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El proceso constituyente boliviano como escenario de disputas por la economía*

Processo constituinte boliviano como o ambiente no debate para a economia

Bolivian Constituent process as the environment in the debate for economy

Milena González Piñeros**

* El presente artículo es un avance de la investigación doctoral "Transformaciones en el mandato económico constitucional de Bolivia, Ecuador y Colombia: nuevos escenarios de reconstrucción social del derecho y la economía", desarrollada gracias a una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) (Argentina).

** Abogada, Especialista en Derechos Humanos con estudios en investigación social interdisciplinaria, y Magíster en Economía Social. Candidata al Doctora en Ciencia Política de la Universidad Nacional San Martín, Buenos Aires (Argentina). E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Resumen

Este artículo analiza el reciente proceso constituyente boliviano como un escenario de disputas sociales y políticas por el tipo de economía por plasmar en la Nueva Constitución. En la primera parte se hace referencia al entramado monocultural, colonial y excluyente que ha sostenido una forma de entender la economía, la cual ha estado respaldada por la Constitución en favor de un bloque específico de poder. En la segunda parte, el escenario constituyente se analiza como oportunidad histórica para debatir el sentido de la economía. Como resultado de esa disputa, surge el modelo económico nacional productivo dentro del texto constitucional.

Palabras clave: reforma constitucional, economía, Bolivia, bloques de poder.

Resumo

Este artigo analisa o recente processo constituinte boliviano como um cenário de disputas sociais e políticas pelo tipo de economia por plasmar na Nova Constituição. Na primeira parte é feita referência à redede monocultura, colonial e excludente que tem sustentado uma forma de entender a economia, a qual tem estado respaldada pela Constituição em favor de um bloco específico de poder. Na segunda parte, o cenário constituinte é analisado como oportunidade histórica para debater o sentido da economia. Como resultado dessa disputa, surge o modelo econômico nacional produtivo dentro do texto constitucional.

Palavras chave: reforma constitucional, economia, Bolívia, blocos de poder.

Abstract

The recent constituent Bolivian process is analyzed in the first section as the scene of social and political debate about the economic model to be embodied in the New Constitution. The first part refers to the monocultural, colonial and excluding framework that has maintained a form of understanding economy which has been supported by the Constitution, favoring a distinct power bloc. It is followed by the analysis of the constituent scene as a historical opportunity to debate the reason of the economy. this debate results in the productive economic national model declared in the text of the Constitution.

Key words: constitutional reform, economy, Bolivia, power blocs.

Introducción

Bolivia constituye, hoy por hoy, una de las realidades más complejas e interesantes por las profundas transformaciones que los movimientos sociales e indígenas han impulsado dentro de la sociedad y la política. Si bien las condiciones de posibilidad de estas transformaciones habían sido truncadas y aplazadas históricamente, en los últimos años han tenido a su favor una dinámica política en la cual los actores de estos movimientos sociales han entrado a participar. Una de las transformaciones propuestas, tal vez la más neurálgica, es la apuesta por una economía plural, entendida como la transición de un modelo económico basado en el capital, hacia un modelo de desarrollo económico y social basado en el vivir bien, que integra las "otras formas económicas" y devuelve al Estado su función reguladora. La propuesta de una economía plural es el resultado del proceso histórico de movilización social e indígena que logró incorporar esta transformación en el texto de la Constitución Política de Bolivia a partir de 2009, con lo cual se constituyó no sólo un programa de gobierno o una iniciativa popular coyuntural, sino también el núcleo fundamental de esta Constitución que hace de Bolivia un Estado pluricultural, plurinacional, plurilingüe y pluriorganizativo.

En este sentido, la economía plural puede ser entendida como una construcción social y política de los excluidos históricamente de los debates económicos, que transformaron el campo jurídico constitucional durante la Asamblea Nacional Constituyente. Esta economía plural puso en debate cuestiones que antes eran impensables: el lugar y el papel del Estado en la economía, la participación real de la economía popular en la economía nacional, las posibilidades concretas de la integración de los subsistemas económicos y su reconocimiento constitucional, la importancia de la filosofía del vivir bien practicada por los pueblos indígenas y campesinos en las cadenas económicas, la riqueza de la naturaleza y su protección. Dichas discusiones implicaron una reestructuración del escenario de relacionamiento entre el derecho, la economía y la sociedad boliviana: a partir de las demandas sociales e indígenas por la redefinición de una economía basada en el vivir bien, se reformó la Constitución con la inclusión de la economía plural como modelo económico para el país.

En este entramado se puede evidenciar la interrelación de tres esferas que constituyen la realidad boliviana: el derecho, la economía y la sociedad. Antes de la reforma constitucional, el modelo económico hegemónico liberal se impuso durante gran parte de la historia republicana contando con la legitimación de las constituciones modernas, en las cuales no hubo un lugar significativo para las demandas de los movimientos sociales e indígenas. Con la nueva Constitución, se impulsa un modelo económico y social plural basado en la economía del vivir bien que ha existido siempre en las prácticas económicas indígenas y en los sectores de la economía popular, pero que sólo como producto de las disputas en el campo jurídico de la reforma constitucional, hoy hace parte del texto constitucional. Este entramado y sus relacionamientos están inmersos en una lucha permanente por el poder, un campo de disputa entre los bloques históricos que tensionan el contenido de cada esfera, al punto de plantear la redefinición de la economía, el derecho y la sociedad en el escenario de la reforma constitucional.

Del entramado monocultural, colonialista y excluyente a la emancipación social e indígena

Durante el último proceso de reforma constitucional en Bolivia (2006-2009) se consolidó un escenario de emancipación social liderado por los movimientos sociales e indígenas, que entró en disputa con las posturas más tradicionales y conservadoras de la sociedad boliviana. El resultado de esta confrontación fue la resignificación de la economía y el derecho; dicha resignificación implicó una nueva estructura estatal con poderes, instituciones y normas que incluía la diversidad étnico-cultural y la pluralidad civilizatoria de los regímenes simbólico y técnico-procesual de la organización del mundo colectivo, es decir, un Estado multinacional y multicivilizatorio (Gutiérrezet ál., 2002).

Este proceso de disputa abarcó un cuestionamiento profundo de las raíces de la sociedad boliviana. Si bien, el entramado social, cultural, económico y jurídico que hasta 2006 sostenía al sistema económico hegemónico se fundamentó en la herencia de una estructura social colonial basada en la exclusión étnica¹, dicho entramado fue, además, legitimado por un marco político-jurídico de tipo liberal². Esto significa, en primer lugar, que la economía en Bolivia ha estado inserta en un ordenamiento social excluyente de larga duración (Rivera, 1984); en segundo lugar, que las constituciones políticas han jugado un papel de facilitación y legitimación de dicha exclusión, incluso como un enraizamiento moral y cultural sobre la economía que tendió a naturalizarse y, por ende, a hacerse inapelable (González, 1996); en tercer lugar, el modelo económico se ha definido bajo el criterio hegemónico capitalista, dejando de lado otras concepciones y otras formas económicas presentes en la heterogeneidad social boliviana (Patzi, 2009).

En el inicio republicano se fundan los cimientos de este entramado excluyente, a partir de la consolidación de los Estados modernos, que se valen de la constitución y las leyes para sostener esta aparente institucionalidad civilizadora:

[...] desde que la asamblea deliberante de 1825 y la constitución de 1826 otorgan derechos políticos y jurídicos a quienes posean una elevada renta, una profesión, sepan leer y escribir y no se hallen en relación de servidumbre, es claro quiénes han de ser interpelados como ciudadanos por el naciente Estado y quiénes no (García, 2008: 136).

En ese sentido, Beatriz González Stephan plantea que la función jurídico-política de las constituciones "apunta a la invención de la ciudadanía, en el sentido de un campo de identidad que debía construirse como espacio de elementos homogenizados para su gobierno más viable" (1996: 28), con lo cual se garantiza un ordenamiento social y de clase a partir de la producción de una norma que será el soporte de la economía.

Durante el siglo XX, el proyecto moderno de exclusión intensificó sus estrategias para sostener este entramado:

El auge de la economía boliviana se extendió hasta 1929, año de la explosión de la gran crisis económica internacional. Ese progreso excluyente y señorial, con una democracia restringida sólo a los alfabetos (16% de la población), fue administrado por los liberales y republicanos. El partido liberal administró el país los primeros veinte años, facilitando un creciente comercio exterior que ubicó al país en el noveno lugar del comercio por habitante de América en 1910. Los republicanos gobernaron la tercera década, ensayando algunos cambios mediante la presión fiscal, pero mantuvieron la esencia del liberalismo (Luna, 2002: 20).

Si hay algo que se torna constante en la historia boliviana, es que los pueblos indígenas han sido sometidos por un Estado republicano monocultural, colonialista y excluyente (Núñez, 2009: 89) que desconoce abiertamente la existencia de los indígenas, sobre todo de los aymaras, como otro pueblo, como otra nación:

[...] el indio sigue siendo el Otro, la otredad de la conquista, pero también de la Colonia; sólo que su figura ya no es tan abstracta, ambigua y borrosa. El indio es el Otro, sólo que dentro de las redes del sistema, dentro de los diagramas de fuerza colonial [...] El indio está en todas partes de las tierras conquistadas, es la aplastante población mayoritaria [...] El indio es el sustrato demográfico de las clases subalternas, incluso es el substrato social de la mestización, que se extiende a lo ancho del campo social, atravesando todos los estratos sociales (Gutiérrez et ál., 2000: 119).

Tanto la pervivencia histórica de las formas de exclusión colonial (Stefanoni, 2006), como la legitimación brindad a por un marco constitucional a una racionalidad económica instrumental, son condiciones que suscitan la negación y el ocultamiento de la diversidad boliviana, como característica esencial de lo que Zavaleta Mercado define como una formación social abigarrada³. Y es en este contexto abigarrado en el que emergen los pueblos indígenas junto con los movimientos sociales, para la construcción y la exigencia de una agenda de transformaciones cuya finalidad es la creación de otros futuros posibles que trasgredan el orden del derecho, la economía y la sociedad (De Souza, 2009). Esta agenda encuentra su punto de inflexión en la fuerza de los pueblos indígenas y en "las demandas y la capacidad de movilización socio-política de los movimientos sociales" (García, 2008: 15) que en 2000 y hasta 2005 encuentran una oportunidad política para visibilizarse en el escenario nacional.

Con la intensificación de protestas y movilizaciones, especialmente en El Alto, Cochabamba y el Chapare, por la exigibilidad de los derechos vinculados con las necesidades esenciales y la defensa de los recursos naturales, los movimientos sociales e indígenas se consolidaron en una multitud⁴ capaz de tejer redes de movilización colectiva al punto de disputar el poder con las clases tradicionales. De esta multitud participaron tanto las fuerzas sociales más tradicionales concentradas en el sector sindical (la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia) como los nuevos/antiguos⁵ actores de la escena política (la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, la Federación de Juntas Vecinales El Alto, la Coordinadora del Agua y el Gas, la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba), quienes impusieron gran parte del liderazgo y a partir de los cuales surgieron las propuestas de transformación, entre estas las concernientes a la economía plural con raíces profundas en la cosmovisión indígena:

[...] no había pasado eso desde 1899, en época de la guerra federal. Los indios nunca habían tenido tanta posibilidad de presión y de contra-poder como lo estamos viendo hoy [...] En Bolivia, es por demás evidente que pese a los profundos procesos de mestizaje cultural, aún no se ha podido construir la realidad de una comunidad nacional [...] es por demás claro que Bolivia es en rigor una coexistencia de varias nacionalidades y culturas regionales sobrepuestas o moderadamente articuladas (Prada et ál., 2005: 157).

Esta movilización de las estructuras sociales y políticas más antiguas en el país, con identidad campesina e indígena simultáneamente, donde lo indígena no sólo tiene una connotación étnico-cultural sino también nacional, indica que se está moviendo otra sociedad más que simplemente una parte de la sociedad (Gutiérrez, 2002); es el punto de encuentro y articulación donde surge la Asamblea⁶ Nacional Constituyente⁷ como escenario de debate y refundación de Bolivia, y como oportunidad para diseñar una forma de cogobierno multicultural. Esta movilización de la otra sociedad es una de las manifestaciones en donde lo social explotó a raíz de una crisis orgánica que produjo un desplazamiento entre sus diferentes niveles estructurales, incluido el sistema legal, con lo cual se convirtió en una posibilidad de cambio radical en la organización política y jurídica de la sociedad (Gramsci, 1931) que se llevaría a cabo con la reforma de la Constitución.

La explosión de lo social está vinculada directamente con la manifestación de la crisis orgánica en otros ámbitos, por ejemplo, con los nefastos resultados ocasionados por el orden económico: la economía boliviana optó por la implementación acelerada del modelo neoliberal en cabeza del bloque liberal conformado por cuatro grandes sectores: el sector petrolero controlado por la inversión extranjera⁸; el sector de la agroindustria dedicado a la producción de soja; el sector de la minería mediana con explotaciones en Potosí, La Paz y Oruro; y el sector de la banca privada (Banco de Crédito, Banco Nacional de Bolivia, Banco Mercantil). Entre 1985 y 2003, el bloque neoliberal de poder administraba anualmente 1.366 millones de dólares que representaban el 16% del flujo monetario anual (Vicepresidencia, 2008). Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 1998 la población en estado de pobreza alcanzaba 5 millones de personas, que representaban al 62% de la población total, 5 años después, la población empobrecida ya era de 5,8 millones de personas, y el porcentaje de pobreza era del 64,3%. La Cepal registró para 2002 las siguientes cifras:

Bolivia creció un 2,7% durante 2002, en un marco de limitado crecimiento de la demanda de los hogares, incertidumbre política y desaceleración de las exportaciones. Dicho crecimiento fue superior al de 2001 (1,6%), pero se mantuvo por debajo del 5% registrado en 1997 y 1998. En el primer trimestre de 2003, el PIB sólo creció 1,4%, lo que se atribuye al estancamiento del consumo de los hogares y a los disturbios sociales de febrero. Con el crecimiento observado se prolonga el período de cuatro años consecutivos sin mejoras en el PIB por habitante (Cepal, 2003: 151).

Es así como la crisis y sus manifestaciones en los diversos ámbitos tienen una vinculación estrecha con los pedidos sociales de reforma de la Constitución, lo cual coincide con la idea de Elster, quien señala que "casi siempre se escriben las nuevas constituciones después de una crisis o de circunstancias excepcionales de algún tipo [...]. Por mucho [...] el vínculo entre crisis y creación constitucional es muy fuerte" (1994: 370). Tanto las acciones políticas en las calles como el ejercicio electoral⁹ fueron estrategias definitivas para que los movimientos sociales e indígenas avivaran el desbordamiento democrático de la sociedad sobre las instituciones de exclusión y predominio prevalecientes, impulsando contundentemente la reforma de la Constitución de 1967 y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

La Asamblea Nacional Constituyente¹⁰ refuerza y consolida el espacio de deliberación que ya se había instalado. Su objetivo fundamental fue la reforma total de la Constitución y, de paso, consolidar la agenda debatida por los movimientos sociales e indígenas como el núcleo común intercultural sobre el que se refundaría el Estado, la economía y la sociedad. En concordancia con este mandato, la Asamblea Constituyente fue más que un acierto:

[...] ha sido concebida y convocada para crear un orden institucional que corresponda a la realidad de lo que somos. Hasta ahora, cada una de nuestras 17 o 18 constituciones solo ha tratado de imitar la última moda institucional -francesa, norteamericana, o europea-. Era evidente que no nos convenían, porque estas constituciones corresponden a otras sociedades. Somos indígenas y no indígenas, liberales y comunales, somos una sociedad profundamente diversa en lo regional e hibrida en términos de clases sociales. Así que tenemos que tener instituciones que nos permitan reconocer este pluralismo (Carlsen, 2007: 4).

Esta Asamblea contó con la legitimación electoral y popular más alta en la historia del país: el 84,51% de votantes (3.133.602 ciudadanos), razón por la cual se consolidó como uno de los hechos más importantes en la definición de la disputa por un Estado en transición que posibilitó un escenario propicio para el debate de alternativas que fueron incluidas en la Nueva Constitución de 2009, entre estas un nuevo modelo económico y social: la economía plural.

Disputa por el modelo económico: los bloques de poder y los resultados

La aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, mediante el mecanismo democrático del referendo popular en agosto de 2008, conjuró la pugna política y el clima de inestabilidad que rodeó a Bolivia durante ese periodo, demarcando un punto de bifurcación en la historia del país. Fue a partir de hechos electorales, hechos de fuerza social y hechos de consenso que se consolidó un "nuevo" sistema político y un "nuevo" orden simbólico estatal (García, 2008). En esa dirección, se hizo imprescindible una reforma económica que estuviera acorde con dichos cambios, y es así como el nuevo modelo económico nacional productivo se consolidó como la apuesta del país para iniciar un ciclo económico distinto.

En el proceso constituyente, la fuerza de la acción colectiva produjo las bases para la reconstitución de la política (Chávez y Mokrani, 2007), y de la política con la economía y la sociedad. De esta reconstitución surge el modelo económico nacional productivo, basado en cinco pilares fundamentales: la expansión del Estado nacional productor, la industrialización de los recursos naturales, la modernización y tecnificación de la mediana y pequeña producción urbana y rural, la satisfacción del mercado interno y las exportaciones y la redistribución de la riqueza (Vicepresidencia, 2008). Si bien este conjunto de principios está orientado hacia el objetivo común de "mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos" (artículo 306), es importante señalar que estos fundamentos corresponden a posturas e intereses contrapuestos de los actores sociales y políticos que confluyeron en la Asamblea Constituyente con la intención de que sus planteamientos sobre la forma de entender la economía quedaran incluidos dentro de la Nueva Constitución.

La discusión sobre el tipo de economía que orientaría al país fue abordada de manera transversal en toda la Asamblea Constituyente, sin embargo, la Comisión XIX¹¹ de Desarrollo Económico y Finanzas (Repac y Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2008) concentró los debates en torno a la modificación del contenido del régimen económico de la Constitución de 1967 y la elaboración del texto sobre la estructura y organización económica del Estado que haría parte de la Nueva Constitución (Comisión XIX, 2007). En la conformación de la Comisión XIX¹², si bien existía una representación de todos los sectores sociales¹³ como lo planteaba la ley, el debate se polarizó en dos bloques que proponían dos visiones sobre la economía, inicialmente irreconciliables. La novedad de esta coyuntura fue que el bloque social de poder nacional, conformado por los sectores sociales e indígenas en cabeza del Movimiento al Socialismo (MAS), contó con una ventaja comparativa al poder definir los marcos legales, políticos y de poder, los cuales históricamente habían favorecido al bloque neoliberal de poder.A continuación se presentan los puntos de vista fundamentales de cada uno de los bloques¹⁴, se trata de un análisis sobre las implicaciones de discutir la economía en el campo jurídico y los resultados que quedaron plasmados en el texto constitucional.

El bloque de poder liberal-neoliberal

Si bien este bloque había contado con un conjunto de prerrogativas basadas en el entramado monocultural, colonial y excluyente que estructuró las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales en Bolivia durante toda la República, en la Asamblea Constituyente y, en particular, en la Comisión XIX, ocupó el lugar de minoría frente al bloque social de poder.

Para el bloque liberal, el modelo económico adecuado para Bolivia estaba basado en una serie de principios que sostenían tanto la visión liberal tradicional con la garantía y protección de las libertades individuales y una marcada ausencia del Estado, como la inclusión de rasgos más vinculados con el pluralismo y lo social; esta variedad de principios refleja un cambio importante en las estrategias del liberalismo para acomodarse al nuevo escenario político latinoamericano. Tanto los principios tradicionales como los más contemporáneos conformaban la propuesta con la que este bloque quiso ocupar un lugar dentro de la Constitución y, con ello, mantener su lugar político; por tal razón, en el Informe de Minorías (Comisión XIX, 2007) se sintetizó de manera armonizada esa intención al plantear principios como:

• Una lógica pluralista como orientadora del orden económico "que consiste en el reconocimiento de diversas formas de propiedad individual y colectiva y diferentes formas de organización económica" (artículo 1).
• La concepción de desarrollo para mejorar la calidad de vida "a través de la industrialización para superar la dependencia de la exportación de materias primas y para lograr una economía de base ancha que permita el fortalecimiento del sistema democrático, la cohesión social y la consolidación del Estado Nacional" (artículo 2).
• Los objetivos prioritarios del modelo son:

[...] generación de riqueza, eliminación de la pobreza y la desigualdad, reducción de las desigualdades regionales, pleno empleo y trabajo digno para hombres y mujeres, impulso integral a los sectores productivos, sin discriminación de género, defensa de la consumidora y del consumidor, conservación del medio ambiente, Desarrollo Nacional Sostenible, exportación de productos terminados, prioridad a la productora y al productor nacional (artículo 3).

• El reconocimiento de las libertades económicas básicas: "[...] al trabajo digno de mujeres y hombres, a la iniciativa privada y libertad de empresa, a la asociación lícita para fines económicos, a la investigación e innovación" (artículo 4).
• La prohibición de monopolios "incluyendo la acumulación privada de poder económico que afecte la normal organización y funcionamiento del sistema democrático de la República" (artículo 5).
• El fomento de la libre competencia en la que "los medios de comunicación social, y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueda ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares" (artículo 6).
• La garantía de la deuda pública está en la cabeza del Estado que debe ser constitucional (artículo 7).
• La organización y funcionamiento de los medios institucionales en las que "podrán contar con la participación de representantes de los distintos actores económicos y sociales" (artículo 8).

Si bien, el bloque liberal podría ser un defensor a ultranza de la Constitución de la República de Bolivia (1967)¹⁵por considerar que hasta ahora había garantizado el cumplimiento de sus objetivos dentro de un marco legal e institucional, su actitud dentro del proceso constituyente fue estratégica en dos sentidos: por un lado, retomó los puntos esenciales del pensamiento liberal económico incluido en la Constitución de 1967¹⁶, tales como laindependencia y el desarrollo "mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano"¹⁷ (artículo 133), y laprohibición de monopolios privados (artículo 134). En ese sentido, propuso un reajuste de los principios clásicos en una idea minuciosa y detallada sobre el ordenamiento económico, organizada en treinta y dos artículos en los que se incluyen temas fundamentales: las funciones del Estado en la economía; el sistema de planificación e inversión; las políticas fiscal, financiera, monetaria y de control; toda esta propuesta con la clara orientación hacia una actuación acotada o nula del Estado como garantía de un funcionamiento eficaz de la economía.

Por otro lado, el bloque liberal tuvo un desempeño estratégico al plantear su postura sobre uno de los puntos neurálgicos propuestos por el bloque opositor acerca de la disyuntiva entre economía de mercado o economía social comunitaria; para este bloque dicha disyuntiva resulta ser un situación menor al catalogarla como de falsa o aparente disyuntiva, la cual fue solucionada en un acotado apartado en el que se explica que, debido a los grandes avances de la democracia, hoy existen todas las garantías de participación igualitaria hasta en los escenarios económicos, por lo que no es necesario tener una diferenciación entre los tipos de economías existentes. Adicionalmente, este bloque indica que al tener los destacados resultados en materias como crecimiento, eficiencia y desarrollo, el país debe fortalecer y apoyar más la economía que ha funcionado. En respuesta a esta forma de comprender la economía, el bloque social de poder¹⁸ propone una modificación radical de esta postura.

El bloque de poder social-comunitarista

El (re)surgimiento y consolidación del bloque social en Bolivia fue producto de la capacidad de emancipación social e indígena para incidir en las estructuras modernas y liberales del Estado, la Constitución y la Economía (De Souza, 2009). Este bloque de poder social, liderado por el MAS¹⁹, encontró en la Asamblea Constituyente las condiciones político-jurídicas²⁰ para poner en el debate la propuesta de la economía social comunitaria como alternativa posible a los modelos económicos tradicionales. Es así como el nacionalismo indigenista del MAS fue una síntesis tanto de las visiones y propuestas de los movimientos sociales e indígenas nacionales, como de las propuestas de refundación del país que implicaban una nueva constitución y la reversión del neoliberalismo (Grebe, 2009).

En esta dirección, la economía social comunitaria propuso cuatro grandes planteamientos²¹ que invitan a repensar el lugar de la economía en el desarrollo del país, y la importancia de la Constitución en relación con los temas económicos. Estos planteamientos se refieren a: 1) la economía social comunitaria como base de la organización económica del Estado, 2) la orientación del sector privado y el monopolio hacia el beneficio social, 3) el retorno a una función reguladora del Estado en la economía y 4) la fuerza creadora y ordenadora de la economía del vivir bien como trasfondo filosófico de la propuesta. De manera sintética, a continuación se describe cada uno.

En primer lugar, la economía social comunitaria como la base de la organización económica del Estado propone la inclusión formal de cuatro formas económicas dentro del sistema económico boliviano: la empresa pública; la empresa privada (pequeña, mediana y grande); las unidades y organizaciones económicas de producción, comercio y servicios, urbanas y rurales que funcionan con visión comunitaria; y las empresas de economía social (cooperativas). Si bien este aspecto es menor para el bloque liberal, para el bloque social es el punto central en el debate, ya que durante siglos el entramado colonial excluyente hegemonizó la economía alrededor del capitalismo, ocasionando una invisibilización de las otras economías²², tales como la doméstica, la campesina, la indígena, la informal, que habían existido en el plano real pero no habían logrado una formalización constitucional²³. En este sentido, se pueden identificar dos logros importantes, por un lado, haber instalado el debate sobre las otras formas de la economía y su valor real en la economía del país en pleno proceso de reforma constitucional, y, por otro, preparar el escenario de debate sobre la formulación de políticas públicas destinadas a fortalecer estas formas productivas en la dinámica del sistema productivo nacional.

En segundo lugar, la empresa privada es reconocida como parte de la economía del país y, por tal razón, su actividad estará enmarcada en una serie de condiciones que orienten su labor; por un lado, el aporte al desarrollo económico y social del país y al fortalecimiento de la independencia económica, y, por otra, la obligación de proteger el medio ambiente y generar trabajo digno. En ese mismo sentido, la prohibición de monopolio incluye una variación particular, la prohibición del acuerdo entre empresas "que perjudiquen al pequeño productor y al consumidor" (artículo 5) como una condición para evitar la competencia desleal. Tanto el papel de la empresa privada como la prohibición del monopolio, sufren un giro con respecto a su función tradicional (Goitia, 2006): ahora no son principios retóricos, tienen una intencionalidad política en medio de la correlación de fuerzas, relacionada con limitar la acción del capital, no para frenar el desarrollo, sino para incentivar una economía que estimule el funcionamiento dinámico de la economía pública en función de la economía del capital, y de éstas con la economía social comunitaria.

En tercer lugar, el rol regulador del Estado en la economía retoma un lugar central en la discusión, ya que el bloque de poder social cada vez tiene más argumentos, luego de los efectos de la última crisis financiera, para justificar la importancia de esta función en cada etapa del proceso productivo: en la planificación, con la creación de espacios de participación y consulta ciudadana; en la producción directa de bienes y servicios económicos y sociales; en la regulación que protege el medio ambiente; en el control de los sectores estratégicos de la economía; en la promoción de la integración de los sectores económicos; en la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables; en la promoción de políticas contra las desigualdades y otras formas de exclusión social y económica para erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones. Si bien esta es una de las funciones más contradictorias y a la vez definitivas para orientar el tipo de relaciones entre economía, Estado y sociedad, en Bolivia fue y sigue siendo uno de los temas vitales en las discusiones entre los bloques de poder, debido a lo que está en juego: el tipo de modelo económico. Si bien la economía boliviana ha estado en modelos similares como es el caso del nacionalismo de la década del cincuenta²⁴, esta propuesta intenta incrementar drásticamente los ingresos fiscales a partir de la recaudación de recursos provenientes de los hidrocarburos y de la minería²⁵, para sostener y consolidar las políticas sociales de redistribución iniciadas por el presidente Morales en 2006²⁶.

Finalmente, la economía del vvir bien (sumaq qamaña)²⁷ es uno de los aportes más significativos de los pueblos indígenas bolivianos en el proceso constituyente, ya que propone una reflexión crítica sobre el lugar de la economía en la estructuración de las relaciones sociales y de poder. Si bien el vivir bien es un principio de la cosmovisión indígena que ha sido utilizado a lo largo de la historia en todo tipo de prácticas económicas, no era conocido ni usado por la población mestiza o blanca, debido a las explicaciones modernas que negaron de tajo el valor del saber indígena. Por tal razón, esta forma de entender la economía implica la reconstrucción de la identidad cultural y de la herencia ancestral milenaria con la recuperación de los conocimientos y saberes antiguos, así mismo, implica una política de soberanía y dignidad nacional, una apertura a nuevas formas de relaciones de vida (ya no individualistas sino comunitarias), la recuperación del derecho de relación con la madre tierra y la sustitución de la acumulación ilimitada individual de capital por la recuperación integral del equilibrio y la armonía con la naturaleza (Huanacuni, 2010). En este sentido, la economía del vivir bien es una apuesta epistemológica y política del Sur (De Souza, 2010) basada en el pensamiento indígena y campesino, que incluye todas las formas de organización económica, con la importante misión de orientar la economía hacia la vida. Esta coexistencia de formas económicas es una manifestación del pluralismo económico, que constituye uno de los rasgos novedosos de los procesos constituyentes contemporáneos²⁸ en Latinoamérica.

El resultado de la disputa: un modelo económico nacional productivo

Hacia el final del mandato de la Asamblea y en vísperas de la aprobación del texto constitucional, Bolivia estuvo sumergida en un clima de violencia generalizada, manifestaciones en contra de los asambleístas, una masacre de campesinos en Pando, actos de desestabilización en contra del gobierno de Morales, cierre de las principales vías de acceso a las ciudades, incendios y destrucción de oficinas estatales²⁹. Éstos, entre otros hechos, avivaron las discusiones entre los dos bloques de poder ya no sólo dentro del recinto de la Asamblea Constituyente, sino en las calles (Prada, 2008). Y es en medio de esta alta conflictividad social y política que se logró llegar a un acuerdo sobre el texto de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009), y en este, sobre las bases del modelo económico nacional para los próximos años. Este "acuerdo" entre los bloques de poder social implicó tres posibles escenarios: el consenso definitivo, la articulación de propuestas o la imposición de una postura sobre las demás. El contenido del acuerdo entre bloques de poder expresado en el texto constitucional contiene las siguientes características:

• El modelo económico boliviano es plural, se orienta al mejoramiento de la calidad de vida y el vivir bien, donde el Estado tiene como valor máximo "al ser humano" y "el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo" (artículo 306).
• La organización económica comunitaria es entendida como "sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos" (artículo 307).
• La iniciativa privada, de la cual se espera que "contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país" (artículo 308).
• La economía estatal como otra forma de organización tiene objetivos: la administración de los recursos naturales y los servicios básicos de agua potable, la producción directa de bienes y servicios, la promoción de la democracia económica y la soberanía alimentaria y la garantía de la participación y el control social (artículo 309).
• El reconocimiento y protección de la forma cooperativa (artículo 310).
• La igualdad jurídica de las formas económicas (artículo 311, I).
• La economía plural en los siguientes aspectos: la dirección integral del desarrollo económico y la planificación en cabeza del Estado, la propiedad del pueblo de los recursos naturales administrados por el Estado, la garantía de la propiedad individual y colectiva sobre la tierra, la industrialización de los recursos naturales, la intervención del Estado en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, el respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica, la promoción de la economía comunitaria como alternativa solidaria en el área rural y urbana (artículo 311, II).
• El fortalecimiento de la soberanía alimentaria, la generación de trabajo digno y la protección del ambientecomo obligaciones de toda actividad económica (artículo 312).
• Los propósitos de la organización económica boliviana:

1) Generación del producto social. 2) La producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos. 3) La reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos. 4) La reducción de las desigualdades regionales. 5) El desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales. 6) La participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato productivo (artículo 313).

• La prohibición del monopolio y el oligopolio (artículo 314).
• El reconocimiento de la propiedad de las personas jurídicas (artículo 315).

Es importante señalar que el texto completo de la Nueva Constitución fue refrendado con la realización del referéndum constitucional dirimitorio³⁰ en enero 25 de 2009, el cual contó con la participación del 61,63% del padrón electoral. Si bien podría catalogarse como excesiva la legitimación por la vía electoral democrática del trabajo de la Asamblea Constituyente, ya que el texto gozaba de un estatus importante al ser producido durante el mandato legal, fue una jugada política del gobierno de Morales llamar a las urnas para relegitimar el trabajo de la Asamblea en vista de las grandes fragmentaciones y polarizaciones de la sociedad boliviana, y como estrategia para medir de nuevo las fuerzas sociales luego de ese espinoso proceso constitucional.

A manera de conclusión

En clave histórica, se puede plantear que la Constitución de 1967 cerró el periodo nacionalista caracterizado por un marcado constitucionalismo social y un capitalismo de Estado (Rivera, 2005), que sumado a la consolidación y crisis del modelo neoliberal, impulsó una alta movilización social (de élite y popular) para reformar la Constitución en función de los cambios económicos. En este sentido, los cuatros principios estipulados en la Constitución de 1967 resultaron insuficientes para responder a la dinámica desarrollada en cuatro décadas, lo que implicó una necesaria ampliación en los principios económicos: la definición del modelo económico, así como su finalidad y objetivos, el reconocimiento del subsistema comunitario/popular como complemento de los subsistemas estatal y de capital. Adicionalmente, otro cambio importante en esta trayectoria fue el paso de lo económico como régimen especial a la economía como parte fundamental de la Constitución, resaltando la centralidad y el liderazgo que ésta imprime sobre las demás dimensiones de la realidad.

Las posturas de los bloques sociales de poder en confrontación están claramente definidas. Por un lado, con un giro a la izquierda, el bloque social de poder está orientado a la reivindicación de un modelo económico comunitarista desarrollado en pocos artículos, que requiere de un marco ideológico indígena y popular para ser comprendido; si bien la propuesta de la economía social comunitaria se mantiene dentro de los lineamientos modernos del derecho constitucional como una garantía para ser discutida dentro del campo jurídico, los contenidos de la propuesta son fisuras por donde se encara la ruptura de los clivajes liberales modernos que han legitimado un solo modelo económico. De otra parte, el bloque de poder liberal, en su posición como minoría, propone un marco muy interesante, ya que conjuga planteamientos innovadores como el pluralismo, el mejoramiento de la calidad de vida, la eliminación de la pobreza y la desigualdad, la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de los consumidores, temas muy acordes con las demandas sociales actuales, pero que tienen la pretensión de dar un giro más humano al capitalismo; para tal fin, promueve y defiende la democracia y la institucionalidad como medios para lograr su objetivo.

Entre la Constitución de 1967 y la Constitución de 2009 se puede dibujar un recorrido de larga duración por el conjunto de cambios propuestos como un marco de pensamiento y acción que está acorde con las características de este tiempo de transiciones; en este sentido, la Nueva Constitución de Bolivia se constituye en un producto social que responde a las transiciones que le impone la historia nacional y global. Grandes retos como la pluridiversidad, la plurinacionalidad, el vivir bien, el pluralismo hacen parte de las características del nuevo constitucionalismo latinoamericano, las cuales requerirán de un diseño institucional adecuado, a través de políticas públicas, para cumplir con su finalidad.

Notas

1 Bolivia es un país mayoritariamente indígena, en el que existen 37 culturas distintas: tres grandes y 34 pequeñas. Los mestizos constituyen el 38%; los aymaras, el 25%; los quechuas, el 30%; y los pueblos indígenas del Oriente y Chaco, el 7%. (INE, Censo 2001).

2 La primera Constitución de Bolivia data de 1826, durante este siglo aparecen nueve constituciones más (1831, 1834, 1839, 1843, 1851, 1861, 1868, 1871 y 1878). A partir de la Constitución de 1890, se inicia un periodo de estabilidad, ya que esta Constitución se muestra como el eje de la organización política boliviana, la cual ha sido modificada parcialmente pero mantiene su estructura básica (1938, 1945, 1947 y 1961).

3 "La formación social abigarrada se caracteriza, entonces, por contener tiempos históricos diversos, de lo cual una expresión más particular es la coexistencia de varios modos de producción; la existencia de formas políticas de matriz diversa o heterogénea, que se expresa en la existencia de un conjunto de estructuras locales de autoridad diversas entre sí y un Estado más o menos moderno y nacional, pero que no mantiene relaciones de organicidad con las anteriores y, en consecuencia, es un Estado más o menos aparente" (Tapia, 2002: 10).

4 "Creo que el gran desafío del laboratorioboliviano es crear una multitud capaz de tomar decisiones políticas como un actor autónomo, el de inventar una forma de gobernar en la que la multitud tenga el poder de su autodeterminación y el de crear un proceso constituyente multitudinario. Ese es el ambicioso papel de Bolivia en el mundo hoy" (Hardt, 2010: 74).

5 Si bien el accionar político de los pueblos indígenas, así como el de las organizaciones de vecinos, es presentado en Bolivia como novedoso debido al impacto cultural y mediático que han logrado tener, en especial durante el proceso constituyente, es necesario notar que en realidad se trata de fuerzas sociales de una larga historia y trayectoria. Al respecto, véase Rivera (1984).

6 Según Barragán (2006) en la historia de Bolivia, del conjunto de asambleas para el siglo XIX, doce fueron constituyentes: tres congresos constituyentes (1834, 1839 y 1848), tres convenciones nacionales (1843, 1851, 1880-1881) y seis asambleas constituyentes (1826, 1831, 1861, 1868, 1872, 1877-1878). Mientras que en el siglo XX se tuvieron cinco convenciones nacionales (1900, 1920-1921, 1938, 1944, 1945) y dos asambleas constituyentes (1956-1957, 1966-1967).

7 En 2004, el Parlamento Nacional sancionó la "Ley No. 2631 de Reforma Constitucional con el fin de derogar la Constitución de 1967" y convocar la Asamblea Constituyente.

8 El sector petrolero estaba controlado por Repsol YPF, BG Group, Petrobras, YPFB Chaco S.A. El sector sojero fue conformado por las industrias de aceite FINO S.A., ADM SAO S.A., así como medianos y grandes productores nacionales y extranjeros.

9 Para el vicepresidente de Bolivia, el ascenso electoral de las izquierdas nacional-indígenas (Movimiento Indígena Pachakuti) y popular-mestizas (Movimientos al Socialismo) se convirtieron en el capital de movilización de los sindicatos y comunidades, en capital político electoral de autorepresentación indígena, como efecto diferido de la renovación democrática de los espacios, los discursos, las instituciones, los capitales y los sujetos de la política en la Bolivia actual.

10 Apenas en 2004 la Asamblea Nacional Constituyente fue reconocida como mecanismo legal para la reforma de la Constitución en Bolivia, ya que anteriormente era la declaración de necesidad de la reforma ante las cámaras y se diera trámite de ley ordinaria (Constitución de 1967, artículo 230).

11 La Comisión XIX está integrada por quince miembros: Teodora Tapia Aruni (presidenta), Emilio Gutiérrez Colque (vicepresidente), Angélica Siles Parrado (1ra Subcomisión), Franz Choque Ulloa (2da Subcomisión), Andrés Zeballos Chocomani (3ra Subcomisión), Enrique Quiroz Escobar, Wilder Vaca Cuellar, Nilda Copa Condori, Simona Garzón de Antezana, Guisel Zárate Gumiel, Dora Arteaga Alanoca, Ana Núñez Durán, Samuel Doria Medina, Juan Carlos Aranda Crespo, Miguel Ojopi Sosa.

12 De la composición total de la Asamblea Constituyente (255 miembros), 137 (53%) pertenecen al Movimiento al Socialismo MAS (partido del gobierno) y 60 (23%) pertenecen a Podemos (partido de la oposición). Esta proporción fue mantenida en las comisiones.

13 Aunque la Ley Especial de Convocatoria de la Asamblea Constituyente, No. 3364 de marzo 6 de 2006 intentó proponer una participación amplia e incluyente como el reconocimiento de la equidad de género, fue muy cuestionada por mantener los criterios de las normas electorales tradicionales, basados en los partidos electorales, las circunscripciones y el sufragio.

14 El Reglamento General de la Asamblea Constituyente (2006) prevé varias fases de debate dentro de cada comisión y en las audiencias generales; para la discusión en dichos escenarios se prevén dos informes: el de mayorías y el de minorías, los cuales son sometidos al debate y posterior votación. En caso de que no haya consenso, se convoca un comité de concordancia y redacción final del texto (artículos 25 y 26).

15 El texto de la Constitución promulgada el 2 de febrero de 1967 durante la presidencia de René Barrientos Ortuño mantuvo, en términos generales, el contenido de la Constitución de 1961; una de las reformas más significativas fue la inclusión del artículo 133 sobre la independencia nacional (Goitia, 2006: 252).

16 Gargarella (2005) en su estudio sobre el constitucionalismo menciona que los planteamientos liberales con estas características han estado presentes a lo largo de las constituciones postindependentistas de América Latina, por ejemplo, en Perú, con José Simeón Tejada; en Bolivia, con el general Linares; en Argentina, con Alberdi.

17 Para autores como Asbun Rojas (citado por Ciro Félix Trigo) existe una disyuntiva sobre el carácter del Estado y su relación con la economía. Si bien este artículo, de influencia nacional socialista, antepone la soberanía del Estado al bienestar de la ciudadanía, está fuera de contexto y apunta en dirección contraria al principio de la Justicia social. Estado de derecho versus Estado social y democrático de derecho.

18 Es interesante anotar que entre los proyectos de minorías y mayorías, varios temas fueron aprobados por consenso: "Integración económica, turismo, micro y pequeñas unidades productivas, fomento a la producción nacional, cooperativas, trabajadores por cuenta propia, Bolivia productiva e industrial, reconocimiento al trabajador del hogar, promoción de formas asociativas y empresas mixtas" (Comisión XIX, 2006: 4).

19 Dentro de la dinámica social organizativa en Bolivia, el MAS rebasó el concepto tradicional de partido político, al ser considerado un instrumento político que se encargaría de visibilizar en la arena electoral las pretensiones del movimiento social e indígena.

20 De los quince integrantes de la Comisión XIX, este proyecto de informe fue avalado por nueve miembros del MAS.

21 Esta síntesis está basada en el Informe de Mayorías presentado en la Comisión XIX. Los artículos citados corresponden a la numeración interna del informe presentado.

22 Sobre la definición teórica de las otraseconomías, existen diversas posturas al respecto, tanto en Europa como en América Latina: economía social y del trabajo (Coraggio), economía social y solidaria (Defourny), economía solidaria (Singer).

23 Polanyi plantea una crítica sobre la visión moderna de la economía centrada en el mercado, la cual es propia del siglo XVIII: ha generalizado la idea de economización como la definición formal e institucional de la economía, dejando fuera toda la economía real (Polanyi, 2007).

24 Durante la Presidencia de Víctor Paz Estenssor se profundiza el constitucionalismo social con medidas como la redistribución de la tierra a través del a reforma agraria, la nacionalización de la minería, la regulación de la explotación de los recursos naturales, la reforma educativa y el régimen de seguridad social (Goitia, 2006).

25 Las reservas internacionales han aumentado desde 1.000 millones de dólares en 2003 a 7.700 millones de dólares a fines de 2008.

26 Entre los programas sociales de este gobierno se destacan: la Renta Dignidad para la tercera edad, por un monto anual de 340 dólares para cada beneficiario; el Bono Juancito Pinto para los niños en edad escolar, por un monto de 29 dólares al año; y el Bono Madre Niño Niña para las mujeres embarazadas y sus hijos menores de dos años, por un monto de 257 dólares pagadero en un lapso de dos años y nueve meses.

27 El vivir bien es considerado uno de los fundamentos del Plan Nacional de Desarrollo: "La concepción del vivir bien es propio de las culturas originarias o indígenas del país. El vivir bien expresa el encuentro entre pueblos y comunidades, respeta la diversidad e identidad cultural. Significa 'vivir bien entre nosotros', es una convivencia comunitaria con interculturalidad y sin asimetrías de poder, 'no se puede vivir bien si los demás viven mal'. Se trata de vivir como parte de la comunidad con protección de ésta, en armonía con la naturaleza, 'vivir en equilibrio con lo que nos rodea', también significa 'vivir bien contigo y conmigo', que es diferente del 'vivir mejor' occidental, que es individual, separado de los demás e inclusive a espaldas de los demás y separado de la naturaleza" (Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien" 2006-2010).

28 En ese sentido, Viciano y Martínez (2010) encuentran que los rasgos del nuevo constitucionalismo están vinculados con el real control del poder ciudadano y la pregunta por la desigualdad social.

29 La alianza cívico-prefectural realizó acciones de oposición en todo el territorio de la Media Luna por el tema de las autonomías. Las juventudes cruceñistas lideraron acciones como protestas en las calles, incendios de instalaciones oficiales, insultos públicos contra los miembros del MAS. En El Porvenir (Pando) se registró una masacre de aproximadamente veinte campesinos, la cual presenta claros indicios de ser una acción fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales (Unasur, 2008).

30 El referéndum contenía dos preguntas. La relacionada con la Constitución interrogaba: "¿Usted está de acuerdo con refrendar el texto del proyecto de Constitución Política del Estado presentado por la Asamblea Constituyente, y ajustado por la Comisión Especial de Concertación del H. Congreso Nacional, que incluye los consensos logrados en el diálogo entre el Gobierno Nacional por los Prefectos y Representantes Municipales sobre autonomías, incorporando el resultado de la consulta sobre el artículo 398 a ser resuelto en este mismo referéndum, y que la misma sea promulgada y puesta en vigencia como nueva Ley Fundamental del Estado Boliviano?"

Referencias bibliográficas

1. ASAMBLEA Constituyente de Bolivia, 2006, Reglamento general, Sucre.
2. ________, 2007, Nueva Constitución Política del Estado, Oruro.
3. AYO, Diego y Gustavo Bonifaz, 2007, Asamblea constituyente: ¿hegemonía indígena o interculturalidad?, La Paz, FES-Ildis.
4. BARRAGÁN, Rossana, 2006, Asambleas constituyentes. Ciudadanía y elecciones, convenciones y debates, Bolivia, Muela del Diablo.
5. BOLIVIA. Congreso de la República, 1967, Constitución de la República de Bolivia.
6. ________, 2004, Ley No. 2631 de Reforma Constitucional.
7. ________, 2009, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
8. CARLSEN, Laura, 2007, "An Interview with Álvaro García Linera, Vice President of Bolivia. Bolivia-Coming to Terms with Diversity", noviembre 30, disponible en: <http://www.latinlasnet.org/node/147>.
9. COMISIÓN Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2003, Estudio económico de América Latina y del Caribe 2002-2003, Santiago de Chile, Cepal.
10. COMISIÓN XIX de Desarrollo Económico y Finanzas -Asamblea Constituyente de Bolivia, 2007, Informe final, Sucre, Asamblea Constituyente de Bolivia.
11. CHÁVEZ, Patricia y Dunia Mokrani, 2007, "Los movimientos sociales en la Asamblea Constituyente", en:OSAL, Año VIII, No. 22, septiembre, Buenos Aires, Clacso.
12. DE SOUZA, Boaventura, 2009, Sociología jurídica crítica para un nuevo sentido común del derecho, Bogotá, Trotta.
13. ________, 2010, Refundación del Estado en América Latina, Bogotá, Siglo del Hombre.
14. ELSTER, Jon, 1994, The Impact of Constitutions on Economic Performance, Washington, Banco Mundial.
15. GARCÍA, Álvaro, 2007, "An Interview with Álvaro García Linera, Vice President of Bolivia. Bolivia-Coming to Terms with Diversity", en:America's Program, noviembre 16, disponible en: <www.americaspolicy.org>.
16. ________, 2008, La potencia plebeya, Bolivia, Muela del Diablo/Comuna/Clacso.
17. ________, 2009, Forma valor y forma comunidad, Bolivia, Muela del Diablo/Comuna/Clacso.
18. GARGARELLA, Roberto, 2005, Los fundamentos legales de la desigualdad. El constitucionalismo en América (1776-1860), Buenos Aires, Siglo XXI.
19. GARGARELLA, Roberto y Christian Courtis, 2010, El nuevo constitucionalismo latinoamericano, Santiago de Chile, Cepal/Asdi.
20. GOITIA, Carlos, 2006, Constitución, Estado y economía, La Paz, Azul.
21. GONZÁLEZ, Milena, Leticia Bizarro y Mariana Moricz, 2009, "Los procesos de las Asambleas Constituyentes de Bolivia, Ecuador y Venezuela: la institucionalización de otros paradigmas", en:Otra Economía, Vol. III, No. 4, Buenos Aires, Riless, pp. 155-176.
22. GONZÁLEZ, Beatriz, 1996, "Economías fundacionales. Diseño del cuerpo ciudadano", en: Beatriz González (comp.), Cultura y Tercer Mundo, Caracas, Nueva Sociedad.
23. GRAMSCI, Antonio, 1931, "Espontaneidad y dirección consciente", en:Marxists Internet Archive, disponible en: <http://www.marxists.org/espanol/gramsci/gra1931.htm>.
24. GREBE, Horst, 2009, "Estado y mercado en Bolivia: una relación pendular", en:Nueva Sociedad, No. 21, Fundación Friedrich Ebert, mayo-junio, pp. 137-150.
25. GREBE, Horstet ál., 2007, Contrapuntos al debate constituyente, La Paz, Plural.
26. GUTIÉRREZ, Raquelet ál., 2000, El retorno de la Bolivia plebeya, La Paz, Comuna/Muela del Diablo.
27. GUTIÉRREZ, Raquelet ál., 2002, Democratizaciones plebeyas, La Paz, Comuna/Muela del Diablo.
28. HARDT, Michael, 2010, "Política y multitud", en:I Ciclo de Seminarios Internacionales: Pensado el Mundo desde Bolivia, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
29. HUANACUNI, Fernando, 2010, Vivir bien/buen vivir. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas, Lima, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.
30. INSTITUTO Nacional de Estadísticas (INE), 2001, Censo 2001, Bolivia, INE.
31. LUNA, Guido, 2002, La economía boliviana del siglo XX, La Paz, Plural/Instituto de Investigaciones Económicas.
32. MAMANI, Pablo, 2005, Geopolíticas indígenas, El Alto, Cades.
33. NÚÑEZ, José, 2009, Economías indígenas, La Paz, Presencia.
34. PATZI, Félix, 2009, Sistema comunal, Bolivia, Vicuña.
35. POLANYI, Karl, 2007, La gran transformación, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
36. PRADA, Raúl, 2008, "Análisis de la nueva Constitución Política del Estado", en:Crítica y Emancipación: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Año 1, No. 1, Buenos Aires, Clacso.
37. PRADA, Raúlet ál., 2005, Horizontes y límites del Estado y el poder, La Paz, Comuna/Muela del Diablo.
38. PRISMA, Grupo de Trabajo, 2007, Regímenes económico, social y territorial, La Paz, Plural.
39. REPRESENTACIÓN Presidencial para la Asamblea Constituyente (Repac) y Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2009, Memoria institucional 2006-2009, La Paz, Repac/ Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
40. RIVERA, José, 2005, El proceso constituyente en Bolivia, Cochabamba, Grupo Kipus.
41. RIVERA, Silvia, 1984, Oprimidos pero no vencidos, La Paz, Hisbol/CUSTB.
42. STEFANONI, Pablo, 2006, "Bolivia: el nacionalismo indígena como identidad nacional", disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/levy/11stef.pdf>.
43. TAPIA, Luis, 2002, La condición multisocietal-multicultural, pluralismo, modernidad, La Paz, Cides-UMSA/Muela del Diablo.
44. TARROW, Sidney, 2004, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza.
45. UNASUR, 2008, Informe de la Comisión de Unasur sobre los sucesos de Pando, s/d.
46. . VICEPRESIDENCIA del Estado Plurinacional de Bolivia, 2008, "El nuevo modelo económico nacional productivo", en:Revista de Análisis. Reflexiones sobre la Coyuntura, Año 2, No. 2, Bolivia, Vicepresidencia de la República de Bolivia.
47. VICIANO, Roberto y Rubén Martínez, 2010, "Aspectos generales del nuevo constitucionalismo latinoamericano", en: Corte Constitucional de Ecuador para el Período de Transición, El nuevo constitucionalismo en América Latina. Corte Constitucional del Ecuador para el período de transición, Quito, Corte Constitucional del Ecuador.
48. ZAVALETA, René, 1986, Lo nacional-popular en Bolivia, México, Siglo XXI.
49. ZEGADA, María, 2010, "Elementos para pensar la reconfiguración del campo político boliviano", Crítica y Emancipación, No. 3, Buenos Aires, Clacso, pp. 370-321.

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Última actualización en 14 Septiembre 2016

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Memorias del trabajo ante los procesos de privatización en Argentina*

Memórias de trabalho nos processos de privatização da Argentina

Labor memories in the Argentinean privatization processes

Hernán Palermo**
Cynthia Rivero***

* Una versión preliminar de este artículo fue presentada como ponencia en la 27ª Reunión Brasileña de Antropología (RBA). Asimismo, este trabajo se enmarca en las líneas de investigación que se desarrollan de forma articulada desde el Ceil-Piette del Conicet de Argentina y la Universidad de Buenos Aires.

** Doctor en Ciencias Antropológicas. Investigador del Ceil-Piette del Conicet. Docente-investigador de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Forma parte del Grupo de Antropología del Trabajo (GAT) de la misma Facultad. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

*** Licenciada en Ciencias Antropológicas. Coordinadora del área Calidad de Vida en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Docente-investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Forma parte del Grupo de Antropología del Trabajo (GAT) de la misma Facultad. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Resumen

El objetivo del artículo es analizar de qué modo los procesos de privatización en Argentina implicaron la desestructuración de un orden sociolaboral y simbólico, que organizaba la vida de dos colectivos de trabajadores vinculados con la extracción de petróleo y la producción de acero. Realiza una reflexión sobre los sentidos y valores que se diputan en los procesos de construcción de la memoria, rastreando continuidades y rupturas. Como común denominador encuentra que el proceso privatizador, así como la conversión de los trabajadores en emprendedores, representa un punto de ruptura que dificulta y complejiza la transmisión de la experiencia.

Palabras clave: procesos privatizadores, trabajo, trabajadores, disputas de memorias, petroleros, siderúrgicos.

Resumo

O objetivo do artigo é analisar de que modo os processos de privatização na Argentina implicaram a desestruturação de uma ordem social trabalhista e simbólica, que organizava a vida de dois coletivos de trabalhadores vinculados com a extração de petróleo e a produção de aço. Realiza uma reflexão sobre os sentidos e valores que se disputam nos processos de construção da memória, rastreando continuidades e rupturas. Como denominador comum encontra que o processo privatizador, assim como a conversão dos trabalhadores em empreendedores, representa um ponto de ruptura que dificulta e torna complexa a transmissão da experiência.

Palavras chave: processos privatizadores, trabalho, trabalhadores, disputas de memórias, petroleiros, siderúrgicos.

Abstract

This article is directed to analyze the way in which the privatization processes in Argentina led to the des-structuring of a socio-laboring and symbolic order that used to organize the life of two worker collectives linked to the oil extraction and steel production. it also thinks over the meanings and values struggling into the process of construing memory, tracking continuities and ruptures. it was found that the privatization process as well as turning workers into entrepreneurs represents a rupture point that makes it difficult and more complex to broadcast the experience.

Key words: privatization processes, labor, workers, memory disputes, oil workers, iron and steel workers.

Introducción

En Argentina, la denominada Reforma del Estado acontecida durante los años noventa, dinamizó una serie de políticas de carácter neoliberal¹, las cuales iniciaron una metamorfosis de las formas de organización del trabajo, signada por la precarización y la tercerización laboral (Figari y Palermo, 2008), la desocupación y la reconversión del rol de los sindicatos, que retrocedieron sobre derechos históricamente adquiridos por los trabajadores. Los cambios en el modelo de acumulación capitalista implicaron también profundas modificaciones en las estructuras productivas nacionales y en la distribución de la riqueza, aumentando exponencialmente la desigualdad social y, con ello, la precarización de las condiciones de vida. En tal sentido, la política de privatización que ejecutó el gobierno de Carlos Menem² durante la primera parte de la década del noventa, fue posible, entre otras razones, por la disgregación social y el debilitamiento de la organización sindical producidos durante la última dictadura militar a mediados de los años setenta.

Las medidas económicas impuestas por los funcionarios de dicha dictadura generaron una fuerte caída en el salario real, lo que afectó de manera negativa el nivel de vida que habían alcanzado los trabajadores asalariados. Numerosos empresarios en complicidad y organicidad con las fuerzas armadas dictatoriales y en algunos casos también con las cúpulas sindicales, arremetieron contra los derechos históricamente adquiridos por los trabajadores. En este sentido, Victoria Basualdo afirma que

[...] la política de desindustrialización que constituyó la contracara de la valorización financiera, no fue consecuencia de una crisis endógena del sector industrial. Por el contrario la industria evidenció un crecimiento continuo entre 1964 y 1974, que fue brutalmente interrumpido mediante un cambio radical en la política económica. El golpe militar implicó, desde esta perspectiva, una revancha clasista a favor del capital y en contra de la clase obrera (2006: 21).

De este modo, la desaparición sistemática de activistas y militantes sindicales, políticos y sociales, comisiones internas y cuerpos de delegados provocaron un acallamiento de las acciones de protesta y resistencia en un contexto en el que era prioritario para algunos sectores del poder económico generar mecanismos para la reestructuración del modelo de dominación. La persecución y desaparición de los sectores populares, así como la desindustrialización, constituyeron las dos caras de una misma moneda.

Esta perspectiva nos permite establecer líneas de continuidad entre los efectos que ocasionó la política económica y represiva de la dictadura sobre la organización de los trabajadores, y las condiciones creadas para la instalación extendida de la flexibilidad y la precariedad, que prevalecen actualmente como atributos característicos en la condición de vida de gran parte de la clase trabajadora.

El terror y persecución de los sectores populares, junto con la desindustrialización implementada por la dictadura, el terror económico aplicado por el proceso hiperinfacionario³ de los ochenta, elaboraron las bases para que las políticas neoliberales se consolidaran en los noventa y generaran la ficción de que se avanzaba hacia el capitalismo del "primer mundo". En tal sentido, consideramos necesario analizar a partir de las narraciones de los trabajadores cómo se desarrollaron los procesos sociales que condujeron a la construcción de diversas memorias como colectivos de trabajo estatales, y qué marcas o huellas imprimió sobre ésta la pérdida traumática del trabajo.

En este artículo, nos proponemos analizar las experiencias de dos colectivos de trabajo, durante el proceso de privatización de empresas públicas en Argentina: por un lado, los trabajadores siderúrgicos de la exempresa estatal Somisa (Sociedad Mixta de Siderurgia Argentina) en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, y los trabajadores petroleros de la exempresa estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) emplazada a lo largo y ancho del país. Ambos colectivos de trabajo reivindican su experiencia en la fábrica e identifican el proceso de privatización como evento traumático que transformó profundamente las condiciones de existencia. En esa vía, es de nuestro interés indagar, desde una perspectiva etnográfica, acerca de los sentidos que se disputan en los procesos de construcción de las memorias, para explorar las continuidades y rupturas que se establecen en el devenir de la experiencia de los trabajadores.

Sabemos que si bien las memorias se despliegan en un tiempo presente, necesariamente evocan un pasado. Por ello, la pregunta acerca de los procesos sociales de construcción de las memorias estará orientada a explorar las relaciones que se establecen entre el devenir de los acontecimientos políticos y económicos que atravesaron la vida de ciertos grupos de trabajadores, y la configuración de sus memorias e identidades a partir de los sentidos otorgados al pasado.

Con el objetivo de investigar este proceso hemos definido el concepto de memoria como un entramado intersubjetivo complejo, selectivo y con una temporalidad propia, que se sitúa en el presente, para comprender el pasado de los procesos sociales que han intervenido en su construcción. Así, Henry Rousso afirma que "la memoria humana no es acumulativa, recordar es siempre olvidar algo, es desplazar la mirada retrospectiva y recomponer un paisaje distinto del pasado" (2002: 88).

Retomando esta perspectiva, afirmamos que la memoria puede ser imaginada como un rompecabezas incompleto por definición, cuyos fragmentos se componen en la certeza de que las figuras creadas son siempre contingentes pero necesarias. Esas contingencias se definen en coyunturas políticas e históricas específicas que no obstante requieren de la articulación de un grupo social, en nuestro caso los colectivos de extrabajadores de YPF y Somisa. Sin ellos, sin sus recuerdos y olvidos, sería imposible intentar pensar y combinar los variados fragmentos que componen esas memorias. No obstante, es preciso destacar que si bien cada grupo social reconoce una memoria común que lo constituye como tal, y a su vez es condición de posibilidad en la reconstrucción del recuerdo, esta memoria no existe como un objeto abstracto, singular y exterior por encima del recuerdo, sino que, dadas ciertas relaciones intersubjetivas, se entraman memorias múltiples y relativas al posicionamiento ideológico y a los intereses de quienes las han constituido. Tal como sostiene Schmückler,

[...] cada grupo se reconoce con sus propias memorias, pero no hay una memoria que nos espere fuera de nuestra propia historia, de nuestra propia voluntad, de nuestras propias convicciones, anunciando su verdad; sino que hay "memorias", porque los distintos grupos tienen distintas memorias (2007: 3).

Por último, nos interesa analizar cuáles son las memorias que se disputan en un escenario marcado por un diagnóstico neoliberal que pone énfasis en la categoría del trabajador como "emprendedor" en detrimento del trabajador como "productor". Dado que hemos podido rastrear a través de los discursos que esgrimían diversos sectores político-gubernamentales, comunicacionales, empresariales, etcétera, un desplazamiento de sentido que afirmaba la necesidad, y por qué no, la ventaja de convertir al trabajador en un "emprendedor". Por tal razón, nos preguntamos qué significa pensar un sujeto como "productor", y qué significa pensar un sujeto como "emprendedor", en términos de otorgar legitimidad a un proceso privatizador que articuló una compleja vinculación entre memoria, experiencia y trabajo.

Estatalidad y nacionalismo: las experiencias de los colectivos de trabajo de YPF y Somisa

La promoción e instalación de empresas estatales en Argentina marcó intensamente las experiencias de gran parte de la clase trabajadora Argentina. Tal es el caso de los colectivos de trabajo en YPF y Somisa, dos empresas estatales de producción estratégica para el desarrollo y crecimiento del sector industrial. La primera dedicada a la explotación petrolera, y dada la particularidad de la industria, localizada en toda la extensión del territorio argentino, de norte a sur, de este a oeste. Mientras que la segunda se concentra en una sola localidad, focalizada en la producción siderúrgica.

YPF fue creada el 19 de octubre de 1922 por el general Enrique Mosconi, quien fundó la primera empresa estatal de exploración y producción de petróleo en América Latina. Detrás de la idea de un Estado "empresario", que debía actuar como propietario, operador y regulador del sistema energético, se encontraba una facción del Ejército que tenía una fuerte vocación industrialista y nacionalista (Rouquié, 1986; Potash, 1985). Esta facción manifestó la fragilidad Argentina ante una potencial situación de guerra, particularmente contra Brasil y Chile, pugnando por la creación de industrias estratégicas que asegurasen la autonomía en la defensa nacional. Bajo esa misma perspectiva, en 1947 se decide impulsar la construcción de Somisa en la localidad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. La ley que posibilitó la creación de la siderúrgica llevó el nombre de "Ley Savio"⁴ en honor al general Manuel Nicolás Savio, quien dedicó gran parte de su vida a la instalación de Somisa y su constante expansión. El general Savio fue el heredero y continuador de las tesis esgrimidas y materializadas por las facciones del Ejército que representó el general Enrique Mosconi para transformar una economía nacional agropastoril exportadora en otra que tuviera a las industrias de base como motor del crecimiento.

Para los extrabajadores tanto de YPF como de Somisa, la importancia de ambos militares reside en que a través de sus biografías se pueden rastrear cuáles fueron los conceptos que fundamentaron la creación de ambas empresas: defender el país ante un posible ataque militar, así como afirmar la soberanía nacional y la independencia económica, a través de una planificación industrial indispensable para el desarrollo económico y social de Argentina. El fundamento ideológico que sustentaba la creación de ambas empresas se hallaba cimentado sobre las ideas de nacionalismo, estatalidad e industrialismo. Son estas nociones las que caracterizan las narraciones de los extrabajadores respecto a sus adscripciones subjetivas como colectivo de trabajo en las fábricas.

Actualmente, dichas ideas constituyen los fragmentos de una memoria que no cesa de transformarse en función de las tensiones sociales y políticas donde se disputan los sentidos contemporáneos que tales nociones expresan, generando continuidades y rupturas entre diferentes temporalidades. De este modo, el carácter contingente de las memorias se trasforma en necesario cuando surge una voluntad común de preguntar, indagar y repensar aquellos fragmentos y sentidos que formaban parte de las experiencias de los extrabajadores, y que han permanecido ocultos o difusos bajo el discurso de legitimación de los procesos privatizadores.

Tanto para los extrabajadores petroleros como para los siderúrgicos, la fábrica aparece en la reconstrucción de las memorias como la que sustentó, desarrolló, organizó, impulsó y ordenó sus vidas y las de sus familias durante décadas. Ambas empresas contribuyeron a la urbanización de los territorios en los que se instalaron, con lo cual crearon un universo social y económico vinculado con su crecimiento, ya que representaban la principal fuente de empleo directo o indirecto en los territorios. La posibilidad de trabajar allí significaba prestigio social, una condición económica favorable derivada del alto poder adquisitivo, junto con una movilidad social ascendente y previsible, sobre todo para quienes no habían podido obtener un título universitario que les permitiera desarrollar una carrera profesional.

Estos significados aparecen recurrentemente en la caracterización de los procesos sociales que forjaron las memorias de los extrabajadores en consonancia con los elementos de una política que dinamizó el orden fabril, tendiente a constituir colectivos de trabajo disciplinados frente a los intereses empresariales (Palermo y Soul, 2009). El orden fabril en ambas empresas desbordó el control dentro del espacio de trabajo hacia todos los intersticios de reproducción de la vida, a través de la construcción y distribución de las viviendas, la garantía de acceso a la atención de la salud, el fomento de la educación mediante la construcción de escuelas e institutos técnicos, el ocio y la recreación, etcétera⁵. Dicha política generó y consolidó una relación asimétrica entre la empresa y el colectivo de trabajadores que fue percibida por estos últimos en términos unidireccionales: unos aparentemente podían dar todo, mientras los otros sólo se limitaban a recibir. Esta lógica, ciertamente ficticia, operó durante largas décadas forjando un estrecho vínculo entre los trabajadores y la empresa, que luego se condensaría en la autoadscripción de "ypefeanos" y "somiseros". De esta manera, se tejieron las relaciones de dominación entre el capital y el trabajo en estas dos empresas estatales, modelando dos colectivos obreros profundamente identificados con los intereses de las empresas.

Al analizar la cuestión de la memoria y la identidad, Michael Pollak explicita que "la memoria es un elemento constituyente del sentimiento de identidad, tanto individual como colectiva, en la medida en que es también un componente muy importante del sentimiento de continuidad y coherencia de una persona o grupo en su reconstrucción de sí" (2006: 38). De este modo, podríamos conjeturar que hallamos una coherencia en la reconstrucción de sí mismos como "somiseros" e "ypefeanos", y aunque no se reconocen como grupos homogéneos, ya que existían diferencias según las tareas que desempeñaban y los puestos que ocupaban dentro de las fábricas, recuperan aquellos sentidos, valores y experiencias comunes que, aun hoy, fundan una identidad compartida. De este modo, la noción de ypefeanos y somiseros no refere a una categoría naturalmente dada, sujeta a un conjunto de atributos, sino que puede ser analizada como "un constructo abierto, dinámico y ambiguo que representa un 'momento' identificatorio en un trayecto nunca concluido" (Archuf, 2002: 11). Ese momento identificatorio se encuentra vinculado con la vida dentro de la fábrica, y en el proceso de construcción de las memorias permanece en constante resignificación, provocando un desajuste respecto de cualquier intento totalizador. El nosotros de YPF y Somisa sugiere un colectivo de personas que instituye una memoria compartida. Los "ypefeanos" y "somiseros" no eran semejantes en todos los aspectos; tal como dijimos anteriormente, existían diferencias en el nosotros a pesar de los rasgos comunes, pero esas diferencias se tornaron insignificantes en el transcurso del tiempo, y, sobre todo, después de atravesar el proceso de privatización, fueron compensadas o a veces disueltas en la evocación del recuerdo.

Ahora bien, dadas las diferentes temporalidades en la evocación de los recuerdos, es preciso definir el contexto social que enmarca los procesos de construcción de las memorias. De este modo, Elizabeth Jelin afirma que "quienes recuerdan y olvidan son seres humanos ubicados en contextos grupales y sociales específicos, por lo que es imposible recordar o recrear el pasado sin apelar a esos contextos" (2002: 20). Por ello, no es fortuito que los trabajadores en la actualidad señalen aquel aspecto de las memorias en el que todos eran iguales, más allá de las diferencias e incluso de las disputas internas que pudieran existir. Ante la desolación, precarización e individualización que impera en el presente del mundo del trabajo, el pasado retorna idílico, armónico y estable, ya que sobresale, incluso con cierta nostalgia, el sentido de pertenencia que les otorgaba trabajar tanto en Somisa como en YPF, así como un conjunto de relaciones sociales concebidas de manera solidaria y una identidad común. Las privatizaciones llevadas a cabo durante la década de los noventa impusieron rupturas en las memorias de los colectivos de trabajo a la luz del avance de la hegemonía neoliberal y de la consolidación de un diagnóstico que dinamizó una profunda deslegitimación de todo aquello que fuera propiedad estatal.

Quiebres y fragmentaciones: las privatizaciones de las empresas del Estado

El diagnóstico neoliberal fue construyéndose desde los años setenta, tras el golpe de Estado, en virtud de los lineamientos ideológicos liberales de la dictadura. Estas ideas retomaron nuevos aires en los ochenta, y hegemonizaron toda la década de los noventa, a partir de un amplio consenso social. Este consenso no sólo alcanzó a sectores medios de la sociedad, sino también a sectores que estaban marginados a partir de la implementación de las políticas neoliberales. Atilio Borón y Mabel Thwaites Rey argumentan que

[...] aunque la bonanza no fue compartida por todos los sectores, lo más destacable es que permeó como valor al conjunto de la sociedad [...] una parte significativa de los argentinos tuvo acceso al crédito para adquirir viviendas, autos, electrodomésticos u otros bienes de consumo. Este fue, sin lugar a dudas, un sustrato material fundamental para entender la construcción de la prolongada hegemonía del menemismo (2004: 149).

En este contexto, la hegemonía neoliberal dinamizó la "demonización" del Estado, definido como un conjunto de instituciones burocráticas costosas, ineficientes y corruptas que impedían el desarrollo de la economía. Este proceso expresó una dinámica de concentración y centralización de capitales que pugnó por expandirse hacia sectores que se habían vuelto rentables -y que vieron detenida su competitividad- merced a la intervención estatal. De este modo, el proceso de ajuste estructural que se llevó a cabo durante la década del noventa, tuvo un eje central en las privatizaciones. Las estrategias políticas se orientaron hacia la adecuación de los marcos jurídicos⁶ en aquellas empresas sujetas a privatización. Simultáneamente, en los espacios de trabajo se desarrollaron distintas estrategias de racionalización de trabajadores que llevaron al vaciamiento y desorganización de los procesos productivos, lo cual generó un quiebre en las experiencias de los colectivos de trabajo.

En YPF este proceso comenzó en 1990⁷ y culminó en 1999 con la compra de la mayoría accionaria de la empresa por la española Repsol⁸. En el caso de Somisa, el proceso fue iniciado con una primera intervención en diciembre de 1990 y finalizó en noviembre de 1992 cuando fue transferida al consorcio del que formaban parte el Grupo Techint, entre otros⁹. Entre 1990 y 1994 el gobierno nacional ejecutó el plan racionalizador para la petrolera estatal, desvinculando a 35.689 trabajadores en todo el país¹⁰. Del mismo modo, en Somisa fueron desvinculados 6.500 trabajadores, sobre una población de 120.000 habitantes. Las consecuencias económicas y sociales de los procesos privatizadores fueron devastadoras para ambos colectivos de trabajo en términos de organización y resistencia.

Contrariamente a la retórica privatizadora de los funcionarios de gobierno, quienes exaltaban las "virtudes" del presente en detrimento de los "vicios" del pasado en las empresas recientemente privatizadas, para los extrabajadores de YPF y de Somisa la vuelta al pasado no significaba de ningún modo "sufrimiento" sino más bien "plenitud". Es decir, si el pasado se anclaba en las décadas anteriores, ellos señalaban aquel momento en términos de estabilidad laboral, ascenso social, posibilidad de planificar el futuro, etcétera, mientras que el presente de los años noventa aparecía bajo el signo de la incertidumbre y la inestabilidad. El acontecimiento de ruptura entre estas dos temporalidades fue impuesto por el proceso de privatización. La temporalidad de los procesos privatizadores son significados por ambos colectivos de trabajo como tiempos críticos o "coagulados" en la memoria, como momentos de largas agonías vinculadas a las estrategias de despidos, en donde se jugaron negociaciones y tensiones entre los dirigentes gremiales, los sucesivos interventores y los funcionarios políticos, así como la permanente contradicción entre las declaraciones públicas y las acciones políticas efectivamente ejecutadas, las cuales desgastaron enormemente al colectivo de trabajadores¹¹.

Las privatizaciones como acontecimientos traumáticos

La racionalización de trabajadores consistió en un paquete de estrategias que se implementaron, con la anuencia de las dirigencias sindicales respectivas, sin mediación, contención o una planificación en relación con el futuro de quienes ya no formarían parte de las empresas después de la privatización, pero que habían trabajado ininterrumpidamente por más de veinte o treinta años. En este sentido, los trabajadores "ypefeanos" y "somiseros" se vieron inmersos en un proceso de transformaciones sin precedentes ni en la empresa, ni en la historia Argentina, que lo tornaba inconmensurable e inexplicable, de acuerdo con sus propias trayectorias y experiencias.

Por estas razones, y por lo que significaron los procesos de privatización en la experiencia de los colectivos de trabajadores, es preciso detenernos a considerar su dimensión como acontecimiento traumático en la reconstrucción actual de la memoria. De acuerdo con la perspectiva de Rousso, la memoria colectiva no puede entenderse solamente en términos de las invariantes que imponen los marcos sociales, sino a través de acontecimientos singulares y relevantes, que son vividos y reconocidos como tales por los sujetos, en tanto constituyen "puntos de referencia, límites fundadores para la representación, reapropiación y reconstrucción permanente del pasado que hacen los actores sociales" (1991: 5).

Bajo este horizonte nos interesa plantear que los procesos de privatización tanto en YPF como en Somisa constituyeron, cada uno con sus temporalidades y características específicas, un acontecimiento traumático y un punto de referencia ineludible en tanto provocaron no sólo la pérdida del trabajo, sino también la desorganización de las familias, así como los sentidos, valores y experiencias que los identificaban como colectivo de trabajo. Asimismo, el proceso de privatización es significado como un tiempo de sufrimiento prolongado cargado de presiones, "aprietes" y continuos rumores que sembraban la desconfianza entre quienes habían trabajado juntos durante muchos años. Frecuentemente se instalaban dentro y fuera de la fábrica todo tipo de sentencias inverosímiles respecto a los posibles despidos e indemnizaciones, que acentuaban la incertidumbre y hacían imposible la vida cotidiana de los "ypefeanos" y "somiseros" en el espacio de trabajo. Los rumores acerca de "a quien le tocará hoy", "dicen que ya no van a pagar los retiros", "me cambiaron de lugar", "nos sacaron las herramientas", etcétera, tornaban agobiante la vida dentro de las fábricas e imposibilitaron, entre otras muchas cuestiones, la construcción de una alternativa colectiva, circunscribiendo la decisión de continuar o no dentro de la fábrica a la opción falaz de los retiros "voluntarios".

[...] fue un retiro obligatorio, más que voluntario. O sea, si te dicen "mirá [...] no hay lugar para vos, vos te vas a ir. Podes elegir como hacerlo. Te retiras con una buena plata o te vas sin plata". Bajo esta alternativa la gente qué hacía: firmaba el retiro voluntario (exoperador de campo de YPF, Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut).

Era más como una cuestión de rumor, que no sabés de dónde sale, que te comentan y que se percibe en el ambiente. Antes de la privatización se escuchaba "dicen que Somisa va a cerrar", después venían y te decían: "Dicen que van a echar 1.500", "dicen que ahora echan 20", "dicen que ahora echan 200", "dicen que" [...] nunca nadie podía decir quién lo decía pero esto pasaba. También decían "si no privatizan quedan todos en la calle" con esta cuestión se jugó mucho. La cuestión era quién era el afortunado que se iba a quedar y después la cuestión fue, quién era el afortunado de acogerse al retiro voluntario que no era más que un despido encubierto, obviamente (extrabajador de Somisa, San Nicolás, Provincia de Buenos Aires).

En particular, los extrabajadores de Somisa invocan las condiciones fraudulentas y engañosas que caracterizaron la venta de la principal fábrica nacional de producción de acero, y cómo ello significó, entre otras cuestiones, abandonar y regalar el proyecto que fuera impulsado por el general Savio para consolidar una industria de base. Si bien ellos reconocen que había falencias en la gestión estatal dentro de la fábrica, ello no constituía un argumento suficiente para renunciar al objetivo de alcanzar un autoabastecimiento siderúrgico y, menos, para despedir a miles de personas¹². Cabe mencionar que durante el proceso de privatización fue muy dificultoso, aun para quienes estaban luchando por defender la fábrica, articular un discurso y una práctica común, más allá de las dirigencias gremiales, que les permitieran oponerse a la política de privatización. Uno de ellos lo interpreta del siguiente modo:

Ahora nosotros lo podemos ver desde otro lugar, pero antes toda esa gente no tenía percepción de la catástrofe de la falta de trabajo, no había sentido de la pérdida del trabajo, no había despidos en Somisa, había progreso automático y sueldos fantásticos. Había beneficios tremendos que daban una confianza enorme en el futuro, entonces no había sentido o percepción de lo que significada perder, o de la catástrofe que se venía (extrabajador de Somisa, San Nicolás, Provincia de Buenos Aires).

Este sentido de catástrofe que también puede extenderse a la experiencia narrada por los trabajadores de YPF, se expresaba como consecuencia del impacto que produjeron los retiros voluntarios. El "retiro voluntario" formaría parte de una estrategia política que lejos de expresar una elección "voluntaria", mostraba el artificio, la tergiversación de sentidos por sus opuestos. El carácter "voluntario" disimuló lo obligatorio, lo forzoso, lo inevitable, la coerción encubierta, en definitiva, el despido constituido como única alternativa. Fue entonces el contexto de caos en el proceso productivo, vaciamiento, desorganización, desequilibrios financieros e irregularidades de diverso tipo, lo que generó una profunda desorientación e incertidumbre para que la mayoría de los trabajadores decidieran voluntariamente abandonar las fábricas.

Si bien significaron despidos encubiertos, no fueron nom brados de esta manera, y esto nos parece que tiene una explicación más allá de lo discursivo. Por ello, es importante remarcar el pasaje que se dio desde lo público a lo privado tanto en el plano económico y objetivo, es decir, en lo que hace a la venta de las empresas públicas a capitales privados, como en el nivel antropológico y subjetivo, lo que debilitó el campo de la lucha colectiva de los trabajadores.

Las huellas que hoy aparecen en esas memorias interrumpidas como consecuencia de las privatizaciones son, al decir de Michael Pollak, "un pasado que permanece mudo, menos como producto del olvido que de un trabajo de gestión de la memoria según las posibilidades de comunicación" (2006: 31). Fue muy difícil para quienes aceptaron los retiros voluntarios hablar y transmitir a otros esa experiencia traumática de la privatización que provocó la pérdida del trabajo, cuando lo que se reponía por parte de quienes escuchaban era: "[...] los trabajadores se quejan pero en su momento cobraron un monto importante de dinero que luego no supieron invertir adecuadamente" (periodista de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires). Este enunciado ilustra claramente de qué modo la implementación de las políticas de retiros voluntarios significó un arma decisiva en la desarticulación de las acciones comunes, tanto durante el proceso de privatización, como posteriormente, cuando debieron decidir en qué invertirían el capital obtenido por el retiro. Muchos pensaron que era más conveniente, en última instancia y dadas las condiciones de presión e incertidumbre, aceptar el dinero y buscar un nuevo camino fuera de la fábrica. Pero los resultados que obtuvieron de esta elección no los favorecieron, en tanto fracasaron la mayoría de los emprendimientos que impulsaron los trabajadores de manera individual¹³. De esta forma, la política de retiros voluntarios no sólo silenció las voces de protesta, sino que tergiversó el sentido de las responsabilidades. La responsabilidad ya no era del empleador que despedía, sino de los trabajadores que no sabían invertir el dinero, omitiendo incluso las condiciones en las que debieron tomar esa decisión.

Disputas de sentidos en la transmisión de la memoria: de productores a emprendedores

En este contexto, surcado por la incertidumbre y la inestabilidad, dado que desaparecía la estructura de Somisa e YPF como garantes de la relación salarial y como marcos de referencia de los proyectos y expectativas de los trabajadores, aparece un nuevo énfasis en las responsabilidades y obligaciones de los individuos respecto del deber de tomar iniciativas para asegurar su bienestar. El discurso y las acciones que impulsaron ciertos sectores del gobierno nacional y local durante los años posteriores a las privatizaciones para afrontar los altos índices de desempleo¹⁴, fue exaltar las virtudes de conceptualizar el trabajo bajo el signo del "emprendedorismo". Estos principios atravesaron tanto las escasas implementaciones de políticas públicas orientadas a la capacitación y reinserción de la fuerza de trabajo, como los ámbitos más nucleares de la familia o los círculos de amigos. La nueva filosofía que impusieron ciertos organismos del Estado en sintonía con algunos sindicatos, fue la promoción de diversos emprendimientos productivos a cargo de los trabajadores que cobraron el dinero de los retiros voluntarios. Así, la nueva fórmula del éxito consistía en reconvertir trabajadores en emprendedores, ya que la nueva empresa privatizada aseguraría para algunos la contratación de los servicios. Esta política impulsada desde las empresas, con un particular interés por parte de los sindicatos, otorgaba a ciertos trabajadores la posibilidad de vender su fuerza de trabajo en forma mercerizada. En el caso de YPF este esquema consistía en el otorgamiento por parte de la empresa, de una licitación durante uno o dos años para quienes formaran emprendimientos productivos, con maquinaria comprada a la propia compañía. Bajo esta nueva condición, los emprendedores brindarían el mismo servicio que antes realizaban dentro de la empresa como trabajadores asalariados. Estos emprendimientos adquirieron distintas formas jurídicas, tales como sociedades anónimas, cooperativas o SRL, que les permitieron trabajar durante un lapso de tiempo, pero que no pudieron mantenerse frente a la competencia con otras empresas históricas del sector. En este contexto, la responsabilidad por el fracaso de los "emprendimientos" no fue asumido por quienes los impulsaron, sino trasladada a quienes habían sido expulsados durante el proceso de privatización. El resultado de ese fracaso fue atribuido por algunos sectores del gobierno nacional y local, a la ausencia de una "actitud empresarial, visión de negocios y capacidad" de quienes habían formado parte de las empresas. Así, resulta sintomático de esta nueva época, los modos en que se instala progresivamente y en diferentes ámbitos un vocabulario que emerge, en este caso, de los discursos legitimadores de las privatizaciones¹⁵.

Dentro de esta lógica que subvierte valores y transfiere responsabilidades, el trabajador debe convertirse en un emprendedor para advertir que la pérdida del trabajo es una oportunidad para desarrollar, desde su saber y capacidad individual, nuevas formas de autosustentarse y, por supuesto, debe hacerlo de manera rápida y exitosa. Pareciera entonces que la condición de posibilidad para permanecer en el mundo del trabajo y, en consecuencia, huir de la categoría de desempleado, fuera cumplir con esa difusa normativa que depende casi exclusivamente de la capacidad de los individuos para emprender la propia vida. En tal sentido, Nikolas Rose reflexiona acerca de las nuevas racionalidades y técnicas de gobierno que ha denominado liberales avanzadas, en tanto promueven una gestión de gobierno a partir de las elecciones realizadas por actores singulares y autónomos, en el contexto del compromiso particular con sus familias y comunidades. Sin duda se repite lo mismo en el intento de regenerar las economías locales: según el autor, "el declive económico ha de ser superado a través de una serie de dispositivos que fomenten la acción de individuos emprendedores con habilidades, flexibilidad y aspiraciones de autopromoción" (2007: 129).

Frente a este escenario de profundos cambios y transformaciones, las memorias discurren como procesos en construcción, pero también como recursos a los que apelar en la recuperación y resignificación de ciertos valores, sentidos y experiencias de los colectivos de trabajo. Existen, por lo tanto, disputas de memorias acerca de lo que significó para los trabajadores su trayectoria y experiencia en Somisa e YPF.

Nos decían que hagamos emprendimientos con otros compañeros. De hecho nos dieron cursos de cooperativismo. Te decían que tenía que ser SRL o S.A. Después que te dejaban sin trabajo te quedaba el emprendimiento. Era una buena idea al principio, dejabas de ser empleado y eras dueño, te manejabas vos mismo. Pero hay que reconocer que nos peleamos entre todos, no sabíamos nada de empresa (extrabajador de YPF, formó parte de un emprendimiento al que no le renovaron el contrato, Comodoro Rivadavia, Chubut).

Por una parte, este fragmento nos expresa la imposibilidad para los trabajadores (históricamente vinculados a la empresa bajo una relación de dependencia) de llevar adelante los emprendimientos de manera exitosa. Ellos colisionaron frente a nuevas actividades y saberes para los que no estaban preparados, tampoco disponían de los recursos materiales y simbólicos para enfrentar la nueva situación. Por otro lado, reconocen, a partir de sus propias experiencias, una memoria que se focaliza en la producción, en la generación de valor, en la reivindicación de una identidad común en torno a la fábrica y en la interpretación de sí mismos como productores, y no como emprendedores.

De este modo, para ambos colectivos de trabajo la figura del emprendedor corresponde al periodo posterior a la privatización, y se vuelve significativa como vestigio de una memoria interrumpida, donde es más dificultoso construir una trama, es decir, una narrativa a través de la cual definir una identidad anudada a un colectivo de trabajo más amplio. Los trabajadores han recordado que en los años posteriores a la privatización fue muy arduo articular redes sociales que excedieran el ámbito de la familia. Por eso, se torna recurrente en los testimonios aquella frase que alude a "una vez que se terminó la plata de los retiros voluntarios mucha gente no supo qué hacer", es decir, cómo desarrollar nuevas estrategias de supervivencia no individuales sino colectivas, a pesar de la ausencia de YPF y Somisa. Esa carga de frustraciones, angustias y ansiedades que vivieron individualmente los trabajadores, tuvo un efecto doble y complementario: por un lado operó en términos de idealizar el pasado y eliminar de las memorias los padecimientos en la fábrica. Un padecimiento que tuvo su correlato en la realidad de un proceso de trabajo altamente riesgoso e insalubre como es la actividad petrolera y siderúrgica. Por otro lado, y en complementación con lo anterior, para algunos trabajadores hubo un impedimento de transmisión de la experiencia, es decir, se volvió muy penoso hablar de lo que representó la privatización en sus vidas porque aún no habían podido recuperarse de esa pérdida. Incluso algunos han expresado la dificultad de realizar el duelo correspondiente, lo que provoca el retorno permanente de ese acontecimiento traumático que, de algún modo, obstaculiza la posibilidad de tender puentes para la construcción de las memorias entre diferentes generaciones.

Sin embargo, el devenir de los "ypefeanos" presenta algunos matices diferentes respecto de los "somiseros" que es necesario destacar. En algunos territorios donde se desarrolló la petrolera estatal, los trabajadores pudieron transformar ese duelo en organización y resistencia. Tal es el caso de los extrabajadores "ypefeanos" de la localidad General Mosconi en la Provincia de Salta, autodenominados Unión de Trabajadores Desocupados (UTD). Esa pérdida del trabajo, producida por la privatización de YPF, pudo ser transformada a partir de un proceso de lucha en una organización colectiva que genera trabajo y sentidos de pertenencia para sus miembros. Fortalecida sobre los cimientos de las experiencias obreras en YPF, la UTD recupera el orgullo de ser petrolero, transitando ambiguamente entre la valoración positiva que permite la acción colectiva en el presente y la nostalgia del pasado. De este modo, una de las acciones que despliega la UTD es intentar erigir puentes entre las memorias de las diferentes generaciones: la de los extrabajadores de YPF y la de sus hijos y nietos que forman parte de una gran mayoría de jóvenes que no lograron trabajar en la empresa, e incluso poseen una escasa o nula experiencia laboral. Así, no resulta nada sencillo para quienes se constituyen como "referentes" y conductores de la organización, advertir cómo y cuáles podrían ser los procesos de formación entre los jóvenes, tendientes a recuperar un saber obrero aprendido en el oficio petrolero. Por otro lado, para quienes nacieron en un territorio surcado por la ambivalencia entre la presencia y ausencia de YPF, es necesario comprender los sentidos de las antiguas lógicas de sociabilidad laboral, en consonancia con un presente laboral sumamente incierto, inestable y comparativamente precarizado.

Conclusión

A la luz de lo dicho, es interesante retomar lo que plantea Andreas Hyussen respecto de cómo se produce en la actualidad un giro hacia la memoria, impulsado por el deseo de anclarnos en un mundo que no nos inspira confianza, en el cual la memoria aparece como la búsqueda de aquello estable y permanente a lo cual apelar en términos de consuelo. En la reconstrucción de las memorias que realizan los extrabajadores, el presente es caracterizado a partir de una fuerte incertidumbre en oposición a la proyección de futuro que existió durante los años de trabajo y esplendor en las fábricas. Así, las memorias se constituyen a través de la idealización de un pasado cristalizado.

No obstante, y paradójicamente, algunos extrabajadores han manifestado que la repetición de ciertos acontecimientos negativos se deberían a la "falta de memoria" de la sociedad. Ante este diagnóstico, ellos proponen que deben recordarse los hechos que sucedieron en el pasado para evitar la repetición en el futuro. Pero la dificultad que evidencia este enunciado, según Eduardo Grüner, es que se nos dice: "[...] recuerden... recuerden pero no perciban. No perciban que todo eso que se nos demanda recordar lejos de representar una ruptura con el presente, constituye una y -no la menor- de las condiciones para que el presente sea lo que es, sea este y no otro" (1998: 48). De esta forma, se torna necesario pensar una y otra vez de qué manera los acontecimientos que han sucedido en el pasado tienen una profunda y estrecha relación con el presente, e incluso se constituyen en su condición de posibilidad. Ya no se trataría de un pasado al cual apelar en la restauración de una memoria perdida, sino más bien en recomponer aquellos fragmentos que permiten iluminar cuánto hay de repetición en aquello que hoy aparece como novedad, tal como mencionamos respecto de las lógicas de invención sobre "emprendimientos" y "emprendedores".

Asimismo, es preciso comprender, según afirma Elizabeth Jelin, que

[...] el espacio de la memoria es un espacio de lucha política y no pocas veces esta lucha es concebida en términos de "lucha contra el olvido". Nuevamente, recordar para no repetir: "La memoria contra el olvido o contra el silencio esconde lo que en realidad es una oposición entre distintas memorias rivales (cada una de ellas con sus propios olvidos). Es en verdad "memoria contra memoria" (2002: 6).

Tal como planteamos en nuestro último apartado, es posible que los nuevos vocabularios, dispositivos y técnicas desarrolladas para generar diversos emprendimientos y emprendedores, más allá de lo económico, esté vinculdo con ciertos grupos sociales que pretenden construir una memoria, desconociendo la historia de Somisa e YPF y la trayectoria de sus trabajadores. En consecuencia, se establece una disputa con aquellos que aspiran a reedificar una memoria en la que sea reconocida tanto su experiencia de trabajo en la fábrica, lo que significó Somisa e YPF en sus vidas, así como el proceso de privatización y el devenir como organización y resistencia en el caso de la UTD en Mosconi, Salta. Así, la memoria serviría no solo para que no se repita el pasado sino para que el presente sea otro.

Notas

1 La "triunfante" economía capitalista elabora un recetario, creado desde los Estados Unidos y los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), para ser aplicado en los llamados países en vías de desarrollo. Parte de estas políticas se relacionaron con la disciplina presupuestaria, cambios en las prioridades del gasto público, reforma fiscal, apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas, privatizaciones, desregulaciones, etcétera. En esta línea de pensamiento, uno de los pilares impulsado por el Consenso de Washington, postulaba que el crecimiento económico, más tarde o más temprano, acabaría beneficiando también a los de abajo, en consonancia con la teoría del derrame.

2 Carlos Menem fue presidente de Argentina por el Partido Justicialista durante dos períodos consecutivos: 1989-1994 y 1995-1999.

3 Durante los años ochenta la economía Argentina se caracterizó por un profundo proceso de infación. Perry Anderson (2003) argumenta que estos proceso infacionarios en América Latina, fueron el equivalente funcional a los traumas de las dictaduras, como mecanismo para inducir "democráticamente" y no a través de la coerción, las drásticas políticas neoliberales.

4 El Congreso Nacional sancionó la Ley 12987 a través de la cual aprobó el Plan Siderúrgico Nacional, que otorgó el marco jurídico para la creación de Somisa (Sociedad Mixta de Siderurgia Argentina). Esta Ley fue conocida posteriormente como "Ley Savio". Dicha industria fue considerada estratégica tanto desde el punto de vista militar como económico en términos de impulsar un fuerte proceso de industrialización tendiente a la sustitución de importaciones.

5 Leite Lopes (1978, 1979, 1987) y Federico Neiburg (1988) han analizado las distintas estrategias empresarias, y las formas que adquiere el proceso de dominación en el espacio de la reproducción de los trabajadores. Así, las representaciones y prácticas sociales de los trabajadores se ven atravesadas por los intereses empresarios que desbordan el espacio de la fábrica y se sitúan en todos los aspectos de la vida cotidiana. En esta línea de análisis, también June Nash (1989) ha realizado aportes de relevancia al analizar la conformación de la hegemonía corporativa empresaria en el nivel de las localidades para el caso de la empresa General Electric en Estados Unidos. La autora se pregunta cómo se incorporan los trabajadores en la dinámica de la hegemonía corporativa, y cómo esto moldea las instituciones de la localidad y la vida cotidiana.

6 El programa de privatizaciones en Argentina fue implementado a partir de dos leyes centrales: la Ley de Reforma del Estado (23696 de 1989), que estableció la posibilidad de privatizar las empresas estatales, declarándolas "sujetas a privatización", y la Ley de Emergencia Económica (23697 de 1989), que reestructuró el gasto estatal, suspendiendo todo tipo de subsidio y reglamentando la igualdad de tratamiento entre el capital nacional y el extranjero. Ambas leyes fueron aprobadas tanto por el partido Justicialista que se encontraba en el poder, como por el radicalismo que era oposición.

7 El Decreto 2778 de 1990, firmado el 31 de diciembre de 1990, denominado Plan de Transformación Global, disponía la transformación de YPF Sociedad del Estado (S. E.) a una Sociedad Anónima (S. A.) abriendo la posibilidad de la venta accionaria de la empresa. De este modo, se abrían las puertas al desembarco del capital privado y a la posibilidad de compra de la empresa.

8 En junio de 1999 y previo pago de 13.000 millones de dólares, Repsol pasó a controlar casi la totalidad del paquete accionario de YPF. De esta manera, en los días finales de 1999 Repsol concretó la adquisición del 83,24% de las acciones de YPF S. A.

9 El grupo accionario estaba formado por la Organización Techint, la cual poseía la mayoría accionaria; el banco Chartered West Ltd. (que pronto vendería su participación a Acindar, el otro grupo siderúrgico de origen argentino); Usiminas y Vale do Río Doce de origen brasileño; y la Compañía de Aceros del Pacífico de Chile.

10 En 1989 la dotación total de YPF era de 37.046 trabajadores, y se redujo en 1994 a 5.839 agentes. La cifra de 35.689 trabajadores despedidos se obtiene teniendo en cuenta la reducción de personal y adicionando los ingresantes durante ese período (datos obtenidos a partir del análisis de los anuarios estadísticos de 1980-1982, 1984 y 1986, y de la Memoria y Balance General de YPF, ejercicio No. 14).

11 Para más información, véase Cynthia Rivero (2008) y Julia Soul (2002).

12 De los cinco planes de retiro voluntario instrumentados a instancias de la intervención de Jorge Triaca y hasta octubre de 1992, tres fueron especialmente importantes, dada la magnitud de personal que se acogió a éstos, a saber: el primero de los regímenes (Plan "A") vigente a partir de julio de 1991, con 1.469 trabajadores inscriptos; el segundo (Plan "B") puesto en vigencia en octubre de ese año, con 2.063 retirados, y el quinto (Plan "F") inaugurado a mediados de noviembre de ese año, y en virtud del cual se fueron de Somisa 2.391 de los 6.244 asalariados retirados "voluntariamente" de la empresa (Hardoy, 1994: 52).

13 Producto de las indemnizaciones de los retiros voluntarios que percibieron los trabajadores se produjo un crecimiento exponencial de las actividades cuentapropistas, tales como apertura de kioscos, taxis, etcétera. Es así que se generó una situación caótica y una saturación de las actividades llevadas a cabo por los extrabajadores de las empresas que no pudieron ser absorbidas por el mercado de trabajo cada vez más restringido, producto de las altas tasas de desocupación de la Argentina posterior a la privatización.

14 La desocupación en Argentina alcanzó los índices más altos de su historia. En aquellas regiones donde se privatizó YPF ascendía a niveles inéditos, comparativamente a la desocupación general del país. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, el desempleo alcanzaba en 1993 el 14,8%, siendo el índice más alto en el país en ese momento. En 2001 los índices de desocupación generales de Argentina aumentaban, y en aquellas zonas donde se había llevado adelante la privatización de YPF alcanzaban niveles inéditos. La región que mejor ilustró esta situación fue General Mosconi y Tartagal, en la Provincia de Salta, con 42,8 % de desocupación para 2001.

15 Véase: Cynthia Rivero y Juan Manuel Gouarnalusse (2007).

Referencias bibliográficas

1. ANDERSON, Perry, 2003, "Neoliberalismo: un balance positivo", en: Emir Sader y Pablo Gentili (comps.), La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social, Buenos Aires, Clacso.
2. ARCHUF, Leonor (comp.), 2002, Identidades, sujetos y subjetividades, Buenos Aires, Prometeo.
3. BASUALDO, Victoria, 2006, "Complicidad patronal-militar en la última dictadura Argentina: los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz", en: Revista Engranajes de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA), No. 5, Argentina, marzo.
4. BORÓN, Atilio y Mabel Thwaites, 2004, "La expropiación neoliberal: el experimento privatista en la Argentina", en: James Petras y Henry Veltmeyer (comps.), Las privatizaciones y la desnacionalización de América Latina, Buenos Aires, Prometeo.
5. FIGARI, Claudia y Hernán Palermo, 2008, "Disciplinamiento laboral, precarización y subjetividades en la industria petrolera", en: Seminario de Clacso internacional: Trabajo, Identidad y Acción Colectiva,18 y 19 de septiembre, Medellín, Escuela Nacional Sindical.
6. FREDERIC, Sabina, 2004, Buenos vecinos, malos políticos. Moralidad y política en el Gran Buenos Aires, Buenos Aires, Prometeo.
7. GRÜNER, Eduardo, 1998, "Recuerdos de un futuro en (ruinas)", en: Marcelo Percia (comp.), Ensayo y subjetividad, Buenos Aires, Eudeba.
8. HARDOY, Enrique, 1994, Diagnóstico socioeconómico y ambiental de San Nicolás, Buenos Aires, Instituto Internacional de Medioambiente y Desarrollo (IIED)-América Latina.
9. JELIN, Elizabeth, 2002, Los trabajos de la memoria, Madrid/Buenos Aires, Siglo XXI.
10. LEITE, Lopes, 1978, O vapor do Diabo, Río de Janeiro, Paz e Terra.
11. ________, 1979, "Fabrica e vila operaria. Consideraçoes sobre uma forma deservidao burguesa", en: Mudanza social no Nordeste, Río de Janeiro, Paz e Terra.
12. LEITE, Lopes, 1987, Cultura e identidad operaria. Aspectos da cultura da classe trabalhadora, Río de Janeiro, Universidad Federal de Rio de Janeiro-Proed/Marco Zero.
13. NASH, June, 1989, From Tank Town to High Tech. The Clash of Community and Industrial Cycles, Nueva York, State University of New York.
14. PALERMO, Hernán, 2008, "'Aunque no lo veamos, el sol siempre está'. Re-discusión entorno a la problemática del Estado", en: Revista Theomai, Estudios sobre Sociedad y Desarrollo, No. 17, Argentina, disponible en: <http://revistatheomai.unq.edu.ar/NUMERO17/Editorial_17_.pdf>.
15. ________, 2010, "Trabajadores del oro negro. Un abordaje socioantropológico sobre el 'esplendor' y 'ocaso' de YPF", Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires-Facultad de Filosofía y Letras, mimeografiado.
16. PALERMO, Hernán y Julia Soul, 2009, "Petróleo, acero y nación. Una aproximación antropológica a los procesos sociopolíticos de los colectivos de trabajo de YPF y Somisa", en: Alejandro Schneider (comp.), Trabajadores. Las experiencias de la clase obrera en Argentina (1954-2005), Argentina, Herramienta.
17. PEÑALVA, Susana, 2001, "Retirada del Estado, flexibilidad neoliberal y desintegración social a la luz del enfoque institucionalista. Efectos y consecuencias sociales del proceso privatizador a partir de la revisión del caso Somisa", en: Martín Abeleset ál. , Privatizaciones e impacto en los sectores populares, Buenos Aires, Universidad de Belgrano.
18. POLLAK, Michael, 2006, "Memoria e identidad social", en: Memoria, olvido y silencio,La Plata, Al Margen.
19. POTASH, Robert, 1985, El ejército y la política en la Argentina, Buenos Aires, Hyspamérica.
20. RIVERO, Cynthia, 2008, Entre la "comunidad del acero" y la "comunidad de María": un análisis antropológico sobre los avatares sociopolíticos de San Nicolás, Buenos Aires, Antropofagia.
21. RIVERO, Cynthia y Juan Manuel Gouarnalusse, 2007, "Confusión organizada, arbitrariedad conciente: imágenes en torno a la deslegitimación de las empresas del Estado", en: 9° Jornadas Rosarinas de Antropología Sociocultural, Rosario, Argentina, Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades y Artes, Escuela de Antropología, octubre.
22. ROSE, Nikolas, 2007, "¿La muerte de lo social? Refiguración del territorio de gobierno", en: Revista Argentina de Sociología, Año/Vol. 5, No. 8, Buenos Aires, Consejo de Profesionales en Sociología, pp. 111-150.
23. ROUQUIÉ, Alain, 1986, Poder militar y sociedad política en la Argentina, Buenos Aires, Hyspamérica.
24. ROUSSO, Henry, 1991, "Para una historia de la memoria colectiva: el post Vichy", en: Denis Peschansky, Michael Pollak y Henry Rousso (eds.), Histoire politique et sciences sociales, París, Complexe, textos traducidos por la Comisión Provincial de la Memoria.
25. ________, 2002, "El estatuto del olvido", en: Academia Universal de las Culturas, ¿Por qué recordar?, Barcelona, Granica.
26. SAVIO, Manuel, 1973, Obras completas, Buenos Aires, Somisa.
27. SCHMUCLER, Héctor, 2007, "¿Para qué recordar?", conferencia dictada en CEPA.
28. SOUL, Julia, 2002, "Los unos y los otros. La fractura que persiste. Reconversión productiva e identidades colectivas en la ex Somisa, actual Siderar". Tesis de Licenciatura en Antropología, Universidad Nacional de Rosario.
29. SOUL, Julia y Hernán Palermo, 2008, "Incertidumbre y consenso. Las prácticas de construcción de hegemonía en el proceso privatizador de YPF y Somisa", en: Revista de la Escuela de Antropología, Vol. XIV, Universidad Nacional de Rosario-Facultad de Humanidades y Artes, Escuela de Antropología, pp. 227-239.
30. THWAITES, Mabel, 2001, "Ajuste estructural y privatizaciones en la Argentina de los '90. (O como achicar el Estado no es agrandar la Nación)", tesis doctoral, Facultad de Derecho, UBA, mimeografiada.

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Última actualización en 14 Septiembre 2016

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¿De paisano a paisano? explotación laboral y exclusión social de jornaleros chiapanecos en Jalisco*

De paisano para paisano? exploração laboral e exclusão social de chiapanecos diaristas em Jalisco

From paisano to paisano? Labor exploitation and social exclusion of jornaleros chiapanecos in Jalisco

Rafael Alonso Hernández López**
Iván Francisco Porraz Gómez***

* Artículo resultado de las tesinas de Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, llevadas a cabo entre 2008 y 2010, con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) (México).

** Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Unidad Occidente, Guadalajara (México). E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

*** Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, San Cristóbal de las Casas (México). E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Resumen

El objetivo del presente artículo es poner de manifiesto y analizar las relaciones sociales y laborales entre una población mestiza de Los Altos de Jalisco (México) y una población indígena migrante procedente de Chiapas en el sureste mexicano. Se constata que los migrantes chiapanecos se han convertido en mano de obra para aquellas tareas cuya exigencia física es mayor y por las cuales hay menor retribución económica; además, su presencia ha generado reacciones mayoritariamente negativas entre la población de recepción. Estas actitudes, según se concluye, recrean y dan forma a nuevas relaciones de sumisión, exclusión, subordinación y discriminación, enmarcadas en un contexto de reconversión productiva en torno al tequila.

Palabras clave: explotación laboral, exclusión social, racismo, migración interestatal, jornaleros chiapanecos, Altos de Jalisco (México).

Resumo

O objetivo do presente artigo émanifestar e analisar as relações sociais e trabalhistas entre uma população mestiça de Los Altos de Jalisco (México) e uma população indígena migrante procedente de Chiapas no sudeste mexicano. Constata-se que os migrantes chiapanecos converteram-se em mão de obra para aquelas tarefas cuja exigência física é maior e pelas quais há menor retribuição econômica; além disso, sua presença tem gerado reações majoritariamente negativas entre a população de recepção. Estas atitudes, segundo conclui-se, recriam e dão forma a novas relações de submissão, exclusão, subordinação e discriminação, marcadas em um contexto de reconversã produtiva em torno datequila.

Palavras chave: exploração trabalhista, exclusão social, racismo, migração interestatal, bóias friaschiapanecos, Altos de Jalisco (México).

Abstract

This article is aimed to highlight and analyze the social and labor relationships between a mixed population in Los Altos de Jalisco (Mexico) and a migrant indigenous population from Chiapas in the Mexican Southwest. It is confirmed that the migrant chiapanecos have become the labor for those physically demanding tasks of less payment. In addition, their presence has generated mainly negative attitudes among the receiving population. It can be concluded that these attitudes recreate and conform new submitting, excluding, subordinating, and discriminating relationships framed into a productive reconvertion around the tequila.

Key words: exploitation of labor, social exclusion, racism, domestic migration, chiapanecos workers, Altos de Jalisco (México).

Introducción

El siguiente artículo aborda las diferentes formas de exclusión que se gestan entre un grupo de mestizos, los alteños de Jalisco, y los jornaleros chiapanecos, las cuales recrean y dan forma a relaciones de sumisión, subordinación y discriminación en un mismo país. Los migrantes chiapanecos se han convertido en mano de obra calificada, para aquellas tareas cuya exigencia física es mayor y por las cuales hay menor retribución económica. Su presencia ha generado reacciones entre la población de recepción, en la mayoría de los casos negativa, sobre aquellos contra quienes compiten en el mercado laboral. Son sujetos de discriminación social, mediante expresiones típicamente racistas fundamentadas en la condición indígena del jornalero¹ y en su desempeño laboral, cuyo interés está centrado en la necesidad de ganar dinero para subsistir. La explotación laboral y la carencia de prestaciones son hechos irrefutables.

En la primera parte describimos el contexto de la migración de chiapanecos. Enseguida brindamos un marco sociohistórico de la región de los Altos de Jalisco. Posteriormente, abordamos la explotación laboral de los jornaleros chiapanecos en la región y las diferencias culturales que se gestan alrededor de la producción del tequila, y finalizamos con una breve reflexión sobre el caso de estudio².

Marco histórico de la migración en Chiapas

En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida
imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol
naciente hacia el poniente. Les han robado su lugar en el
mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras.
Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen
de los salarios exterminados y de los suelos arrasados.
Los náufragos de la globalización peregrinan inventando
caminos, queriendo casa, golpeando puertas: las puertas
que se abren, mágicamente, al paso del dinero, se cierran
en sus narices. Algunos consiguen colarse. Otros son
cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas,
o cuerpos sin nombre que yacen bajo tierra en el otro
mundo a donde querían llegar.

Eduardo Galeano

Las migraciones contemporáneas se presentan bajo su forma más lacerante, obligadas y forzadas por la lógica de funcionamiento del sistema capitalista, la cual es referida a la lógica tiene que ver con el mantener gente afuera (del sistema) mientras se mantiene gente dentro. El "mito organizativo del capitalismo" como refiere Wallerstein (1998: 92), se asocia de manera fundamental con la idea de progreso, y tiene obviamente repercusiones o manifestaciones concretas en la vida de los pueblos y en la totalidad de ámbitos en los que se mueve el ser humano. Nos referimos a aquellas migraciones que son causa y efecto de un sistema que, por tanto, es desigual, inequitativo, basado en la explotación humana y en el que, además, la mercancía de sus circuitos es la propia gente que pretende huir del hambre a causa de la falta de empleo y servicios, con el fin de encontrar mejores condiciones de vida.

La migración está formada por dos movimientos: el primero es la emigración que hace referencia a la salida de un lugar específico, y el segundo la inmigración, referida a la llegada a un nuevo lugar. Ambos se desarrollan en dos contextos diferentes: el de las migraciones internacionales que apuntan al desplazamiento de un país a otro, y el de las migraciones internas que versan sobre desplazamientos en el interior de un país o región determinada. En este trabajo se abordarán las migraciones internas o interestatales que tienen lugar entre la región Altos y Selva de Chiapas y los Altos de Jalisco (figura 1, página siguiente).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009, primer trimestre, Chiapas tiene 4,5 millones de habitantes. De los cuales, según el II Conteo de Población y Vivienda 2005, existen en el estado 957.000 hablantes de lengua indígena. Las actividades económicas más comunes en Chiapas son las agropecuarias, las comerciales y las turísticas, y las más escasas son las industriales. Las más rentables son las relacionadas con el comercio y el turismo. En los últimos años, la migración de población de las regiones chiapanecas, particularmente Altos y Selva a la región Altos de Jalisco, ha sido un paliativo para la crisis económica del estado que explicaremos más adelante.

Hasta hace dos décadas, Chiapas era uno de los estados en el cual el fenómeno migratorio no mostraba gran intensidad, incluso las migraciones internas o interestatales eran consideradas como parte de un acomodo constante de la población (Fábregas cit. Cruz et ál., 2007). Sin embargo, existen trabajos que han documentado la migración de los chiapanecos por distintas razones dentro de las fronteras estatales desde hace dos siglos. La migración interna se tiene registrada desde el siglo XIX, y se relaciona con distintos eventos, desde las necesidades de subsistencia de campesinos indígenas, la repartición de tierras y procesos de emigración, en búsqueda de tierras en áreas entonces poco pobladas como la selva Lacandona, hasta por problemas políticos y religiosos. Respecto a ello, García, Basail y Villafuerte afirman:

La migración interna en Chiapas ha estado relacionada con la demanda de mano de obra del mercado laboral (por ejemplo en las zafras cafetaleras o azucareras), la construcción de infraestructura carretera u otro tipo, los procesos de colonización y poblamiento de la selva, así como los conflictos religiosos, agrícolas y políticos, incluso armados (2007: 148).

Se trató de migraciones internas, de regiones altamente pobladas a regiones con baja densidad demográfica, convocadas por políticas gubernamentales o por movimientos espontáneos, en atención a las necesidades de tierra o trabajo. Sin embargo, también se presentaron desplazamientos forzados por conflictos políticos y religiosos.

Por otra parte, con respecto a la migración interestatal, se registra en los últimos años una mayor diversidad de lugares de destino. De acuerdo con Rodrigo Pimienta y Marta Vera, en su estudio basado en las encuestas del Inegi, en 1970 residían fuera de la entidad chiapaneca 90.578 personas. Las entidades receptoras más importantes eran el Distrito Federal y el estado de México, siguiéndole en importancia los estados vecinos de Tabasco, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Chiapas se encuentra dentro del grupo de emigración media con el 2% de población expulsora, de un total de 5 grupos.

En la década de los noventa aparecen nuevas entidades receptoras, como Quintana Roo y Jalisco. Para el 2000, sobresalen las entidades del norte como lugar de destino: 20.214 chiapanecos se desplazaron al estado de Baja California; cerca de 20.500 lo hicieron a Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Coahuila. No obstante, el estado de México, con 49.990 migrantes chiapanecos, y Quintana Roo, con 31.818, siguieron siendo las entidades más importantes de recepción (García y Olivera, 2006: 33).

La mayor parte de la población migrante, tal como lo mencionan Rodrigo Pimienta y Marta Vera (2005), se encuentra en edades productivas. En el 2000, la proporción de migrantes internos tenía entre 15 y 49 años de edad. Asimismo, en Chiapas, la proporción de migrantes internos varones es de 48,5%, la de las mujeres alcanzó 51,5%³. Es decir, es posible que estén emigrando parejas jóvenes sin hijos o quizás sólo el jefe/a del hogar o ambos padres, como un modus vivendi de supervivencia familiar. Es importante precisar que los datos arrojados no reflejan especificidades del grupo referido, sin embargo, podemos inferir que en su mayoría se trata de jóvenes campesinos e indígenas de múltiples grupos culturales y dialectales que, por supuesto, tienen prácticas culturales diferentes a las de la sociedad receptora, concebida como no indígena.

En suma, y con base en los datos de Rodrigo Pimienta y Marta Vera (2005), podemos afirmar que desde los años setenta es visible una tradición migratoria interestatal, primero a los estados del centro, y a partir de los noventa, su posterior tránsito hacia la zona turística de Quintana Roo y hacia algunos estados del norte de la República.

En el caso de la migración internacional, se registra un notable incremento en los años noventa (Villafuerte y García, 2006; Jáuregui y Ávila, 2007; Viqueira, 2008). Esto obedece a diversas causas, entre las que destacan los cambios en los mercados laborales de los países tradicionalmente receptores, el recrudecimiento de la pobreza, el desempleo en los países expulsores y el desarrollo de las comunicaciones que posibilitó el flujo de ideas e información en una escala global. Sin embargo, Chiapas, al igual que otras entidades del sur de México, se inserta en los flujos migratorios internacionales en los años noventa, específicamente hacia los Estados Unidos y Canadá, fenómeno que se incrementa en los primeros años de este siglo.

Chiapas se ha consolidado como uno de los principales estados expulsores de migrantes; según la información del Consejo Nacional de Población (Conapo), con base en datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), en 2008 Chiapas fue el estado que más migrantes envió a Estados Unidos (14%), incluso por encima de Guanajuato (8,6%) y Oaxaca (7,2%), estados con una antigua tradición migratoria (Villafuerte y García, 2006; Jáuregui y Ávila, 2007). Otros analistas que han trabajado la migración en Chiapas, mencionan que la incursión de chiapanecos en el fenómeno internacional e interestatal es principalmente de carácter laboral, esto es, tiene como objetivo atenuar la grave crisis en la que se encuentran miles de familias campesinas que han visto disminuir su capacidad productiva y, con ésta, el deterioro progresivo del empleo y los ingresos. En el problema del campo en Chiapas, se identifican puntos de inflexión que explican los momentos y las causas de la migración hacia las entidades del norte del país y hacia los Estados Unidos: la crisis de los precios internacionales del café en 1989; el fin del reparto agrario, después de la reforma agraria de 1992; las recurrentes crisis agrícolas; el conflicto zapatista de 1994⁴; y, más recientemente, los desastres naturales, entre los más importantes.

Un estudio realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, refería que en el ámbito estatal, el porcentaje de desplazamientos migratorios de jóvenes sin educación básica se presentaba de manera diferenciada, como es el caso de Chiapas, Guerrero y Veracruz, donde más del 70% de los jóvenes no había concluido el nivel secundario (81, 72 y 70%) (INEE, 2008). La referencia anterior y algunos datos adquiridos en el trabajo campo nos permiten sostener la idea de que el mercado laboral en el que se insertan numerosos chiapanecos es integrado por trabajos que exigen poca calificación: agricultura, construcción, servicios, y la maquila en el caso de las mujeres en el norte del país. En el siguiente apartado describiremos el contexto sociohistórico del espacio receptor de numerosos jornaleros chiapanecos.

El lugar de recepción: contexto sociohistórico de Los Altos de Jalisco

Desde hace muchos años el estado de Jalisco⁵ ha figurado como receptor y expulsor de población al mismo tiempo, siendo la zona metropolitana de Guadalajara el principal espacio de atracción del occidente de México. Aquí llega gente atraída por su clima, sus servicios de salud, de educación, y sobre todo, por su mercado de trabajo en expansión (Alba, 2000).

En el plano administrativo, el estado se encuentra dividido en doce regiones que albergan un número variable de municipios muy próximos unos de otros, con actividades económicas similares: Norte (1), Altos Norte (2), Altos Sur (3), Ciénega (4), Sureste (5), Sur (6), Sierra de Amula (7), Costa Sur (8), Costa Norte (9), Sierra Occidental (10), Valles (11) y región Centro (12).

En la extensión geográfica de los Altos de Jalisco, se distinguen dos regiones: Altos Norte (2) y Altos Sur (3)⁶, siendo esta última de la que forman parte los municipios en donde se encuentra concentrada la mayor producción tequilera de la región. Destacan en el mismo rubro, Arandas y Tepatitlán de Morelos (figura 2). Para el caso de Atotonilco el Alto, que también tiene una considerable producción agavera y tequilera, debemos mencionar que pasó a formar parte de la región Ciénega (3) (figura 2), después de habérsele considerado como municipio de los Altos durante mucho tiempo. La región Altos Sur cuenta con una extensión territorial de 6.667 km2 que representa aproximadamente 5% de la superficie del estado. Las actividades económicas de esta región son la agricultura, la ganadería y la industria alimenticia, que abarcan una vasta extensión de tierras para el cultivo del maíz grano, el maíz forrajero y el agave⁷, así como para la producción ganadera de ovinos, bovinos, porcinos y aves de corral.

Los Altos tienen diversas definiciones en términos de su cobertura territorial. Cada una de estas definiciones responde a una perspectiva de análisis particular. No hay unanimidad respecto de cuáles municipios pertenecen a esta delimitación cultural y geográfica del estado de Jalisco, por lo cual se consideran cifras que van entre 19 y 26 municipios. Lo común es que lo alteño gravite en medio de un campo de fuerza formado por las principales ciudades del centro-occidente: Guadalajara, Aguascalientes, León, San Luis Potosí... (Gilabert y Camarena, 2004).

La pequeña propiedad tiende a corresponderse con las unidades de producción de las unidades domésticas campesinas y granjeras, que se dedican predominantemente a la producción de autoconsumo, y cuando esto no se logra de modo constante, algunos de sus miembros recurren a la estrategia adaptativa de la venta de mercancía-trabajo, lo que explica la expulsión de la fuerza de trabajo en la región alteña (López, 1999). La expulsión constante de "braceros", fenómeno de la revolución que tuvo su despunte durante la guerra cristera, se mantuvo hasta la década del ochenta, y obligó a un nuevo cambio tecnológico, por la ausencia de fuerza de trabajo, lo que generó la modificación de manejos agrícolas extensivos a intensivos (López, 1999).

Bajo estas circunstancias, se puede corroborar que diversas empresas transnacionales y demandas de abasto muy específicas han incidido para definir la lógica de producción especializada de los Altos, delimitándola en cuatro vetas: la ganadería de leche, la avicultura, la porcicultura y el tequila (Gilabert y Camarena, 2004). Una región de "tierras flacas", que ancestralmente ha luchado contra la escasez de agua, constreñida a lo que ofrecen las erráticas lluvias de temporal, ahora debe afrontar también los estragos de la sobreexplotación de sus recursos naturales y aun humanos (Gilabert y Camarena, 2004).

En los últimos años, el uso del suelo ha cambiado radicalmente, al grado de convertir el territorio, metafóricamente hablando, en un tapete azul que pone de manifiesto las grandes extensiones de tierra sembradas con agave. Obviamente, esto se ha traducido en la creciente instalación de fábricas productoras de tequila con alto volumen de producción. En las localidades de Arandas y Atotonilco el Alto, se encuentra plantada la mayor cantidad de agave de la región. En su totalidad, la tenencia de la tierra corresponde a la pequeña propiedad, y los suelos son predominantemente rojizos (luvisoles férricos arcillosos).

Entre los factores que agilizaron el proceso de producción tequilera en gran escala, se encuentran, por citar algunos, los acuerdos comerciales que crearon condiciones favorables para la exportación del tequila, la participación de empresas transnacionales con inversiones que han permitido la modernización del sector tequilero, además, la bebida y la marca tequila pasaron a ser un referente de la identidad nacional, lo cual impactó favorablemente en el consumo nacional y en el de los mexicanos radicados en el extranjero (Hernández, 2005).

Actualmente, de un total de 155 casas productoras de Jalisco que tiene registradas el Consejo Regulador del Tequila (CRT)⁸ -órgano rector de la autenticidad del tequila y salvaguarda la denominación de origen⁹- la región de los Altos agrupa un total de 50, distribuidas primordialmente en los municipios de Arandas (23), Tepatitlán de Morelos (8), y otros municipios circunvecinos, que representan, en conjunto, 21% del total estatal. Atotonilco el Alto, que pertenece a la región Ciénega, cuenta con 11 y la región Valles cuenta con alrededor de 46 casas productoras ubicadas principalmente en los municipios de Tequila, Amatitán y el Arenal (CRT, 2009).

En la figura 3 podemos observar el comportamiento de la producción tequilera total durante el periodo 1994-2008, en donde sobresale un crecimiento sostenido a partir de 1995 y hasta el 2000, cuando comienza la industria a decrecer. A partir de 2004 inicia un repunte para alcanzar el nivel más alto en 2008. Entre 2004 y 2008 la producción aumenta en casi 76%, cifra ligeramente superior al periodo 1995-2000. Si tomamos en cuenta todo el periodo considerado en la gráfica, podemos observar que la producción total de tequila se multiplica por 3. Llama la atención que la producción de tequila, 100% agave, se multiplica casi por 11, situación que explica la creciente demanda de mano de obra para las labores del agave.

¡Bienvenidos a la tierra del tequila! La explotación laboral

De la misma forma que Los Altos de Jalisco se constituyen como zona de migración internacional, es un lugar de inmigración de jornaleros indígenas, provenientes mayormente de las regiones Altos y Selva de Chiapas. De esta manera, se va conformando una migración de "reemplazo", que permite proveer de fuerza de trabajo - en las actividades menos atractivas para los trabajadores regionales- a los mercados laborales locales.

La población a la que nos referimos oscila mayoritariamente entre los veinte y treinta años, no obstante, existen casos de personas menores y mayores a este rango de edad. La ocupación actual de los varones es en las labores del campo, por tanto, ésta no se encuentra disociada con respecto de las actividades que realizaban en su lugar de origen, donde se dedicaban fundamentalmente a la agricultura de autosubsistencia. En cuanto a las mujeres, destaca el hecho de que también empiezan a tener una presencia considerable, sin embargo, su concentración es en el servicio doméstico. Los municipios de expulsión en los que se tiene registrada la presencia de jornaleros en los Altos de Jalisco son San Cristóbal de las Casas, Mitontic, Santiago el Pinar y Pantelhó de la región Altos; Soyaló de la región Centro; Huitiupán de la región Norte; y Yajalón, Salto de Agua, Benemérito de las Américas, Ocosingo y Palenque de la región Selva, siendo los dos últimos municipios mencionados los que mayor población registran (figura 4).

Ahora bien, con la expansión de la agroindustria tequilera y el posterior boom internacional del tequila, durante la década de los noventa del siglo pasado, la actividad agrícola dio un vuelco considerable, la sobreproducción del agave y el posterior incremento de fábricas productoras de la conocida bebida espirituosa generaron una importante transformación industrial y económica en varios municipios de la región. A raíz de todo este proceso, el mercado laboral sufrió alteraciones, de manera que para cubrir la demanda de mano de obra local y regional, algunos de los empresarios tequileros llevaron a decenas de jornaleros desde el sureste mexicano en 1998. Los primeros migrantes en aparecer en la región de destino, en su mayoría eran provenientes de Palenque. Con el paso del tiempo y el establecimiento de redes de migración, comenzaron a llegar personas provenientes de Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, así como de otras comunidades aledañas a estos sitios y regiones de Chiapas, las cuales, con el paso de los años, han llegado a tener una presencia destacable en esta región del país. En 2008 la revista Proceso, en su suplemento editado en Jalisco, presentó un reportaje sobre la migración chiapaneca, en el que se estimaban alrededor de 1.200 jornaleros repartidos en los municipios de Atotonilco, Tepatitlán y, mayoritariamente, Arandas (Ríos, 2008).

Actualmente, un número consistente¹⁰ de migrantes, provenientes de los municipios antes mencionados, se han convertido en mano de obra calificada, para aquellas tareas cuya exigencia física es mayor, y por las cuales hay menor retribución económica. Constatando así que el sistema es estructuralmente violento, pues su construcción y funcionamiento descansan sobre una lógica progresiva-universalista que subordina la vida al objetivo del enriquecimiento (Olivera y Sánchez, 2005). A pesar de las dificultades y obstáculos que la región de destino y sus habitantes han creado sobre los migrantes, muchos de ellos persisten en su objetivo de trabajar con el fin de conseguir una "mejor calidad de vida", entendida ésta como la obtención de un mejor salario: "Me vine a trabajar para acá por la necesidad, allá [Chiapas] no se consigue trabajo, no hay fábrica donde trabajar [...] acá pagan un poco más" (entrevista a Margarita Cruz¹¹, 20 de enero de 2010).

Ahorita somos pocos [Chiapanecos] los que quedamos, antes éramos muchísimos, los compañeros prefirieron regresar a la comunidad y venir temporalmente, así que los que nos quedamos, vemos como se va componiendo el trabajo y tratamos de aguantar hasta que se mejore la situación; de hecho, aquí en Arandas, hay mucha gente que le está batallando, tanto de nosotros como de la gente de aquí; todos tenemos que echarle muchas ganas, porque casi no hay trabajo y peor se pone cuando pagan poco en las fábricas, uno no puede decir nada o pedir más, porque ellos saben que hay mucha gente en espera de trabajo, entonces, como saben que en cierto modo tienen reservas, pues hacen lo que quieren (entrevista a Mariano Sánchez, 21 de enero de 2010)¹².

Como hemos argumentado, Chiapas ha sido históricamente una entidad federativa eminentemente agrícola, los cultivos como el maíz y el café, pero también la ganadería bovina y las maderas preciosas, la convirtieron en la abastecedora de alimentos y materias primas de las entidades del centro del país que habían emprendido un desarrollo industrial pujante. Esta "vocación" productiva explica que su fuerza de trabajo estuviera, hasta muy recientemente, orientada al sector primario, más aún, que la movilidad de su población laboral se diera dentro del mismo estado, y muy lentamente se articulara con algunos mercados laborales del centro del país.

Es necesario enfatizar que a raíz del boom tequilero, se incrementaron, diversificaron y especializaron los tipos de tareas que se realizaban en el campo, lo que generó una organización del trabajo establecida ya no por jornada o por hora, sino por trabajo específico. Este es el caso de los jornaleros que antiguamente trabajaban no sólo en el agave, sino también en el maíz u otro tipo de cultivo o incluso cuidando animales; ahora, gracias a la especialización del trabajo, se dedican a labores bien delimitadas y definidas, por tal motivo, hoy tenemos jimadores, cargadores, plantadores, fumigadores, entre otros.

Esta especialización posibilitó oportunidades laborales para otras personas y, por tanto, abrió la oferta para los migrantes chiapanecos, los cuales no han desplazado laboralmente a los alteños, quienes se han quedado con los trabajos que son mejor pagados y que exigen cierta especialización y poco desgaste físico, mientras que a los chiapanecos se les han asignado los trabajos con mayor exigencia, desgaste físico y menor retribución.

En un principio, la mayor parte de los migrantes empezaron trabajando como jornaleros en las plantaciones de mezcal, realizando actividades varias como la limpieza del terreno, el desahije¹³ de la planta o la jima. Los salarios que reciben por su trabajo representan una mejoría en su nivel adquisitivo, sobre todo si se toman en cuenta las condiciones de los lugares de origen. El salario de un jornalero ronda los 1.000 pesos¹⁴ semanales (aproximadamente), sin derecho a ningún tipo de prestación y con jornadas que van de ocho hasta quizá diez o doce horas diarias. Relacionando esta cantidad con los salarios habituales, por los que laboraban los jornaleros en su natal Chiapas, representa una diferencia salarial importante, sin embargo, esta cifra vista por los oriundos de la región de los Altos de Jalisco es insuficiente para el tipo de trabajo que se realiza, por eso prefieren emigrar a Estados Unidos.

Cuando los jornaleros no son contratados, o el trabajo en el mezcal se ha acabado, algunos empleadores los llevan a trabajar a otras tierras, en el cultivo de otros productos o en la realización de trabajos diversos, normalmente en relación con actividades agrícolas, por temporadas, como lo vemos en la entrevista siguiente:

Ahorita ya pasó la temporada del tomate [octubre, noviembre y diciembre], ahora va la del rastrojo, hay que molerlo y encostalarlo, pero ya casi se acaba [la temporada], por eso ya casi no hay trabajo, el rastrojo está húmedo y mucho se va a podrir, entonces peor se va a poner, pero hay que esperar porque como ha estado el clima [por el descenso de temperatura y las consiguientes nevadas] va a ser necesario sacar la planta [mezcal] que se quemó y poner planta nueva (entrevista a Francisco Vázquez, 27 de enero de 2010).

Por otra parte, la presencia de los jornaleros chiapanecos ha generado diversas reacciones entre la población local, sobre todo entre los que compiten en el mercado laboral. Aparte de la explotación laboral y la carencia de prestaciones, son sujetos de discriminación social, mediante expresiones típicamente racistas, fundamentadas en la condición indígena del jornalero y en su gran desempeño laboral, cuyo interés está centrado en la necesidad de subsistir.

"¡Esos indígenas chiapanecos nos están quitando la chamba!" Exclusión social y explotación laboral

La lógica de expansión del capital mundial nos pone en la antesala del análisis de la exclusión de la que son sujetos los jornaleros indígenas migrantes, entendida ésta como un fenómeno social y una cuestión política, económicamente mala, socialmente corrosiva y políticamente explosiva... manifestación, expresión y resultado de una determinada estructura social, es decir, que da cabida a lo "externo al sujeto" como papel determinante y en ocasiones decisivo en estos procesos (Bel, 2002).

Si bien es cierto que existen múltiples y variadas formas de exclusión, aquí hemos decidido avocarnos a aquella que es fruto y consecuencia de la migración, en el sentido de que reconocemos, por un lado, la existencia de estructuras (políticas, económicas) que configuran un entorno excluyente que imposibilita el acceso equitativo a recursos y el sano desarrollo de condiciones mínimas de vida (expresiones de ello podrían ser el desempleo, la pobreza, la desprotección social) y, por otro, la presencia de actores y contextos sociales que generan ruptura, disgregación y erosión, salvaguardando fervientemente lo asumido como propio, auténtico y verdadero.

De acuerdo con lo expresado anteriormente, consideramos el racismo como un marco analítico que nos puede ayudar a interpretar estas formas de exclusión. En primera instancia, retomamos el argumento, según el cual, la migración ocurre a raíz del racismo histórico-estructural implantado en el continente americano durante la Colonia, es decir, partimos del reconocimiento de la globalización como la culminación de un proceso que comenzó con la constitución de América (Quijano, 2000), y que impuso una serie de condicionantes a la población indígena, que a su vez posibilitaron su posterior exclusión y explotación en su propia tierra.

Con la expansión colonial europea, las comunidades culturales originarias de América sufrieron un proceso de disociación entre cultura y territorio. Se abrió desde entonces un proceso de etnicización, a través del cual, los pueblos originarios fueron convertidos en foráneos, en extranjeros en sus propios territorios (Giménez cit. Oehmichen, 2003). Por si esto fuera poco, posteriormente se configuró la idea de nación, como unidad sustentada en la homogeneidad racial de los súbditos, demarcando de tal manera la línea que dividía a los que podrían entrar a formar parte de esta comunidad política y los que no: los indios, a quienes -a partir de la formación de relaciones sociales fundadas en la idea de raza- se les creó una identidad histórica nueva asociada con jerarquías, lugares y roles sociales correspondientes, como constitutivas de ésta (Quijano, 2000), así como la construcción de un conjunto de relaciones entre grupos subordinados en un complejo sistema regional de hegemonías -región de poder la denomina Claudio Lomnitz (1995)-, a contrapunto de las distintas formaciones del Estado y la cultura nacional (Joseph y Nugent, 19940).

Con estos presupuestos, emergieron los discursos sobre el dualismo de la nación, que condujeron inevitablemente a la diferenciación de razas, con un trasfondo civil, sustentado en la extracción de consecuencias sociales y culturales, a partir de la definición biológica. Con esto se pretendió hacer creer que un cierto tipo de desigualdades sociales y de acceso al poder se debían a ciertas características (culturales, raciales, de origen o religiosas) de un sector de la población (Bastos, 2010).

La práctica racista se asentó en el imaginario colectivo, creando una marcada línea, ciertamente identificable en algunas regiones de nuestro país, entre el blanco y el no blanco, pero también entre la gente que se autoasume como civilizada (gente de las urbes, con un cierto grado de educación -académica-, estatus económico medio o elevado) y lo incivilizado (gente de escasos recursos, poca educación -académica-, campesinos, indígenas), o simplemente entre indios y mestizos, utilizando parámetros sobre todo culturales para marcar la diferencia.

Los indígenas son vistos como raíz de los mexicanos, es decir, tan solo representantes del pasado glorioso, pero no como agentes del presente. Desde la escuela y los medios de comunicación, los "indios" son entendidos como "nuestro pasado" y también como resabios de culturas premodernas. La tradición es pensada como un reducto del pasado en términos de oposición a la modernidad. Por tanto, el uso cotidiano de los términos indígena y mestizodeja de tener un sentido técnico (descriptivo o analítico) y adquiere un contenido ideológico-político, para identificar identidades ubicadas geográfica y espacialmente en el sistema de hegemonías regional, es decir, en un marco de jerarquías y relaciones de subordinación y explotación que unen procesos simultáneos con la formación del Estado y de formas de conciencia local (Joseph y Nugent, 1994), o como señala Zárate (2005), se trata de la construcción de hegemonía política, para mantener el orden, refrendar o transformar las instituciones políticas locales, lo cual implica formas particulares de modernización e integración a la sociedad mayor.

Desde el caso en cuestión, el contenido ideológico se materializa en expresiones y conductas ordinarias que suscitan formas de exclusión hacia los migrantes:

Esos pinches¹⁵ chiapanecos vienen y abaratan el "jale"¹⁶, porque ellos cobran barato... o no es que cobren barato, sino que a veces trabajan más, por lo que les pagan y nos joden a todos... y luego, ahora hasta las morras¹⁷ nos andan bajando, ya se oye que unas viejas de Betania, se casaron con unos chiapanecos bien prietos¹⁸, que porque son bien trabajadores... al rato, ni trabajo ni mujeres va a haber para nosotros... me dijeron que ya hasta tienen un equipo de fútbol en la liga municipal de puros patarrajadas¹⁹ (Ríos, 2008: 17).

Es aquí cuando la relevancia social del fenómeno adquiere carácter y sentido peyorativo, pues se trata de sujetos a los cuales se les han negado las condiciones para el sano desarrollo y la potencialización de su vida en el lugar de origen, y se les niega también el acceso a otros espacios sociales de integración y desarrollo humano en el lugar de destino.

La sociedad alteña en Jalisco, específicamente la de Arandas, posee un gusto y una actitud muy particular frente al consumo de tequila, a tal grado que se ha normalizado su consumo excesivo, factor que no despierta ninguna preocupación o cuidado. Para evidenciar tal situación, vale constatar la gran cantidad de cantinas y licorerías que existen en el municipio referido, eso sin contar las fábricas que venden tequila a granel, o simplemente lo dicho por una persona para referirse al consumo: "No habrá quien te invite dos tacos, pero sobra quien te invite un tequila" (entrevista a Daniel Fonseca, 22 de julio de 2009).

Aún cuando este tipo de actitudes están presentes en gran parte de la población, el hecho de que algunos jornaleros chiapanecos se alcoholicen ha sido el factor que ha traído una especie de conmoción y ha servido también como pretexto para etiquetarlos como borrachos y violentos.

[...] a mis padres no les parecía conveniente [acercarse y charlar con ellos a solas] dado la fama que tienen los que vienen de Chiapas de ser bebedores, así que con la finalidad de protegerme, me sugirieron que empezara terminándose las fiestas [pasando las fechas de las festividades] (comunicación con un estudiante de derecho, asistente en proyectos de investigación de la Universidad de Guadalajara).

[...] se les ha caracterizado por ser borrachos y violentos, pero violencia con cuchillo (entrevista a Daniel Fonseca, 22 de julio de 2009).

Estos relatos dan cuenta de la exclusión y la discriminación a raíz del estereotipo generado, y ciertamente la creciente incursión de jóvenes jornaleros en el alcoholismo, así como la aparición de algunos casos en donde la violencia es el denominador común. La problemática social también tiene que ver con la casi nula asistencia social por parte de las autoridades municipales, la cual de entrada es precaria para los originarios, y aún más para los migrantes.

Muestra de la complejidad anteriormente mencionada que se corrobora continuamente con los migrantes chiapanecos, los cuales han aparecido como "extraños" en los municipios de Arandas, Atotonilco y Tepatitlán en Jalisco, no sólo por su fenotipo e indumentaria, sino también por diferencias de carácter cultural, en las que denotan particularidades y características muy propias. A estos migrantes se les percibe como amenaza y son estereotipados como protestantes, milicianos zapatistas, analfabetas, salvajes, incivilizados (por no hablar el castellano) y testarudos, pues no podrían, por ejemplo, aprender a jimar²⁰ (Hernández, 2005). A continuación, citamos un extracto de una conversación sostenida con un empresario arandense, al respecto de los jornaleros chiapanecos, a los cuales recurría con anterioridad para ofertarles trabajo:

Hay mucha diferencia entre un jornalero de Chiapas y uno de Arandas. Los de Chiapas son más cerrados, tienes que decirles como diez veces las cosas para que hagan las cosas como uno quiere y no como ellos la entienden [...]. Son como unos burritos de trabajo. Nunca dejaron de hablar su dialecto, aunque les insistí que hablaran bien (entrevista a Ramiro Jiménez, 23 de julio de 2009).

Una peculiaridad de la mayoría de la población alteña en Jalisco es la tez blanca, rasgo que contrasta inmediatamente con el grupo de migrantes provenientes del sur de México. La constatación de esta diferencia no queda simplemente ahí, sino que se presta en muchos casos como motivo y argumento para discriminar, marginar e incluso explotar al migrante. Desde esta perspectiva, se estaría planteando el racismo como instrumento de explotación y exclusión, y como marco analítico para aproximarnos a la comprensión de tales realidades. Dada la reciente emergencia del fenómeno en cuestión, son prácticamente nulos los trabajos sobre relaciones sociales entre los grupos referidos. Además de que Los Altos de Jalisco no fungen como un enclave agrícola tradicional para jornaleros indígenas, está el hecho de que gran parte de la atención de los estudios migratorios es puesta en la dinámica internacional, de ahí que como primera aproximación, el tema de la exclusión y el racismo sean abordados desde perspectivas generales, no por ello, menos importantes.

En el actual contexto de neoliberalismo, en donde se critican fuertemente las excesivas facultades atribuidas al Estado, y en el que además se pretende, ante todo, un nuevo modo de gestionar conductas en ámbitos muy variados (política laboral, seguridad social, sistema de salud, sistema educativo), ¿quién va a velar por la desaparición de la discriminación contra estos actores? Para el caso que nos ocupa, el espacio laboral se verá fuertemente influido e incluso perjudicado por esta oleada neoliberal en la cual se pretende la vivencia radical de la libertad.

Esta lógica de funcionamiento tiene consecuencias graves para personas como los jornaleros chiapanecos, porque precisamente por ser sujetos de la discriminación de la que son parte socialmente, laboralmente son también discriminados, explotados y excluidos, y, lo que es peor, todo esto dentro del marco de una supuesta legalidad, pues al no estar normadas ciertas situaciones, que podrían denominarse faltas (ausencia de seguridad social, prestaciones, horarios de trabajo) no hay quien atienda y sancione estos atropellos. Es así que nos encontramos con una práctica racista, enmarcada en el espacio laboral de una agroindustria enclavada, a su vez, en el mercado global, que toma de la constatación de las diferencias fenotípicas, culturales y de la desprotección social, laboral y estatal, en general, sus herramientas más socorridas para discriminar, segregar, excluir y explotar al migrante. La vinculación con lo ancestral es por tanto vista y asumida como sinónimo de retraso o precariedad, en el caso de algunos pobladores de Los Altos de Jalisco, los cuales, mediante diferentes tipos de expresiones, no hacen más que refrendar una supuesta superioridad, fincada en la formación histórica de la región por pobladores europeos.

Hoy en día se puede observar la recreación-articulación de sistemas de clasificación social que tienden a colocar a las colectividades culturales que conocemos como indígenas, en los márgenes del mercado laboral y de la vida urbana (Oehmichen, 2003:). Se sigue constatando la estigmatización de la indianeidad, por ser sinónimo de pobreza, ignorancia y atraso en las representaciones culturales dominantes, y por la ubicación de lo indio en el extremo inferior de la estratificación social mexicana (González, 2003).

Nos enfrentamos a un racismo en el que se ha sincretizado, como lo afirma Todorov (2007), lo biológico y lo cultural. Dentro de esta síntesis se puede dar una divergencia, por un lado, para marcar la diferenciación de "razas" con un supuesto grado de ingenuidad: la fetichización de las culturas ancestrales, apelando al folclor, a las tradiciones, modos y práctica, en torno a los cuales se suscitan expresiones que en ocasiones son fundamento, en otras expresión de lástima, benevolencia, paternalismo y minusvaloración. La otra arista que recorre la divergencia es la de la discriminación, segregación y marginación frontal, que se da sin tapujos, vergüenza o remordimiento.

Reflexiones finales

La agroindustria del tequila ha dejado de configurar un producto de consumo regional, para pasar a ser referente nacional y, por consiguiente, una expresión que ejemplifica con claridad la idea wallersteiniana de los sistemas-mundo, en la que se dimensiona el origen de los modelos productivos globales y desiguales, situación que se expresa, en este caso, a través de las grandes asimetrías regionales (Jalisco/Chiapas) que explican la división del trabajo, en atención a las jerarquías ocupacionales.

En ese sentido, se vuelve pertinente reconocer el hecho de que las migraciones refuerzan las desigualdades suscitadas en la actualidad, fenómeno comandado por empresas multinacionales, las cuales han cambiado la propiedad de la tierra en los países periféricos y han mecanizado las tareas de la población, provocando un excedente de mano de obra que se traduce en un sujeto desarraigado y propenso a marcharse al extranjero.

En el caso concreto de la inserción de jornaleros migrantes chiapanecos en la región alteña de Jalisco, la problemática está fuertemente marcada por dos realidades: la explotación laboral y la exclusión social. El racismo sirve de fundamento a la dialéctica de inclusión-exclusión, a la vez que contribuye a la polarización social y a la revalorización de la identidad de los migrantes.

La inserción de los jornaleros migrantes mejora su ingreso monetario, pero su costo social y cultural se expresa en una desvalorización de la persona. En sentido estricto, podríamos decir entonces que las relaciones sociales del migrante no le sirven, al contrario, se le impide formar parte de la sociedad de una manera integral, pues su incursión, en muchos de los casos, está asentada en desiguales relaciones laborales. A partir de éstas, los mestizos alteños de Jalisco recrean y dan forma a nuevas relaciones de sumisión, exclusión, subordinación y discriminación, enmarcadas en un contexto de reconversión productiva, en la cual, un producto global como el tequila se sustenta en relaciones desiguales.

Lo que intentamos a lo largo del escrito es mostrar cómo en el México actual, se manifiesta o afirma la inferioridad de algunos grupos étnicos, frente a la superioridad del propio mestizaje, ello justificado en la explotación y la exclusión de dos grupos. La crisis socioeconómica en la mayoría de los países en los últimos años ha multiplicado los actos de discriminación y exclusión, el caso que presentamos es uno de éstos, que van desde los discursos hasta actos de violencia como las agresiones individuales y colectivas.

Pese a los constantes acuerdos mundiales y las campañas sobre las diferencias culturales, en muchas partes de México, ser indígena simboliza atraso y miseria tanto para los mestizos como en el marco de las políticas gubernamentales. Asimismo, las asimetrías regionales en el país, favorecen que muchos pueblos indígenas sean subordinados y explotados. Es decir, en el caso mexicano, la relación entre sociedad nacional y los pueblos indígenas ha estado mediada por la desigualdad en sus distintas variantes, desde la explotación y la exclusión, hasta el racismo y la marginación que se heredaron desde el régimen colonial.

Es claro que, hasta el momento, tanto el fenómeno migratorio como los estudios se van incrementando, sin embargo, en el caso de Chiapas, aún se necesita profundizar más en el tema, en especial, en los ámbitos rurales y los microprocesos de reestructuración y cambio, que como efectos de la migración de uno o varios de sus integrantes, se dan en el seno de la familia y sus formas tradicionales de organización productiva y de trabajo.

De igual manera, es necesario abordar el costo social en los migrantes indígenas y, consecuentemente, en su intersubjetividad, en los impactos manifiestos en la vida cotidiana, así como en el contexto social y cultural comunitario; además de explorar las articulaciones que definen las relaciones dinámicas entre fronteras e identidades sociales, que nos permitan comprender los procesos de cambio sociocultural registrados en las localidades, las familias y los individuos insertos en la dinámica migratoria.

Notas

1 Para los fines del presente trabajo se entiende por jornalero aquella persona que trabaja sin una actividad fija, es decir, hace lo que le pide quien lo contrata sin contar con ningún tipo de seguridad social o prestación. El cobro ordinariamente es por día de trabajo realizado.

2 Para la obtención de los datos empíricos realizamos trabajo de campo a lo largo del periodo comprendido entre enero de 2009 y enero de 2010, asimismo, realizamos numerosas entrevistas a jornaleros situados en la región Altos de Jalisco y en algunos lugares de expulsión en Chiapas.

3 García y Olivera (2006) han documentado que hacia la frontera norte muchas jóvenes solteras de 15 y 25 años deciden no sólo prolongar la distancia en el lugar de destino, cuando no el arraigo definitivo, sino que también optan por permanecer solteras o casarse después de los 24 años o más, ya no con un miembro de la localidad o del estado, sino con un migrante de otra entidad federativa.

4 La presencia del EZLN en el estado derivó en numerosos conflictos en diversos municipios entre los simpatizantes del movimiento y adherentes de partidos políticos.

5 Se encuentra en la región occidente de la República mexicana, colinda con siete estados (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas) y el océano Pacífico. Cuenta con una extensión de 80.137 km2 en donde se establecen alrededor de 10.643 localidades que conforman un total de 6.752.113 habitantes (Gobierno de Jalisco, 2007).

6 Una vez hecha está aclaración, indicamos que cuando nos refiramos a "Los Altos de Jalisco" estaremos aludiendo a la región Altos Sur.

7 Agave tequilana Weber, variedad azul.

8 El Consejo Regulador del Tequila (CRT) es un organismo mexicano de certificación y verificación que surgió en mayo de 1994. Cuenta con laboratorios acreditados y aprobados, que se encargan de analizar, registrar y certificar la producción tequilera de México, así como de salvaguardar la denominación de origen en México y el extranjero, con el fin de garantizar al consumidor la autenticidad del producto. Está integrado por productores de tequila, agricultores de agave, envasadores y comercializadores y el Gobierno mexicano, pues se encuentra avalado por la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las aduanas. El CRT cuenta con oficinas en Arandas, Tequila, Guadalajara, Jalisco, Madrid (España), Washington y Chicago (Estados Unidos) y Tokio (Japón) (Presentación del CRT, 2006).

9 La denominación de origen es el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de ésta, y cuya calidad y características se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendidos en éste los factores naturales y humanos.
El término denominación de origen, está vinculado a tradiciones culturales arraigadas en los países que han desarrollado y perfeccionado la fabricación de un producto propio de su región. Se relaciona además con valores culturales propios, pues representa la suma de experiencias transmitidas a lo largo de generaciones.
Una denominación de origen no se crea, se reconoce, es sinónimo de originalidad y a su vez es un reconocimiento a una calidad, ligada a una zona geográfica, así como a un origen avalado por un Consejo Regulador que establece los mecanismos de control y supervisión, que garanticen esa autenticidad. El tequila es el primer producto con denominación de origen en México (1974), de un total de 10 productos que cuentan con tal distinción: mezcal, olinalá, talavera, Café Veracruz, ámbar de Chiapas, bacanora, sotol, mango ataulfo Chiapas y charanda.
La denominación de origen para el Tequila comprende una extensión de 181 municipios distribuidos en 5 estados, de entre los cuales Jalisco comprende la totalidad de sus municipios con 125, seguido de Michoacán con 30, Tamaulipas con 11, Nayarit con 8 y Guanajuato con 7 (Presentación del CRT, 2006).

10 Preferimos indicarlo así, dado que no hay aún datos oficiales respecto al número actual. Sin embargo, en el trabajo de campo constatamos que esa cifra ha aumentado.

11 En las referencias de entrevistas, los nombres de los interlocutores han sido cambiados para mantener su anonimato.

12 La entrevista fue realizada luego de una gélida temporada invernal en los Altos de Jalisco, en donde el descenso de temperatura fue tal, que cayeron nevadas en la región, algo poco común para la zona, siendo la nevada más fuerte el 12 de enero de 2010. Por tanto, las condiciones climáticas imposibilitaban en muchos casos que los jornaleros pudieran salir al campo a trabajar.

13 Luego de aproximadamente cuatro años de haber sido plantado el mezcal, comienza a generar una especie de extensiones o rebrotes conocidos como hijuelos, los cuales son removidos con una doble finalidad: el óptimo crecimiento de la planta y, por ende, la producción de azúcares, además de la posterior replantación de los hijuelos en otro terreno.

14 El tipo de cambio en relación con el dólar norteamericano es de aproximadamente doce pesos mexicanos por dólar.

15 Pinche: adjetivo calificativo para insultar a una persona.

16 Jale: sinónimo de trabajoen el ámbito local.

17 Referencia a las mujeres.

18 Prietos: adjetivo calificativo que hace alusión a la tonalidad de la piel, en este caso, se refiere a la tez morena del migrante que difiere de la tez clara de la mayoría de los alteños de Jalisco.

19 Patarrajadas: adjetivo calificativo que se refiere a la condición indígena proveniente del imaginario colectivo en torno a la idílica figura del indígena que portaba traje de manta y calzaba huaraches.

20 La jima es un proceso en el cual, con la ayuda de un machete o de una coa, se cortan las "espadillas" -las cuales poseen un gran número de espinas- de la "cabeza-piña" del agave-mezcal, con dos finalidades: por un lado, propiciar un mejor rendimiento de la planta en cuanto a azúcares y, por otro, facilitar la entrada de animales para que puedan comer la hierba que crece en torno al agave. El trabajo de jima es una labor que requiere habilidad y extremo cuidado para evitar la pérdida de alguna extremidad corporal.

Referencias bibliográficas

1. ACADEMIA Mexicana del Tequila (AMT), s/f, "Historia", en: Academia Mexicana del Tequila, disponible en: <http://www.acamextequila.com.mx/amt3/historia.html>, consultado en abril de 2010.
2. ALBA, Carlos, 2000, Historia regional de Jalisco. Perfil socioeconómico, México, Limusa.
3. BASTOS, Santiago, 2010, "Desigualdad y diferencia: ideas para el estudio del racismo y sus consecuencias en Guatemala", en: Stockholm Review of Latin American Studies, No. 6, Estocolmo, Universidad de Estocolmo, marzo, pp. 29-30.
4. BEL, Carmen, 2002, Exclusión social: origen y consecuencias, Murcia, Universidad de Murcia, disponible en: <http://enxarxats.intersindical.org/nee/ce_exclusio.pdf>, consultado el 7 de enero de 2010.
5. CONSEJO Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social (Coneval), 2007, "Los mapas de pobreza en México", en: Coneval, disponible en: <http://www.coneval.gob.mx/mapas/mapas/presentacion.pdf>, consultado el 18 de abril de 2010.
6. CONSEJO Regulador del Tequila (CRT), 2009, "Denominación de origen", en: Consejo Regulador del Tequila, disponible en: <http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=50&Itemid=62>, consultado el 25 de agosto de 2009.
7. CRUZ, José, Gabriela Robledo y Carlos del Carpio, 2007, Las migraciones internas de los pueblos indígenas de Chiapas, México, Universidad Intercultural de Chiapas/El Colegio de la Frontera Sur.
8. DURAND, Jorge, 2007, "El programa bracero (1942-1964). Un balance crítico", en: Migración y Desarrollo, No. 9, segundo semestre, México, disponible en: <http://www.migracionydesarrollo.org>, consultado el 4 de septiembre de 2009.
9. FÁBREGAS, Andrés, 1986, La formación histórica de una región: Los Altos de Jalisco, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
10. GARCÍA, María, Alain Basail, Daniel Villafuerte, 2007, "Migración y religión en Chiapas. Mapas migratorios y espacios religiosos a través de estudios de casos", en: Alain Basail y María García (coords.), Travesías de la fe. Migración, religión y fronteras en Brasil/México, México, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
11. GARCÍA, María y Mercedes Olivera, 2006, "Migración y mujeres en la frontera sur. Una agenda de investigación", en: El Cotidiano, Revista de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Vol. 21, No. 139, México, pp. 31-40.
12. GILABERT, César y Margarita Camarena, 2004, El alteño global. Trayectorias evolutivas de los altos de Jalisco: evolución política y sociocultural en la era de la sociedad global, México, Universidad de Guadalajara/El Colegio de Jalisco.
13. GIMÉNEZ, Gilberto, 1998, "Identidades étnicas: estado de la cuestión" (mimeografiado).
14. 14. GONZÁLEZ, Soledad, 2003, "La 'desindianización' de una población en el siglo XX en el contexto de transición económica y demográfica", en: Françoise Lartigue y André Quesnel, Las dinámicas de la población indígena. Cuestiones y debates actuales en México, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Institut de Recherche por le Développement/Miguel Ángel Porrúa.
15. HERNÁNDEZ, José, 2005, "El agave tequilero ¿Una hortaliza?", ponencia presentada en el V Congreso Internacional de la Red de Investigación Socioeconómica en Hortalizas, Frutas y Flores (Rishort), Tijuana/Mexicali, marzo.
16. INSTITUTO Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 2008, Panorama educativo de México. Indicadores del sistema educativo nacional 2008, México, INEE.
17. JÁUREGUI, José y María Ávila, 2007, "Estados Unidos, lugar de destino para los migrantes chiapanecos", en: Migraciones Internacionales, Vol. 4, No. 1, enero-junio, El Colegio de la Frontera Norte, México, pp. 24-31.
18. JOSEPH, Gilbert y Daniel Nugent, 1994, "Popular Culture and State Formation in the Revolutionary Mexico", en: Gilbert Joseph y Daniel Nugent (eds.), Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico, Durham, Duke University Press, pp. 97-120.
19. LOMNITZ, Claudio, 1995, Las salidas del laberinto. Cultura e ideología en el espacio nacional mexicano, México D.F., Planeta.
20. LÓPEZ, Eliseo, 1999, Último cielo en la cruz, México, Universidad de Guadalajara/El Colegio de Jalisco, pp. 20-65.
21. OEHMICHEN, Cristina, 2003, "Procesos de integración y segregación en el espacio urbano. Indígenas en la ciudad de México", en: Françoise Lartigue y André Quesnel, Las dinámicas de la población indígena. Cuestiones y debates actuales en México, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Institut de Recherche por le Développement/Miguel Ángel Porrúa.
22. OLIVERA, Mercedes y Luis Sánchez, 2005, "Género: ¿estructura estructurante de la migración?", en: Daniel Villa-fuerte y María García, Migraciones en el sur de México y Centroamérica, México, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/Miguel Ángel Porrúa, pp. 258-262.
23. PIMIENTA, Rodrigo y Marta Vera, 2005, Dinámica migratoria interestatal en la República Mexicana, México, El Colegio Mexiquense.
24. QUIJANO, Aníbal, 2000, "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina", en: Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas, Buenos Aires, Clacso.
25. RÍOS, Julio, 2008, "La otra migración", en: Proceso, Suplemento Jalisco, No. 1686, marzo, México, pp. 16-17.
26. TODOROV, Tzvetan, 2007, Nosotros y los otros, México, Siglo XXI.
27. VILLAFUERTE, Daniel, 2002, La tierra en Chiapas. Viejos problemas nuevos, México, Fondo de Cultura Económica.
28. VILLAFUERTE, Daniel y María García, 2006, "Crisis rural y migraciones en Chiapas", en: Migración y Desarrollo, primer semestre, México, Red Internacional de Migración y Desarrollo, p. 72.
29. VIQUEIRA, Juan, 2008, "Cuando no florecen las ciudades. La urbanización tardía e insuficiente de Chiapas", en: Ariel Rodríguez y Carlos Lira, Ciudades mexicanas del siglo XX. Siete estudios históricos, México, El Colegio de México/Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
30. WALLERSTEIN, Immanuel, 1998, Impensar las ciencias sociales,México, Siglo XXI.
31. ZÁRATE, José, 2005, "La comunidad imposible. Alcances y paradojas del moderno comunalismo", en: Miguel Lisbona (coord.), La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, Zamora, El Colegio de Michoacán/UNICA H, pp. 61-86.

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Última actualización en 14 Septiembre 2016