando notas del trabajo de campo en curso.
Sintetizando, una primera zona refiere a la producción de opacidad en el espacio universitario como territorio atravesado no sólo por las desigualdades sino por las violencias entre géneros. La demanda por protocolos por parte de estudiantes pone en palabras aquello que hasta hace poco estaba condenado a lo discreto si no a lo secreto: situaciones de hostigamiento, acoso y abuso sexual. Este proceso aparece tensionado entre las respuestas institucionales en curso y las tácticas estudiantiles que, en ocasiones, pueden colaborar en procesos de revictimización, en una “guerra de escraches” más que en el cuidado de las personas involucradas. La segunda conmoción proviene del terreno de los saberes: las demandas por “perspectiva de género” en la formación se articulan a la vez con el armado de itinerarios singulares de estudiantes; elegir materias ofrecidas, procesos de “autoformación”, iniciativas extracurriculares. En la experiencia cotidiana en las aulas, la experimentación en el terreno del lenguaje (el uso del “inclusivo”), las lecturas autodidactas o simplemente la recurrencia a temas de la vida cotidiana fuerzan una clave de lectura en términos generizados a menudo ausente en la formación: instalan la pregunta, la incomodidad, el cuestionamiento. Nuevamente, donde la estrategia institucional está ausente o es débil, las tácticas, “la revuelta de lo íntimo”, tomando la expresión de De Certeau (1996), generan una disrupción. Finalmente, esa irrupción busca trastocar la espacialidad universitaria con la modificación de los baños. Estas iniciativas que buscan desnaturalizar el binarismo de género van camino a extenderse en las demandas de estudiantes y organizaciones estudiantiles, en las cuales “la inclusión trans” a menudo no es acompañada por una reflexión acerca de la naturalización de lo cis: si bien existe un énfasis en la creación de nuevos espacios, son menos –cuando no inexistentes– los que buscan señalar el arbitrio naturalizado de los tantos espacios cotidianos (binarios) existentes.
En síntesis, el recorrido realizado en los párrafos anteriores da cuenta de que las demandas feministas y de la disidencia sexual han ingresado de un modo decisivo en los últimos años en las universidades argentinas, de la mano con lo que viene sucediendo en otros espacios sociales e institucionales tales como sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, medios de comunicación, entre otros. No obstante, este proceso adquiere contornos específicos en el ámbito de las universidades. Con foco en las estrategias institucionales ante las violencias sexistas y las percepciones de estudiantes, en este artículo hemos propuesto líneas posibles de análisis de lo que entendemos como un proceso emergente, contradictorio y, sin duda, expansivo, que está transformando las universidades públicas.
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