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Guerra, terrorismo ambiental y la necesidad de solidaridad con Irak

Guerra, terrorismo ambiental ea necessidade de solidariedade com o Iraque

War, environmental terrorism and the need for solidarity with Iraq

Ayse Erzan*

Traducción del inglés: Diógenes Carvajal**

* Miembro de la Academia Turca de las Ciencias, y del Departamento de Física, Facultad de Ciencias y Letras, Universidad Técnica de Estambul, Maslak, 34, 469 Estambul, Turquía. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

** Investigador, Universidad de Los Andes.

Resumen

El Tribunal Mundial sobre Irak, que llevó a cabo sus últimas audiencias en Estambul en junio de 2005, halló culpables a los Estados Unidos y a la “Coalición de la buena voluntad”, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, tal como está establecido por leyes comunes internacionales, los Principios de Nuremberg y las Convenciones de Ginebra. Científicos alrededor del mundo tienen el deber de ser conscientes de la devastación causada a Irak en términos humanos, culturales y ambientales, así como de la violencia dirigida contra los científicos iraquíes.

Palabras clave: ocupación estadounidense de Irak, crímenes de guerra, derechos humanos de los científicos.

Resumo

O Tribunal Mundial sobre o Iraque, que realizou suas últimas audiências em Istambul em junho de 2005, declarou os Estados Unidos e a “Coalizão da boa vontade” culpados por crimes de guerra e por crimes contra a humanidade, tal como está estabelecido por leis comuns internacionais, pelos Princípios de Nuremberg e pelas Convenções de Genebra. Cientistas ao redor do mundo tinham o dever de serem conscientes da devastação causada ao Iraque em termos humanos, culturais e ambientais, bem como da violência dirigida contra os cientistas iraquianos.

Palavras-chaves: ocupação estadunidense do Iraque, crimes de guerra, direitos humanos dos cientistas.

Abstract

The World Tribunal on Iraq, which helds its final hearings in Istanbul in June 2005, found the US and the “Coalition of the Willing” guilty of war crimes and crimes against humanity, as established by international common law, the Nuremberg Principles and the Geneva Conventions. Scientists all over the world have a duty to be aware of the devastastion caused to Iraq in human, cultural and environmental terms, as well as the violence directed against Iraqi scientists.

Key words: US occupation of Iraq, war crimes, human rights of scientists.

En este encuentro¹ de La ciencia al servicio de la guerra y la responsabilidad del científico, ofrecí informar acerca del Tribunal Mundial sobre Irak², un proceso de un año que culminó con las audiencias en Estambul entre el 23 y el 27 de junio de 2005. La idea de enjuiciar a los Estados Unidos y a sus aliados por crímenes de guerra en Irak, había surgido durante las manifestaciones antibélicas en Berlín, Yakarta, Ginebra, París y Cancún, y finalmente encontró un apoyo entusiasta en el encuentro organizado por la Fundación para la Paz Bertrand Russel con sede en Bruselas, el 26 y 27 de junio de 2003. La recolección de evidencias y testimonios continuó durante dos años, y los hallazgos se presentaron en veinte audiencias diferentes en Barcelona, Bruselas, Copenhague, Genova, Hiroshima, Londres, Bombay, Nueva York, Oesterlund, París, Roma, Seúl, Estocolmo, Túnez y varias ciudades alemanas.

En Estambul, en el Tribunal Mundial sobre Irak (TMI), después de tres días de deliberaciones y una profusión de testimonios de primera mano, tanto de ciudadanos comunes y personas que habían estado involucradas al más alto nivel en organizaciones internacionales, así como de las presentaciones de expertos legales, el “Jurado de conciencia”, encabezado por Arundathi Toy, adoptó una declaración³ que empezaba así:

En febrero de 2003, semanas antes de que se empezara una guerra ilegal contra Irak, millones de personas protestaron en las calles del mundo. Dicho llamado fue desatendido. Ninguna institución internacional tuvo el coraje o la consciencia de hacer frente a la amenaza de agresión de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Nadie pudo detenerlos. Ahora han pasado dos años. Irak ha sido invadido, ocupado y devastado. El ataque contra Irak es un ataque a la justicia, la libertad, nuestra seguridad, nuestro futuro, contra todos nosotros. Nosotros, personas de conciencia, decidimos hacerle frente. Conformamos el Tribunal Mundial sobre Irak para demandar justicia y un futuro en paz.

El anexo legal redactado por el profesor Richard Falk⁴ enfatiza que

El Jurado de conciencia no fue un cuerpo conformado por juristas ni expertos en legislación internacional. No escuchó argumentos que apoyaran la legalidad de la invasión de Irak como se podría haber hecho frente a un cuerpo judicial bajo la autoridad del Estado o de una institución internacional que actuara a nombre de la comunidad internacional. El Tribunal Mundial sobre Irak, a lo largo de sus sesiones, partió de un sentido de moral e indignación políticas de ciudadanos de todas partes del mundo, con respecto a la guerra. El tribunal no estaba interesado en un debate centrado en la legalidad. Los aspectos legales fueron relevantes al punto de que le agregaron peso al propósito moral y político del Tribunal, que era exponer la guerra de Irak como el crimen que es, apelando y recurriendo a los profundos lazos que nos unen en nuestra humanidad. Así, el Tribunal prestó atención a los testimonios y las evidencias para llegar a cuestionar el manto de respetabilidad lanzado sobre la guerra de Irak por sus agresores, y la falsa impresión diseminada por los principales medios, de que la guerra de Irak era, en algún sentido, justificada por circunstancias políticas, consideraciones morales, o análisis legales.

La Declaración del Jurado de conciencia encontró además que,

• La invasión y ocupación de Irak fue y es ilegal. Se probó que las razones dadas por los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña para la invasión y ocupación de Irak en marzo de 2003 eran falsas. Existe mucha evidencia que apoya la conclusión de que uno de los principales motivos para la guerra fue controlar y dominar el Medio Oriente y sus vastas reservas de petróleo como parte de la carrera de Estados Unidos hacia una hegemonía global.
• Las mentiras evidentes sobre la presencia de armas de destrucción masiva en Irak y un vínculo con el terrorismo de Al-Qaeda y el régimen de Saddam Hussein, fueron construidas con el fin de ganar apoyo público para un asalto “preventivo” a una nación soberana e independiente.
• Irak ha estado en la mira durante años. La imposición de sanciones económicas severas e inhumanas el 6 de agosto de 1990, el establecimiento de áreas de no vuelo en las zonas norte y sur de Irak, y el bombardeo concomitante del país apuntaban, todos, a degradar y debilitar los recursos humanos, materiales y las instalaciones de Irak con el fin de facilitar su posterior invasión y ocupación. En esta empresa los líderes de Estados Unidos y Gran Bretaña tuvieron el beneficio de un Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas cómplice.
• Los mecanismos político-legales internacionales establecidos han fallado en prevenir ese ataque y en detener a los perpetradores responsables. La impunidad de que disfrutan el gobierno de Estados Unidos y sus aliados ha creado una crisis internacional seria que cuestiona la importancia y significado de las leyes internacionales, de los acuerdos de los derechos humanos y de la habilidad de las instituciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, para encabezar la crisis con algún grado de autoridad o dignidad.
• La ocupación de Irak por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña durante los últimos 27 meses ha llevado a la destrucción y devastación del Estado y la sociedad iraquíes. La ley y el orden se han quebrantado, teniendo como resultado una carencia penetrante de seguridad humana. La infraestructura física está en crisis, el sistema de prestación de servicios de salud está en pobres condiciones, el sistema educativo prácticamente ha dejado de funcionar, existe una devastación ambiental y ecológica masiva, y la herencia cultural y arqueológica del pueblo iraquí ha sido profanada.

En este artículo, apoyada en la evidencia presentada en el Tribunal Mundial sobre Irak, me gustaría resaltar la naturaleza de esta guerra, la devastación humana y ecológica que ha causado deliberadamente, semejándose al terrorismo ambiental, la responsabilidad que nos corresponde como científicos de mantener informados y hacer que otros sean conscientes de la naturaleza de los actos que se están cometiendo en nombre de la seguridad global, y finalmente, cuestionar la viabilidad ética de la guerra bajo cualquier condición. Planteo que la seguridad humana⁵ es irreconciliable con el hacer excepciones para tomar “medidas militares”⁶, y por lo tanto, que la guerra no es una empresa éticamente viable.

Devastación ambiental en Irak

En el testimonio de la doctora Souad al-Azzawi⁷ “Daños ambientales de las operaciones militares durante la invasión a Irak”, entregado al Tribunal Mundial sobre Irak, se afirmó que “eliminar” hospitales, instalaciones de evacuación de aguas negras y plantas de purificación de agua en el bombardeo inicial, constituyó el uso de recursos propios del conflicto químico y biológico.

La devastación del ambiente en Irak fue paralela al uso de armas ilegales como las bombas racimo⁸, el fósforo blanco⁹ y el uso de uranio reducido (UR)¹⁰, “armas de energía cinética”. En todo Irak, bombas racimo lanzadas originalmente por tropas de Estados Unidos en áreas pobladas y que no explotaron, aún están matando y lisiando a civiles.

El testimonio de la doctora Souad al-Azzawi centró la atención en la necesidad de crear un modelo a escala de los riesgos ambientales planteados por las partículas de polvo de las armas UR, teniendo en cuenta las tormentas de polvo contaminado, la infiltración de contaminantes en la tierra, deslizamientos del terreno contaminado alrededor de los campos de batalla en los que se usaron municiones UR, y el grave problema representado por los incendios de pozos petroleros y derrames de petróleo que liberan grandes cantidades de aerosoles en la atmósfera, cuyas corrientes de aire también esparcen los contaminantes.

La doctora afirmó que se creó una contaminación del aire muy alta debido al

hidrocarburo tóxico (HC) contenido en el hollín y el humo del fuego de miles de barriles y pozos de petróleo alrededor de Bagdad y otras ciudades. El humo y el hollín que salen del petróleo quemándose contiene toxinas y cancerígenos, al igual que sustancias como hidrocarburos aromáticos policíclicos o HAP, dióxidos, furanos, mercurio, sulfuro. El modelo de riesgo debe incluir el efecto combinado de hidrocarburos, hollín y polvo de óxido de UR durante las tres primeras semanas del IIMO (Al-Azzawi, 2005).

La doctora Al-Azzawi también llamó la atención sobre la degradación de la tierra y el suelo debido a derrames químicos y de petróleo, aguas negras, el tráfico de vehículos armados, así como a la deforestación de grandes áreas de palmas de dátiles hecha con buldózeres por tropas de Estados Unidos como una “medida de seguridad” o como castigo a poblaciones resistentes.

La contaminación del agua por el bombardeo de tanques e infraestructuras de almacenamiento subterráneo causó un gran problema de hidrocarburos tóxicos peligrosos y aguas negras cercanas a ríos o depósitos subterráneos de agua. La superficie contaminada se deslizaba después de cada tormenta lo que añadía a la tierra o a las aguas superficiales, contaminantes disueltos en el aire. [Hay] un incremento de las enfermedades producidas por la contaminación del agua como cólera, tifoidea, hepatitis infecciosa, malaria y disentería, especialmente por la degradación de las condiciones de sanidad debido a la falta de químicos desinfectantes después del saqueo de partes mecánicas y eléctricas usadas para la purificación del agua en las plantas de tratamiento de aguas negras en Bagdad y otras ciudades (Al-Azzawi, 2005).

La contaminación por radiación causada por las armas de UR ha sido calificada como insignificante en muchos reportes, en particular en el de la Royal Society¹¹. Sin embargo, como fue señalado en el documento de International Physicians for the Prevention of Nuclear War, los contaminantes del UR usados en los proyectiles, especialmente plutonio, podrían, de hecho, causar tanto reacciones altamente tóxicas como daño por radiación debido a partículas de polvo ingeridas que están siempre presentes en el aire vecino a los lugares en que impactaron los proyectiles. La mayoría de los estudios han sido limitados a los soldados en el campo de batalla, en lugar de los civiles que viven en las áreas contaminadas.

Thomas M. Fasy¹² resaltó en su testimonio la toxicidad química del uranio como metal pesado, especialmente en la forma de polvo de óxido de uranio fácilmente inhalable. Manifestó que el UO₂ insoluble se almacena en los pulmones y los nodos linfáticos, y el UO₃ soluble se disuelve gradualmente y entra al torrente sanguíneo; primero se acumula en los huesos y riñones, luego se reequilibra distribuyéndose en la mayoría de los tejidos, incluyendo el cerebro, las glándulas, la placenta y el feto. Las células vecinas a las partículas insolubles de UO₂ reciben una irradiación alfa significativa, mientas que el UO₃ se disuelve en iones de uranilo, que entran en las células y se atan al ADN y al ARN, dando origen a enfermedades¹³ y defectos congénitos. Fasy presentó diagramas que mostraban un aumento sostenido en las malformaciones congénitas en el área de Basora entre 1990 y 2001; sin embargo, los números pueden ser un desafío sobre la base de los antecedentes bastante bajos (3/1000) reportados para 1990.

Mientras tanto, miles de científicos iraquíes fueron internados y mantenidos incomunicados en Campo Cropper, cerca al aeropuerto de Bagdad, sin que hubiera cargos contra ellos y sin que existieran órdenes de detención expedidas por alguna corte. Alrededor de una docena de “científicos-armas” que fueron detenidos por más de dos años, fueron liberados recientemente¹⁴ sin que se hubiera presentado ningún cargo contra ellos. También han circulado listas con por lo menos cincuenta científicos iraquíes que han sido ejecutados o asesinados, y su número estimado crece día tras día¹⁵.

En el anexo legal a la declaración, se señala que la guerra en Irak viola los Principios de Nuremberg, los cuales presentan los lineamientos generales (ver cita 5 al final), en donde los “crímenes contra la paz” y los “crímenes de guerra” se declaran punibles como crímenes bajo las leyes internacionales. Los crímenes de guerra

incluyen pero no están limitados a: asesinato, maltrato o deportación para labores de esclavos o para cualquier otro propósito de la población civil de o en un territorio ocupado, asesinato o maltrato de prisioneros de guerra, de personas en los océanos, matanza de rehenes, saqueo de propiedades públicas o privadas, destrucción injustificada de ciudades, pueblos o villas, o su devastación no justificada debido a acciones militares (ver nota 5 al final).

Dentro de este contexto, se vuelve necesario cuestionar conceptos como “acciones militares”. Si la destrucción completa de pueblos y el injustificado asesinato de civiles pueden argumentarse sobre la base de una “acción militar” como último recurso, debemos cuestionar la viabilidad de las guerras como medios para servir a fines humanos.

Se necesita más que nunca la mirada crítica de los científicos frente a las amenazas de una nueva prolife ración nuclear¹⁶ y la siempre creciente amenaza de una escalada del estado de guerra en el Oriente Medio. Hacer surgir preguntas como “¿La seguridad de quién? ¿Quién decide? ¿A qué costo?”, conlleva un reto radical a las asunciones cómodas y comunes hechas con respecto a la guerra y la seguridad.

Estas preguntas, de hecho, llevan al concepto de “seguridad humana”, que se ha debatido activamente en el marco de la Unesco, y que va más allá de la ausencia de guerra y violencia armada. Las ideas de seguridad humana complementan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al plantear el completo disfrute de los derechos humanos en su contexto sociológico, ecológico y económico. La seguridad humana incluye el derecho a una vida segura, a un ambiente seguro con acceso a agua pura, a no tener miedo a enfermedades epidémicas e iguales derechos para las mujeres. En el nombre de la paz, la seguridad humana hace un llamado por un orden global más equitativo.

Citas

1 Ponencia presentada en el simposio científico internacional Science et droit internacional humanitaire: “La science au service de la guerre et la responsabilité des scientifiques”, París, 20-21 de septiembre, 2005, Ecole Normale Supèrieure <http://www.scienceihl.com>. Artículo publicado con la autorización de la Dra. Lydie Koch Miramond (Physicienne, présidente de la Commission des droits de l’homme de la Société Francaise de Physique et du groupe de travail Ethics in Science d’Euroscience, France).

2 Cfr. <http://www.worldtribunal.org/> Entre los expertos legales y testigos que ofrecieron testimonio, estaban Richard Falk, Christine Chinkin, Phil Shiner, Amy Bartholomew, Issa G. Shivji y los testigos Dahr Jamail, Akira Maeda, Sayo Saruta, Koichi Inamori, Denis Halliday, Anthony Alessandrini, Hans C. von Sponeck, Joel Novel, Corin Kumar, Fadhil Al Bedrani, Ghazwan Al Mukhtar, Souad al Azzawi. El jurado de conciencia estaba conformado por Arundhati Roy, Ahmet Öztürk, Ay° e Erzan, Chandra Muzaffar, David Krieger, Eve Ensler, François Houtart, Jae-Bok Kim, Mehmet Tarhan (en ausencia), Miguel Ángel de los Santos Cruz, Murat Belge, Rela Magali, Salaam Al Jobourie, Taty Almeida (en la página web indicada se puede tener acceso a biografías cortas).

3 Cfr. <http://www.worldtribunal.org/main/?b=91>

4 Cfr. <http://www.ihc.ucsb.edu/events/event_files/past/_winter03/falk/>

5 Cfr. <http://www.unesco.org/securipax>

6 Los Principios de Nuremberg (formulados por la Comisión Internacional de Leyes de las Naciones Unidas en 1950 en respuesta a una solicitud de la Asamblea General). Cfr. <http://www.un.org/law/ilc/yexts/nurnberg.htm> (versión en inglés):

Principio I
Cualquier persona que cometa actos que constituyan un crimen bajo las leyes internacionales será responsable y por consiguiente sujeto a sanción.

Principio II
El hecho de que las leyes internas no impongan castigo por un acto que constituya un crimen bajo las leyes internacionales no exime a la persona que cometió el acto de su responsabilidad bajo las leyes internacionales.

Principio III
El hecho de que una persona que ha cometido un acto que constituye un crimen bajo las leyes internacionales sea Jefe del Estado o un oficial responsable del Gobierno no le exime responsabilidad conforme al derecho internacional.

Principio IV
El hecho de que una persona actúe bajo las órdenes de su Gobierno o de un superior no le exime de la responsabilidad bajo las leyes internacionales, siempre que se demuestre que tenía posibilidad de actuar de otra forma.

Principio V
Cualquier persona acusada de un crimen bajo las leyes internacionales tiene el derecho de un juicio justo ante la ley.

Principio Vl
Los crímenes que se enumeran a partir de aquí son castigables como crímenes bajo las leyes internacionales:

1. Crímenes contra la paz:
   1. La planificación, preparación, iniciación o comienzo de una guerra de agresión, o una guerra que viole los tratados internacionales, acuerdos o compromisos;
   2. La participación en un plan común o conspiración para el cumplimiento de cualquiera de los actos mencionados en (i).
2. Crímenes de Guerra: Las violaciones de las leyes o costumbres de la guerra que incluyen, pero no están limitadas a, asesinato, trato inhumano o deportación como esclavos o para cualquier otro propósito de la población civil de un territorio ocupado, asesinato o trato inhumano a prisioneros de guerra, a personas sobre el mar, asesinato de rehenes, pillaje de la propiedad pública o privada, destrucción injustificada de ciudades, pueblos o villas, o la devastación no justificada por la necesidad militar.
3. Crímenes contra la humanidad: Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra.

Principio VII
La complicidad en la comisión de un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad tal y como fueron expuestos en los Principios VI, es un crimen bajo las leyes internacionales.

7 La doctora Souad al-Azzawi es profesora asistente de Ingeniería Ambiental en las universidades de Bagdad y Mousoul.

8 Cfr. <http://www.hrw.org/backgrounder/arms/cluster-bck1031.htm#what>. Bajo las Convenciones de Ginebra, las bombas cluster son armas criminales porque es imposible usarlas en números significativos sin efectos indiscriminados. Es un crimen de guerra usar armas sabiendo que “causarán una pérdida excesiva de vidas o daño a civiles”.

9 Herald Tribune, Editorial, 30 de noviembre de 2005.

10 International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) (Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear), (2001), “Depleted Uranium Weapons and Acute Post-War Health Effects: An IPPNW Assessment”, Medicine & Global Survival, Vol. 7, 43-46. Disponible en <http://www.ippnw.org/MGS/V7N1IPPNWDU.pdf>

11 Reporte de la Royal Society sobre “Los peligros a la salud de las municiones de uranio reducido”. Cfr. <http://www.royalsoc.ac.uk>

12 MD. Ph.D. Escuela de Medicina Mount Sinai, Nueva York.

13 En el testimonio presentado por T.M. Fasy ante el WIT, el porcentaje subió en leucemia y todas las demás enfermedades en niños/as en el área de Basora. Los datos fueron probablemente reproducidos de Yacoub, A., Al-Sadoon I, Hasan G., et al, 1999, “Depleted Uranium and Health of People in Basrah: Epidemiological Perspective. I. Incidence and Pattern of Malignent Cases among Children in Basrah”, The Medical Journal of Basrah University; 17: 17-25. Más evidencia sobre la relación entre uranio reducido y la incidencia de enfermedades (con referencia específica a leucemias) entre niños y niñas en Basora, al sur de Irak. The Medical Journal of Basrah University 2000; 18: 3-6. Citado en <http://www.irak.be/ned/archief/Depleted%20Uranium_bestanden/DU-CausalAssociationBasrah.htm>

14 Ver un cable de Associated Press del 17 de julio de 2005 enviado por Charles J. Hanley: “Expertos urgen liberación de científicos iraquíes” y el USA Today del 20 de diciembre de 2005.

15 Cfr. <http://new.petitiononline.com/Iraqacad/petition.html>. Se anexa la lista de científicos iraquíes asesinados, proporcionada por la doctora Azzawi en septiembre de 2005.

16 Cfr. <http://physics.ucsd.edu/~jorge/nuclear/nucleartalk.htm>.

17 Provista por la doctora Souad al-Azzawi.

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Última actualización en 07 Enero 2017

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¿Instituir ciudadanía desde la niñez?

Estabelecer cidadania desde a infância?

Establish citizenship from childhood?

Uriel Ignacio Espitia Vásquez*

* Psicólogo, especialista en Comunicación-Educación, coordinador académico del IESCOUC. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Resumen

Apoyado en la teoría histórico-social de Cornelius Castoriadis, el autor analiza la condición de la niñez en la experiencia del mundo contemporáneo, explorando cómo los modos de socialización actuales de las nuevas generaciones podrían representar posibilidades para que la niñez devenga constructora de ciudadanía, lo que no se trataría de algo consustancial a la humanidad o efecto de cumplir con los “derechos del niño”, sino a costa de vencer enormes obstáculos psíquicos y sociales.

Palabras clave: niñez, significaciones imaginarias sociales, derechos del niño, reflexividad.

Resumo

Apoiado na teoria histórico-social de Cornelius Castoriadis o autor analisa a condição da infância na experiência do mundo contemporâneo, explorando como os modos de socialização atuais das novas gerações poderiam representar possibilidades para que a infância venha a ser construtora de cidadania, o que não se trataria de algo consubstancial para a humanidade ou com efeito de cumprir com os “direitos das crianças”, mas a custa de vencer enormes obstáculos psíquicos e sociais.

Palavras-chaves: infância, significados imaginários sociais, direitos das crianças, reflexividade.

Abstract

Supported on Cornelius Castoriadis’s historical-social theory, the author analyses condition of the childhood in the experience of the contemporary world, exploring how the current manners of socialization of the new generations might represent possibilities in order that the childhood earns construction of citizenship, which would not treat itself of slightly consubstantially to the humanity or effect of expiring with the “rights of the child”, but at the cost of conquering enormous psychic and social obstacles.

Key words: childhood, social imaginary significations, children’s rights, reflexivity.

Las transformaciones de los atributos de la niñez¹

Como experiencia en el sentimiento de realidad de los adultos y como campo social de significaciones, la infancia tardó mucho en nacer en Occidente. Su existencia histórica es producto de una invención socio- cultural que hoy parece asistir a un desarraigo de sus prácticas institucionales y sociales que la constituyeron como lo opuesto a la “madurez”.

Los historiadores han ayudado a mostrar que el sentimiento de infancia, la conciencia social de la particularidad de lo infantil o la significación “ser niño” es un concepto propio de la modernidad, porque fue durante los siglos XVII y XVIII que –al menos en Europa– sobre los hechos naturales de la maduración biológica se instituyó la separación de la niñez del mundo adulto, lo que fue consustancial a la transformación ocurrida en la “familia nuclear” y a la consolidación de la monogamia como institución social obligatoria.

Esta institucionalización de la infancia como “mundo aparte” o fase distintiva de la vida, registró la influencia de los ideales sociales propuestos por los humanistas y moralistas, quienes desde el siglo XVI ayudaron a concebir un sistema de reglas de urbanidad, aspiraciones familiares e ideales educativos que, más tarde, con la expedición de leyes de protección para la infancia, terminaron regulando las relaciones paterno-filiares y consolidando un régimen deseante de amor y protección en el seno familiar, pero a la vez de hostilidad, al buscar transformar al niño en un ser juicioso y socialmente útil (Gallo, 1999).

De un aprendizaje por prácticas o de experiencias directas de los niños en la vida cotidiana con el mundo adulto, se pasó al establecimiento de contratos de aprendizaje de oficios y habilidades fuera del núcleo familiar, al tiempo que también empezó a existir el aprendizaje por libros. El conjunto de estas alteraciones conformó un proceso gradual de exclusión de los niños de las experiencias propiamente adultas como el sexo, el trabajo remunerado, el consumo de alcohol, y su resguardo de espacios públicos como la calle o la participación política.

La niñez es entonces el resultado de procesos sociales y discursivos, que expresan los deseos y temores adultos, lugar en donde se materializan un conjunto de relaciones de poder sobre la vida de los niños. Su resultado histórico más reciente es un conjunto de prácticas promovidas por los Estados burgueses tales como la conservación de los hijos, la vigilancia de la crianza dispensada por las nodrizas, los contratos de aprendizaje, la utilización de los niños por los comerciantes y los extranjeros, el control de la población, la escuela obligatoria (Donzelot, 1990).

También es preciso resaltar la importancia de la escuela como dispositivo de consolidación de la noción de infancia, de un espíritu humanitario civilizador y disciplinante de las culturas populares y en general, como agencia principal del proyecto moderno de Occidente:

La educación escolarizada y pública sintetiza, en cierta forma, las ideas y los ideales de la modernidad y del iluminismo. Corporifica las ideas de progreso constante a través de la razón y la ciencia, de creencia en las potencialidades del desarrollo de un sujeto autónomo y libre, de universalismo, de emancipación y liberación política y social, de autonomía y libertad, de ampliación del espacio público a través de la ciudadanía, de la progresiva desaparición de privilegios hereditarios, de movilidad social. La escuela está en el centro de los ideales de justicia, igualdad y distributividad del proyecto moderno de sociedad y política. No sólo resume sus principios, propósitos e impulsos: es la institución encargada de trasmitirlos, de hacerlos generalizados, de conseguir que sea parte del sentido común y la sensibilidad popular, la escuela pública se confunde, así, con el propio proyecto de la modernidad. Es la institución moderna por excelencia (Da Silva, 1997: 273).

La niñez no es entonces una categoría universal, inmutable, o determinada esencialmente por la biología, sino una construcción social en la que es posible identificar un conjunto de intervenciones institucionales sobre los niños y la familia que a través de abigarradas prácticas filantrópicas, médicas, escolares, jurídicas, psicológicas –amparadas estatalmente– fueron fijando los atributos de sus respectivos regímenes de saber y poder con las que también legitimaron sus intervenciones para criar, educar, proteger, controlar, vigilar, asistir, prevenir, castigar o tutelar la condición de la niñez.

Sin embargo, con la generalizada crisis de las significaciones imaginarias sociales y de las instituciones en que estas se corporizan, con la transformación del Estado-nación en Estado técnico-administrativo y con el progresivo abandono de sus funciones políticas al desplazarse hacia el mercado para cumplir funciones gerenciales, las instituciones parecen haberse vuelto prácticamente ineficaces, como irregulares los atributos y prácticas² con que se solía investir la niñez, especialmente por el trabajo subjetivante y socializante de la familia y lo educativo en general. En ese sentido, el movimiento para pensar nuevas políticas de y para la niñez estaría afianzado básicamente –según dice Corea– en una lógica restauradora de las antiguas funciones del Estado, lo que “les impide pensar un funcionamiento político por fuera del dispositivo estatal” (1999: 91-92).

Esta misma autora destaca además, que las propias instituciones son ciegas para poder vislumbrar su capacidad activa instituyente y para aceptar las variaciones históricas de su objeto: la infancia en crisis; por lo que, de “máquinas productoras de infancia”, ellas mismas se relegan a simples “agentes de asistencia, protección, prevención y ayuda” (Corea, 1999: 93).

Un correlato de estas transformaciones institucionales y discursivas que tienen lugar en el “siglo del niño”, son las fuertes alteraciones subjetivas por las que atraviesa la cultura. A nivel psíquico, la cultura occidental, heredera de la tradición monoteísta, constata desde hace tiempo un declive social de la imago paterna que ha vulnerado el comando del lugar del padre en relación con la ley y el deseo, por lo que discursivamente se ha emborronado lo que está permitido y lo que no, qué deseos son legítimos y de qué y cómo se puede gozar. Esto se relaciona con problemas del saber de muy distinto orden, tales como la pérdida de significado de la paternidad y la maternidad o incluso el avance del malestar docente respecto de su función pedagógica.

También vemos disolverse en una dinámica de inclusión- exclusión respecto del consumo y el mercado, lo que antes fueron las edades sucesivas del hombre desde la infancia hasta la vejez. Los viejos son despreciados y sus formas de ser y saber desinvestidas. La sociedad adulta niega a toda costa cualquier vestigio de senectud y de mortalidad. Muchas de las funciones que antes fueron responsabilidades familiares ahora son suplidas por expertos u organizaciones de todo tipo. La niñez y la juventud al tiempo que sobrevaloradas, son temidas como fuente de desorden, conflicto y criminalidad. Asistimos entonces a un cambio en el estatuto o la condición actual de la niñez, porque parecen haberse disuelto las diferencias simbólicas que antes existían entre los adultos y los niños. Las nuevas identidades infantiles y juveniles acicateadas por el mundo de la imagen digital, persiguen anhelados mundos de ficción, sin atender a los principios de separación, de espera o de progreso con que se caracterizaban antes la niñez y la juventud. Los medios masivos de comunicación y especialmente la televisión, así como las nuevas tecnologías y sus técnicas de realidad virtual han contribuido a homogeneizar la experiencia de niños y adultos, posibilitando que los niños socialicen en parte a los adultos en un estado de novedad permanente y desrealización del presente, producido por la institución imaginaria de la sociedad de la información.

La compleja relació de la niñez con los medios de comunicación de masas

Como campo de problemas por pensar, esa condición cambiante de la niñez ha sido debatida desde finales de la década de los ochenta como “pérdida” de un tiempo pretérito de inocencia, juego y libertad, así lo proponen quienes defienden la tesis de la “desaparición de la infancia“³. Según Buckingham (2002: 33-53) sus argumentos servirían de portavoces del discurso parental adultocéntrico preocupado por la pérdida de poder de los dispositivos tradicionales sobre la niñez, en busca de afianzar la idea de la vulnerabilidad y necesidad de protección del niño frente a los medios de comunicación y especialmente respecto de la televisión.

Martín-Barbero, citando a Meyrowitz (1996), refiere una relación cambiante de los medios escritos y de la alfabetización producto del desorden cultural introducido principalmente por la televisión, que estaría vulnerando las formas culturales de control simbólico de la infancia respecto del estado secreto o velado del mundo adulto. Como resultado de una difusa decisión social, la cultura habría autorizado a que los mensajes audiovisuales, televisivos y de otras industrias culturales puedan trastocar las demarcaciones sociales y los modos tradicionales de circulación de la información dentro de la familia y la sociedad. Tal auge mediático sería lesivo para los propósitos de la alfabetización y la cultura letrada, no sólo por el quebranto de los valores instituidos, la destrucción de la imaginación infantil y el debilitamiento de las culturas orales, sino por ser expresión de una ideología de masas difundida por los capitales de las grandes corporaciones de las industrias culturales, que en su lugar tendría que ser resistida por una pedagogía crítica que logre contra-adoctrinar la susceptibilidad psíquica de los niños hacia esta cultura de masas electrónica, que no sería otra que la ideología del libre mercado (Giroux, 2001).

En contraposición, otros teóricos de la niñez y de su relación con los medios de comunicación, no entienden a niños y niñas como víctimas pasivas, plantean en cambio que las actuales “generaciones electrónicas” poseen una sabiduría innata del territorio de la informática y la telemática de la que carecerían los adultos, celebran los nuevos medios de comunicación como formas educativas y de entretenimiento que estarían ayudando a potenciar y liberar la espontaneidad e imaginación de los niños gracias a que se los imaginan “democráticos, más que autoritarios; diversos, más que homogéneos; participativos, más que pasivos” (Buckingham, 2002: 55). Este discurso no sólo destaca al niño como “consumidor autónomo”, sino que con su retórica generacional ubica a niños y jóvenes como agentes de una gran transformación social.

Tanto el discurso de la “desaparición de la infancia” como el de la “generación digital”, se caracterizan por un determinismo tecnológico que descontextualiza los desarrollos de la tecnología de las significaciones e instituciones sociales, como de los contextos y procesos culturales que atraviesan las sociedades particulares.

La generalización de las nuevas tecnologías en la sociedad, la omnipresencia de la información mediática de las industrias culturales, la fragmentación de las audiencias, el aumento de la interactividad digital y el afanoso empuje comunicativo cobrado por la cultura, no pueden ser comprendidos solamente como fruto de un despliegue tecno-científico. Las técnicas y tecnologías no son objetos neutros, meras tecnicidades, sino “‘encarnación’, ‘inscripción’, presentificación y figuración de las significaciones esenciales del capitalismo” (Castoriadis, 1989: 309-310).

Habría entonces una reducción explicativa cuando se propone que la aparición de tal o cual técnica en un determinado momento histórico sea la responsable de los cambios en las sociedades y en los individuos. Si esto es cierto, no puede esperarse que con la utilización de la técnica con “fines” sociales distintos, emerjan repentinamente otras relaciones sociales, pues lo histórico-social no se sujeta a un determinismo de artefactos sino que es producto de “la alteración de los individuos, de las cosas, de las relaciones sociales y de las ‘instituciones’ por el mundo de las significaciones imaginarias sociales⁴ instituidas en cada sociedad” (Castoriadis, 1989: 311-315).

Más que máquinas, el sistema tecnológico integrado por las técnicas y tecnologías actuales, es nuestra mentalidad del dominio racional del mundo con sus afanes de eficiencia y funcionalidad y sus imperativos de modernidad y de progreso. Como dispositivos del hacer social para obtener efectos prácticos, la tecnología la constituyen planos, modelos de organización y procedimientos de decisión, prácticas operativas, programas y fórmulas que involucran el conocimiento⁵. Éstos han revolucionado nuestra noción del trabajo, las relaciones interpersonales y las visiones que nos hacemos del mundo, nuestros modos de aprehender la realidad y las expectativas de vida, de salud, como de muerte.

La técnica moderna o las nuevas tecnologías de la información y la comunicación no producen por sí solas el cambio social, es su imbricación con la “temporalidad del progreso” y con significaciones tales como “el futuro es hoy” en los discursos públicos (Cabrera, 2003), que puede identificárselas, más que como medios o instrumentos, como mediaciones sociales que están transformando los procesos de distribución, recepción, uso y apropiación de las formas de saber, y solidariamente, las de ser y hacer.

Hacia una niñez participativa, deliberante e instituyente

Lo que pueda pasar o no respecto de la relación entre los medios de comunicación y la niñez, en gran parte es producto del tipo de formación ciudadana o de educación que cada sociedad ponga en práctica y del tipo de imaginario sociocultural que guíe tal proyecto. El ideario liberal de la democracia es fundamentalmente regulativo de la subjetividad y la ciudadanía, pues reduce su participación política a la representación y más puntualmente al ejercicio del voto. Si bien los derechos y deberes ensanchan la subjetividad abriéndole horizontes de autorrealización personal, lo hace mediante deberes generales y abstractos “que reducen la subjetividad a lo que hay de universal en ella, transforma a los sujetos en unidades iguales e intercambiables en el interior de administraciones burocráticas públicas y privadas, receptáculos pasivos de estrategias de producción (…) y de estrategias de dominio” (Sousa, 1998: 292).

La significación de los proyectos varía entonces, si su horizonte auspicia una democracia radical como manera de construir instituciones que introduzcan el máximo posible de reflexividad en la actividad instituyente y el ejercicio del poder explícito de los sujetos y colectivos. Aquí la educación, como “dimensión central de cualquier política de autonomía” (Castoriadis, 2000: 73) es una paideia (desde el nacimiento hasta la muerte) orientada hacia el interés público y, por tanto, a la discusión colectiva sobre la forma y los contenidos deseables de las instituciones para favorecer la construcción directa de proyectos de autonomía individuales y colectivos. No está demás recordar, que la institución de la sociedad existe en tanto incorporada en los individuos sociales por efectos de la socialización de la psiquis. Únicamente desde tal formación social, es que podría fundarse o justificarse el proyecto de autonomía de los “derechos del hombre”, relanzado hoy como discurso de los “derechos del niño” y, tal vez, como nuevo “lenguaje de la política progresista” (Sousa, 1998: 345).

Una forma de ejemplificar si tal materialización está teniendo o no lugar en nuestro contexto, son los resultados del estudio Escuela, medios y nuevas tecnologías: una caracterización de las prácticas en Bogotá que permitió identificar tres tendencias de trabajo con los medios de comunicación en la educación básica, pública y privada de la ciudad (Rodríguez, 2003).

Una perspectiva informacional reduce los medios de comunicación como dispositivos técnicos para el soporte de información dentro de la linealidad de la transmisión escolar de las prácticas de enseñanzaaprendizaje o como recursos didácticos del docente; en cualquier caso, plegados al mensaje civilizador y disciplinante de las culturas populares –en especial de las culturas juveniles– por la escuela. La perspectiva de los comunicadores sociales en la escuela, dinamiza un estudio sistemático de los medios y de los códigos culturales mediáticos en el espacio formal del currículo; para esta orientación educativa, los medios antes que meras tecnicidades son formatos, narrativas y lenguajes que sirven de vías para una lectura crítica y para enseñar a articular las lógicas de uso, producción, circulación y recepción de la comunicación. Aunque profundiza en el análisis de las tecnicidades, su funcionalismo no le permite avizorar la reflexividad crítica que puede ser puesta en juego para dimensionar las características conflictivas y desiguales de nuestra sociedad.

La perspectiva pedagógico-crítica, entiende la institución escolar como un espacio de diálogo entre lo local y lo global, propicio para la reconstrucción de vínculos comunitarios entre los sujetos, un desborde de los espacios escolares hacia la ciudad y la estructuración de un pensamiento más universal y menos parroquial en los sujetos. Este modelo pedagógico busca provocar espacios dialógicos frente a los materiales y equipos utilizados, integrándolos en un proyecto educativo, que al tiempo que sirve a la construcción curricular, busca articulaciones entre lo sociocultural y lo institucional (Huergo, 1999: 63), como reflejo del interés por una transformación de la cultura escolar hacia prácticas comunicativo-educativas para la ciudad.

Esta última tendencia representa un reducido número de innovaciones educativas que ya advierten la estrecha relación que subyace entre el modelo comunicativo autoritario y la tediosa secuencia memorística de las prácticas de aprendizaje tradicionales que, como lo documentó extensamente el Proyecto Atlántida hace unos años en nuestro país, reproducen la insignificancia del sistema educativo frente a las expectativas de las nuevas generaciones y a los grandes problemas nacionales.

Pese a lo periféricas que puedan resultar estas tendencias encontradas en este tipo de experiencias de trabajo educativo con los medios y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), muestran, de una parte, que no son las redes telemáticas o las iniciativas de modernización tecnológica las que transformarán nuestros lazos sociales o el sistema educativo y, por la otra, ayudan a constatar con preocupación, que la apropiación social de los medios de comunicación y las TIC como una forma de articular nuevas prácticas comunicativo-educativas para los niños y niñas, no forma parte de la agenda de política educativa, que como sabemos, trasiega ahora por los rumbos instrumentales de las pruebas de competencias que garantizan una minuciosa contabilidad social pero no la calidad educativa. Tampoco es posible encontrar como prioritaria una política de medios para la formación ciudadana en los dictados de política pública del MEN o de la Secretaría de Educación del Distrito; más bien prevalece una perspectiva instrumental sobre la ciencia y la tecnología en la Agenda de Conectividad y en el programa Computadores para Educar del Ministerio de Comunicación, gracias a su interés por aumentar los índices de conexión digital o incrementar el uso de software y de computadores.

Ciudadanía y no sólo “derechos del niño“

Como agenda global de política pública, la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CIDN), asentada en la racionalidad occidental liberal y, por tanto, en la creencia en una naturaleza humana universal –cuya dignidad debe ser defendida por la sociedad y el Estado–, amalgama en su discurso dos tipos de derechos de muy distinta naturaleza: los que buscan incidir en una cultura adulta favorecedora de los niños y niñas (a través de prácticas de protección, prevención y promoción para establecer estándares mínimos de nutrición, salud, educación y seguridad social, resguardándolos de guerras, torturas, explotación económica y abusos sexuales), y los que insisten en su participación activa, donde pasan de objeto de provisión y protección a sujeto, actor y ciudadano⁶ –sin que ello implique que la niñez tenga derechos políticos–.

Sin embargo, habría que cuestionar seriamente si un discurso sobre la niñez, instaurado a través de instituciones enraizadas principalmente en prácticas de enseñanza, protección y bienestar social, realmente puede dinamizar cambios estructurales en el reconocimiento del niño como sujeto social. En gran medida porque la propia CDN hace del niño un objeto de discurso, sin que tras varios años de vigencia de tal política podamos reconocer espacios públicos donde pueda constatarse una implicación activa de los niños como sujetos, que les permita producir o dar cuenta de su propia condición subjetiva y social, o lugares para interpelar de manera directa y colectiva a la sociedad y a los adalides que asumieron representarlos (principalmente las ONG, las agencias del Estado y los propios intelectuales).

El reconocimiento de la participación de los niños y niñas como interlocutores válidos en la cultura puede llegar a representar otro espacio posible de restitución del significado de la política: el redimensionamiento de una ética de la niñez, “rebajada y reducida a una moral hecha por adultos, de y para ellos” (Camargo, 1996), así como la vivificación de los procesos de expresión de la ciudadanía donde se comparten las decisiones que afectan la vida privada y colectiva.

No obstante, esta metamorfosis sociocultural no se instituirá fácilmente ni por decreto, porque se trata de cambios en el régimen de la representación o de las significaciones imaginarias sociales, que carecen en sí mismas de sentido, es decir, que no son representación de algo determinado o acabado de una vez y por todas, sino ex-nihilo (a partir de condiciones previamente instituidas, por tanto apoyadas en lo dado), pero no cum-nihilo, sin medios y sin condiciones, ni in-nihilo, sobre una tabula rasa, fuera de uno o varios puntos de origen inaccesibles o insondables (Giraldo y Malaver, 1997: 24). Además, no son inscritas de manera racional y consciente por individuos aislados, sino producto de los colectivos anónimos, que son los únicos capaces de hacer surgir lo nuevo en el individuo y la sociedad.

Estas nuevas realidades de la infancia, la niñez y la juventud, forman parte de las dramáticas transformaciones sociales e históricas de la época contemporánea, que se han venido efectuando de manera colectiva, anónima y cotidiana, producto tal vez, de lo que Castoriadis (1994) llamó: “dos revoluciones silenciosas”. Éstas venían fraguándose desde hace varios siglos, sin que nadie hubiera podido preverlas científica o políticamente, o hubiera sabido reconocer la envergadura antropológica de las mutaciones ocasionadas por los cambios en la situación de la mujer y de su papel en la sociedad, como de las nuevas actitudes de los niños y de los jóvenes, y que no fueron resultado de ningún programa político deliberado. Igualmente la nueva situación se produjo sin que las ciencias humanas hubieran sabido reconocer la envergadura de este tipo de fenómenos sociales cuando comenzaron a manifestarse.

La posibilidad de que la niñez pase de un estado de invisibilidad, omisión y abyección psicosocial a una condición de protagonismo y empoderamiento sociocultural implica una transgresión de las relaciones de poder instituidas en los distintos espacios y prácticas sociales, y enfrentar por tanto, las resistencias de padres, maestros y gobernantes, y de la sociedad como un todo, que siente como amenazante y caótico ese nuevo estatuto porque cambia las ideas de minoridad y desvalimiento, como las ideas de control y protección.

El reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes con un valor igual al de todos los seres humanos y la afirmación de que es deber de cualquier colectividad garantizar las mismas posibilidades efectivas en lo que se refiere al desarrollo de sus facultades y capacidades, no se funda en una supuesta evidencia o necesidad trascendental de los “derechos del hombre”, o más particularmente de los “derechos del niño”, pues tales afirmaciones conducen a paradojas y a una particular discordancia, subrayada varias veces por Castoriadis (1999, 2000 y 2004) como “la antinomia entre el universalismo que concierne a los seres humanos y el universalismo que concierne a las ‘culturas’ (las instituciones imaginarias de la sociedad) de los seres humanos”.

Una de las formas en que Castoriadis aborda la explicación de tal antinomia es como:

la cuasi necesidad que tiene la institución de la sociedad de cerrarse, de reforzar el establecimiento de sus propias leyes, valores, reglas y significaciones, como lo único valioso y verdadero, afirmando que las leyes, las creencias, las divinidades, las normas y las costumbres de las otras sociedades son inferiores, falsas, malas, repugnantes, abominables, diabólicas. Y esto a su vez está en perfecta armonía con las necesidades de identificación de la psique del individuo. Pues, para ésta, todo lo que se encuentra más allá del círculo de significaciones que ella ha caracterizado tan penosamente a lo largo de su camino de socialización es falso, malo, insensato. Y, para ella, esas significaciones son coextensivas a la colectividad y a la red de colectividades a las que pertenece: el clan, la tribu, el pueblo, la nación, la religión (1999: 188).

El encuentro de una sociedad con la alteridad representada por los otros, abre tres posibilidades de evaluación: dos primeras posibilidades intolerables, que se excluyen porque arrastran a contradicciones lógicas; si las instituciones de los otros y esos otros son superiores, deberíamos renunciar a las propias y adoptar las suyas y sus identidades, y si fueran iguales a las nuestras, resultaría totalmente indiferente sostener cualquier tipo de identidad, lo que conduciría a abandonar los propios polos de identificación, cuestionando la propia identidad tan costosamente adquirida a lo largo del proceso de socialización, que se juega en y por significaciones. Lo que casi siempre se sigue es que las otras instituciones y los otros son inferiores, pero nunca que sencillamente son otros y que sus instituciones y las nuestras puedan ser iguales e incomparables. Esto sólo es posible, cuando socialmente se toma distancia de lo instituido en la propia sociedad, pues para reconocer esa alteridad esencial del otro y su cultura, ya se avanzaría en un movimiento de ruptura de la clausura de las propias significaciones imaginarias sociales, al cuestionamiento de la institución concreta de la sociedad y de su “realidad” (Castoriadis, 1999, 2004).

Un ejemplo de la antinomia entre el universalismo de lo humano y el universalismo cultural, se encuentra en las aporías con las que debe lidiar la política de erradicación del trabajo infantil que impulsa la Organización Internacional del Trabajo, que lo señala como una de las más graves violaciones de los derechos del niño en el mundo actual, dado que se trata de ocupaciones de tiempo completo, en condiciones peligrosas y de explotación, cuando no de trabajos forzados, servidumbres por deudas o incluso de esclavitud. No obstante, constituyen prácticas de socialización comunes en nuestras zonas rurales donde los niños trabajan desde edades muy tempranas y donde está fuertemente arraigada la concepción del trabajo como formador del carácter, instancia para el desarrollo creativo de los niños y las niñas, forma de enfrentar la vida, una manera más integral de vivirla y mecanismo de participación en la producción familiar, o que forman parte integral de los procesos de reproducción cultural de las comunidades indígenas.

Este cambio de condición de las nuevas generaciones no es simplemente un problema ético, como puede entrevérselo en esa rehabilitación actual que se viene haciendo de la ética como eslogan, malestar y pregunta contemporánea. Para Castoriadis (2004: 231), detrás de la ideología de los derechos humanos habría una pusilanimidad teórico-política disfrazada como una filosofía de la historia que traería una uniformización suficiente de la sociedad mundial, para que desaparezcan para siempre, por ejemplo, todo tipo de fanatismos o los nacionalismos. Cuando en realidad no todas las culturas son iguales, porque la tradición occidental, afianzada en los valores de la autonomía individual y social creada en Europa, es la que reconoce qué es igual, cuáles valores son superiores y por qué algunos pueblos tendrían que gozar de esos derechos e incluso cómo imponérselos por la fuerza. Luego, los derechos no traducen una esencia metafísica o trascendental del ser humano, sino que son una creación histórica y de cierta voluntad, producto de una tradición “para afirmar estos valores contra todo y contra todos”. En consecuencia, la política se encuentra por encima de la ética, sin que por ello la suprima como interrogante.

Desde un llamado ético y de humanización se reclama hoy un lugar de preeminencia social para la niñez en función de un interés superior de la infancia. Tal ética está estructura en una política de mandatos universales de la CDN aprobada desde 1989, que terminó constituyendo un código internacional de disposiciones legales de carácter universal y obligatorio para los países miembros de la ONU que lo ratificaron, con mecanismos concretos de control, evaluación y verificación de los avances realizados por cada sociedad. Sin embargo, cualquier conjunto de acciones que puedan ser emprendidas al respecto, serán siempre actos particulares y no universales, en los que, además, cada caso por intervenir no se debe juzgar y obrar a partir de reglas mecánicas y objetivables, como las que tratan de proponerse generalmente desde las políticas públicas, las interdicciones jurídicas o las propuestas educativas, comunicativas y de atención psicosocial para atender los problemas de la niñez. Lo anterior porque tales intervenciones no pueden eliminar la idea de que obramos siempre en las condiciones trágicas de lo humano en que vivimos, que en cada acto es necesaria la resignificación, por la libertad humana, de los fines y de los medios luego, ningún tipo de práctica emprendida puede hacerse sólo en nombre de una autoridad teórica o técnica, o de la propia experiencia, ya que en la singularidad de cada caso no siempre se sabe siquiera meridianamente qué es lo bueno o lo indeseable a nivel individual o colectivo (Castoriadis, 2000).

Es política, y no solamente ética, la propuesta de Tonucci de revisar lo que significa que las sociedades se hayan construido alrededor de un ciudadano medio, adulto, hombre, trabajador y posible elector, y en su lugar, instituir la niñez como un nuevo parámetro social “para no perder de vista a ninguno”, haciendo de la diversidad intrínseca del niño “una garantía de todas las diversidades” (la del anciano, del minusválido y de las personas de otras comunidades y culturas), con el fin de adoptar “una filosofía nueva para evaluar, programar, proyectar y modificar la ciudad” (1998: 34-35). Se encara así, respecto de una inédita condición en la situación socio-histórica de las nuevas generaciones, un problema de naturaleza política que permita ir más allá de los presupuestos humanitaristas de aquellas morales felices (religiosas, filosóficas o científicas) que heredaron esa separación occidental entre ética y política, y entre el hombre interior y el hombre público.

Como propone Castoriadis (2000), para ello no sólo serían necesarias una ética, sino una política de la autonomía, que a nivel individual permitan elucidar un nuevo lazo con la dinámica inconsciente, para filtrar parte de esos deseos que pasan a los actos y las palabras respecto de la dominación, la explotación y la eliminación del otro. Pero en la medida en que el ser humano es un ser social, la cuestión del deseo, de la acción subjetiva y de la libertad se muestran absolutamente inseparables de la situación colectiva e histórico- social, lo que nos pone en relación con la libertad de los otros y, por tanto, con la construcción de una subjetividad reflexiva y deliberante, capaz de poner en cuestión las significaciones de la sociedad en la que vivimos; de un sujeto que no es simplemente consciente, sino capaz de discutir y transformar las significaciones y reglas que recibió de su sociedad (Castoriadis, 1996).

Autonomía individual que guarda un pesado condicionamiento institucional que hace necesaria la reconstrucción de las actuales instituciones bajo las cuales se reproduce la heteronomía social, buscando realizar un proyecto político verdaderamente democrático. Porque en toda persona es posible la creación de la política, siendo ésta el despliegue de lo político en el ser humano, situación que le permite convertirse en ciudadano y a la sociedad en ciudad, pero de manera directa y no a través de las propuestas de las burocracias políticas, de los “representantes” de las políticas públicas o de “los expertos” tecno-científicos del desarrollo o la educación del niño.

La aserción: “instituir ciudadanía desde la niñez”, señala, por un lado, que la profundización de los procesos de transformación de la cotidianidad donde vienen siendo modificadas las formas de relación entre las generaciones y las condiciones de vida de los niños y niñas, es ya una realidad histórica que fuera anunciada tempranamente por Margaret Mead (1977), cuando identificaba continuidades y discontinuidades temporales en la selectiva transmisión cultural realizada por la educación en distintas sociedades. De otra parte, y derivado de tales cambios socioculturales, la institución de ciudadanía desde la niñez demandaría que las subsiguientes transformaciones sociales no puedan seguir derivando de manera exclusiva de la iniciativa de los adultos, sino que deban integrarse los sentidos, perspectivas y capacidades de acción y proposición que otorgan los niños, niñas y jóvenes a su vida cotidiana.

Como planteaba Zuleta (1991), los derechos humanos no son la expresión máxima de la democracia, sino un mínimo de condiciones de posibilidad que auguran, pero no aseguran la libertad, y donde el derecho más clave es a diferir. La búsqueda de igualdad económica y cultural, exige que la pretendida igualdad de los ciudadanos ante la ley, deba ser también ante la vida. Para eso se necesitan individuos y colectivos activos, partícipes de la creación social y cultural, no seres pasivos, consumidores, que reciben libertades por decreto. Y eso exige trabajar con quienes tienen más necesidades y menos posibilidades concretas, por tanto, aprender a lidiar con el conflicto, la diferencia y las condiciones de exclusión.

A manera de conclusión

El conjunto de las argumentaciones aquí esbozadas, invita a reconocer la complejidad de los obstáculos que impiden que la niñez realmente sea interlocutora válida para el mundo adulto. La exclusión del derecho a la interlocución que padecen la infancia, la niñez y la propia juventud, es una condición de abyección enraizada en parte en el aprendizaje civilizador a que es sometido todo niño en el proceso de socialización o alienación al magma instituido de significaciones sociales. Éstas constituyen una rigidez psíquica “que conduce a identificaciones extremadamente fuertes con cuerpos de creencias estancas compartidas y sostenidas por colectividades reales” (Castoriadis, 1999: 192), por tanto, a la aceptación del orden social, tal cual es.

Según esta interrogación permanente de Castoriadis sobre el psicoanálisis, la filosofía y la política, hablar de reflexividad y capacidad de acción deliberada es reconocer posibilidades inéditas del sujeto humano, que no están ahí desde siempre o de manera automática y que tampoco son producto de un voluntarismo consciente, pero en las que es necesario suponer una capacidad para desinvestir objetos e investir o introyectar nuevos sentidos de mundo, producidos a partir de rupturas históricas donde la humanidad ha podido construir proyectos de autonomía como posibilidades efectivas.

Así como en el proceso histórico-social ha sido factible construir instituciones para la autonomía, esto sólo ha sido posible porque tal autonomía se ha creado ejerciéndose, luego nos volvemos libres y reflexionantes, cumpliendo actos autónomos y deliberantes, por lo que pueden y deben facilitarse las condiciones institucionales para esta creación y este ejercicio. Así como hay instituciones de la autonomía también existen prácticas o actividades sociales poiéticas, como la pedagogía, la comunicación, el psicoanálisis y la política democráticas, que apuntan o deberían apuntar a facilitar el acceso de los individuos a la autonomía. Las posibilidades instituyentes de las nuevas generaciones, nos señalan a los propios formadores que deberíamos elucidar críticamente el tipo de institucionalidades y prácticas en las cuales fuimos socializados y en las cuales actuamos buena parte de las veces, de manera obediente. Pero para ello, habría que reconocer con mayor profundidad que la polaridad en lo humano, no es entre lo individual y lo colectivo, sino entre lo psíquico y lo social; de la misma forma que la psique es irreductible a la institución social, la institución social es irreductible a lo psíquico. Si la reflexividad deliberante es posible es porque hay un núcleo de la psique que permanece asocial, se conjetura que es posible explorarlo con el propio niño, porque la infancia no es una edad de la vida sino un no-lugar que habita en el adulto.

Citas

1 Se utiliza en algunos apartes de este texto la noción de infancia (del lat. infantia, derivado de infare, el que no habla, (Corominas, 1974)), como forma de designar a los niños más pequeños y los momentos fundantes de la estructuración psíquica y de tal significación social. Por niñez, se entiende el periodo de vida hasta antes de la adolescencia, aunque es preciso advertir que los trazados de política pública extienden la definición desde los 6 hasta los dieciocho años, haciendo indistinguible la niñez de la juventud.

2 Antes, el pasaje de la niñez a la adolescencia y a la adultez estaba ritualizado, organizado, estructurado, simbolizado, codificado. En las sociedades actuales tales rituales ya casi no existen o existen en menor medida. Como ni sociedades ni familias los transmiten ya, niños y jóvenes parecen instituir otras formas en sus agrupaciones de iguales.

3 Entre otros autores: Postman (1984), Meyrowitz (1985), Sanders (1994) y Steinberg y Kincheloe (2000).

4 Las significaciones imaginarias sociales son producto de la imaginación de los colectivos sociales cuando definen un mundo, las cosas que lo integran, las relaciones que allí priman entre esas cosas y con los individuos que habitan tal mundo. En estas significaciones confluyen tanto situaciones económicas y sociales como subjetivas, para configurar lo que nos representamos como “la realidad” o lo imaginable. “Semejantes significaciones imaginarias sociales son, por ejemplo, espíritus, dioses, Dios, polis, ciudadano, nación, estado, partido, mercancía, dinero, capital, tasas de interés, tabú, virginidad, pecado, etc., pero también hombre/mujer/hijo según estén especificados en una determinada sociedad. Más allá de definiciones puramente anatómicas o biológicas, hombre, mujer e hijo son lo que son en virtud de las significaciones imaginarias sociales que los hacen ser eso” (Castoriadis, 1988: 68).

5 En un sentido mucho más amplio, es también la techné la que da existencia a lo que sería el prototipo de herramienta jamás fabricado por la sociedad: el individuo social (Castoriadis, 1989: 175).

6 Estos derechos a la participación “aparecen de diversas maneras en los artículos 12, 13, 14, 15, 17, 30 y 31 de la Convención, que se refieren al derecho a formarse un juicio propio, expresar su opinión, a ser escuchado, a buscar, recibir y difundir información e ideas, a la libertad de pensamiento y conciencia, a la libertad de asociación y de celebrar reuniones, a participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento” (Corona y Morfín, 2001: 22).

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Última actualización en 07 Enero 2017

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Un futuro presente: las luchas territoriales

Um futuro presente: lutas territoriais

A present future: territorial struggles

Diego Domínguez*
Pablo lapegna**
Pablo Sabatino***

* Licenciado en sociología (UBA). Master en Políticas Públicas (Flacso). Investigador del grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos, Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. Becario Junior del Programa Regional de Becas CLACSO-ASDI 2003. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

** Licenciado en sociología (UBA). Candidato a doctor en Sociología (State University of New York, Stony Brook). Becario junior del Programa Regional CLACSO-ASDI 2005. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

*** Licenciado en sociología (UBA). Candidato a master en Investigación Social (UBA). Becario en el Grupo de Estudios Rurales, Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Becario semi-senior del Programa Regional CLACSO-ASDI 2006. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Resumen

Desde la década de 1970 se empezó a operar un cambio en Argentina, que modificaría su estructura social y económica, pero también su configuración territorial. Se trata de una gran transformación en las territorialidades, pero principalmente en su espacio agro-rural. Nuestra hipótesis señala que se está desplegando en los mundos rurales una racionalidad productiva que instaura territorialidades excluyentes, entrando en conflicto con otras formas de territorialización, como aquellas que –entre otras– desenvuelven las agriculturas familiares y las comunidades originarias.

Palabras clave: territorio, campesinos, conflictos, agricultura industrial, exclusión, resistencia.

Resumo

Desde os anos 1970 começou-se a operar uma mudança na Argentina, que modificaria não só a sua estrutura social e econômica, mas também sua configuração territorial. Trata-se de uma grande transformação nas territorialidades, mas principalmente no seu espaço agro-rural. Nossa hipótese indica que está se estendendo nos mundos rurais uma racionalidade produtiva que instaura territorialidades excludentes, entrando em conflito com outras formas de territorialização, como aquelas que –entre outras– desenvolvem as agriculturas familiares e as comunidades originárias.

Palavras-chaves: territorio, camponeses, lutas, agricultura industrial, exclusão, resistencia.

Abstract

From the 1970’s a change began in Argentina, which in the meantime modified its social and economical structure, as well as its territorial configuration. It was a big transformation in the territorialities, but mainly in its agro-cultural space. Our hypothesis points out that in the rural worlds there is the manifestation of a productive rationality that establishes excluding territorialities, conflicting with other forms of territorialization, like those that –among others– develop the familiar agricultures and the originating communities.

Key words: territory, peasants, social conflict, industrial agriculture, exclusion, resistance.

… as grandes contradições do nosso tempo passam pelo uso do território
Milton Santos

El desierto verde: una nueva territorialidad

Los trabajos de campo que venimos realizando en Argentina nos han llevado a recorrer distintas regiones y, en ese tránsito, registrar lo que insistimos en nombrar como “proceso de reorganización territorial” del país¹. Partir desde Buenos Aires hacia cualquier lugar del llamado “interior” implica recorrer muchos kilómetros, atravesar diversas zonas, paisajes, pueblos, campos de cultivo y de ganadería. Argentina es un país extenso y su gran “pampa húmeda” una llanura excepcional. Sin embargo, las travesías no son en soledad; junto con la actitud de despojo, extrañeza y contemplación frente a la actividad de cada lugar acompaña siempre al viajero una sensación de vacío. El desierto se vuelve tan abrumador que cobra presencia, se pone a nuestro lado y se transforma en un compañero más de romería. Ese “desierto” que se observa desde la ruta no es otra cosa que inmensas extensiones de tierras sembradas con soja transgénica hasta en las “banquinas”. Se trata de una gran “alfombra verde” sobre la que se posan pueblos deshabitados en los cuales, sin embargo, florecen concesionarias de maquinaria agrícola, sedes de empresas contratistas, de laboratorios y “semilleras”, entre algunas “taperas” o ranchos abandonados y grandes silos modernos para el acopio de granos. Este paisaje no ha sido siempre así: una gran transformación ha resultado de la crisis de las economías regionales, de la orientación netamente exportadora que ha cobrado el agro, de la extensión de la frontera agrícola, de la “pampeanización” de las demás regiones del país y de la modificación de la estructura social agraria. Se ha producido una nueva configuración en la apropiación de los espacios, se han redistribuido las actividades económicas y los modos de utilización de los recursos, y adelantando el argumento, digamos que la actual territorialización² del capital está modificando las territorialidades existentes. ¿Componen estos cambios en las territorialidades una nueva “contradicción”, un nuevo eje abarcativo de lucha y conflicto social?

Este cuestionamiento, que surge de nuestros estudios sobre los conflictos rurales y territoriales en Argentina, se inserta en un debate más amplio dentro de las Ciencias Sociales de América Latina que tiene como nudo problemático el “territorio”. En este debate el territorio es enfocado desde una perspectiva intrínsecamente integradora, que ve la territorialización como un proceso de dominio (político- económico) y/o de apropiación (simbólico-cultural) de los espacios por los grupos humanos. Cada uno de nosotros necesita, como un “recurso” básico, territorializarse (Haesbaert, 2004: 16). La dimensión territorial de las relaciones sociales ha recobrado actualmente un lugar destacado, son ejemplos recientes de esta tendencia los trabajos sobre los procesos de “mundialización” o “globalización”, “localización” y “glocalización” (entre muchos otros, Haesbert, 2004; Milton Santos, 1994; Santos, 2000, 2002; Robertson, 1995), los “movimientos socio-territoriales” o de base territorial (Fernandes, 2005; Zibechi, 2003; Giarracca y Wahren, 2005), las interacciones socioeconómicas y culturales en las zonas de frontera (Grimson, 2000), los mundos de vida de los sujetos en espacios rurales y rururbanos (Giarracca, Mariotti, Barbetta, Bidaseca, Gras y Rivas, 2003) y los territorios que se disputan los modelos agrícolas (Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2005).

La relevancia que ha cobrado la cuestión territorial podría relacionarse –más que con su novedad como problema social– con las discusiones que giran en torno a los procesos de “desterritorialización”³ producidos supuestamente por la dinámica del capital global, caracterizada por la libertad de movimiento, su prescindencia del arraigo físico para su reproducción y su proyecto de evadir la responsabilidad por las consecuencias de su accionar localizado. En cambio, como señalamos anteriormente, debe tenerse en cuenta que este interés renovado por “lo territorial” no comprende al territorio en sí mismo, como cosa, como presupuesto, como dato “geográfico”, sino que al problematizarlo lo entiende como el resultado del uso que hacen del espacio los hombres y mujeres. Es decir, el territorio es tomado como objeto de análisis social en tanto construcción humana, un “cuadro de vida” socialmente apropiado:

El mito de la desterritorialización es el mito de los que imaginan que el hombre puede vivir sin territorio, que la sociedad puede existir sin territorialidad, como si el movimiento de destrucción de territorios no fuese siempre, de algún modo, su reconstrucción sobre nuevas bases. (…) Entendemos que no hay individuo o grupo social sin territorio, es decir, sin relación de dominación y/o apropiación del espacio, sea ella de carácter predominantemente material o simbólico (Haesbaert, 2004: 16-339).

Estas nuevas conceptualizaciones que hacen hincapié en las luchas por el territorio pueden aplicarse al análisis de los mundos sociales agrarios de Argentina. Los cambios en el país a partir del impulso de un nuevo “modelo” agrícola están reestructurando el territorio en tanto uso del espacio físico. Dos son los principales procesos que caracterizan esta nueva dinámica: la actual articulación del país al sistema agroalimentario global y las innovaciones tecnológicas de la consolidada “revolución verde” y la reciente “revolución biotecnológica”⁴. En términos generales esto se traduce en un aumento del control que detenta el capital concentrado sobre las etapas de la producción y la distribución de alimentos y materias primas. En este sentido, se observa que la producción agroalimentaria argentina está siendo cada vez más orientada al mercado internacional con el consecuente aumento de precios en la canasta básica de alimentos para la población local⁵. Igualmente es evidente que cinco empresas controlan más del 70% de las exportaciones del principal complejo agroindustrial del país (complejo oleaginoso) (Teubal, Domínguez, Sabatino, 2005) o que apenas una empresa transnacional posee la patente del mayor cultivo del país, como es la soja transgénica (soja RR) de Monsanto.

Durante el período llamado de “Industrialización por Sustitución de Importaciones” (entre las décadas de 1940 y de 1970) en el agro convivían las agroindustrias, la gran explotación agropecuaria y los medianos y pequeños productores. Tal persistencia de los agricultores familiares y del campesinado en Argentina –y en los países latinoamericanos– estuvo ligada a su articulación subordinada a los complejos agroindustriales. Es decir, su supervivencia estaría determinada por la necesidad del capital de cubrir la etapa de la producción con sectores de la agricultura familiar (capitalizados o no), ya que por cuestiones de la lógica agropecuaria (ciclo biológico, características climáticas, dificultades para lograr escala, etc.) era funcional hacerlo. Esto sucedía principalmente en actividades como la caña de azúcar, la yerba mate, el algodón, el tabaco, los cereales o la frutihorticultura, entre otras producciones. Este “modelo”, que combinaba la producción para el mercado interno con la exportación, significaba para la Argentina una integración territorial que se expresaba en una relativa homogeneidad cultural de la población rural y urbana, en la provisión de alimentos suficientes y accesibles para las ciudades y en un eficiente sistema de comunicaciones e infraestructura de transportes.

Los cambios en este esquema supusieron la ruptura de los marcos institucionales y las regulaciones estatales que mantenían a los medianos y pequeños productores articulados a los complejos agroindustriales. El capital cada vez más concentrado y capaz de intervenir directamente en la producción agropecuaria a través de la biotecnología (la soja transgénica) tendió así a aumentar la escala productiva, disminuir la demanda de mano de obra y avanzar sobre nuevos espacios físicos aún no explotados (estuviesen o no habitados). Como consecuencia de estos procesos estamos presenciando un desplazamiento territorial de familias rurales: por un lado, de aquellos que van quedando fuera de los complejos agroindustriales, imposibilitados de seguir produciendo para un mercado en el cual ya no pueden competir; por otro, la exclusión de muchos agricultores que deben abandonar los campos debido a la violencia ejercida contra ellos por los poderes económicos y políticos (desalojos, persecuciones, amenazas, atentados, etc.)⁶ y otros tantos desplazamientos impulsados por la contaminación que se produce en las zonas donde conviven con lo que podríamos llamar “agricultura transgénica”⁷.

Luchas por el territorio como procesos de reorganización territorial

Más allá de situaciones puntuales, como los conflictos de la década de 1910 en la Patagonia y en la pampa santafesina y bonaerense, o la represión a las Ligas Agrarias en los años setenta, la violencia no ha sido una característica destacada de los mundos rurales argentinos, a diferencia de otros países de América Latina donde sí ocupa un lugar trágicamente significativo.

No obstante, asistimos actualmente –sobre todo desde los años ochenta– a una explosión de conflictos y disputas en el campo, en el marco de un proceso de reorganización territorial. El avance de la agricultura industrial y del agribusiness, de lo cual la “pampeanización” de las demás regiones del país es una de sus expresiones, está desatando conflictos en distintas localidades. Afloran enfrentamientos entre empresarios y campesinos o indígenas en diferentes lugares de las “fronteras” de la región pampeana: Chaco, Córdoba, Chubut, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta y Santiago del Estero.

En la provincia de Santiago del Estero tempranamente se sucedieron amenazas de desalojos que fueron resistidas por las comunidades campesinas. Durante los años ochenta estos casos comenzaron a ser comunes y a cobrar visibilidad a partir de las denuncias de los campesinos que ya empezaban a organizarse. Como resultado de estos hostigamientos, en la década de los noventa se conformó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). Los conflictos por la tierra en este caso están ligados al proceso de expansión de la frontera agrícola y la valorización de tierras “marginales” con monte, en donde la llegada de empresarios inescrupulosos ha aumentado los focos de conflicto que hoy en día abarcan prácticamente toda la provincia. El primer caso que cobró visibilidad fue el de Los Juríes, en los inicios de la década de 1980. Un hito en la historia del movimiento fue lo acontecido en La Simona, donde se dio uno de los conflictos más significativos para esta experiencia de lucha: los campesinos lograron frenar las “topadoras” que se utilizan para el desmonte y la destrucción de las viviendas y las mejoras realizadas por las familias rurales. Los hechos de La Simona posicionaron a nivel nacional la problemática de la lucha por la tierra mediante las acciones directas de los campesinos y la instalación de la “carpa negra de la resistencia”⁸. En esta provincia los campesinos enfrentan a menudo el accionar de “guardias blancas” organizadas por empresarios con la connivencia del poder político y judicial local, además de sufrir cotidianamente el acoso de las órdenes judiciales y la policía provincial.

En la provincia de Córdoba, de forma similar, campesinos y grandes empresarios agrícolas se enfrentan en disputas por las tierras y las reservas de agua. Desde mediados de la década de 1990 la región del noroeste de Córdoba fue escenario de la expansión de la frontera ganadera a partir de la (re)localización de productores provenientes de las zonas tradicionales de ganadería en el sureste de la provincia de Córdoba, una región que se veía reconvertida a la agricultura, principalmente por el avance de la soja. De esta manera comenzó a ser corriente en al zona la presencia de empresarios foráneos que reclamaban la propiedad de las lotes. Esto ha generado distintos conflictos por la tierra entre los habitantes y los recién llegados⁹, ya que los primeros han trabajado y vivido por generaciones en esas tierras, antaño olvidadas y hoy reclamadas por los “propietarios”. Al igual que los campesinos santiagueños, los campesinos cordobeses amparan su derecho a la propiedad de las tierras en la posesión veinteañal¹⁰. Por otra parte, el acceso al agua constituye otro factor de conflicto, tal como lo ilustra el caso de Iglesia Vieja, en donde unas ochenta familias campesinas son discriminadas en el uso del agua para riego proveniente del dique Las Pichanas; o el caso de “El Tuscal”, donde 35 familias deben abastecerse de agua potable a más de 25 kilómetros de distancia. Estas luchas han llevado a que las organizaciones locales conformen recientemente el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).

En Formosa, quienes protagonizan las luchas por la tierra son los campesinos nucleados en el Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor), surgido a mediados de la década de 1990 como resultado de la ruptura del Movimiento Agrario Formoseño (MAF), cuya dirigencia había sido cooptada por el gobierno provincial (Sapkus, 2004). El eje de los conflictos difiere de los casos anteriores, puesto que las disputas territoriales no se centran en el acceso a la tierra sino en la definición de los usos del territorio: entre una visión propia de la agricultura industrial de exportación (producción de soja transgénica) y una perspectiva campesina de producción (autoconsumo con venta de excedente en ferias locales). Uno de los conflictos paradigmáticos de estos casos ha sido el de Colonia Loma Senés, donde las familias campesinas se vieron afectadas por las fumigaciones realizadas en grandes campos vecinos que producían soja transgénica (Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2005).

En la provincia de Mendoza también se registraron casos de conflicto por la tierra y por el agua que tendrían como resultado, en el 2002, la conformación de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). A su vez, en Chaco se han dado, aunque en menor medida, tensiones por la tierra protagonizadas en este caso por la Unión Campesina Porhiajú, que viene reclamando desde hace años la cesión de tierras para poder dar alternativas de vida a las familias campesinas desplazadas.

En síntesis, aquello que se evidencia con base en todos estos casos es el resurgimiento de lo “campesino” como cuestión política en Argentina. Sin embargo, debe considerarse que los ejemplos de conflicto por la tierra no se agotan en los aquí citados, ya que estos cobran visibilidad gracias a la presencia de organizaciones que realizan las denuncias. Por ello, puede suponerse que múltiples deben ser los desalojos de campesinos que quedan silenciados por la ausencia de organización. A su vez, puede verse que la organización campesina va de a poco cobrando mayores grados de agregación que acompañan las distintas escalas del conflicto: desde lo local, pasando por lo provincial, alcanzando finalmente a lo nacional¹¹. Otra constatación que podemos hacer se refiere a que la disputa territorial en estos casos está anclada básicamente en el control efectivo sobre la tierra y el uso de recursos como el monte y el agua, así como en la tensión entre una agricultura industrial y una campesina o familiar.

Es importante mencionar también que entre las luchas que tienen al territorio como centro, existen algunas particularidades como en el caso de los enfrentamientos llevados a cabo por las comunidades indígenas con los terratenientes, las empresas o el mismo Estado. Los ejemplos más significativos son aquellos que se desenvuelven en la Patagonia y en el norte argentino, donde el pueblo Mapuche y los pueblos Kolla, Wichí, Toba, Chorote, Mbya-Guaraní, y sus organizaciones, disputan el territorio con empresarios nacionales y extranjeros¹². En todos esos procesos, aquello que se disputa está vinculado con la necesidad de estos pueblos de reafirmar su identidad con base en la soberanía comunitaria sobre un territorio.

Hemos registrado hasta el momento más de cincuenta focos de conflicto territorial en Argentina que involucran a comunidades campesinas o indígenas. Por lo general, como vimos, los conflictos son el resultado de intentos de desalojo. A su vez, el desalojo impulsado por los propietarios asume distintas modalidades: violencia física, instalación de administradores que cobran arriendo a los ocupantes o cesión de pequeñas parcelas dentro del lote en disputa (Barbetta, 2005). Sin embargo, reconocemos otras variantes a partir de las cuales se desencadenan situaciones de desplazamiento de campesinos e indígenas. La contaminación ambiental que generan los cultivos industriales es una de ellas, agravada recientemente por la extensión de los campos de soja transgénica. En algunos casos, las familias abandonan sus campos, ante la imposibilidad de seguir desenvolviendo sus estrategias económicas, puesto que se ven directamente afectadas en su salud o bien se ven perjudicadas por la destrucción de sus cultivos o la muerte de sus animales tras los efectos de la contaminación con herbicidas. Estos procesos de “exclusión” de comunidades indígenas y campesinas conllevan a la emergencia de situaciones de violencia rural. Cuando las situaciones que ponen en riesgo la continuidad de las familias campesinas e indígenas se topan con la resistencia organizada de estas poblaciones, se entabla un conflicto marcado por el incremento de situaciones de violencia pública o privada, legal o ilegal.

Ante este escenario sostenemos que el aumento de la violencia rural en Argentina constituye un síntoma más de un nuevo eje de conflicto social, lo que puede ser pensado como una nueva “contradicción”. Se trata de las luchas por los usos del territorio, por la definición de las formas que adquirirá la territorialidad¹³. El carácter contradictorio de estos procesos queda evidenciado una vez que se constata que los resultados de las disputas territoriales no son unívocos: en algunos lugares las transformaciones territoriales impulsadas por actores sociales hegemónicos (empresas, grandes propietarios, gobiernos, etc.) logran concretarse en alguna medida; en otras situaciones se entabla una conflictualidad con base en las resistencias que pujan por mantener territorialidades previas. Sin embargo, lo interesante es observar aquellas territorialidades emergentes¹⁴ en las que los actores sociales “subalternos” (comunidades campesinas e indígenas, pobladores, etc.) logran movilizar, a partir de la resistencia, estrategias de territorialización definidas y apropiables por ellos mismos en tanto actores locales. Es por todo esto que la contradicción en torno al territorio trasciende la disputa material por un espacio físico, involucrando además una disputa por su concepción como espacio de vida.

Algunas reflexiones finales

La actual movilización campesina e indígena podría leerse como un entramado de luchas de resistencia para no ser despojados de la tierra y para acceder a la misma (con todo lo que ello implica en el nivel de la reproducción material y simbólica de la vida). Lo que parece estar jugando debajo de la emergencia política actual del campesinado y las organizaciones indígenas, es la disputa por la territorialidad, por la definición de los usos y sentidos del territorio. Se trata de una batalla que se da contra el capital (empresas agrícolas, terratenientes, laboratorios, empresas mineras y petroleras, etc.) y muchas veces contra el Estado (como es el caso de los campesinos indígenas). No obstante, no debe interpretarse que las luchas actuales de las organizaciones campesinas e indígenas –por reorganizar la vida en sus propios términos, territorializando y disputando territorialidades y territorializaciones– se mantienen en la escala local. Las organizaciones campesinas, a través de la coordinación de acciones directas o campañas como la de “Reforma Agraria” de Vía Campesina, o las estrategias de producción, comercialización y consumo, avanzan hacia articulaciones en los niveles nacional e internacional, donde llegan a establecer lo que Milton Santos (1994) llama “ampliación de uniones horizontales”:

las uniones horizontales pueden ser ampliadas, mediante las propias formas novedosas de producción y consumo. Un ejemplo es la manera como los productores rurales se reúnen para defender sus intereses, lo que les permitió pasar de un consumo puramente económico, necesario para las respectivas producciones, a un consumo político locamente definido y que también distingue a las regiones (Santos, 1994: 20).

En definitiva, vemos que por un lado existen diversos modos de “producir” territorio y “uniones” territoriales, y que por otro, en el agro las distintas territorialidades se tensionan, libran batallas. Las “uniones horizontales” que realizan los movimientos campesinos entran en conflicto con la territorialización planteada por la agricultura industrial, que a partir de la producción de “uniones verticales” (subordinación de la vida de una localidad a las decisiones tomadas en otras localidades o centros de poder urbanos), constituye territorialidades excluyentes. En las territorialidades excluyentes, se disocia la toma de decisiones sobre el manejo de un territorio de las poblaciones que lo habitan y que, en última instancia, serán quienes asuman las consecuencias de dichas decisiones.

La agricultura industrial, vía desalojo de campesinos y degradación o contaminación ambiental, estaría instalando en los mundos agrorurales lo que Zygmunt Bauman (1999) denomina la “guerra por el espacio”. Una “guerra” que es el resultado de elites que ya no se responsabilizan por la reproducción material de la sociedad y no asumen las consecuencias de sus acciones en los territorios donde las realizan, puesto que se han emancipado de las determinaciones territoriales: “Sacarse de encima la responsabilidad por las consecuencias es la ventaja más codiciada y apreciada que la nueva movilidad otorga al capital flotante, libre de ataduras” (Bauman, 1999: 17).

El agro argentino se ha transformado en una “arena” en donde se expresa como una “nueva contradicción” la disputa territorial. Una disputa que parece extenderse rápidamente, no sólo en el campo¹⁵, puesto que finalmente y en última instancia, la lucha por el territorio significa confrontar por la “materialización de la existencia humana”:

Los movimientos socioterritoriales tienen al territorio no sólo como objetivo, éste es esencial para su existencia. Los movimientos campesinos, indígenas, las empresas, los sindicatos y los Estados pueden constituir movimientos socioterritoriales y socioespaciales. Porque crean relaciones sociales para tratar directamente sus intereses y así producir sus propios espacios y sus territorios (Fernandes, 2005: 280).

De asumirse el diagnóstico de “la nueva contradicción” visualizaríamos que aquello que está en juego en los conflictos de lo movimientos campesinos e indígenas tiene un alcance y significado que no se agota en la realidad de estas poblaciones y que, en cambio, se extiende a la vida en las ciudades. Y si queremos estar a la altura del diagnóstico, urge redefinir, en el nivel de la sociedad como un todo, la forma que asumirá la relación del hombre con la naturaleza: el para qué y el para quiénes de la producción de alimentos, pero también el uso de los llamados recursos naturales y, sobre todo, la mismísima concepción de ser humano. Ser coherentes con el diagnóstico nos llevaría a debatir en profundidad las ideas de progreso, ciencia, Estado moderno y globalización neoliberal como organizadores centrales del territorio.

Citas

1 Hacemos aquí clara alusión al Proceso de Reorganización Nacional (PRN), que fue la denominación dada a la dictadura militar que asumió el control del Estado argentino entre 1976 y 1984. No es el objetivo de este trabajo, pero consideramos que, la “reorganización” política y económica de la dictadura, guarda íntima relación con la “reorganización” territorial del país.

2 “…podemos denominar territorialización a las relaciones de dominio y apropiación del espacio, o sea, nuestras mediaciones espaciales del poder, poder en sentido amplio, que se extiende de lo mas concreto a lo mas simbólico” (Haesbaert, 2004: 339).

3 Se trata de un concepto polémico puesto que “un fenómeno o proceso que deje de responder exclusivamente a los mismos referentes territoriales inmediatos que venía haciéndolo hasta recientemente, y comience a ser, o sea crecientemente, o incluso determinantemente marcado por actores, fenómenos o procesos relacionados con otros espacios territoriales, incluso muy alejados geográficamente, no hace de ningún modo que tal proceso o fenómeno resulte ‘des-territorializado’, sino en todo caso ‘re-territorializado’, ‘trans-territorial/izado’, o ‘multiterritorializado’. Porque en cualquier caso esos otros actores sociales, fenómenos o procesos de carácter –digamos– foráneo, que resultan significativos, de ningún modo están flotando en el espacio sideral” (Mato, 2004).

4 Argentina ha adoptado rápidamente las innovaciones biotecnológicas para el agro: posee la segunda superficie implantada con transgénicos a nivel mundial (el 20% de la superficie mundial con OGM), es el tercer exportador mundial de soja, el primero de aceites (ISAAA, 2004).

5 La canasta básica se encuentra prácticamente dolarizada, ya que los bienes que la integran son al mismo tiempo productos de exportación.

6 Al respecto, ver Grupo de Estudios Rurales (2004).

7 Ver el caso de Formosa analizado en Domínguez, Lapegna y Sabatino (2005).

8 Contemporáneamente, en plena ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, los docentes habían instalado la “carpa blanca” en defensa de la educación pública.

9 A lo largo de estos últimos años se han producido los siguientes casos que afectan el derecho a la tierra de casi doscientas familias: El Duraznal, El Destino, localidad de Serrezuela, Campo Las Oscuras, Campo El Medanito, Campo San Antonio, Poblado del Chacho, Campo El Puestito en los Baños de Unquillo en la pedanía Quilino, El Tuscal, Paraje las Toscas y el caso Las Verdes, entre otros.

10 La posesión veinteañal es un instrumento legal que reconoce el derecho de propiedad a toda persona que demuestre estar ocupando las tierras en cuestión por un lapso mayor a veinte años, en forma ininterrumpida y pacífica, habiendo realizado mejoras al inmueble.

11 Recientemente se ha conformado en Argentina el Movimiento Nacional Campesino e Indígena, del cual participan el MOCASE de Santiago del Estero, el MCC de Córdoba, la UST de Mendoza, la Red Puna de Jujuy, grupos campesinos de Misiones, Salta y la provincia de Buenos Aires. A su vez, existen otras organizaciones que participan de diferentes nucleamientos de nivel nacional, ya sean centrales gremiales (FTV-CTA), federaciones o coordinadoras (Federación Agraria Argentina y Coordinadora de Organizaciones Campesinas, Indígenas y de Trabajadores Rurales), espacios de encuentro o foros articulados en torno a un eje temático. Estas son situaciones novedosas en el entramado de organizaciones sociales, sobre todo las de carácter campesino o indígena que han logrado tener una visibilidad y presencia nacional.

12 Para mencionar sólo dos ejemplos, podemos recordar la disputa entre comunidades mapuches de la Patagonia y la multinacional Benetton, la cual se apropio de tierras que correspondian a estas comunidades en virtud de su derecho a posesion veinteañal. En la provincia de Salta, en el Noroeste argentino, también se desarrolló una disputa entre empresarios (esta vez nacionales) y comunidades indígenas, ya que el Ingenio San Martín del Tabacal compró tierras que pertenecían a las comunidades Kollas para poder asegurarse así la provision de agua para sus cañaverales y mano de obra para la zafra de la caña de azúcar.

13 Aunque para nosotros forman parte de esta nueva “contradicción”, no estamos incluyendo en el análisis los casos de disputa territorial en pequeñas localidades, como Esquel (Chubut), Calingasta (San Juan) o Gualeguaychú (Entre Ríos), donde el conflicto gira en torno a emprendimientos mineros o de la industria papelera.

14 La noción de “emergente” es utilizada por Boaventura de Sousa Santos para señalar aquellas experiencias sociales que constituyen en alguna medida un campo de experimentación emancipatorio. Aquí retomamos esta noción para referirla a territorialidades no hegemónicas. El carácter “emergente” de estas territorialidades no esta dado por una distinción con lo precedente, puesto que esto sería algo compartido con las nuevas territorialidades hegemónicas, sino más bien por el hecho de estar apelando a la recuperación de prácticas históricas silenciadas, en el marco de apuestas políticas “desde abajo”.

15 Es un ejemplo de esta ampliación la lucha por un “lugar en la ciudad”, por la vivienda, protagonizada por “los sin techo” de las grandes ciudades globales de América Latina: San Pablo, México, Buenos Aires.

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Última actualización en 07 Enero 2017