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Resistencias. Análisis comparado de la acción colectiva frente a la guerra en Urabá y Oriente Antioqueño

Resistências. Análise comparativa da ação coletiva contra a guerra em Urabá e Oriente Antioqueño

Resistors. Comparative analysis of collective action against the war in Urabá and Oriente Antioqueño

Clara Inés García*

* Socióloga de la Universidad Javeriana. DESS en política social del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Grenoble, Francia. Investigadora del Instituto de Estudios Regionales, INER, de la Universidad de Antioquia. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Resumen

En este artículo se analiza el núcleo principal de las respuestas que han dado actores y colectividades locales o regionales a las violencias de la guerra y sus efectos de destrucción en el Urabá y el Oriente antioqueño en los últimos veinte años. El interés general busca aportar elementos de juicio acerca de las lógicas bajo las cuales actúan las colectividades frente a las condiciones de guerra que les son impuestas. En un plano más específico, el análisis se propone develar los elementos que configuran la acción colectiva en contextos de guerra particulares: lo que diferencia y lo que es común. Se centra en dos de los casos regionales asociados a los más altos índices de violencia y desplazamiento forzado en Colombia y en los períodos respectivos en los que la confrontación armada ha sido más aguda.

Palabras clave: Acción colectiva, resistencia, regiones, localidades, guerra, Estado.

Resumo

Este artigo analisa o núcleo principal das respostas que indivíduos e comunidades locais e regionais deram à violência de guerra e seus efeitos de destruição em Uraba e Antioquia Oriental nos últimos 20 anos. O objetivo é fornecer critérios de julgamento sobre a lógica sob a qual as comunidades atuam e enfrentam as condições de guerra que lhes são impostas. Especificamente, a análise pretende mostrar os elementos que constituem a ação coletiva em contextos particulares de guerra: o que é diferente eo que é comum. Está centrado nos dois casos regionais associados aos maiores índices de violência e deslocamento forçado na Colômbia durante os respectivos períodos, quando o confronto armado tem sido mais agudo.

Palavras-chave: ação coletiva, resistência, regiões, localidades, guerra, Estado.

Abstract

This article analyzes the main nucleus of the responses that local and regional individuals and communities have given to war violence and its destruction effects in Uraba and East Antioquia during the past 20 years. The purpose is to provide judgment criteria about the logic under which communities act and face the war conditions imposed on them. Specifically, the analysis pretends to show the elements that constitute the collective action under particular war contexts: what is different and what is common. Is centered in the two regional cases associated the highest violence and forced displacement indexes in Colombia during the respective periods, when the armed confrontation has been most acute.

Keywords: Collective action, resistance, regions, localities, war, State.

El período que corrió desde el Paro Cívico Nacional de 1977 hasta cuando, a partir de 1988, los grupos paramilitares acallaron a la fuerza todo lo que les pareció una voz disidente de su orden, se caracterizó por la irrupción en el escenario local, regional y nacional de movimientos cívicos que parecieron abrir nuevos canales de expresión social, de construcción de actores e identidades colectivas y de producción de aprendizajes e innovadoras propuestas acerca de cómo hacer política sin sujetarse a los viejos sistemas clientelistas del bipartidismo colombiano¹. Sin embargo, el giro que asumió el conflicto armado en esos finales de los ochenta y que estuvo marcado por una escalada sostenida de la confrontación militar y sus violencias hasta la actualidad, pareciera haber desarticulado esas nuevas fuerzas sociales².

Pero si las voces se acallan por momentos y si unas formas de cohesión y orientación de la fuerza colectiva de los grupos sociales subordinados son aplastadas, éstos no son hechos que persistan indefinidamente: ni los grupos y colectividades permanecen inactivos, ni el mismo conflicto armado mantiene idénticas sus lógicas y dinámicas. Este último se modifica en las interacciones propias que la guerra entabla y genera nuevas reacciones de la población que lo padece; y paralelamente, las poblaciones sometidas al terror por miedo y arrasamiento, siempre guardan un umbral de reacción y de iniciativa por débil y diseminado que éste sea en un comienzo.

El hecho concreto que tenemos hoy en Colombia es la aparición de una serie de experiencias locales y regionales ante algunos de los procedimientos de la guerra y a sus más dolorosos efectos de destrucción y que se han denominado a sí mismas de “resistencia”. El reto que ahora tiene la investigación social en este campo se centra en el análisis de esas experiencias colectivas, no sólo en tanto fuerzas que neutralizan las manifestaciones de la guerra que más las vulneran, sino también en tanto fuerzas que en medio y a pesar del conflicto violento, construyen sociedad, instituciones y Estado.

El propósito de este artículo es entonces, el de examinar la acción colectiva de actores locales y regionales en territorios de Antioquia en períodos de muy aguda confrontación armada. Las preguntas se enfocan hacia dos clases de relación: de la acción colectiva y el territorio y de la acción colectiva y el Estado. Los interrogantes específicos son: ¿Cómo interactúan los conflictos locales, el conflicto armado y las reacciones de la sociedad ante la guerra? ¿De qué manera se relacionan las características sociales y políticas de la región con las dinámicas y los contenidos de la acción de resistencia en ella a los efectos de la guerra? ¿Cuál es el papel del Estado en la orientación y viabilidad de las acciones colectivas locales y regionales frente a la guerra?

Entendemos por “acción colectiva” el concepto más genérico que da cuenta de las acciones llevadas a cabo por un conjunto de individuos o de grupos en busca de un fin común³. Preferimos el uso de este término para referirnos a las acciones aquí analizadas, y no el de movimiento social, por el carácter puntual y sui generis que tuvo el caso analizado en el Urabá de mediados de la década del noventa y por el carácter “mixto” que adquirió, después de una primera etapa, la acción colectiva de resistencia a los efectos de la guerra en el Oriente antioqueño, esto es, por la conjunción de fuerzas de la sociedad civil y del Estado en sus niveles regional y nacional. Los movimientos sociales se asocian generalmente a acciones colectivas en las que la sociedad civil y el Estado están en dos orillas opuestas del conflicto.

Urabá. Dos décadas de acción colectiva en un contexto de guerra

Urabá es región de frontera internacional marítima y terrestre, frontera entre la región pacífica y atlántica en el norte de Colombia y región de frontera interna configurada a partir de los recientes procesos de expansión de la segunda mitad del siglo XX. Ha sido históricamente territorio privilegiado para el contrabando de armas y en los últimos tiempos para el tráfico de drogas. Desde el origen de los grupos armados, Urabá fue considerada zona geoestratégica; allí coincidieron en los años sesenta la instalación de grupos guerrilleros (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y Ejército de Liberación Popular, EPL); allí nacieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en los años ochenta, desde allí se lidera en los noventa la formación de la organización nacional –las AUC, autodefensas de Colombia–, y desde allí se organiza la estrategia de expansión paramilitar por el país. Allí, el desarrollo del conflicto armado coincide en el tiempo con la dinamización de los procesos que configuraron la región –la colonización y la urbanización, el montaje de la economía bananera de exportación, la conformación de haciendas y de economías campesinas, la organización de trabajadores y de campesinos, la delimitación administrativa de municipios–. Esta coincidencia imbrica y polariza los conflictos sociales políticos y militares en un contexto de fuerte desinstitucionalización.

Años ochenta: La ambigüedad en la orientación de las acciones colectivas

La manera como el conflicto armado se involucra en la dinámica regional en Urabá (insertándose en las luchas sociales y convirtiendo el campo laboral y el de la lucha por la tierra en espacios donde también se libraba la competencia por el dominio político-militar de la región), lleva a un estado agudo de radicalización social al tiempo que a una situación en que las fronteras entre los intereses se hacen difusas, y en la que impera la ambivalencia en la orientación de las acciones colectivas.

Tres ejemplos permiten ilustrarlo:

1. el reconocimiento de la organización sindical por parte de los empresarios y la instauración generalizada y regulada de la negociación colectiva en la actividad bananera, fue producto de la intervención que la guerrilla tuvo en dicha dinámica durante cuatro años (1983-1987), luego de veinte años fallidos de un movimiento sindical librado a su sola fuerza; sin embargo, la organización sindical estaba bien lejos de tener para la guerrilla el sentido de la construcción de un actor social autónomo; sólo se trataba de su instrumentalización. Su muestra más dramática son los cientos de obreros y líderes sindicales que murieron bajo las balas de los mismos enfrentamientos interguerrilleros que así luchaban  por su control.
2. En las movilizaciones por los derechos humanos se confundían la reivindicación justa por la defensa de la vida de los trabajadores con la utilización de dicha movilización por los grupos que participaban en la guerra sucia y en el segar de esas mismas vidas.
3. Los éxodos campesinos, al reivindicar la desmilitarización de los campos servían al mismo tiempo como arma de presión contra las acciones de orden público de las fuerzas del Estado en esos territorios.

Así, varias de las acciones de sindicatos y campesinos en contextos de guerra y muchas veces en contraposición a los efectos de esa guerra, es reconvertida por las guerrillas en otros actos de la guerra contra el Estado.

Años noventa: la búsqueda del espacio de trámite de los intereses colectivos

Ante una situación límite como la que vivió Urabá en los años noventa –con la disputa abierta y generalizada entre guerrillas-paramilitares, la generalización de masacres, el arrasamiento sistemático de pueblos y veredas, el desplazamiento forzado y la ingobernabilidad– la sociedad local reacciona para defenderse de perecer como sociedad. Emprende diversas iniciativas, bajo el liderazgo de los alcaldes del centro regional acompañados siempre por la Diócesis de Apartadó y la figura de Monseñor Isaías Duarte Cancino. Dos ejemplos:

1. los alcaldes de la Unión Patriótica –UP– intentaron al principio de la década ponerle freno a la destrucción de infraestructura eléctrica y de comunicaciones agenciada por la guerrilla, organizando la protesta pública contra esa acción y a su vez estableciendo márgenes de autonomía política frente a la organización guerrillera FARC de la cual esa organización política había surgido.
2. Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó, fue símbolo del intento colectivo de construir un espacio público en el que los diferentes actores sociales pudieran concertar acuerdos mínimos en torno al gobierno local⁴.

Resistir a lo que la guerra impone se traduce, en este caso, en los intentos por conseguir márgenes de autonomía de los actores sociales y políticos con respecto de los actores armados y por lograr construir un espacio de trámite de lo político, que han sido justamente la médula de lo social afectado por la guerra.

El Estado ajeno a los esfuerzos de la sociedad local

La ausencia del Estado, fue factor determinante para que en los años noventa no pudieran arraigar ni tener continuidad los esfuerzos locales que se hicieron por establecer espacios de convivencia y reglas del juego para lograr un espacio donde se tramitara la cosa pública. Fue una gran paradoja: la sociedad civil local inventando el espacio de lo público y el Estado ajeno a tales esfuerzos. En ese intento siempre se necesita el concurso de los dos para lograrlo. En las regiones de colonización el Estado se construye necesariamente en su relación con los actores locales, apoyando con sus instituciones la configuración de espacios de encuentro y consensos acerca de proyectos colectivos. En Urabá esa no fue la vía por la que optó el Estado.

Otra cosa sucede cuando se instaura un orden, el de los paramilitares que entre 1993 y 1997 controlaron a sangre y fuego el cuerpo central de la región: desde finales de los noventa se reconstruyen los espacios donde se tramita la administración y la acción de los partidos políticos, y las organizaciones sociales retoman su dinámica. Lo anterior estuvo condicionado por el orden impuesto a base del desplazamiento masivo de pobladores y de los más altos índices de homicidios y de masacres del país⁵.

La irrupción reciente de la guerra en el Oriente antioqueño

El Oriente antioqueño es una región consolidada que jugó papel central en la construcción histórica de Antioquia. Rionegro, Marinilla y Sonsón son sus símbolos urbanos. En ella media una tradición, un encuadramiento institucional y la existencia de actores sociales organizados de muy variada especie, inclusive una historia de activos movimientos cívicos locales y regionales. Esta región ha sido base de asentamiento y de corredores de grupos guerrilleros, igual lo ha sido de refugio y repliegue cuando de otras regiones eran expulsados. Pero sólo entra de lleno en la dinámica de la guerra en el último período –a partir de 1997– cuando la estrategia guerrillera orienta sus acciones a centros regionales neurálgicos de la economía nacional (Oriente antioqueño produce el 30% de la energía del país) y a los territorios cercanos a las grandes ciudades capitales (colinda con el área Metropolitana de Medellín).

En este último período sobresalen tres rasgos de la acción colectiva:

Una frontera clara entre la sociedad y los actores de la guerra

Entre los años 1997 y 2003 los actores armados colocan la mira sobre el Oriente antioqueño. Es un período en el que la estrategia militar de la guerrilla se funda en la destrucción sistemática de pueblos y de infraestructura pública y privada y el asesinato o la amenaza de muerte a la totalidad de los alcaldes; parte de su estrategia financiera se apoya en el secuestro masivo de personas (en la Autopista Bogotá- Medellín en este caso), y en la extorsión a las empresas nacionales o regionales que allí operan y a los comerciantes de las localidades. El conjunto de la sociedad regional se siente directamente amenazado por las acciones de la guerra: empresarios, empresas mixtas de servicio público, comerciantes, alcaldes y concejales, comunidades locales. Como se trata de una región relativamente integrada y con una sociedad civil con capacidad de movilizar y organizar a diversos actores en torno de proyectos colectivos, se marca entonces una frontera clara entre la sociedad y los actores de la guerra.

Las acciones de los colectivos locales se encaminan a neutralizar o disminuir los efectos de la guerra –a reconstruir lo destruido, a mediar para lograr condiciones de protección a las comunidades o a fortalecerse como colectivo– y tienden con el tiempo a articularse en una acción de carácter regional. Sin fracturas previas⁶, la guerra no polariza internamente a la sociedad. Antes bien, lo que hacía años andaba dormido –el impulso colectivo por un proyecto regional– se activa como efecto de la guerra.

Un proyecto regional: paz y desarrollo

En el Oriente antioqueño las acciones de resistencia a la guerra se articularon primero en el nivel local, para luego regionalizarse. En 1996 se adelanta el paro de la población de San Luis contra la destrucción de infraestructura que paralizó la empresa Cementos Río Claro que da el empleo local, y se organiza la asamblea comunitaria que decide establecer contactos y mediaciones con los grupos armados para el tratamiento de los temas humanitarios que protejan a la población, y elaborar un proyecto de inversión que, en alianza con la empresa, trabaje por el desarrollo local y la conciliación de los intereses colectivos. Los efectos fueron contundentes⁷. En un importante núcleo de las localidades de la región se reproduce esta experiencia, rápidamente. A partir de octubre de 2001 los alcaldes apoyados por las asambleas comunitarias decidieron adelantar lo que denominaron “acercamientos humanitarios” con todos los actores de la guerra. Como producto del primer acercamiento de la comisión de alcaldes con el ELN, se logra una tregua de seis meses de este grupo con la suspensión de los ataques en contra de infraestructura, pueblos y estaciones de policía, y de los secuestros y las extorsiones; a cambio solicitaron a los alcaldes realizar una gestión ante las autoridades públicas a favor de la reubicación de las estaciones de policía en los extramuros de los pueblos, asunto que facilitaría a todas luces el ataque guerrillero sin la devastación de los pueblos.

El Estado: viabilidades y riesgos

Esta acción de los alcaldes induce la intervención del Estado e inicia la inflexión del movimiento hacia la construcción de un espacio en el que confluyen más actores, se llega a acuerdos con las autoridades públicas departamentales y nacionales y se construye un frente de acción regional más sólido. Así, al mismo tiempo que se desautoriza la acción de los alcaldes por el Estado, les es reconocido su enorme potencial movilizador y mediador en el conflicto armado del nivel regional. Si la acción de los alcaldes de octubre de 2001 tuvo un significado totalmente ambivalente (querer proteger a las comunidades cediendo al grupo armado en algo que debilitaba al mismo Estado), la intervención del Estado reubica la acción de los colectivos locales y de su fuerza regional. En primer lugar, fortalece la iniciativa y la intencionalidad original de los alcaldes promoviendo la confluencia del conjunto de los actores regionales en un proyecto de paz y desarrollo⁸. En segundo lugar, compromete la alianza del Estado que, en adelante apoya el proyecto de desarrollo regional en el que las comunidades basan su posibilidad de empoderamiento y de aprendizaje de la democracia, con sumas de dinero que lo hagan viable. En tercer lugar, reafirma la clara delimitación de los intereses de la alianza comunidades-empresas-Estado.

A partir de septiembre de 2002 se instituyen dos nuevos espacios para la articulación y negociación de los consensos regionales en torno al tema humanitario, a las iniciativas de desarrollo regional y al fortalecimiento de la democracia aparticipativa. Se trata de contrarrestar la acción del miedo, la parálisis y el chantaje ante la coacción de los actores armados, y de fortalecer los valores de solidaridad y convivencia, el sentido de pertenencia e identidad regional y el ejercicio de la ciudadanía. Estos espacios fueron la Asamblea Provincial Constituyente en la que confluye periódicamente el conjunto de actores empresariales, cívicos e institucionales de la región, y “el Laboratorio de Paz” en el que se tramita la alianza entre los actores regionales, las autoridades departamentales y nacionales y las agencias internacionales que apoyan la experiencia⁹.

Si el Estado con su presencia e intervención potencia la acción de la sociedad civil en el sentido enunciado, paradójicamente muestra también sus límites con relación al objetivo buscado. Estos límites se manifiestan de tres maneras en este proceso regional:

1. En primer lugar, en el peligro que hay de reconvertir la dinámica del desarrollo regional en una pura acción de distribución y de gestión de la inversión pública, como se hace en cualquier proceso de planificación regional, sin que ello implique la construcción de la convivencia y el fortalecimiento de la democracia y de la sociedad civil.
2. En segundo lugar, en la enorme tentación que de hecho demuestran las distintas instancias institucionales y político- partidistas de cooptar la dinámica de la sociedad civil regional para los intereses de la política clientelista y de la tutela de las instituciones públicas sobre las iniciativas sociales.
3. En tercer lugar, en el riesgo de que el conjunto del movimiento caiga, a la final, en la misma lógica de la cual el Estado quiso sacar a los alcaldes. Uno de los líderes connotados de la sociedad civil lo expresa claramente y sin ambages cuando afirma: las puras inversiones del gobierno no son construcción de paz. “Porque cuando se hacen pactos con las guerrillas o las autodefensas para canalizar inversiones, no se está beneficiando a las víctimas, sino que se le está dando ventaja política a los victimarios”.

El apoyo del Estado a la sociedad civil tiene sus límites en la excesiva vulnerabilidad de la segunda ante la fuerza de la tutela y la instrumentalización del Estado.

Epílogo

Hemos analizado las diferencias de la manera como dos sociedades regionales articulan sus acciones de resistencia a la guerra que se libra sobre su territorio, en función del carácter específico que asuma el conflicto sobre cada una de ellas y de los recursos culturales, políticos e institucionales con que éstas cuentan. Para finalizar, quisiéramos enfatizar en tres aspectos de carácter general que se identifican en ambos escenarios, en medio de las obvias diferencias de los procesos y conflictos en que se enmarcan.

La resistencia

A partir de los años noventa, cuando la disputa guerrilleroparamilitar se extiende por doquier, las colectividades locales y regionales comienzan a reconocer sus acciones frente a la guerra como acciones de resistencia. Con la estrategia de guerra adoptada por las FARC desde finales de esa misma década hasta el presente, estas acciones tienden además a expandirse por territorios de diversa condición.

La acción colectiva de resistencia articula prácticas no violentas dirigidas a socavar el poder del que domina y ejerce la violencia, a obtener un propio sentido de control desafiando el miedo a reparar y recrear los elementos de cultura e identidad golpeados o destruidos por la violencia como método para aplastar voluntad y buscar soluciones a las deprivaciones de la guerra y al conflicto social.

Las acciones colectivas locales y regionales analizadas en Urabá y Oriente antioqueño contienen las mismas claves enunciadas. Sin embargo, se encuentran unas adicionales que no permiten encuadrar dicha acción de manera dicotómica, como si la resistencia a los señores de la guerra no estuviera atravesada por otro enjambre de disputas de diverso orden y como si en un conflicto mayor no se subsumieran otros y hasta con orientaciones contradictorias entre sí. La acción colectiva analizada en las dos regiones antioqueñas no se agota en la oposición o el intento de neutralización de los efectos de la violencia y el poder de coacción de los actores armados y en la invención de nuevos recursos políticos, culturales y económicos que la reconfiguren y fortalezcan como sociedad local o regional. Los actores que la adelantan están cargados de múltiples intencionalidades según la compleja red de conflictos y solidaridades en las que se insertan y bajo las cuales se redefinen los significados de la guerra misma, incluidos aquellos que tienen sentidos contradictorios o ambivalentes entre sí. Si ello fue más evidente en Urabá, donde los conflictos sociales fueron cruzados por los armados, también se hizo presente en el acto más simbólico del movimiento de alcaldes del Oriente antioqueño, cuando éstos hicieron visible ante el país, la resistencia colectiva a la guerra con “los acercamientos humanitarios” a los actores armados.

El papel de los alcaldes

En las dos regiones se destaca también el papel que tuvieron los alcaldes populares, su capacidad de liderazgo social y político, su capacidad de convocatoria a la diversidad de actores locales y regionales. Este papel refleja también la condición de una sociedad donde los partidos políticos no median, no tienen legitimidad, donde las instituciones públicas están desprestigiadas. No es el primer caso en Colombia donde los alcaldes populares se convierten en la figura política capaz de transformar la dinámica de localidades y ciudades. En el caso del Oriente antioqueño vemos su impacto sobre la región completa. La Iglesia Católica, por su parte, es la otra institución clave en todos los procesos, al ser la única capaz de ejercer mediaciones mayores y representar autoridad moral en medio de un contexto generalizado de desconfianza mutua y donde la palabra no vale.

Así, diferencias regionales abismales –como las que se presentan entre Urabá y Oriente antioqueño– no alcanzan a borrar una característica común al conjunto de la sociedad: la precariedad general de las instituciones y de la sociedad civil en el ámbito de los sectores sociales subordinados. No es gratuito entonces que los alcaldes, al cumplir papel en ambos frentes –como actores político-institucionales y como actores que organizan y movilizan la sociedad civil en un plano diferente al político-partidista– se conviertan, en coyunturas críticas de la guerra, en protagonistas de las iniciativas de la sociedad local y regional.

El Estado

La ausencia o la acción del Estado en apoyo de las acciones de la sociedad civil tiene consecuencias definitivas para la pervivencia o el fortalecimiento de estas últimas, tanto en las regiones que apenas emergen, como en aquellas donde supuestamente reina la institucionalidad y pululan las organizaciones sociales. En la guerra, donde se llevan al límite las contradicciones sociales, las debilidades y las fortalezas, es donde se hace más evidente la necesidad de esta indispensable relación.

Estado y sociedad civil se necesitan mutuamente en su respectivo proceso general de construcción de sociedad. Esto se hace más urgente en tiempos de guerra, cuando se pone en juego la supervivencia de colectividades del ámbito local y regional como las analizadas, bien sea para lograr lo que no se ha tenido hasta entonces (la autonomía relativa de los actores sociales con respecto de los armados, y una esfera de lo público, como en el caso de Urabá), o para revitalizar lo que había tendido a adormecerse (el fortalecimiento de la sociedad civil, de la democracia y el desarrollo, como ha sido el caso en el Oriente antioqueño). La intervención del Estado en apoyo de las acciones de la sociedad civil es decisiva y juega a favor o en contra del destino de ésta, como también de la propia construcción del Estado en localidades y regiones, pues influye en las representaciones colectivas del Estado, en su legitimidad, su capacidad de impulsar formas institucionales y experiencias de participación social.

Pero si la interacción entre sociedad civil y Estado es necesaria para la construcción y fortalecimiento mutuos, no puede olvidarse que el segundo mantiene activa la tendencia a la tutela y a la instrumentalización sobre la primera. Varias han sido las coyunturas en que lo anterior se manifiesta en el Oriente antioqueño: en primer lugar cuando, al inicio de la presidencia de Uribe Vélez, se generan tensiones en las reuniones de la Asamblea Provincial del Oriente Antioqueño, entre las orientaciones emanadas desde la presidencia de la república y la posición del resto de sus participantes, incluido el gobernador encargado. La segunda ocasión se presentó al sobrevenir la crisis con el asesinato del gobernador de Antioquia y del ex ministro de Defensa y se dirime el nombramiento del nuevo gobernador en propiedad. Allí vuelve a darse el pulso entre el presidente de la república y el grupo del gobernador asesinado.

El Laboratorio de Paz del Oriente Antioqueño juega a todas luces como escenario en donde se disputan distintos poderes; y si en el centro de esa disputa está la paz y la construcción de una región autónoma, también se dirime la disputa por quién detenta la hegemonía en el proceso regional y por cómo éste puede ser utilizado por dicha fuerza en otros espacios del escenario político general.

Citas

1 Fue especialmente el caso de los movimientos cívicos analizados por diversos analistas sociales como Medófilo Medina, Pedro Santana, Javier Giraldo, Luis Alberto Restrepo, Orlando Fals Borda, Santiago Camargo, Mauricio Archila, Marta Cecilia García y tantos otros, incluida la propia autora de este escrito.

2 Al tiempo con la elección popular de alcaldes, se desencadenó a todo lo largo y ancho de los territorios donde tuvieron influencia fuerzas sociales y políticas alternativas, el exterminio de las mismas a manos de los grupos paramilitares que desde esa época asumieron un papel activo, organizado y sistemático en la confrontación armada que se libra en el país. La Unión Patriótica –como agrupación política- y los movimientos cívicos, fueron unas de las víctimas más afectadas.

3 Charles Tilly, From mobilization to revolution, Massachussets, 1978.

4 Hay otras acciones de resistencia en la región. Por ejemplo la de los indígenas con su propuesta de “neutralidad activa”. En este artículo nos centramos en las acciones que tienen envergadura regional, ésto es, que involucran un conjunto de actores variados y que simbolizan un proyecto colectivo con respecto de la región. La acción de los indígenas se restringe a su territorialidad y a ellos como actor exclusivamente. De otra parte, también se producen acciones desde la sociedad regional que engloba a Urabá –el periódico El Colombiano con sus “diálogos por Urabá”, la Iglesia del nivel nacional, lo mismo que las ONG religiosas de carácter internacional–.

5 Las guerrillas –Ejército Popular de Liberación, EPL y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC– ejercían su influencia en la región desde finales de los sesenta. Esta influencia fue expandiéndose y profundizándose con el tiempo. Con la entrega de armas del EPL las FARC asumen con especial virulencia su dominio sobre la región. Pero por esa misma época los paramilitares –las Autodefensas de Córdoba y Urabá– adaptan también su decisión estratégica: tomarse la totalidad de la región a sangre y fuego y expulsar a las FARC de ella. Para ello acogieron el macabro método de la “tierra arrasada”, en la cual, milimétrica y matemáticamente, vereda tras vereda y poblado tras poblado son desocupados por la fuerza, la violencia y el terror. Así se genera la corriente de desplazados más grande para la época en el país: la del Urabá-Atrato.

6 Lo cual no quiere decir, sin diferencias, sin desigualdades, sin conflictos.

7 Se logra construir un espacio de relaciones horizontales en donde permanentemente todos los actores aprenden a comunicarse, a construirse a sí mismos y a reconocer a los demás y por el cual se ha logrado mejorar la coordinación interinstitucional y comunitaria en el municipio y las relaciones con la empresa privada. También la empresa privada reformuló su papel social y el proceso de inserción en la región, y desde 1998 puso en funcionamiento la Fundación Río Claro. Todos los índices de violencia bajaron drásticamente de manera inmediata. Y la inversión, si bien no alcanza para la superación de la pobreza, si permite dejar instalado un proceso de planeación concertada, que los pobladores resaltan como el resultado más importante. Ver: Banco Mundial – Fundación Corona, Programa de Alianzas para la Convivencia y la Superación de la Pobreza. “Alianza para el desarrollo social como estrategia para enfrentar el problema de la violencia en el municipio de San Luis, Antioquia”. Documentación realizada por David Marulanda García. Instituto de Estudios Regionales –INER de la Universidad de Antioquia, Medellín, 1999.

8 Desde el sector privado sobresale Prodepaz, el programa de Desarrollo y Paz del Oriente antioqueño que formaron en 1999 las empresas mixtas nacionales del sector eléctrico –ISA e ISAGEN– y el conjunto de los líderes del empresariado antioqueño asociados en Proantioquia, apoyadas en la iglesia católica –las Diócesis de Sonsón-Rionegro y del Magdalena Medio y la ONG CINEP–.

9 Al Laboratorio de Paz del Oriente confluyen: la Asamblea Provincial Constituyente, el Consejo de Alcaldes del Oriente antioqueño, la Gobernación de Antioquia, la Diócesis de Sonsón-Rionegro, la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Comunidad Internacional, las entidades regionales y nacionales públicas y privadas, los Ministerios, la Dirección Nacional de Planeación y el Congreso de la República. (Documento Ejecutivo: Laboratorio de Paz Provincia del Oriente Antioqueño. Oficina Laboratorio de Paz, Medellín, febrero de 2003).

Bibliografía

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   • Fundación Corona, Programa de Alianzas para la Convivencia y la Superación de la Pobreza. Documentos inéditos. INER, Universidad de Antioquia:
   • “Alianza para el desarrollo social como estrategia para enfrentar el problema de la violencia en el municipio de San Luis, Antioquia”. Documentación realizada por David Marulanda García, 1999.
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Última actualización en 29 Julio 2017

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Movimientos sociales y nuevas prácticas políticas en Argentina. Las organizaciones piqueteras*

Movimentos sociais e novas práticas políticas na Argentina. As organizações ‘piqueteras’

Social movements and new political practices in Argentina. The ‘piqueteras’ organizations

Maristella Svampa**

* Este artículo retomó partes del libro, Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras, 2003, escrito por la autora, junto con Sebastián Pereyra.

** Doctora en Sociología de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigadora del Conicet, Argentina. Email: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Resumen

En la Argentina de la última década emergieron nuevas formas de organización política y acción colectiva cuyas marcas mayores son la acción directa, la auto-organización y una importante dinámica asamblearia. Tres tipos de experiencias ilustran de manera diferente estas nuevas prácticas: las agrupaciones piqueteras (desocupados), las asambleas barriales y las fábricas recuperadas por sus trabajadores. Este artículo abordará algunos de los aspectos novedosos que presenta uno de estos movimientos, el que sin duda constituye, por encima de su diversidad ideológica, el fenómeno más disruptivo de los años 90: el movimiento piquetero.

Palabras clave: Movimiento social, movimiento piquetero, organización política, organización social.

Resumo

Na última década surgiram novas formas de organização política e ação coletiva na Argentina. Os mais importantes são ações diretas, auto-organização e uma dinâmica importante baseada em reuniões. Essas novas práticas são demonstradas por três tipos de experiências: organizações de piquete, reuniões de bairro e aquisição de fábricas por seus trabalhadores. Este artigo aborda alguns aspectos inovadores de um desses movimentos, o mais perturbador na década de 1990: o movimento ‘piquetero’.

Palavras-chave: movimento social, movimento piquetero, organização política, organização social.

Abstract

In the last decade, new forms of political organization and colective action have emerged in Argentina. The most important of them are direct action, auto-organization and an important dynamics based on meetings. These new practices are shown by three types of experiencies: picket organizations, neighborhood meetings, and taking of factories by its workers. This article is an approaching to some novel aspects of one of these movements, the most disrupting one in the 1990s: the ‘piquetero’ movement.

Keywords: Social movement, piquetero movement, political organization, social organization.

Introducción

En la Argentina de la última década emergieron nuevas formas de organización política y acción colectiva, cuyas marcas mayores son la acción directa, la auto-organización y una importante dinámica asamblearia. Tres tipos de experiencias ilustran de manera diferente estas nuevas prácticas: las agrupaciones piqueteras (desocupados), las asambleas barriales y las fábricas recuperadas por sus trabajadores. Este artículo abordará algunos de los aspectos novedosos que presenta uno de estos movimientos, el que sin duda constituye, por encima de su diversidad ideológica, el fenómeno más disruptivo de los noventa: el movimiento piquetero.

Para ello, dividiremos el artículo en dos partes. En la primera abordaremos la evolución y rasgos generales del movimiento piquetero, mientras que en la segunda, nos centraremos en la presentación de los aspectos políticos novedosos. Sin embargo, nuestra presentación no será lineal, sino que incluirá otras cuestiones, esenciales para entender los alcances y las dimensiones de la experiencia piquetera: entre ellas, un abordaje aunque sea inicial acerca de las características del proceso de descolectivización, del alcance de la heterogeneidad ideológica en el espacio piquetero, de la conflictiva relación con el Estado, en fin, las diferentes concepciones acerca del sujeto político y la cuestión –siempre espinosa– de la persistencia de la cultura peronista.

I. Breve genealogía y características del movimiento piquetero

a) Orígenes y corrientes del movimiento piquetero

Para comprender el origen de los nuevos procesos de organización y de movilización es necesario tener presente el contexto de transformación económica, social y política de la Argentina de los últimos treinta años. Estas transformaciones –ocurridas como corolario de la aplicación de políticas neoliberales–, terminaron por reconfigurar completamente las bases de la sociedad argentina. El proceso, marcado por el empobrecimiento, la vulnerabilidad y la exclusión social comenzó en los años setenta, con la última dictadura militar; tuvo su punto de inflexión entre 1989 y 1991, con la asunción de Carlos Menem al gobierno –momento en que se profundizan las políticas de apertura comercial y de reestructuración del Estado– y encuentra, por último, una aceleración mayor luego de 1995, con la acentuación de la recesión económica y un aumento desmesurado de la desocupación¹.

Durante este período de grandes mutaciones, la sociedad argentina no contaba con redes de contención ni con centros de formación o reconversión laboral, al tiempo que era notable la ausencia de políticas estatales en la materia, todos ellos mecanismos necesarios para compensar los efectos de las progresivas medidas de flexibilización laboral o los despidos masivos que acompañaron los procesos de privatización y la modernización de empresas en el nuevo contexto de apertura comercial.

Por otro lado, recordemos que los grandes sindicatos nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT), de filiación peronista –igual que el gobierno de Carlos Menem– no se opusieron a las reformas, que virtualmente minaban sus bases de afiliación, sino que negociaron con el gobierno su supervivencia material y política y optaron por readecuarse al nuevo contexto económico y social².

Así, al compás de estos cambios, nuevas problemáticas se instalaron en la sociedad argentina, como el aumento de las desigualdades sociales, la precariedad y, prontamente, la desocupación masiva. Sin embargo, desde el fondo de la descomposición social, nuevas formas de organización y de movilización fueron emergiendo. En efecto, a partir de 1996-1997, una parte de aquella Argentina sacrificada por el modelo neo-liberal e ignorada por los medios de comunicación hizo su irrupción en las rutas, impidiendo la libre circulación de personas y mercancías, en demanda de fuentes de trabajo. Estos primeros cortes de ruta se iniciaron en el interior del país, en las localidades petroleras (provincias de Neuquén y Salta), y tuvieron como protagonistas a los pobladores de comunidades enteras. Es allí que surge el nombre “piquetero” –aquél que organiza los piquetes, los cortes en las rutas–; el que, además de atraer la atención –de los medios y del sistema político– por su fuerza expresiva, representó una alternativa para todos aquellos para los cuales una definición como la de desocupados, resultaba intolerable. Especialmente para quienes habían sido –y aún se consideraban– trabajadores, la posibilidad de nombrarse “piqueteros” tuvo un poder desetigmatizador que facilitó la inclusión de esos sectores en las organizaciones. Un nuevo motivo de dignidad –que reemplazaba entonces la perdida dignidad del trabajo– podía comenzar a buscarse explorando y explotando la categoría “piquetero” y enterrando aquella de “desocupado”.

Es así que comienza la historia de pequeñas organizaciones locales de desocupados, definidas por fuera y en confrontación con las estructuras tradicionales del Partido Justicialista y de los sindicatos oficialistas, que más tarde pasaron a integrar en la mayoría de las veces, “federaciones” de escala nacional.

Ahora bien, aclaremos que desde sus orígenes mismos el movimiento piquetero nunca tuvo unidad ni fue homogéneo, sino que desde siempre estuvo atravesado por diferentes tradiciones organizativas y corrientes político-ideológicas. En rigor, el proceso de conformación del movimiento piquetero reconoce dos afluentes fundamentales: uno, reenvía a las acciones disruptivas, evanescentes y por momentos unificadoras, de los cortes de ruta y levantamientos populares registrados en el interior del país a partir de 1996, resultado de una nueva experiencia social comunitaria que aparece vinculada al colapso de las economías regionales y a la privatización acelerada de las empresas del Estado realizada en los años noventa; el otro, remite a la acción territorial y organizativa gestada en el Conurbano bonaerense, y ligada a las lentas y profundas transformaciones del mundo popular, producto de un proceso de desindustrialización y empobrecimiento creciente de la sociedad argentina que arrancó en los años setenta.

En otros términos, no es posible comprender la génesis ni el posterior desarrollo del movimiento piquetero si no establecemos esta doble filiación. Así, los conflictos generados en el interior del país representaron el punto inicial en donde una nueva identidad –los piqueteros–, un nuevo formato de protesta –el corte de ruta–, una nueva modalidad organizativa –la asamblea–, y un nuevo tipo de demanda –los planes sociales– quedaron asociados, originando una importante transformación en los repertorios de movilización de la sociedad argentina. En fin, la acción colectiva que tuvo por epicentro algunas regiones del Conurbano bonaerense contribuyó de manera decisiva al desarrollo de los modelos de organización, a escala nacional, así como también a la producción de los nuevos modelos de militancia, asociados íntimamente al trabajo en los barrios. En resumen, es la convergencia entre la acción disruptiva e identidad piquetera, el modelo asambleario y las puebladas del interior del país por un lado, y por otro, los marcos organizativos y el modelo de militancia territorial desarrollados de manera paradigmática en determinadas regiones, sobre todo en La Matanza y el eje sur del conurbano bonaerense, la que explica tanto la riqueza como la diversidad del movimiento piquetero, al tiempo que nos anticipa algo acerca de su fragmentación inevitable.

La heterogeneidad y la variedad de corrientes al interior del espacio piquetero son crecientes. Con el fin de presentar las organizaciones de desocupados más importantes, podemos dar cuenta de las diferentes orientaciones políticas. Estas se pueden comprender a partir de tres lógicas principales que están presentes, con peso desigual, en todos los grupos que se constituyeron en los últimos años: una lógica sindical, una político-partidaria y una de acción territorial. En primer lugar, las formas de organización de los piqueteros reconocen una fuerte impronta sindical, marcada ya sea por la intervención directa de sindicatos en la organización de desocupados –como es el caso de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), ligada a la Central de Trabajadores Argentinos–, o simplemente por la presencia de referentes que han tenido una trayectoria de militancia sindical.

En segundo lugar, los partidos políticos de izquierda que han aportado sus estructuras a los movimientos marcan la presencia de otra lógica distinta de organización. Así, el Polo Obrero (dependiente del Partido Obrero, de raíz trotskista), Barrios de Pie (Partido Patria Libre, suerte de populismo de izquierda), Movimiento Territorial de Liberación (Partido Comunista Argentino) o el Movimiento Teresa Vive (ligado al trotskista Movimiento Socialista de los Trabajadores), representan ejemplos paradigmáticos en los cuales la organización de desocupados es subsidiaria de sus orientaciones políticas. Aquí, la política en sentido institucional y electoral aparece como un objetivo claro a ser alcanzado.

En tercer lugar, muchas organizaciones piqueteras se generaron en torno de liderazgos de tipo barrial, frecuentemente con antecedentes militantes, pero que han mantenido una desvinculación total con las lógicas sindical y partidaria y, por tanto, han dado una impronta más localista y autocentrada a los movimientos. Como ejemplos pueden citarse a los distintos Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) que integran la Coordinadora Aníbal Verón o, incluso, a los diferentes movimientos de desocupados que se conformaron en el interior del país –como, por ejemplo, la emblemática Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi en Salta– y que decidieron no integrar ninguna de las grandes corrientes de nivel nacional.

En muchos casos, las lógicas de construcción política aparecen fuertemente entremezcladas en las organizaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que, tiene una fuerte impronta sindical en relación con sus orígenes (y constituye la organización más numerosa a nivel nacional), al tiempo que la mayor parte de sus referentes son también militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR), de filiación maoísta; el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), agrupación independiente, de inspiración guevarista, o aún en el controvertido Movimiento de Jubilados y Desocupados (MIJD), que presenta un fuerte estilo movimientista, de gran exposición mediática, representan también casos en los cuales la lógica territorial y política aparecen entremezcladas y en tensión permanente.

b ) Las relaciones con el Estado

La trayectoria del movimiento piquetero conoce diferentes momentos o etapas. En primer lugar, las incipientes organizaciones de desocupados entablaron una relación conflictiva con el gobierno peronista de Menem, en muchos casos emergieron de una lucha “cuerpo a cuerpo” contra sus estructuras clientelistas locales (entre 1996 y 1999); desarrollaron una vertiginosa autonomía durante el gobierno de F. De la Rúa, constituyéndose en este período en un verdadero movimiento social organizado (1999-2001); tuvieron un protagonismo central en las grandes movilizaciones de 2002-2003, instalándose como un indiscutible factor de presión para el gobierno provisional de Eduardo Duhalde (2002-2003), así como del actual, comandado por Néstor Kirchner (2003).

Las relaciones entre organizaciones piqueteras y los sucesivos gobiernos constitucionales no han transcurrido por un único carril. Estas siempre han incluido estrategias y lógicas políticas diferentes, de acuerdo a niveles y jurisdicciones (provincia y nación), que alternan y combinan la negociación, la cooptación con la represión. En este sentido, en términos de negociación, la única política sistemática del Estado nacional para hacer frente a la progresiva crisis de empleo fue el lanzamiento, en 1996, del Plan Trabajar, política que mantuvo siempre (aún en su nueva reformulación del año 2002 –el Plan Jefes y Jefas de Hogar–) una marcada ambigüedad al no constituir ni un seguro de desempleo, ni una política asistencial ni una política de reinserción laboral, sino todas a la vez. Los “planes” (subsidios) fueron el núcleo que estructuró la política de contención del gobierno, convirtiéndose, con el correr de los años, en el centro de la negociación con las organizaciones, para poner fin a los cortes de ruta. Así, de un volumen inicial de aproximadamente 200.000 subsidios vigentes en 1997, esa cifra había aumentado a 1.300.000 en octubre de 2002. Actualmente, según estimaciones oficiales, el Plan Jefas y Jefes de Hogar alcanza a más de 2.000.000 de personas³. Es importante señalar que sólo cerca del 10% de estos planes sociales son directamente controlados por las organizaciones piqueteras.

Sin embargo, bien podría afirmarse que durante los noventa, más allá del otorgamiento de los planes sociales, la represión fue una de las variables configuradoras de la política neoliberal. En efecto, la vertiginosa pérdida de derechos (sociales, laborales) estuvo acompañada por el endurecimiento del contexto represivo, visible en el aumento y pertrechamiento de las fuerzas represivas. El ejemplo más elocuente fue el de Gendarmería nacional, que pasó del cuidado de las fronteras, al control y represión de los conflictos sociales provinciales. La represión abarca desde pueblos sitiados, asesinatos, hasta permanentes hostigamientos a dirigentes y militantes⁴. A su vez, la política represiva se acompañó por un proceso de judicialización de la protesta, que eleva a más de 3.000 los procesados, la mayoría acusados de“interrumpir el tránsito”, o bien, por el delito de “sedición”⁵.

Por último, otra de las estrategias desplegadas por los diferentes gobiernos respecto de las organizaciones piqueteras es la cooptación, a través de prebendas o más sencillamente de un “tratamiento privilegiado” dirigido a los sectores menos díscolos de la protesta. La hipótesis de la cooptación comenzó a perfilarse como una de las tendencias centrales a partir del gobierno peronista de Kirchner, en mucho alimentada por aquellos funcionarios y organizaciones sociales que ven en el nuevo presidente la posibilidad de un retorno a las “fuentes históricas” del justicialismo. Esa apuesta, que se vincula con las altas expectativas que el gobierno de Kirchner despertó en amplios sectores de la población, se apoya también en la existencia de determinados grupos muy cercanos al ideario nacionalpopular, al interior del cada vez más diversificado espacio piquetero. En efecto, la constelación piquetera incluye no solo aquellas visiones contestatarias de neto corte anticapitalista sino también un amplio abanico de organizaciones que reenvía una fuerte matriz populista⁶; todo lo cual vuelve a poner en el tapete, una vez más, el fuerte peso de la cultura peronista en los sectores populares.

Por otro lado, la estrategia desarrollada por Kirchner durante su primer año de mandato fue “exitosa”, no sólo en términos de cooptación de las corrientes afines, sino de control y de aislamiento del movimiento piquetero, sobre todo de aquellas corrientes que apostaron a la confrontación abierta con el gobierno⁷.

II. Nuevas prácticas, nuevos modelos de construcción política

La lectura que sostenemos aquí es que las organizaciones piqueteras han sido y son portadoras de valores sociales y políticos antagónicos, que interpelan y recrean las concepciones institucionalistas, tradicionales y dogmáticas de la política. Estos valores antagónicos hacen referencia a una concepción de la práctica y la construcción política, ilustradasde manera desigual, por diferentes organizaciones, a través de la acción directa, la dinámica asamblearia y las incipientes experiencias de autogestión.

Ahora bien, esto no significa ignorar que los movimientos piqueteros están atravesados por grandes tensiones, visibles tanto en la acentuada heterogeneidad ideológica como en fragmentación organizacional. Así, por ejemplo, tanto la proliferación de grupos, como el protagonismo creciente de los partidos de izquierda, plantean nuevas dificultades, no sólo respecto de la autonomía de la organización territorial, sino también de la manera como se articulan las diferentes dimensiones de la acción colectiva. Por otro lado, la fuerte presencia de componentes pragmáticos, parece vincular a los grupos a una dinámica más acorde a un “movimiento social urbano”, de tipo reivindicativo, que a aquella propia de un movimiento social antagónico. De hecho, estas cuestiones aparecen actualizadas en el presente. Sin embargo, por encima de estas tensiones, ciertos movimientos han logrado consolidar una práctica novedosa, disruptiva, orientada a la politización de lo social. Veamos de qué se trata ello.

a) La acción directa: las figuras del piquete

Desde un comienzo, los piquetes –los cortes de ruta– fueron la forma central como los reclamos de distintos sectores sociales afectados por el proceso de desestructuración económica, adquirieron visibilidad. Pese a que, en un principio, los piquetes tuvieron un carácter multisectorial (según lo ilustran los primeros cortes en el interior del país), están indisociablemente ligados a los reclamos de los desocupados, configurando sin duda uno de los ejes centrales de la historia piquetera.

En tanto metodología de acción directa, el piquete conoce diferentes inflexiones, pues puede tomar un carácter parcial o total, puede tratarse de un corte de ruta o un corte de acceso a empresas; más recientemente, puede tomar la forma de un “acampe” frente a las oficinas de un ministerio o secretaría de gobierno, puede ser seguido de una ocupación. En fin, con el tiempo, en tanto formato modular, el piquete fue insertándose en un espacio de tensión, atravesado por fuertes tendencias tanto a la disrupción, como a la institucionalización.

Como bien señala Pérez (2001), el piquete trajo consigo la vuelta de los “cuerpos” a la política argentina. Sin embargo, lo propio del piquete, en tanto nueva metodología de acción, es que éste estableció un nuevo umbral de significación del conflicto social, en el cual convergían la desocupación extrema y el hambre. En este sentido, la participación de las mujeres en los piquetes fue fundamental, pues éstas aparecieron como la expresión más auténtica e incuestionable de la situación de emergencia familiar y social. Así, las mujeres –en su mayoría acompañadas por sus hijos–, no solo se encontraron en el centro de la nueva protesta (siendo las primeras piqueteras, junto con militantes y ex-delegados sindicales), sino que –como ya había sucedido con las madres de Plaza de Mayo– en tanto vehículo “desideologizado” de las necesidades de la familia, contribuyeron de manera crucial a politizar el tema del hambre y la desocupación.

La nueva política de los cuerpos instaló las demandas en una dimensión material –el hambre, la urgencia de las necesidades básicas, conjugado con otros temas disruptivos, la desocupación masiva y la exclusión–. Esto explica su carácter altamente movilizador y por momentos irreductible, así como ayuda a entender ciertas resonancias ambiguas que su alta visibilidad –y más allá de la molestia objetiva–, produce en diferentes sectores de la población. Por un lado, en su carácter radical, el piquete tiende a poner de relieve la irracionalidad del actual modelo de acumulación, que demanda el sacrificio de una mayoría en nombre de la inclusión de una minoría. Por otro lado, como metodología de lucha, aparece como la única alternativa de visibilidad de parte de aquellos que lo han perdido todo, y a quienes el modelo vigente tiende a invisibilizar. Parte del carácter perturbador o irritante que posee el piquete en tanto formato de acción, no se debe solamente a que éste impide la libre circulación de personas y mercancías, o al estado de saturación al que conduce su reiteración sistemática (como producto del inevitable conflicto de derechos en el uso del espacio público). Si desde adentro, el piquete tiende a configurarse como el lugar de producción de una identidad positiva, desde afuera aquel tiende a aparecer como el espacio de producción de una alteridad amenazante, que da cuenta de la existencia de “otros mundos”, nunca demasiado lejos, en contextos de alta inestabilidad y movilidad social descendente como el que atraviesa la Argentina.

En otro orden, la reiteración del piquete como metodología de acción, por un lado, y la institucionalización de los planes sociales, como demanda, por el otro, han contribuido a la construcción de un estereotipo negativo sobre el cual se deslizan las lecturas reduccionistas y unilaterales del fenómeno piquetero, que tienden a ignorar las otras dimensiones –menos visibles y por ende menos espectaculares–, de la acción colectiva.

b) La inflexión asamblearia. Prácticas cotidianas y modelos de sociedad

Desde el origen, el movimiento piquetero desarrolló una fuerte impronta asamblearia. En su expresión más “ordinaria”, éste implica el desarrollo de prácticas de democracia directa, visible tanto en los diferentes niveles organizativos (local, regional, nacional), como en los diversos espacios de acción (la organización y vida cotidiana en el barrio, los piquetes y las movilizaciones). Sin embargo, el tipo y el grado de cristalización del modelo asambleario en los distintos espacios de acción está relacionado directamente con la lógica de construcción política de cada corriente. Así, las variantes existentes son numerosas, desde aquellas corrientes que colocan el modelo asambleario en el centro de la práctica política (entre ellos, los grupos independientes MTR, MTD, aunque también la CCC), y buscan profundizar las formas de la democracia directa; aquellas otras que insertan el formato asambleario dentro de modelos tradicionales de liderazgo, más bien de tipo movimientista (MIJD, FTV); finalmente, aquellas que tienden a limitar la potencialidad de la dinámica asamblearia a través de la creación de estructuras centralizadas de autoridad, en muchos casos, dependiente de los partidos políticos (PO, MTL, MST).

Por otro lado, la real potencialidad de las prácticas de democracia directa dependen, en mucho, del tamaño de las organizaciones. En la medida en que éstas se constituyen en actores masivos, el esfuerzo por mantener una dinámica asamblearia que conjugue horizontalidad y diversidad de competencias, se torna más complejo y aleatorio; y ello, más allá del esfuerzo que cada una de las corrientes realice por crear instancias de coordinación o de centralización organizativa.

En resumen, la dinámica asamblearia es, desde varios puntos de vista, un lugar de potenciación de la política: ella permite instaurar un espacio de deliberación y de toma de decisiones más democrático y participativo; contribuye a formular un sentido más colectivo de lo político, al tiempo que posibilita una reconstrucción de la identidad individual a través de la revaloración de las competencias y las experiencias, tan castigadas por el proceso de descolectivización que está en la base de la desocupación y la precarización laboral.

En su expresión extraordinaria, el modelo asambleario aparece como la forma más genuina de auto-organización popular, sea como figura del “contrapoder”, del “poder popular” o de “nuevo poder”. Más simple, como la simbiosis acabada de poder instituyente y gobierno paralelo. En este sentido, la historia piquetera se nutre de distintas experiencias, expresadas a cabalidad por los diferentes levantamientos populares que sacudieron la Argentina de los años noventa. Así, los hechos de Cutral Có y Plaza Huincul (Neuquén), en 1996, marcaron el inicio de una fuerte dinámica asamblearia que prontamente retomarán otras grandes movilizaciones del período (Tartagal- Mosconi, Jujuy, Corrientes); que luego cristalizará en determinados formatos organizativos dentro de las estructuras de los grupos piqueteros. En fin, esta dinámica encontrará una nueva inflexión, por fuera del universo piquetero, en el proceso asambleario iniciado en la Capital Federal y en otros lugares del país a partir de diciembre de 2001.

Un nuevo ciclo político que se abre entonces en las lejanas localidades del sur, en la ruta nacional 22, en 1996, con una única consigna, “¡Que venga Sapag!”⁸ y que, de alguna manera, se cierra en Plaza de Mayo y en el Congreso Nacional, en 2001, en los centros mismos del poder ejecutivo y legislativo, con una multitud que corea la consigna “¡Que se vayan todos!”. La distancia entre una consigna y otra nos marca a las claras el proceso creciente de disociación entre el sistema político y las formas autoorganizadas de lo social acaecido en la Argentina. Pues la consigna “Que venga Sapag” anunciaba la ruptura de las mediaciones, pero no implicaba por ello el cuestionamiento del principio mismo de representación política, sino más bien una demanda de negociación directa con la autoridad máxima, el gobernador de la provincia. La crisis y desaparición vertiginosa de los marcos sociales y económicos de dos pueblos petroleros había originado un proceso inédito de desestructuración. Expulsados, los individuos habían encontrado un nuevo anclaje comunitario en un discurso que apelaba a la “reparación histórica” y proponía la recreación de un nuevo pacto social. En cambio, la consigna “Que se vayan todos”, que se generaliza a partir de diciembre de 2001 y atraviesa el año 2002, puso al descubierto el rechazo del principio mismo de representación política. En este sentido, en las grandes ciudades, como Buenos Aires, la multitud no pedía por nadie; o más bien, exigía sin más el retiro de los representantes políticos. Anunciaba entonces el final de un contrato social, que coincidía, claro está, con el colapso del modelo de convertibilidad, que había comenzado con la liquidación de los eslabones más débiles.

Yendo más lejos, si retomáramos los análisis de Virno y Negri, podríamos afirmar que existe una gran distancia entre el tipo de desarraigo que experimentó el “pueblo” de las provincias, en 1996- 1997, autoconcebido principalmente a través de la figura de la comunidad excluida (realizando la separación entre un “adentro” y un “afuera”), que exigía en virtud de ello la re-integración social y económica; y aquel otro proceso que caracteriza el movimiento iniciado en 2001, donde la “multitud” heterogénea reunida en asambleas compartía el hecho de “no sentirse en casa”; instalando de esta manera la experiencia del desarraigo “en el centro de la propia práctica social y política” (Virno, 2003, p.24-28).

Pero, digámoslo de una vez: entre el conglomerado comunitario que se concibe como “pueblo” y exige su (re)integración; y la “multitud” que se afirma en la separación y el desarraigo, se despliega un convulsionado proceso histórico-social que envuelve y va jalonando las múltiples experiencias de las organizaciones piqueteras. A decir verdad, estas experiencias, que se insertan en la trama misma de un duro proceso de descolectivización, oscilan entre la nostalgia tranquilizadora del “pueblo-trabajador” o del “pueblo-nación” y el insoportable desamparo de la “multitud posmoderna”, sin encontrar verdadero anclaje ni en una ni en otra.

c) De la descolectivización al trabajo comunitario. Los caminos a la autogestión

La teoría social ha acuñado varias categorías para conceptualizar la sociedad en la época de la globalización: “sociedad red” (M. Castells), “modernidad tardía” (Giddens), “sociedad del riesgo” (Beck) o “sociedad mundial” (Luhmann), “Imperio” (Negri & Hardt) entre ellas. Más allá de las profundas diferencias teóricas y políticas que encubren estas categorizaciones, lo cierto es que la mayoría de los autores coinciden en señalar no sólo la profundidad de los cambios sino también las grandes diferencias que es posible establecer entre la más “temprana” Modernidad y la sociedad actual. Para todos, el nuevo tipo societal se caracteriza por la difusión global de nuevas formas de organización social y por la reestructuración de las relaciones sociales; en suma, por un conjunto de cambios de orden político, económico, tecnológico y social que apuntan al desencastramiento de los marcos de regulación colectiva desarrollados en la época anterior. Producto de este desencastramiento es el proceso compulsivo de individualización, visible en la exigencia de autoregulación, autonomía y auto-organización, que recorre hoy las sociedades.

Ahora bien, a diferencia de los países del centro altamente desarrollados, en donde los dispositivos de control público y los mecanismos de regulación social suelen ser más sólidos, así como los márgenes de acción política más amplios, en las sociedades del capitalismo periférico, donde tradicionalmente las dificultades de “devenir-individuo” han sido mayores, la implantación del orden neoliberal profundizó los procesos de desintegración social, multiplicando las desigualdades y la pobreza. De manera más concreta, en Argentina, la radicalidad y, en muchos casos, la vertiginosidad con que se llevaron a cabo estas transformaciones, durante la década menemista, se expresaron por un inédito proceso de descolectivización⁹.

La verdadera dimensión de estas mutaciones sólo puede comprenderse si tenemos en cuenta que hasta hace poco tiempo la Argentina era uno de los pocos países latinoamericanos que desarrolló una “sociedad salarial” (R. Castel): un país caracterizado no sólo por la expansión de las clases medias, sino por la existencia de amplios sectores pertenecientes a la clase trabajadora, relativamente bien integrados en términos de derechos, protección social y estabilidad laboral¹⁰. En este sentido, es sólo a partir de los setenta que este país realiza un pasaje acelerado a la informalidad y la precariedad –estructural, o de larga data en otros países latinoamericanos–, y, de manera más enfática, a partir de los noventa, cuando el proceso de reforma estructural impulsa una dinámica descolectivizadora que arrastrará a sectores fuertemente asalariados.

La descolectivización se convirtió en un poderoso des-identificador, abarcando diferentes categorías sociales, desde grupos considerados como “pobres estructurales” con una trayectoria marcada por la vulnerabilidad social y la precariedad laboral, pasando por segmentos de la clase trabajadora industrial, que hasta hace poco tiempo contaban con un trabajo más o menos estable, hasta sectores de clases medias empobrecidas, que en el último decenio vieron reducidas drásticamente sus oportunidades de vida. Así, el proceso terminó por desbordar la estrechez conceptual de las categorías preexistentes: los nuevos excluidos no constituían completamente una “masa marginal”¹¹, pero tampoco solamente podían identificarse al llamado “ejército industrial de reserva”. Más bien, el conglomerado emergente parece reenviar a la figura de un nuevo proletariado marginal, multiforme y heterogéneo, al que une ciertas condiciones de vida y experiencias comunes básicas, al tiempo que separan la existencia de trayectorias laborales y saberes muy dispares, así como la desigualdad en los recursos culturales y simbólicos.

Ahora bien, como hemos dicho, a partir de 1996 los piqueteros abrieron una brecha en el mundo descolectivizado de este proletariado marginal, al crear redes de solidaridad, a partir de la movilización y la auto-organización colectiva. Poco a poco, pese al déficit comunitario, la auto-organización compulsiva de lo social abrió las puertas a nuevas experiencias, asociadas a la autogestión, lugar desde el cual los individuos pudieron volver a pensarse y recrearse como trabajadores y, por ende, de reencontrar su dignidad.

El punto de partida de esta experiencia de “recolectivización” fue la resignificación de los planes sociales. Esto sucedió a partir de 1999, cuando las organizaciones piqueteras lograron el control directo de los planes sociales, y pudieron orientar así la contraprestación exigida (4 horas diarias de trabajo), hacia el trabajo comunitario en los barrios. A partir de ello, los planes sociales comenzaron a ser tematizados en discusiones que rozaron muy de cerca un problema fundamental, a saber: ¿qué se entiende en este contexto por trabajo “genuino”? La respuesta a esta gran pregunta pondría al descubierto, desde otro punto de vista, las grandes diferencias que en términos estratégicos recorren a las organizaciones piqueteras.

En el interior del país, la distribución masiva de planes permitió hacer frente a situaciones de desprotección total. Sin embargo, en varios casos los planes fueron recibidos como salarios y la obligación de desarrollar una contraprestación laboral fue rápidamente asumida. Así, se produjeron situaciones paradójicas, pues fueron las propias organizaciones las que crearon los marcos necesarios para poder llevar adelante los proyectos, dando origen a verdaderas experiencias de autogestión. Esta situación es ilustrada de manera paradigmática por la experiencia de la UTD de Mosconi, en Salta, suerte de modelo de autogestión comunitaria, que ha impactado fuertemente en otras organizaciones independientes. Asimismo, el desarrollo de ciertos proyectos –específicamente de huertas comunitarias y panaderías–, se orientó a la (re)construcción de mini economías de subsistencia que permitieron hacer frente a las situaciones de hambre.

Por otro lado, en las líneas nacionales, la inclusión de los planes sociales en las lógicas de construcción política fue menos una decisión de las organizaciones que producto de la presión de las bases frente a los contextos de urgencia y necesidad. Sin embargo, su aceptación supuso que implícita o explícitamente, cada una de las organizaciones se diera debates o tomara decisiones respecto de sus formas organizativas, de las claves de sus inscripciones territoriales y, fundamentalmente, de la manera en que se retematizaba la noción de trabajo.

Al respecto es necesario reconocer que para gran parte de las organizaciones, la fuerte herencia de la sociedad salarial –en su impronta fabril–, marca todavía la concepción de lo que se entiende por trabajo genuino y el horizonte de su reconstrucción. Así, la experiencia de la autogestión aparece asociada de manera natural a la esfera de la “fábrica”, pero no necesariamente al impulso de una economía alternativa.

En realidad, son las organizaciones independientes¹² las que han ido más lejos en la tematización de los planes sociales, reapropiándose de manera tal que los han integrado a sus propios proyectos de construcción política. De esta manera, los planes sociales forman parte de una estrategia mayor, la de crear nuevos lazos culturales y sociales dentro del mundo popular, con vista al desarrollo de formas de economía alternativa y solidaria, respecto de la producción capitalista. De allí la importancia que cobra el trabajo territorial y la insistencia en ampliar y potenciar su horizonte, tanto en términos económicos, como culturales y simbólicos.

En fin, salvo casos excepcionales, estas experiencias de autonomía no plantean la automarginación (esto es, una suerte de repliegue comunitario), ni tampoco el rechazo a la producción de un excedente. Por ello mismo, no es raro que la discusión –dinámica asamblearia mediante– se encamine a determinar qué hacer con el excedente, (“la parte maldita”, ésa que según Bataille (1967), diferencia también a una sociedad de otra), ya presente de alguna manera en las fábricas gestionadas por los trabajadores¹³.

d) Matrices ideológicas y sujetos políticos

Antes de dar cuenta rápidamente de las diferentes concepciones del sujeto político, es necesario volver sobre la cuestión del peso de la cultura peronista. El tema, por demás espinoso y complejo, puede ser presentado desde varios ángulos. En principio, hay que tener en cuenta que, por debajo de las diferentes trayectorias sociales, y más allá de la mayor o menor cercanía con el mundo obrero-industrial, las bases sociales que componen las organizaciones piqueteras siguen aludiendo a una suerte de matriz común peronista. Así, para casi todos los militantes y adherentes que componen hoy las organizaciones piqueteras, el peronismo continúa expresando un sentimiento de base que persiste, independientemente de la emergencia de nuevas prácticas y experiencias políticas¹⁴. Sin embargo, para otros, las referencias aparecen como el reconocimiento de una tradición, de un pasado, posible de ser actualizado por una retórica plebeya, de claras connotaciones “evitistas”¹⁵.

Es sin duda esta persistencia la que explica la constante y renovada tentación argentina de recrear “lo nacional y popular” en el seno de lo nuevo. Así, las referencias al peronismo funcionan, a la manera de un significante flotante (Laclau: 2000) como un artefacto cultural que puede ser articulado en sentidos diferentes y aún opuestos. Esta posición es ilustrada por diversas agrupaciones que apuestan a la reconstrucción del Estado nacional, a partir de la consolidación de un nuevo liderazgo, en la persona de Néstor Kirchner, sostenido y apoyado por un “pueblo-trabajador” movilizado, en tanto sujeto político¹⁶. A nivel continental, dicho “proyecto nacional” impulsa la idea de conformar un polo latinoamericano, bajo la figuras de Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Kirchner en Argentina y, eventualmente, Evo Morales en Bolivia.

En fin, mientras los grupos ligados a los partidos de izquierda, impulsan la imagen de la clase revolucionaria como sujeto político, y aparecen como más proclives a la movilización callejera que a la construcción política y el trabajo comunitario en los barrios, los grupos independientes, sin renunciar a la movilización, privilegian la temporalidad de la problemática barrial, preocupados por la creación de ámbitos y esferas de producción de nuevas relaciones sociales (el nuevo poder o el poder popular), condición sine qua non para la conformación de un nuevo sujeto político.

Conclusión

Los elementos de recomposición social y política que han aportado las organizaciones piqueteras señalan una importante continuidad entre lo realizado en las rutas y la tarea efectivamente llevada a cabo en los barrios. La acción colectiva colocó en el centro del discurso y del autoreconocimiento la cuestión de la dignidad. En la ruta, el piquete instaló la confrontación como modelo de acción, al tiempo que apareció como un lugar de recreación identitaria. Esto permitió pensar la experiencia de la desocupación desde un nuevo lugar y revestirla de otras dimensiones. Fue sin duda desde esta experiencia primera que nuevas formas de hacer política asomaron en el devastado mundo popular.

A lo largo de los años, la acción se continuó en la tarea de los barrios, a partir de la organización del trabajo comunitario, centrado en la resolución de las cuestiones más elementales y urgentes de sobrevivencia. Una tarea a todas luces menos espectacular que el corte de ruta, y por eso también menos “visible” para el resto de la sociedad. Pese a la urgencia, el trabajo comunitario fue desembocando en la exigencia de dotar de mayor espesor a las profusas experiencias de autogestión. No es extraño por ello que, detrás de las nuevas estrategias de intervención territorial asome un universo auto-organizado que poco debe a la tradición sindical argentina (donde la cuestión de la autogestión –a través del control de la producción– está poco presente), como tampoco a la influencia de una matriz comunitaria (como sucede en los países andinos y en los movimientos de corte indigenista).

En este artículo hemos procurado poner el acento en los aspectos más novedosos desarrollados por las organizaciones piqueteras. Por cuestiones de espacio, hemos decidido no abordar otras problemáticas. Pero sin duda, los cambios producidos a partir del ascenso de Kirchner al poder, significaron el fin de los “tiempos extraordinarios” y la recomposición – aunque relativa y precaria– del sistema institucional. En este sentido, la nueva situación actualiza ciertos interrogantes, al tiempo que plantea nuevos desafíos a las organizaciones piqueteras. Entre éstos, mencionaremos solo cuatro: el primero se refiere a la necesidad de producir instancias de coordinación política, que mitiguen los efectos de la fragmentación del espacio piquetero, en un contexto de cooptación y de rechazo de la población a la movilización. El segundo, alude sobre todo a los movimientos ligados a partidos de izquierda, los cuales deberán repensar el alcance y los efectos políticos de sus lógicas de acción y construcción, centradas en la pura movilización callejera. El tercer desafío engloba a todos los movimientos, y se refiere a las consecuencias políticas y culturales de la dependencia respecto del Estado, a través de los planes sociales. En fin, el cuarto desafío alude a la necesidad de buscar cruces y vínculos con otros sectores, en especial con los sindicatos y las clases medias; una cuestión a todas luces fundamental en un contexto de creciente aislamiento, y vista la dificultad –histórica– que las organizaciones de desocupados tienen para interpelar otros sectores sociales.

Así, con menos discursos triunfalistas, con mayores riesgos de cooptación y de aislamiento, en un contexto de fuerte polarización político- ideológica y de rechazo a las movilizaciones callejeras, la etapa que se abre trae consigo nuevos desafíos, entre los cuales se destaca la tarea de profundizar la experiencia de la autogestión y la democratización interna, así como la necesidad de crear articulaciones políticas, no solo al interior del espacio piquetero, sino muy especialmente con otros sectores sociales.

Citas

1 Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la tasa de desempleo subió de 6,9% en 1991 al 18,4% en 1995. Actualmente, y luego de un nuevo pico de 21,5% en 2002, el desempleo es de alrededor del 16,6%. Pero si incluimos el conjunto de los desocupados (esto es, si sumamos los beneficiarios de los planes sociales), la tasa de desempleo llega al 21.4%.

2 Durante la década del noventa se creó una nueva central sindical de oposición a la CGT: la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), conformada por sindicatos de empleados estatales y maestros. Esta fue la única oposición sindical a las reformas económicas y el único polo sindical que rompió definitivamente con el Partido Justicialista (nombre oficial del partido peronista).

3 Para estimaciones oficiales, véanse los documentos de Siempre, entre ellos “Plan Jefes y Jefes de Hogar Desocupados. Impacto y características de los beneficiarios”, febrero de 2003 (www.siempro.gov.ar). El subsidio es de $150 (50 dólares) por mes.

4 Todos los gobiernos, en algún momento, se han orientado hacia el disciplinamiento del movimiento piquetero, proponiendo una distinción entre una “protesta legítima” y otra “ilegítima”, acudiendo en más de un caso a la judicialización y, en el límite, como sucedió en junio de 2002, a la represión selectiva de los grupos más movilizados. Sin embargo, existen diferentes estrategias al respecto. Así, entre 1996 y 2002, los sucesivos gobiernos intentaron deslegitimar la protesta piquetera asociándola con un “rebrote” de violencia guerrillera o con un supuesto “plan conspirativo” para derrocar el gobierno. Actualmente, la estrategia de deslegitimación apunta a enfatizar la contraposición entre movilización callejera y “normalidad institucional”, lo que en el límite, desemboca no solo en una imagen estigmatizante de las movilizaciones, sino en la de una democracia “acosada” por las agrupaciones Piqueteras

5 Cierto es que las nuevas protestas plantearon un conflicto de derechos, tanto a nivel nacional como provincial (particularmente entre la libertad de peticionar y la de circular libremente). Sin embargo, en una gran parte de los casos la justicia se ha venido pronunciando, sin mayor reflexión, en favor del derecho de libre circulación, penalizando las nuevas formas de protesta. Más aún, en ciertas provincias del interior, de raigambre feudal (Salta, en el norte argentino, es un caso paradigmático), los distintos órdenes del poder estatal han demostrado una hostilidad militante hacia la protesta piquetera, dando cuenta de una fuerte tendencia por reducir sin mayores contemplaciones la “cuestión social” a un hecho policial.

6 De manera esquemática, podemos afirmar que los vértices del triángulo populista son: uno, el principio de la conducción a través de un líder; dos, el proyecto del pacto social como eje de la redistribución; y tres, el principio de la movilización popular –la figura del pueblo–.

7 El tema es controvertido, pues la campaña de rechazo y estigmatización social de la protesta que acompañó la estrategia del gobierno de Kirchner fue generalizada (esto es, englobó a todo el movimiento piquetero, sin distinción de corrientes), y conllevó la reducción del movimiento a su estrategia de lucha (la figura del piquete). Al mismo tiempo, ésta tuvo como base la abierta oposición al gobierno de los grupos piqueteros dependientes de los partidos de izquierda, quienes llevaron al extremo la tentación de la disolución del movimiento a la pura movilización callejera. 8 Sapag era, en ese entonces, el gobernador de Neuquén, provincia petrolera situada al norte de la Patagonia.

8 Con el término “descolectivización” hacemos referencia a la pérdida de aquellos soportes colectivos que configuraban la identidad del sujeto (sobre todo, referidos al mundo del trabajo y la pertenencia social) y, por consiguiente, a la entrada a un período de “individualización” de lo social. Estamos retomando libremente la noción empleada por R.Castel (1994 y 2000).

9 Con el término “descolectivización” hacemos referencia a la pérdida de aquellos soportes colectivos que configuraban la identidad del sujeto (sobre todo, referidos al mundo del trabajo y la pertenencia social) y, por consiguiente, a la entrada a un período de “individualización” de lo social. Estamos retomando libremente la noción empleada por R.Castel (1994 y 2000).

10 Ciertamente, la Argentina estaba lejos de ser una sociedad “desarrollada” y mucho menos una supuesta encarnación de la “justicia social”. Aún así, es innegable que, hasta no hace mucho tiempo, era un país recorrido por una lógica más igualitaria y por una distribución de la riqueza mucho menos inequitativa que la actual.

11 Muchos recordarán las teorizaciones desarrolladas a fines de los sesenta por varios intelectuales latinoamericanos (J.Nun, M.Murmis, A.Quijano, entre otros) acerca de la denominada “masa marginal” o “polo marginal”, tesis que sostiene que, en nuestras sociedades periféricas, tradicionalmente los individuos han dependido menos de los mecanismos de integración sistémica (proporcionados por el Estado o por un mercado suficientemente expandido), y más, mucho más, de las redes de sobrevivencia que la sociedad ha ido generando desde sus propios contextos de pobreza. Esto implica afirmar que, aunque la indigencia y la vulnerabilidad se hayan multiplicado de manera alarmante en los últimos decenios, en muchos países latinoamericanos, el desempleo no refleja una situación del todo novedosa; más aún, el corte entre ocupación y desocupación no aparece del todo claro (Murmis: 2000), dada la existencia –endémica– de la precariedad y de situaciones de informalidad laboral

12 Como los MTD de la Coordinadora A. Verón, el Movimiento Teresa Rodríguez y otras agrupaciones más pequeñas.

13 Subrayemos que en el último año los “proyectos productivos” han tomado una gran importancia para la mayor parte de las organizaciones, aún para aquellas que se mostraban reticentes a impulsar esta vía. Esto se debe a que, a fines de 2003, las organizaciones piqueteras recibieron importantes subsidios financieros del gobierno (contra la presentación de proyectos) para el desarrollo de emprendimientos productivos. En algunos casos, éstos conllevan la posibilidad de dar un salto cualitativo en sus experiencias de autogestión. La cuestión no es menor, si tenemos en cuenta que hasta ahora las organizaciones piqueteras han evolucionado en el marco de economías de subsistencia. Así, frente a la posibilidad de generar experiencias de autogestión que superen este plano –aun en una situación de gran precariedad–, emergen nuevos desafíos. Muy probablemente, estas experiencias se convertirán en una verdadera prueba de fuego para determinadas organizaciones, en lo que respecta a su capacidad de transformación de las prácticas capitalistas.

14 Recordemos también que el desarrollo del movimiento piquetero estuvo acompañado por la generalización de la crítica al sistema clientelar peronista. Esto profundizó la distancia entre las organizaciones piqueteras y las formas de representación del peronismo político y sindical. Sin embargo, en los últimos años el crecimiento de las organizaciones piqueteras se ha asentado también en la incorporación de mediadores barriales o agentes comunitarios anteriormente ligados al partido peronista. En este sentido, la transformación del habitus “clientelar” de los mediadores, así como de la perspectiva asistencialista, propia de los “beneficiarios”, en nueva práctica política está lejos de ser algo mecánico y requiere, ciertamente, una profundización no sólo de la dinámica asamblearia, sino también una definición más clara del horizonte político.

15 Nos referimos a Eva Perón, la esposa de Juan D. Perón, que desde el comienzo ha simbolizado el costado más plebeyo y disruptivo del peronismo.

16 En realidad, desde el punto de vista de su configuración político-ideológica, el mayor problema que estas visiones presentan no es tanto su carácter ciertamente nostálgico, sino la imposibilidad de renunciar a pensar la idea de la constitución de un actor por fuera de una matriz populista-peronista. Quizá el desafío mayor esté en la manera en como se recrea esta matriz, en términos de prácticas políticas; de lo contrario, el riesgo será terminar –tarde o temprano– por ser funcional al peronismo dominante. En ese sentido, la historia argentina es bastante aleccionadora, y el presente actual, vuelve a plantear una vez más estos interrogantes.

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Detalles

Última actualización en 29 Julio 2017

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Medios, protesta y experiencia en Argentina

Mídia, protesto e experiência na Argentina

Media, protest and experience in Argentina

María Graciela Rodríguez*

* Profesora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Doctoranda en Ciencias Sociales, Magíster en Sociología de la Cultura. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Resumen

El objetivo de este artículo es dar a conocer algunas hipótesis acerca de los modos como se construyen los relatos sobre las protestas populares en Argentina. Para ello expongo los resultados de una etapa de la investigación en la cual se han confrontado el análisis discursivo de textos de medios de comunicación dedicados a la protesta con un corpus de entrevistas a los protagonistas de estas acciones. Los resultados de dicha confrontación muestran la existencia de dos formas distintas de operar sobre el devenir histórico relacionadas no sólo con la distintiva puntuación temporal de la secuencia de los hechos, sino también con los procesos de enmarcado valorativo y su colocación en una serie histórica.

Palabras clave: protesta popular, narrativas mediáticas, actores, territorio, enmarcado emocional, devenir histórico.

Resumo

O objetivo deste artigo é divulgar algumas hipóteses de trabalho que alcancei em relação a diferentes formas de construção social de protestos na Argentina. Para fazer isso, exponho os resultados de um estágio da pesquisa em que narrativas de mídia de protestos populares foram confrontados com um corpo de entrevistas aos atores dessas manifestações. Os resultados desse confronto indicam que existem duas formas contrastivas de operar sobre o fluxo histórico que estão relacionadas não apenas com a ênfase temporal distintiva dos fatos, mas também com os modos específicos de enquadrar a conta e as articulações que cada uma faz com continuidades históricas E quebra.

Palavras-chave: protesto popular, narrativas de mídia, atores, território, enquadramento emocional, desenvolvimento histórico.

Abstract

The aim of this paper is to publish some working hypotheses I have reached in relation to different ways of social constructing protests in Argentina. In order to do this I expose the outcomes of a stage of the research in which media narratives of popular protests have been confronted to a corpora of interviews to the actors of these demonstrations. The outcomes of that confrontation indicate that there are two contrastive ways of operating on the historical flow which are related not only to the distinctive temporal emphasis of the facts but also to the specific modes of framing the account and the articulations each one makes with historical continuities and breaks.

Keywords: popular protest, media narratives, actors, territory, emotional framing, historical development.

La intención de este artículo es dar a conocer algunos resultados relacionados con una investigación (en proceso)¹ que tiene por objetivo el análisis de la intersección entre los relatos massmediáticos de las protestas populares y los relatos de los practicantes. Trabajamos, básicamente, con sectores populares del Gran Buenos Aires² y con medios de alcance nacional. La idea que nos guía es intentar dilucidar, en las distancias producidas entre las narrativas massmediáticas y los propios relatos de estos sectores, los modos en que se construye una memoria popular de la beligerancia, observando particularmente qué significados se inscriben en los relatos propios.

La hipótesis es que las narrativas periodísticas construyen cada una de las protestas como acontecimiento (Alsina, 1993) ubicándolas en la línea de una lógica de irrupción espasmódica en el espacio de lo público, mientras que los relatos de las experiencias de los actores involucrados se inscriben como eventos³ en una serie histórica de tiempos largos ligada a la memoria de una(s) experiencia(s) de la dominación y de la contestación. Para ello planteamos el abordaje de dos tipos de corpus distintos que, a la vez, exigen herramientas metodológicas diferentes: por un lado el análisis discursivo de textos de medios de comunicación dedicados a la protesta y, por el otro, entrevistas a protagonistas de acciones de protestas populares. Estos dos análisis se confrontan luego, periódicamente, porque entendemos que es básicamente allí donde se hacen evidentes las distancias entre el discurso hegemónico y las operaciones de negociación de los practicantes en posición de subalternidad.

Para organizar esta presentación, en primer lugar brindaremos un sintético ‘mapa’ de los escenarios actuales en el Gran Buenos Aires en relación con los movimientos de protesta y las políticas asistenciales. Paralelamente, describiremos un estado de la cuestión respecto de los análisis académicos producidos sobre los movimientos de protesta. En segundo lugar se presentarán algunos resultados de nuestra investigación vinculados con el análisis de los significado satribuidos a la protesta tanto por los medios de alcance nacional como por los protagonistas efectivos. Se finalizará con un resumen a modo de conclusiones y con la presentación de algunas hipótesis de trabajo que organizan la continuación de esta investigación.

Un (precario) mapa ‘piquetero’⁴

Afirma Farinetti (1999) que las transformaciones en las modalidades de la beligerancia popular en Argentina están marcadas por cuatro factores: el desplazamiento del conflicto laboral desde el área industrial al sector público; la disminución de reclamos por aumentos salariales en relación inversa con las demandas por pagos de salarios adeudados; la reducción inversamente proporcional del total de huelgas sindicales frente a nuevas modalidades de acción colectiva (huelgas de hambre, ollas populares, ‘piquetes’, etc.) y el desplazamiento del destinatario de la protesta desde las instituciones del gobierno central a los provinciales. En este sentido Auyero (2002a) observa que “estas determinaciones externas nunca impactan de manera directa en la protesta” sino, más bien, que se constituyen como parte integrante de un campo de protesta (2002a: 15⁵ que funciona como mediador entre las fuerzas estructurales y las acciones específicas y/o localizadas. Y que éstas son el resultado de prácticas aprendidas en la misma acción del enfrentamiento con el Estado, sedimentadas en un repertorio de acciones colectivas que, emergentes de la propia lucha, se estabilizan en rutinas compartidas y medianamente codificadas a través de un proceso de selección (Tilly, 2002). La hipótesis que sostiene Auyero es que las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001⁶ deben entenderse como “el punto álgido de un proceso de movilización popular que lleva casi una década” (2002b: 145), proceso que en ocasiones llegó a comprometer la estabilidad democrática⁷. Sobre esta cuestión el planteo de Schuster et al. difiere del de Auyero al expresar que los ejes de la protesta de diciembre de 2001 se fueron redefiniendo en torno a dos conflictos particulares que movilizaron a actores diferentes: por un lado, la pelea frontal de los ahorristas claramente pertenecientes a los sectores medios que encontraron, además, una nueva forma de acción política focalizada en las asambleas populares; y por el otro, el conflicto que moviliza a los distintos sectores de desocupados y marginados del sistema cuyo motivo de protesta difiere del primer grupo. La redefinición de la protesta como acción colectiva no fue similar para todos los actores involucrados: mientras que para el primer grupo (los ahorristas) la protesta y sus formas derivadas señalan modalidades de expresión política de algún modo ‘novedosas’, las protestas populares “no constituyen fechas claves en la ya larga lucha de desocupados y piqueteros” (p.8), sino que se cruzan con las dimensiones de la crisis económica y política con bastante anterioridad a diciembre de 2001: “Los desocupados y piqueteros movilizados llegaron al colapso de la economía y la política en la Argentina con varios años de discusión y experiencia sobre las dificultades de su definición identitaria y organizacional” (Schuster et al, 2002:9). En otras palabras, que junto con su construcción en el tiempo, la protesta no sólo definió diversos actores, sino también diferentes recursos, espacios y métodos para la acción.

Si bien, como se observa, las Ciencias Sociales en Argentina han reaccionado con agilidad a la crisis que mostró su desborde el 19 y 20 de diciembre de 2001, los acercamientos fueron heterogéneos y desparejos. En general, cuando nos enfrentamos con la búsqueda de la literatura sobre el tema específico de la beligerancia popular, observamos que la mayoría de los –algunos muy urgentes–⁸ trabajos relacionados con la protesta, son proclives a abarcar todas las acciones beligerantes bajo un mismo denominador común y a enmarcarlas, ya sea en continuidad o en ruptura, en la crisis producida a partir de las jornadas de diciembre de 2001. Es probable que las hipótesis enunciadas al calor de esos sucesos estuvieran impregnadas por la intención de comprender esas jornadas como un momento de algún modo culminante donde la ciudadanía parecía intentar reponer una idea de nación que estaba siendo amenazada. La confusión de algunos analistas puede deberse a que esa noche confluyeron en la Plaza de Mayo tanto los sectores de clase media porteños (con sede en la ciudad de Buenos Aires) como los habitantes del Conurbano. Sin embargo, estos últimos arribaron con varias horas de diferencia respecto de los primeros, a partir de la medianoche, momento en que comenzó la represión y en el cual las clases medias porteñas se retiraron de la Plaza. Por el contrario, muchos habitantes del Conurbano Bonaerense, quienes fueron estigmatizados en un primer momento como los ‘saqueadores’⁹ , o bien no concurrieron (en parte por razón de la distancia geográfica con la Ciudad de Buenos Aires y también por los rumores de que si abandonaban sus casas podían ser saqueados), o bien lo hicieron durante la madrugada del 20, una vez comenzada la represión¹⁰.

Del hecho de que durante el 19 y 20 de diciembre de 2001 ambos grupos sociales confluyeran en la Plaza de Mayo no se puede deducir que se produjera una alianza de clases. Más bien, como afirman Schuster et al., es necesario producir una distinción analítica de los actores. Aún más, es necesario discriminar en el interior mismo del denominado movimiento piquetero los diversos afluentes que lo conforman. En este sentido, Pereyra y Svampa (2003), a partir de una aproximación empírica, afirman que las puebladas de interior y los piquetes del Conurbano Bonaerense son dos movimientos diferentes que confluyeron en la misma denominación de piqueteros. El primero es un conjunto de movimientos localizados que aparecen como reacción ante las privatizaciones de empresas del Estado o ante la descentralización de algunos servicios públicos en lugares donde había una fuerte presencia estatal, presencia que era fuerte no sólo en términos de fuentes de trabajo y/o de servicios, sino también en términos culturales: las empresas del Estado eran comunidades con lazos sociales que significaban una red social comunitaria y cotidiana importante en los pueblos del interior. Por su parte, los movimientos urbanos de protesta que aparecen en el Conurbano comienzan con los cortes de puentes de acceso a la ciudad de Buenos Aires (pronto conocidos como ‘piquetes’), y reclamando por la consecución de planes sociales. Por esta razón, el movimiento piquetero es, según Pereyra y Svampa (2003), un ‘movimiento de movimientos’¹¹ que engloba a los dos afluentes: el del interior del país y el del Conurbano Bonaerense. Entre 1996 y 1997, agregan estos autores, hay una serie de elementos por los cuales el término piqueteros queda definitivamente asociado a estos dos afluentes y estabilizado en torno a la aparición de un nuevo tipo de demanda, nuevos modos de acción beligerante y, por lo tanto, nuevas alianzas internas entre los sindicatos, los partidos políticos, el Estado y los desocupados¹².

Aún cuando puede decirse que la relación de los protagonistas de acciones de protesta con los Planes Trabajar y otros subsidios sociales surge, entre 1996 y 1997, con los cortes de ruta de Cutral-Có (y luego en Tartagal)¹³ nuestro trabajo de investigación se focalizó sobre el segundo de los afluentes: los movimientos de protesta urbanos que implican un desplazamiento de los trabajadores sindicalizados a los desocupados en el ex-cordón industrial de la provincia de Buenos Aires. Estos grupos urbanos, replicando la práctica de cortar los puentes de acceso a la ciudad, también consiguen que se les otorguen planes sociales. La diferencia central es que, a partir (en 1997) de la administración De la Rúa, éstos ya no son otorgados a través de la estructura política clientelar de la provincia de Buenos Aires sino a través de su asignación a ciertas ONG a las que se les delega la responsabilidad de su ejecución, con el fin de limitar el crecimiento de la estructura clientelar. Las organizaciones de desocupados arman sus propias ONG y se convierten, de ese modo, en intermediarios de los grupos más pobres creando una administración económica y operativa que consiste en cortar rutas para conseguir más planes con el objetivo, doble, de mantener la organización y fortalecer la actividad política¹⁴.

Ahora bien, aunque el gobierno de la Alianza que llevó al poder a De la Rúa intentó quitarle poder al Partido Justicialista y a su red clientelar, lo cierto es que esta maniobra sólo tuvo efectos relativos: entre todas estas agrupaciones políticas sólo manejan el 10% de los planes mientras que el porcentaje restante continúa cautivo de la red de favores políticos. A pesar de esta desigualdad en la administración de los planes, su grado de visibilidad es altísimo debido, especialmente, a las modalidades de su acción beligerante¹⁵.

Por último, y a pesar de que algunos de los trabajos que observan el tema desde la mirada sociológica se revelan valiosos para acotar y delimitar el problema, especialmente los aportes de Pereyra y Svampa (2003), Auyero (2000, 2002 a y b), Schuster et al. (2002) y Farinetti (1999, 2000), por lo común sus análisis obvian la visibilidad que la protesta adquirió en las últimas décadas y la relación de los actores involucrados con los medios en particular y con la cultura en general. Pocas investigaciones se dedican a analizar las distancias producidas entre las representaciones subjetivas de los actores y las representaciones massmediáticas¹⁶. En este sentido es importante señalar, ampliando la hipótesis frecuente de Auyero, que el campo de protesta en la última década en la Argentina también se vio alimentado por un recurso peculiar e innovador: la emergencia de unas tácticas (De Certeau, 1996) subalternas vinculadas con la apropiación de los recursos que pone en juego la lógica de expansión mercantilista massmediática (lucha que, por otra parte, se presenta actualmente como una batalla también por la apropiación del espacio público compartido y por los lenguajes y soportes de las artes plásticas y el cine)¹⁷.

Una investigación: dos etapas

Un resultado preliminar surgió de una primera ronda de entrevistas y de un primer análisis textual de medios con ocasión de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Allí encontramos que en los medios, la vertebración de la figura del pueblo se produjo a partir de una interpelación democrática que, en definitiva y muy brevemente, desplazaba el conflicto estructural a posiciones políticas que suponen un sujeto activo, autónomo y que es capaz de darse a sí mismo un espacio y una identidad politizados. Esta interpelación colocaba a los actores populares como protagonistas de unas reivindicaciones que no pertenecen al repertorio de la desigualdad producida por la expansión capitalista, sino a diferencias tratables y dirimibles hegemónicamente. En esta particular representación de lo popular, la acción política apareció disociada de la situación social traduciendo, entonces, una condensación de distintos estratos sociales agrupados por diversas experiencias no vinculadas necesariamente con la posición en la estructura.

Este primer resultado de la investigación no hizo más que reforzar la hipótesis de que los actuales consensos construidos en la relación entre actores políticos y mediáticos ha desplazado la puesta en debate del conflicto de clases hacia la cuestión de la mera diferencia cultural, y el discurso político subalterno a simples reclamos ligados a las necesidades elementales. En estos desplazamientos, las clases medias se erigieron en diciembre de 2001 en una suerte de actor épico construido en la intersección de las narrativas massmediáticas y la propia práctica de manifestación coyuntural¹⁸. En una segunda etapa de la investigación, sin embargo, focalizada sobre las representaciones subjetivas de los protagonistas de un tipo de acción colectiva contenciosa y continua (Tilly, 2000) como son los cortes de ruta organizados por distintos movimientos denominados ‘piqueteros’, observamos que lo que se registra como evento (Portelli, 1991) de ruptura de la experiencia es el 26 de junio de 2002¹⁹. El grado de avance de la investigación nos permite dar a conocer algunas hipótesis relacionadas con dos modos distintos de operar sobre el devenir histórico: la construcción del acontecimiento realizado por los medios y la construcción del evento producido por los practicantes efectivos. Sostenemos que ambos registros difieren no sólo en la puntuación temporal de los hechos sino también en los modos específicos de su enmarcado y en las articulaciones de cada uno con diversas continuidades y rupturas. En efecto, los sujetos que participan de acciones colectivas contenciosas y continuas expresan una movilización emocional frente a las jornadas del 26 de junio de 2002 que marcan un ‘antes’ y un ‘después’.

Y fui participando en esos cortes, en esas marchas hasta llegar el día del 26, que fue la más grande experiencia de todo. Experiencia por lo que sufrí. Por lo que viví (Loky, 23 años).

Es groso, yo creo que es groso. Cada uno de nosotros lo tiene marcado… hubo un clic muy grande después del 26, un antes y un después (Cecilia, 22 años).

Aún más, este sentimiento-guía (Geertz, 1990) puede operar como sostén de un desplazamiento en función de la propia construcción subjetiva de la memoria. Incluso, uno de los sujetos entrevistados, frente a la pregunta acerca de las jornadas de diciembre de 2001, desplaza esa fecha hacia el 26 de junio de 2002, estableciendo un puente entre su propia experiencia y el acontecimiento objeto de la pregunta:

¿El 19 y el 20, ustedes lo vivieron como algo especial?
- Fue especial porque fue una represión anunciada, digamos, el día 19 y 20 de diciembre no creíamos que íbamos a sufrir, porque hubo dos muertos de casualidad (…) Por otra parte, estaba tan bien montada la represión que en el Hospital Fiorito, que es el hospital de la zona²⁰ y al que se iba a recurrir en casos de heridos y muertos, por primera vez en su historia de los últimos tiempos tenía gasas, estaban los médicos preparados, tenían todos los elementos que debían tener (Juan, 62 años).

Contrariamente a los supuestos de la historiografía tradicional, los‘errores’ entre los hechos concretos y la memoria narrada dan cuenta de “las formas y los procesos culturales por los cuales los individuos expresan su sentido de sí mismos en la historia” (Portelli, 1991: ix) y cuando el hecho se desplaza de su registro fáctico, esto indica que en esa dirección debe analizarse el investimento de valores y significados, como un modo activo y creativo de atribuir un sentido propio a la historia. La primera hipótesis, entonces, a señalar, es que los hechos que son tomados como acontecimiento por los medios, no coinciden, necesariamente, con la puntuación que producen los sectores populares de su propia experiencia. En efecto: mientras que estas puntuaciones son traducibles, como registro de algo vivido en forma grupal, en forma de eventos, los medios construyen los sucesos de la protesta popular como acontecimientos²¹ encadenados en una serie de remisión a sucesos políticos a partir de relaciones simples, lo que produce un efecto espasmódico (Thompson, 1990) sobre la narrativa del devenir histórico. Esta modalidad de construcción del acontecimiento obstruye la posibilidad de los receptores de encadenarlos en una trama que organice el pasado en términos de una significación de la experiencia como historicidad, entendida, con White (1992), como la experiencia del tiempo como futuro, pasado y presente más que como una serie de instantes²². En ese sentido Martín Barbero señala que la transformación del acontecimiento en suceso desarrollado en el proceso de la noticia implica “el vaciado de espesor histórico” que sufre el acontecimiento “y su llenado, su carga de sensacionalidad y espectacularidad” (1987: 60), principios, estos últimos, de la lógica masiva y comercial que rige a la prensa informativa.

Territorio y nación

Por otro lado, podemos dar cuenta también de diversas atribuciones de sentido en el marco de las definiciones espaciales del territorio y de las alteridades construidas a partir de un particular campo de interlocución nacional. Para Segato (1988) es en el marco de un campo de interlocución donde una nación adquiere singularidad, singularidad ésta que implica compartir los marcos de sentido desde donde se percibe, se acepta, se reconoce o se desafía la diversidad cultural que la nación engloba. Si bien el Estado es el interlocutor privilegiado de esta construcción, es la nación en su conjunto, en tanto campo de interlocución, la encargada de procesar las relaciones entre cultura y política en distintos momentos de su historia. En este procesamiento peculiar las representaciones de alteridades históricas²³ pueden leerse diacrónicamente como un índice en movimiento, es decir como el resultado siempre parcial e inestable de las luchas derivadas por los intentos de estabilización de sentido.

En esta dirección, al comparar el tipo de clivaje que las alteridades históricas adoptaron en tres campos de interlocución diferentes (Brasil, Estados Unidos y Argentina), Segato señala que las identidades políticas en Argentina derivan de una fractura inicial entre la Capital-puerto y el interior-provincias. Y afirma también que esta fractura inicial orientó los significados de la identidad nacional en el sentido de una etnicidad ficticia o fabricada que tiende a la neutralidad y cuya difusión fue soportada particularmente por la escuela, pero también por otras instituciones estatales. Así, la nación argentina se instituyó como “la gran antagonista de las minorías. Encontró su razón de ser en el conflicto con los grupos étnicos o nacionales fundadores, así como hizo de este tema su discurso medular y la misión fundamental de sus instituciones” (1998: 183). Esta identidad ‘neutral’ es garante, además, de la posesión de condiciones mínimas de acceso a la ciudadanía. En Argentina, esta representación, siendo hegemónica, porta desde sus inicios una dimensión espacial y geográfica que nutre sus atributos en función de la oposición Capital/provincias, por lo cual esta identidad ‘aplanada’ y sólo en apariencia neutral se corresponde, en realidad, con los habitantes del centro del país²⁴ y asume una síntesis pregnante de identidad ‘argentina’ en la cual las diversidades deben subsumirse.

Aunque el Estado es el agente privilegiado de esta construcción por la eficacia de su capacidad de interpelación a través, particularmente, de sus instituciones, no es el único operador de identificadores: los medios de comunicación, que capturan, representan y califican las acciones de los sectores subalternos, colaboran en esta operación desde posiciones más o menos hegemónicas según los contextos históricos, culturales y políticos. El campo de interlocución nacional remite a los distintos relatos, estatales o no, que habilitan, impugnan, motorizan o frenan los intentos de producir un discurso herético (Bourdieu, 1981)²⁵. Durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre, la superficie de los medios gráficos nacionales se reveló deudora de la dicotomía Buenos Aires-resto del país:

Por primera vez los saqueos llegaron a la Capital Federal (Página 12, 20 de diciembre, p. 2)

Aún en un diario de corte ‘progresista’ como Página 12²⁶, la narrativa informativa presenta dos relatos: uno de invasión (desde el Conurbano) y otro de epicidad (en la Capital Federal).

Además, la mirada de los entrevistados registra los hechos de protesta organizados no sólo en torno a lo local (el barrio, la comunidad, el distrito) sino que también los define como prácticas situadas:

-¿entonces cuál sería la lucha de clases?

-la lucha de clases… bueno, hay diferentes luchas de clases. Está lo que pasó en Avellaneda el 26…eh… la lucha de clases, yo creo que… cuando uno…como cualquier animal, por ejemplo, si vos lo atacás, cuál va a ser la reacción de ese animal: defenderse (Lucas, 26 años).

Por otra parte, la protesta se encuentra sesgada por cuestiones pragmáticas que ponen en cuestión la supuesta ‘irracionalidad’ de los practicantes:

Para mí vale la pena en la autopista La Plata, porque cuando fuimos ahí ganamos. Es que ahí está el peaje, y los re jodés. (… ) La vez que cortamos ahí, en una hora perdieron 25 mil dólares (José, 27 años).

La segunda hipótesis a proponer, entonces, es que los procesos de enmarcado del evento que posee la memoria popular son disímiles respecto de las modalidades de construcción del acontecimiento de los medios. Mientras que la experiencia popular de la dominación, por tratarse de un encadenamiento de tácticas enlazadas en una memoria práctica (De Certeau, 1996), se desenvuelve en zonas de alta concentración emocional (temor/confianza, soledad/contención grupal, incertidumbre/ certezas, etc.), las estrategias de las narrativas de control social (Mumby, 1997) están atravesadas por la tensión de re-incorporar todo acontecimiento excepcional en una codificación (Bourdieu, 1988b) que le dé significado.

Desde ese punto de vista puede decirse que los medios de comunicación, ya sea bajo la forma de la interiorización de las rutinas productivas o bajo la de actores implicados en el campo de poder, son agentes constitutivos del campo político de manera central. Si el campo político es “el lugar en el que se generan, en la concurrencia entre los agentes que se hallan involucrados en él, productos políticos, problemas, programas, análisis, comentarios, conceptos, acontecimientos, entre los cuales los ciudadanos comunes, reducidos al estatus de ‘consumidores’, deben escoger” (Bourdieu, 1988a: 164), los medios de comunicación se ofrecen como un lugar clave para estudiar los procesos de construcción del sentido de lo político. De allí que los medios de comunicación no puedan entenderse sólo como narradores o comentadores de la agenda política sino, más bien, ellos mismos como ‘partícipes’ o actores del conflicto político, siendo su rol el de intervenir directamente en las decisiones políticas de las audiencias (Cetkovich Bakmas y Luchessi, 2001).

Pero, además, la relación de la ciudadanía en su conjunto, pero particularmente de los sectores populares, con los medios de comunicación, se ha visto modificada desde la transición democrática. El desplazamiento no sólo abarca los cambios (ilusorios) en los roles ocupados por la justicia²⁷ sino también, y en particular, las acciones reflexivas y premeditadas de algunos grupos sociales que realizan actividades peculiarmente disruptivas (política y estéticamente)²⁸ para convocar alos medios ávidos de capturar noticias. Mientras que en el contexto de una sociedad en vías de mediatización (Verón, 1989), los medios de comunicación podían aparecer apenas como mediadores de un acontecimiento político, en el 2002 los medios son percibidos, si no como interlocutores, al menos como portadores de una lógica, la comercial, que los hace permeables a toda acción que implique noticiabilidad. De modo que puede afirmarse que los medios juegan, en el campo de interlocución actual, un papel que, si bien puede no llegar a desafiar las significaciones de lo nacional, sí recoloca las condiciones en las que el sentido de la nación se dirime: qué grupo social puede manifestarse por reivindicaciones cívicas y qué otro grupo social sólo puede reclamar por necesidades insatisfechas son cuestiones que los medios, partícipes de los sentidos consensuados en la Argentina, continuamente ponen en escena. Y esto enmarcado en la tendencia de los medios de alcance nacional a producir representaciones cuyas imágenes se postulan como sinécdoques de la nación, en parte debido a la tradición racionaliluminista de la que provienen (Sunkel, 1986) pero también debido a, justamente, la necesidad de interpelar a un lectorado de alcance nacional.

Conclusiones y Prospectivas

El hecho de que el 26 de junio de 2002 sea el evento recordado, aquél que la memoria popular registra como ruptura de una cotidianidad que se enlaza con la experiencia de la dominación donde aparecen los índices de discriminación de antagonismos efectivos (Thompson, 1990), permite indicar, además, otras zonas de indagación sobre las cuales focalizaremos en la siguiente etapa de la investigación. En esta zona a explorar nos encontramos con una serie de elementos aún no procesados pero que, sin embargo, quisiera indicar por su posible relevancia:

• la aparición en el relato de los más jóvenes de ideas de dignidad asociadas al trabajo, práctica a la que muchos de ellos no pudieron acceder aún por el desempleo estructural²⁹ (en este sentido, es posible pensar en la existencia de ciertos ‘retazos’ de memoria vinculados con una experiencia peronista que no les pertenece);
• la transformación decampo de interlocución, especialmente de la construcción imaginaria de un Estado benefactor al que se dirigen las protestas, que ya no existe y que ha modificado sus modalidades operativas;
• la construcción mítica de los mártires a partir de la cercanía emocional con la experiencia compartida;
• el descreimiento respecto de los medios a partir de la vivencia, del ‘estar allí’.

La hipótesis que enmarcará esta segunda etapa es que los discursos massmediáticos obturan la posibilidad de modificar lo decible porque sus agentes comparten la serie de concepciones dominantes relacionadas con las alteridades históricas. De allí que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires aparezcan como el recipiente donde las luchas cívicas puedan desarrollarse mientras que los habitantes del Conurbano son objetivados por sus metodologías conducentes sólo a la provisión de necesidades insatisfechas. Las representaciones que los medios realizan de los ‘piqueteros’ se nutren de una concepción si se quiere fundamentalista de la identidad (Pacheco de Oliveira, 1999), mientras que de las entrevistas a los actores surge que la identidad ‘piquetera’ es considerada provisoria: si el trabajo representa a la dignidad, ser ‘piquetero’ es estar desocupado, sin trabajo y luchar por conseguirlo. Por otro lado si la protestase dispara a partir de la percepción consensuada de que el Estado está dejando de tener la presencia que tuvo en épocas anteriores, esto demanda tener en cuenta que, en la Argentina, el surgimiento de la identidad del trabajador ha estado enmarcada dentro de la consolidación del estado peronista, articulándose con él y fortaleciéndose mutuamente. La presencia del Estado como interlocutor privilegiado de las manifestacionespermite pensar en la relación entre el imaginario de la protesta actual con el imaginario de la clase trabajadora que surgió durante el peronismo (Morello y Rodríguez Iglesias, 2003). Esto es, que el interlocutor parece ser un Estado (interventor) inexistente pero persistente aún en la memoria.

La resistencia de los sectores que protestan, entonces, bien podría hallarse en los intentos de modificar todas o algunas de las dimensiones del campo de interlocución. Si toda lucha social implica un conflicto, entonces puede pensarse, con De Certeau (1995, 1999), que por lo que se lucha es por las categorías, por el significado de esas categorías y su valoración y por los marcos dentro de los cuales hacen sentido estas categorías. Probablemente allí se encuentre la resistencia: en la persistencia de pensar en términos de otro campo de interlocución, uno en el cual la representación del ‘otro’ no se agote en la mera visibilidad sino que haga posible, también, la toma de la palabra.

Citas

1 Se trata de los Proyectos: “Cartografías del otro: representaciones populares y memoria social” y “Del evento al acontecimiento: memoria popular y representaciones mediáticas”, de los cuales soy directora, ambos con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

2 Así se denomina al extenso cordón de suburbios de la Ciudad de Buenos Aires, también denominado Conurbano Bonaerense.

3 En el marco de esta investigación llamamos evento a todo hecho de ruptura con la cotidianidad vinculado con la experiencia subjetiva y asociado a emociones y afectos (Jelín, 2002; Portelli, 1991).

4 En un principio ‘piquetes’ denominó a los cortes de ruta. Hoy abarca, también, a los cortes de calles dentro de la ciudad o de puentes de acceso a ella.

5 Auyero define este campo de protesta como un entramado de mecanismos, dispositivos y procesos que están en la base de los reclamos colectivos. En la Argentina de la última década, el contexto estructural que informa a este campo de protesta se caracteriza, según este autor, por la desproletarización, la retirada del Estado y la descentralización de los servicios públicos (2002a).

6 Me refiero a la serie de movilizaciones populares sucedida en diciembre de 2001 que acabaron con la caída de un presidente y que motivaron una de las crisis políticas más importante de la historia de la Argentina.

7 Durante la década del noventa los gobernadores de Santiago del Estero, Catamarca y Corrientes debieron abandonar sus cargos a partir de acciones de protesta popular, dando lugar a intervenciones federales.

8 Me refiero, por ejemplo, a publicaciones como la de Cafassi (2002) o la de Fradkin (2002) que a pesar de la ‘confesión’ de su carácter urgente, no logran articular un análisis teórico-metodológico pertinente. En ese sentido, creemos que, a pesar de la urgencia que requiere ‘pensar la crisis’ y la agilidad presentada por las ciencias sociales en ese movimiento hacia el objeto, la investigación no debería perder de vista la responsabilidad en la aplicación de sus criterios de validación.

9 Esta figura del ‘saqueador’, como surge del análisis, empobrece una descripción efectiva de estos sujetos. Muchos de los protagonistas de hechos de protesta pertenecen a movimientos de piqueteros fundados con anterioridad al 19 de diciembre.

10 Es posible que la retirada de las clases medias se haya debido a que este grupo está menos entrenado y/o equipado para confrontar con los aparatos represivos, ejercicio que los sectores populares, y especialmente los más jóvenes, han adquirido a través del enfrentamiento con la policía, no sólo en diversas situaciones de protesta sino también en recitales de rock y en estadios de fútbol. Para ampliar ver Alabarces et al., 2000.

11 Pereyra y Svampa toman este sintagma del trabajo del Colectivo Situaciones, 2001.

12 Por ejemplo, las discusiones barriales de los militantes políticos entran en debate interno respecto de las acciones estratégicas a seguir: los partidos políticos de izquierda discuten acerca de dos opciones: entre rechazar la ayuda del Estado o apropiarse de los planes del Estado, redistribuirlos entre los sectores marginados y de este modo favorecer y fortalecer las luchas políticas.

13 Cutral-Có, en la provincia de Neuquén, y Tartagal, en la de Salta, son dos de las primeras ciudades que se movilizaron por las privatizaciones de empresas del Estado y donde se produjeron los incidentes más graves.

14 Sin embargo, como afirma Svampa (2004), esta operación implica, para la opinión pública, sostener la creencia de que los piqueteros piden dinero y no trabajo. “Es ahí donde aparece ese riesgo latente de que el medio se convirtiera en fin. Sin olvidar que existe una simplificación de la cosa, fundamentalmente de parte de los medios de comunicación. Pero esto es un error, el movimiento piquetero no sólo pide, tiene una serie de dimensiones poco visibles, como el trabajo barrial y que muy poca gente se preocupe por observar, y por otro lado, el ejercicio de la dinámica asamblearia. Estos elementos articulan y dan espesor a la experiencia piquetera” (Svampa, 2004).

15 Las organizaciones de desocupados ‘piqueteras’ se agrupan en coordinaciones zonales y éstas a su vez en bloques nacionales. Tres son los grupos nucleares: 1) los piqueteros de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que incluye a las agrupaciones Federación por la Tierra y la Vivienda (FTV) liderada por Luis D’Elía y el Movimiento Barrios de Pie; 2) la Corriente Clasista y Combativa (CCC), brazo piquetero del Partido Comunista Revolucionario, trabaja junto al nucleamiento de la CTA, negociando en conjunto el tema de los subsidios y los planes; 3) el Bloque Piquetero y afines, formado por el Polo Obrero, el Frente Unico de Trabajadores Desocupados (ambos derivados del Partido Obrero), el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (CDT), el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP) (agrupaciones consideradas políticamente independientes), el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) (filiados políticamente con la Federación Juvenil Comunista), la Agrupación Tendencia Clasista 29 de mayo (Partido de la Liberación) y el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (Movimiento Social de Trabajadores-MST). El tercero de los núcleos es el que actualmente aparece con un posicionamiento más contestatario y con menos voluntad negociadora respecto del gobierno.

16 Desde los estudios de comunicación, el libro de Álvarez Tejeiro et al., 2002 que trabaja sobre las representaciones gráficas y televisivas de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, un par de artículos muy recientes sobre el discurso televisivo acerca de los pobres (Aprea, 2002), de la criminalización de la protesta (Calzado, 2002) y de las narrativas de control registradas en torno a estos hechos (Martini, 2002), se constituyen como algunos de los pocos estudios sobre representación massmediática producidos, aunque ninguno de ellos, sin embargo, da cuenta de la relación de estas narrativas con las representaciones subjetivas de los actores.

17 Esta dimensión del análisis, si bien forma parte de la investigación, no será desarrollada aquí. Para ampliar ver Dodaro y Salerno, 2003.

18 Para ampliar ver Rodríguez, 2004.

19 Ese día se produjo, durante un corte de ruta en el Puente Pueyrredón, el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la Policía bonaerense.

20 Se refiere a la zona de Avellaneda, lugar donde se halla el Puente Pueyrredón y donde ocurrieron los asesinatos.

21 Aunque, como bien dice Martín-Barbero, “la noticia es el eje del discurso informativo” (1987: 56), la relación entre acontecimiento y noticia implica la construcción mediática del acontecimiento. Al respecto Palma señala que “entre ambos, a pesar de las permanentes e innumerables innovaciones técnicas que permiten achicar y hasta romper la distancia temporal que los separa, hay una distancia que es infranqueable: el del acontecimiento es el espacio de los hechos, de la historia; en cambio, la noticia se mueve en el espacio mediático, limitada por su lógica mercantil y masiva” (2004). De esta manera, el acontecimiento que significa siempre algún tipo de “ruptura en cualquier ámbito, privado o público, que se destaca sobre un fondo uniforme y constituye una diferencia” (Martini, 2000:30), se verá modificado, inevitablemente, al convertirse en noticia o en un acontecimiento noticiable.

22 Según White, toda narrativa contiene una dimensión cronológica o episódica y una no cronológica o configurativa. Mientras que la historicidad es organizada a partir de una narrativa que representa una temporalidad en la que los finales se ligan a los inicios para formar una continuidad, la crónica periodística representa los acontecimientos como algo existente en el tiempo pero sin ofrecer contribuciones al desarrollo de una trama, entendida como la captación conjunta de los elementos en una nueva significación (White, 1992).

23 Segato las define como las de aquellos “grupos sociales cuya manera de ser ‘otros’ en el contexto de la sociedad nacional se deriva de esa historia y hace parte de esa formación específica” (1998: 172).

24 Un centro no geográfico sino re-significado desde una dimensión simbólica. Para Clifford y Geertz (1977) el concepto de centro se vuelve crucial para entender los entramados de los ceremoniales, el carisma y la autoridad política encarnados en una simbología material que difiere de cultura en cultura según las distintas concepciones de poder que cada sociedad pone en juego. La relación del centro (entendido de este modo) con las discursividades massmediáticas, es un punto de inflexión interesante.

25 Según Bourdieu, un discurso herético implica una ruptura con el orden establecido y con la doxa legítima (1981).

26 Tomo la definición de progresista en el sentido que le da Raymond Williams al término, “…como opuesto a conservador; vale decir, para calificar a algo o a alguien que apuesta o aboga por el cambio” (2000:261).

27 Ver los trabajos de Sarlo sobre el rol supletorio de los medios, especialmente el de 1996.

28 Digo estéticamente porque estas acciones disruptivas no abarcan sólo los cortes de ruta sino también los ‘escraches’ o los juicios públicos y los siluetazos de las Madres de Plaza de Mayo.

29 La tasa de desocupación actual es del 16,3% lo que significa 2.400.000 desocupados, si se consideran trabajadores a los beneficiarios de los planes sociales. Si se los excluye, la tasa se eleva a 21,4%, es decir, 3.200.000 personas.

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Última actualización en 29 Julio 2017