El desarrollo humano sostenible y nuestra viabilidad como nación

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El desarrollo humano sostenible y nuestra viabilidad como nación

Desenvolvimento humano sustentável e nossa viabilidade como nação

Sustainable human development and our viability as a nation

César Humberto Arias Pabón *

* Físico nuclear, Ingeniero geógrafo, especializado en Hidrología, MSc. en investigación y docencia, MSc. en Dirección universitaria. Decano fundador de la Facultad de Ingeniería en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental de la Universidad Central, actual director de Programas de Postgrado en Medio Ambiente de la misma universidad.

Resumen

Aunque el nuevo paradigma del desarrollo sostenible tiene connotaciones sobre todo de índole económica para la mayoría de los países, en el caso colombiano trasciende esta dimensión e implica profundas modificaciones en nuestro proyecto histórico como nación. Es muy difícil involucrar valores relativos al respeto por el entorno natural en una cultura que no cultiva la tolerancia, que no aplica soluciones pacíficas a los conflictos y que no se quiere ni a sí misma, como sabiamente lo acotaba hace unos días nuestra gloria literaria Gabriel García Márquez. En nuestro país, entonces, más que al desarrollo sostenible nos debemos referir al desarrollo humano sostenible, donde la educación jugará un papel fundamental, en el intento histórico por crear las condiciones para que la sociedad colombiana tenga viabilidad interna y validez ante la comunidad internacional, de cara al próximo milenio.

Antecedentes

Junto con muchas otras inquietudes que a través de la historia de la humanidad han preocupado al hombre, su interrelación con el mundo que le rodea ha sido materia de diversos enfoques y definiciones, dentro de los cuales podemos ubicar los orígenes de la problemática ambiental que hoy afrontamos, en pleno umbral del nuevo milenio.

Desde el punto de vista religioso, la concepción cristiana del mundo eleva al hombre a la dignidad de Dios, al haber sido creado “a su imagen y semejanza”, relegando la naturaleza a elemento expósito que le pertenece por derecho propio. Este enfoque fue avalado filosóficamente por el antropocentrismo cartesiano, que considera al hombre como sujeto dueño y señor de la naturaleza, y a ésta como objeto puesto incondicionalmente a su servicio.

Esta orientación ha sido el común denominador en los modelos de desarrollo, con énfasis especial a partir de la Revolución Industrial. Al paso del tiempo generó una contradicción entre el progreso material y la conservación, los cuales han sido combinados tan raras veces que frecuentemente parecen incompatibles; incluso suele afirmarse que lo son.

En esta corriente de pensamiento se encuentra firmemente apoyada nuestra civilización, como lo corrobora el patrón actual de desarrollo, que se caracteriza entre otros aspectos por prejuicios y deformaciones mentales y culturales como aquellos que inducen al consumismo compulsivo, al desprecio irreflexivo de los recursos, a la contaminación irresponsable, a la descarga displicente de desechos no biodegradables y a muchos otros atentados contra el ambiente y la calidad de la vida humana.

Tal situación ha hecho crisis sobre todo en los últimos treinta años, desde cuando la humanidad comenzó a comprender que la naturaleza no estaba en capacidad de proveer recursos ilimitados y que los daños causados al entorno, por su explotación irracional, se hacían irreversibles ante la magnitud de su impacto.

En principio se trató de problemas que afectaban las comunidades locales o regionales como la deforestación, la contaminación de aguas, la desertización, el hacinamiento, etc. No obstante, la sumatoria y la frecuencia de estos hechos aislados se han convertido en dificultades mayores, que ya amenazan la existencia de la especie, como la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global por el efecto invernadero, la lluvia ácida, la extinción de especies animales y vegetales y una reducción sensible de las reservas alimentarias y de agua dulce.

En la sociedad industrial avanzada, la interacción dinámica entre demanda social y oferta natural toma formas altamente complejas, mientras los problemas ambientales ponen en peligro la biosfera en su totalidad, hecho que ha obligado a enfrentar esta amenaza, entre otras estrategias, mediante la formulación y puesta en práctica de un nuevo paradigma: El desarrollo sostenible.

Concepto

El desarrollo sostenible es una especie de compromiso de solidaridad intergeneracional, que permite a la actual generación utilizar los recursos naturales para suplir sus necesidades, pero la condiciona a que lo haga de una forma tal que garantice la disponibilidad de esos recursos para que las generaciones futuras, a su vez, suplan las suyas.

Desde luego que no se trata de renunciar a los beneficios que nos ha reportado la civilización en aras de un naturalismo a ultranza, primitivo y silvestre, pero tampoco de utilizar indiscriminadamente la tecnología contemporánea, arrasando sin contemplaciones el entorno natural. La idea es conciliar los dos conceptos, imaginando alternativas para que el funcionamiento de la sociedad se base en imperativos éticos, no económicos, a fin de avanzar en la búsqueda y concreción de un tipo de bienestar que sea socialmente justo, económicamente factible y ecológicamente adecuado.

Así es posible diferenciar el desarrollo del crecimiento, pues no sólo se producen cambios cuantitativos sino también, y principalmente cualitativos, cambios que se generan tanto en los niveles de bienes y servicios como en la sociedad vista de modo total.

En este orden de ideas, hablar y reflexionar sobre medio ambiente no es una referencia exclusiva al problema de la contaminación, o al calentamiento global o a los agujeros en la capa de ozono; incluye primordialmente pensar acerca del ser humano y su ubicación en el cosmos; es reconocer que somos una especie en una senda de la evolución cuya multiplicación se ha dado a expensas de otras especies; es situarnos en la historia natural del planeta, de la que constituimos un ínfimo capítulo, y mirar hacia el pasado para imaginarnos los futuros. En fin, hablar de medio ambiente es volver a las preguntas aparentemente elementales, pero que siempre han inquietado al ser humano: ¿Para qué la vida? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Cuál es nuestro papel en este planeta? ¿Cuál nuestra responsabilidad?

Implica, también, una evolución conceptual del antropocentrismo hacia el biocentrismo; tomar conciencia de que al discurso de la asignación eficaz de recursos escasos, se sobrepone el de la supervivencia de la especie y la maximización del bienestar en que aquella debe darse. Tal es el marco que contiene la tesis del dominio responsable del entorno, que no desconoce al hombre la calidad de amo de la naturaleza, pero que lo hace responsable del uso moderado de sus recursos.

En este sentido cobra plena vigencia la máxima pitagórica según la cual el hombre no es sólo aquel que está en su propia piel, sino también aquel que está fuera de ella. Reconocidos los límites del principio antropocéntrico que impiden considerar al hombre como lo único valioso “toda vez que no es lógico asumir lo desarraigado de la naturaleza” y en el entendido de que más bien es parte integrante de ella, se impone una ampliación del valor del hombre, extendido a la naturaleza, en la medida de que su existencia depende de la del mundo.

El biocentrismo es, entonces, la manifestación de una ética que, sin perder al hombre como eje “por la supremacía que le otorga el estar dotado de conciencia y voluntad”, lo proyecta como fuerza integradora para hacer del vocablo humanidad un concepto que incluya los suelos, las aguas, las plantas y los animales, y de la naturaleza un valor que el hombre debe salvaguardar y respetar. Este es quizá el significado de lo que se ha querido conceptualizar al hablarse de desarrollo sostenible.

Ahora bien, en uso de la inveterada costumbre de acuñar términos y expresiones en esloganes sonoros, los expertos en la temática ambiental se refieren de manera indiscriminada al desarrollo sostenible o al desarrollo humano sostenible, bajo la premisa de que se trata del mismo concepto. Yo no lo creo así. La diferencia radica en involucrar la dimensión humana en el desarrollo sostenible, para avanzar hacia el gran paradigma de la valoración de la vida humana en sí misma y no simplemente en cuanto a la capacidad de las personas para producir bienes materiales, y para garantizar que las agendas de desarrollo se basen en una ciudadanía que colabora y participa; que se preocupa por los demás; que es respetuosa de los deberes y derechos tanto propios, como de los otros, incluyendo los de las generaciones futuras. Es precisamente en cuanto a estos aspectos que se puede identificar el drama colombiano.

Nuestra encrucijada

Aunque desde 1974 el país cuenta con el Código de Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente (uno de los más avanzados del mundo), el desarrollo sostenible y el derecho a disfrutar de un ambiente sano fueron elevados a la máxima jerarquía jurídica a través de la Constitución de 1991 y en 1993 se crearon el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental “SINA”, el capital humano para consolidar el desarrollo humano sostenible como proyecto nacional a largo plazo se encuentra seriamente comprometido desde cuando Colombia tomó partido por una sola manera de valorar la realidad: la del beneficio económico sin Dios ni ley.

El capital humano recoge la educación formal, el adiestramiento, la salud, la formación de los valores individuales y busca incentivar, promover y generar la capacidad y la habilidad del individuo para integrarse a una sociedad y resolver sus problemas. Se requiere entonces enfatizar en la excelencia del conocimiento, de la ciencia y de los avances tecnoló-gicos, pero en el caso de Colombia, para obtener el máximo potencial de su capital humano, tanto o más importante que lo anterior es la educación para la convivencia, para la tolerancia y para la concertación como caminos para entretejer solidaridades y conseguir la paz, entendida no como la ausencia de conflictos sino identificada con métodos pacíficos, legales y democráticos para resolverlos.

La política ambiental del gobierno expresada en la estrategia de promoción de una nueva cultura del desarrollo, de mejoramiento de la calidad de vida, de una producción limpia, de una gestión ambiental sostenible, y en los programas de protección de los ecosistemas estratégicos, mejor agua, mares y costas limpios, más bosques y mejores ciudades, no tienen sentido alguno y no dejarán de ser simple retórica escrita, mientras los recursos espirituales del hombre colombiano permanezcan categorizados como «especies exóticas en vía de extinción».

El poeta William Ospina lo describió con claridad:

¿Cómo se sostiene una sociedad en la que todos saben que prácticamente nada funciona? Desde los teléfonos públicos que no sirven para hacer llamadas hasta los puentes que no sirven para ser usados y los funcionarios públicos que no sirven para atender a las personas y las fuerzas armadas que no sirven para defender la vida de los ciudadanos y los jueces que no sirven para juzgar y los gobiernos que no sirven para gobernar y las leyes que no sirven para ser obedecidas, el espectáculo que brindaría Colombia a un hipotético observador bienintencionado y sensato sería divertido, si no fuera por el charco de sangre en que reposa¹.

Desde luego no pretendo ofrecer soluciones a esta compleja problemática. No obstante, y como sin duda estaremos de acuerdo en que el país que tenemos no es el país que queremos, presento las siguientes inquietudes para invitarlos a que abordemos una profunda reflexión, con el fin de ir ubicando las puertas, de ir perfilando las salidas.

Perplejos nos hallamos ante la preocupante crisis nacional, cuya tendencia más marcada es olvidarnos de que la ética es un concepto universal y absoluto. La teoría de la relatividad la hemos sacado de los claustros académicos en donde aún se intentan aplicaciones especializadas en los campos de la física y de la astronomía, para transformarla sin recato en una herramienta deletérea de uso cotidiano en los más disímiles aspectos. Nos referimos entonces a situaciones más o menos honestas, como si ello tuviera algún significado, como si la honestidad no fuera integral e indivisible. Queremos convertir aquello de que el fin justifica los medios en el imperativo categórico de la sociedad y en uso de un pragmatismo insuficientemente entendido, evidenciar la disponibilidad a negociarlo todo, bajo el pretexto de que lo importante es, entonces, acordar el precio adecuado.

Así, nos hemos convertido en maestros en el arte de la invención de disculpas, de motivaciones, de razones para no asumir con conciencia los compromisos. Aunque el asombro es una característica humana, la capacidad ya no de sorpresa sino de espanto del hombre colombiano ha sido socavada por los frecuentes hechos de corrupción, impunidad y violencia, en un país que se sumerge irrefrenable en mañanas sangrientas, con el pan diario de la muerte en cada vuelta de esquina.

Por eso el tipo de sociedad que prevalece hoy en nuestro suelo, muestra manifestaciones inequívocas de agotamiento. La falta de responsabilidad, seriedad y rigor en las tareas que acometemos, se refleja en la pérdida de vigencia del paradigma ético, en los atentados soterrados o explícitos contra el estado de derecho y en la aplicación sin criterio de un modelo socioeconómico mezquino y excluyente. Parece no impresionarnos siquiera el hecho de que en este país, cotidianamente nos estamos jugando no sólo la supervivencia individual sino la sostenibilidad institucional. Aparentemente, en medio de esta vorágine, se nos refundió la capacidad de reacción.

Los asuntos de la legitimidad

De acuerdo con lo expuesto pienso que el problema fundamental de Colombia es la ilegitimidad y en consecuencia la falta de factibilidad de su proyecto histórico, situación que significa además la falta de credibilidad de sus instituciones políticas, económicas, sociales, educativas, religiosas, etc. La legitimidad de los estados en general y de las que han dado en llamarse las «fuerzas vivas» en particular, sólo se presenta en la medida que cumplan con su función, en que sean socialmente útiles. Un gobierno puede tener un origen legítimo obtenido a través de votaciones mayoritarias en las urnas, pero esa circunstancia no es condición suficiente para preservar su autenticidad. Debe demostrar que sigue siendo capaz de mantener la viabilidad del sistema, que no actúa en contravía de las aspiraciones de progreso de la comunidad. Es claro que la legitimidad se cuestiona cuando las instituciones que la poseen, empiezan a costar más de lo que retribuyen a la sociedad.

En ese orden de ideas corresponde al Estado garantizar unas condiciones internas de desarrollo y equidad que le permitan participar con éxito en el nuevo esquema internacional, a través de una economía sólida, de una adecuada distribución del ingreso, de ambientes educativos propicios para el avance de la investigación, la ciencia y la tecnología, pero tal vez lo más importante, de una organización política que permita la participación de todas las fuerzas sociales para que en el contexto de la apertura económica, del incremento en la productividad, de la modernización del Estado, de la racionalización de los recursos, de la innovación tecnológica y del rediseño del trabajo, ofrezca a las personas ser coartífices y co-responsables en el desarrollo del espíritu empresarial y en la armonización del trabajo intelectual y manual. Este es el punto álgido en el caso colombiano; mientras sean demasiado elevadas las magnitudes de pobreza en nuestro medio, la democracia es apenas una caricatura plagada de injusticia, fenómeno que a su vez impide que la sociedad colombiana madure y se prepare para manejar sus problemas sin recurrir a la violencia.

Este es el meollo de la cuestión. Hay un hilo conductor en toda la historia de la nación, desde los albores del descubrimiento hasta la época actual en los umbrales del tercer milenio: las guerras fratricidas, la intolerancia, los espíritus siempre armados y dispuestos a arremeter contra la vida de quien consideramos el contrario. Este sino que nos marca con su impronta indeleble ante la comunidad internacional, no puede considerarse coyuntural o pasajero porque ha sido una constante en la formación de nuestra nacionalidad. En su erradicación, requisito sine qua non para intentar adentrarnos en la construcción de una sociedad moderna, han fracasado todas las instituciones y en medio de esa tragedia surge el problema fundamental de su ilegitimidad y la falta de viabilidad del proyecto social colombiano. Veamos.

El Estado ha fracasado porque en ninguna época de nuestra historia ha logrado la capacidad de garantizar las condiciones mínimas sobre las que se pueda establecer una sociedad civilizada: la seguridad para la honra, los bienes y la vida de los ciudadanos. La crisis de liderazgo democrático nos ha conducido a unas relaciones interpersonales e interinstitucionales signadas por el paternalismo o el autoritarismo. Estanislao Zuleta, el lúcido pensador colombiano, plasmó en sus diversos escritos este infortunio. Acostumbrado al caudillo mesiánico y dogmático, el hombre colombiano obvió el ejercicio de sus responsabilidades sociales a través del fácil expediente de endosárselo al oportunismo de una clase dirigente, más dada al usufructo de las ventajas que tal posición les otorga y a la consolidación de sus intereses particulares, que a la búsqueda de soluciones perdurables para los numerosos males de los cuales adolece la comunidad. Esa pasividad lo acostumbró a recibir como dádiva lo que le corresponde por derecho, a acatar resignadamente la autoridad sin cuestionar su legitimidad. El hombre colombiano no solamente hipoteca en otros la definición de su propio destino, la construcción de un valioso y enriquecedor proyecto de vida, sino que se abstiene de pedirles cuentas por sus acciones. Tal situación se refleja entonces en algo más aberrante y es la actitud de evasión ante la angustia de pensar y conceptuar por sí mismo. El proceso de creación intelectual es casi siempre difícil y doloroso y ese sufrimiento nos lo ahorra el líder. Así las cosas simplemente aceptamos el cinismo de la argumentación justificativa de quienes detentan el poder.

La crisis del paradigma ético acabó con el concepto de la buena fe, con el valor de la palabra empeñada y con la transparencia de actos y sentimientos. En la actualidad la norma que garantiza el éxito, la regla de oro, es la terrible dialéctica de la viveza, vale decir la actitud de no dejar pasar las oportunidades de conseguir el ideal particular de vida, sin importar lo que se tenga que hacer para obtener el objetivo; en consecuencia no hay solidaridad ni colaboración para empresa común alguna. Hoy la sociedad no encuentra referentes sociales y culturales para la autorregulación y el control en el ejercicio de los derechos y de los deberes individuales y sociales. Por esta razón es tan difícil la lucha contra la corrupción y la impunidad. A estos males que tienen postrada a la nación se les derrota con el control social, siempre y cuando la sociedad civil se apersone de vigilar la administración de la cosa pública a través de diversas manifestaciones de veedurías ciudadanas.

La acción pastoral de la Iglesia, en su misión fundamental de fortalecer la vida espiritual de la nación, mediante el enriquecimiento espiritual de cada uno de los creyentes, también está en deuda. El discurso religioso ofrecido por sus representantes durante los últimos cinco siglos no ha tenido mayores resultados. No obstante los preceptos éticos del cristianismo, nos encontramos en la actualidad con el hecho de que las aterradoras cifras de asesinatos, secuestros, desapariciones, asaltos, emboscadas, amenazas, violaciones y torturas, apenas alcanzan a ser asimiladas por una sociedad sitiada por la violencia y la impunidad.

Nuevamente y de manera incomprensible identificamos una situación contradictoria, difícil de explicar: la nación colombiana es simultáneamente la más violenta del mundo y una donde los índices de fervor religioso alcanzan los límites del fanatismo, con una población creyente y practicante del catolicismo, que señala como su imperativo categórico el respeto por la vida humana. Aún con la orientación moral de la Iglesia, la nación no ha podido encontrar los caminos para asumir un debate dialéctico y racional de las diferencias. La eliminación física de los adversarios es una práctica común en estas latitudes, en un territorio donde los diversos grupos de conciudadanos no han podido entender que en su prodigiosa diversidad está la fuente de su riqueza y de su fortaleza.

Las incidencias negativas de tal estado de cosas no se circunscriben a las esferas económicas, políticas o sociales. Hay consecuencias adicionales de extrema gravedad, que podrían catalogarse como el impacto ambiental de la violencia. La contaminación de aguas y suelos por los derrames de hidrocarburos, resultado de los atentados terroristas a los oleoductos; la degradación de ecosistemas selváticos de indudable importancia para el equilibrio ambiental global, producto de las fumigaciones indiscriminadas para erradicar cultivos “ilícitos”; los incendios forestales y las inadecuadas prácticas agropecuarias, provocados por la ignorancia ecológica generalizada de los colonos, problema incrementado sustancialmente por el actual fenómeno de los desplazados; las luchas sempiternas por la propiedad de la tierra, que afectan ecosistemas cuya riqueza en términos de biodiversidad ni siquiera ha sido válidamente dimensionada, amén de las pésimas condiciones ambientales de nuestras metrópolis, con sus cinturones de miseria y su contaminación atmosférica, son algunos de los indicios más relevantes, que nos inducen a pensar que el deterioro ambiental de nuestra patria, es como todo lo demás, el resultado de la pobreza espiritual del hombre colombiano.

Ante semejante panorama, cuyas manifestaciones más inquietantes las constituyen el relativismo ético convertido en columna vertebral de la sociedad; el interés individual que prima sobre el interés general en la práctica de la política; la inercia colectiva popular que impide a la sociedad civil ser partícipe de la creación de su propio destino; la beligerante insania armada de grupos guerrilleros convertidos en boyantes empresarios del delito, que se resisten a entender que la tolerancia de ideas distintas a las propias no sólo es una necesidad en una sociedad moderna, sino probablemente la mejor manera de avanzar en el conocimiento de la comunidad y de sus problemas; el maniqueísmo religioso que en nada contribuye al debate racional de las diferencias, nos va quedando como salida la construcción y consolidación de un coherente proyecto educativo. Bien lo señaló la Misión Nacional para la Modernización de la Universidad Pública en su informe final del año 1995:

Educar no es solamente adiestrar y mejorar la capacidad de competir e innovar, es algo más profundo. Es formar hombres de bien y ciudadanos solidarios, alegres y participativos, enriquecidos por las tradiciones culturales y por los avances científicos y tecnológicos. El fin del proyecto educativo debe ser el encuentro de valores morales comparativos, de un nuevo paradigma ético con reglas de juego claras, acatables, confiables y democráticas².

Indudablemente la problemática es compleja. Es válido sin embargo pensar que no nos encontramos frente a un punto de inflexión que marque el inicio de una tendencia aún más declinante, sino que se trata de un período de transición, de una oportunidad para reorientarnos y tomar nuevos alientos. El curso histó- rico de los pueblos no parece estar predeterminado. Más bien se hace y se rehace a medida que surgen directivas visionarias, capaces de proponer soluciones acertadas ante los retos que se presentan. Como la situación es de gran incertidumbre, se hace necesario comenzar por interpretar la verdadera magnitud y la naturaleza de los problemas que nos afectan y las poderosas fuerzas que condicionan el acontecer nacional.

Es crucial iniciar una indagación conducente a explorar nuevos cursos de acción, identificando procedimientos que nos eviten el tránsito por rutas ya probadas como ineficaces. Replantear nuestro defectuoso comportamiento exige un cambio dramático en todo sentido, pues sólo una modificación radical puede hacer viable la corrección. Si logramos clarificar el camino, aunar voluntades y actuar solidariamente, el pasado e incluso el presente no serán más que una experiencia de duro aprendizaje en nuestra historia. En consecuencia debemos imponernos unas líneas de conducta individual y colectiva que nos permitan impedir que sigan prevaleciendo la venalidad y la ineficiencia; aún es tiempo de actuar para que la corrupción no pase la línea del no retorno. Por trivial que parezca, es hora de plantearnos en todo su significado el viejo dilema hamletiano: Ser o no ser, he ahí la cuestión.

Es precisamente en este punto donde adquiere importancia la proyección social de la universidad para el siglo XXI. Aparte de su función profesionalizante, el objetivo primordial de la universidad es generar nuevos conocimientos que amplíen el horizonte de la ciencia y la investigación. Si hemos identificado que la humanidad se encuentra en los umbrales de la era del conocimiento, la universidad es la institución social que por antonomasia debe liderar ese avance, pues el conocimiento ha sido históricamente la razón de su ser y su quehacer.

Tratando de ubicarnos en el origen de la civilización, es posible determinar que la ciencia y el ansia de conocimientos del hombre nacieron de la necesidad de la demostración a través de la confrontación de diversos conceptos. Así las cosas, también es posible observar que la confrontación de ideas sólo ha sido posible en organizaciones sociales ideológicamente pluralistas, que no basaban su funcionamiento en dogmas intocables y sagrados, pues en tal situación no se habría entrado a discutir si los conceptos eran falsos o verdaderos sino que regiría una catalogación entre lo ortodoxo y lo herético, con la consecuente limitación al pensamiento. En este orden de ideas puede concluirse que en la democracia está el origen de las ciencias. La libertad de pensamiento que proporciona la democracia, ante la imposibilidad de imponer una autoridad intocable e indiscutible, es la que nos obliga a discutir y demostrar lo verdadero. Con claridad lo expuso en alguna ocasión Estanislao Zuleta: «Aprender a demostrar, porque no se puede imponer, es decisivo para la ciencia»³. La necesidad de la demostración sirvió para que todo el acervo del conocimiento humano fuera fluyendo de las castas secretas y de los libros herméticos, al manejo abierto. La ciencia entonces, por definición, debe ser accesible y democrática; un bien común, no la propiedad exclusiva de algunos sectores de la población.

Visto entonces que la intolerancia y el relativismo ético característicos de la cultura colombiana nos han llevado irremediablemente a la violencia y a la corrupción, condiciones en las cuales es improbable la creación, el funcionamiento y el fortalecimiento de espacios democráticos, necesarios a su vez para el cultivo, el desarrollo y el enriquecimiento de la ciencia y la investigación, actividades estas últimas razón de ser de la universidad, parecería que en el actual escenario y discurrir de la vida nacional, es ilógica la existencia de la universidad, porque no se evidencian sus aportes para superar la crisis total que nos carcome. Allí aparece el reto. La universidad colombiana está en mora de rescatar su protagonismo, de recuperar sus espacios perdidos, de liderar el proceso de restauración moral de la nación a través de una educación que consulte la realidad nacional, de desarrollar sus procesos de enseñanza-aprendizaje con base en el apoyo a la duda, a la contradicción de criterios, a la demostración, lejos de la intelectualidad desierta propia del discurso dogmático, de recobrar y fortalecer el pluralismo y la discusión vital y enriquecedora. He ahí su proyección social para que tenga algún sentido hablar de la «formación de profesionales en la democracia, la cultura y el humanismo», todo ello enmarcado en una clara concepción del desarrollo humano sostenible, para que el proyecto histórico de la nación tenga viabilidad a largo plazo, por una razón apenas elemental: si descuidamos nuestro entorno, no habrá tierra en donde construir la paz para los hombres de buena voluntad.

Obsérvese: es muy grande el desafío; implica un compromiso ético-social de la sociedad en general y de las instituciones de educación superior en particular. En efecto, los criterios expuestos son aplicables a docentes y alumnos, egresados y graduados, ejecutivos y colaboradores, industriales y académicos, porque para avanzar en la construcción de un proyecto histórico nacional, se requieren sujetos o ciudadanos que lo generen a partir de la afirmación de los valores humanos de personalidad, para promover la formación integral de personas solidarias y cooperadoras en lo social; participativas y tolerantes en lo político; productivas y competentes en lo económico; respetuosas de los derechos humanos; conscientes del valor de la naturaleza y de la comprensión, la cooperación, la convivencia y la paz nacional e internacional, si hemos de ponderarnos como sociedad civilizada. De todas formas nos queda la esperanza de que el futuro nos brinde las posibilidades de ejercer profundos y verdaderos liderazgos, basados en la convicción más que en la coerción, para acercarnos a la hora en que este país pueda fundir lo deseable en lo posible y lo posible en lo real.

Citas

1 William Ospina, “Lo que le falta a Colombia”, en: Revista Número No. 7, p. 6 y ss.

2 Colciencias, Informe de la Misión Nacional para la Modernizaci ón de la Universidad Pública, Santafé de Bogotá, 1995, p. 17

3 Estanislao Zuleta, Colombia: Violencia, democracia y derechos humanos, Bogotá, Altamir, 1991, p.53

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