¿Migraciones o retorno? el movimiento del pueblo indígena trasnacional Wayuu*

Migrações ou retorno? O movimento do povo indígena transnacional Wayuu

Migration or Return? The Movement of Transnational Wayuu Indigenous People

DOI: 10.30578/nomadas.n54a6

 

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María Ochoa Sierra**

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar la experiencia del pueblo indígena transnacional Wayuu, que recientemente retorna en gran número del lado venezolano al lado colombiano. La autora explica cómo los wayuu no hablan de una migración, sino de retorno, con la finalidad política de hacer ver que el territorio a ambos lados de la frontera es igualmente wayuu, como también reivindicar los lazos parentales que han contribuido a asegurar la supervivencia de este pueblo indígena. El escrito concluye resaltando que la forma de percibir el territorio por parte de los wayuu difiere de la estatal y conlleva preguntas en torno de la ciudadanía y el Estado en fronteras que separaran a pueblos que se consideran unitarios..

Palabras clave: indígenas wayuu, transfronterizo, transnacional, Estado, ciudadanía, nación.

Resumo

O objetivo deste artigo é analisar a experiência do povo indígena transnacional Wayuu, que recentemente retorna em grande número do lado venezuelano ao lado colombiano. A autora explica como os wayuu não falam de uma migração, mas de retorno, com a finalidade política de fazer ver que o território aos dois lados da fronteira é igualmente wayuu, como também reivindicar os laços parentais que têm contribuído a segurar a supervivência deste povo indígena. O escrito conclui ressaltando que a forma de perceber o território por parte dos wayuu difere da estatal e leva consigo perguntas ao redor da cidadania e o Estado em fronteiras que separam povos que se consideram unitários.

Palavras-chave: indígenas wayuu, transfronteiriço, transnacional, Estado, cidadania, nação.

Abstract

The article aims to analyze the experience of the transnational Wayuu indigenous people, who recently returned in large numbers from the Venezuelan side to the Colombian side. The author explains how the Wayuu refer to this movement as return and not migration. It is both a political claim to show that the territory on both sides of the border is equally Wayuu, as well as to reclaim the parental ties that have contributed in the survival of this indigenous people. The paper concludes by highlighting that the wayuu way of perceiving the territory differs from that of the State and it addresses questions about the relation of citizenship and the State in borders that separate peoples who consider themselves unitary.

Keywords: Wayuu Indigenous, Cross-Border, Transnational, State, Citizenship, Nation.

*Este artículo se deriva de la investigación en curso “Los Wayuu y las fronteras entre el Estado y la nación” que inició en septiembre del 2018 y es financiada por la estrategia de sostenibilidad del grupo de investigación “Hegemonía, guerras y conflictos” del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. A su vez, se inscribe dentro de mi pregunta de investigación doctoral, que adelanto en El Colegio de Michoacán, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el gobierno mexicano.

**Profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia). Investigadora del Grupo “Hegemonía, guerras y conflictos”, de la misma dependencia. Estudiante de doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de Michoacán; magíster en Ciencia Política y Socióloga. Correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

En Colombia y en Venezuela hay 13 pueblos indígenas binacionales, de los cuales los wayuu son el más numeroso. Los wayuu son un pueblo de carácter matrilineal y con organización clanil. Cada clan (e´irüküü) se divide en unidades familiares matrilineales (apüshii) y la marcación del territorio familiar se hace a través del cementerio donde reposan los ancestros, aunque los pozos y los corrales sean marcadores importantes para los pastores y las secciones del mar para los pescadores. Para los wayuu los mundos de los sueños y los muertos hacen parte de su territorialidad y de ese paisaje, que sería imposible describir solo tridimensionalmente; estos dos mundos son fundamentales para regular el mundo de los vivos, y ese equilibrio entre mundos depende de seguir las normas culturales (Perrin, 1997). Los wayuu tienen una marcación de un territorio mayor que llaman La Gran Nación Wayuu, y esta memoria colectiva recuerda lugares sagrados entre Colombia y Venezuela, así como el mundo de los muertos y los vivos. Lo que es la frontera para los Estados tiene una dimensión territorial amplia y diferente para los wayuu.

¿Qué significa habitar una frontera geográfica y simbólica (Barth, 1976)?, ¿qué pasa cuando esa frontera no es solo una imposición estatal sino la imbricación de ontologías diferentes? Esas fueron las preguntas que animaron mi investigación “Los wayuu y las fronteras entre el Estado y la nación”, que se encuentra en curso e inició en 2018, para la cual realicé etnografía, entrevistas en profundidad y observación participante. Mi interés es cuestionar el análisis tradicional de la frontera a partir de categorías políticas como Estado, nación y ciudadanía, para comprender la situación fronteriza de un pueblo que se reconoce como nación y confronta los márgenes estatales.

Lo que los wayuu interpretan como un solo territorio, una región, con una historia de ancestralidad compartida, es para los Estados y otros ciudadanos una parte de dos países soberanos separados por una frontera. Los wayuu entrevistados lo reiteran –“nosotros no tenemos fronteras”– e interpretan su movimiento como parte de la memoria ancestral, lo que implica la visita a parientes, el comercio¹ y la búsqueda de oportunidades según se ofrezcan a cada lado. No obstante, las decisiones de cada Estado y las situaciones que acaecen en cada país afectan a quienes habitan esa región fronteriza.

Autoras como Laura Velasco (2014) han trabajado la migración indígena de Oaxaca entre México y Estados Unidos, documentando la relación entre movilidad geográfica y determinados mercados de trabajo racializados, así como las transfromaciones que adquiere la etnicidad en este marco de relaciones de migración internacional, que se resignifica en ausencia de la relación con el Estado nación. Esto conlleva una reconfiguración de la teorización de la frontera, en su sentido no solamente físico, sino también cultural. Si bien Velasco diferencia entre movilidad geográfica y migración, puesto que la segunda tiene como fin del desplazamiento para mejorar las condiciones de vida, plantea que es difícil una diferenciación tajante, así como identificar móviles únicos del desplazamiento. Si bien sus reflexiones sobre la etnicidad y la migración indígena son destacadas, el caso de los wayuu difiere del suyo en que estos reconocen que no están migrando, puesto que su movimiento se da a lo largo de un territorio familiar, reconocido como propio, como wayuu.

Navarro y Alonso analizan lo transfronterizo como “los espacios, fenómenos, grupos y sujetos que en su funcionamiento habitual aprovechan las ventajas y desventajas propiciadas por la frontera”. Lo transfronterizo se construye a partir de prácticas e intercambios en espacios de frontera y se diferencia de lo transnacional, porque en este último las fronteras adquieren relevancia por ser constitutivas de los Estados nacionales (2020, p. 62). Los estudios transnacionales hacen énfasis en prácticas desterritorizalizadas de los Estados nación, que crean otros referentes de comunidad. Una de las corrientes de la transnacionalización –que es la que me interesa– es la poscolonial, a partir de la cual se cuestiona la constitución de fronteras en territorios que alguna vez fueron unitarios (Besserer, 1999).

Besserer (retomando a Kearny, 1985) sugiere que las comunidades transnacionales escapan a la sujeción del Estado nación, puesto que exceden su soberanía territorial, así como las categorías con las que opera, y destaca una ciudadanía transnacional que articula la ciudadanía cultural, incluyendo la diversidad y translocalidad. Dice Besserer que esta ciudadanía existe ya de hecho fomentada por los ciudadanos, aunque los Estados no hayan transnacionalizado sus derechos, aspecto que, como veremos, conlleva la doble cedulación y el tránsito por caminos propios, la elusión de la autoridad estatal y otras formas de reconocimiento territorial wayuu.

Algunos enfoques sugieren un país de origen y otro de residencia (Velasco, 2014) o bien una cultura de origen y otra de incorporación (Navarro y Alonso, 2020), en contraposición con el caso que me ocupa. Los wayuu consideran que su territorio abarca parcialidades del “país de origen” y del “país de residencia” y una misma percepción cultural, con lo cual transforman las categorías con las que tradicionalmente se ha pensado el espacio transfronterizo y trasnacional. Garduño (2003) hace un balance de la antropología transnacional y, si bien todavía es un campo de reciente exploración, destaca propuestas como el reconocimiento de la doble ciudadanía, el voto de los nacionales en el exterior y el libre tránsito de pueblos transfronterizos.

Algunos estudios se han ocupado de pueblos indígenas separados por las fronteras estatales, como los mi’kmaw entre Canadá y Nueva Escocia (Lelièvre, 2017), los mohawk entre Canadá y Estados Unidos (Simpson, 2014) o los cucapá entre México y Estados Unidos (Muehlmann, 2013a; 2013b), pueblos en los que se perfilan patrones de movimiento determinados por la ancestralidad y la parentela compartida, con reclamaciones soberanas en los dos primeros casos y una continuidad de los lazos de lado y lado de la frontera, en el tercero. Los wayuu postulan, frente a la categoría de migración, la de retorno, de una manera interesante que se explorará en este artículo y que es para mí una afirmación soberana y una forma de configurar nuevas ciudadanías transnacionales.

Esta afirmación se hace en medio de un contexto que genera cambios en sus ususales flujos: la crisis humanitaria de Venezuela, que ha generado la migración forzada de buena parte de la población, como observa Freitez (2019), quien plantea que las crisis humanitarias pueden generarse a raíz de desastres naturales o conflictos armados, pero también como resultado de un colapso institucional en el campo económico y político en el que se produce pobreza generalizada, precariedad y desplazamiento forzado. Los migrantes forzados no gozan de los beneficios de los refugiados, por eso Freitez sugiere que se amplíe la definición de migración forzada a favor de quienes, como los venezolanos, deben salir de su país a causa de situaciones que afectan sus derechos humanos. A partir de la década de 1950 en adelante, Venezuela fue un país receptor de población, pero con la crisis pasó a ser un país expulsor, siendo Colombia el principal receptor a partir de 2017, aunque desde 2015 con cifras importantes (Freitez, 2019). Durante el gobierno de Chávez el país experimentó la bonanza histórica más grande de su historia; entre 1999 y 2012 la tasa de los venezolanos pobres disminuyó de 49,4% a 28,7%, y entre 1998 y 2013 la economía venezolana tuvo un crecimiento positivo, debido al alto precio del petróleo y sus bastas reservas; sin embargo, en 2014 la tasa de pobreza de la población fue de 48% y de 82% en 2016. En 2013, el precio del petróleo cayó a nivel mundial, para 2016, la inflación había alcanzado el 800% y el PIB bajado un 15%, y para 2018 se habían cerrado 4.000 empresas y los productos alcanzaban 16 veces su precio (Alekséenko y Pyatakov, 2019). En 2018 el porcentaje de hogares pobres era de 91%, de los cuales el 67% vivían en pobreza extrema (Freitez, 2019).

Usualmente, los wayuu iban de Colombia a Venezuela, puesto que el conflicto armado, la escasez de agua y alimentos, así como de oportunidades y trabajo, hicieron que durante décadas fueran a Venezuela a estudiar, trabajar, resguardarse o vivir por temporadas. Dos personas entrevistadas me hablaron del “sueño maracucho” y otra del país de las maravillas, refiriéndose a Venezuela (entrevistas a hombre guajiro y dos mujeres wayuu, abril de 2019). Ahora esto ha cambiado, y esperan la reciprocidad de familiares, que alguna vez se dio a la inversa. Por supuesto, no todos retornan, algunos permanecen en su país, cuidan las casas –algo que fue evidente en todas las entrevistas, pues hay temor al saqueo, robo de cables y enseres, u ocupación– y esperan las ayudas de sus familiares en Colombia (entrevistas a hombre wayuu que vive en Venezuela; mujer wayuu venezolana que vive en Colombia, marzo de 2021).

Antes de llegar a la frontera estatal entre Paragoaipoa y Paguachón hay varios caminos o trochas, como las conocen localmente. Por ellas transitan las chirrincheras, camionetas de estaca en donde van parados y agrupados los viajantes, así como las motos o carros que prestan el servicio para el viaje. Al seguir a través de la carretera pavimentada y por donde se instaura la frontera estatal, hay un tramo en el que los carros ya no pueden seguir, porque la frontera está cerrada desde el 2015, por las desaveniencias políticas entre los dos países, así que el paso es exclusivamente peatonal. En la frontera estatal se encuentra la venta de bolsos, billeteras y artículos decorativos, como cisnes o bicicletas, elaborados con billetes que ya no poseen valor, pues salieron de circulación a causa de la devaluación y la hiperinflación (diario de campo, Paragoiapoa-Venezuela, diciembre de 2019). Tulas de billetes eran la nueva materia prima para la construcción de artesanías, y esa era otra dimensión de los cambios de vida que había vivido la frontera. Quienes contaron haber vuelto de Venezuela adujeron que anteriormente el cambio era tan favorable que con un salario mínimo de Venezuela se podía vivir dignamente y enviar dinero o mercados a su familia. Ahora muchos trámites en Venezuela se hacen con dólares o pesos colombianos debido a la hiperinflación y devaluación de la moneda venezolana (entrevistas a dos retornadas wayuu, abril de 2018; hombre wayuu, julio de 2019; retornada wayuu, marzo de 2020). Antes las remesas las enviaban a través de las casas de cambio que había en la frontera, y los mercados, con algún familiar que fuera a venir o en carros que atravesaban por las trochas e iban recogiendo personas y mercancías (entrevistas a retornada wayuu, diciembre de 2019; retornada wayuu, octubre de 2020).

Estos relatos muestran cómo vive la población wayuu la crisis de Venezuela y cómo afecta sus flujos históricos, así como la necesidad de migrar de muchas familias venezolanas y, en el caso de los wayuu, su retorno. El artículo empieza con una descripción de lo que los wayuu conciben como su Nación Wayuu y la forma en que la habitan, pese a las restricciones fronterizas estatales; muestra algunas de las toponimias wayuu y sus formas de concepción del territorio, para posteriormente hablar del retorno wayuu; finaliza con unas conclusiones sobre eventos que están sucediendo recientemente.

Los Wayuu, un pueblo indígena sin fronteras

Si bien hay varios estudios sobre las formas de vida wayuu y sus conflictos territoriales (Perrin, 2003; Guerra, 2002; Echeverri, 2003; Puerta, 2010; Jaramillo, 2014), pocos abordan su carácter transnacional (Guerra, 1997; Acosta, 2010; Puerta, 2020; Paz, 2019). Mi indagación aborda lo transnacional como característica central de los regímenes de movilidad wayuu, pero analiza el tipo de realidad fronteriza que crea la coexistencia de proyectos soberanos de naturaleza divergente. Me interesa saber si esta relación, en la que coexisten formas opuestas de concepción territorial, aporta a la construcción de la categoría de ciudadano y de frontera a partir de la idea del retorno.

De acuerdo con el censo realizado en Colombia en 2005, había 270.413 wayuu, y según el censo de 2011 de Venezuela allí había 293.777. Para esas fechas, los wayuu representaban el 48% de la población del departamento de La Guajira (Colombia) y el 8% de la población del Estado de Zulia (Venezuela) (DANE, 2007; INE, 2011). No hay un estimado cierto, pero muchos wayuu se fueron de Colombia a Venezuela a partir de la década de 1970, especialmente cuando arreció la violencia en La Guajira colombiana en la década del 2000 (Ochoa, 2011; entrevista a mujer wayuu retornada, abril de 2019). Durante años encontraron mejor atención médica, calidad de vida o mayores oportunidades de estudio o trabajo. A raíz de la crisis actual de Venezuela, buena parte de los wayuu que vivían allí están retornando a Colombia a donde sus familiares.

La reclamación de los wayuu es su reconocimiento como pueblo, independientemente de la separación arbitraria de la frontera estatal. No obstante, debido a la migración masiva de venezolanos a Colombia, las agencias de cooperación internacional se preguntan cómo nombrar la situación del pueblo Wayuu. Los Wayuu han insistido en que no se les llame migrantes, puesto que salen de un territorio propio y llegan a uno propio. Han optado por hablar de retorno, aunque algunos nunca hubieran estado en el lado colombiano, pero llegan a territorios ancestrales y familiares wayuu (entrevistas a lideresa wayuu, 2019 y 2020). Dice esta lideresa que es importante que las autoridades y cooperantes sigan reconociendo que hay un pueblo que es transeúnte en su territorio y que, en vista de la necesidad de tecnicismos de catalogación para las ayudas requeridas, se ha optado por el concepto de retornados. Algunos wayuu disputan esta nominación, porque pierde de vista la idea de que el territorio del que se sale también es propio (entrevista a lideresa wayuu, abril de 2019), lo que muestra las dificultades que surgen de estas categorías.

Si bien la categoría de retorno los reivindica como poseedores del territorio al que llegan, es problemática, si entendemos por migración de retorno aquella en la cual se retorna por primera vez al país de origen. Los wayuu llevan muchos años en lo que se llamaría un movimiento de emigración circular y entienden esto como parte de sus regímenes cotidianos de movilidad (Castillo, 1997; Fernández, 2011).

No hay cifras claras sobre la población wayuu proveniente de Venezuela, porque pasan por sus caminos y llegan a donde familiares a tramitar sus documentos como nacionales (entrevistas a secretaria de Asuntos Indígenas, 2018 y 2019; funcionario de Migración Colombia, 2019). A veces prefieren transitar por la frontera estatal y en ocasiones se les solicita documentos, dependiendo de sus rasgos indígenas (entrevista a dos mujeres wayuu, abril de 2019). La práctica de la doble documentación les ha permitido a los wayuu acceder a los derechos en los dos países y es una de las formas en que hacen efectiva su ciudadanía transnacional. En vista de los costos del proceso de nacionalización y las dificultades para llevarlo a cabo, que van desde el desconocimiento burocrático hasta demostraciones identitarias que rayan en la estereotipación, la mayoría prefiere emitir documentos en cada lado, apoyados en su red de parientes, aunque en cada lado expresen una identidad diferente (trabajo de campo, 2018 y 2019).

La migración es un acto de valentia, impresión | Autor: Desconocido. Tomado de: Radici Studios

En el censo colombiano de 2018 se dice que la población wayuu aumentó en 40,7% desde el censo de 2005; actualmente, hay 380.460 wayuu en el lado colombiano (DANE, 2018). Este crecimiento no obedece exclusivamente a la llegada de wayuu de Venezuela, sino también al crecimiento poblacional, pero es imposible discernirlo a partir de estas cifras (que en todo caso estimo subvaloradas) y sin tener un censo reciente de Venezuela.

Por su presencia en una franja fronteriza que reconocen como territorio ancestral, suelen reivindicarse como La Gran Nación Wayuu. Cuando el abuelo Juan se presenta, dice: “Soy de la comunidad de Papuro del resguardo de Maicao, de donde es mi mamá, pero nací en Cuarero, Venezuela” (entrevista a hombre wayuu, 2020). Se reconoce del territorio materno en el lado colombiano, aunque haya nacido en Venezuela, lo que representa una dislocación de la idea de ciudadanía tradicional arraigada al nacimiento y una afirmación de su retorno a territorio ancestral. Dice el abuelo: “ellos están en nuestro territorio y no es justo que nos irrespeten así”. Se refiere a los guardias venezolanos y a los policías colombianos, frente a los que constantemente deben acreditar su
indigeneidad.

Cuando los wayuu hablan de ancestralidad territorial se refieren por lo menos a tiempos anteriores a la consolidación del Estado, y es su muestra de legitimidad y autoridad territorial, que se expone especialmente en respuesta a los actores o discursos estatales. Se diluye la frontera entre el “colombiche” o el “maracucho” que se reitera entre los alijuna (no wayuu). Esto no quiere decir que con el retorno wayuu no se generen conflictividades. Se agudizan conflictos por reclamaciones de quienes retornan y disputas de autoridad sobre territorio materno (entrevistas a secretaria de Asuntos Indígenas de la Gobernación, 2018; secretario de Asuntos Indígenas de Maicao, 2019; hombre wayuu, 2019). En ese caso, el conflicto debe ser resuelto entre las familias implicadas y por medio de la intermediación de un palabrero, identificando a través de los cementerios y de la memoria de los viejos quién es el verdadero dueño, para establecer un acuerdo. Los conflictos territoriales que derivan del retorno se resuelven según la normatividad wayuu y no según la estatal.

Tal es el caso de Roberto, que se fue siendo niño para Venezuela, y aunque iba y venía por períodos, recientemente vino a vivir de nuevo a su ranchería. Ubicada en el municipio Uribia, llegó a ella y encontró que en el espacio asignado para la construcción de su casa su hermano tenía una cría de chivos. Ese conflicto fue resuelto por el tío materno, quien decidió que Roberto le haría un nuevo corral a su hermano y así tendría de vuelta el terreno para construir su nueva casa (entrevista a retornada wayuu, octubre de 2020).

La familia de Alcides, en cambio, decidió ceder parte de su territorio para evitar conflictos. Su abuelo había sido enterrado en el cementerio de su esposa y no en territorio matrilineal, como corresponde según las normas wayuu. Luego de años y de que familiares que estaban en Venezuela llegaran y se ubicaran allí, reclamaron parte del territorio y enterraron a los nuevos muertos en el mismo cementerio. Enterrar al abuelo allí dio pie para esta reclamación. La familia de Alcides cedió parte del terreno a los familiares por línea paterna, con el compromiso de establecer un cementerio y un camino propio (entrevista a hombre wayuu, octubre de 2020). No todos los conflictos logran resolverse por la vía pacífica, lo que puede conllevar guerras inter o intraclaniles, pero usualmente se llega a acuerdos por la preponderancia que se les da a la familia y la palabra.

La unidad para reclamaciones políticas de autodeterminación y el reconocimiento de un territorio wayuu amplio no implican ausencia de conflictos, ni que se diluya la organización política de carácter descentralizado y con reconocimiento del territorio matrilineal. Su unidad política es su familia materna (apüshii) y el liderazgo es el de la autoridad tradicional de cada territorio, casi siempre el tío materno, aunque haya liderazgos de diversa índole que en ocasiones interpelan esa autoridad.

Sin título, ilustración, Nueva York (Estados Unidos), 2018 Autor: Brian Stauffer. Tomado de: ProPublica

Toponimias y territorio wayuu

Tou main, “mi tierra” (Mattié, 2007), woumainoa’a,“nuestra tierra”, son denominaciones y límites que se contraponen a los estatales. La soberanía moderna vincula tres elementos: territorio, Estado, ciudadanía. La ciudadanía es una membrecía con el Estado y otorgada por el nacimiento, que se convierte en origen y fundamento de la soberanía y se ratifica con la creación de fronteras, fuera de las cuales los ciudadanos dejan de ser tales y se ven expuestos a perder o, en todo caso, desmejorar sus derechos (Agamben, 2003).

Los wayuu construyen límites territoriales así: Wuinpumüin (la región de todas las aguas), al noreste de La Guajira, donde se encuentra la serranía de la Makuira y de donde se considera que surgieron todos los e´irüküu (clanes) wayuu. Wopumüin (hacia donde van los caminos), al Suroccidente, es donde se encuentra el cerro de la Teta y de donde se dice que comenzaron los recorridos de los ancestros para buscar agua y alimento. Pala´müin (hacía el mar), en la zona costera al Occidente de la península, donde se encuentran los wayuu pescadores y quienes han explotado la sal. Anoulimüin, tierra de sabanas y planicies, en la parte nororiental, entre Uribia y Maicao. Uuchu´muin (hacia las montañas, con dirección a los cerros) comprende la parte oriental hacia la serranía del Perijá y la parte ancestral venezolana. Jala’ala (región de las piedras), en la alta Guajira, donde se encuentra la piedra aalasü que contiene en arte rupestre los orígenes de los wayuu. Jasale’omüin (región de las dunas desérticas), en el sudeste de la península, se asocia a la presencia de Pulowi (hija de Maleiwa, entidad creadora y esposa de Juyá, la lluvia) y a los Wanülü, espíritus malignos que lanzan flechas invisibles capaces de enfermar. Con esta región se asocian los lugares peligrosos que es mejor no visitar para no enfermar o desaparecer (Marín, 2014). Otro de los referentes importantes es Jepira (conocido como El Cabo de la Vela), a donde van los espíritus después de morir y donde se trastocan las lógicas de género wayuu, pues hay poliandria y las mujeres se mueven por todo el territorio (Chacín, 2006).

Revolución de los Derechos Humanos, ilustración, Quebec (Canadá) Autor: Sophie Casson. Tomado de: Illustration Quebec

Los wayuu identifican los cerros como referentes geográficos, emotivos y cognitivos (Guerra, 2019). Algunas elevaciones de importancia son las serranías de Cojoro (Venezuela), La Macuira (Colombia) y Jala´ala (frontera) y los montes de Oca (Colombia). Los sitios sagrados son múltiples y dispersos, entre Colombia y Venezuela, y a veces coinciden con hitos fronterizos de marcación estatal, como el cerro Wososopü o pulmón de La Guajira (Chacín, 2016). La serranía de La Macuira (Mma pülasü, tierra misteriosa), donde se albergan los sueños y de donde se supone que vienen todos los wayuu, adopta su nombre de la makuiira, una pasta para curar que se hace con hojas verdes de tabaco; otras versiones hablan del maküi, una fibra con la que antes se tejía (Chacín, 2006).

La Macuira es un territorio sagrado, porque se considera el origen y alberga los sueños. Lapü es la traducción de sueño, pero a la vez la entidad que rige los sueños, una forma de comunicación y conexión. Lapü es una entidad que señala el destino y aparece en una historia de origen en la que Maleiwa, la creación, la consulta para nombrar lo creado (García y Valbuena, 2004). El sueño pone el espíritu (l´aa´in) en el recién nacido y lo quita de quien muere. Los sueños son los mensajes de Lapü o de los Yolujas (espíritus de los muertos), y protegen, alertan, guían. Perrin (1990) dice que cuando un sueño no da órdenes claras es contado al despertarse en un circuito íntimo del hogar. Desobedecer los sueños trae enfermedad o desequilirbio.

De La Macuira vienen los ancestros, que no son solo humanos; en ella habitan espíritus y es un repositorio de plantas medicinales. Para los alijuna es una cadena montañosa que toma el nombre de la serranía de la Macuira, pero para los wayuu cada cerro tiene un nombre diferente. Cuenta el mito que de ella salieron tres hermanos wayuu que se convirtieron en tres cerros distribuidos por todo su territorio: el cerro de la Teta, que los wayuu llaman Eits, ubicado entre Colombia y Venezuela; el cerro del Maíz, Iitojulo, ubicado en lo que conocemos como Colombia, y el cerro de los Monjes, Monki, en lo que conocemos como Venezuela (Guerra, 2019; Marín, 2014). Este mito deja ver la forma en que se manifiesta el vínculo con el territorio en la no disociación humano-cerro, así como la movilidad wayuu y sus principales referentes en territorio colombiano y venezolano.

En La Macuira está también la piedra aalasü, una piedra importante donde se encuentran en arte rupestre los símbolos de los clanes, que fueron escritos por Utta (el pájaro), quien luego distribuyó los clanes. Los wayuu tienen su grafía en la que representan los símbolos de los clanes, los cerros, el mar, la lluvia, etc. (Delgado y Mercado, 2009). Estos lugares sagrados habitan en la memoria wayuu tanto del lado colombiano como del venezolano, y si bien se reconoce el origen de los clanes en La Macuira, cada clan se ha asentado buscando agua en diferentes espacios, donde ha creado su territorio ancestral matrilineal. En cada territorio ancestral de cada e´irüküu existe un lugar sagrado llamado E´iisee o las ii. De estos lugares, que pueden ser un ojo de agua, rocas con orificios o cuevas, emergieron las primeras abuelas de cada e´irüküu. Las demarcaciones de cada territorio clanil se trasmiten de forma oral en las actividades cotidianas y son un árbol de Alüya, la Pesüwa (conucos) o lugares donde haya árboles, rocas o cerros (Fernández, 2019). Estos relatos son traídos a colación en las historias y hacen parte de esa territorialidad, que abarca la península y la delimita de formas diferentes a las estatales, pero con el mismo sentido de intocabilidad.

Existen caminos que han comunicado históricamente el trasegar wayuu y que fueron los que españoles y republicanos pretendieron controlar para evitar el comercio e intercambio, definido por los ocupantes como contrabando. El más importante ha sido el camino del puerto de bahía Honda (Colombia) hasta Sinamaica (Venezuela) para llegar a Maracaibo, por donde han pasado sus productos históricamente (y aquellos que comerciaban con holandeses e ingleses) y en donde se instalaron fuertes a los que los wayuu se resistieron. Estas memorias de caminos habitados por parcialidades wayuu ratifican que desde tiempos anteriores habitaron la península como un solo territorio intercomunicado y de tránsito, pese a la división colonial y estatal (Paz, 2000; Acuña, 2005).

Además de los hitos señalados, hay unas marcaciones internas asociadas a los territorios claniles, en donde la pertenencia no está dada por la ciudadanía, sino por la membrecía con la nación wayuu, en el caso de la península, y a la familia, en el caso de cada ranchería. No importa si se es de Colombia o Venezuela, los wayuu reconocen una serie de derechos para sus pobladores y actúan según esa convicción. Por otro lado, decir que el origen está en La Macuira no es decir que está en Colombia, puesto que para ellos es una sola territorialidad. Si bien se dice que, por su raíz lingüística Arawak, los wayuu deben provenir del Amazonas, no aparece así en los mitos wayuu (Chacín, 2006). Por otro lado, sabedores wayuu del lado venezolano, como Román Fernández, rechazan esta hipótesis y ratifican una memoria territorial actual que abarca la península (entrevista a hombre wayuu, octubre de 2019).

Los pueblos indígenas transnacionales cuestionan la cadena de asociación entre Estado, territorio, soberanía y ciudadanía. Se mueven en la frontera de dos países, cuentan con dos ciudadanías por la vía de una doble cedulación e incluso una doble identidad, y a su vez pueden llegar a tener hasta tres identificaciones (con su pueblo y con cada país).

Camino de los refugiados al trabajo, ilustración, 2017 | Autor: Alex Nabaum. Tomado de: Alex Nabaum Studio

La ciudadanía es un dispositivo de atrapamiento por medio de la membrecía con un Estado que se naturaliza a través del nacimiento (como afiliación biopolítica), espacializando a los nativos y a los extranjeros (De Genova, 2010). Hace parte de la trampa territorial del pensamiento político moderno, que crea un inconsciente geográfico que restringe la movilidad (Agnew, 1994, citado por De Genova, 2010), y actualiza la díada amigo-enemigo de Carl Schmitt por la de nativo-extranjero. Los pueblos indígenas transnacionales construyen formas de relacionarse diferentes de las dicotómicas y aportan concepciones renovadas de ciudadanía.

Si bien la pretensión de los gobernantes en la configuración de una unidad nacional es el establecimiento de límites claros y precisos (border), el carácter zonal de la frontera (frontier) persiste pese a esta delimitación y se determina no solo por las relaciones fronterizas entre los habitantes, sino también por las decisiones administrativas de cada Estado y de los dos en conjunto, que implican y determinan las formas de vida y los flujos fronterizos (Sahlins,1989). Un ciudadano fronterizo es sujeto de las políticas de dos Estados y, en el caso de los indígenas, también de aquellas de las que emana su autoridad política, y a todas responde con estrategias de relacionamiento que van creando nuevas territorialidades y subjetividades políticas.

Mezzadra y Neilson (2017) sugieren que las fronteras geográficas se entrelazan con las fronteras cognitivas en cuanto permiten el establecimiento de taxonomías y jerarquías conceptuales que estructuran el movimiento. El cuestionamiento de las fronteras, así como de las categorías que producen, es necesario para mantener la idea de la frontera como método, aquella que está en constante producción y en la que el análisis empírico cuestiona y orienta los conceptos teóricos (Mezzadra y Neilson, 2017).

El retorno wayuu

Entre Colombia y Venezuela hay 192 trochas, caminos que pueden tener control de actores armados o de pobladores indígenas que viven allí, o estar sin control alguno, en un territorio de 2.219 km² por el cual circulan personas, enseres y mercancías. La porosidad de la frontera y las posibilidades de intercambio han configurado un territorio en disputa, apetecido por diferentes grupos armados (Ávila et al., 2012). Además, la falta de cooperación y el señalamiento entre los dos gobiernos ha creado un ambiente hostil, que enfatiza la noción de linde de la frontera perjudicando a los pueblos indígenas binacionales (Ramírez, 2005).

Si bien esta frontera difiere de aquella de Estados Unidos-México que Alonso (2014) ha descrito como Gulag –retomando a Rushdie (2003)–, entre 2005 y 2020 ha habido once cierres fronterizos. El último cierre se dio en marzo de 2020 a causa del coronavirus, una pandemia mundial que hace vulnerable a la población de esta región, por la falta de agua en La Guajira del lado colombiano y los cortes energéticos en el lado venezolano, así como la precariedad del sistema de salud en los dos países.

Las fronteras tienen un carácter ambiguo: son un escenario de tensión y de comunicación, establecen límites y correspondencia. La frontera, entendida como región (Rausch, 2003; Medina, 2006) es ese espacio político dinámico, en conflicto y disputa, así como de flujos, que se expande o retrotrae según la coyuntura histórica (Ramírez, 2005). Tiene una característica y es la constante negociación en la que se establece una relación de resistencia y complementariedad (Néspolo, 2006, citada en Trejos y Luquetta, 2014). Los wayuu disputan el imaginario fronterizo estatal, pues es la población la que más se ve afectada por el cierre, que los expone a pasar exclusivamente por la trocha e ilegaliza su tránsito.

Los wayuu han vivido esa región fronteriza como su territorio para el transporte e intercambio de elementos indispensables para la vida, así como para la construcción de relaciones sociales y espirituales fundamentales para su bienestar. Se han movido tradicionalmente para el pastoreo tras las sequías, las visitas a familiares y formas de asentamiento que permiten la residencia temporal de otros wayuu en el territorio propio (o´onowa). Para ello debe respetarse el o´otchii o las condiciones de convivencia que se tiene donde se llega, así como el sujutu achounnii sulu´u mma, los derechos de los hijos de las mujeres y de los hombres wayuu, que no serán los mismos (Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación Wayuu, 2009).

Cuenta Julia que es la primera vez que visita a sus familiares. Su mamá llamó a su prima y le dijo: “ahí te va tu sobrina”. Ella llegó y fue acogida, así como antes allá habían protegido a una familiar que debió salir de Colombia por amenazas. No siempre es fácil encontrar a la familia, a veces hay que tirar de la memoria de los mayores para encontrar los lazos entre una familia extensa (entrevistas a hombre y mujer wayuu, octubre de 2019). Las familias wayuu son “familias largas” –y sin gradaciones, como pasa en las occidentales–, de modo que las tías son fundamentales en la crianza y las tías abuelas son tan respetadas como las abuelas (Ochoa, 2011). Estas formas parentales facilitan la vivencia transnacional y garantizan la memoria ancestral.

La migración es un derecho humano, ilustración, 2014 Autora: Melanie Cervantes. Tomado de: Just Seeds

La alusión al retorno reivindica los lazos parentales que expanden las relaciones y dinámicas de movilidad transfronterizas y aseguran buena parte de su sostenimiento. Esta afirmación política ha sido movilizada a partir de organizaciones wayuu, que reclaman una condición diferente a la de otros venezolanos que llegan a Colombia que son catalogados como migrantes (entrevistas a lideresa wayuu, diciembre de 2019; funcionario de cooperación internacional, abril de 2018).

Vicente, autoridad tradicional y pütchipü’ü (mediador de conflictos) se refirió al tránsito como retorno; están retornando porque sus familiares vivían allí, así ellos nunca hubieran pisado tierra colombiana: “Ellos vienen retornados, porque anteriormente las abuelas, los abuelos han vivido en el territorio; así cada joven que nació en Venezuela, con esto que ha sucedido, ha retornado a sus territorios ancestrales. Los que han llegado aquí es porque tienen familia” (entrevista a autoridad tradicional wayuu, septiembre de 2020). Esto denota una concepción de territorio ligada a la ancestralidad y a la familia, y si el Estado vincula al sujeto con el territorio estatal por la vía de la ciudadanía, los wayuu lo hacen por la pertenencia a un matrilinaje, patentizado especialmente en el cementerio donde reposan los ancestros de línea materna.

Hablan de retorno porque consideran que están volviendo a su territorio ancestral (La Liga Contra el Silencio, 2018; entrevista a lideresa wayuu, abril de 2019). Los wayuu se han visto forzados a usar conceptos que imponen las agencias de cooperación para acceder a los beneficios, puesto que la ayuda humanitaria está destinada a las personas venezolanas migrantes y refugiadas, y no cumplirían de manera estricta con esta definición. Su reclamo como retornados es territorial de ancestralidad, y un cuestionamiento a las categorías de demarcación fronteriza estatales que establecen a quien proviene de otro país como migrante. Sin embargo, la categoría de retorno es cuestionada por algunos sectores wayuu que consideran que enfatiza las diferencias territoriales, pero hasta el momento es la más idónea para identificar la situación actual. Quienes la cuestionan asumen que nunca han salido de su territorio, puesto que este abarcaría el lado colombiano y el venezolano (entrevista a lideresa wayuu, diciembre de 2019). Si bien el retorno es una categoría derivada de la migración y puede ser entendido como volver al país de origen luego de haber estado en el extranjero por un tiempo considerable (Jáuregui y Recaño, 2014), esta definición es limitada y se enfrenta con la creatividad política wayuu, que gira el concepto para darle fundamento de autoridad ancestral territorial.

Particularmente, el retorno wayuu lo han motivado las condiciones vividas recientemente en Venezuela. Según Acnur (2018), a su llegada a La Guajira se encuentran deshidratados y con desnutrición. En Venezuela los hospitales, que antes se caracterizaban por su atención excepcional y diferencial, ahora sufren apagones eléctricos (diario de campo, Maicao-Colombia, abril de 2018). El acceso a medicamentos como la insulina o a la educación de sus hijos se ha visto afectado por la escasez de servicios de autobuses. Pese a que en el lado colombiano tampoco haya opciones laborales ciertas, está la solidaridad familiar. Quienes llegan se dedican al “rebusque”, que puede consistir en pesar chivos en la plaza de mercado, ayudar a cargar mercados, vender artesanías, trabajar en el servicio doméstico o en el comercio de productos (entrevistas a retornada wayuu, abril de 2018; dos retornados wayuu, abril de 2018; octubre de 2019).

Abolir el control de inmigración, póster, Texas (Estados Unidos), 2018 Autora: Phoebe Wahl. Tomado de: Power of the Poster

Una de las reclamaciones constantes de las wayuu que reciben a sus familiares es que, si bien quieren extender su solidaridad, no siempre cuentan con recursos para hacerlo. Brindan el espacio dentro de la ranchería para que construyan las nuevas casas y allí pueden permanecer, pues tienen derechos territoriales. En relación con la alimentación y el abastecimiento, la ayuda dura hasta que encuentren una actividad productiva, pero es una situación que puede generar conflictos. Sin embargo, si alguna vez se recibió ayuda, la reciprocidad es un deber (entrevistas a cuatro mujeres wayuu, diciembre de 2019).

Reunir a los niños inmigrantes con sus familias, ilustración, Nueva York (Estados Unidos), 2018 | Autora: Aimee Sicuro. Tomado de: The New York Times

La mayoría de retornados han llegado a ubicarse en los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha (La Liga contra el Silencio, 2018). Viven en las rancherías de sus familiares; otros, que no tienen familia en el lado colombiano (o no la conocen o no guardan memoria de su familia extensa) viven en asentamientos informales (diario de campo, Riohacha y Maicao-Colombia, agosto de 2019; La Liga contra el Silencio, 2018). Ante dicho escenario, organizaciones como Acnur (2018), de la mano de las autoridades colombianas, han intentado mejorar sus condiciones de vida proporcionando educación y alimentación a la población más vulnerable. Acnur dispone de un Centro de Atención Integral que funciona como un campamento de refugiados en Maicao (solo hay dos en Latinoamérica: este y uno en Brasil), al que asisten pocos wayuu, puesto que por lo general recurren a sus parentelas (diario de campo, Maicao, abril de 2018; entrevista a funcionario de cooperación internacional, agosto de 2019).

La llegada masiva de familiares wayuu al lado colombiano ha hecho que se active la solidaridad familiar, pero ha implicado disponer un territorio con demandas previas de agua, falta de alimento y de oportunidades laborales. Las familias wayuu del lado colombiano entrevistadas, que dependían de mercados o remesas de sus familiares en Venezuela, ahora son quienes brindan solidaridad. Quienes estaban en Venezuela tuvieron que dejar sus trabajos y viven en casas de familiares compartiendo la escasez que generó este cambio (entrevista a mujer wayuu, agosto de 2019). Estefanía cuenta que su tía Cecilia, quien llevaba 20 años en Venezuela, tuvo que vender lo que tenía y llegar a Maicao, donde la esperaban sus familiares para llevarla a la ranchería. Ellos costearon todo el viaje, para que Cecilia y su familia usaran los pocos ahorros en empezar una nueva vida en la ranchería familiar. Cecilia empezó vendiendo mochilas y posteriormente productos de la canasta familiar; sus hijos, que no hablan wayuunaiki, son quienes más extrañan el tránsito (entrevistas a mujer wayuu, agosto de 2019; retornada wayuu, agosto de 2019). Otras dos de las entrevistadas eran profesionales del área de la salud en Venezuela, por las facilidades que el sistema ofrecía para la formación profesional, y tenían cargos calificados en aquel país. Ahora en Colombia no tienen trabajo estable, lo que ha desmejorado la calidad de vida de sus familias (entrevistas a dos retornadas wayuu, abril de 2019).

La llegada masiva de familiares genera conflictividades en torno a la relación entre parentesco y territorio, como reclamaciones territoriales, solicitudes de derechos territoriales de hijos de padre wayuu o hurtos de ganado, y se plantea que algunos de los llegados de Venezuela han “perdido” sus tradiciones o que no acatan la autoridad familiar del lugar al que llegan, o tienen costumbres citadinas que chocan con las de sus familiares más tradicionales (entrevistas a lideresa wayuu, abril de 2018; mujer wayuu, agosto de 2019). Por supuesto, no es así en todos los casos y hay familias que logran reintegrarse y afrontar las dificultades sin mayores conflictividades, pese a las diferencias culturales o generacionales, y, cuando no, buscan soluciones internas apelando a sus normas (entrevista a retornada wayuu, abril de 2018). En todos los casos, la red de parentela se ha activado y muchas familias que llevaban tiempo sin mantener contacto se han reencontrado, algunos sobrinos han conocido a sus familiares, y quienes hacían tránsito pendular ahora permanecen más tiempo en el lado colombiano. Ahora las remesas, que incluyen alimentos y medicamentos, se envían desde Colombia, y de ellas dependen quienes siguen en Venezuela (diario de campo, Paragoaipoa-Venezuela, diciembre de 2019).

El nuevo cierre fronterizo a causa del coronavirus complica este flujo de abastecimientos y relaciones afectivas. Por un lado, ha habido un encarecimiento de la gasolina y los alimentos y, por otro, se hace más inseguro el paso por las trochas, que, si bien son conocidas y usadas, ahora son objeto de la vigilancia estatal selectiva y del oportunismo de actores armados, así como ocasión de sobornos sucesivos para garantizar el tránsito (entrevista a retornada wayuu, mayo de 2020).

Las fronteras no pierden sentido por el hecho de ser omitidas en la vida cotidiana, puesto que son procesos políticos acumulativos y lugares de escenificación de la ley en los que la soberanía de un Estado se materializa y simboliza, afirmando su autoridad a través de los cuerpos de las personas: los pasos de aduana, las marcaciones de finalización y comienzo de cada Estado, las filas, los documentos, los oficiales de migración, la restricción al movimiento de personas y mercancías. Los wayuu resisten a esta autoridad sosteniendo el vínculo transfronterizo y reiterando su carácter transnacional.

Reflexiones y conclusiones

El retorno de wayuu de Venezuela a Colombia es una realidad que marca las dinámicas territoriales a causa de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela y una oportunidad para repensar las ciudadanías transnacionales como necesidad de los pueblos indígenas transfronterizos y transnacionales, frente a la que los Estados no pueden seguir presentando la alternativa securitaria y el cierre. La idea de una nación anidada en dos Estados merece más discusión en el contexto latinoamericano e implica el debate en torno de la autodeterminación de los pueblos indígenas y sus disputas soberanas. Cuestionar la categoría de migrante, que separa radicalmente a extranjeros de nativos, es indispensable en las regiones de frontera. Mucho más en aquellas en las que habitan pueblos indígenas que se abastecen, trasladan y tienen relaciones familiares transfronterizas y cuestionamientos transnacionales.

La denominación de retorno a la llegada de personas wayuu, que en algunos casos no han estado en territorio colombiano, pero tienen memoria de una ancestralidad y una familia que los acredita como siendo de allí, es un cuestionamiento al concepto de ciudadanía estatal ligado al nacimiento. La pertenencia wayuu se acredita por el linaje materno y se vincula a un territorio, al cual se puede volver sin perder derechos. La red de parientes que se extiende a toda la península garantiza que a donde se llegue, siempre y cuando haya vínculo con familiares de la línea materna, se encuentre la solidaridad y reciprocidad.

La persistencia de formas autónomas de resolución de conflictos y establecimiento de derechos a wayuu que viven en uno u otro lado de la frontera, a partir de procedimientos claros y compartidos por la parentela (se conozcan previamente o no), habla de formas de autoridad que no vinculan la estatal. La idea no es solo comparar la forma moderna y la wayuu de hacer política, pues en todo caso no habría una manera pura y no contagiada para cada entorno. Es más útil pensar en análisis sincréticos de la política (Lomnitz, 1992, citado en Liffman, 2011) para la construcción de otras formas de democracia. En vez de leer las formas de vida de los wayuu como proyectos políticos fallidos o morales perversas, habría que pensar en la creatividad a la que los sujetos recurren para seguir viviendo de la manera en que están acostumbrados. No obstante, se los cataloga de ilegales por el comercio transfronterizo y por el uso de doble cedulación, a la vez que se les restringen las posibilidades de tránsito y mecanismos oportunos para establecer la nacionalización. Las ciudadanías transnacionales abren una posibilidad a la acción estatal y están siendo de hecho aplicadas por los pobladores, estableciendo afirmaciones soberanas y superposiciones a los Estados.

Antes de la crisis, se enviaban remesas desde Venezuela (dinero y mercados) y era un alivio para los wayuu encontrar productos de la canasta familiar subsidiados por el gobierno venezolano en suelo colombiano, así como la gasolina venezolana, que se considera de mejor calidad y a menor costo. Ahora, el mercado cambiario ha aumentado considerablemente, se envían remesas desde Colombia, se llevan a Venezuela productos que se compran en Maicao (ciudad fronteriza colombiana) y el precio de la gasolina es alto y fluctúa de acuerdo con los cambios en las lluvias, la dificultad para traerla por las trochas, así como las medidas de abastecimiento que encuentren en Venezuela. Esto ha transformado los tránsitos de personas y objetos hasta generar cambios en los patrones de alimentación y abastecimiento wayuu, lo que ratifica el hecho de que las medidas estatales afectan a la población wayuu, pese a que traten de evadir la sanción y autoridad estatal.

Los pueblos indígenas que habitan entre dos Estados y se conciben como una unidad autodeterminada deberían incluirse en los escenarios de toma de decisiones que los afectan de manera directa, como es la construcción de la frontera como separación nacional. Hacen falta propuestas que enfaticen en la acción conjunta y binacional en relación con el bienestar de los pueblos indígenas transnacionales, para que los Estados dejen de ser un obstáculo a su movilidad, al abastecimiento de alimentos y al comercio como actividad productiva. Uno de esos mecanismos es la propuesta de Estercilia Simanca (abogada y literata wayuu) de una cédula binacional que así lo garantice (entrevista a abogada wayuu, julio de 2019).

Mientras tanto, el contexto actual de retorno wayuu expone los límites de categorías como migración y ciudadanía y deja en evidencia la necesidad de pensar estas categorías para pueblos transnacionales. Los wayuu han acogido la categoría de retorno, con la que todavía no se sienten cómodos, pero les permite reivindicar sus derechos territoriales en el lugar de llegada, aunque los distancie del lugar de salida. La categoría que reclaman diferentes indígenas sigue siendo la de pueblo, pero esta ha sido desprovista de validez en términos de soberanía y autonomía por parte de los Estados, lo que la hace inoperante y obliga a acoger categorías ajenas que se presentan como neutras, homogéneas y ahistóricas, y que estos casos ayudan a dilucidar.

Notas

1. Los wayuu han comerciado con diferentes actores locales y extranjeros durante muchos siglos. Cuando los españoles se apoderaron del comercio de los productos locales, tacharon como contrabando las prácticas de comercio local de perlas, dividivi, telas, cueros, sal, carbón, entre otros. Para comprender mejor esta historia véanse Acuña (1999) y De la Pedraja (1981).

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Detalles

Última actualización en 15 Septiembre 2021

La securitización de la frontera México-Estados Unidos en tiempos pre y pospandémicos*

A securitização da fronteira México-Estados Unidos em tempos pré- e pós-pandêmicos

The Securitization of the United States-Mexico Border in Pre and PostPandemic Times

DOI: 10.30578/nomadas.n54a5

 

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Juan Antonio Del Monte Madrigal**

Resumen

Este artículo hace una revisión histórico-política de las acciones que han reforzado y endurecido la frontera México-Estados Unidos, sobre la base del argumento de la seguridad nacional estadounidense. El autor aborda la manera como el migrante indocumentado y las enfermedades virales, durante la pandemia, se han constituido en una amenaza para los intereses geopolíticos y comerciales del país del Norte y han contribuido al paulatino endurecimiento del dispositivo fronterizo. El artículo concluye resaltando el hecho de que las ciudades fronterizas mexicanas se han visto afectadas por la creciente securitización impulsada por Estados Unidos, como también por la continuidad de los flujos migratorios y las lógicas de restricción de la movilidad por la lucha contra la pandemia de covid-19..

Palabras clave: endurecimiento fronterizo, frontera México-Estados Unidos, securitización, migración, pandemia, intereses geopolíticos.

Resumo

Este artigo faz uma revisão histórico-política das ações que têm reforçado e endurecido a fronteira México-Estados Unidos, sobre a base do argumento da seguridade nacional estadunidense. O autor aborda o jeito como o migrante indocumentado e as doenças virais, durante a pandemia, se têm constituído em uma ameaça para os interesses geopolíticos e comerciais do país do Norte e têm contribuído ao paulatino endurecimento do dispositivo fronteiriço. O artigo conclui ressaltando o fato de que as cidades fronteiriças mexicanas têm se visto afetadas pela crescente securitização impulsada pelos Estados Unidos, coo também pela continuidade dos fluxos migratórios e as lógicas de restrição da mobilidade pela luta contra a pandemia da covid-19.

Palavras-chave: endurecimento fronteiriço, fronteira México-Estados Unidos, securitização, migração, pandemia, interesses geopolíticos.

Abstract

This article aims to analyze how the migrants of the 21st century experience their journey by the confines of territories, as a result of the control and administration devices of border mobility. It takes into account narratives of Cubans who undertook a migratory project from Cuba to the United States in the second decade of this century, showing how fear, uncertainty, and other difficulties are central in their experiences. The authors conclude by pointing out the alteration of the Cuban migration projects, due to the fact that Mexico has ceased to be a place of transit and has become an unexpected destination, sometimes forced, other times chosen.

Keywords: Border Hardening, US-Mexico Border, Securitization, Migration, Pandemic, Geopolitical Interests.

*Este artículo es parte de la investigación en curso titulada “Asistencia alimentaria para los grandes olvidados de la pandemia en Tijuana: habitantes de calle y deportados ‘exprés’”, financiada y ejecutada por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana en colaboración con El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana (México). Inició en el mes de agosto del 2020 y finaliza en el mes de julio del 2021.

**Profesor-Investigador del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana (México). Doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología. Correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Los linderos nacionales entre México y Estados Unidos se han convertido en uno de los ejemplos paradigmáticos de la manera como los regímenes fronterizos se han ido reforzando con el argumento de resguardar la seguridad nacional, al punto de devenir en una serie de muros de lámina, concreto y tecnología aplicada para disuadir los cruces transfronterizos. Este aparato fronterizo se ha convertido en un dispositivo de gestión global neoliberal de poblaciones móviles que puede tener efectos severos en la precarización de sus vidas. El discurso sobre la seguridad nacional por parte de Estados Unidos ha encontrado en la frontera un espacio de instrumentación y ejecución de acciones para enfrentar situaciones consideradas un riesgo para sus ciudadanos y combatidas de manera homologada con base en una semántica bélico-militar: terrorismo, narcotráfico, migración y enfermedades virales.

La securitización (securitization) de los límites nacionales entre México y Estados Unidos tiene una larga historia que ha encontrado en agentes externos el enemigo principal a combatir¹. Este artículo muestra de qué manera el migrante indocumentado y las enfermedades virales –dos de esos factores exógenos– se han construido como una amenaza para los intereses geopolíticos y comerciales del país del Norte, lo que ha conllevado el paulatino endurecimiento del dispositivo fronterizo entre México y Estados Unidos.

Es preciso aclarar que acá se reflexiona sobre la securitización de la frontera como un asunto que deviene políticamente de la consolidación de un modelo neoliberal globalizado que ha generado aceleradamente paisajes de desigualdad e incertidumbre a lo largo y ancho del globo terráqueo, en las postrimerías del siglo pasado y el alba del nuevo milenio. Son estos escenarios de inequidad los que se han visto instrumentados por el levantamiento de muros y apuntalados por discursos de seguridad en las fronteras, que se enarbolan para resguardar a las sociedades nacionales de amenazas ajenas e ignominiosas².

En la teoría de la securitización (Buzan et al., 1998), la seguridad tiene tres características claras: la identificación de una amenaza, el sentido de urgencia y la necesidad de tomar medidas excepcionales para lidiar con la amenaza. No obstante, pensar complejamente la securitización en la frontera implicaría, en primera instancia, asumirla como un proceso a lo largo del tiempo y el espacio, no como algo perenne y acabado. La securitización opera mediante un engranaje, continuo y contiguo, de acciones políticas, discursos culturales, prácticas sociales y elementos contextuales a lo largo del tiempo, y no ocurre necesariamente en un orden lineal, lo que puede devenir en etapas de fuerte reafirmación, intensificación o relajación (Bourbeau, 2013). En segundo lugar, según la concepción sociológica de la securitización (Balzacq, 2011; Vigneau, 2019) es preciso pensarla como un proceso relacional. Lo que quiere decir que el estatus de amenaza o seguridad de un objeto no es algo predeterminado, esencial o permanente, sino que, en cuanto proceso relacional, se construye, como un asunto interactivo, desde posiciones relacionales de poder, autoridad y legitimidad.

La securitización puede entenderse como “un proceso intersubjetivo, intencionado o no, a través del cual un objeto se constituye como un asunto de seguridad, a través del efecto combinado del discurso, las prácticas y el contexto, requiriendo el uso inmediato de mecanismos de defensa o de control” (Vigneau, 2019)³. Por lo tanto, cuando se piensa en la securitización de los linderos nacionales es porque se hace alusión al proceso relacional mediante el cual algunos factores exógenos, como la migración o las enfermedades virales, se constituyen en una amenaza para la seguridad de un país, lo que deviene en procesos de reforzamiento estructural del dispositivo fronterizo y de las políticas migratorias, para el caso, entre México y Estados Unidos.

Planteado lo anterior, la documentación de la historia del endurecimiento del muro fronterizo será acompañada por el análisis de los factores estructurales sociopolíticos que lo reforzaron –el Programa Bracero, la amnistía de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA - Immigration Reform and Control Act), la caída de las Torres Gemelas y la pandemia de covid-19, entre otros–. Con ello se busca aportar una mirada compleja y crítica al análisis histórico y coyuntural de las distintas formas de movilidad agolpadas en la frontera Norte de México en la actualidad, en procesos de securitización que tienen que enfrentar, de una u otra manera, los refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y deportados.

Procesos migratorios y endurecimiento de la frontera

El programa de trabajo temporal insignia para mexicanos en Estados Unidos de mediados de siglo XX, conocido como Programa Bracero, fue un acuerdo bilateral que transformó el patrón migratorio de entonces, dejando de ser familiar y de larga estancia hasta convertirse en un proceso legal, masculino y de trabajo agrícola en un mercado laboral binacional (Durand, 2007). A pesar de su larga duración y sus múltiples consecuencias positivas y negativas, en las siguientes dos décadas del término de este programa los flujos migratorios continuaron aumentando, en buena medida debido a las críticas condiciones estructurales en México y al contexto de dependencia económica con Estados Unidos. Si bien una buena parte de estos flujos se sucedieron con entradas legales y regulares, se estiman en alrededor de tres millones las entradas indocumentadas (Massey et al., 2002).

Los cruces a Estados Unidos en la década de los setenta y principios de los ochenta pueden considerarse como tránsitos “sin obstáculos” a través de los límites nacionales, ya que posteriormente se ejecutó un proceso de endurecimiento de la frontera que tuvo su instancia en la implementación en 1986 de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA - Immigration Reform and Control Act). Chávez (2011) ha llamado respectivamente a las épocas anteriores y posteriores a la IRCA como “la era de fronteras abiertas” y “la era de fronteras cerradas”.

Aunque, según las bases estadísticas, dichas categorías son ciertas, prefiero matizar el halo determinista que portan, para poder plantear complejamente que los mecanismos y regulaciones eran más o menos laxos y evitar pensar que antes la estructura fronteriza no significaba un filtro. De igual forma, en época posterior a la implementación de la IRCA, sucedió que estos mecanismos se fueron reforzando, aunque los migrantes siguieron cruzando por otras vías más peligrosas. Con esta precisión, aquí recuperaré las experiencias diferenciadas de cruce según estos dos momentos histórico-estructurales de la política migratoria y reforzamiento del control fronterizo: pre IRCA, es decir, en la “era de fronteras laxas” hasta mediados de los ochenta, y pos IRCA, en la era de “fronteras reforzadas” de mediados de los años ochenta a principios de los noventa, que involucra un paulatino reforzamiento con el advenimiento de la Operación Guardián (Gatekepper) (principios de los noventa) hasta el ultrarreforzamiento fronterizo posterior al 11 de septiembre del 2001.

Era de fronteras laxas: pre y pos IRCA

Si bien Massey et al. (2002) consideran que durante el cambio ocurrido entre las décadas de los setenta y ochenta se sucedió una migración masiva “sin obstáculos” hacia Estados Unidos, aludiendo a que las regulaciones y los controles fronterizos eran lo suficientemente porosos como para ser evadidos con facilidad por los migrantes que intentaban cruzar, eso no quiere decir que no hubiera ningún tipo de impedimentos ni esfuerzos para controlar la migración indocumentada. La estrategia de cruce indocumentada en ese momento se llevaba a cabo individualmente –lo que Chávez (2011) denominó autocontrabandismo–, pudiendo prescindir de agentes intermediarios como “coyotes” o “polleros”⁴, debido a la reducida presencia de agentes que vigilaran la frontera. Con las consecuencias penales que tendrían los cruces informales y las estancias indocumentadas en Estados Unidos, el ir y venir por la frontera a través de dinámicas clandestinas de cruce tuvo consecuencias criminalizantes en el estatus de estas personas. Sin embargo, como veremos, el camino al ultraendurecimiento fronterizo se fue gestando a través de operaciones de aseguramiento de la frontera.

Era de fronteras reforzadas: pos IRCA

Es a mediados de la década de los ochenta cuando se consolida un discurso proteccionista de las fronteras en relación con el incremento de flujos migratorios respaldado por un creciente rechazo de la opinión pública estadounidense hacia la migración indocumentada. Estos factores derivaron en la posibilidad de una amnistía regulatoria a los migrantes que vivían en Estados Unidos. Materializada en la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA), se trataba de un conjunto de medidas que, junto con la regularización de casi la mitad de los migrantes indocumentados en Estados Unidos (más de tres millones), estaba acompañada de medidas para reforzar y endurecer la frontera con el incremento de agentes de la patrulla fronteriza y los recursos para aprehender y expulsar a los extranjeros indocumentados, a través de la figura del alien removal, y, sobre todo, de sanciones a empleadores que contrataran a migrantes indocumentados (García, 1987). Si bien la IRCA fue un esfuerzo por formalizar la residencia de las poblaciones migrantes indocumentadas, también tuvo como consecuencia no esperada una masividad de flujos migratorios indocumentados que cruzaron esperando regularizar su estancia en Estados Unidos (Durand et al., 2001). Sin embargo, quienes cruzaron después de 1986 tuvieron mayores problemas para hacerlo debido al endurecimiento de la frontera, que también tomaba forma en el incremento de la presencia vigilante de la patrulla fronteriza. En el año fiscal de 1993, esta corporación registró un total de 1.263.490 detenciones, el 97% de las cuales eran de mexicanos.

Esperanza, ilustración, 2016 | Autora: Julia Cejas. Tomado de: Julia Cejas

En la década de los noventa, de nuevo la esfera pública estadounidense ardía en contra de los migrantes indocumentados, señalándolos como los propiciadores de la criminalidad que la aquejaba. En ese contexto, tuvo lugar un nuevo giro en la estrategia de seguridad estadounidense: el primer bastión de protección contra amenazas externas debían ser los límites territoriales (Nevins, 2002). La frontera se convirtió, así, en el dispositivo de control que necesitaba ser reforzado para contener la inmigración indocumentada y el contrabando de estupefacientes. La Operación Guardián, implementada en octubre de 1994, tuvo como objetivo reducir el cruce no autorizado de migrantes que pasaban por la frontera Sur de California. La intención no era detenerlos dentro del país de llegada, sino en el cruce, a través de tres directrices operativas: el aumento en el número de agentes de la patrulla fronteriza a lo largo de dicha frontera, la inversión en infraestructura de control y la utilización de tecnologías de vigilancia.

La nueva estrategia nacional de la patrulla fronteriza se planteaba como misión “proteger y asegurar los límites externos de los Estados Unidos, previniendo la entrada ilegal y detectando, prohibiendo y aprehendiendo entrantes indocumentados, contrabandistas, traficantes y violadores de otras leyes” (US Border Patrol, 1994). El endurecimiento de la frontera en estos momentos estaba dirigido a combatir dos grandes problemas observados por los estadounidenses y que, en su retórica proteccionista y securitista, estaban imbricados: el cruce no autorizado de migrantes y el narcotráfico. Evidentemente, esta situación tuvo consecuencias brutales en el exacerbamiento de la vigilancia fronteriza. Para el año 1994 el número de agentes de la patrulla fronteriza aumentó a 4.200 elementos, en una tendencia que no ha parado hasta la fecha. Así, si en el año 2000 dicha corporación tenía 9.212 elementos (Nevins, 2002), para el año 2016 contaba ya con 19.828 (Uscbp, 2016).

Mientras la vigilancia y contención fronteriza se incrementaba, diversos estudios etnográficos señalan la hostilidad que implicaba interactuar con la patrulla fronteriza con el paso de los años (Chávez, 2016; Velasco, 2016; Del Monte, 2018)⁵. Esta hostilidad fue configurando en la patrulla fronteriza la imagen del migrante como una alteridad ignominiosa y desagradable que debía ser expulsada, lo que estimuló una serie de maltratos a esta población (Nevins, 2002), condensando una larga historia de sentimiento antiinmigrante de base racial (De Genova, 2005).

El Operativo Guardián es significativo porque, como comenta Nevins, implicó una transformación en la visión del gobierno estadounidense acerca de su vecindad con México, pasando de ser una región fronteriza (o zona de interacción y transición entre dos entidades políticas separadas) a un límite (o línea de estricta demarcación) (2002, p. 16)⁶. Dicha mutación, argumenta el autor, tuvo como secuela una serie de daños colaterales articulados en dos ejes: una violencia estructural instanciada en el aumento en el riesgo de cruce con un cúmulo de consecuencias fatales y una violencia cultural evidenciada en la representación sociocultural peyorativa e ignominiosa del migrante mexicano. Así, las muestras contundentes del riesgo que implicaba el cruce de la frontera fueron las más de 2.000 muertes registradas por el gobierno mexicano, así como el aumento en los precios por los servicios de los polleros (Cortés, 2003).

En la década de los noventa, el presidente Bill Clinton firmó otras leyes que facilitaban la deportación de migrantes indocumentados, tales como el Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (Aedpa) y el Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsability Act (Iirira). Impulsadas por un lobby restriccionista que ha tenido una fuerte influencia en la Casa Blanca durante los últimos treinta años (Holland, 2014). Estas leyes en conjunto estipulaban una lista de delitos que, a partir de ese momento, se consideraban graves y facilitaban la ruta para la deportación. Desde entonces se criminalizó la presencia del migrante irregular, al establecer la no documentación como delito del orden federal, y se otorgó autoridad a oficiales de migración para iniciar procesos de expulsión sin derecho de audiencia judicial (Pérez, 2014). Estas leyes han sido relevantes en el proceso de precarización de la vida de los migrantes en Estados Unidos en tanto que, a partir de su promulgación, un delito menor podría conducir a la deportación (Acosta, 2016).

Fronteras ultrarreforzadas: pos 11/S

Un punto de inflexión en el endurecimiento estricto de la frontera México-Estados Unidos se da a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Ese día, en un movimiento inédito, las garitas internacionales se cerraron para las poblaciones fronterizas. Los ataques a las Torres Gemelas redefinieron la política migratoria de los Estados Unidos con consecuencias directas en el endurecimiento de la frontera. Con la formalización del USA Patriot Act, en noviembre del 2001, se oficializó lo que hasta ese momento estaba en latencia en las políticas migratorias estadounidenses y la inmigración a Estados Unidos se transformó en un asunto de seguridad nacional (Andreas, 2009; Alarcón y Becerra, 2012)⁷. Esta ley permitió detener y deportar con muy poca revisión judicial a quienes no fueran ciudadanos, dejando a discreción del fiscal general si había elementos razonables para creer que alguien ponía en riesgo la seguridad nacional o local, sin tomar en cuenta la gravedad de las ofensas. Esta legislación sentó las bases para la Ley de Seguridad Nacional, la aplicación de la Operación Streamline y su respectiva reglamentación, así como la emergencia de programas de seguridad y deportación, como el de Comunidades Seguras. A partir del año 2001, la migración se securizó completamente y con ello se endureció aún más la frontera con México.

La migración ganó impulso, témpera en tablero, 1941 Autor: Jacob Lawrence. Tomado de: MOMA

En el año 2002 se promulgó el Homeland Security Act, con la que se creaba el Departamento de Seguridad Interna, eclosionando en este ministerio a veintidós agencias gubernamentales relacionadas con el control de las fronteras, combate al narcotráfico y al terrorismo y la regulación de la migración. La unificación de estas agencias se puede observar como el corolario de una lucha paralela que desde los años ochenta ha venido apoyando el reforzamiento de la frontera: la lucha contra el narcotráfico (Del Villar, 1987; Dunn, 1996).

En ese sentido, el endurecimiento de la frontera también ha estado en función de la larga lucha contra el trasiego de drogas ilegales a Estados Unidos. Fue Richard Nixon quien comenzó a hacer públicamente declaraciones sobre “luchar contra las drogas”, creando la DEA y diversas operaciones antidrogas, que impactaron en México, como la Operación Cóndor. Sin embargo, fue Ronald Reagan quien firmó la Decisión Directiva de Seguridad Nacional que designaba el tráfico de drogas desde México como una amenaza para la seguridad del país, declarando en 1989 oficialmente una “guerra contra las drogas” (Dunn, 1996). En el marco de securitización del trasiego de drogas a través de la frontera se comenzaron a vincular los esfuerzos por controlar el flujo tanto de drogas como de migrantes a través de la frontera México-Estados Unidos, abriendo la puerta a la participación militar en las operaciones de reforzamiento fronterizo, que se incrementarían después de la caída de las Torres Gemelas con el combate al terrorismo (Akers, 2010).

El cambio sustantivo que trajo la creación del Departamento de Seguridad Interna implicó que este departamento vigilaría y operaría no solo en los límites, sino dentro del territorio mismo, en ciudades no fronterizas. Se dotó de recursos legales a una serie de agencias y corporaciones para ubicar extranjeros sin documentos y acelerar su proceso de expulsión (Pérez, 2014). Aunado a ello, se ejecutaron acciones políticas que derivaron en programas que judicializaron y securizaron la migración a través de las fronteras, con similares recursos a los de la lucha contra el narcotráfico.

Hay una diferencia notable en el porcentaje de persecuciones federales de delitos con carácter migratorio⁸ entre los años 2000-2005 y los años 2006-2010 (en la segunda mitad ascendieron a más del 50%). Esta diferencia se ha explicado a partir de la implementación de la Operación Streamline en 2005, una estrategia de cero tolerancia ante la migración indocumentada –en donde se consideraba indistinto si el delito cometido era menor o grave–, que acusa criminalmente a nivel federal a quien cruce la frontera de manera clandestina. Con esta operación, el delito de los capturados por primera vez cruzando ilegalmente se clasificaba como “menor” (misdemeanor), y se sentenciaba con seis meses de prisión, por contraste con el migrante deportado que hubiera sido detenido reingresando (re-entry), a quien se le acusaba de “delito federal agravado” (felony) con una sentencia de mínimo dos años, dependiendo si el acusado tenía antecedentes criminales (Castañeda, 2012). En ese sentido, la Operación Streamline representó la aplicación estricta de las leyes Aedpa y la Iirira promulgadas una década antes.

Probablemente, el programa securitista que más elevó el número de deportaciones hacia ciudades fronterizas es el Comunidades Seguras, propuesto en la ley como Plan Integral para Remover Extranjeros Criminales. Comunidades Seguras se articula como un fracaso en los esfuerzos por impulsar una reforma migratoria en las administraciones de George W. Bush y Barack Obama y como un triunfo para el lobby securitista de grupos de ultraderecha, como el Tea Party. Implementado en 2008, emerge en la articulación de la nueva preocupación por resguardar la seguridad nacional en contra del terrorismo desde los límites nacionales⁹. Dicho programa se dedicó a identificar a extranjeros deportables condenados por delito, autorizando a las autoridades locales y estatales a cotejar las huellas digitales de personas detenidas dentro del país con las que existieran en las bases de datos de las agencias migratorias. Según la revisión que ha hecho Holland (2014), el 55% de los deportados por este programa no tenían registros criminales, más allá de las violaciones migratorias (26%) o habían sido detenidos por crímenes menores con sentencias de menos de un año –los así llamados criminales Nivel 3– (29%), mientras que el 19% eran criminales Nivel 2 (sentenciados por robo, fraude u ofensas menores relacionadas con drogas) y el 26% del Nivel 1 (por crímenes violentos o involucramiento en organizaciones de tráfico de droga). Estas deportaciones masivas acarrearon altos costos, pues, con los cambios en la legislación migratoria, los migrantes podían ser retenidos por meses sin asesoría legal y teniendo que dejar atrás vínculos familiares y socioafectivos.

Migración, témpera en tablero, 1947 | Autor: Jacob Lawrence. Tomado de: Sartle

Uno de los corolarios que ha tenido el endurecimiento de muros en la frontera México-Estados Unidos, pasando por los exacerbados eventos de retorno que se han documentado en las ciudades fronterizas en las primeras dos décadas del presente siglo, así como de las restricciones punitivas, legales y administrativas que se construyeron en torno a la migración indocumentada, ha sido la dinámica de “atrapamiento fronterizo”, así denominada por la sociología y antropología especializada en estos temas (Odgers y Campos, 2014; Albicker y Velasco, 2016; Núñez y Heyman, 2007; París et al., 2017). En otra investigación, he destacado los tres factores que estructuraron la disposición de los informantes a no volver a cruzar la frontera: en primer lugar, el temor de volver a ser encarcelados ante el endurecimiento de la legislación migratoria; en segundo lugar, el consumo de estupefacientes, vinculado a su fácil acceso, consecuencia de una reconfiguración del mercado local de las drogas; y, en tercer lugar, el riesgo que implicó la consolidación del control de cruce clandestino por parte de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y la exacerbación de la violencia en los últimos años en Tijuana (Del Monte, 2019).

Endurecimiento administrativo de la frontera en la era Trump

En los últimos años se han detectado nuevas tendencias migratorias que han sido muy visibles mediáticamente por busca en bloque el asilo político en Estados Unidos. Aunque forman parte de un circuito migratorio trasnacional que a lo largo de 20 años ha emigrado desde el triángulo Norte de Centroamérica por la vía de la frontera noreste (CNDH-Colef, 2018), diversas ciudades fronterizas, como Tijuana y Ciudad Juárez, han recibido dos bloques migratorios que han llegado en grupos mayores durante los últimos años: las movilidades caribeñas y las caravanas de migrantes centroamericanos.

Refugiados, ilustración, 2011 | Autor: Tomer Hanuka. Tomado de: nUvegante

A mediados de la segunda década de este siglo, una serie de flujos de migrantes haitianos se apiñonaron en las calles y albergues de ciudades como Tijuana, los cuales provenían de un largo y antiguo trayecto desde el Sur del continente (Alarcón y Ortiz, 2017; CNDH-Colef, 2018). Igualmente, a finales de 2018 la mirada del mundo recorrió más de 5.000 kilómetros con las caravanas de migrantes centroamericanos y ciudades fronterizas, como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, volvieron al centro de las transmisiones mediáticas, como ciudades donde las caravanas dejaban de serlo pues los migrantes se estancaban frente al muro que las detenía (Del Monte, 2018).

Luego de tremendas crisis socioambientales, la migración haitiana ha alcanzado niveles históricos en los países continentales de América Latina, como parte de la aceleración de las migraciones forzadas de Sur a Norte, en contextos de violencia social e inseguridad económica (CNDH-Colef, 2018; Segob-UPM, 2018). Esta situación se ha exacerbado en los últimos tres años, específicamente en México, con el arribo, a mediados de 2016, de un importante volumen de migrantes haitianos que fueron acogidos por países con gobierno progresista durante la década pasada en Sudamérica (principalmente de Chile, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil). En el contexto de una situación económica y social altamente vulnerable en su país de origen, así como en el de los países a los que llegaron posteriormente, pero de los cuales fueron expulsados varios años después, estos migrantes decidieron moverse a Estados Unidos en busca de asilo (CNDH-Colef, 2018; Alarcón y Ortiz, 2017).

Aunque la población migrante que llegó a mediados de 2016 era mucho más heterogénea –procedente al menos de 20 países–, la mayoría de las personas que aún permanecían en ciudades fronterizas a finales del 2016 eran fundamentalmente haitianos y cubanos alojados en diversos albergues (CNDH-Colef, 2018). Y si bien, en un principio, estas solicitudes se procesaron, una de las primeras formas de contención de estos flujos por parte del gobierno estadounidense fue la práctica del conteo (metering) para limitar el número diario de solicitudes de asilo, teniendo como corolario que en ciudades fronterizas mexicanas cientos de solicitantes esperaran apuntadas en listas gestionadas informalmente en México y sujetas a corruptelas locales (CIDH, 2019). Así, a finales de ese año y principios de 2017, el anuncio del endurecimiento de una política migratoria hondamente restrictiva, persecutoria y punitiva contra los migrantes en Estados Unidos alcanzó también a los migrantes haitianos, quienes, ya en la era de Donald Trump, en su mayoría tuvieron respuestas negativas a sus solicitudes de asilo o de visa humanitaria.

El advenimiento en 2018 de las caravanas conformadas por migrantes expulsados del triángulo Norte de Centroamérica se ancla en un proceso histórico que involucra guerras civiles, extractivismo económico y depredador por parte de grandes corporativos trasnacionales, golpes de Estado avalados por países que impulsan ajustes estructurales a través de organismos como el Banco Mundial o el Foro Monetario Internacional –los cuales, por cierto, han fracasado ante la rampante corrupción– y el exacerbamiento de violencias locales y conflictos internos posteriores a estos golpes.

Igualmente se destacan una serie procesos de desigualdad provocados por la implementación del sistema neoliberal en estos países y, de hecho, en una amplia parte de la región latinoamericana, mediante la cual se cerraron las puertas de la movilidad social a partir de posturas meritocráticas que oscurecen los problemas estructurales y basan su funcionamiento en la precarización de los más pobres y vulnerables (Valenzuela, 2019). Por otro lado, la generación de pandillas mareras se vincula con procesos de deportación impulsados por el país del Norte en los años noventa (Ambrosius, 2018). En ese sentido, entre los principales factores de expulsión de las poblaciones migrantes hacia el Norte del continente están el incremento de los escenarios de precarización y el contexto profundamente desigual y violento, en buena medida provocado por los propios procesos de deportación de migrantes centroamericanos como un efecto boomerang (Ambrosius y Leblang, 2018), de modo que las poblaciones han tenido que migrar en bloque para evitar la violencia del camino (Gandini et al., 2020; París y Montes, 2020).

La irrupción de las caravanas a finales del 2018 tuvo un impacto mediático mundial, en buena parte debido a la utilización electorera de la situación por parte del presidente de Estados Unidos. En este contexto, el gobierno mexicano autorizó que algunos solicitantes de asilo esperaran en México, alegando razones humanitarias, pero negando ser un tercer país seguro. Sin embargo, ante la presión de la administración del presidente Trump de incrementar los aranceles a las exportaciones mexicanas, si este país no hacía mayores esfuerzos por contener la migración centroamericana hacia Estados Unidos, México firmó un acuerdo con el país del Norte donde formalizaron lo que ahora se conoce como Protocolos de Protección al Migrante (Migrant Protection Protocols - MPP), que se extendió a todas las ciudades fronterizas. Dicho programa consistió en la formalización de la espera en México de las audiencias de asilo en las cortes migratorias. Por supuesto, esto ha sido interpretado como una medida para disuadir estas movilidades (Silva y Miranda, 2020).

Las políticas migratorias de la administración Trump tuvieron el sesgo securitista que impulsó su narrativa de construir un muro físico en su frontera con el objetivo de contener la migración de los “malos hombres” (bad men) provenientes del Sur. Ante el hecho de no conseguir la totalidad de fondos para construirlo, Trump convirtió las acciones públicas en materia migratoria en un verdadero muro administrativo. Este gobierno ejecutó una diversidad de programas, recursos administrativos y políticas restrictivas, a los que acudió con el objetivo de negar solicitudes de asilo. La interconexión de estos programas hizo virtualmente imposible conseguir refugio en Estados Unidos en los últimos años. Así, el gobierno ha contado con diversidad de herramientas legales y administrativas para negar las solicitudes de protección internacional de centroamericanos y mexicanos (Chishti y Bolter, 2020).

Endurecimiento de la frontera por cuestiones sanitarias

Con el advenimiento de la pandemia por covid-19 tuvo lugar un prolongado proceso de restricción de movilidad transfronteriza de Sur a Norte en los linderos nacionales de México y Estados Unidos. El largo cierre de la frontera entre estos dos países para cruces no esenciales durante esta pandemia hay que entenderlo en un marco más amplio de la securitización de la salud y medicalización de las relaciones internacionales. En ese sentido, el endurecimiento de la frontera observado en el año 2020 está atravesado por una serie de procesos histórico-políticos como una determinada organización geopolítica de la seguridad sanitaria global, el panamericanismo sanitario guiado desde Washington, una semántica bélico-militar que permea las acciones para hacer frente a la pandemia y que ha estado vinculada a las acciones contra el narcotráfico, el terrorismo y la migración, entre otros elementos. La narrativa producto de esta conjunción de factores se emparejará con otras narrativas similares que han encontrado su espacio de ejecución en la región fronteriza México-Estados Unidos.

Si después de la caída de las Torres Gemelas se igualó la amenaza a la seguridad estadounidense que representaban la migración, el narcotráfico y el terrorismo, gestionados y combatidos por la misma autoridad, teniendo efectos claros en el endurecimiento y militarización de los linderos nacionales, lo que observamos durante el desarrollo de la pandemia en 2020 es que se rescataron algunas legislaciones y tratados internacionales que ubican las enfermedades infecciosas como riesgos para la seguridad nacional, lo que ha resultado ser una coartada ideal para que Estados Unidos cierre su frontera en el marco del brote global del virus Sars-Cov-2, causante del covid-19. Situación que, por supuesto, ha tenido efectos severos en la gestión de las movilidades poblacionales y ha impactado claramente en ciudades fronterizas del Norte del país, las cuales han tenido que contener y asistir la diversidad de flujos migratorios agolpados en estas urbes.

Ahora bien, la securitización de la salud no es algo que ha sucedido durante esta pandemia, es una estrategia de varios años atrás, orquestada principalmente por ciertos Estados del Norte y Occidente y dirigida a proteger sus intereses con la sugerencia de generar una seguridad sanitaria global. Si hay algo, entonces, que quedó claro durante la pandemia y que ha sostenido las acciones en política internacional, como el cierre de fronteras, es el nexo estrecho que ahora se hace visible entre seguridad y salud.

Medicalización de las relaciones internacionales y securitización de la salud

La salud, como preocupación en política internacional (Aldis, 2008), ha pasado por un proceso histórico de casi dos siglos en el que se han expandido las políticas sanitarias globales, a partir de un conocimiento médico local, pero universalizado por autoridades médicas internacionales, lo que ha devenido en la producción de un orden colonial medicalizado con trasfondo racista que sirve de base para las intervenciones en materia sanitaria por parte de las autoridades globales de salud (King, 2002). De acuerdo con Flor (2018), este proceso de medicalización de las relaciones internacionales continúa desarrollándose por diferentes rutas, como la diplomacia sanitaria, la cooperación médica y las intervenciones militares y humanitarias. Es a partir de estas vías que va tomando forma la medicalización de la seguridad, que considera las enfermedades infecciosas (vih/sida, ébola, gripe aviar, covid-19) como amenazas internacionales.

Fue el influyente virólogo Stephen Morse quien en 1989 acuñó el concepto de enfermedades infecciosas emergentes, delineando con ello la perspectiva de las amenazas microbianas a la salud en Estados Unidos. Durante la década posterior, expertos en salud y seguridad comenzaron a poner a prueba dicho concepto midiendo con ello los riesgos que suponía para la seguridad nacional la emergencia de virus desconocidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) han sido un actor fundamental para institucionalizar el vínculo entre seguridad y salud, pues esta fue la institución que argumentó que las enfermedades emergentes virales podían afectar de manera negativa tanto la salud pública de los ciudadanos como sus intereses internacionales, geopolíticos y comerciales (King, 2002).

La securitización de la salud en Estados Unidos, en buena medida, se debe a la actuación de los CDC, al incorporar este tema sanitario en la agenda de seguridad nacional estadounidense. Así, más que transformar los factores estructurales y ecológicos que operaban en la aparición de nuevas enfermedades, las agencias de seguridad y los centros de investigación de ese país se dedicaron a construir un sistema de vigilancia epidemiológica global que respondiera a las amenazas de su seguridad. “Así, entre 1995 y 2005 se crearon las dos principales estrategias que componen el actual Sistema de Vigilancia Epidemiológico Global que son el sistema Goarn (Global Outbreak Alarm Response Network) y las preparaciones pandémicas” (Flor, 2018, p. 52). Dichas estrategias, formuladas por los gobiernos estadounidense y canadiense, fueron adoptadas por la Organización Mundial de la Salud, la cual, en el año del 2007, definió la seguridad sanitaria global como “el conjunto de actividades proactivas y reactivas necesarias para reducir todo lo posible la vulnerabilidad a incidentes agudos de salud pública capaces de poner en peligro la salud colectiva de poblaciones que se extienden por diversas regiones geográficas y a través de las fronteras internacionales” (OMS, 2007, p. IX).

Con esta narrativa de seguridad sanitaria global se fue construyendo un régimen de gobernanza asociado (Basile, 2020b). La definición de seguridad sanitaria global, donde se estipula claramente que las fronteras internacionales serán un factor importante en la securitización de la salud, fue una estrategia impulsada a partir de la presión que ejercieron ante la OMS los gobiernos estadounidense y canadiense (Davis, 2008). Es decir, fue una estrategia que respondía a lo que estos Estados de América del Norte consideraban amenazas a su seguridad, no necesariamente a la seguridad del mundo. De acuerdo con Davies (2008), la iniciativa de la OMS de crear una gobernanza global en salud como respuesta a las infecciones contagiosas (vía las estrategias impulsadas por Estados Unidos y Canadá) ha favorecido los intereses de los Estados occidentales, ya que la prioridad política de estos Estados ha sido resguardar la seguridad de sus ciudadanos a través del desarrollo de sistemas de vigilancia que tienen como objetivo prevenir que la epidemia cruce sus fronteras. El sistema de vigilancia epidemiológico global se considera una herramienta geopolítica en manos de los Estados occidentales, que los expertos de la OMS han contribuido a construir (Flor, 2018).

La organización geopolítica de la seguridad sanitaria global encuentra en el panamericanismo sanitario un factor regional de organización de la gestión pandémica. El panamericanismo, como doctrina, siempre ha estado atravesado y guiado por los intereses foráneos de hegemonía política, militar y económica de Estados Unidos en la región. Esta doctrina encuentra su reproducción en al ámbito de lo sanitario, cuando epidemiológicamente la región se trata como un todo: “Las Américas”, siempre analizado y guiado desde Washington (Basile, 2020a). Según Basile, la salud panamericana ha estado desde sus inicios condicionada por los intereses geopolíticos de los países occidentales, que organizan campañas verticales donde la región fue objeto de diferentes ensayos para controlar y eliminar las enfermedades.

Refugiados, dibujo, 2016 | Autora: Diala Brisly. Tomado de: BBC

De acuerdo con Flor (2018), es con la llegada de los planes neoliberales instrumentados por el Banco Mundial que se instala una agenda sanitaria en la administración de sistemas de salud locales, incorporando el lenguaje del mercado al financiamiento y provisión de los servicios de salud, lo que tiempo después incorpora la semántica de la guerra y la militarización en los esfuerzos de atención sanitaria pandémica.

El vínculo entre salud y seguridad enmarca los problemas de salud colectiva dentro de una narrativa de seguridad global, la cual lleva años siendo instrumentalizada a través de operaciones militares e intervencionistas. Así, algunos autores de la epidemiología crítica han señalado cómo es que los militares se han convertido en actores claves en las operaciones de seguridad sanitaria global donde hay un lenguaje médico en confluencia con la lógica militar (Basile, 2020a; Flor, 2018; Breilh, 2010).

Como recuerda Basile (2020a), hay un lenguaje bélico-militar que se utiliza indistintamente, para hacer frente tanto a los enemigos en la guerra como a la amenaza que representa una enfermedad infecciosa. Se habla de “combatir” la enfermedad, de “erradicar” y “aniquilar” el virus, de “contener” el avance viral, de “vigilancia” epidémica, de modelos “centinela”, de la “luchar” contra un “enemigo invisible”. Una semántica bélica y punitiva que, por cierto, no es muy distinta a la utilizada para enfrentar los retos en migración, narcotráfico y terrorismo en la frontera Norte de México.

En busca de un nuevo hogar, óleo, 2017 | Autor: Eric Almanza. Tomado de: NPR

Acciones para contener la pandemia que endurecen la frontera México-Estados Unidos

La coyuntura pandémica por covid-19 encuentra en esta semántica bélica y en la organización de la seguridad sanitaria global y panamericana los antecedentes para endurecer la frontera México-Estados Unidos, esta vez no por razones de política migratoria sino por cuestiones de salud pública. A la administración del presidente Donald Trump, que inició con la promesa de terminar de levantar un muro físico a lo largo de su frontera con México, le resultó imposible recaudar los fondos para llevarlo a cabo. Sin embargo, ello no ha sido un impedimento para construir un entramado de muros administrativos que se vuelven cada vez más imposibles de evadir.

Si bien las regulaciones de control y los muros administrativos ya eran complicados para los migrantes, en el contexto de la emergencia sanitaria se impulsaron medidas más severas. A lo largo de marzo y abril del 2020, se implementaron una serie de iniciativas que modificaron los procesos de devolución que experimentó la población migrante, planteando nuevos retos para su tránsito en México, estadía en ciudades fronterizas y solicitudes de asilo a Estados Unidos. Según información que circuló por los medios (Lind, 2020), durante los primeros meses habían sido expulsadas a México de manera expedita aproximadamente 7.000 personas.

Los argumentos que se esgrimieron para dichas acciones estuvieron guiados por la lógica de la securitización de la salud, lo que evidentemente ha tenido impactos severos en las fronteras nacionales, al identificar las amenazas a la salud como amenazas a la seguridad nacional (Davies, 2008). En una primera instancia, las autoridades migratorias dijeron que los centros de detención de migrantes no estaban habilitados para atender necesidades médicas, como el covid-19, ni contaban con el instrumental para realizar pruebas y detectar casos activos. Ante la presión de algunas organizaciones de la sociedad civil y activistas en favor de los derechos humanos de los migrantes, Mark Morgan, el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection - Uscbp), señaló que estas expulsiones se derivan de las nuevas leyes de restricción fronteriza que se aprobaron a finales de marzo de 2020 y fue enfático en mencionar que las expulsiones venían de una disposición legal diferente de la migratoria: “no tienen nada que ver con la migración […], sino con la salud pública y la seguridad” (González, 2020). En ese sentido, la Uscbp aclaró que no se trataba de deportaciones bajo el título 8 del Código Federal de Estados Unidos –el cual regula aspectos de ciudadanía y extranjería y migración–, sino de deportaciones bajo el título 42, que dispone la regulación de la salud pública, el bienestar y la seguridad.

De esta manera, las deportaciones que se comenzaron a presentar en la emergencia pandémica no estaban relacionadas con faltas a las leyes migratorias, sino con la lógica de la seguridad sanitaria global de constituir una amenaza para la salud pública de los estadounidenses. Así, con el argumento de frenar la expansión del coronavirus a través de los centros de detención y mediante los agentes de la patrulla fronteriza, se utilizó un estatuto de salud pública para remover expeditamente de la frontera Estados Unidos-México a los migrantes que intentaban cruzarla.

En la misma lógica de securitización sanitaria, sucedieron otras dos acciones que afectaron fuertemente a ciudades fronterizas: por un lado, se suspendieron hasta nuevo aviso todos los procedimientos de evaluación de solicitudes de asilo en Estados Unidos y, por otro, los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron el 21 de marzo prohibir los viajes no esenciales de Sur a Norte a través de la frontera, incluyendo los de turismo y recreación, dejando solamente las puertas abiertas para emergencias médicas y actividades comerciales.

Con el argumento de que la restricción de cruces ayudaría a disminuir los casos de infección por covid-19, el cierre de la frontera para viajes no esenciales de Sur a Norte se mantuvo a lo largo de todos los meses del año 2020, de la mano con la suspensión de las audiencias de solicitudes de asilo. Sin embargo, las garitas internacionales no solo se mantuvieron abiertas de Norte a Sur, sino que continuaron los procesos de deportación y retorno forzado de Estados Unidos a México, aun cuando sonaron las alarmas por los altos grados de contagio en los centros de detención de migrantes (Amnesty International, 2020). Es posible encontrar una ruta de explicación a esta inconsistencia a partir de la securitización de la salud que ampliamente se ha desarrollado en este aparatado. La pandemia por covid-19 resultó ser la coartada perfecta para que la administración de Trump pudiera poner a operar la última modalidad de un rígido y extremo endurecimiento de la frontera: construir un muro administrativo de facto basado en la lógica de la seguridad sanitaria global.

Conclusiones

A lo largo de este artículo, se ha podido dar cuenta de que no es solo la migración la que se ha pensado en las últimas décadas como problema de seguridad nacional para Estados Unidos, teniendo efectos directos en el reforzamiento del dispositivo fronterizo. En el contexto de la pandemia por covid-19, se ha podido observar que ha sido la salud pública, tratada operativamente como un problema de seguridad global, pero que ataca los intereses estadounidenses, la que instrumentó el último endurecimiento de la frontera entre México y Estados Unidos. Es así que, si algo ha caracterizado a la paulatina rigidez de la frontera entre estos dos países a lo largo de los años, ha sido la vinculación de todos los problemas relacionados con dicho espacio hacia la seguridad interior, es decir, la securitización de la misma. Cuando narcotráfico, terrorismo, migración y salud se combaten con la misma semántica bélica y con los mismos instrumentos institucionales, nos enfrentamos a una frontera más endurecida que nunca.

Finalmente, repasar el paulatino endurecimiento de la frontera México y Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas obliga a tener como asignatura pendiente una serie de reflexiones profundas sobre cómo la securitización impacta diversos aspectos relacionados con la frontera y las ciudades fronterizas. En primer lugar, cuando hablamos del muro entre México y Estados Unidos, estamos hablando de la instanciación objetual de la frontera como una forma de definir territorios nacionales. Es decir, el muro como un dispositivo geopolítico –que articula de manera heterogénea discursos, arquitecturas, normativas, aparatos administrativos– (Nail, 2015) que define y gestiona los bordes de los territorios de Estados nacionales vecinos. En ese sentido, un componente que ha corrido a lo largo de esta revisión han sido las implicaciones en la disparidad de poder en la imposición de un muro fronterizo entre dos países con una visión securitista. En el caso del muro fronterizo del Norte de México, estas geopolíticas de control limítrofe tienen implicaciones directas en la decisión sobre la vida y muerte de personas que intentan cruzarlo (Varela, 2020).

Por otro lado, desde una perspectiva relacional y procesual de la securitización, acá se revisó qué es lo que se asoció para que existiera un muro entre México y Estados Unidos, abordando la transversalidad de una serie de procesos vinculados con la seguridad nacional. Por supuesto, se trata del sistema neoliberal que hace posible que crucen mercancías y no personas por esta frontera, de los violentos estragos colonialistas y centralistas que acarreamos para pensar la “lejana e indómita” frontera, pero también de los diferentes discursos vinculados con el mantenimiento de la seguridad nacional que han encontrado en diversos fenómenos –como la migración o la salud– el argumento perfecto para endurecer el dispositivo fronterizo. En tercer lugar, una reflexión que deriva de estas dos líneas de análisis tiene que ver con los efectos que tiene sobre las personas, los territorios, la política y los afectos el hecho de construir y endurecer muros entre dos países. Especialmente es posible enfatizar que el reforzamiento securitista de los linderos nacionales entre Estados Unidos y México ha tenido un efecto significativo en la precarización de las diversas poblaciones “atrapadas” en las ciudades fronterizas.

En ese sentido, por último, las ciudades fronterizas mexicanas han sido las receptoras directas de la securitización de los linderos nacionales por Estados Unidos. Aún falta hacer una evaluación de la capacidad de asistencia de estas ciudades en momentos de cierre de fronteras por cuestiones sanitarias. En estos tiempos, se ha presentado una dinámica donde una población de migrantes en tránsito atrapados en ciudades fronterizas no puede salir de estas, mientras que otras poblaciones móviles siguen llegando por vía de la deportación y el desplazamiento forzado interno (Del Monte e Irwin, 2020). En ese sentido, la compleja situación donde diversidad de perfiles migratorios se traslapan y quedan retenidos en ciudades fronterizas como Tijuana o Ciudad Juárez, se deriva de un consecuente y paulatino endurecimiento del muro fronterizo, que ha encontrado en la pandemia el pretexto perfecto para obliterar la mayoría de opciones de tránsito hacia el país del Norte.

Notas

1. En los estudios migratorios y sobre la frontera México-Estados Unidos, pero también sobre las fronteras mediterráneas, este es un tema que ha llamado particularmente la atención a partir de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York a principios del siglo XXI (Bigo, 2002; Andreas, 2009; Bourbeau, 2011). Si bien los debates y disputas en torno a la utilización del concepto de securitización para hablar de la migración son amplios, este artículo no tiene la finalidad de recopilar dichas discusiones –pues está enfocado en el endurecimiento de los límites nacionales–, lo que no quiere decir que se evite tomar una postura al respecto, pues ello se aclara en el resto de esta introducción.

2. Wendy Brown (2019) menciona que la consolidación de la razón neoliberal a lo largo de la segunda mitad del siglo XX atravesó una diversidad de dominios legales, sociales, políticos e incluso culturales, los cuales generaron procesos obscenos de desigualdad social que han tenido como base criterios raciales y sexuales y como corolario la emergencia de fuerzas antidemocráticas de ultraderecha. En este mismo tren de pensamiento, Bigo (2002) ha comentado que la securitización de la migración se basa en una postura político-simbólica anclada en territorios específicos que padecen las consecuencias de la implementación del modelo neoliberal: un descontento estructural enmarcado por discursos individualistas, donde la libertad se enfrenta a aquello que le puede poner límites y, por lo tanto, se percibe como un riesgo para la seguridad. Lo externo, lo ajeno, lo que no es de aquí.

3. La traducción de textos citados originales del inglés está realizada por el autor.

4. Estas dos voces hacen parte del argot de la migración clandestina en los límites entre México y Estados Unidos. Según David Spener (2010), el coyotaje es el conjunto de estrategias de cruce fronterizo llevadas a cabo por coyotes, que son quienes cruzan a las personas migrantes por la frontera a cambio de una remuneración. En cuanto al pollero, es otra forma en que se conoce a la “persona que transporta trabajadores indocumentados a los Estados Unidos de América. Ver el estudio sobre estas dos voces en Meneses (2010).

5. Y ha sido observada como una consecuencia de la construcción del migrante como “ilegal” (De Genova, 2005).

6. Las cursivas en esta cita son propias. Se tuvo que traducir border por “región fronteriza” y boundary por “límite”, en aras de respetar el argumento de Nevins.

7. Ejemplo de dicha redefinición es que la Patrulla Fronteriza agrega entre sus objetivos la lucha contra el terrorismo, quedando al mismo nivel que el combate al narcotráfico y a la migración indocumentada.

8. Detenciones que conllevan un proceso de deportación.

9. Como dice Andreas (2009), la nueva misión prioritaria de las agencias encargadas del control fronterizo era el combate contra el terrorismo.

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Última actualización en 15 Septiembre 2021