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Las víctimas en la socialización*

As vítimas na socialização

The victims in socialization

Gisela Daza Navarrete**

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* Este trabajo es resultado del proyecto de investigación “Familia, socialización y violencia fase II” patrocinado por el Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos (IESCOUC) y por COLCIENCIAS y finalizada en el año 2002, así como de un proyecto de consultoría con el municipio de Tunja (Boyacá) realizado en el año 2005.

** Investigadora del Grupo de investigación Socialización y violencia del IESCO-UC. Email: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

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Resumen

Este artículo pretende recorrer algunas de las prácticas y discursos en los que la víctima tiene emergencia, con el propósito de poner en discusión la hipótesis, según la cual, la aprehensión de la víctima desde la asistencia puede destituirla o impedirle instituirse en sujeto activo del derecho, para instalarla por naturalización, psicologización y vulnerabilización en un régimen de benevolencia y compasión, fuera del ámbito de lo político.

Palabras clave: subjetividad, victimización, derechos civiles, derechos humanos.

Resumo

Este artigo pretende abordar algumas das práticas e discursos nos que a vítima tem necessidade, com o propósito de colocar em discussão a hipótese segundo a qual a apreensão da vítima desde a assistência pode destituí-la ou impedi-la de se instituir como sujeito ativo do direito, para instalá-la por naturalização, psicologização e vulnerabilidade em um regime de benevolência e compaixão, fora do âmbito político.

Palavras-chaves: subjetividade, vitimização, direitos civis, direitos humanos.

Abstract

This article tries to analyze some of the practices and speeches about the emergency of the victim, in order to discuss the hypothesis according to which “welfare” apprehension of the victim can dismiss it, or prevent it, to institute itself as an active subject of the civil rights. Instead, this apprehension can install it, by naturalization and psychologization, in a benevolent regime which is located by outside the scope of the politician.

Key words: subjectivity, victimization, civil rights, human rights.

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Una forma de socialización puesta en evidencia por las prácticas que promueve la familia, la de la “víctima”, muestra dos caminos: el del derecho y el del humanitarismo. El primero, pasa por la victimización como condición de la existencia del sujeto de derecho, el segundo, por los derechos humanos como condición de existencia anónima en lo sensible.

Alejada ya del significado sagrado de la víctima sacrificada por el bien de la ciudad, el estatuto de la víctima en cuanto sujeto de derecho, ha variado según las condiciones políticas propias de las prácticas penales y de sus formas de verdad. Esta variación va desde la existencia plena de la víctima en una acción de duelo u oposición entre individuos, como ocurría con el antiguo derecho germánico hasta el siglo XII; pasando por una casi total inexistencia cuando el daño y la ofensa entre individuos son reemplazados por la infracción a la ley del Estado, como ocurre casi a todo lo largo de la historia de los estados modernos en Occidente, hasta su reemergencia, de una cierta manera, a partir de la declaración de los Derechos del Hombre y, de otra, con la declaración de Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.

Este artículo pretende recorrer algunas de las prácticas y discursos en las que la víctima tiene emergencia, con el propósito de poner en discusión la hipótesis, según la cual, la aprehensión de la víctima desde la asistencia puede destituirla o impedirle instituirse en cuanto sujeto activo del derecho, para instalarla por naturalización, psicologización y vulnerabilización en un régimen de benevolencia y compasión, fuera del ámbito de lo político.

La constatación de que, en los procesos de socialización de la familia colombiana, una de las maneras en las que la mujer se reconoce a sí misma como sujeto de derecho tiene por condición el haber sido primero víctima de una violencia, permite describir los modos como actúa la instauración de esta condición (cfr. Zuleta y Daza, 2002).

Ser víctima de una violencia alude a una forma de relación social conflictiva, susceptible de actualizar las formas de regulación de las que una sociedad se dota para resolver los conflictos que en ella emergen. En el Estado de derecho esta regulación toma la forma de la ley, de un sistema formal que determina la relación entre los individuos y entre el individuo y el Estado, a la vez que deposita en este último el uso legítimo de la violencia, según la fórmula weberiana, y con ello el poder punitivo, formalmente expresado por el derecho penal.

De esta manera, el discurso y las prácticas del derecho efectúan, por medio de la normativización, una objetivación de ciertas relaciones sociales que redistribuyen, en retorno, las relaciones de poder inscriptas en el campo social que determinan, al igual que las formas y posiciones de sujeto allí ocupadas. Sin embargo, ¿cuál es su especificidad, cuál es ese campo social así trazado?

Por cuanto en la dogmática penal se considera que los elementos del delito son el sujeto activo y el bien jurídicamente tutelado, la víctima no adquiere en este contexto la condición de sujeto activo del derecho, precisamente se la define como el sujeto pasivo de la infracción. Esta forma pasiva de la víctima en el régimen penal, se remonta a la constitución del poder judicial como un poder ejercido específicamente por el Estado. Foucault, en la genealogía de la constitución de la soberanía y de la razón de Estado, determina la importancia que tiene para la instauración de la soberanía hacer que la violencia deje de ser un litigio entre dos, en un círculo de venganza agenciado por la víctima, y que esta última desaparezca al ser sustituida en favor y por la soberanía del Estado (cfr. Foucault, 1995). Así, la ofensa y el daño devienen en infracción al orden social legítimamente instituido, constituyéndose una relación entre tres términos: el infractor, la infracción y el Estado. Este desalojo de la víctima de la solución del conflicto, operado por el Estado, termina por provocar su desaparición como sujeto activo en prácticamente todas las legislaciones que adoptan un modelo penal represivo, quedándole como única positividad la función de denuncia del daño sufrido; mientras que el Estado, que ejerce legítimamente el poder punitivo, determinará e impondrá la sanción al criminal o al infractor, según las leyes y penas que haya formalmente establecido, la cual se aplicará en nombre del bien común o del interés del Estado¹. Por su parte, la reparación del daño causado, que es generalmente una reparación pecuniaria y corresponde al ofensor, se inscribe en el ámbito de la responsabilidad civil donde se resuelve la obligación de reparar los daños materiales y morales que provengan del hecho punible².

Justamente, es en esta función específica de denuncia, en el caso aludido de la socialización colombiana, cuando algunas mujeres se reconocen a sí mismas como sujeto de derecho, en el sentido de que lo que buscan es que, la violencia ejercida contra ellas en el ámbito familiar sea reconocida socialmente como ilegítima y como un medio de sometimiento, contrario al derecho a la integridad, la libertad y la igualdad, valores del liberalismo que sustentan la función del Estado en su relación con los ciudadanos³. Evento que, en las prácticas sociales de algunas de las familias colombianas, ocurre a lo largo de la década de 1980 de manera un tanto particular.

Ese modo un tanto particular se refiere a que el proceso, mediante el cual el haber sido víctima de violencia está en la base del reconocimiento de la mujer como sujeto de derecho, sucede prioritariamente en un campo social que, trazado desde la política y habiéndose logrado el reconocimiento de los derechos civiles en décadas anteriores, se enuncia en la reivindicación de la no discriminación jurídica, legal, política, social y económica, y no desde un discurso que erija a la figura de la mujer víctima como figura positiva del derecho. Subyace tras ello una lógica de la lucha de las mujeres que, teniendo por horizonte los derechos, se desarrolla principalmente en la reivindicación de la igualdad. Pues, de hecho, aquella publicación de la violencia sufrida en el ámbito privado no instituye una nueva conducta punible ni una penalidad específica –en esa década–, sino que designa a la familia y al matrimonio como lugar de opresión e iniquidad, desvelando allí la pervivencia de relaciones de poder patriarcales y despóticas, y adjuntando este espacio privado a los demás lugares y posiciones en los que la discriminación de la mujer tiene lugar.

Sin embargo, la resistencia a la discriminación no siempre tiene como medio la reivindicación de la igualdad. Algunas veces, se orienta al reconocimiento de un derecho dentro de una organización social que otorga al Estado dicha función; mientras que en otras, a la constitución de una diferencia. La lucha de las mujeres en la década de los años ochenta, momento que Amelia Valcárcel (2000: 19-54) denomina la “tercera ola del feminismo”, sitúa la resistencia, en unos casos, en una militancia de partido que confronta al Estado como aparato represivo; en otros, en la pertenencia a movimientos sociales específicamente feministas, que atribuyen al Estado y a las instituciones las mismas formas de dominación y de discriminación que las que ocurren en la familia, al optar por una posición más radical que cifra su interés en las prácticas culturales y sociales de construcción de lo femenino y lo masculino, y que desvela la manera como las relaciones de poder se anclan en el cuerpo, la sexualidad y la intimidad. Se instaura así una pugna por el reconocimiento de la diferencia que, por el mantenimiento del estatus del sujeto de derecho, busca trastocar las prácticas sociales que dan forma a la identidad de género en la cultura patriarcal, para generar otras, con las que se desea que no se reproduzca la discriminación. Esas reivindicaciones y luchas, esa tensión política y social repercute en las prácticas y discursos de socialización, acompaña las transformaciones que sufre la familia en ese periodo en los diferentes estratos sociales e incide en la subjetividad del sujeto de derecho, que a la vez puede ser singular.

Durante la década de los años noventa, y de manera bastante distinta del desvelamiento de la micropolítica de la dominación sobre la mujer en la esfera privada, aquella forma de la socialización que hemos denominado de la víctima, actualiza una relación entre derecho y violencia que no pasa ya por el reconocimiento del sujeto de derecho sino por la formalización de la víctima, como un sujeto cuyo derecho es la asistencia (Zuleta y Daza, Op. cit.: 226 y 227).

En este nuevo panorama, ser víctima de violencia adquiere otras connotaciones. En las prácticas de socialización agenciadas por las familias, vemos una operación de particularización frente al derecho que transforma la apelación a un orden general, ser reconocido como sujeto de derecho, por una demostración individual y particular de haber sido víctima de violencia en calidad de algo, especialmente en calidad de minoría, lo que en el estado de cosas actual parece no tener por finalidad prioritaria la solución del conflicto mediante el control jurídico del delito y del delincuente, del infractor y la infracción. Más bien, un hacerse cargo de la víctima, un deslizamiento de la relación que ya no ocurre necesariamente entre el delincuente y el Estado, sino entre la víctima y una serie diversa de instancias, incluido el Estado, que responden a la victimización desde la terapéutica y la asistencia, y modelan una nueva subjetividad de la que también hace parte la promoción de la figura de la víctima como una forma de identidad civil.

En este desplazamiento del punto de mira hacia la víctima, la violencia ejercida sobre alguien, la violencia sufrida, será objeto de discursos y prácticas que tendrán al derecho como punto de partida y no como horizonte. Pareciera que la víctima materializara y realizara el derecho natural, con el que los derechos humanos invisten a los seres humanos por su naturaleza, pues la violación de esos derechos se constituye en el proceso de victimización. El resultado, la víctima, es situada en una suerte de minusvalía y fragilidad. En la declaración de Naciones Unidas de 1961, sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, se define a la víctima de delitos como:

(…) toda persona que, de forma individual o colectiva, haya sufrido daños, lesiones físicas o morales, cualquier tipo de sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de cualquier derecho fundamental, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación vigente en los estados miembros, incluidos los que proscriben como abuso de poder.

Y se define de igual manera a la víctima de abuso del poder, excepto que se agrega:

(…) como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.

Desde esta posición se adquieren como derechos, el acceso a la justicia y el trato justo, el resarcimiento entendido como devolución de bienes o pago de los daños o pérdidas sufridas, la indemnización por parte del Estado, y una serie de servicios asistenciales, “las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria”⁴. Mediante esta concepción de la asistencia como un derecho de la víctima, toma forma la idea de una moral de socorro y salvación. Así, en el análisis que hace Francisco Rey (2006) sobre la asistencia humanitaria como derecho humano de tercera generación, dice:

La preocupación por el sufrimiento humano y el deseo de actuar a favor de las víctimas de situaciones de extrema urgencia, es ante todo un imperativo moral y responde a una actitud ética de solidaridad con los otros en situaciones de urgencia cualquiera que sea su origen. Por ello desde diversos foros tanto de juristas como de ONG se han elaborado Reglas o Códigos de Conducta que enfatizan este protagonismo de los derechos de las víctimas y del compromiso humanitario con ellas como elemento fundamental de la acción humanitaria⁵.

En esta idea moral de la asistencia, el socorro y la salvación no son entendidos en cuanto virtudes que ritmen las relaciones de los unos con los otros en posición simétrica, sino como un derecho humano del desposeído a ser asistido y como una acción benevolente, caritativa y voluntaria de quien da, por fuera de condiciones de reciprocidad.

Colombia ha firmado y ratificado diferentes resoluciones y tratados de los organismos de protección de los derechos humanos y, en muchos casos, ha insertado tales disposiciones en las leyes y normas, así como también, diferentes gobiernos han trazado políticas a partir o en consideración de aquellas. En tales tratados, leyes, normas y políticas, se efectúa, por una parte, una individuación de la víctima en el sentido de que se determina un sujeto social específico como tal⁶: los niños y niñas, las mujeres; en caso de conflicto armado, la población civil que es cada vez más subsumida bajo la categoría del desplazado y en ella, nuevamente, se particulariza a las mujeres, niños y niñas, las minorías étnicas⁷, entre otras y, por otra parte, una prescripción más o menos homogénea respecto de la manera como se debe tratar a la víctima, independientemente del motivo y contexto de la victimización.

A diferencia del primer modo de subjetividad de la víctima, en el cual se reivindicaba una facultad, una potencia, tener derecho a, hacer que el Estado reconozca y proteja dicho derecho del sujeto, y en el que la violencia es entendida como conflicto y el daño como delito, este segundo modo adquiere la forma de un sujeto fragilizado, carente, sufriente, cuyo derecho es un servicio, una prestación, una gestión⁸.

Así, la relación ya no tiene por términos principales el Estado y el ciudadano, sino que en ella intervienen nuevos actores, especialmente aquellos que resultan puestos allí por la función de asistencia: médicos, psicólogos, sociólogos, planificadores del desarrollo y, en cuanto a instituciones, organizaciones humanitarias, en general lo que hoy se conoce como el tercer sector, además, de una imbricación entre estas como ejecutoras o movilizadoras de recursos económicos y técnicos, con modos de intervención y finalidades similares a los de algunos programas sociales de gobierno.

Dicha relación pone en juego también una forma muy especial de la condición ciudadana, que implica demostrar ser víctima y que dicha condición sea ratificada y formalizada por el Estado⁹, siendo este el mecanismo que permite el cumplimiento del derecho de asistencia, generalmente traducido en forma de ayuda material o informativa. El deber del Estado de reconocer y proteger los derechos adopta frecuentemente la forma de la prestación de una ayuda, que opera como paliativo o como la puesta en ruta para alcanzar un estado similar al que se tenía antes de la vulneración del derecho.

Todo ello concurre a que la violencia deje de ser prioritariamente aprehendida desde su carácter de conflicto, para serlo desde sus consecuencias que se entienden negativas y que afectan a un sujeto individualizado. La violencia es entonces un mal causante de daño físico, psicológico, social y moral, y lo primordial será prevenir, curar y reparar ese daño. De esta manera, se crean las condiciones para deslocalizar la violencia de la confrontación en la lucha de poder e instalarla en un discurso sanitario y terapéutico, desde el cual se la puede gestionar y administrar.

El informe mundial sobre violencia y salud de la Organización Mundial de la Salud especifica que a los sistemas de salud no sólo les compete tratar y rehabilitar a las víctimas, sino que la salud pública puede actuar para prevenir la violencia, gracias al “éxito de medidas de prevención aplicadas a otros problemas sanitarios de origen medioambiental o relacionados con el comportamiento, como las cardiopatías, el consumo de tabaco y el VIH/SIDA” (Cfr. Informe mundial sobre violencia y salud. Sinopsis. Organización Mundial de la Salud. Ginebra, 2002).

Esta inclusión de la violencia en las técnicas de gestión de la salud, se inscribe en un modelo de salud pública higienista y preventivo, que busca modificar los estilos de vida de las poblaciones e identificar los factores de riesgo pues, al igual que la enfermedad, la violencia es la resultante de factores sociales, conductuales y ambientales modificables y, por eso, es necesario sensibilizar y educar a los individuos para que adopten hábitos saludables o, en este caso, no violentos.

Por otra parte, en esta concepción que asimila a la víctima al enfermo, al cual hay que curar y salvar –en el sentido de preservar la vida–, se autorizan y promueven diversos modos de intervención que suponen una objetivación de la víctima y una relación técnico- científica con el objeto así construido. De hecho, las víctimas, puesto que han sufrido daño físico, moral y psicológico, deben ser rehabilitadas. Una serie de servicios, generalmente organizados en programas de atención psicosocial y de salud, vendrán a paliar esos efectos negativos, a curar o a llevar nuevamente hacia la normalidad las disfunciones producidas por la violencia, con tecnologías agenciadas por expertos y profesionales de lo social¹⁰.

Los mecanismos o tecnologías de habilitación o rehabilitación han puesto en circulación un saber psicológico, no siempre desde una comprensión teórica o paradigmática de las disciplinas correspondientes, sino más bien un proceder técnico valorado en función de su eficacia, que crea un campo de intervención nominado como intervención psicosocial, apoyo social, apoyo psicológico, entre otros. Dichas tecnologías suelen caracterizarse por una idea que supone al individuo como causa y fin de la acción, de modo tal que la lesión producida por el acto violento, lesión que se entiende psicológica y social, la primera como trauma y la segunda como desestructuración de las redes sociales y del tejido social, puede ser superada mediante la apropiación de una serie de habilidades y de una capacidad de autocontrol, que permiten al individuo una mejor adaptación a las condiciones de vida que enfrenta.

La estadística cumple un importante papel en el trazado del campo social donde emerge esta forma de subjetividad. El establecimiento de la incidencia del mal, para el cual se crean los sistemas de información sobre las víctimas y se realizan las encuestas de victimización¹¹, posibilita establecer los índices, las categorizaciones y clasificaciones que sirven de base para la intervención. Las cifras definen claramente esas nuevas segmentaciones de víctimas, el número de mujeres maltratadas, el número de niños abusados, el número de desplazados, el número de robos y asaltos, operación que convierte a las víctimas en dato y el dato en el índice que obliga a generar también estrategias de seguridad. Una moral humanitaria acompasa, igualmente, la constitución discursiva de la víctima y sirve de argumento para otras formas de acción que, además de instalarla en un campo de relaciones privadas, la sitúan en una relación de poder despótica mediada por la asistencia. Dichas acciones, institucionalizadas por las complejas y diversas organizaciones privadas no gubernamentales de orden humanitario, las cuales parecen responder a un ideario de asistencia, neutralidad, caridad o solidaridad, conocen una abrumadora proliferación en tiempos de globalización y neoliberalismo, y con frecuencia sostienen su acción en la defensa y promoción de los derechos humanos y su complejo entrecruzamiento con el derecho internacional humanitario¹².

De hecho, es en el discurso de los derechos humanos donde ocurre la asimilación de la víctima de la catástrofe natural a la de víctima del conflicto armado, a la de víctima del abuso del poder, operando así una naturalización de la causa de la victimización en la que pareciera que, para efectos de las condiciones que afronta la víctima, es indiferente que la causa de su estado sea un terremoto o un conflicto armado. Por tanto, la acción y la atención no se dirigen a la causa, pudiéndose, por el contrario, erigir a la víctima en toda la inmensidad de su desgracia, ya que, por definición, esa víctima así naturalizada es inocente. Mecánica de instauración de un régimen de bondad, donde la desgracia del otro apela a esa nueva forma de la compasión y de la caridad, en ocasiones signada como solidaridad, por cuanto la apelación que se propaga es a solidarizarse con las víctimas, la cual se materializa en el envío de la ayuda humanitaria¹³. Quizás sea oportuno recordar aquí que muchos de los programas gubernamentales de ayuda a las víctimas tienen por acción prioritaria prestar ayuda humanitaria. Lo público y lo privado, la sociedad civil y el Estado, todos unidos en el gesto humanitario de solidaridad con las víctimas.

En este emplazamiento de la víctima en lo sensible también participan los medios de comunicación. La víctima no sólo es un dato, también es una noticia. Los espacios noticiosos saturan al televidente de imágenes de víctimas de toda especie, unificadas en la imagen del sufrimiento, doblando nuevamente este punto de mira sobre la víctima con el que se homogeneizan o banalizan las causas y se conmueve a la audiencia. La víctima es mostrada y dicha en una situación donde la violencia adquiere una connotación catastrófica y, en tal virtud, no susceptible de acción sobre ella, siendo mediatizada a la manera de un acontecimiento ajeno a la voluntad o a la acción de los hombres, que apela, por el contrario, a una acción de salvación o de protección urgente, pues de la catástrofe se registran las víctimas y los destrozos.

En su definición y en su derecho, la víctima tiende a ser objetivada e instrumentalizada por el humanitarismo y, con ello, deslocalizada de la política, pues la víctima así definida es mostrada, pensada y aprehendida como ser sufriente y vulnerado, mientras que la violencia se hace casi innombrable e inaprensible en sus causas: las relaciones de poder en las que se instaura.

Los dos modos de subjetividad de la víctima que tienen lugar en las prácticas de socialización agenciadas por las familias colombianas, el primero correspondiente a la reivindicación del derecho en el terreno de la política, el segundo, a una instauración en lo sensible del sujeto victimizado, nos han permitido plantear el lugar donde la violencia está siendo situada discursiva y socialmente, para dejar abierto un interrogante acerca de los modos posibles de resistencia a la victimización.

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Citas

1 “En este sentido la Criminología ha sido clara en establecer que el conflicto le es expropiado por el Estado al ofendido, en donde su interés a nivel sustantivo se ve reemplazado por el abstracto bien jurídico tutelado y su derecho a la acusación se ve suprimido en aras de la persecución estatal promovida por la vigencia del principio de oficialidad de la acción penal” (Pérez Cubero, 1998: 26).

2 Art. 103. - Reparación del daño y prevalencia de la obligación. El hecho punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales que de él provengan. Esta obligación prevalece sobre cualquiera otra que contraiga el responsable después de cometido el hecho y aún respecto de la multa. Decreto 100 de 1980, título VI. Derecho Penal colombiano, Código Penal.

3 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía de 2005, “cincuenta y cuatro por ciento de las bogotanas no denuncia los actos de violencia doméstica en su contra ni en las comisarías de familia ni ante la justicia, según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2005, del Instituto de Bienestar Familiar y Profamilia” (El Tiempo, mayo 27 de 2006).

4 La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, dice: “Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás personal interesado capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida”.

5 Este “nuevo” derecho que como se ha dicho estaría en fase de creación y no todavía como derecho subjetivo definido y articulado, formaría para algunos parte de los llamados derechos de tercera generación o de la solidaridad, llamados así por oposición a los de primera generación: derechos civiles y políticos y a los de segunda: económicos, sociales y culturales. En esta tercera generación estarían el derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente sano y otros, que responden a una nueva toma de conciencia sobre las necesidades y problemas que afectan a la humanidad y surgen como respuesta a éstas (cfr. Rey, 2006).

6 Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1963; Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer; Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993; Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.

7 “En una perspectiva de progresividad de garantía y restitución de derechos y en un contexto de recursos públicos limitados, las ofertas de atención deben considerar prioritariamente a niños, niñas, madres cabezas de familia y adultos mayores, ya que estos en cualquier caso de desplazamiento son los segmentos de población más vulnerables” Alcaldía Mayor de Bogotá (2004: 59).

8 Así, por ejemplo, “ACNUR advierte que la población desplazada amerita una respuesta especial del Estado en tanto se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad… Los niños y niñas que han sufrido su desplazamiento en la etapa preadolescente, o de la adolescencia, …Los niños y niñas desplazados en esas condiciones deben recibir atención prioritaria dentro de los programas dirigidos a este sector de población (citado por Alcaldía Mayor de Bogotá, Op. cit.: 57).

9 “Una vez adelantado el proceso de valoración, las personas u hogares pueden tener alguna de las siguientes condiciones en el Registro Único de Población Desplazada, incluido: Cuando la persona o el hogar de la declaración cumple con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 387 y en los artículos 2º, 6º, 7º, y 8º del decreto 2569 de 2000. No incluido: Según el artículo 11º del decreto 2569 la Red de Solidaridad Social no efectuará la inscripción en el Registro de quien solicita la condición de desplazado en los siguientes casos: Cuando la declaración resulte contraria a la verdad. Cuando existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1º de la ley 387 de 1997. Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción en el Registro después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997” (cfr. Acción Social, 2006).

10 Intervención clínica de la psicología relacionada con el trauma como efecto de la violencia y productor de psicopatología individual; intervención psicosocial orientada a la inserción de la víctima en interacciones sociales que mejoran la autoestima, las estrategias de adaptación, el sentido de pertenencia; servicios de información jurídico-legales, valoración nutricional y del desarrollo, terapias lúdicas, entre otros.

11 “Las encuestas de victimización consisten en realizar un cuestionario a un muestreo de población representativa, a la cual se le pregunta si ha sido víctima de un delito determinado: con ello se consigue recopilar información acerca de los delitos acontecidos, la frecuencia de ellos y las características de la gente victimizada” (Palacio, 2001: 296).

12 De acuerdo con Joana Abrisketa (citada por Sandoval, 2003: 173), “la atención humanitaria se define como un conjunto de acciones de ayuda de diversa índole a las víctimas de desastres, ya fueren estos causados naturalmente o por la mano del hombre (conflictos armados) encaminadas a aliviar el sufrimiento, garantizar la subsistencia, proteger los Derechos Humanos, controlar la desestabilización económica de las comunidades y restablecer su tejido social”.

13 “Provisión de hábitat, agua, alimentos, medicinas, artículos de aseo personal; en algunas ocasiones estas acciones van acompañadas de apoyo psicosocial, capacitación, macroproyectos productivos de poco alcance económico y solo concebidos para el sustento de las familias y apoyo en salud y saneamiento” (Sandoval, Ibíd.: 218-219).

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Bibliografía

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2. ALCALDÍA MAYOR de Bogotá, 2004, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, El desplazamiento en Bogotá, una realidad que reclama atención, Bogotá sin indiferencia, Bogotá.
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4. EL TIEMPO, (periódico), mayo 27 de 2006, Bogotá.
5. FOUCAULT, Michel, 1995, La verdad y las formas jurídicas, Barcelona, Gedisa, cuarta edición.
6. ORGANIZACIÓN MUNDIAL de la Salud, 2002, Informe mundial sobre violencia y salud, sinopsis, Ginebra.
7. PALACIOS, Marisol, 2001, Contribuciones de la victimología al sistema penal, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda.
8. PÉREZ CUBERO, F., 1998, “La tutela efectiva de los derechos de la víctima en el Proceso Penal Costarricense”, en: Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, No. 15, diciembre, año 10.
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10. SANDOVAL, Mary Luz, 2003, El papel de las ONG internacionales en los conflictos armados internos. Caso Colombia, Bogotá, Universidad Libre.
11. VALCÁRCEL, Amelia, “La memoria colectiva y los retos del feminismo”, en: Amelia Valcárcel y Rosalía Romero (eds.), Los desafíos del feminismo ante el siglo XXI, 2000, Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer, pp.19-54.
12. ZULETA, Mónica y Gisela Daza, 2002, El particular desorden de la periferia, Bogotá, Universidad Central-DIUC/Siglo del Hombre Editores

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Última actualización en 04 Enero 2017

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Tipos de conocimiento y experiencias de la política: el sujeto político invocado por las Farc*

Tipos de conhecimento e experiências de política: o sujeito político invocado pelas FARC

Types of knowledge and experiences of politics: the political subject invoked by the FARC

Ingrid Bolívar**

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* El artículo es parte de una investigación en marcha titulada Discursos emocionales y experiencias de la política: las Farc y las Auc en los procesos de negociación de paz (1998-2006). Una primera fase del proyecto fue cofinanciada por Colciencias y realizada en el CINEP conjuntamente con Teófilo Vásquez y Silvia Otero.

** Politóloga e historiadora, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, integrante del Grupo de investigación Violencia Política y formación del Estado del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

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Resumen

Este artículo tiene como objetivo propiciar una discusión sobre los vínculos entre tipos de conocimiento y experiencias de la política, a partir de la revisión de la forma como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, invocan a la sociedad nacional en los contextos de negociación de la paz con el presidente Pastrana (1998-2002). El texto plantea unas preguntas sobre la “distancia” entre las precisiones conceptuales a las que han llegado los investigadores sociales y las experiencias políticas de actores que, como las Farc, desafían la visión predominante de la política como actividad pacífica.

Palabras clave: racionalismo en política, Farc, ideología, experiencias de la política.

Resumo

Este artigo tem como objetivo principal propiciar uma discussão sobre os vínculos entre tipos de conhecimento e experiências da política, a partir de uma revisão da forma como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Farc, invocam à sociedade nacional nos contextos de negociação da paz com o presidente Pastrana (1998-2002). O texto coloca em questão umas perguntas sobre a “distância” entre as precisões conceptuais às quais chegaram os pesquisadores sociais e as experiências políticas de atores que, como as Farc, desafiam a visão predominante da política como atividade pacífica.

Palavras-chaves: racionalismo na política, Farc, ideologia, experiências da política.

Abstract

This paper tries to foment a discussion about the relationships between types of knowledge and experiences of the policy from the revision of the form like Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, invoke to the national society in the contexts of negotiation of peace with the president Andrés Pastrana (1998-2002). It raises questions on the “distance” between the conceptual precisions at which the social researchers have arrived and the political experiences of actors that, like the Farc, defy the predominant vision of the policy like pacific activity.

Key words: rationalism in policy, Farc, ideology, experiences of policy.

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Mi objetivo en este artículo es propiciar una discusión sobre los vínculos entre tipos de conocimiento y experiencias de la política, a partir de la revisión de la forma como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, invocan a la sociedad nacional en los contextos de negociación de la paz con el presidente Pastrana (1998- 2002).

El texto plantea unas preguntas sobre la “distancia” entre las precisiones conceptuales a las que han llegado los investigadores sociales y las experiencias políticas de actores que, como las Farc, desafían la visión predominante de la política como actividad pacífica. Planteo preguntas, pero no supongo que “debe” o que “no debe” haber una relación entre el conocimiento teórico especializado y la experiencia de los actores políticos concretos. Me interesa inscribir esa “distancia” entre teoría y práctica política, tan criticada hoy¹, en una vieja y peligrosa tendencia de la política moderna: convertir a la política en ideología y en formulaciones racionales y abstractas sobre la vida social (Oakesthott, 1962). El texto está dividido en tres secciones. La primera, presenta esquemáticamente cómo nació el problema y cuáles hábitos de pensamiento invito a reconsiderar. En la segunda, reseño algunas producciones verbales de las Farc e insisto en la necesidad de “rarificarlas” para poder detectar en ellas algo de la experiencia política de esa organización armada. En la tercera sección retomo y enmarco los planteamientos de las Farc desde perspectivas que recalcan la transformación histórica de la política y los problemas implícitos en el predominio de un tipo de conocimiento y de lenguaje político centrado en ideales o en sujetos abstractos.

¿Cuál es el problema?

Me interesa animar un debate sobre la relación entre conocimiento y experiencia política, porque he enfrentado grandes dificultades para comprender el mundo político del que habla las Farc en sus distintas producciones verbales, y porque no me convence –académica y personalmente– el diagnóstico que hacen algunos investigadores, según el cual, el problema es que las Farc sufren de un severo “anacronismo”².

Cuando hablo de las dificultades para comprender el mundo político de las Farc, aludo a que sus declaraciones están llenas de contraposiciones que he aprendido a clasificar como “simples” y de lecturas “complotistas”, sobre las relaciones entre “pueblo y oligarquías”, entre sectores sociales concretos y “minorías ricas”, entre el pueblo y las “castas politiqueras”. Resalto la calificación de contraposiciones “simples” para marcar que, precisamente, se trata de un juicio “instruido” que proviene de un mundo de experiencia distinto al de las Farc y que tiende a subestimar las exigencias propias del trabajo político. Este señalamiento queda más claro si se recuerda, con Norbert Elias, que existen distintos tipos de conocimiento, que aquellos tienen funciones orientadoras de la acción y que sólo en algunos casos es necesario o siquiera deseable que tales conocimientos hagan matices o muestren todas las complejidades de un fenómeno determinado (Elias, 1996: 43 y ss).

Elias insiste en un punto que hoy solemos pasar por alto: las funciones de orientación de los distintos tipos de conocimiento. Desde su perspectiva, el conocimiento científico o positivo es sólo una forma tardía de conocimiento, que fue privilegiada en un momento específico de la historia de las sociedades, pero que es inseparable de las formas de conocimiento teológicas y metafísicas. Estás últimas siguen habitando las categorías y los anhelos políticos de las sociedades contemporáneas sin que, a veces, tengamos clara conciencia de ello (Elias, 1996, 1997 y ss; Abrams, 1996)³. Es preciso entonces reconocer que eso que percibimos como “simplismo” habla del desconocimiento de las funciones de orientación de los distintos tipos de conocimiento y particularmente, de los tipos de conocimiento que se entrelazan en la construcción de algunos discursos políticos⁴. Ahora bien, no supongo que todo discurso político tenga que ser simplista o que el simplismo y las visiones complotistas son patrimonio de las Farc. Claro que no. Me dedico a las Farc, porque continúan en guerra y porque no hemos sacado todas las implicaciones conceptuales y, menos aún, las implicaciones políticas del hecho de que siguen explicando su acción armada en términos que intelectuales y ciudadanos del común consideran “inadecuados”, “atrasados”, “viejos”, cuando no simplemente “falsos”⁵. Prueba de eso es que, aunque las Farc tienen ya más de cuarenta años son escasos los trabajos que interrogan sistemáticamente las producciones verbales de esa agrupación con preguntas sobre la comprensión del estado, la violencia, la vida política o la diferencia regional entre otros temas⁶. Es cierto que el discurso político de una organización o de un actor no explica su comportamiento. Sin embargo, brinda importantes indicios de la forma como tal actor concibe el orden social y su lugar en él. Incluso, aún cuando se sospeche sobre la “falsedad o la veracidad” de las declaraciones, conocerlas sistemáticamente da cuenta de cómo quieren ser percibidos o cómo se ven así mismos los grupos en cuestión y cómo se han transformado a lo largo de la confrontación⁷. Estas cuestiones, unidas al estudio de los riesgos implícitos de comprender la política como una actividad “racional” o como una “confrontación de ideales” (Elias, 1997; Oakesthott, 2000; Tocqueville, 1998), sustentan mi interés de proponer esta discusión y de hacerlo de forma tal que las perplejidades de la experiencia de investigación sean visibles.

A quiénes invocan las Farc

La exhortación a la sociedad colombiana en las producciones verbales de las Farc y en el contexto de las negociaciones de paz con el Presidente Andrés Pastrana (1998-2002), se mueve permanentemente entre alusiones al “pueblo”, a sectores sociales concretos (trabajadores, estudiantes, campesinos, entre otros) y llamamientos a los “pobres”, a los “compatriotas” y, en casos muy puntuales, a la “sociedad civil”.

Un pueblo

“El pueblo” es un actor central de las distintas producciones verbales de las Farc, recogidas a lo largo de la investigación. Aparece insistentemente en la autodefinición del grupo guerrillero, en las explicaciones sobre los orígenes y la dinámica de la lucha armada y como principal destinatario de sus acciones. Incluso, desde la Séptima Conferencia en 1982, el grupo sumó a su nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la definición Ejército del Pueblo (Ferro y Uribe, 2002: 114).

En efecto, en el contexto de las negociaciones de paz, las Farc insistieron en su autodefinición como “pueblo en armas” (48, 93)⁸ y como “movimiento revolucionario en lucha por los cambios” (20). Recalcaron que siempre han estado pensando en los intereses del pueblo colombiano (52) e incluso en el momento de la ruptura de los diálogos señalaron enfáticamente que:

(…) seguirán manteniendo en alto las banderas ideológicas y políticas que han caracterizado su lucha durante más de 37 años por los intereses del pueblo así nuestros enemigos de clase nos den el calificativo que quieran (169).

En distintas producciones verbales las Farc explican que el estado, los políticos, la oligarquía, las minorías ricas, le han declarado una guerra al pueblo y que nunca van a legislar o hacer algo a favor de él (20, 34, 41, 43,166, 170). En una carta que le dirigen a los militares, las Farc explican que:

Desde hace 37 años, se le ha impuesto al pueblo colombiano una guerra, por parte de los gobiernos de turno y el parlamento, que busca sostener un Régimen que defiende los privilegios económicos, políticos y sociales de una minoría oligarca enemiga de Colombia, mientras los colombianos, incluidos los miembros de la Fuerza Pública y sus familias padecen hambre, miseria y falta de educación, salud, vivienda y trabajo (155).

Y es que, de acuerdo con las Farc, en

(…) el conflicto colombiano solo existen dos partes: el Estado con las fuerzas de seguridad y sus paramilitares encargados de la guerra sucia gubernamental contra el pueblo y sus organizaciones, entre ellas el movimiento guerrillero liderado por las Farc-Ep (50).

Varias intervenciones de las Farc se dedican a señalar la situación en la que se encuentra el pueblo. Insisten en que aquel está “ahogado por las necesidades” (52), es “valeroso y digno”, que “reclama por las exclusiones, por el saqueo y la injusta distribución de los ingresos” (Farc, 50). Es un pueblo que les impide (a las Farc) hacer un cese al fuego, porque la gente está muriendo de hambre (39). Un pueblo que les impone luchar por el beneficio popular (41). En una entrevista con la Revista Semana, Manuel Marulanda, máximo comandante de las Farc señala que la organización tiene que estar pendiente de si “el presidente va a cumplirle al pueblo la palabra o no” (25). Continuamente, las Farc anotan que los gobernantes tienden a “escamotearle al pueblo” sus derechos (169). Esta caracterización del pueblo que resalta su carácter de víctima convive con exhortaciones para la lucha, con celebraciones de la “rebeldía popular” y del “carácter revolucionario” (41). En febrero de 2002, cuando se están terminando las negociaciones, las Farc expiden un comunicado:

Al pueblo colombiano le hacemos llegar nuestra voz de aliento para que continúe la lucha y la movilización de manera organizada por la solución de los problemas de desempleo, falta de educación, salud, vivienda y tierra para los campesinos. Por libertades políticas, democracia y soberanía nacional, por un nuevo gobierno que reconstruya y reconcilie la Nación (169).

En este comunicado la alusión al “pueblo” como sujeto político se combina con otro rasgo de sus producciones verbales: la alusión más “técnica” a sectores y organizaciones sociales concretas y la referencia a problemas determinados.

Los luchadores sociales y los sectores económicos

En sus producciones verbales, las Farc invocan sectores específicos de la sociedad colombiana, coyunturas concretas en las que aquellos están involucrados y situaciones a las que hay que hacer frente. En el discurso enviado por Marulanda a la ceremonia de instalación de las negociaciones de paz, se establece que el estado colombiano tiene que responder por

(…) el genocidio cometido contra la Unión Patriótica, al igual que por la muerte de comunistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, el caso de los esposos Elsa Alvarado y Mario Calderón, Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle y el dirigente obrero Jorge Ortega (20).

Las Farc se quejan de que los distintos gobiernos descargan “en los trabajadores brutales reformas laborales y pensionales mientras deja intactos los privilegios de los monopolios (…) que explotan las riquezas del país y a sus trabajadores” (154). Insisten en los diversos medios utilizados por el “régimen” para constreñir las “escasas libertades políticas, sindicales y de organización de los demócratas y revolucionarios y (que) mañana cobijarán a todo aquel que reclame el mínimo derecho” (152). Además, subrayan los asesinatos de dirigentes sindicales, líderes campesinos (115), y lo que denominan “luchadores sociales” (35). En sus textos, las Farc reconstruyen con detalle los agravios del estado contra diversos sectores sociales. Algunos documentos reseñan exhaustivamente las acciones del ejército contra las organizaciones campesinas (115); otros, hacen diagnósticos sobre la situación de la educación, la salud, la agricultura, el desarrollo industrial, financiero y minero del país (136) y otros textos informan sobre la situación de actores concretos: los maestros, los destechados (133), los desempleados, (147) los que viven del “rebusque diario” (152) y los trabajadores y familias campesinas (154). En sus intervenciones las Farc se felicitan, porque hasta donde ellas están han ido los sectores más representativos del país (47), al tiempo que dirigen comunicados y cartas explícitas a las organizaciones campesinas (151), a los gremios (154), a la Conferencia Episcopal (153), a los profesores y estudiantes (157, 25), a los trabajadores (158), a los países amigos (156).

Las Farc hacen un esfuerzo permanente por articular su discurso político con los problemas y situaciones que enfrentan otros grupos sociales. Más específicamente interesa subrayar que las Farc convocan, al tiempo que ofrecen su solidaridad a sectores sociales determinados y que suelen ser definidos desde categorías en las que predomina lo económico (empleados, gremios, desempleados, trabajadores del campo). Incluso, con mucha frecuencia, construyen una lectura del conflicto armado en clave de oposición entre estos sectores. En una Carta Abierta, que Marulanda envía al Presidente Pastrana en octubre del 2001, se lee lo siguiente:

Argumenta el Señor Presidente: “del lado del sistema democrático estamos todos unidos en el propósito de discutir con las FARC los temas que más interesan a los colombianos…”. No dudo que algunos gremios económicos, gran parte de los jefes de los partidos tradicionales, la mayoría de los candidatos presidenciales, altos mandos militares, algunos jerarcas de la iglesia católica y los grandes medios de comunicación estén unidos en la defensa de sus privilegios, del Estado represivo y del régimen oligárquico en contra de la Nueva Colombia que agrupa a las mayorías del país que luchan por la paz con empleo, con salud, con vivienda, con educación, con garantías políticas y con soberanía (142).

Es claro en este pronunciamiento, que el conflicto enfrenta a unos sectores sociales determinados y muy bien definidos –los gremios, los partidos, la iglesia, los medios– contra otros que buscan transformar las condiciones económicas, que persiguen garantías políticas y finalmente “soberanía”. En una entrevista publicada por la revista Semana en 1999, Marulanda ya había hecho una contraposición de este tipo. Allí se lee:

SEMANA: ¿Ustedes creen que el establecimiento va a ceder en todos esos puntos? M.M.V.: Bueno, sabemos que va a ser dura la confrontación por cosas como esas. Con los 10 puntos están muy sonrisitas. Pero ampliando ya, teorizando sobre cada uno de los temas, son supremamente amplios. Entonces vea con quiénes nos vamos a enfrentar: con el gran capital al que hay que ponerle control. Porque no podemos permitir que la gente siga muriéndose de hambre, sin la casa, sin el carro, sin el techo, sin la educación, sin la salud, mientras que otros tienen grandes edificios llenos de dólares. No. Eso hay que cambiarlo. No va a ser muy fácil porque es la confrontación con un Estado que no ha querido ni quiere dar nada (25).

En la definición de sectores sociales, a lado y lado de la confrontación se dan cita distintos códigos políticos que no pueden clasificarse fácilmente como de izquierda o derecha. Cada una de esas invocaciones abre un conjunto de relaciones políticas posibles e intenta construir lazos y afinidades con un carácter político determinado.

Al lado de los pobres, excluidos y otros compatriotas

En las producciones verbales de las Farc se menciona con frecuencia lo que ellos denominan “los problemas sociales de los pobres” (46). Con esose refieren al empleo, la educación, la salud, la vivienda y la seguridad (115). Insisten en que el hecho de que esos problemas permanezcan sin solución es lo que explica “los paros” y las protestas de la gente (46), y en que están convencidos de que “los explotados y excluidos por este régimen oligárquico” encuentran en el Movimiento Bolivariano creado por las Farc una alternativa a los “decadentes partidos” (41). En un documento que mandan al Encuentro de Costa Rica en octubre de 2000, cuyo tema eran las negociaciones de paz en Colombia, las Farc declaran:

Mientras los enemigos comunes de los pueblos arman y ponen en práctica su estrategia de guerra contra nuestro pueblo, las FARC-EP reiteran su invariable compromiso de luchar al lado de los pobres y excluidos, con las armas y las banderas en alto por la paz con justicia social y por la segunda y definitiva independencia, en defensa de la soberanía nacional de Colombia (94).

La insistencia de que luchan junto a los pobres y excluidos se fortalece con el llamamiento a los colombianos y compatriotas, quienes, según las Farc, están deseosos de que termine la confrontación (58). Considera la guerrilla que “los compatriotas” pueden enriquecer los temas de discusión de la Mesa de Negociación y, por eso, los llama a participar (52). En un discurso en la Mesa de Diálogos en noviembre de 1999, Raúl Reyes insistía en que,

(…) los colombianos tenemos la obligación de luchar por los que nos pertenece, para el logro de una vida mejor para nuestros hijos y estamos seguros que si la lucha popular se dispersa no habrá victoria en el combate por la paz con justicia social (49).

La responsabilidad como colombianos termina rápidamente inscrita en una visión de los desenlaces de la “lucha popular” que se quiere o añora unificada. Se pide la participación de los compatriotas, porque se ha denunciado que las medidas de los gobiernos pretenden sumergirlos en la miseria (166, 170).

Finalmente, es interesante constatar que las Farc hablan en muy contadas ocasiones de ciudadanía y de sociedad civil. En un comunicado anterior al establecimiento de los diálogos y en el que las Farc solicitan el despeje de los municipios, determinan que ellas,

… no aceptan como integrantes de la sociedad civil a quienes contribuyen con aportes económicos para la guerra, instigan la confrontación, negocian con armas o participan de la ejecución de la barbarie y la cobardía contra los civiles desarmados (4).

Esto con el fin de evitar la presencia en la negociación de sectores sociales que las Farc consideran cercanos al paramilitarismo. Más adelante y en una carta pública que le envían al Presidente para “aclarar” ciertas cuestiones respecto al funcionamiento de la Zona de Despeje, se quejan de que él las ha criticado por convocar a la “sociedad civil” a la negociación. En su pronunciamiento, dicen que ellas forman parte de la sociedad civil tanto como estudiantes, comerciantes, ganaderos y banqueros, entre otros (19).

Ahora bien, he reconstruido con algún detalle este panorama sobre los sujetos políticos que las Farc invoca, para llenar de contenido la referencia que hacía antes a las dificultades que plantea el análisis de sus discursos. ¿Cómo interpretar esas contraposiciones entre unos y otros en el discurso político de las Farc?, ¿cómo analizar la coincidencia de las invocaciones a los pobres y excluidos, con las lecturas “técnicas” sobre situaciones pensionales y tributarias?, ¿cómo articular la referencia explícita a sectores económicos como los gremios, con las caracterizaciones del régimen como oligárquico y enfrentado a la Nueva Colombia? Varios autores han mostrado que en las producciones verbales de los actores políticos se sobreponen distintos lenguajes políticos y que las invocaciones al pueblo pueden hacerse desde ideologías de izquierda o derecha, desde romanticismo o desde apuestas vanguardistas (Elias, 1997; Oakeshott, 2000; Archila, 2003). Algunos investigadores han notado, y nosotros lo hemos constatado en las producciones verbales de las Farc, que aun cuando se invoca a distintos sectores sociales concretos, persiste el anhelo de un sujeto histórico capaz de realizar los cambios y de jalonar a toda la sociedad, por no decir “iluminarla”, a las buenas o a las malas. Eso, a pesar de que las Farc insisten en que no son “mesiánicas” (Farc, 2). Incluso, en la investigación de Mauricio Archila sobre la historia de las protestas sociales en Colombia, se analizan las acciones políticas de los movimientos de izquierda y se muestra cómo algunas de sus tendencias –por ejemplo, el vanguardismo, el elitismo, el voluntarismo– recogen y orientan hacia nuevos destinos políticos, viejos valores o formas de representar la sociedad. En estos puntos, la izquierda y particularmente la izquierda armada se alimentan de las formas de relación política que las oligarquías habían construido en las sociedades latinoamericanas, así como del mesianismo y el iluminismo típicos de una cultura política que se nutre también del cristianismo (Archila, 2003; Mancilla, 1990; González, 1991).

Encuentro muy útil la insistencia de estos autores en el entrelazamiento de los diferentes lenguajes políticos y en la necesidad de estudiar cómo en el lenguaje o el tipo de prácticas utilizados por un actor, se puede seguir el lenguaje o las formas de relación puestas en marcha por otros. Considero que está línea de análisis y el interés de comprender la naturaleza y complejidad de las producciones verbales de los actores, y en este caso las de las Farc, se verían fortalecidas al ser situadas en un mapa más amplio de la acción política. Un mapa que nos recuerde que la orientación ideológica es una práctica reciente en el ejercicio político y que este último está cruzado por conflictos entre distintos tipos de conocimiento. Aclaro más el punto. En la comprensión de las producciones verbales de los actores políticos y en el caso de las Farc, se han hecho importantes esfuerzos por identificar las tradiciones ideológicas de las que ellos se alimentan o el tipo de relación que habían construido con el mundo intelectual. Ambas formas de proceder dan sugerentes resultados. Sin embargo, ambas necesitan inscribirse en un panorama más vasto que no reduzca la política a la ideología y a la acción racional, y que nos muestre las dificultades que enfrentan los actores para autodefinirse o para identificarse con los términos que se les ofrece.

En una entrevista realizada por Guillermo Ferro y Graciela Uribe al comandante Fernando Caicedo de las Farc, en pleno periodo de la Zona de Distensión se pueden detectar algunas de esas perplejidades:

Lo que nosotros estamos reclamando es que no sólo a la gente se le den cosas, sino que le den poder, que al pueblo le den poder, y nosotros somos pueblo y en ese nuevo poder tiene que contar el pueblo y nosotros hacemos parte de ese pueblo. Por eso el camarada Manuel habla de que nosotros hacemos parte de la población civil, aunque suene como a contradicción. Nosotros somos población que ha optado por las armas porque se le cerraron las otras vías, porque sino qué somos. En la medida que ya oficialmente alguien diga que las Farc son una fuerza beligerante, un Estado en potencia, ya empezamos a dejar de ser población civil porque fuerza beligerante es como un Estado en potencia, entonces ya empezamos a dejar de ser población civil. ¿En ese momento qué somos? Un sector de la población civil que se alzó en armas contra el Estado (Ferro y Uribe, 2002: 132).

Sobresale la insuficiencia de las clasificaciones ideológicas para comprender lo que está en juego con estas declaraciones. Ya a comienzos de los años ochenta, el sociólogo William Ramírez había dicho:

No deja de ser preocupante que el análisis sobre las Farc haya sido especialmente desafortunado en el pensamiento de la izquierda y de la derecha. En esta última por la malintencionada y grosera identificación con el comunismo internacional y con el bandolerismo; en la primera, por la sectaria identificación con la dirigencia del Partido Comunista colombiano y con sus propios sueños de que basta romper el dominio de esos jerarcas criollos sobre los ingenuos líderes campesinos, para que estos abran los ojos y empiecen el asedio de las ciudades. Ninguno de los dos pensamientos, sobra decirlo, se ha acercado a indagar a las Farc como organización campesina dotada de especificidad, ubicada en un lugar preciso de la estructura social y con orígenes y destinos preformados por nuestra propia historia nacional (Ramírez, 1980: 204-205).

Y ninguno de esos dos pensamientos puede hacerlo, porque ambos conciben la política como ideología. Precisamente, unos investigadores interesados en discutir la representación habitual de las Farc como un grupo carente de ideología, advirtieron que el problema de esa guerrilla no es “la falta de fundamentación política”, sino “las dificultades para renovar y adecuar estos principios (de marxismo-leninismo) a partir de visiones actualizadas –incluso marxistas– y de nuevas realidades (…)” (Ferro y Uribe, 2002: 125). Ese es exactamente el problema: buscar ideologías, fórmulas “renovadas” o “novedosas”, “múltiples posiciones de sujeto”, por decirlo con una de las formulaciones en boga hoy en día, donde lo que se encuentra es una lucha entre distintos tipos o formas de conocimiento y experiencias políticas.

Y es que la fluidez con que el discurso de las Farc pasa del pueblo a los sectores económicos concretos, los luchadores y los pobres, así como las “dificultades” que tienen para incluir los nuevos temas de la agenda de la movilización social: género, diversidad cultural, ecología, entre otros, debería devolver nuestras preguntas a la experiencia de los actores. Ecología, género y diferencia cultural son temas de gran actualidad, pero están lejos de la experiencia de las Farc y, sobre todo, de la forma como sus y cuándo se separaron experiencia y conocimiento, o mejor y para decirlo con Manuel Marulanda, experiencia y cultura. En efecto, en una de las entrevistas que Arturo Alape le hace a mediados de los ochenta, en la que ambos hablan sobre la formación cultural del Comandante, este señala que por estar en la guerra su

(…) nivel cultural es limitado (pero) que no es que carezca de conocimientos en muchas cosas, tengo mucha experiencia que lo puede ayudar a uno, para participar y puede servir y ayudar a conducir la lucha… A pesar de las limitaciones que uno tenga, puede ayudar mucho (Alape: 1994: 198).

Se trata de una cita reveladora. Nos recuerda el proceso de separación entre experiencia y conocimiento, o entre experiencia y cultura. Marulanda tiene “conocimientos” y tiene “experiencia”, aunque no tiene mucha “formación cultural”. Esta última y el conocimiento que se reconoce como tal en los discursos políticos se formula siguiendo las categorías abstractas que empiezan a caracterizar la política desde la época posterior a la revolución francesa (Kosseleck: 2004). De hecho, y como mostraremos en la sección que sigue, distintas formas de experiencia permanecen ahora excluidas del conocimiento que se considera fundamental para la acción política: el conocimiento científico o positivo.

Teoría y práctica política entre “sectores inexpertos”

A lo largo de este documento he insistido en que el análisis de las producciones verbales de las Farc presenta numerosas dificultades que, usualmente, se resuelven acusando al grupo guerrillero de anacrónico o de incapaz de incorporar nuevos temas a su discurso político. He subrayado que tales juicios revelan ser inútiles y nos desvían de la verdadera pregunta: de qué experiencia política habla las Farc. En esa dirección he recalcado la importancia de identificar qué lenguajes políticos se entrecruzan en los discursos de la organización guerrillera. Sin embargo, también he insistido en que, en tal ejercicio no se puede reducir la política a la ideología. Mi objetivo en esta última sección del texto es aclarar e ilustrar, de la mano de autores que analizan las transformaciones históricas de la política, este último asunto. Ya vimos que las Farc habla de pueblo, de pobres, de excluidos y de sectores concretos. Señalamos que los investigadores se interesan por escudriñar qué orientaciones ideológicas sustentan esas invocaciones y qué distancia hay entre ellas y los términos en los que ahora se habla de los sujetos políticos. Pues bien, el punto clave es comprender que esas distintas formas de evocar los sujetos políticos expresan y actualizan una vieja tendencia de la política moderna: dar predominio al conocimiento científico y con él, a formulaciones abstractas más que a experiencias claramente encarnadas en actores específicos. Se tiene entonces que, cuando las Farc se refieren a “sus enemigos de clase” están utilizando el marxismo como medio de lucha política. Marxismo que, en cuanto tipo de racionalismo, dotó de legitimidad las denuncias de algunos sectores sociales y dio lenguaje político a unas clases inexpertas. En palabras del investigador inglés Michael Oakeshott:

(…) pero no hay duda de que éstos son los autores –Marx y Engels– del más estupendo de nuestros racionalismos políticos, como sería de esperarse, porque fue compuesto para la instrucción de una clase políticamente menos educada que cualquier otra que jamás haya tenido la ilusión de ejercer el poder político. Y ninguna falla puede encontrarse en la manera mecánica en la que ésta, la más grande de todas las traducciones políticas ha sido aprendida y usada por aquellos para quienes fue escrita. Ninguna otra técnica se ha impuesto como ella al mundo como si fuese conocimiento concreto; ninguna ha creado un proletariado intelectual tan vasto, sin nada que perder más que su técnica (2000: 44).

En una dirección similar se orienta el sociólogo judío-alemán Norbert Elias:

(…) la obra de Marx y Engels ciertamente constituye la estructura teórica actual más completa e impresionante, es más casi la única, que sirve de arma ideológica y guía a los grupos de marginados que ejercen menos poder en comparación con determinados grupos establecidos que impiden a los primeros satisfacer sus necesidades (Elias, 1997: 279. Cursivas en el original)

Ambos señalamientos nos ayudan a definir un campo de discusión en el cual inscribir y situar la producción e invocación de sujetos políticos en el discurso de las Farc. Los planteamientos de Oakeshott y de Elias nos recuerdan que el marxismo es usado en las disputas políticas por grupos sociales específicos, y que se convierte en técnica, en arma ideológica, y por esa vía “se aplica” a distintos contextos y realidades. Oakeshott lo dice muy bien: “ninguna otra técnica se ha impuesto como ella al mundo como si fuese conocimiento concreto”. Aparece aquí el predominio, en la política, de un tipo de conocimiento que se independiza de la experiencia que le da lugar, que se formula como conocimiento sin tiempo ni historia, como un conocimiento válido independientemente de las circunstancias, un conocimiento general… conocimiento que, además, será convertido en arma política, en ideología y en la única forma moderna y deseable de enfrentar la construcción del orden social como una construcción (Bauman, 1997). Tenemos, entonces, que el uso del marxismo como medio de lucha política y la invocación general de sujetos más o menos abstractos forma parte de una transformación de la política que había sido ya reseñada por Tocqueville en su libro sobre El antiguo régimen y la revolución. En esa obra analiza el proceso por el que “los hombres de letras” se convirtieron en los principales políticos sin asumir directamente tal categoría. Dice Tocqueville:

La misma condición de esos escritores los predisponía a abrazar las teorías generales y abstractas en materia de gobierno y a confiar en ellas ciegamente. Viviendo tan alejados de la práctica, ninguna experiencia venía a moderar su natural ardor, nada les advertía de los obstáculos que los hechos existentes podrían producir incluso a las reformas más deseables; no tenían la menor idea de los peligros que siempre acompañan aún a las revoluciones más necesarias (…) De esa suerte fueron mucho más atrevidos en sus innovaciones, más amantes de las ideas generales y los sistemas, más despreciativos de la sabiduría antigua y aún más confiados en su razón individual de lo que comúnmente sucede entre autores que escriben libros especulativos sobre política… (Tocqueville, 1998: 223-224).

Más recientemente, el sociólogo Zigmunt Bauman se ha ocupado del mismo problema. Dice Bauman:

Tal vez fue en este período precoz de la historia de los intelectuales modernos (segunda mitad del siglo XVIII) cuando a partir de una experiencia colectiva se forjó una visión peculiar del mundo; una visión hecha de palabras, construida con ideas, regida por ideas y destinada a rendirse al poder de las ideas. Una imagen que exploraba y jugaba virtualmente con todas las versiones pensables del idealismo, una imagen del mundo que asignaba a las ideas prioridad sobre la realidad material (Bauman, 1997: 141).

Ideas que Tocqueville denomina “teorías abstractas” y que empiezan a tener un papel cada vez más importante en la comprensión y en el ejercicio de la política. Al punto de que, como ha mostrado Kosseleck (2004), el lenguaje político se llena de categorías orientadas hacia el futuro y llenas de expectativa –socialismo, comunismo–, mientras que categorías ligadas a la experiencia y por eso concretas y situadas, van perdiendo importancia. No sobra aclarar aquí que el predominio de esas “teorías abstractas” y del racionalismo en política está ligado a la preeminencia de “los hombres de letras” y los “intelectuales”. Ellos también conquistaron tal importancia a través de una intensa lucha política, en la que se transformó el lugar de los distintos tipos de conocimiento en la regulación y orientación de la vida social (Elias, 1996; Bauman 1997). Precisamente las dificultades para analizar el discurso político de las Farc hoy tienen que ver con los límites del marxismo como “teoría abstracta”. Hasta hace unos años, el marxismo funcionaba como la “formulación racionalista” mediante la cual una organización de campesinos disputaba su reconocimiento como “grupo revolucionario”. Hoy, cuando tantos sectores discuten la utilidad del marxismo, los campesinos e integrantes de ese “grupo revolucionario” no han encontrado otra “teoría abstracta” que les dé legitimidad en el campo político. El problema es que precisamente ten demos a convertir la política en ideología, en “proyectos a futuro” y en formulaciones abstractas sobre “libertad, igualdad y fraternidad”. Pero, ahí están las Farc usando el marxismo y mostrando, sin saberlo muchas veces, que la política no habla sólo del futuro sino también del pasado, no habla sólo de abstracciones y referencias generales sino de sectores, eventos y experiencias concretas. Cómo comprender, como parte de un discurso político, las palabras que envió el comandante Manuel Marulanda Vélez a la instalación de las Mesas de Negociación y en las que se lee: “Huyendo de la represión oficial nos radicamos como colonos en la región de Marquetalia (Tolima), donde el Estado nos expropió fincas, ganado, cerdos y aves de corral…” (20) ¿Cómo ver en esas palabras la experiencia política y de relación con el Estado que tienen amplios grupos de campesinos colombianos? Combatiendo la tendencia a convertir la política en ideología y a buscar esta última en formulaciones abstractas y generales sobre la Democracia, la Igualdad, la Libertad… Recordando que con la llegada de “los intelectuales” a la política se tiraron fuera otras experiencias y los conocimientos concretos que sostenían y reproducían el orden.

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Citas

1 Ver, por ejemplo, De Sousa Santos (2005) y Archila (2003).

2 Al respecto es útil recordar la carta que los intelectuales colombianos le dirigen a las Farc, en donde le dicen que su guerra ya no tiene sentido o la constante alusión a esa guerrilla como “dinosaurios políticos” en el debate preconstituyente en el período 1990-1991. Ver también las declaraciones que hace al respecto un jefe de la organización guerrillera (Ferro y Uribe, 2002).

3 Al respecto es muy iluminadora la pregunta de Abrams sobre por qué se suele escribir Estado con mayúscula como si fuera Dios o los trabajos de Kosseleck sobre los deseos y temores implícitos en categorías como “revolución”.

4 En el prólogo que hace el historiador Marco Palacios a un libro recientemente publicado sobre los mitos políticos en las sociedades andinas, se recuerda que el hombre político debe ser simultáneamente homo magus y homo faber (Palacios, 2006: 7).

5 En los cursos de “introducción a la política colombiana” y de “formación del estado nación en Colombia” que he tenido a cargo en el Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Los Andes, usualmente hago elegir a los estudiantes entre revisar ciertos materiales sobre o producidos por las Farc y revisar documentación proveniente de los grupos de Autodefensa. Invariablemente, el interés de los estudiantes se orienta por los grupos de Autodefensa. Conversando con ellos sobre lo que explica tal preferencia insisten en que no se trata de algo “ideológico”, sino que les parece muy “mamerto” y muy “viejo” lo que dicen las Farc. Desde nuestra perspectiva esto no es un dato anecdótico, sino una fuente para trabajar las representaciones de los actores armados y de sus repertorios de lucha, tanto como las transformaciones recientes del vínculo político y de la política como actividad. Al respecto ver Lechner (1996).

6 Tenemos estudios que tipifican la organización guerrillera, que explican su evolución territorial y geográfica, sus nexos con la violencia de los cincuenta y más recientemente su evolución organizacional. (González y otros 2003; Ferro y Uribe, 2002) Tenemos también una amplia literatura testimonial y unas crónicas entre las que se destacan los diferentes trabajos de Arturo Alape (1994), y los trabajos de Alfredo Molano. Sin embargo, fuera de las declaraciones recogidas por Ferro y Uribe, del trabajo de Braun (2003) sobre las negociaciones con Pastrana y de la investigación de María Victoria Uribe (2004) sobre el Mito de Marquetalia, no hay un conocimiento acumulado sobre la forma en que las Farc se refieren a su propia experiencia como actor político.

7 No sobra insistir en la necesidad de un conocimiento sistemático de las producciones verbales de las Farc, porque con frecuencia la investigación cualitativa cita declaraciones de los actores, pero no puede localizarlos en un mapa más amplio que hable de su recurrencia. No estoy abogando por una “representatividad estadística”, pero sí por la posibilidad de informar con precisión en qué términos hablan los actores investigados. Un “análisis de contenido” de los discursos no resuelve todos los problemas pero si contribuye a la autonomización entre el problema tal y como es pensado por el investigador y como emerge o es denominado en las fuentes. Me detengo en este problema propio del oficio, porque a lo largo de la investigación he enfrentado el desprecio de algunos estudiosos que creen que citar a las Farc es un ejercicio “de mera descripción” o que no tiene mayor importancia saber si invocan al “pueblo” o a sectores concretos. Por ahora, estoy concentrada reconstruyendo a quiénes invocan y cómo, pues he aprendido que una forma o la otra delatan mundos y expectativas políticas distintas y por esa vía contextos de negociación de paz también disímiles.

8 Los números que en adelante aparecen entre paréntesis, se refieren a documentos de las FARC citados y que están identificados en el documento anexo. El número que cito corresponde al de la primera casilla.

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Bibliografía

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16. OAKESHOTT, Michael, 2000 [1962], Racionalismo en política y otros ensayos, México, FCE.
17. PALACIOS, Marco, 2006, “Prefacio”, en: Mitos Políticos en las Sociedades Andinas. Orígenes, invenciones y ficciones, en: Germán Carrera Damas, Carole Leal, George Lomne y Frederic Martínez (eds.), Caracas, Equinoccio / Universidad de Marne-la-Valle / Instituto Francés de Estudios Andinos.
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19. TOCQUEVILLE, Alexis de, 1998 [1856], El Antiguo Régimen y la Revolución, México, FCE.
20. URIBE, María Victoria, 2004, “Mitos Fundacionales y conciencia histórica de tres agrupaciones insurgentes: Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTe Sri Lanka, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc y Provisional Iris Republican Army, IRA, de Irlanda del Norte”, inédito.
21. URIBE, María Teresa y Liliana López, 2002, “Las palabras de la guerra: el mapa retórico de la construcción nacional-Colombia, Siglo XIX”, en: Revista Araucaria (Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades), No. monográfico 9.

Anexo 1. Documentos de las Farc # Título Fecha Fuente

1 Entrevista de Angel Beccassino a Manuel Marulanda Velez 02/10/88 Angel Beccassino (1998).

2 La otra Colombia según las FARC. 15/02/98 Revista Alternativa. Febrero 15 1998. No. 17

3 FARC dicen que no van a negociar con Samper 15/06/98 s.a.

4 FARC insisten en despeje 04/08/98 El País P 2 A

5 Las FARC piden ley para hacer canje 08/08/98 El País P 6 E

6 Jefe de las FARC pide mediación a Menem 10/08/98 El Espectador P 6 A

7 Carta de las FARC al Congreso 21/08/98 El Tiempo P 12 A

8 FARC buscan humanizar la guerra 23/08/98 El Nuevo Siglo P 11

9 Acordaos que el enlace es Leyva 10/09/98 El Espectador P 5 A

10 Negociación directa entre Estado y FARC 16/09/98 El Espectador P 4 A

11 La carta de Tirofijo al presidente 27/09/98 El Tiempo P 12 A

12 Canje, única salida 28/09/98 El Espectador P 6 A

13 Alcaldes, única autoridad en zona de despeje 30/09/98 El Colombiano P 11 A

14 A las FARC no les interesa el indulto 08/10/98 El País Pág 2 A

15 Tirofijo hablaría ante el senado 08/10/98 El Tiempo P 3 A

16 La carta a Ricardo 02/11/98 El Tiempo P 8 A

17 Declaración de las FARC ep 27/11/98 El Espectador P 4 A

18 Así será la mesa de diálogo 05/01/99 El Colombiano P 8 A

19 La carta de las FARC al presidente 07/12/98 El Colombiano P 8 C

20 Oración del Manuel "Tirofijo" Marulanda al inicio de los diálogos 07/01/99 Página web FARC

21 Si no hay canje habrá que traer políticos 08/01/99 Semana. Enero 8 1999 No. 871

22 Cese al fuego con las FARC está lejano 10/01/99 El Espectador. P 5 A

23 Historia secreta de los diálogos 11/01/99 El Tiempo P 7 A

24 Política de paz para el Cambio: Gobierno 12/01/99 El Espectador P 5 A

25 Tirofijo se destapa 15/01/99 Semana. Enero 15 1999 No. 872

26 Colombia puede convertirse en otro Vietnam: ´tirofijo´ 18/01/99 Vanguardia Liberal P 3 A

27 Carta abierta al presidente Pastrana 20/01/99 El Tiempo. 7 A

28 Las razones de Raúl Reyes 20/01/99 El Tiempo P 3 A

29 FARC quieren caída de 10 generales 26/01/99 El Tiempo P 13A

30 El ataque a casa verde 04/02/99 El Espectador P 10 A

31 Hasta el último minuto 30/01/99 El Espectador P 5 A

32 Las FARC esperan resultados 07/02/99 El Espectador P 5 A

33 FARC acepta que secuestra civiles 27/02/99 El Espectador P 8 A

34 Pastrana desconoce cómo marchar hacia delante 01/03/99 El Tiempo P 4 A

35 Nuestra lucha es contra el Estado terrorista y opresor 07/04/99 Voz P 16

36 Lo acordado ayer 03/05/99 El Tiempo, P 6 A

37 Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia 06/05/99 s.a.

38 Hay generales dignos de respeto 07/05/99 El Espectador P 5 A

39 Pastrana le ha cumplido al país en la lucha a paras 11/05/99 El País P 3 A

40 FARC no aceptan ajustes a despeje 15/05/99 El Tiempo P 7 A

41 35 años luchando por la nueva Colombia 27/05/99 www.analitica.com/bitblioteca/farc/35.asp

42 FARC piden decreto de despeje 30/05/99 El Espectador P 15 A

43 Referendo después de negociar 10/06/99 El Tiempo P 9 A

44 La Uribe, un mito de la guerra y de la paz 04/07/99 El Espectador P 6 A

45 Ya somos una fuerza beligerante: FARC 05/07/99 El Espectador P 5 A

46 Sigue roto el diálogo 18/09/99 Página web Farc

47 “Nos interesa la beligerancia” 18/10/99 El Espectador P 2 A

48 Guerra civil no. Inestabilidad guerrillera sí. 21/10/99 El Colombiano P 8 A

49 “Discurso del comandante Raúl Reyes” 03/11/99 Voz P 9

50 Comunicado de las FARC 16/11/99 El Tiempo P 7 A

51 Con desafio responden las FARC al gobierno 21/11/99 El Espectador P 5 A

52 Comunicado Número 6 15/12/99 Página web Farc

53 Alfonso Cano aterriza tesis de FARC 24/01/00 El Tiempo P 10 A

54 Comunicado número 8 28/01/00 Página web Farc

55 Carta de las FARC 29/01/00 www.ciponline.org/colombia/000129FARC.html

56 Hay que acabar la guerra 30/01/00 El Espectador P 7 A

57 Es más rentable invertir en la paz 02/02/00 Voz P 7

58 No es una amenaza a la libertad de prensa 03/02/00 El Tiempo P 7 A

59 Comunicado FARC-gobierno del viaje a Europa 02/03/00 www.ciponline.org/colombia/000302eu.html

60 Comunicado número 9 10/03/00 www.ciponline.org/colombia/000302eu.html

61 Comunicado 17/03/00 Página web Farc

62 No todo el ejército es paramiltar: Reyes 17/03/00 El Tiempo p 6 A

63 Raúl Reyes al banquillo 02/04/00 El Tiempo P 3 A

64 Comunicado conjunto No. 12 12/04/00 Página web FARC

65 La patria está amenazada 13/04/00 Página web Farc

66 Urabá sigue en juego 19/04/00 El Colombiano P 7 A

67 Ley 002 27/04/00 Página web Farc

68 Intimidación de las FARC no se puede admitir 27/04/00 El Espectador P 3 A

69 Comunicado No. 15 28/04/00 Página web Farc

70 Ponencia del lanzamiento del movimiento bolivariano 29/04/00 www.ciponline.org/colombia/00011bolivariano.html

71 Declaración pública de las FARC por el caso del collar bomba 16/05/00 Hechos de paz. Vol. XVII. P 45

72 Declaración de las FARC ep 17/05/00 Hechos de paz. Vol XVII. P 49

73 FARC: cárcel para los corruptos 25/05/00 El Espectador P 6 A

74 Ley 003 28/05/00 Página web Farc

75 Se abre paso solución para el canje 30/05/00 El Espectador P 3 A

76 Comunicado no. 16 31/05/00 Página web Farc

77 La otra cara de las FARC 05/06/00 El Tiempo P 1/10

78 EU debe perdonar la deuda externa 06/06/00 El Colombiano P 3

79 Discurso de Manuel Marulanda 29/06/00 Hechos de Paz. Vol XVII P 69

80 Ofrecimiento del Secretariado de las FARC ep a las delegaciones Internacionales 29/06/00 Hechos de Paz Vol. XVII. P 71

81 Comunicado No. 18 30/06/00 Página web Farc

82 Comunicado No. 19 03/07/00 Página web Farc

83 Soldados Colombianos 03/07/00 http://www.agrnews.org/issues/78/noticias.html

84 Colombia: Comunicado del Estado Mayor Central de las FARC EP 10/07/00 http://www.agrnews.org/issues/79/noticias.html

85 Comunicado No. 21 03/08/00 Página web Farc

86 No vamos a interferir en elecciones 06/08/00 El Espectador P 8 A

87 Amplían plazo para evaluar propuestas 26/08/00 El Tiempo P 1/6

88 El proceso de paz está en cuidados intensivos 13/09/00 Voz P 12

89 Proceso queda en suspenso 19/09/00 El Tiempo P 1/10

90 A la comunidad internacional 28/09/00 Página web Farc

91 El secuestro tiene que liquidarse 01/10/00 El País P 8 A

92 El canje sería un acuerdo humanitario 11/10/00 Voz P 8

93 Documento de las FARC EP al encuentro de Costa Rica 17/10/00 Página web Farc

94 Respecto al encuentro de Costa Rica hacemos saber: 17/10/00 Página web Farc

95 Comunicado No. 23 23/10/00 Página web Farc

96 Veo al presidente Pastrana muy débil 23/11/00 Voz P 7

97 Comunicado 14/11/00 Página web Farc

98 El capítulo de la paz apenas está comenzando 18/12/00 Voz P 7

99 Comunicado 20/12/00 Página web Farc

100 FARC harán liberación unilateral 16/01/01 El tiempo P 1-2

101 11 propuestas 17/01/01 http://www.del-sur.org/SecCol/c_nest.htm

102 Carta abierta al presidente 02/02/01 Página web Farc

103 Acuerdo de los Pozos 09/02/01 http://www.fsa.ulaval.ca/rdip/cal/lectures/colombia_ los_pozos.htm

104 FARC limitarían uso de cilindros 12/02/01 El tiempo P 1- 9

105 El acuerdo nos evitó un salto al vacío 14/02/01 El Espectador P 4 A

106 Comunicado No. 25 01/02/01 Página web Farc

107 Comunicado No. 26 23/02/01 Página web Farc

108 Señores representantes de los distintos gobiernos 08/03/01 Página web Farc

109 Comunicado No. 27 09/03/01 Página web Farc

110 Listo el intercambio humanitario 12/03/01 El Tiempo P 1 -10

111 FARC buscan influir en FMI 16/03/01 El Tiempo P 1 -12

112 Hay muchos obstáculos para el canje 21/03/01 Voz P 8

113 Comunicado No. 28 05/04/01 Página web Farc

114 Comunicado No. 29 11/05/01 Página web Farc

115 Informe de los Integrantes de la Mesa Nacional de Diálogos de las FARCEP al Comandante Manuel Marulanda V. 22/05/01 http://six.swix.ch/farcep/Mesa/informe.html

116 Intercambio Humanitario 02/06/01 Página web Farc

117 FARC somos conscientes del pesimismo 11/06/01 El Tiempo P 1-11

118 “Más amenazas del Mono Jojoy” 30/06/01 El Tiempo P 1-14

119 No podemos negociar nuestros principios 04/07/01 Voz P 7

120 Comunicado de las FARC sobre el intercambio de prisioneros 06/07/01 www.ciponline.org/colombia/070602.html

121 Segundo informe presentado por los voceros de las FARC en la Mesa de diálogos al comandante Manuel Marulanda Vélez

122 A mí los godos sí me colgaron el lazo al cuello 11/07/01 Voz P 8

123 Comunicado de las FARC sobre el secuestro de Alán Jara 19/07/01 www.ciponline.org/colombia/071901.html

124 La otra historia de las FARC 18/07/01 Voz P 6

125 Las naves del intervencionismo 21/07/01 http://hrw.org/spanish/informes/2001/farc_apendice. Html

126 Propuesta de las FARC ep sobre cese del fuego y hostilidades 23/07/01 Hechos de Paz. Vol XVII. Pág. 151-160

127 Columna Jacobo Arenas de las FARC ep comunica a la opinión 12/08/01 http://six.swix.ch/farcep/Comunicados/2001/ago1501.html

128 FARC admiten adiestramiento del IRA 20/08/01 El Tiempo P 1-2

129 Carta de los negociadores de las FARC a Camilo Gómez 22/08/01 www.ciponline.org/colombia/082202.html

130 Comunicado No. 30 07/09/01 Página web Farc

131 Propuestas concretas de las FARC ep al gobierno Pastrana para agilizar el proceso de paz. 12/09/01 www.ciponline.org/colombia/091202.html

132 A la cacica la mató el ejército 01/10/01 http://six.swix.ch/farcep/Comunicados/2001/oct0101.html

133Comunicado de los voceros de las FARC-EP en la MNDN sobre la marcha que organizó Serpa 02/10/01 www.ciponline.org/colombia/100201.html

134 Acuerdo de San Francisco de la Sombra 05/10/01 Página web Farc

135 “Queremos gobernar” dice negociador de las FARC 05/10/01 El Tiempo P 1-2 / 1-4

136 Memorando al gobierno nacional sobre la paz y el futuro de Colombia 15/10/01 Página web Farc

137 Carta a los voceros de las FARC EP 15/10/01 Página web Farc

138 Carta al señor presidente de la República 15/10/01 Página web Farc

139 Consideraciones de los voceros de las FARC EP 20/10/01 Página web Farc

140 Comunicado 25/10/01 Página web Farc

141 EEUU y el proceso de paz en Colombia 05/11/01 www.ciponline.org/colombia/110501.html

142 Carta de Manuel Marulanda Vélez a los voceros de las FARC 07/11/01 www.ciponline.org/colombia/110704.html

143 Carta abierta 20/11/01 http://six.swix.ch/farcep/Comunicados/2001/

144 Pastrana acabó con el proceso en un momentico 21/11/01 Voz P 10

145 Comunicado 30/11/01 Página web Farc

146 No queremos treguas sino cese 23/12/01 El Espectador P 11B

147 Comunicado 25/12/01 Página web Farc

148 Comunicado público 03/01/02 Página web Farc

149 Comunicado público 04/01/02 Página web Farc

150 Carta al señor Presidente de la República 06/01/02 www.ciponline.org/colombia/010602.html

151 Carta a las organizaciones campesinas 08/01/02 www.ciponline.org/colombia/010802.

152 Carta al Congreso de la República 08/01/02 www.ciponline.org/colombia/

153 Carta al Monseñor Alberto Giraldo de la conferencia episcopal 08/01/02 www.ciponline.org/colombia/

154 Carta a los gremios económicos 08/01/02 www.ciponline.org/colombia/010805.html

155 Carta a las fuerzas Militares y de policía 08/01/02 www.ciponline.org/colombia/010806.html

156 Carta al grupo de países amigos 08/01/02 www..ciponline.org/colombia/010808.html

157 Carta a los profesores y estudiantes 08/01/02 www.ciponline.org/colombia/010809.html

158 Carta a los trabajadores colombianos 08/01/02 www.ciponline.org/colombia/010811.html

159 Carta a James Lemoyne 08/01/02 Página web Farc

160 Comunicado 09/01/02 Página web Farc

161 Comunicado público 10/01/02 Página web Farc

162 Comunicado 11/01/02 Página web Farc

163 Comunicado público 12/01/02 Página web Farc

164 Comunicado público 13/01/02 Página web Farc

165 Acuerdo de un cronograma para el futuro proceso de paz 20/01/02 www.ciponline.org/colombia/012002.html

166 Propuesta de las FARC para la disminución de la intensidad del conflicto 02/02/02 Página web Farc

167 Comunicado 06/02/02 www.ciponline.org/colombia/02020601.html

168 Comunicado 20/02/02 Página web Farc

169 Comunicado 21/02/02 Página web Farc

170 Comunicado 01/03/02 Página web Farc

Detalles

Última actualización en 04 Enero 2017

Versión PDF

 

El buen ciudadano: conocimiento social y saberes expertos en la convivencia urbana*

O bom cidadão: conhecimento social e conhecimento especializado em coexistência urbana

The good citizen: social knowledge and expert knowledge in urban coexistence

José Hleap B.**

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* El artículo presenta el núcleo investigativo de la línea Experiencia urbana, convivencia y construcción de ciudadanía, del Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle, que ha adelantado recientemente dos investigaciones: Violencia y convivencia en Cali, los nuevos escenarios para la educación popular, finalizada en 2005 y financiada por la Universidad del Valle y El conocimiento social en convivencia (Cali y Buenaventura) como vía para una cultura de Paz, en desarrollo y financiada por Colciencias. En ellas ha participado, además del autor, el equipo de trabajo del Grupo (ver: Gruplac, Colciencias).

** Docente e investigador de la Escuela de Comunicación Social y miembro del Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle, del cual es su actual director. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

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Resumen

Este artículo examina las implicaciones (estigmatización, criminalización, exclusión, concentración de la inversión social en acciones punitivas o persuasivas) que para ciertos sectores de la población se originan en los trabajos de investigación e intervención que sobre violencia y convivencia urbana se han adelantado en Cali (Colombia) durante la última década, realizados “para su propio beneficio”, para brindarles “seguridad y bienestar”. Recrea la omisión del carácter de creación colectiva que tiene la convivencia en condiciones de precariedad, desigualdad y exclusión, que la hacen altamente conflictiva (la invisibilización de la labor solidaria, afectiva e imaginativa que se genera en la cotidianidad localizada).

Palabras clave: ciudadanía, conocimiento social, convivencia urbana, estigmatización.

Resumo

Este artigo examina as implicações (estigmatização, criminalização, exclusão, concentração do investimento social em ações punitivas ou persuasivas) que para certos setores da população são originadas em trabalhos de pesquisa e intervenção sobre violência e convivência urbana, os quais já se encontram bem adiantados em Cali (Colômbia) durante a última década, sendo realizados “para benefício próprio” com a finalidade de brindar-lhes “segurança e bemestar”. Descreve a omissão do caráter de criação coletivo que tem a convivência em condições de precariedade, desigualdade e exclusão, e que a faz altamente conflituosa (a invisibilização do trabalho solidário, afetivo e imaginativo que é gerado na cotidianidade localizada).

Palavras-chaves: cidadania, conhecimento social, convivência urbana, estigmatização.

Abstract

This Article examines the implications (stigmatization, criminalization, exclusion, concentrations of social investment in punitive or persuasive actions) that are generated for certain population sectors in investigation and intervention studies that have been developed in Cali (Colombia) about urban violence and living in the past decade, “for their Owen benefit”, to give them “security and well being”. Recreates the omission of the collective creation character that living together in precarious, inequality and exclusion conditions has, and makes it highly conflictive (the invisibility of social work, affective and imaginative that are developed in local commonness).

Key words: citizenship, social knowledge, urban living, stigmatization.

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El número tiene lugar, el de la democracia, de la ciudad, de las administraciones, de la cibernética. Es una multitud flexible y continua, tejido apretado como tela sin desgarrones ni zurcidos, una multitud de héroes cuantificados que pierden nombres y rostros al convertirse en el lenguaje móvil de cálculos y racionalidades que a nadie pertenecen. Ríos de cifras de la calle.
Michel De Certeau

El olvido necesario¹

Habituados como estamos a tomar por hechos sociales los datos que con prolijidad nos aportan los saberes expertos², no parece sorprendernos las implicaciones (estigmatización, criminalización, exclusión, concentración de la inversión social en acciones punitivas o persuasivas) que para ciertos sectores de la población y para algunas ciudades, se generan en las intervenciones e investigaciones (sobre todo en su difusión mediática) adelantadas “para su propio beneficio”, para brindarles “seguridad y bienestar”. Este escrito surge de un acto reflexivo acerca de los trabajos de investigación e intervención que sobre violencia y convivencia urbana se han adelantado en Cali (Colombia) en la última década, los cuales han practicado modelos o propuestas con cierta legitimidad internacional entre los expertos en la problemática. La pregunta que guía esta reflexión no atañe a la eficacia de estas intervenciones ni a la cientificidad de los estudios adelantados, recrea una condición que las hizo posible: la omisión del carácter de creación colectiva que tiene la convivencia en condiciones de precariedad, desigualdad y exclusión, que la hacen altamente conflictiva (la invisibilización de la labor solidaria, afectiva e imaginativa que se genera en la cotidianidad localizada).

La visibilidad otorgada en esta década a la violencia y seguridad ciudadana en América Latina³, la proliferación de estudios y mediciones⁴, su lugar en los indicadores de gestión gubernamental y desarrollo humano revelan la magnitud ycentralidad dada al fenómeno, como huella o indicio de un asesinato⁵ de alcance colectivo: el de las ciudades abocadas a su reconversión estratégica desde las reglas del mercado mundializado, en un proceso en el cual ha aumentado la pobreza, se ha deteriorado el tejido social y afectado la calidad de vida de sus habitantes, como lo mostró el último Informe sobre Desarrollo Humano (PNUD, 2005)⁶, generando preocupación por la gobernabilidad, “la capacidad que tienen los gobiernos de aplicar sus decisiones” (Quero, 2003: 150).

Enmarcada en la serie “seguridad- población-gobierno” (Foucault, 1999: 175), la manera como se ha abordado la problemática de la violencia urbana revela la preocupación por el control social como ejercicio de la “gubernamentalidad”, ese “conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma tan específica, tan compleja de poder, que tiene como meta principal la población, como forma primordial de saber, la economía política, como instrumento técnico esencial, los dispositivos de seguridad” (Ibíd.: 195). Tanto la identificación y definición de la población (aquella considerada “en alto riesgo”) como las concepciones de violencia (un genérico que actúa como sujeto social) y convivencia (la armónica) puestas en juego en estas investigaciones e intervenciones son producidas desde la lógica administrativa que desconoce, debilita o borra otras formas de saber, identidad o pertenencia que resultan no pertinentes para su gestión estratégica. El conocimiento sobre la violencia fundado en datos epidemiológicos, su “etiología multicausal”, su clasificación y la valoración de los factores que en ella inciden, las formas de prevenirla o encauzarla, la reducción del daño y su terapéutica focalizada, tal ha sido el aporte del conocimiento experto para administrarla, en tanto preocupación por el manejo de la vida de la población o “biopolítica” (Foucault, 1999: 209), forjando la idealidad del buen ciudadano en la trama de principios (Mockus, 2003: 67) que aseguran su “convivencia armónica”.

Mediante el ejercicio de un desplazamiento de las lógicas densas del lugar (Escobar, 1999: 11) desde el establecimiento de los principios abstractos de una civilidad idealizada, se instaura la preeminencia del experto en la comprensión, el diagnóstico y la intervención de la situación de “violencia”, determinando entonces cómo se debe vivir juntos. La debilidad explicativa de una concepción de convivencia⁷ como la que expresa o tácitamente se ha efectuado en las intervenciones expertas sobre la violencia, reside en su ceguera ante la complejidad y conflictividad inherentes a la vida con otros en condiciones extremas. La armonía que se supone brinda la convivencia como remedio para la violencia, desconoce las articulaciones diferenciales de dinámicas conflictivas en las que se realiza la convivencia urbana, incluso, el cruce entre distintas violencias que puede fungir como un recurso para sobrevivirla. Las diversas versiones armónicas tienden a establecer una sola dimensión (v.gr. la interacción entre desconocidos), un solo patrón cultural (la cultura patriarcal, por ejemplo) o un sólo conflicto (el generacional o alguno semejante) como el que debe ser superado en esta armonización, aunque reconozcan el carácter “multicausal” de la violencia que buscan intervenir. También se opera una reducción sistemática de las diferencias (y desigualdades) entre los convivientes, desde generalizaciones útiles al principio interpretativo que sobre la convivencia han trazado (la armonía social), instalando entonces la artificialidad de una convivencia sin el espesor socioantropológico que le da sentido y lugar.

Otras concepciones de convivencia emergen en la situación propia de quienes participan en las intervenciones, como lo plantea, a modo de ejemplo, David Gómez, un taxista que colaboró en el proyecto “Cali de Vida” de la administración municipal (recursos BID):

La convivencia es fundamental para poder sobrevivir pero con una condición: que existan unas condiciones dignas de vida para poder asumir un buen ambiente de convivencia, porque yo no le puedo pedir a un muchacho que no tenga el revólver y siga robando si no le puedo garantizar unas condiciones para estudiar y trabajar. No puedo llegar a decirle a la gente que tiene hambre que se pacifique, que no pelee contra el Estado porque van a ir a la cárcel, si en la cárcel hay comida, en la calle no, de modo que para pararlo hay que darle alternativas no paternalistas, no darle la comida, sino alternativas para que pueda adquirir lo que necesita.

Mientras tanto, pese al sentimiento de miedo e inseguridad, sumado a las consecuencias negativas de algunas formas de intervención sobre esta violencia urbana (estigmatización, exclusión, desconocimiento de la realidad cotidiana y de sus formas organizativas), los habitantes de las comunas y barrios señalados negativamente por los indicadores, los grupos sociales (jóvenes negros) principalmente marcados como víctimas y victimarios de esta violencia, han aportado generosamente a la vida de una ciudad en la cual cohabitan en situación precaria, despertado entre algunos ciudadanos la necesidad de fortalecer vínculos, formas de solidaridad y protección comunitaria, así como mecanismos de control sobre las intervenciones, que les devuelvan su carácter protagónico y vinculen la convivencia con el desarrollo de condiciones de vida digna para todos los habitantes.

Resulta paradójico que el conocimiento específico de la forma como se convive en medio de los principales conflictos que caracterizan estas ciudades, precisamente el capital que están aportando cotidianamente los habitantes de las comunas estigmatizadas, sea el gran ausente a la hora de hacer el balance sobre las intervenciones o de acreditar los saberes que han permitido comprender las violencias urbanas. La inquietud que genera esta situación obliga a preguntarse por la relación entre los saberes expertos y el conocimiento ordinario al interior de las investigaciones e intervenciones “sobre la convivencia”, en momentos en que muchos de estos conocimientos sociales están siendo privatizados tanto por patentes y derechos de autor como por estas intervenciones expertas para “el bien común” que omiten su origen colectivo (Hleap, 2005).

La convivencia como recurso

Si nosotros le estamos implantando a la gente que haga las cosas de una u otra forma, como uno quiere que las haga, nunca van a seguir esos parámetros. Para todas las personas los puntos que llevan a una convivencia son muy diferentes, independientemente de la raza, el estatus económico, etc., para todo el mundo es diferente porque no se viven los mismos conflictos. Es muy diferente hablar con un drogadicto sobre la convivencia que hacerlo con alguien que nunca ha probado las drogas, creo que por esto no se ha llevado bien hasta ahora el tema de la convivencia, porque queremos que se sigan los parámetros que nosotros creemos son los mejores, pero nunca le hemos preguntado a las demás personas cuáles consideran que son los parámetros de la convivencia.
Sandra Milena Cifuentes
(Ciudadana participante en el proyecto Cali de Vida, Alcaldía de Cali)

La operación de uso terapéutico de la convivencia se inicia, pues, con el desconocimiento acerca de la convivencia misma que en la cotidianidad y en condiciones de precariedad, desigualdad y exclusión realizan los “intervenidos”, a los cuales sólo se les admite su condición necesitada, paciente, dependiente de la intervención experta. La “convivencia” previa, de algún modo aludida en las definiciones del problema que será intervenido, es siempre juzgada desde la tabla de valores establecida por esa idealidad armónica inexistente, erosionando la legitimidad de muchas de sus prácticas y lugares socioculturales, los agenciamientos territorializados de enunciación (Guattari, 1994: 185).

En un segundo momento se cuenta con el concurso de los intervenidos para efectuar la convivencia prescrita, obviamente con el sello “autóctono” de su “creatividad cultural”, en la “sostenibilidad” de la intervención. Se trata de un proceso de expropiación de un saber/ hacer colectivo, el soporte común de la vida social, en manos de los expertos en el trabajo inmaterial⁸ (el que produce vínculos, afectos, ideas, organizaciones) que lo utilizan como recurso dúctil para el “mejoramiento” social. Las prácticas culturales y formas cotidianas de convivencia que no se reconocen como trabajo de los grupos o comunidades que las desarrollan, sí justifican cuantiosos empréstitos con las agencias internacionales de desarrollo, cuando se miden los resultados.

Yúdice (2002) ha señalado como la cultura se convierte en recurso explotable en la medida en que se la instrumentaliza por razones económicas o sociales, “la cultura pasó a ser el terreno donde se forjaron las nuevas narrativas de legitimación con el objeto de naturalizar el desiderátum neoliberal de expurgar al gobierno de lo social” (Ibíd.: 19); es el caso de la utilización antiviolencia de prácticas, formas organizativas y conocimientos sociales sobre convivencia purificados por la mirada terapéutica que, en forma de “participación comunitaria”, legalizan la intervención afirmando no solo la familiaridad sociocultural de la nueva “convivencia” propuesta entre los intervenidos, sino su voluntad⁹ de aportar ese plus (su quehacer “pasteurizado”) que en el cálculo costo/beneficio asegura la sostenibilidad de la intervención. Como lo han planteado Cardarelli y Rosenfeld (2000: 33) “la política social del ajuste, divorciada de la de la distribución de la riqueza, se ve reducida a estructurar los programas y proyectos sociales en el eje de la solidaridad de los grupos, en la comunidad organizada y en un estado socio y mandatario del fortalecimiento de las capacidades sociales y del apoyo a iniciativas locales autogeneradas y participativas”.

En las experiencias de intervención examinadas en el desarrollo de la investigación¹⁰ se reconoce la importancia de las “prácticas culturales”, de los saberes y formas organizativas de las “comunidades” en lo que se ha denominado, en el lenguaje del intervencionista social, la sostenibilidad de la experiencia. Este reconocimiento supone un diagnóstico anterior de crisis, privación o pérdida de eso que aportan los intervenidos y que la intervención permite recuperar. Esta versión de la cultura como recurso se soporta en una acepción profundamente administrativa¹¹ del concepto de “capital social”, entendido como “Capital Cívico Institucional” ¹², según el cual la solidaridad, confianza, mutualidad y organización pueden ser medidas, destruidas o acrecentadas¹³ de acuerdo con las necesidades del “desarrollo social”. Lo más interesante de este discurso sobre el capital social, que campea en las intervenciones y estudios analizados, es que, como en el caso del capital económico, borra el trabajo que lo origina: aparece como un dato, no como un producto social que se le debe a sus generadores y del cual se hace una apropiación o explotación en lo que eufemísticamente es llamado “intervención”.

El retorno de lo negado

Ahora pienso que el BR se convirtió en una epidemia o un cáncer, como nos lo dijo un Coronel de la Policía, pues la barra sobrepasó la ciudad y donde uno va encuentra gente del BR, disidencias y simpatizantes regados por todo el país. Es una epidemia que se riega, un movimiento abierto a todos. Igualmente pienso que se ha dado lo que se proyectaba en los inicios, se ha creado una nueva raza o varias a la vez, porque esta barra es algo distinto y digo no una raza, sino varias razas sumadas, las razas del BR, donde convergen fascistas y comunistas, ricos y pobres, hombres y mujeres, un conjunto de tendencias movilizadas por el sentimiento que despierta y convoca el fútbol y ante todo por aquellos que siempre se han identificado con el equipo del pueblo,
LA PASIÓN.
Barrista Barón Rojo, Vieja Guardia¹⁴

Los procesos de producción y circulación de conocimiento socialmente pertinente sobre convivencia, que los proyectos de intervención suelen aprovechar, movilizar y normalizar, emergen –a pesar del empeño por negar su origen y carácter de creación colectiva– con frecuencia como esas incómodas diferencias entre lo pretendido, lo ejecutado y lo logrado que, en el discurso institucional de la intervención o en el informe de investigación, revelan el choque entre la lógica de los expertos y las lógicas de los intervenidos, el encuentro problematizador con la densidad sociocultural de los participantes, con habitantes localizados que rompen con la visión abstracta y “tramitológica” de ciudadano.

En la sistematización¹⁵ de las experiencias de intervención en violencia y convivencia en Cali no sólo se ha revelado la fuerza performativa de los discursos que las encuadran y definen, “la identidad de la población objetivo, marcan el territorio y las fronteras de las pobrezas, establecen las relaciones entre los actores, forman imágenes de líderes, promotoras/es, madres cuidadoras, dentro de un campo de experiencias rodeado de un horizonte de expectativas, temores y esperanzas” (Cardarelli y Rosenfeld, 2000: 43), sino también ha aparecido lo reprimido o no representado, como regreso de lo insano (Duchesne, 2001), lo inadecuado que desborda las idealidades constitutivas de esos discursos:

El regreso puede estar en una palabra o frase –por ejemplo, la violencia– que acude una y otra vez para designar fenómenos diferenciados –guerra civil, hostigamientos políticos, delincuencia, agresión familiar–, se encarna en la figura marginal que escapa a la explicación global –el desplazado, el desaparecido–, se congrega en torno a semejanzas formales que subsisten a pesar de diferencias ideológicas –entre, por ejemplo, el ethos heroico masculino del subversivo y el del militar o patriótico–, se asienta en el enemigo que se ubica más allá de la comprensión –las fuerzas oscuras, los terroristas– o simplemente aparece como una irrupción brutal y cíclica –los brotes periódicos de violencia que desmienten el control proclamado por las autoridades– (Ortega, 2004: 39).

Un ejemplo contundente de estas “emergencias” lo encontramos en una experiencia concreta, centrada en la dinámica de formación y conformación de la “barra brava” de seguidores de un equipo de fútbol de la ciudad, el América, denominada “Barón Rojo Sur” (Bolaños, 2006). En la mirada de las autoridades de la ciudad, de los cronistas deportivos y en las intervenciones realizadas o demandadas, aparece el barrista como actor de una violencia incomprensible e injustificable, solo posible por el desenfreno pasional apoyado en el consumo de estupefacientes y por la infiltración en el espectáculo deportivo de antisociales dispuestos a aprovechar la euforia colectiva. El dictamen generalizado para este mal ha sido una mezcla de represión y persuasión, que busca encauzar a los barristas, llevarlos –a los que se pueda– por el sendero del buen ciudadano. No obstante, como lo planteé en el informe final de la investigación¹⁶, dentro de la mirada terapéutica queda un “sucio” que habla de lo que la barra significa como socialidad pasional legítima en sí misma, sin “convertirse” en buenos ciudadanos, y una lógica “educativa” que se establece en la dinámica constante por cualificar la calidad de la barra, en la que el barrista se construye desde la confrontación y la confortación, se va volviendo barrista al ser aceptado, al ascender en las jerarquías internas, al mostrar “aguante”. Este “resto” que se hace visible en la barra busca ser reprimido o normalizado en su ingobernabilidad, pues desde la idea de convivencia “armónica” estas barras se salen de lo que es permitido en público, de modo que, al encuadrarlas como “población en alto riesgo” y simultáneamente como potenciales agresores de la “tranquilidad pública”, es necesario desactivarlas o, al menos, vigilarlas y domesticarlas, canalizar su pasión que es desbordada, institucionalizarla para encauzarla. Esa sociabilidad en cuestión, encuentra en el desarrollo de la experiencia con la barra “Barón Rojo Sur” una dimensión emergente que atraviesa –negándolo– el discurso terapéutico sobre la convivencia, pues muestra la legitimidad y el interés de la barra (empoderamiento) por ser reconocida como actor social significativo en la vida de la ciudad, por tanto, deliberante¹⁷, actuante y capaz de generar políticas públicas y alternativas de vida para los jóvenes de Cali.

Otro ejemplo, lo encontramos en los procesos de organización y empoderamiento ciudadano surgidos en el desarrollo del proyecto “Cali de Vida” ¹⁸, cuando lo esperado por el gobierno municipal era la implementación de campañas que indujeran a comportamientos ciudadanos inclinados a la convivencia armónica, reduciendo los indicadores de violencia en la ciudad, disparados por aquel entonces. Orientado al fortalecimiento de públicos fuertes¹⁹, el proyecto generó un escenario de concertación en donde se buscó entender cómo se asumía la convivencia en Cali en distintos barrios, distintas comunas, por distintos “actores de ciudad”, lo que era mucho más útil que estigmatizar ciertas comunas porque mostraban altos índices de violencia. En algunos de los relatos y testimonios procurados en el proceso “Cali de Vida”, se deja ver la convivencia sentida como lucha por la dignidad en una ciudad excluyente:

Ella está cansada de que frente a las miradas de otros, su comunidad sea un nido de ratas, donde si se entra no se vuelve a salir, que si te roban se te llevan hasta las medias, y más aún, los muertos tienen cementerio propio… el río, está cansada de que sus amigos, sus vecinos y personas ajenas a la comuna, hablen de ésta como una comunidad pobre, llena de cosas malas, insegura e inhabitable, está cansada de que quienes allí viven se disfracen frente los otros, se atemoricen, les dé vergüenza admitir que nacieron y que viven acá y no sean capaces de revelar la verdadera identidad de su comuna, su barrio; … (…) ella sabe lo bueno y lo rico que es vivir en su barrio, ella es testigo fiel de las grandes oportunidades que hay en él, en las tantas personas que luchan cada día para que su comuna mejore, y se lleva así en su mente la esperanza de que pronto muchos otros lo sabrán. (Marisol Arias. Ciudadela Decenaz - comuna 21).

Hasta la parte más estrecha, el espacio más pequeñito que tengamos nosotros debemos de identificarnos mucho con lo que es la “convivencia” y que si nosotros rescatamos y vivimos este espacio de lo que es la ‘convivencia’ podemos llegar a controlar y a identificar muchos de los valores que tenemos nosotros a nuestro alrededor de nuestra familia en nosotros y que siempre en medio de problemas de la necesidad del conflicto no debemos de perder la esperanza de que nosotros tenemos muchos espacios para nosotros volver a encarretarnos recuperar nuestra cometa y poder nosotros sentir esas vibraciones. (Cleotilde Varela - promotora de la Red de la tercera edad).

Con resistencia explícita de la administración municipal, “Cali de vida” se convirtió, bajo la presión deliberante de los ciudadanos, en la experiencia imperfecta de institucionalización de procesos y mecanismos concertados de convivencia; concertados, en la medida en que asumían los distintos y legítimos intereses que habitaban la ciudad, entendiendo por institucionalización, no la “oficialización”, esto es, garantizar el control y la formalización de los procesos desde la lógica gubernamental, sino la legitimación social del esfuerzo común por constituir condiciones productivas para el encuentro en la diferencia, que pasó por asumir las desigualdades sociales como un problema. Poner de manifiesto las diferencias de intereses, de ideas de ciudad, de condiciones para su realización y, mediante mecanismos democráticos de deliberación y decisión, concretar planes de acción y políticas públicas que permitiesen una “empresa de transformación cultural incluyente”, la posibilidad de trabajar los procesos sociales de inclusión, apropiación Plaza Mayor de Medellín, Paulo E. Restrepo, 1890. BPPM. y regulación que median en las decisiones para la acción y en su valoración, y que se concretaron en el Plan Estratégico en Convivencia y Seguridad para Cali (2003)²⁰.

Las objeciones a estos resultados no esperados y poco controlados, van desde la molestia por la “poca visibilidad” de la administración municipal, pasando por la indignación por “gastar dineros públicos en organizar gente que quiere criticar con infamia al gobierno”, o “eso no funciona, porque esas pandillas finalmente muestran el cobre”, hasta el discurso sociológico que cuestiona las implicaciones que para la vida democrática de la ciudad tiene el “legitimar en este tipo de proyectos las perspectivas singulares, demandas específicas, formas organizativas no convencionales y comportamientos verdaderamente delincuenciales que debilitan la coherencia y el compromiso ciudadano con los valores, las normas y regulaciones que garantizan la convivencia para todos”. Podemos afirmar que este tipo de objeciones proviene de un piso común, la primacía dada a la concepción expuesta por Cornelius Castoriadis de la democracia como procedimiento, en donde

(…) los conceptos de orden y de norma son afilados puñales que amenazan a la sociedad tal cual es; indican, ante todo, la intención de separar, amputar, cortar, expurgar y excluir. Promueven lo correcto al centrar su atención en lo incorrecto; identifican, circunscriben y estigmatizan esos segmentos de la realidad a los que se les niega el derecho de existir, que quedan condenados al aislamiento, el exilio o la extinción (Bauman, 1999: 131).

Frente a esta celebración a ultranza de unos valores y una moralidad que se pretende universal y civilista, es preciso recordarles con Castoriadis que “estos valores y esta moralidad son creación colectiva anónima y ‘espontánea’. Pueden ser modificados bajo la influencia de una acción consciente y deliberada, pero es necesario que esta última incida sobre otros estratos del ser histórico-social, no solamente por los afectados por la acción política explícita. En todo caso, la cuestión del bien común pertenece al campo del hacer histórico-social, no al de la teoría. La concepción sustancial del bien común, en cualquier caso, es creación histórico-social y, evidentemente, se encuentra tras todo derecho y todo procedimiento. Esto no conduce al simple ‘relativismo’, cuando se vive en un régimen democrático en el que la interrogación queda abierta efectivamente y de forma permanente, lo que presupone la creación social de individuos capaces de interrogarse efectivamente. Aquí encontramos, al menos, una componente del bien común democrático, sustantivo y no relativo: la ciudad debe hacer todo lo posible para ayudar a los ciudadanos a llegar a ser efectivamente autónomos²¹” (Castoriadis, 1996: 14). Se trata de insistir en la democracia como régimen, dentro de la cual el cambio cultural “sería una negociación eminentemente social y política que partiría por acordar tanto los valores, conocimientos e informaciones para construir ese orden, como los grupos que generan ese conocimiento e información, y por tanto, cuya concurrencia cohesionada será necesaria para la implantación del orden en gestación” (Pérez, 2003: 242).

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Citas

1 Este artículo presenta el núcleo investigativo desarrollado en la línea Experiencia urbana, convivencia y construcción de ciudadanía, del Grupo de Investigación en Educación Popular de la Universidad del Valle, en la cual se han adelantado recientemente dos investigaciones: “Violencia y convivencia en Cali, los nuevos escenarios para la educación popular”, finalizada en 2005 con financiación de la propia Universidad y “El conocimiento social en convivencia (Cali y Buenaventura) como vía para una cultura de Paz”, financiada por Colciencias, actualmente en desarrollo. En estas investigaciones ha participado, además del autor, el equipo de trabajo del grupo (ver: Gruplac en Colciencias).

2 Varios autores, entre ellos Ulrich Beck (1998: 60) han señalado la dependencia actual respecto de saberes expertos que definen el curso de acción social: “Los expertos pueden entrar y salir a su antojo, ya que los peligros pueden presumirse incluidos en todos los objetos de la vida diaria. Y es allí dentro donde ahora se encuentran metidos –invisibles y, a pesar de ello, demasiado presentes– clamando por expertos que den respuestas a las preguntas que plantean a viva voz”. Tomando como recurso el conocimiento científico para administrar la vida social (biopolítica), el saber experto agencia intereses particulares que aparecen, bajo el halo de la ciencia o de la tecnología, como verdades indiscutibles y necesariamente positivas para todos.

3 Agencias internacionales de desarrollo, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han adelantado estudios y empréstitos, “cuyo fin primordial es reducir la violencia y promover la paz ciudadana” (Buvinic, 2000: 43); “con un componente nacional y uno municipal (Bogotá, Medellín y Cali), el programa de Colombia tiene un costo total de US $95,6 millones” (Ibíd.).

4 Susana Rotker (2000: 8) señala que: “Las cifras son abrumadoras: según un estudio del Banco Mundial que cubre 69 países, los latinoamericanos son los más preocupados por el robo y otras formas de crimen. De acuerdo con el estudio, 90% de los empresarios entrevistados experimenta el crimen como un problema realmente serio; 80% confesó que no tiene ninguna confianza en que el estado protegerá sus propiedades ni su seguridad personal”. Mayra Buvinic (2000: 37) afirma que: “A pesar de ser parciales, los datos disponibles sugieren que América Latina y el Caribe figuran entre las regiones más violentas del mundo. Allí el promedio de homicidios asciende a 22,9 por cada 1000.000 habitantes, lo cual representa más de dos veces el promedio mundial”. Rodrigo Guerrero (2000: 27) plantea que: “se estima que en las Américas mueren anualmente cerca de 517.465 personas de manera violenta; aproximadamente 140.000 de esas muertes son por homicidio”. En la medida en que se consolidan sistemas confiables de medición sobre la violencia, observatorios del delito y consolidación de datos sobre muertes, crece la preocupación por la violencia en América Latina que aparece como “un fenómeno inevitable, altamente organizado en algunos casos y eficiente en no pocos” (Carrillo, 2000: 17); generando un efecto de lupa que dificulta apreciar las relaciones entre los hechos violentes medidos en los indicadores y las demás condiciones de la vida social en la cual se producen.

5 Jesús Martín-Barbero (2000: 30) lo señala así, “pues la ciudad muere cuando destruyen su memoria, cuando a la gente le roban los referentes de identidad”.

6 “El desarrollo humano está tambaleando en algunas áreas cruciales y las desigualdades que ya eran profundas siguen aumentando. Muchos discursos diplomáticos y términos corteses intentan dar cuenta de la diferencia entre el progreso en desarrollo humano y la ambición plasmada en la Declaración del Milenio; sin embargo, ninguno de ellos debería empañar una verdad muy simple: no se está cumpliendo la promesa hecha a los pobres del mundo” (p. 2).

7 Sobre las definiciones de la convivencia y sus implicaciones, ver el trabajo de Carlos Arango (2005), Psicología Comunitaria de la Convivencia, Cali, Universidad del Valle.

8 “El trabajo que crea bienes inmateriales, como el conocimiento, la información, la comunicación, una relación o una respuesta emocional” (Hardt y Negri, 2004: 136).

9 Recordemos, con Castoriadis (1997: 4) que: “Si definimos como poder la capacidad de una instancia cualquiera (personal o impersonal) de llevar a alguno (o algunos-unos) a hacer (o no hacer) lo que, a sí mismo, no habría hecho necesariamente (o habría hecho quizá) es evidente que el mayor poder concebible es el de preformar a alguien de suerte que por sí mismo haga lo que se quería que hiciese sin necesidad de dominación (Herrschaft) o de poder explícito para llevarlo a… Resulta evidente que esto crea para el sujeto sometido a esa formación, a la vez la apariencia de la ‘espontaneidad’ más completa y en la realidad estamos ante la heteronomía más total posible”.

10 Me refiero a la investigación “Violencia y convivencia en Cali, los nuevos escenarios de la educación popular”, Universidad del Valle, 2005. En este trabajo se examinaron un grupo significativo de experiencias de intervención sobre la violencia o que buscaban generar convivencia en Cali, desde su dimensión educativa, entendida como las relaciones de poder, control y conocimiento entre saberes diferentes y desigualmente constituidos que entran en juego en cada experiencia.

11 “Según análisis del Banco Mundial, hay cuatro formas básicas de capital: el capital natural, constituido por la dotación de recursos naturales con que cuenta un país; el capital construido, generado por el ser humano, que incluye diversas formas de capital (infraestructura, bienes de capital, financiero, comercial, etc.); el capital humano, determinado por los grados de nutrición, salud y educación de su población, y el capital social, descubrimiento reciente de las ciencias del desarrollo. Algunos estudios adjudican a las dos últimas formas de capital un porcentaje mayoritario del desarrollo económico de las naciones a fines del siglo XX. Indican que allí hay claves decisivas del progreso tecnológico, la competitividad, el crecimiento sostenido, el buen gobierno y la estabilidad democrática”. Bernardo Kliksberg (2000: 5).

12 John Sudarsky (2003: 201).

13 “Para simplificar, se encontró que el desarrollo económico destruye un Ksocial relativamente tradicional y la educación crea Ksocial moderno. Lo que se tiene es una carrera entre el desarrollo económico y la educación para reemplazar el Ksocial tradicional por el moderno. Eso es lo fundamental” (Ibíd.: 229).

14 Testimonio recogido en la Tesis de Maestría “Tradiciones y pasiones en la socialidad, sistematización de la formación y conformación de la barra popular Barón Rojo Sur (brs) seguidora del equipo de fútbol América de la ciudad de Cali”. Bolaños (2006).

15 Para poder comprender las experiencias en su complejidad, pretensión del enfoque de sistematización que el Grupo de Educación Popular ha desarrollado, es necesario adelantar simultáneamente tres planos de interpretación íntimamente relacionados, que podrían establecerse como dimensiones del sentido de las experiencias, cuya elucidación progresiva responde al concepto de “potenciación” que constituye uno de los ejes que atraviesa la sistematización: comprender la experiencia como acontecimiento de sentido desde la perspectiva de sus actores, estableciendo las lógicas que entraron en juego, las luchas de interpretación, las transacciones y apuestas que la caracterizaron, estableciendo su fuerza implicativa (potencial transformador capaz de incidir sobre los participantes y sobre las fuerzas contextuales); exponer y comprender el funcionamiento situacional (la trama) de las relaciones sociales (vínculos, redes), los mitos y rituales (análisis de las mediaciones) en la experiencia; y establecer el escenario o campo de fuerzas (performatividad) que hizo posible y le dio su especificidad (encuadre) a la experiencia.

16 Se trata del informe “Violencia y convivencia en Cali, los nuevos escenarios de la educación popular” (en prensa) que asume la “metasistematización” de las experiencias seleccionadas, entre ellas la de la “Barra Barón Rojo Sur”, sistematizada por Diego Bolaños (2006).

17 Capaces de levantarse ante el Secretario de Gobierno de Cali y decirle, “no señor, lo que usted está proponiendo no es lo que somos las barras, nosotros no nos interesa ser sapos, nosotros estamos trabajando la violencia en los estadios a partir de nuestra concepción de lo que es ser pasional por un equipo de fútbol, pero nosotros no vamos a hacer lo que usted entiende por seguridad en los estadios, nuestra seguridad es otra, es la seguridad que se trabaja con conocimiento de quiénes somos, para dónde vamos, con solidaridad entre nosotros, y curiosamente, un señor coronel de la policía que trabajó en Cali – el Coronel Naranjo–, logró entender el proyecto y trabajó con nosotros”, y entendió muchísimo mejor que otros personajes de la administración, de qué se trataba esto de trabajar con autonomía y qué concepto de seguridad tenían en la cabeza los muchachos, y los resultados eran otros.

18 “Cali de Vida” fue un proyecto de la Administración Municipal de Santiago de Cali que hacía parte del componente transversal, educación y comunicación, del Programa de Apoyo a la Convivencia y Seguridad Ciudadana, adelantado con recursos de un préstamo del BID. La Universidad del Valle, a través de la Escuela de Comunicación Social, participó en una licitación pública en 2001 y logra que le sea adjudicado el proyecto, que se prorroga por dos años más. La Universidad asumió los términos de referencia del proyecto desde una posición ética particular: llevar al límite los postulados de democratización de la ciudad ahí contenidos, buscando consolidar la autonomía y capacidad deliberante y creativa de los ciudadanos convocados.

19 El concepto es retomado de Nancy Fraser (1997: 130) que lo entiende como la consolidación de “públicos cuyo discurso incluye tanto la formación de opinión como la toma de decisiones”.

20 El Plan Estratégico en Convivencia y Seguridad para Cali (2003) fue el documento que sintetizó el sentido del cambio propuesto por los ciudadanos, tanto por la metodología utilizada en su construcción como por las temáticas incluidas y su forma de tratamiento. El cambio propuesto en este documento está orientado por las siguientes concepciones: la reivindicación de la democracia y la reconstrucción de una ciudadanía deliberante, la pluralidad, la transparencia institucional, la solidaridad y sensibilidad social, la creatividad de sus ciudadanos y la salud ambiental de su entorno.

21 El resaltado es mío.

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Bibliografía

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Última actualización en 04 Enero 2017