Desenterrando emociones en las fosas comunes de la represión franquista*

Desenterrar emoções nas fossas comuns da repressão franquista

Unearthing Emotions at the Mass Graves of Franco's repression

DOI: 10.30578/nomadas.n53a9

 

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G. Angélica Vásquez Zárate **Ximena Faúndez Abarca*** y Francisco Javier Pérez Guirao****

Resumen

El artículo analiza, desde una perspectiva intergeneracional, las emociones que movilizan a los familiares de desaparecidos que hacen parte de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede), al exhumar las fosas comunes ubicadas en el Cementerio Municipal de San Fernando, Cádiz (España). Para el desarrollo del escrito los autores utilizan el método etnográfico. Los resultados muestran tres tipos de emociones: pena-dolor, orgullo-valentía e indignación-solidaridad. El artículo concluye que mediante la exhumación, los familiares buscan la dignificación de la memoria de los desaparecidos y exigen el pago de la deuda social adquirida durante el fallido golpe de Estado y los años de dictadura.

Palabras clave: emociones, cuerpo, exhumación, desaparición forzada, memoria histórica, franquismo.

Resumo

O artigo analisa, desde uma perspectiva inter-geracional, as emoções que mobilizam aos familiares de desaparecidos que fazem parte da Associação pela Recuperação da Memória Democrática, Social e Política de San Fernando (Amede), a exumar as fossas comuns localizadas no Cemitério Municipal de San Fernando, Cádiz (Espanha). Para o desenvolvimento do escrito os autores utilizam o método etnográfico. Os resultados mostram três tipos de emoções: pena-dor, orgulho-coragem e indignação-solidariedade. O artigo conclui que mediante a exumação, os familiares procuram a dignificação da memória dos desaparecidos e exigem o pagamento da dívida social adquirida durante o falido golpe de Estado e os anos da ditadura.

Palavras-chave: emoções, corpo, exumação, desaparição forçada, memória histórica, franquismo.

Abstract

The article analyzes, from an intergenerational perspective, the emotions that mobilize the relatives of disappeared victims and who are part of the Association for the Recovery of Democratic, Social, and Political Memory of San Fernando (AMEDE), to exhume the mass graves located in the Municipal Cemetery of San Fernando, Cádiz (Spain). Through the ethnographic method, the results show three types of emotions: grief-pain, pride-courage, and indignation-solidarity. The article concludes that through the exhumation process, family members seek to dignify the memory of the disappeared and demand payment for the social debt acquired during the failed coup détat and the years of dictatorship.

Keywords: Emotions, Body, Exhumation, Forced Disappearance, Historical Memory, Francoism.

*Este artículo surge de una investigación interdisciplinar realizada durante los años (2016-2017).

**Doctoranda en Artes y Humanidades de la Universidad de Cádiz (España). Magíster en Investigación de la Universidad Central (Colombia) y magíster de Cultura de Paz de la Universidad de Cádiz (España). Correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

***Profesora titular de la Escuela de Psicología y del Doctorado en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Valparaíso (Chile). Directora del Proyecto Anillo SOC 180007 y directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI-CPMDH). Doctora en Psicología. Correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

****Antropólogo del proyecto de intervención arqueológica y antropológica de las fosas comunes en San Fernando, Cádiz (España). Doctorando en Artes y Humanidades de la Universidad de Cádiz y magíster en Patrimonio Histórico-Arqueológico de la misma universidad. Correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Presentación

Exhumar los cuerpos que yacen en las fosas comunes es un acto cada vez más recurrente en las nuevas generaciones de familiares de desaparecidos durante el fallido golpe de Estado contra la Segunda República (1936) y los años de dictadura en España (1939-1975). Estas generaciones a las que les fueron transmitidos los hechos del pasado, convocaron a actores sociales y políticos a crear el movimiento social por la recuperación de la memoria histórica, con el propósito de emprender la gestión pública que dé como resultado la recuperación de los restos de sus seres queridos desaparecidos. Antes y durante el proceso de búsqueda, surgen diferentes emociones, en las nuevas generaciones de familiares, como resultado de las valoraciones que hacen de los hechos de violencia y del tratamiento que el Estado democrático ha dado a la recuperación de la memoria histórica de los vencidos. De acuerdo con lo anterior, el presente estudio tuvo el propósito de explorar las emociones que movilizan a los familiares que hacen parte de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede), a exhumar los cuerpos de los desaparecidos forzosamente durante la sublevación militar en julio de 1936, que yacen en las fosas comunes ubicadas en el Cementerio Municipal de San Fernando. Para ello se realizó un estudió etnográfico que permitiera observar tres dimensiones: 1) relación cuerpo-espacio, 2) relación entre los sujetos que intervienen en el proceso y 3) relación entre sujeto-cuerpo-emoción. Se levantó una serie de diarios de campo en los que se cartografió el espacio, la ubicación de los cuerpos y las relaciones que se manifestaban entre ellos. Se observaron detalladamente las posturas corporales y gestuales durante los actos discursivos. Con lo anterior se buscó identificar la tensión que pudiese emerger entre la autonomía del sujeto y la determinación del “otro” social (Figari y Scribano, 2009).

Se observaron tres actos de conmemoración pública, dado que la relación intersubjetiva entre los actores en estos escenarios podría generar un marco de alteridad (Lévinas, 2002) en la que el Otro está más allá de los límites del Mismo, al presentarse como inabarcable e inagotable en su totalidad, evocando así una separación radical entre ellos. Cada uno de los signos corporales que emergieron en la relación intersubjetiva se convirtió en el marco de análisis del estudio. Estos signos, como bien lo argumenta Le Breton (2012), hablan en la medida que existe una tradición cultural que ha enseñado a interpretarlos, expresan una marca que permanece y se resiste a ser apropiada o borrada; por el contrario, pasa por un proceso de actualización (Deleuze y Guattari, 2002) con cada evocación, planteando así una relación compleja, entre lo consciente y lo inconsciente, en el proceso de transmisión de las historias heredadas como historias vividas (Aróstegui, 2004).

En este proceso, el cuerpo cobra una centralidad estratégica, al ser este el que concentra y transmite las emociones. Estas son interpretadas mediante un sistema abierto de significados y valores que hacen parte de la cultura afectiva (Le Breton, 2012). Estos afectos al ser expresados apelan al valor moral del otro, para encontrar en él la empatía emocional que los lleve a emprender acciones de transformación conjunta de la realidad. Distintos estudios han confirmado que las emociones al ser sentidas colectivamente en un medio social definido determinarán las conductas ante otros grupos y ante las instituciones (De Rivera, 1977; Frijda, 1986; Páez, 2011). También han comprobado que la rabia y la indignación motivan a la acción, así como el miedo que se siente frente a la imposibilidad de vencer la injusticia. Estas emociones cargadas de un sentimiento de impotencia son las que llevan a la movilización del colectivo (Basabe et al., 2004; Hernández-Rodríguez et al., 2011; Poma y Gravante, 2013; Techio et al., 2011). Adicionalmente, se ha demostrado que la pena y el dolor, así como la indignación pueden ser interpretadas transculturalmente (Basabe et al., 2004; Páez et al., 2013; Pérez-Sales, 2010).

Por otro lado, bajo la relación cuerpo-emociones, Scribano (2010) argumenta que es el cuerpo “el que establece la conexión entre ambiente e individuo”, es decir, “entre mundo interno y mundo externo, entre lo que se ve y lo que no se ve” y, a partir de allí, “se observa como lo social se hace cuerpo” (25). Desde esta perspectiva, el cuerpo se configura como el centro de los procesos de producción y reproducción de la sociedad. Al mismo tiempo, el cuerpo ha sido objeto de control social por parte de los Estados totalitarios, que han construido una “biopolítica de la vida emocional” (Zamora y Mantilla, 2017) al convertir las emociones en objeto de regulación social y moral.

El artículo está dividido en cinco secciones. En la primera se presenta el contexto histórico en el que emergió la represión y el proceso de exhumación de las fosas comunes. En la segunda, se informa el método, se describe el procedimiento y las técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación. En la tercera, se muestran los resultados del estudio, compuestos por tres tipos de emociones que surgieron del trabajo de campo. En la cuarta se hace un análisis de las emociones desde la perspectiva intergeneracional y en la quinta se puntualiza la discusión.

De dónde partimos: contexto histórico de la represión

El intento de golpe de Estado en España contra el gobierno de la Segunda República se inició con una sublevación militar el 17 de julio de 1936 en el protectorado español en Marruecos. El fallido acto tuvo como resultado la guerra civil (entre los años 1936 y 1939) y la posterior instauración de una dictadura militar que duró aproximadamente 40 años (Casanova, 2013; Juliá, 1999; Preston, 2011; Romero, 2009).

Durante la sublevación militar la sociedad española sufrió una violenta represión de carácter político e ideológico, dirigida a eliminar líderes e ideas que representaban al régimen republicano (Casado-Montado, 2016; Romero, 2009; Juliá, 2008a). El territorio español quedó dividido en dos: los sublevados tomaron el control de las zonas de explotación agrícola, ganadera y marítima (Andalucía, Galicia, Navarra, Castilla y León), mientras que los republicanos conservaron los centros industriales y mineros (País Vasco, Cataluña y Asturias) y los núcleos urbanos con alta densidad poblacional, como Madrid y Barcelona. En los territorios donde venció la sublevación hubo golpe militar y represión; en los otros territorios se desató la guerra. En el primer caso, las víctimas fueron casi exclusivamente originadas por los militares sublevados (Casanova, 2013; Espinosa-Maestre, 2006; Juliá, 2008a; Preston, 2011).

Las acciones de violencia ejercidas fueron legitimadas por la Junta de Defensa Nacional –integrada por militares de primera división¹–, la cual declaró el 28 de julio de 1936 el estado de guerra en todo el territorio nacional². Con esta medida se institucionalizaron dos instrumentos para llevar a cabo el plan represivo: bando de estado de guerra y los consejos de guerra sumarísimos de urgencia (Espinosa-Maestre, 2009)³.

Durante el estado de guerra se prohibieron reuniones, huelgas y porte de armas por parte de civiles. Se destituyeron y encarcelaron funcionarios públicos, líderes sociales, políticos y sindicales⁴.

La mayoría de los casos de desaparición forzada ocurrieron en los territorios en los que triunfó el golpe de Estado. En estas zonas un gran número de personas fueron detenidas ilegalmente y asesinadas. Estas víctimas no fueron inscritas en el registro nacional y sus cuerpos fueron enterrados por lo general en fosas comunes anónimas, abiertas en los cementerios, campos e incluso en fincas particulares (Casado-Montado, 2016; Casanova, 2002; Espinosa-Maestre, 2006; López-Moreno, 2020).

Las investigaciones históricas (Arnabat-Mata, 2013; Casanova, 2002; Espinosa-Maestre, 2009; Juliá, 2008a; Preston, 2011) coinciden en referir alrededor de 150.000 ejecutados por el franquismo entre 1936 y 1945, de ellos 125.000 murieron durante la guerra civil (1936-1939) y 25.000 durante los primeros años de la dictadura (Arnabat-Mata, 2013). Para el caso específico de Andalucía⁵, se ejecutaron 50.093 personas, de las cuales 3.071 son de la provincia de Cádiz (Espinosa-Maestre, 2009; Cobo-Romero, 2012). Se estima que a entre un 12% y un 14% de los fusilados se les aplicó consejos de guerra, de los cuales existe registro; al resto se les aplicó el bando de guerra sin registro conocido.

La falta de claridad en las cifras se debe a que el territorio español carece de una entidad a nivel nacional que se responsabilice de las cuestiones relativas a la desaparición forzada. Este hecho ha conllevado que no se disponga de datos que permitan aclarar y distinguir quiénes fueron las víctimas por ejecuciones y quiénes fueron desaparecidos forzosamente. Adicionalmente, España no cuenta con un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, tampoco posee una base de datos genéticos de los familiares, ni existe una ley integral que regule el acceso a los archivos. Todos estos vacíos han dificultado la labor de los familiares por esclarecer el paradero de sus deudos represaliados (ONU: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, 2009).

La Ley 52, creada el año 2007 en España sobre memoria histórica, en sus artículos 11 y 14, estipula que el rol de las instituciones del Estado en la exhumación de las fosas comunes es el de cooperar con los familiares en lo correspondiente a la indagación, localización e identificación, pero la iniciativa y búsqueda es responsabilidad de los deudos. Los avances que existen en la implementación de la ley de memoria histórica han dependido de la voluntad política de los gobernantes de las comunidades autónomas y varían en las distintas localidades del territorio español. Esta situación genera un trato diferenciado en el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la guerra y la posguerra (Aróstegui, 2009; Casanova, 2002; Espinosa-Maestre, 2006; Ferrándiz, 2005, 2016).

Esta falta de apoyo institucional ha generado en las víctimas un sentimiento de injusticia al considerar que la memoria de los vencidos en la guerra no ha sido dignificada, mientras que la memoria de los vencedores fue glorificada durante los 40 años de dictadura⁶. Por su parte, el franquismo señaló que la dignificación de la memoria de las víctimas de la guerra civil fue saldada con el erguimiento del monumento en el Valle de los Caídos, donde yacen más de 33.000 cuerpos pertenecientes tanto a los sublevados como a los leales a la república⁷. Sin embargo, este sentimiento de injusticia siguió creciendo y se hizo público en octubre del año 2000 cuando se realizó la primera exhumación, de acuerdo con criterios científicos, en la localidad de Priaranza del Bierzo, en la provicia de León (Ferrándiz, 2016; Pérez-Guirao, 2016). Este hecho es considerado por el movimiento memorialista como el acontecimiento que dio origen al proceso de recuperación de la memoria histórica en España⁸, puesto que a partir de este hito se fomentó la exhumación de fosas de civiles republicanos por todo el territorio nacional.

La desaparición forzada en España

El Tribunal Supremo de España en la sentencia número 101/2012 declaró que los casos de desaparición forzosa durante la guerra civil han prescrito después de 70 años (entre 1939 y 2008). En el fallo se argumenta que es una “ficción” inaceptable jurídicamente creer que durante todo este tiempo una persona esté viva y detenida ilegalmente. Igualmente sostiene que los responsables de los hechos ya habrían muerto y que si estuviesen vivos se les aplicaría la Ley de Amnistía de 1977 (Carrión, 2016; Macciuci, 2018). Esta declaración ha llevado a cerrar cientos de casos por desapariciones forzadas que estaban en curso en los distintos juzgados del territorio español⁹.

Frente a la negativa del Gobierno español de investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones durante la guerra civil y la dictadura, agrupaciones de víctimas han solicitado a los tribunales de Argentina que ejerzan la jurisdicción universal en este caso y que investiguen los crímenes de derecho internacional cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Esta querella presentada en abril de 2010 ante los tribunales argentinos es el único proceso abierto por los crímenes de la dictadura franquista (Carrión, 2016; Macciuci, 2018; Montoto-Ugarte, 2017).

• Niña en un asentamiento informal de refugiados sirios. Valle de Bekaa (Líbano), 2005 | Foto: Lynsey Addario

Con esta causa en el año 2013 se emitió una orden internacional de detención preventiva con fines de extradición a 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la guerra y la posguerra. Entre los acusados se encuentran exministros, exguardias civiles y expolicías. Adicionalmente a esta solicitud, se pidió auxilio judicial a la justicia española para poder avanzar en la toma de declaraciones a los sobrevivientes. Esta solicitud fue aceptada por ciertos juzgados, uno de ellos fue el de Sacedón (Guadalajara), el cual desbloqueó la búsqueda y exhumación del cuerpo de Timoteo Mendieta en mayo del 2017, después de que su hija, de 91 años, apelara a los tribunales argentinos para cursar dicha solicitud (Carrión, 2016; Macciuci, 2018; Montoto-Ugarte, 2017).

Localización y exhumación de las fosas de la represión en San Fernando

Entre los años 2007 y 2009 la Junta de Andalucía, por medio de la Dirección General de Memoria Democrática, en colaboración con el movimiento de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, investigadores universitarios y familiares, entre otros, levantaron un mapa de fosas de la guerra y la posguerra del territorio autonómico. Se recogieron testimonios, se consultaron los registros civiles y judiciales, incluso los que se encontraban en los cementerios. Este trabajo permitió inventariar geográficamente 708 enterramientos en todo el territorio andaluz. Específicamente en la provincia de Cádiz se localizaron y describieron 116 de ellos, según la última actualización realizada a partir del año 2015.

• Wezemana (“Dios es grande”) con su hermano Mitonze, campo de refugiados ruandés,
Lumasi (Tanzania), 1994 | Foto: Fazal Sheikh

El informe sobre el mapa de fosas en Andalucía en su apartado Cartografía de un crimen señala que “el 80% de las fosas que se abrieron en 1936 cuando las ejecuciones en el bando rebelde se realizaban por aplicación del bando de guerra”, mediante la técnica represiva denominada paseo¹⁰. “El 67.5% de las fosas identificadas se encuentran ubicadas al interior de los cementerios y tan solo 3.4% al exterior de ellos. El 8.4% están ubicadas en las carreteras o caminos y el 5.4% en barrancos” (“Junta de Andalucía”). En San Fernando se encuentran localizadas varias fosas en el interior del cementerio local. Adicionalmente a esta, se considera que existen tres ubicaciones más sin localización exacta. Se estima que en este territorio puede existir un total 250 víctimas (López-Moreno, 2020).

Los familiares descendientes de los represaliados de San Fernando (hijos, nietos y bisnietos), junto con otras personas que hacen parte de la sociedad civil, se organizaron desde marzo del 2016 alrededor de Amede para iniciar el proceso de gestión pública que conduzca a la exhumación de las fosas que se encuentran ubicadas en el cementerio de dicha localidad¹¹.

La primera acción iniciada fue la elaboración del Informe histórico sobre el golpe militar y la posterior dictadura¹². En este se reconstruyen los hechos de violencia desatados en julio de 1936, con el propósito de avanzar en la identificación de los cuerpos represaliados que pudiesen yacer en el enterramiento ubicado en el cementerio. La segunda acción fue realizar los sondeos para la localización y delimitación de las fosas. Este paso lo dieron con el apoyo del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de San Fernando. Y la tercera acción, por la que se encuentran transitando en la actualidad, es la exhumación de los cuerpos, proceso que se inició en agosto del 2017. Para este fin, la asociación ha contado con el respaldo a nivel institucional de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de San Fernando. Además, cuenta con el apoyo aproximado de 35 voluntarios, miembros de la sociedad civil. Hasta septiembre del 2020, Amede ha exhumado 108 cuerpos de represaliados por el franquismo y ha recogido el ADN de un importante número de familiares con edades avanzadas.

Precisiones metodológicas

En la presente investigación se optó por metodología cualitativa con un diseño exploratorio-descriptivo (Krause, 1995) que buscó identificar y describir las emociones que movilizan a los familiares, víctimas de la represión franquista, en la recuperación de los cuerpos que yacen en las fosas comunes de San Fernando, Cádiz. Desde la reflexividad del conocimiento cualitativo, el investigador y el sujeto de estudio establecen una relación dialógica de la realidad estudiada que lleva a que se produzcan los datos (Ibáñez, 1991). Por ello, el conocimiento generado no es considerado algo externo, sino que es reconocido como una construcción social, producto de las relaciones interpersonales y de las interpretaciones críticas que los mismos sujetos tienen de la realidad.

Los participantes del estudio fueron cuatro familiares de los desaparecidos (dos mujeres y dos hombres). Uno de ellos hace parte de la segunda generación (hijo) y tres de ellos de la tercera generación (un nieto y dos nietas). En la selección de los participantes se utilizó el muestreo de variación máxima (Patton, 1990). Se buscó integrar casos diferentes entre sí para revelar la amplitud de variación y la diferenciación en el campo. Se consideraron los siguientes criterios de inclusión: 1) familiares que solicitan la exhumación; 2) familiares que no solicitan la exhumación; 3) familiares cuyos parientes estuviesen desempeñando distintos roles antes de ser represaliados (rol político, militar, intelectual, artista); 4) distintas generaciones de los familiares (hijos, nietos).

Se utilizó la observación participante, definida como la descripción sistemática de eventos y comportamientos de las personas en su escenario natural (Krause, 1995). Implica la mirada constante y activa del investigador, la escritura detallada de notas de campo de la cotidianidad y la participación del investigador en actividades relacionadas con el estudio (Guber, 2011). Esta técnica familiariza al investigador con la comunidad y facilita el desarrollo de preguntas culturalmente relevantes (Kawulich, 2005). Se observaron actividades que Amede organizó entre noviembre del 2016 y agosto del 2017, a saber: 1) presentación de resultados de los sondeos realizados entre noviembre y diciembre del 2016. Lugar: Centro Cívico Eduardo Pérez Gener de San Fernando y fecha: 10 de febrero del 2017; 2) conmemoración del 14 de junio, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura. Lugar: Cementerio Municipal y fecha: 14 de junio del 2017; 3) lectura de los nombres de los represaliados de San Fernando. Lugar: Centro de Congresos y fecha: 18 de julio del 2017.

En cada espacio se levantó un diario de campo en el que, en primer lugar, se hacía una descripción general del contexto; en segundo lugar, una descripción de las actividades desarrolladas y, en tercer lugar, se identificaron las emociones por medio de las posturas corporales y gestuales durante el acto discursivo. Inicialmente, se describían las que emergían de manera individual y posteriormente en relación. Para obtener datos distintos a los producidos en la observación, se llevaron a cabo entrevistas individuales semiestructuradas a cuatro familiares. Esto se hizo con el propósito de profundizar en la información registrada en los diarios de campo.

El análisis del material condujo a tres tipos de emociones-sentimientos que movilizan a los familiares que integran Amede a recuperar los cuerpos de sus parientes ausentes, a saber: pena-dolor, orgullo-valentía, indignación-solidaridad. En el siguiente apartado se conceptualiza y describe cada una de ellos.

• Ajoh Achot y Achol Manyen, campo de refugiados sudanés, Lokichoggio (Kenia), 1992 | Foto: Fazal Sheikh

Emociones de un pasado que no ha dejado de pasar

Las emociones para ser sentidas requieren un sistema de valores previamente compartido, pues son el producto de un juicio moral (Zamora y Mantilla, 2017). El conjunto de recuerdos transmitidos a cada generación adquiere significados emocionales que varían según el contexto sociohistórico y sociopolítico en el que se desarrollan. De acuerdo con ello, cada generación asume la responsabilidad de compartir los recuerdos públicamente o de reservarlos al núcleo familiar. Es de aclarar que para el estudio, las generaciones familiares van a ser comprendidas como una línea de descendientes directos o coetáneos, que comparten una experiencia de vida común de los hechos del pasado, transmitida directa o indirectamente (Faúndez et al., 2013).

Estudios de corte transcultural han encontrado que en contextos de violencia la pena-dolor se desencadena en los seres humanos al ser relacionada con una pérdida irreparable (Basabe et al., 2004; Páez et al., 2013; Pérez-Sales, 2010). Se asocia con emociones negativas al evocar un clima en el endogrupo y a nivel social de tristeza (Techio et al., 2011).

En el caso de la exhumación, los familiares expresan la pena-dolor mediante el uso de expresiones de desconcierto, al no encontrar razones que justifiquen los hechos de violencia. El sistema de valores que está en juego es el de una familia que se circunscribe bajo los ideales políticos republicanos. De allí que la pena sea la respuesta empática que sienten las nuevas generaciones frente al dolor experimentado por el o los familiar(es) represaliado(s):

Me da mucha pena, me da una terrible pena, porque no me puedo ni imaginar lo que se tienen que sentir ante un pelotón de fusilamiento, es que no me lo puedo ni imaginar y más sin haber hecho nada malo […] te pones tú a pensar y dices ¡qué pena!¡qué pena! (Corpus de la investigación, No. 4 - 30/07/17)

Por otro lado, el orgullo es una emoción social que se expresa en el cuerpo a partir de expresiones corporales (Damasio, 2005), es considerada una emoción positiva en el endogrupo dado que permite un refuerzo de la identidad y de la autoestima a escala colectiva. A su vez, puede evocar un clima emocional de solidaridad y cohesión social (Techio et al., 2011). Por su parte, la valentía es “aliento o vigor” que se otorga al ejecutar una acción. Se asocia al sentimiento de gallardía y valor al actuar con decisión y firmeza. Emerge cuando se es vencido el miedo y la culpa, es el opuesto a la cobardía (Aristóteles, 1998).

• Alima Hassan Abdullai y su hermano Mahmoud, campo de refugiados somalí, Mandera
(Kenia), 1993 | Foto: Fazal Sheikh

Los familiares hacen alusión expresa a estas emociones cuando recuerdan a sus seres queridos víctimas de la represión. Así lo señala el siguiente testimonio:

Estoy muy orgullosa de mi abuelo y de lo que luchó mi abuela, y lo valiente que fue. En ese tiempo luchar y enfrentarse a lo que se enfrentó ella [...] por eso es que todos los nietos estamos luchando [...] la abuela Adelina seguro que estará diciendo: “así me gusta valientes, que hagaís las cosas y además las mujeres”, como lo hizo ella. (Corpus de la investigación, No. 1, 28/07/17)

• Sofia Hassan Mahmood y su hermano Isaac, campo de refugiados somalí, Mandera (Kenia), 1992 | Foto: Fazal Sheikh

En contextos de violencia, la valentía surge frente a la indolencia, el silencio y la indiferencia de la sociedad (Grupo de Memoria Histórica (GMH), 2013). Aristóteles (1998) sostiene que valiente es “un hombre esperanzado que pese a su sufrimiento actúa” (198) y libra una lucha por la reivindicación de sus derechos.

El estudio también identificó el orgullo-valentía performativamente en el acto Lectura de los nombres de los represaliados de San Fernando. Durante este, los familiares al dar testimonio tenían los ojos bien abiertos, el mentón elevado, el cuello y el torso vertical; el pecho hendido de aire daba fuerza al testimonio. La voz al expandirse por todo el espacio de forma abierta y segura manifestó autoridad frente al conocimiento de los hechos del pasado, lo que reflejó más que ser historias heredadas ser historias vividas (Aróstegui, 2004).

En síntesis, el orgullo-valentía se relaciona con dos aspectos: el primero, el vigor y la firmeza con que los familiares dan testimonio de la vida de los ausentes y, el segundo, la decisión de emprender una lucha por la dignificación del buen nombre del pariente ausente, en muchos casos yendo en contra de la opinión de otros integrantes de la misma familia.

Y, para terminar este apartado, el tercer grupo de emociones identificadas es el de indignación-solidaridad. La indignación manifiesta una desaprobación moral y tiene como base la ira. Este sentimiento impulsa a que se desarrollen acciones de reforzamiento de las convenciones y normas sociales (Damasio, 2005). La violación a la norma lleva a que emerja la percepción de injusticia por el agravio experimentado (Páez, 2011). La solidaridad se relaciona con el altruismo colectivo que surge en un clima emocional positivo. Esta atmósfera cargada de afectividad personal posibilita el desarrollo de acciones colectivas, tales como rituales, movilizaciones, marchas, entre otras. El desarrollo de las acciones colectivas lleva a que se fortalezcan los lazos afectivos entre los miembros del grupo, hasta el punto de ser considerados los miembros de la comunidad parte de la familia. Al respecto, Durkheim (1987) sostiene que el concepto de familia en este tipo de contextos supera el lazo consanguíneo para hacer referencia a un conjunto de individuos que se encuentran próximos los unos de los otros en el seno de una sociedad política y que comparten ideas, sentimientos e intereses.

En el estudió se observó que una de las principales emociones que movilizan a los familiares es la indignación, por haber transcurrido más de 40 años y no haber podido recuperar el cuerpo de su pariente ausente. Esa emoción se exacerba debido a que la generación de familiares, testigos directos de los hechos, se están muriendo y con ellos las posibilidades de que se aclare la verdad. Esta situación lleva a que los familiares sean muy críticos con ellos mismos y con las políticas que ha emitido el Estado español en torno a la recuperación de la memoria histórica. Con ellos mismos porque no comprenden cómo han dejado pasar tanto tiempo sin hacer nada y con las políticas estatales porque consideran que, en vez de impulsar decididamente el proceso, lo que hicieron fue crear “una nebulosa” en la cual la sociedad calló para mantener el consenso de la transición:

Yo creo que los españoles estamos como narcotizados [...] estos hombres que dieron sus vidas por sus ideales, qué deben estar pensando de nosotros, dirán: ¡por Dios reacciona! ¿para esto he dado mi vida? la dí para dejarles algo mejor, qué estáis haciendo con lo que os hemos dejado, cómo permitís que tantos derechos que han costado tanto trabajo conseguir, ahora estemos retrocediendo a pasos agigantados, cómo lo permitís […] estos hombres no pueden estar orgullosos. (Corpus de la investigación, No. 4, 30/07/17)

Se encontró el siguiente cuestionamiento interno por parte de los familiares: ¿Estamos a la altura de tantas personas que han luchado, que han dado sus vidas para dejarnos un mejor país? El estudio identificó que esta pregunta se convierte en uno de los impulsores que hace que Amede mantenga activa la lucha por la recuperación de los cuerpos y por movilizar empáticamente a los distintos actores de la sociedad.

Amede moviliza al colectivo dado que considera que las personas represaliadas murieron por estar aportando a la construcción de una sociedad más democrática, igualitaria e incluyente, es decir, por una causa social que les compete a todos (Vásquez-Zárate, 2017). Con este argumento ha logrado reunir a un grupo de 35 voluntarios, integrado por actores sociales y políticos, que cooperan en la exhumación de los cuerpos represaliados.

Los familiares reconocen a este grupo de personas como altruistas al solidarizarse (Durkheim, 1987) con su situación. Dentro de las acciones que han desarrollado conjuntamente –familiares y voluntarios– se encuentran los sondeos arqueológicos, así como la actual fase de exhumación de los cuerpos. Este trabajo conjunto ha llevado a que se tejan estrechas relaciones hasta el punto de considerar que los cuerpos que están allí son parientes de todos y forman parte de una misma familia.

En síntesis, los hechos del pasado al ser considerados injustos evocan en los familiares y en los actores sociales y políticos un sentimiento colectivo de indignación que lleva a que se movilicen solidariamente alrededor del proceso de exhumación, y esto lo hacen para exigir al Estado que salde la deuda social adquirida durante el golpe militar y los años de dictadura. La anterior situación muestra cómo las emociones cuando son sentidas colectivamente posibilitan que distintos actores se afilien a una misma comunidad social y emprendan acciones conjuntas. En el siguiente apartado se hará un análisis de la forma en la que las emociones identificadas se expresan intergeneracionalmente.

Análisis intergeneracional de la represión desde la perspectiva emocional

Los resultados del estudio mostraron que la cultura afectiva (Le Breton, 2012) ha moldeado y transmitido los significados emocionales del pasado entre la segunda y la tercera generación, otorgándole esquemas de experiencia y acción que orientan las conductas de los descendientes. En la segunda generación, por ejemplo, los testimonios analizados evidencian que los recuerdos que se transmitieron tuvieron connotaciones emocionales en las que predominaba el miedo y la vergüenza, y estos recuerdos se reservaron al núcleo familiar. Para la tercera generación, en cambio, los recuerdos cobran un carácter emocional reivindicativo, marcado por el orgullo y la valentía, que los familiares buscan propagar por toda la sociedad.

Es posible interpretar que el surgimiento de estas emociones está correlacionado con el contexto social y político en el que se circunscriben cada una de ellas, pues en el caso de la segunda generación, sus integrantes se desenvolvieron en un régimen político autoritario que dominaba todas las esferas de la vida, mientras que la tercera generación se desarrolla durante un sistema político democrático.

Las dos generaciones han expresado sus emociones durante el proceso de exhumación al recordar los hechos históricos y la marginación social que sufrió la familia en los años de dictadura, dejando en un plano posterior la relación con el pariente represaliado. Lo anterior se debe a que en la segunda generación el régimen controlaba las emociones y los sentimientos, negando así la posibilidad de expresar los afectos libremente (Faúndez et al., 2013). La disonancia o desviación emocional (Bericat, 2000; Hochschild, 1975) era motivo de sanciones, tanto por la sociedad como por el régimen. De allí que los sobrevivientes a la sublevación militar gestionaran sus emociones (Bericat, 2000; Hochschild, 1979) para estar acorde con los valores y principios establecidos por el régimen
dictatorial¹³.

• Monumento a las víctimas del conflicto armado. Centro de Memoria, Paz y Reconciliación,
Bogotá (Colombia), 2018 Tomada de: El Espectador. Foto: Gustavo Torrijos

Adicionalmente, el régimen franquista aplicó también la normativa de expresión emocional (Hochschild, 1979; Bericat, 2000), en la cual los familiares fueron sometidos a una constricción externa que los obligaba a mostrar determinadas emociones ante personas y contextos, generando así un cambio en la conducta expresiva. Casado-Montado (1989) en su texto Memorias de un malnacido señala que los niños al volver al colegio luego de que sus padres hubiesen sido fusilados “llevaban en su cara la tragedia que habían acabado de sufrir” (27) y que en respuesta recibieron palabras de deshonra “sin caridad, ni piedad”. Lo anterior muestra cómo “la gestión de las emociones deja de ser un acto privado y pasa a ser un acto público” (Bericat, 2000:163).

En el caso de la tercera generación, las emociones y los sentimientos que emergen están en relación con los otros familiares que vivieron directamente la represión y mantienen o mantuvieron el proyecto de búsqueda. Estas emociones expresan la necesidad
de reafirmación de la identidad familiar y los valores que pertenecen a la tradición política del pariente represaliado. En consecuencia, es la empatía emocional lo que ha llevado a que los nietos rompan el silencio que mantuvieron las anteriores generaciones y se organicen alrededor del movimiento social por la recuperación de la memoria histórica (Ballbe, 2008; Biesca, 2006; Pérez-Guirao, 2016).

Por otra parte, durante el proceso de exhumación las emociones que emergen en la relación entre familiares y voluntarios han posibilitado que estos se afilien a una misma comunidad (Le Breton, 2012). En los voluntarios los sentimientos que surgen no solo se presentan frente a la búsqueda de los cuerpos, sino también respecto a los familiares. Esta variación puede generar un efecto cruzado en las valoraciones que se hagan a las emociones identificadas. Por ejemplo, para los voluntarios la pena que sienten es en relación con el familiar que con su avanzada edad está luchando por encontrar el cuerpo de su pariente represaliado. Otro caso identificado es la emoción de orgullo: mientras que lo familiares se sienten orgullosos con la historia de vida de sus parientes, los voluntarios se enorgullecen de sentirse que son buenos ciudadanos al estar ayudando al pago de la deuda social adquirida.

Caso diferente se presenta con la emoción de indignación, pues tanto los familiares como los voluntarios comparten la misma valoración de injusticia frente al trato diferenciado que han recibido los vencidos en cuanto a la dignificación de la memoria y los cuerpos de los represaliados, luego de 80 años de haberse producido la pérdida.

En síntesis, la indignación-solidaridad es la emoción que impulsa empáticamente a los actores sociales a tomar acciones concretas dirigidas a la recuperación de los cuerpos. De la misma manera, mediante emociones como orgullo-valentía, las familias represaliadas se liberan socialmente de la vergüenza y el miedo que las gobernó durante el franquismo. Y la pena que sienten las terceras generaciones es por el dolor sufrido por sus antecesores.

Para puntualizar

Cuando los muertos son escuchados, mediante las huellas de los actos de extrema crueldad que fueron infligidos en sus cuerpos, la sociedad puede entender que el daño causado no solamente afecta a quien lo padece, sino que cuestionan a todos los seres humanos.
(Quevedo y Sánchez, 2015: 30)

El régimen dictatorial, al esconder los cuerpos, les impidió a los familiares realizar el rito de brindar los honores fúnebres a los represaliados, lo que generó una deuda social, no solo en la familia, sino también en la comunidad de la que hacían parte, dado que el cuerpo, al ser resultado de un procesos de socialización, tiene una dimensión invariablemente pública que determina sobre él una serie de rituales tanto de ingreso como de salida del campo social, y cuando uno de ellos falta se configura una deuda social (Butler, 2006; Durkheim, 1982). Adicionalmente, el régimen al prohibir a los familiares expresar algún tipo de dolor negó esas vidas, es decir, consideró que esas vidas no tenían valor y por tanto no merecían tener un obituario, para que no se distribuyera públicamente el duelo. De esta forma se “desrealizó” no solamente al represaliado, sino también a las primeras generaciones de familiares, quienes vivieron en “condición de espectro” durante el golpe militar y los años de dictadura (Butler, 2006).

Por otra parte, el estudio encontró que los integrantes de Amede han venido forjado una conciencia de los hechos, a partir de la experiencia que trae su actuar en la lucha por la recuperación de los cuerpos represaliados, lo que hace que su testimonio refleje una historia vivida más que heredada (Aróstegui, 2004). Para ellos el enterrar dignamente los restos de sus parientes ausentes es un acto de justicia, dado que les devuelve algo que es “suyo” y que les fue quitado abruptamente. Con este acto, afirman, se revertiría el rasgo deshumanizador de la violencia y conseguirían “paz en los corazones” (Corpus de la investigación, No. 3, 28/06/17). Al respecto, Ferrándiz (2005) y Quevedo y Sánchez (2015) sostienen que el acto deshumanizador de la violencia es revertido en el momento en que al cuerpo represaliado le es devuelta su identidad social y política y puede ser reingresado a la sociedad por medio de los rituales fúnebres, en el curso de los cuales los familiares honran su memoria públicamente para encontrar la solidaridad social en las manifestaciones de respeto. Es importante detallar que el estudio encontró que este acto deshumanizador es revertido también durante todo el procedimiento de exhumación, debido a que el cuerpo es tratado con extremo cuidado y respeto. En dicho proceso se utilizan instrumentos pequeños y delicados, como lo son las brochas, que con sus crines acarician una y otra vez los restos, para delimitarlos y definirlos. Asimismo, a cada cuerpo se le dedica su tiempo y conforme pasan los días van re-apareciendo física y políticamente los sucesos del pasado. Paralelamente a este procedimiento, se está recuperando la memoria de los hechos desde la perspectiva de las víctimas, debido a que el testimonio de los familiares es fundamental para la identificación de los cuerpos. Esta situación hace que el testimonio se revalorice, pues hasta el momento había sido considerado “memorias en fuga” o “memorias subalternas”, que sobrevivían en las “costuras de las versiones hegemónicas del pasado” (Ferrándiz, 2005:14-15).

• Tony Matayu con párajos Kambuna enjaulados, campo de refugiados mozambiqueño,
Nyamithuthu (Malawi), 1994 | Foto: Fazal Sheikh

Todo lo anterior muestra cómo el exhumar se convierte en “un proceso de desenterrar la verdad” (Quevedo y Sánchez, 2015: 30) en el cual el antropólogo forense cumple el rol mediador entre este mundo y el mundo de los muertos (Pérez-Guirao, 2019). Al ser el principal informante aporta pruebas que ayudan al esclarecimiento de los sucesos de violencia. En este sentido, la exhumación se convierte en un archivo (Foucault, 1997) que enuncia acontecimientos singulares, limita lo que puede decirse en el entramado de discursos sobre los hechos del pasado y reconoce la veracidad de los enunciados para que la sociedad, los conozca, se haga cargo de ellos y los integre a la memoria social, política y cultural del país.

Notas

1. La Junta de Defensa Nacional se estableció en Burgos el 25 de julio de 1936. Estuvo integrada por los siguientes militares: Miguel Cabanellas Ferrer (en calidad de presidente), Andrés Saliquet Zumeta, Miguel Ponte, Manso de Zúñiga, Emilio Mola Vidal, Fidel Dávila Arrondo, Federico Montañer Canet y Fernando Moreno Calderón. El 3 de agosto de ese mismo año, Francisco Franco fue elegido como jefe de las fuerzas sublevadas del frente sur. Franco contó con el apoyo leal de los militares Gonzalo Queipo del Llano y Luis Orgaz, con quienes más tarde asumiría de forma colegiada todos los poderes del Estado (Raymundo et al., 1937).

2. Declaración que es considerada ilegal por el movimiento memorialista al argumentar que según la estructura del Estado era competencia del Parlamento a través del jefe del Estado.

3. Durante la aplicación de bando de guerra (julio de 1936 - marzo de 1937) no se llevó a cabo ningún tipo de control, ni de registro de las personas represaliadas, mientras que durante los consejos de guerra (de marzo de 1937 en adelante) se establecieron tribunales militares. Los casos que eran condenados a muerte se les emitió un certificado de defunción y era comunicado al Registro Civil para su inscripción. Este periodo fue conocido como la “justicia del terror” (Espinosa-Maestre, 2009).

4. Se le dio instrucción a la Guardia Civil de cada territorio de apoyar las acciones de opresión contra los líderes sociales. Los líderes eran detenidos en las sedes de sus partidos, en sus casas o en las calles, algunos eran llevados a cárceles o penales y posteriormente eran fusilados (Casado-Montado, 2016; Casanova, 2002; Romero, 2009).

5. La Comunidad Autónoma de Andalucía está localizada al suroeste de España, a 15 kilómetros del continente africano por el estrecho de Gibraltar. Esta singularidad geográfica ha marcado su historia y ha definido su identidad multicultural, pues por allí han transitado un sinnúmero de pueblos, como los fenicios, los romanos, los árabes, los bereberes o los castellanos, entre otros. Andalucía limita por el sur con el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, al norte con Sierra Morena (cadena montañosa que la separa de las regiones de Extremadura y Castilla-La Mancha), al oriente con Murcia y al occidente con Portugal. Su capital es Sevilla.

6. La exhumación de las fosas de los vencedores se realizó paralelamente a la reconstrucción del país, con la organización del Estado dictatorial. Esta se dio bajo la narrativa oficial que relacionaba la victoria militar con los conceptos de cruzada religiosa, así como con el heroísmo y el martirio. Denominaciones conocidas en la historia política española como nacional catolicismo (Aguilar, 2000; Ferrándiz, 2016).

7. Los cuerpos trasladados al Valle de los Caídos fueron extraídos de las fosas republicanas sin que se hubiese informado a sus familiares. Para muchos de ellos resulta indignante que sus seres queridos “estén en un lugar religioso que no comulga con sus creencias y junto al cuerpo de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, únicos reconocidos por nombre y apellido en el lugar” (ONU: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, 2009). Aclarar que José Antonio Primo de Rivera fundó la falange española fascista (23 de octubre de 1933), fue el hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, quien gobernó entre 1923 y 1930. El 24 de octubre de 2019 el cuerpo de Francisco Franco fue exhumado por orden del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y reubicado en el cementerio de Mingorrubio, como un acto de reparación a la memoria de las víctimas.

8. Este movimiento es integrado por víctimas y asociaciones cívicas que se organizaron para reivindicar los derechos de este grupo poblacional, luego de haber pasado más de veinte años de haberse pactado el acuerdo de la transición a la democracia.

9. La Ley 46 de 1977 determina que todos los delitos cometidos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976 quedan amnistiados. Esto incluye aquellos cometidos por agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.

10. El término “paseo” hace referencia al tipo de represión que se ejerció ilegalmente a los republicanos durante el golpe militar, mientras que fusilamiento hace referencia a la “represión legal”, producto de los consejos de guerra.

11. Para iniciar un procedimiento de localización de fosa, la Ley 2/2017 de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, señala que esta se da a petición de los familiares de las víctimas desaparecidas o de las entidades memorialistas o miembros de la comunidad académica. Si es aprobada la solicitud se da inicio al proceso. En él, la Consejería será la responsable de hacer seguimiento a los trabajos de exhumación y el comité técnico que se conforme con personas especializadas en el tema garantizará el rigor científico. Los hallazgos serán informados tanto a las entidades administrativas como judiciales competentes para iniciar todo el proceso de identificación. Para este procedimiento, la ley en su artículo 12 estipula que la Junta de Andalucía establecerá y gestionará un banco de datos de ADN en colaboración con las universidades públicas del territorio donde se registrarán los datos de los cuerpos exhumados y de los familiares que voluntariamente quieran formar parte de este banco.

12. Este informe está en continua actualización, dado que con la exhumación de los cuerpos se ha activado la memoria de los familiares y otros actores sociales.

13. Bericat (2000) afirma que la gestión emocional “refiere las acciones por las que intentamos modificar el grado o la cualidad de una emoción o sentimiento” (561). El autor aclara que la gestión no se limita a la supresión de los sentimientos, sino que también incluye la evocación de aquellos que inicialmente estaban ausentes.

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Última actualización en 20 Febrero 2021

¿De qué verdad somos capaces? Justicia epistémica y conflictos armados

De que verdade somos capazes? Justiça epistémica e conflitos armados

What truth are we capable of? Epistemic Justice and Armed Conflicts

Ediorial

Ay, ya tú ves
como el que nada sabe
conoce más
que aquel que cree que sabe.
Rubén Blades

La disposición que adquiere la verdad en las sociedades contemporáneas, que se han caracterizado por la existencia más o menos reciente de conflictos armados, suele esbozarse tomando como horizonte de referencia el marco interpretativo de ciertos saberes expertos. Por tanto, es desde aquel lugar de enunciación que comúnmente se definen la forma y el contenido de la verdad que puede llegar a ser formulada, así como el alcance social, político, económico y cultural de los procesos de esclarecimiento, reparación y no repetición que se aspira a alcanzar mediante el recurso a la verdad.

En función de los mencionados saberes expertos emergen órdenes localizados del discurso, en diferentes contextos geopolíticos del sistema-mundo global, a partir de los cuales se codifican una serie de cadenas significantes que producen percepciones sociales con respecto a lo acontecido en el marco de las guerras. En consecuencia, con base en determinadas relaciones situadas de poder –siempre inestables, conflictivas y tensionales– se establecen las reglas de aparición, legitimación y circulación de los enunciados a los que se les otorga el estatuto de verdad; se adoptan las posiciones de sujeto que son autorizadas para nombrarla y las que no lo son; se diseñan las categorías que trazan las fronteras de lo que es decible, juzgable, memorable y, por supuesto, los contornos de lo que eventualmente puede llegar a ser experienciado en términos de reparación. Por eso, en su heterogeneidad, tales formaciones discursivas, regímenes de verdad y modos de experiencia disponen los sucesos históricos que devienen inenarrables, inefables, obliterados u olvidados y, además, definen los sujetos del no saber, aquellos que son descartados a la hora de nombrar lo sucedido.

En todo caso, los saberes expertos condicionan qué tipo de verdad puede plantearse en relación con los conflictos armados, quién puede decirla y, al mismo tiempo, para qué puede usarse dicha verdad. Por tal motivo, comportan efectos políticos que van más allá de su referencialidad al objeto de estudio de una disciplina particular del conocimiento y a la positividad normativa de las leyes, en cuanto deslindan los límites de la verdad y, por tanto, sus particulares condiciones históricas de posibilidad.

De otro lado, puede decirse que la verdad con respecto a los conflictos armados se produce en la singular convergencia entre los conocimientos, las formas jurídicas y el poder. Por ello, en la liminalidad de dicho campo significante se configuran sus potencias y limitaciones, sus luces y sombras, sus palabras y silencios, sus alcances y restricciones, y también los usos instrumentales de la verdad que son escenificados por las potencias imperiales y que en no pocas ocasiones han operado como justificación para intervenir militarmente contra sociedades que experimentan formas plurales de vida democrática, afirman la autodeterminación de los pueblos, o no se pliegan al fundamentalismo del mercado y a la subordinación a los intereses del capital transnacional.

En su materialidad concreta, toda esta programación performativa en torno a la verdad con respecto a los conflictos armados sobrecodifica una particular concepción formal del sujeto de derechos a la hora de nombrar las afectaciones de la guerra. Una concepción que, desde su inscripción liberal y pretendidamente neutral, no logra captar del todo la singularidad de las experiencias vividas en los contextos de confrontación armada ni sus múltiples y caleidoscópicos matices de sentido, para contribuir al esclarecimiento y la superación crítica de lo sucedido. Tal vez porque se trata de una perspectiva interpretativa que se ha diseñado con base en el logocentrismo, el androcentrismo y el antropocentrismo, dominios enunciativos que comúnmente están asociados tanto con el privilegio epistémico de las metrópolis nacionales e internacionales como con sus hábitos hermenéuticos letrados. Se trata de tipologías de la verdad que han dado preeminencia, en cuanto grilla de verosimilitud, al orden de la razón pura y la argumentación jurídica positiva por sobre las epistemologías otras y el derecho consuetudinario de los pueblos; al régimen de la significación por sobre las potencias de lo asignificante y lo mágico; a las disciplinas del conocimiento social por sobre los saberes populares, la espiritualidad y los conocimientos ancestrales; a la esfera de lo trascendente por sobre la de lo sensible y la poética de la conmoción.

El presente número responde a este último orden, a saber: al de una verdad otra construida en el marco de posguerras civiles, conflictos armados, acuerdos de paz y procesos de liberación nacional ocurridos en diferentes contextos geopolíticos, geoeconómicos y geoculturales del Sur global, marcos y contextos desde los cuales nos interesa comprender cómo han operado los regímenes de verdad. Desde esta comprensión global, el monográfico establece puentes entre experiencias diversas y contribuye con ello a un diálogo Sur-Sur, en el que se logra leer puntos de encuentro, indispensables tanto para el pensamiento crítico como para las acciones políticas de los pueblos, comunidades u organizaciones sociales. Aquellos puentes se trazan entre conflictos armados que se caracterizan por la actualización de herencias coloniales, patriarcales y raciales de larga duración; entre procesos de desarme o justicia transicional; y entre experiencias de construcción de verdad, reparación y no repetición.

De acuerdo con lo anterior, las voces de las y los articulistas, que escriben desde África, Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica, no se proponen simplemente ampliar asintóticamente la verdad, bajo la lógica inclusiva del multiculturalismo. Por el contrario, apelan a una verdad otra que está enraizada y encarnada en la experiencia de la diferencia cultural, y se encuentra inscrita en los cuerpos violentados, siendo expresada desde sus propias voces, experiencias, sentires y cosmovisiones, gracias a la cual es posible tensionar la razón colonial moderna. Por ello, permite no traslapar una verdad por otra o complementarla, sino comprender cómo operan sus tecnologías de poder. Así, bajo esta mirada, el presente número no solo promueve una justicia epistémica desde el Sur global, sino que traza rutas interpretativas y metodológicas disidentes, en cuanto herramientas de pensamiento que aportan a los procesos de descolonización de los condenados de la tierra.

El monográfico de NÓMADAS No. 53 está organizado a partir de un abordaje que explora las funciones no referenciales de la verdad sobre la guerra, para interpelar sus modos convencionales de producción. Nos interesa destacar aquellos efectos de verdad que no se reducen a su correspondencia representacional con “lo real”, a la adecuación fenoménica entre las palabras y las cosas, sino que además activan dimensiones performativas que exceden la literalidad. Por este motivo, a partir de las contribuciones interpretativas de las y los articulistas, exploramos tres registros de operatividad de la verdad: las tecnologías, los sujetos y los discursos.

Esperamos que este número de NÓMADAS contribuya a los debates contemporáneos sobre esclarecimiento, reparación y no repetición desde una perspectiva de la diferencia que permita preguntarnos: ¿de qué verdad somos capaces?

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Última actualización en 23 Enero 2021

El ritornelo. Consideraciones sobre la producción de las víctimas del conflicto armado en Colombia (reseña de tesis publicada)

O ritornelo. Considerações sobre a produção das vítimas do conflito armado na Colômbia (resenha de tese publicada)

The Ritornello. Considerations of the Victim’s Production of the Armed Conflict in Colombia (published thesis review)

DOI: 10.30578/nomadas.n53a18

 

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Diana Katherinne Cardona Garzón

Estudiante de la Maestría en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos, Universidad Central, Bogotá (Colombia). Especialista en Epistemologías del Sur y Socióloga. Correos: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. , Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

AUTORA:
Helga Natalia Bermúdez Pérez

EDITORIAL:
Ediciones Universidad Central

CIUDAD: Bogotá

AÑO: 2018

NÚMERO DE PÁGINAS: 174

La noción del ritornelo, de acuerdo con la autora, hace referencia a su propio devenir histórico en el proceso de investigación. Concierne a aquello que posibilitaba un tránsito por su propia vida alrededor de preguntas, temas de investigación, territorios y fronteras que iban, venían, daban vueltas y revueltas en sus más profundas preocupaciones vitales. Helga acude a la noción de ritornelo propuesta por Deleuze y Guattari (1972) como aquello que “representa el movimiento productivo de la vida, lo creado en un territorio virtual o real” (p. 19), consecuencia de las huellas de un pasado que nunca deja de transformarse y que por lo mismo introduce la mirada del “devenir víctima” que no se reduce a un discurso institucional o jurídico; a cambio de ello, narrarse víctima implica una voz propia, una lucha por sus derechos y una expansión de su propia subjetividad.

Esta tesis es resultado de la investigación desarrollada por la autora en el marco de la Maestría en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos, de la Universidad Central. Consta de una parte introductoria y tres capítulos: 1. Consideraciones iniciales sobre la pregunta por la subjetividad de las víctimas con ocasión del conflicto armado; 2. Cinco historias de vida de mujeres: víctimas y sujetos políticos; y 3. El ritornelo sobre acontecimiento, víctimas y subjetividad. Finaliza con el registro de la bibliografía y un anexo sobre el Guión de preguntas realizadas en las entrevistas que implementó en su trabajo.

En la introducción se anticipan los aspectos más relevantes del contenido global del texto y se sitúa al lector en relación con el lugar de enunciación e interés académico de su autora. Allí también se presentan los elementos epistémicos centrales y concomitantes a la formulación de la pregunta de investigación, los objetivos de esta y su camino metodológico. Es destacable en este punto que Helga Natalia se enuncia desde el lugar singular de “testiga envenenada”¹ (Bermúdez, 2018: 20) y como nieta de una mujer que sufrió hechos victimizantes en el marco del conflicto armado colombiano, así como una profesional que ha tenido la ocasión de trabajar con víctimas; elementos todos que la conducen a preguntarse por la noción de víctimas, como un enunciado polisémico que puede ser incluso contraproducente en muchos sentidos para el mismo sujeto que así se denomina.

En su inquietud epistémica Helga Natalia se pregunta si todas las personas que creemos son víctimas lo son en efecto, toda vez que es diferente lo que se crea, se recrea y se enuncia en la esfera pública y lo que pasa por las experiencias, pensamientos y sentires de quienes han vivido experiencias victimizantes, pero que desconocen sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, o quienes se distancian de apreciaciones jurídicas e institucionales, desde donde se sitúa el esquema de los derechos, y bajo las anteriores consideraciones formula la siguiente pregunta: ¿Desde qué elementos, circunstancias y momentos de trayectoria vital algunas personas que han sufrido daño con ocasión del conflicto armado colombiano forman y asumen –o no– una subjetividad política cómo víctimas? De esta pregunta surgen tres categorías: elementos, que alude a razones o principios personales y colectivos, los afectos y discursos políticos que generaron cambios en la subjetividad e identidad de las víctimas; circunstancias, alusivas a las características de los hechos victimizantes y los acontecimientos relacionados con el conflicto armado en territorios y contextos particulares; y momentos, referidos a tiempos en los que ocurrieron los hechos, a cambios en la subjetividad de las víctimas en relación con su ciclo vital y la dimensión histórica en que ocurrieron.

A propósito de su encuadre metodológico, esta investigación se realizó desde una mirada cualitativa, acudiendo a técnicas de investigación que se instalaron en dos momentos: revisión documental y trabajo de campo; este último se desarrolló a través de entrevistas a profundidad o conversaciones que le permitieron a su autora aproximarse a las trayectorias vitales, situadas desde una perspectiva de género² y a la configuración de la subjetividad de la víctima³. En congruencia con ello, en este trabajo se establecieron las categorías principales: víctimas, acontecimiento, sufrimiento y subjetividad política⁴.

El primer capítulo presenta diversos conceptos asociados a la noción de víctima, como la clasificación o tipificación de hechos victimizantes reportados por bases de datos oficiales, como el Registro Único de Víctimas, desglosando las particularidades de significación en relación con víctimas directas e indirectas, o la definición expuesta en la Ley 1448 de 2011 que le permite introducir un análisis sucinto de la relación entre la noción de víctima y el principio de dignidad del que habla esta Ley, destacando que la significación de víctima allí planteada resulta contraria a la de ciudadanía. Ello implica el supuesto de que antes del hecho victimizante dicha población gozaba del ejercicio pleno de sus Derechos Humanos, algo de lo que la autora sospecha e incluso controvierte al señalar que, en ocasiones, algunas personas acceden a sus derechos sociales, económicos y políticos en virtud de su condición de víctimas; de ahí que el debate político y social sobre las víctimas resulte funcional para detentar este lugar, lo que “se constituye en una tecnología de gobierno o de dominación”, de acuerdo con Martínez (2011, citado por Bermúdez, 2018: 49) en donde se objetiva al sujeto para que testimonie su hecho victimizante y pueda ser reconocido como tal. Lo anterior cuestiona ese lugar oficialista que, desde las ciencias sociales y organizaciones privadas, se ha promovido al instalar el lugar de las víctimas como sobrevivientes.

El primer capítulo se desglosa además en tres acápites: en el primero de ellos: Sufrimiento en la producción subjetiva de las víctimas, Helga Natalia introduce la que será una de sus categorías de análisis, situándola desde la emergencia o el lugar intermedio de la formación subjetiva de las víctimas, de acuerdo con sus trayectorias vitales, desde donde la autora argumenta que el sufrimiento o el dolor se convierte para la víctima en un acontecimiento inaugural que demanda un giro en su trayectoria de vida.

En el segundo acápite: Subjetividad política: el devenir de las víctimas como sujetos políticos, se precisa la noción de subjetividad en el devenir del sujeto político, en relación con su propia experiencia de víctima, noción que emerge a partir de la observación de las prácticas, los discursos y las formas de relacionarse, y que resulta congruente con la construcción de su pregunta de investigación, pues esta investigación reconoce al sujeto como autor consciente que afronta y significa su ser a la luz de sus vivencias, situándose de un modo singular ante sí mismo y ante su entorno; de ahí que la noción de subjetividad de Deleuze (1995, citado por Bermúdez, 2018) como acto en movimiento o acción respecto de las relaciones dominantes, refleja las conexiones y distribución de las fuerzas, lo que, de acuerdo con Helga Natalia, se puede comprender como una subjetividad encarnada, como un acto político.

La subjetividad política se vive entonces en los encuentros y desencuentros con los otros, en lo común que se sitúa en tensión, en los afectos y en el dolor, que desempeñan un rol importante que cohesiona el accionar colectivo. Este aspecto también permite en conjunto reconocer sus derechos y asumirse protagonistas de su propia historia social, mediante la acción política. Este punto finaliza con una reflexión propuesta por Tabares (2011) donde se presenta una distinción entre la subjetividad estructurada y la subjetividad emergente de las víctimas; la primera entendida como aquello que se origina en el aprehender del mundo (prácticas, valores, creencias) y que luego dialoga con lo íntimo del sujeto. La segunda hace referencia a aquello que interpela a la víctima, las elaboraciones propias de esta de acuerdo con su trayectoria de vida y que se configura en razón de los acontecimientos vitales.

En el tercer acápite: Acontecimientos en la producción de la subjetividad política de las víctimas, Helga Natalia parte del principio que cuando las víctimas se denominan a sí mismas sujetos políticos lo hacen porque están convencidas de esa forma de existencia, y porque alguna vivencia detonante las ubica en el lugar del sufrimiento, desde donde emerger así implica pasar por reconocerse como sujetos con voz que pueden organizarse o agremiarse para recuperar sus derechos. En ese sentido, dicha motivación saca a la luz todo lo ocurrido, la necesidad de hablar de la verdad. Apelar a sus testimonios, como un apoyo y una forma de aprendizaje para la sociedad civil, contribuye a que las víctimas se asuman como sujetos políticos dotados de discursos y de prácticas que apuntan a construir identidades o lugares de enunciación. Sin embargo, esto no significa que las víctimas sean sujetos políticos porque participan de actos públicos o performativos, porque la autora deja en claro su constatación de que “las víctimas llaman como una forma vital de existencia a una forma de ser y de actuar en el mundo, al menos en el suyo” (2018: 67).

En el segundo capítulo la autora desarrolla la conceptualización de las categorías: víctima, acontecimiento, dolor, sufrimiento y subjetividad política, en una aproximación a las historias de vida de las mujeres que participaron en la investigación. El capítulo empieza con la historia de Blanca Nubia Díaz o Blanquita, mujer defensora de derechos humanos en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crimen de Estado –Movice–, de aproximadamente sesenta años, indígena wayúu, esposa de un gran sabedor de la medicina tradicional, un indígena arahuaco; su esposo, ella lo llama así, aunque años atrás se habían separado, es asesinado por paramilitares en el año 2000, y un año después su hija Irina de quince años de edad es abusada sexualmente y asesinada por paramilitares en La Guajira, específicamente por sujetos armados al mando de alias Jorge 40, que disputaban el control territorial local. Blanca presume que la muerte de su hija es el resultado de regulaciones de violencia basadas en género, porque, para ese entonces, ella –Doña Blanca– participaba de una organización de mujeres indígenas campesinas que defendían los derechos de las mujeres. Para ese momento, los paramilitares instauraron unas regulaciones basadas en el ejercicio de la violencia en donde violaban a las niñas y mujeres como una práctica de guerra.

Luego se presenta la historia de Luz Marina Bernal, una de las conocidas madres de Soacha. Ella es una mujer de origen campesino, madre de cuatro hijos, y en su narración indica que en su segundo embarazo afrontó situaciones difíciles en el quinto mes de gestación, cuando fue atropellada por un vehículo, lo que precipitó el nacimiento de su hijo Fair Leonardo, a los seis meses de gestación. Informa que, luego de diversos procedimientos y tratamientos clínicos, su hijo llega a los veintiseis años de edad, con deficiencias en su desarrollo físico y cognitivo, y que un día desaparece y a los pocos meses ella es notificada por servidores públicos que él, quien no sabía leer ni escribir, era el líder de una banda terrorista y que en un enfrentamiento con el Ejército Nacional se le había dado de baja.

Después se presenta la historia de Olga Betancourt, una mujer oriunda del municipio El Castillo (Meta), proveniente de una familia de tradición política adscrita al Partido Comunista y a la Unión Patriótica, un rasgo común en los pobladores de esa zona del alto Ariari. La señora Olga vivió su infancia y juventud en medio de un tenso clima político, y a los veintiseis años ella y su papá fueron amenazados mediante la inclusión de sus nombres en un listado de personas donde los paramilitares los sentenciaban a muerte, y ella fue desplazada.

Se sigue la historia de Yovana Sáenz, una mujer que se narra afrocolombiana del municipio de Tumaco (Nariño), aunque su lugar de nacimiento es el departamento de Tolima. Desde niña es víctima de violencias sexuales y domésticas, y a los dieciseis años decide irse de su casa. Ante la necesidad de encontrar a su madre –con quien quería restablecer su vínculo– se dirige al oriente del Tolima, en donde grupos guerrilleros la identifican como un objetivo militar y termina desplazándose al municipio de Tumaco, lugar donde empieza su proceso de liderazgo político. Descubre –porque antes no lo había percibido como tal– que había sido desplazada contra su voluntad en la búsqueda de su madre. Más tarde, en 2008, a causa de su trabajo político y por su liderazgo en la búsqueda de casos para la expedición del auto 092 de 2008, así como por su defensa de los derechos de las mujeres y como líder de la asociación Afrodes, Yovana es blanco de amenazas por parte de grupos paramilitares, y en diciembre de 2009 es víctima de violencia sexual.

Finaliza este capítulo con la historia de Esther Polo Zabala. Ella indica que es víctima del conflicto armado, desde el útero de su madre, y considera que el nombre con el que fue bautizada le fue dado en razón de un ocultamiento y protección de su propia historia. Según indica ella, su madre, la legendaria María Zabala –así la llama–, una lideresa de la zona rural de Montería, cuando tenía tres meses de gestación fue atacada en su casa por actores armados que dejaron como saldo de esta incursión el asesinato de su esposo –el padre de Esther–, uno de sus hijos y algunos cuñados; quemaron la casa, robaron el ganado, y desterraron a sus hijos. Este hecho se ha convertido en el eje principal en el que versa toda su historia de vida.

En este capítulo Helga desarrolla un amplio análisis asociado a la subjetividad política, desde la perspectiva de cinco mujeres, destacando que para ellas ser víctimas no es solo ser dolientes, implica reconocerse también como sujetos políticos, ciudadanas que exigen derechos, empoderarse, no guardar silencio frente al olvido; ser víctima implica una nueva forma de ser de trazar caminos y de hacer historia (Bermúdez, 2018: 138).

Con el tercer capítulo,Helga Natalia cierra su libro analizando las historias de vida de estas mujeres, junto con las categorías propuestas para su investigación. De allí destaca que ser víctima del conflicto transciende los hechos victimizantes, porque se relaciona con los significados que las víctimas le atribuyen a los hechos, pues observa que ser víctima tiene una profunda relación con el carácter político que tiene esta forma de ser en el proyecto de vida, en las esferas íntimas y sociales. También advierte que la identidad como víctima se relaciona con el significado político del reclamo, en tanto que “si soy víctima hay un victimario”, hay un responsable, en tanto que lo que sucede a la víctima no es un producto del azar sino consecuencia de un orden bélico. De ahí que se encarne el dolor infligido por otros que se posicionan entre sí cómo victimarios.

El trabajo también concluye que no todas las víctimas tienen el mismo nivel de representatividad, en tanto que la subjetividad política está atravesada por las condiciones de clase social, raza y género. Por tanto, ser víctima no implica ser doliente solamente; es reconocerse como sujeto político que exige el cumplimiento de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Las mujeres, cuyas historias de vida fueron el fundamento de la investigación, no le temen a la nominación de víctimas, antes bien la recogen, la resitúan y la asumen de manera crítica, y este lugar es asumido desde la acción y no solamente desde el dolor.

Por otro lado, en relación con la categoría de acontecimiento, la autora advierte que esta no significa el hecho victimizante en sí mismo, sino que implica la situación límite que conduce a la apertura de posibilidades inéditas en su ser, que se conecta con situaciones históricas y que hicieron del acontecimiento no un momento, sino un pretexto para cuestionar lo que pasaba en el país, como es el caso de la señora Luz Marina, quien refiere: “mi hijo me parió a mí”, como líder y defensora de derechos humanos. Se trata, entonces, de un acontecimiento para interpelar a sus victimarios, y estas mujeres no permitieron que sus victimarios las ubicaran en el lugar de la impotencia, a pesar del dolor sufrido.

Finalmente, Helga culmina su texto tomando la tesis de Tabares (2011) para señalar que

las víctimas del conflicto armado colombiano devienen sujetos políticos, a partir de algunos elementos comunes que configuran esta forma de subjetividad: la reflexividad como eje transversal que alimenta de manera permanente el devenir; las acciones políticas desarrolladas por las víctima, que tras un primer momento de dolor, confusión y mezcla de sentimientos morales desencadenan en prácticas manifiestas en los usos de la memoria, la participación y el arte y finalmente la potenciación del sujeto, leída como la capacidad que las víctimas han tenido para resistirse en un contexto que las anula e intenta determinar su actuar. (164)

Este libro realiza aportes importantes en materia de estudios de género, en historias de vida situadas y en la misma noción de víctimas, noción que, desde un punto de vista institucional gubernamental o privado donde se busca la protección y la garantía de los derechos humanos, se dispone de tecnologías que nominan y representan a aquellos sujetos víctimas, lo que en consecuencia puede suponer dar voz a estas personas. Este último resulta ser un aspecto muy controversial cuando las formas de escribir y narrar hechos victimizantes se enmarcan en un guion que obedece a estructuras ya definidas, y que, en ocasiones, distan de las realidades concretas, los sentires, los significados y las agencias que dotan a esta población. Por ello considero que esta investigación contribuye, en su apuesta epistémica y en su accionar político, a reparar de manera cognitiva y política el devenir víctima del conflicto armado colombiano.

Notas

1. “Para el DAS, un testigo envenenado es aquel que refiere a las formas en las que el pasado entra en el presente no necesariamente como un recuerdo traumático, sino como un conocimiento envenenado al que se “accede a través de un conocer mediante el sufrimiento” (2008: 244)..

2. En este apartado la autora de la tesis amplía la información en relación con la investigación cualitativa, entrevistas a profundidad e historias de vida y lo que significa construir historias de vida situadas y desde una perspectiva de género. .

3. Se realizaron entrevistas a profundidad, desde experiencias situadas con perspectiva de género. .

4. La investigación se realiza con cinco mujeres colombianas que se narran a sí mismas como víctimas y como sujetos políticos. .

Referencias bibliográficas

1. DELEUZE, Gilles, y Félix Guattari, 1972, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Pre-textos.

2. TABARES, Catalina María, 2011, “Reflexiones en torno al devenir sujeto político de las víctimas del conflicto armado, en: Estudios Políticos, No. 38, pp. 13-37, tomado de: https://bit.ly/2VeIYia.

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Última actualización en 16 Febrero 2021

Una verdad desde las víctimas. Aportes metodológicos para el esclarecimiento de los efectos del conflicto armado interno con organizaciones afrocolombianas de Buenaventura (proyecto finalizado)

Una verdad desde las víctimas. Aportes metodológicos para el esclarecimiento de los efectos del conflicto armado interno con organizaciones afrocolombianas de Buenaventura

A Truth from the Victims. Methodological Contributions to Clarify the Internal Armed Conflict Effects with Afro-Colombian Organizations in Buenaventura

DOI: 10.30578/nomadas.n53a17

 

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David R. Pinzón y Yilson J. Beltrán-Barrera

Miembros del grupo de investigación Socialización y Violencia, Universidad Central, Bogotá (Colombia). Correos: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. , Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

DIRECTOR DEL PROYECTO:
Yilson Beltrán-Barrera

INVESTIGADORES:
Asociación de Mujeres y Hombres de Triana y Grupo de Investigación Socialización y Violencia

ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad Central

AÑO: 2019

El grupo de investigación Socialización y Violencia, de la Universidad Central, junto con la Asociación de Mujeres y Hombres de Triana, perteneciente a uno de los 46 Consejos Comunitarios de la zona rural de Buenaventura, denominado: “Consejo comunitario de la parte alta y media del río Dagua”, presentaron un informe de investigación ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). El propósito no solo fue el de aportar al esclarecimiento de la verdad en territorios y con pueblos afrocolombianos, en el marco del conflicto armado en el Pacífico colombiano, sino de ofrecer aportes metodológicos que pudieran servir de referente en los procesos de construcción de memoria, acordes con las prácticas culturales, los propósitos y los deseos de reparación de dichos sujetos étnicos.

La investigación, adscrita ontoepistémicamente a las prácticas de investigación social solidarias (Beltrán-Barrera, 2016), tomó posición ética y política por las víctimas del pueblo negro, toda vez que son ellas el epicentro de la labor de las Comisiones de la Verdad –tal y como se explicita en el informe–. Sin embargo, producto de la interacción solidaria en campo, a través de la categoría del ecogenoetnocidio como horizonte de sentido metodológico, y el sentipensar de la cosmovisión del pueblo negro y su relación con el territorio, lograron dar cuenta de las afectaciones a la naturaleza en el marco de la guerra. Con ello, los diversos seres no humanos de la naturaleza afectados fueron tratados como sujetos víctimas del conflicto armado.

Lo anterior, sin parangón en los procesos de construcción de verdad, en el marco de las comisiones de la verdad en el mundo, permite afirmar que ya no son solo los sujetos humanos las víctimas de una guerra, sino también las naturalezas. Así las cosas y gracias al sentipensar del pueblo negro en su relación cultural con el territorio del Pacífico colombiano, el informe permite afirmar que el centro de las comisiones de la verdad debe constituir el ser de una cultura en relación con su territorio. Desde el debate académico y político que propicia el informe, aporta inusitadamente en un giro biocéntrico al campo de las afro-reparaciones, lugar en el que el informe ubica el debate.

Específicamente, el informe reporta a la CEV veintidós hechos victimizantes perpetrados contra seres humanos (mediante prácticas genocidas y etnocidas) y cinco contra seres no-humanos (mediante prácticas ecocidas), a saber: bomba a poliducto, fumigación aérea con glifosato, minería a gran escala, megaproyecto doble calzada Cabal Pombo y cultivos ilícitos. Esos hechos victimizantes, llevados a cabo por diversos actores armados (paramilitares, bacrim, fuerza pública y guerrilla) y no armados (como el Estado mediante instituciones como Invías, empresarios y políticos), afectaron a diversos seres no humanos como: ríos y bosques (bomba a poliducto, minería a gran escala y cultivos ilícitos) o cultivos de pan coger (fumigación aérea con glifosato). Por ello, en el informe se demanda la necesidad de reparar a esos sujetos no humanos, con el fin de que el pueblo negro pueda llevar una vida digna en sus territorios y para que, junto con ellos, sane también la madre tierra.

Tres fueron los métodos que, bajo el horizonte de sentido metodológico del ecogenoetnocidio, se implementaron en campo: talleres, entrevistas y etnografía. Estos dos últimos devinieron en lo que en el informe se denomina como conversaciones corpo-emocionales, dada la compenetración sensible entre el equipo de investigación y la Asociación, principalmente sus “fuentes”: relatos desde las víctimas, familiares, testigos y memoria colectiva. Dichas conversaciones se establecieron en torno a la relación de sus experiencias con el conflicto armado y las afectaciones al territorio (ecocidio), los cuerpos (genocidio) y la cultura (etnocidio). Por su parte, el primer método permitió de manera participativa, construir lo que conjuntamente se denominó como el mapa de la memoria del conflicto armado en el territorio, a partir del cual se construyó una línea de tiempo territorializada, que va desde 1974 (primer hecho violento que recuerda la memoria colectiva en el territorio) hasta 2019. Dicho método permitió también establecer un continuum de la violencia contra el pueblo negro, al establecer que miembros de las comunidades llegadas al Consejo Comunitario (antes de 1974), provenían de otras dinámicas de violencia ejercidas contra su pueblo y sus territorios originarios (como es el caso de los desterrados del Chocó y llegados al territorio del Consejo). Esto, junto con otros hallazgos del informe, permite establecer la relación entre conflicto armado y racismo histórico estructural.

Otro de los hallazgos importantes fue el uso de feminicidios y otras violencias de género, como estrategias de acción de los grupos armados que operaron en el territorio, para desestabilizar, desarticular y obligar al destierro masivo de la población negra, con el fin de llevar a cabo el megaproyecto de desarrollo de la construcción de la doble calzada Cabal Pombo (Cali-Buenaventura). Posteriormente a dicha estrategia, las masacres y los asesinatos selectivos fueron el orden de la avanzada paramilitar en la zona: un territorio estigmatizado por ser negro y de influencia guerrillera. Dos imaginarios (negro y guerrillero) sin valor para los proyectos de desarrollo de la nación, que atravesaron las prácticas violentas diferenciadas de los actores armados contra los pueblos negros y sus territorios, fortaleciendo la relación entre conflicto armado y racismo en el esclarecimiento de la verdad de la guerra en Colombia.

Aquella práctica de guerra contra las mujeres y el pueblo negro permitió ampliar la categoría usada como horizonte de sentido al ecogenoetnofeminicidio. Sin embargo, se advierte que las cifras que presenta el informe pueden no ser determinantes o concluyentes desde el punto de vista cuantitativo, no así cualitativo. Por ello, se sugiere ampliar el análisis de los feminicidios y las violencias de género en su relación con el conflicto armado en el territorio. No obstante, el problema es complejo de abordar dado que es un tema tabú en las comunidades y de riesgo de revictimización inminente, en tanto que aún permanecen actores armados en el territorio. Esto último también hizo singular el desarrollo del trabajo en campo, ya que fue un proceso de construcción de verdad –literalmente– en medio de la guerra.

El informe también permitió registrar otras afectaciones que van más allá del ecogenoetnofeminicidio, mostrando los límites de una categoría y las complejidades de la guerra. Entre dichos hallazgos se encuentran los problemas psicológicos y de salud derivados de las experiencias con el conflicto, entre otros. Asimismo, emergieron hechos victimizantes que, a la luz de la gramática convencional del conflicto armado y el derecho internacional humanitario, no se conocen, como es la pena moral. Por este último hecho victimizante –así nombrado por las mismas víctimas del pueblo negro–, muchos miembros de las comunidades del Consejo Comunitario han muerto, configurándose como parte de la verdad negra en Colombia.

De acuerdo con todo lo referido, el informe de investigación contribuye al debate de la verdad en el marco del posacuerdo en nuestro país porque, desde un enfoque étnico con perspectiva antirracista, decolonial y biocéntrica, permite sentar algunas bases (analíticas y metodológicas) para la construcción de la verdad negra en Colombia, entendida como la interpretación y narración de las víctimas desde el lugar de enunciación del pueblo negro. Y lo que dicho enfoque y perspectiva posibilita es una lectura singular de la relación entre racismo estructural y conflicto armado en Colombia, anclado a proyectos de desarrollo de las economías legales e ilegales de la región.

El informe concluye con una serie de recomendaciones que hace a la CEV, a quien va dirigido, relacionadas con las peticiones de las víctimas en torno a sus desaparecidos y las prácticas metodológicas que ellos, como pueblo negro, quisieran que se puedan seguir llevando a cabo en sus territorios por las instituciones responsables de la construcción de verdad, justicia, reparación y no repetición en nuestro país, tal y como lo implementaron conjuntamente el grupo de investigación y la Asociación de Mujeres y Hombres de Triana.

Referencias bibliográficas

1. ASOCIACIÓN de Mujeres y Hombres de Triana y Grupo de Investigación Socialización y Violencia, 2019, “Una verdad desde las víctimas. Aportes metodológicos para el esclarecimiento de los efectos del conflicto armado interno con organizaciones afrocolombianas de Buenaventura”, informe de investigación, Bogotá, Universidad Central-Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos (Iesco).

2. BELTRÁN-BARRERA, Yilson J., 2016, “Antropología y vida en pueblos de Colombia: a propósito de la biocolonialidad y la metodología del palabrear”, en: Boletín de Antropología, Vol. 31, No. 52, pp. 302-324..

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Última actualización en 16 Febrero 2021