Frente a una economía deshumanizada: Alternativas para los 'de abajo'

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Frente a una economía deshumanizada: Alternativas para los ‘de abajo’

Enfrentar uma economia desumanizada: Alternativas para o ‘baixo’

Facing a dehumanized economy: Alternatives for the ‘down’

Los de abajo*

* Este trabajo recoge las memorias de talleres de discusión organizados por el periódico Desde abajo en varias ciudades del país. Esta publicación, que va en su No 46, es un esfuerzo editorial de comunicación popular que aspira a convertirse en diario nacional el 1° de enero del 2002. En este proceso se viene aplicando la metodología de la investigación-acción-participación con los dirigentes de las organizaciones sociales. Se trata de iniciativas sociales y políticas que se plantean –con un propósito emancipatorio inspirado en la idea de un socialismo libertario– la tarea de asumir el manejo de la administración pública para ponerla al servicio de los intereses de aquellos que hoy padecen la profunda crisis social ocasionada por un capitalismo que en la perspectiva no tiene –bajo el actual ‘modelo’– la posibilidad de recuperarse a sí mismo y de reivindicar las condiciones de vida de las dos terceras partes de la población, condenada al sufrimiento cotidiano. En la actualidad el periódico Desde Abajo impulsa en todo el país la campaña Desempleados: nunca más solos que encuentra su sustentación en este documento de trabajo que fue revisado para su publicación en Nómadas por Miguel Eduardo Cárdenas Rivera, asesor científico de la Fundación Friedrich Ebert de Colombia –FESCOL–

Resumen

Según las estadísticas oficiales el país tiene tres millones de desempleados, cifra equivalente a 20% de la población económicamente activa –PEA–. ¿Cuáles son las medidas económicas que es preciso tomar de inmediato para redimir a los desempleados? ¿cuáles son las prioridades que deben imponer al sector público? ¿cuáles son las inversiones que se habrá de priorizar? ¿cómo conseguir la activación del potencial humano y material hoy esquilmado en beneficio del 3% de la población que usufructúa la riqueza del país?

1. “Modelo” y desempleo: cogidos de la mano

En verdad, sin ‘rebusque’ no tendríamos país. Sólo un 10% de la población económicamente activa tiene un contrato de trabajo. Dedicado a “lo que salga” se encuentra un 54% de la fuerza laboral. El rebusque y el 20% del desempleo corresponden al 73% de esa misma fuerza, ya que únicamente el 3% de ésta compone el sector formal de la economía.

En Colombia el desempleo abierto pasó del 7.8% en 1993 a más del 20% en 1999. Esta cifra significa que tres millones de personas viven la angustia de no contar con trabajo ni la posibilidad de conseguirlo. A esta realidad se suma la crítica situación que viven otros millones de compatriotas para los cuales el subempleo, la informalidad, las jornadas de trabajo superiores a 12 horas, la inseguridad social, es la única solución a la vista. Para unos, como para otros, la posibilidad de una vida digna se ha desvanecido.

Ni la promesa desarrollista de los años setenta y ochenta –que mantuvo un desempleo estructural de más o menos el 10%–, ni el ofrecimiento neoliberal del crecimiento continuo, con el cual se justificó la apertura económica, lograron solucionar esta problemática. Ambos sustentaron sus objetivos a través de la flexibilización laboral, y arrebataron derechos a miles de trabajadores y a las generaciones futuras. Sin embargo, con viejos argumentos y la misma incapacidad de siempre pretenden flexibilizar más.

Hoy, casi diez años después de que los gurús económicos neoliberales propusieron todas sus medidas, los colombianos debemos analizar el contexto de la crisis del empleo para enfrentarla de acuerdo a las evidencias empíricas.

En el cuadro generado por las medidas aperturistas, un primer elemento de análisis son los fenómenos de concentración del ingreso. Durante los años noventa los beneficios del crecimiento económico se concentraron en el 3% más rico de la población. Respecto a la distribución, los análisis de ingresos totales, laborales, no laborales y per cápita del hogar, muestran un permanente deterioro, especialmente desde finales de los años ochenta. La concentración del ingreso no laboral es mucho mayor debido a que está directamente vinculada con la tenencia de activos. Adicionalmente la atracción a capitales especulativos externos mediante el aumento de las tasas de interés, ha causado en la mediana y pequeña industria una debacle haciendo que el productor nacional pague más caros los créditos para realizar su producción.

La concentración del ingreso en las minorías depende, entonces, de la capacidad del sistema financiero de endeudar la economía para extraer renta. El productor nacional (industrial o agrario), acude a los intermediarios financieros quienes apoyados en una política monetaria que los favorece cobran intereses agiotistas. De esta manera pierden la posibilidad de producir y competir.

Este contexto se comprueba empíricamente al observar los datos sobre el crecimiento interno. Para el período de 1993 a 1999 la desaceleración del mismo ha sido una constante. El producto interno bruto disminuyó desde un 5.8 % en 1993 a un 2.1 en 1996, a 1.7 en 1998 y se cayó en -7% en 1999.

Lo que muestra la década de los noventa es que el efecto de la apertura económica sustituye la estructura productiva nacional –en los mercados internos–, por la producción transnacional. Esto influye en forma devastadora en el empleo. Si sumamos la eliminación de los créditos de fomento y el abandono de políticas industrial y agropecuaria –y por ende, una política real de fomento de exportaciones–, el cuadro se completa. Los beneficiados son quienes tienen capacidad de hacer alianzas transnacionales y dominan los mercados financieros.

En el campo laboral el empleo productivo y formal tiende a desaparecer. Como ya se anotó, de la fuerza laboral del país menos de una tercera parte se encuentra en el sector formal, el resto está en el desempleo (20%) o en actividades de rebusque (54%). Actualmente sólo el 10% de la población económicamente activa se halla bajo relaciones salariales y cuenta a la vez con un contrato de trabajo estable y a término indefinido. Por ello las organizaciones sindicales se han debilitado; menos del 7% de la población ocupada se encuentra en la actualidad sindicalizada. Adicionalmente, la generación de nuevos empleos urbanos se concentró en los sectores con más altos índices de informalidad, como el comercio callejero y el de servicios comunitarios, personales y sociales.

2. La voz gubernamental: el empleo imposible

Los dos contextos presentados frente al comportamiento del ingreso y el escenario de empleo evidencian la crisis estructural en que se debate el país. Entonces aparece una pregunta sobre la validez de las respuestas gubernamentales y las propuestas que desde el modelo de desarrollo imperante se pretenden dar. Presentamos las explicaciones del fenómeno del desempleo que entrega el gobierno y tratamos de demostrar su invalidez.

Con el Plan de Empleo del gobierno Pastrana y su “congelado” proyecto de Reforma Laboral, no es la primera vez que se explica el fenómeno con los mismos argumentos y se proponen las mismas soluciones. Recordemos la justificación para la reforma laboral de 1990 (Ley 50), en la que el Ministro de Trabajo de la época sustentaba: “La modernización de la economía hace necesario que se torne más flexible el régimen laboral para darle mayor competitividad a nuestros productos para promover la inversión e incrementar la generación de empleo”. Las cifras de la crisis actual hablan por sí solas del crecimiento negativo de la competitividad y del aumento progresivo de las tasas de desempleo a partir de la Ley 50. Este comportamiento es similar al de otros países que realizaron reformas laborales con los mismos propósitos.

En distintos países, tras las recomendaciones de la banca multilateral (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo), las reformas laborales se inician a principios de la década del noventa; buscaban la apertura a los mercados globalizados. Su característica fundamental fue la tendencia a la llamada flexibilización laboral, con el objeto de aumentar la productividad, la competitividad y generar nuevos empleos. En todos los países, las tasas de desempleo aumentaron a partir de la reforma, mientras la productividad y la competitividad disminuyeron año con año.

En Colombia, la Ley 50 abrió la contratación a término fijo sin un límite mínimo o sólo para circunstancias excepcionales. La revisión de los últimos siete años evidencia que el uso de esta norma fue muy intenso. El empleo urbano temporal creció a lo largo de toda la década en un ritmo superior al empleo urbano total y ya en 1998 constituía más de una quinta parte del empleo urbano total.

Otro aspecto relevante es que la reforma amplió las causales para despido colectivo. Incluyó razones técnicas, económicas u otras “independientes de la voluntad del empleador”. Las causales incluyen situaciones vinculadas con la productividad y con la capacidad de competir de las empresas. Ante la pérdida de esta capacidad y el entorno macroeconómico adverso muchas empresas utilizan las distintas causales para despidos colectivos, fundamentalmente en las de servicios y en las pequeñas y medianas.

El Informe de la OIT en 1997 sobre la situación del empleo y la competitividad en siete países latinoamericanos y otros del mundo concluye que “a pesar de la elevación en dólares corrientes del costo laboral por hora trabajada en la industria manufacturera colombiana hacia 1997, este hecho no explica por si solo un cambio significativo en el ranking de competitividad de los países analizados”. El mismo informe sugiere que el problema central radica en las diferencias de productividad entre los países competidores más avanzados y Colombia.

Si se toma en cuenta un promedio de todo tipo de contratos de trabajo (incluyendo temporales), el costo laboral por hora y el costo laboral unitario se reducirían en un 20% y Colombia se colocaría en una posición más baja en el ranking de países según costos laborales por hora. En general lo que puede observarse en las cifras presentadas y en los diferentes estudios realizados en otras regiones de América y Colombia es que las claves para el mejoramiento de la competitividad son la recuperación del tipo de cambio real multilateral y el crecimiento; no es, como lo proponen a coro gobierno e industriales, que el problema tenga que ver con la flexibilidad del mercado laboral.

Hasta el momento el gobierno no ha dejado en claro una política enfocada hacia las variables claves. En el plan de desarrollo no hay elementos que permitan ver cómo se reactivarán las exportaciones y hacia dónde. Tampoco su compromiso con el fomento del campo y la industria.

En este panorama, los industriales y monopolios del país no dejan ver su postura frente a la crisis. Porque los favorece, siguen al pie de la letra las imposiciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para impulsar reformas laborales de segunda generación. Los industriales, por un lado, mantienen su consigna de quejarse para lograr el máximo de ventajas del gobierno que ayudaron a elegir –reducción de impuestos, aranceles, disminución de costos laborales a través de la miseria de sus empleados, etc.–, y por el otro no están dispuestos a aportar ni un mínimo de sus ganancias para un desarrollo equitativo.

Todos los países sueñan con aumentar el volumen y el valor de sus exportaciones; conseguirlo no es fácil. Con el 15% de descenso de las exportaciones de origen industrial el gobierno pretende incrementar las exportaciones no tradicionales de bienes y servicios no financieros en un 13%, como motor del crecimiento económico, para mejorar –a mediano plazo– los índices de empleo.

Con base en este supuesto, enmarcado en el aperturismo y el monetarismo, hasta el año 2002 se generarían únicamente 646.198 empleos. Cifra que escasamente constituye una cuarta parte de los desempleados de hoy. En ese plan, durante este año, la esperanza no va más allá de la creación de 76.500 nuevos empleos. Aún descontando lo que el propio gobierno considera como desempleo cíclico –una tercera parte–, las previsiones no llenan las urgencias de puestos de trabajo de las otras dos terceras partes, que tienen una causa estructural.

Los productos industriales como textiles, confecciones, calzado, plástico, jabones, cosméticos, libros, han perdido competitividad y ventajas en el comercio internacional. Colombia cayó diez puestos: del 33 al 43, según el World Competitiveness Yearbook elaborado con indicadores del Institute for Management Development.

En estas condiciones, la orientación hacia las exportaciones requiere mejores precios y calidad u ofertar para el mercado internacional nuevos productos. Para lo segundo Colombia requeriría un gran desarrollo científico y tecnológico, que no tiene. Para lo primero, debe aumentar la productividad con base en la disminución de los empleos o en el desmejoramiento de los ingresos de los trabajadores. Todo lo contrario a lo que supuestamente se quiere. Incentivar las exportaciones no resulta tan sólo de la aplicación de medidas simplemente monetarias.

Con la pérdida en 1998 de US$ 10.382 millones por la caída de los precios internacionales de los productos primarios –que representan un 63% de las exportaciones de bienes (La República, 26 de junio de 1999, p. 12)– y el descenso del 7.9% del sector externo, muy pronto las cifras económicas han demostrado el desatino gubernamental en su propósito de duplicar las exportaciones en el breve lapso de los próximos tres años.

La estrategia de duplicar las exportaciones no tiene asidero en medio de una caída de la producción aparejada a un descenso en la demanda de energía. Las cifras de la producción manufacturera corroboran el desenfoque gubernamental, que significará mayor miseria para el pueblo. ¿Dónde está, dónde encontrar la producción para exportar? ¿Por qué se desconoce otra variable como la dinamización del mercado interno que implica una mejoría de los ingresos de la población, acompañada de políticas que enfrenten al gran capital nacional y transnacional?

Ni la vivienda como factor de impulso ni el plan de incentivar exportaciones a corto plazo salvan a los casi tres millones de desempleados. Por todo lo anterior, nuestra propuesta es la de aferrarse en la búsqueda y cumplimiento del Plan social de arranque como original sendero para la industrialización y la dinamización del mercado interno y la promoción de transables con un mínimo de valor agregado. Antes que acrecentar las grandes ganancias, lo que importa es la humanización de la vida de los colombianos.

3. La dinámica regional: el botón de muestra del Valle del Cauca

Veamos el caso del departamento modelo de un proceso de modernización que ahora se trunca. Hasta la mitad de los noventa el patrón de la desocupación del área Cali- Yumbo era el mismo de las otras seis grandes urbes: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga y Pasto. Pero en el Valle el problema es más agudo. El sector agrícola ha expulsado trabajo en el último lustro: la demanda laboral disminuyó en tres millones de jornales en 1996 y en más de un millón a partir de 1997.

A la par, la industria manufacturera experimentó una reconversión industrial. Sectores como la construcción, el comercio y los servicios personales que experimentaron su auge hasta 1995, sufren luego una depresión mayor que la del resto de la economía. Los puestos de trabajo por unidad producida muestran una caída sistemática a lo largo de la década. Además de los anteriores factores estructurales, la disminución del ingreso de los caleños, debilitó la demanda regional. Ante la crisis, algunas comunidades de Cali construyen las Alternativas Populares para la Generación de Ingresos y varios circuitos de mercados populares.

Junto con las medidas de tipo estructural, la administración pública debe impulsar todas las iniciativas de pequeña empresa, economía autogestionaria y resistencia económica que diferentes comunidades están desarrollando. Su poder permitiría sacar de la sombra experiencias como los mercados populares, desarrolladas en las comunas 13, 14 y 15 del Distrito de Aguablanca y las comunas 18, Alto Nápoles y la 20 en la zona de ladera que comprende los sectores de Siloé y Belisario, los más perjudicados en el área de Cali-Yumbo, la cual tiene la tasa más alta de desempleo en las áreas metropolitanas del país desde cuando se realizan encuestas de hogares.

El impacto del narcotráfico, tanto en su esplendor como en su declive, es sólo un factor de la crisis en la región. Con el proceso de apertura que se inicia a principios de la década se desnudan las deficiencias de la infraestructura física, productiva y social, que es la más importante. La precipitación de la apertura hizo que los empresarios regionales perdieran competitividad –en el comercio internacional–, como lo demuestra la multiplicación por siete del déficit comercial en menos de una década y la reducción de las toneladas de carga para exportar en los puertos marítimos y aéreos del Valle.

Otro factor del aumento en la curva del desempleo comenzó con un proceso de reasignación acelerada de la tierra hacia el cultivo de la caña de azúcar. Se produjo por tanto la recomposición de la estructura agrícola del Valle. Esta variación en el uso de la tierra causó el desplazamiento y casi extinción de los cultivos temporales y la de otros cultivos permanentes, generando estampidas migratorias de población rural, especialmente hacia la ciudad de Cali, las cuales engrosaron la masa de desempleados.

El cambio de vocación de los suelos a favor de los cultivos permanentes, restó posibilidades de reasignación de recursos –crédito, investigación, subsidios, etc.– hacia los cultivos temporales, impidiendo el aprovechamiento de situaciones con precios favorables. En estas condiciones, la agricultura regional se hace más vulnerable y con tendencia hacia el monocultivo. Parte de este comportamiento se explica por la tendencia en la disminución de la razón empleo-energía, el cuociente entre número de trabajadores y empleo de energía. Esta reducción indica una reconversión técnica que desplaza trabajo por capital.

La disminución del ingreso disponible de los caleños, –como impacto coyuntural–, además de los anteriores factores estructurales, debilitaron la demanda regional para el consumo. Dicha disminución se explica por el excesivo incremento de los impuestos, las contribuciones municipales y por la ausencia de una inversión productiva debido al sesgo del gasto público municipal y departamental en favor de la burocracia y la corrupción. Respecto a esta última no existen cifras definitivas.

Sin embargo, para hacerse una idea de su magnitud, basta mencionar la infiltración del dinero del narcotráfico en las campañas políticas, la corrupción y el despilfarro en EMCALI, el manejo irregular de los dineros de los contribuyentes y la generalización en todo contrato, licitación, servicio oficial de la ya conocida fórmula del ´CVY´ o cómo voy yo.

La proliferación de la corrupción reduce los recursos invertidos y aminora el impacto del gasto público en la economía, especialmente si el erario se destina a manipulaciones financieras en provecho de funcionarios corruptos de los sectores público y privado. Para completar el cuadro, agréguese el desmonte de los subsidios a los servicios públicos y el aumento desmesurado de las cuotas para el pago de los préstamos de vivienda.

El comportamiento del gasto departamental y municipal a favor de la burocracia y en contra de la inversión muestra que los gastos reales de funcionamiento se duplicaron mientras disminuyó la inversión real como lo demostró la Universidad del Valle con base en información de la Secretaría de Hacienda. Frente al incremento del esfuerzo fiscal, este organismo estimó que los recaudos ejecutados en Cali aumentaron exageradamente en términos reales. Se produce, entonces, una caída de la demanda regional de tal magnitud que mientras el desempleo del área metropolitana de Cali-Yumbo era el más alto del país, la tasa de inflación fue la más baja.

Otra parte del incremento de la oferta laboral tiene que ver con la crisis del campo. Como se anotó, el sector agrícola vallecaucano está expulsando trabajadores y generando corrientes migratorias a las ciudades. A esta migración también contribuye la crisis del puerto de Buenaventura y los desplazados de la violencia económica en el campo.

Ante la crisis un gran número de comunidades organizadas de Cali han puesto en marcha las ‘Alternativas Populares para la Generación de Ingresos’. Con base en la labor de un sinnúmero de federaciones y asociaciones de trabajo comunitario se gesta la construcción de varios circuitos de ‘mercados populares’ que integran redes de producción y comercialización de diversos bienes elaborados en diferentes barrios. De esta manera se logra que las comunidades se beneficien de la producción, la compra-venta y el consumo de artículos como alimentos, aceite, ropa, artesanías y otros productos industriales.

Así, las comunidades más afectadas por la crisis económica luchan contra la dependencia con los grandes sectores empresariales, financieros y oligopólicos: los pobres van rompiendo la docilidad de hacer más grandes a los ricos. Por supuesto que el desarrollo de esta propuesta no implica el aislamiento de las comunidades ni el desconocimiento de sus otras problemáticas para lograr una vida digna.

4. Plan social de arranque

Se requiere tomar ipso-facto una decisión política nacional para abaratar los productos de primera necesidad, favorecer la base industrial instalada y dar paso a una política integral de transporte, para lo cual es conditio sine qua-non:

• Enfrentar los monopolios del transporte de carga y de pasajeros, restituir la red nacional ferroviaria con trenes de cercanías en las áreas metropolitanas y en todas las capitales de los departamentos localizados de la Cordillera Oriental hacia el Occidente.
• Construir una flota naviera con dos propósitos sustanciales: recuperar la navegación de los ríos principales, dragado en cortos o largos trayectos y controlar las aguas en zonas inundables como prevención de desastres y recuperación de tierras. Dentro de una política alimentaria e industrial inaugurar una estrategia de explotación de los recursos marítimos y fluviales que redundará necesariamente en el desarrollo de una infraestructura científica y de investigación en este campo. Superando su condición ociosa, se cuenta ya con la base naval de Buenaventura como gran puerto y astillero.

Estas medidas, en consonancia con la economía globalizada, reorientan la infraestructura vial y productiva en pro de unos logros básicos en nutrición y educación, alfabetización. Sin ambages, deben aplicarse los esquemas de inversión social y de socioeconomía, con incentivos para la pequeña y mediana industria y de los oficios hechos por trabajadores por cuenta propia y obreros particulares. Se debe advertir acerca del fracaso del pleno empleo y de cualquier modalidad del llamado socialismo estatalista que se hundió.

Las medidas de este Plan de arranque actuarían como motor de transformación del potencial humano. Además de intervenir las diez áreas referentes a los recursos materiales –como componentes del Plan con sentido humano, en la esfera de la productividad del trabajo y de capacitación se adoptarían medidas inmediatas para que por turnos, según la capacidad universitaria, todos los maestros de primaria y preescolar gozaran de un “año sabático” dedicado a capacitación de nivel superior.

La construcción de trenes y la capacitación universitaria de los maestros de primaria y preescolar constituirían el motor, el plan social de choque –a la vez económico y político–, para confrontar los planes de desarrollo conocidos hasta ahora. Planes que toman como eje la inversión pública o la construcción para beneficio del capital financiero multinacional. Planes con su efecto de destrucción y sujeción de la economía nacional y sus dramáticas consecuencias de conflicto social y desempleo. En la esfera de lo político, el combate a la corrupción que dilapida doce billones de pesos de capital público al año es una clave.

Nuestra propuesta implica un rompimiento de la inercia económica y de diferentes poderes políticos y económicos:

• Manejo y reciclaje desde la base comunal de los residuos sólidos lo cual induce dos dinámicas, la organización social y el aprovechamiento de recursos para el fortalecimiento de una base de industria ligera. También se inscribe en el propósito de una transformación de los hábitos de consumo y de relación con la naturaleza. Con la construcción de una planta de tratamiento de desechos sólidos para nueve municipios de 15.000 habitantes, se crean alrededor de 400 empleos directos e indirectos en cada uno.
• Partiendo de la necesidad que tienen Venezuela, Brasil y Europa de lograr una intercomunicación con el Pacífico –no restringida al Canal de Panamá–, se ejecutará un plan vial nacional con base en dos proyectos Atlántico-Pacífico: Buenaventura-Neiva- Yopal, y Bucaramanga- Medellín - Quibdó - Buenaventura.
• Construcción y urbanización de cuatro nuevos centros poblacionales como polos de crecimiento económico con objetivo hacia el Pacífico. Pueden ser pilotos: Florencia o San Vicente, Cartago, Sogamoso-Yopal, Planeta Rica y Aguachica. Y otros regionales.

Este propósito se sustenta dentro de un concepto de nuevo ordenamiento territorial y de dirección del asentamiento urbano que permita una racional política de vivienda y un crecimiento más humano.

El estímulo a la política de vivienda tendrá como premisa un sistema de crédito subsidiado y la expropiación de áreas urbanas y suburbanas.

• Instalación de una red petroquímica para explotar a gran escala los derivados del petróleo, con el fin de incentivar algún nivel de industrialización y obtener la autosuficiencia en la producción de gasolina.
• Impulso de los circuitos de pequeña producción y distribución comunitaria de productos para el consumo: aceite, ropa, alimentos, papeles, materiales de construcción, intercambio de servicios, con base en redes de solidaridad entre los desempleados.
• Como proyecto rector de ciencia y tecnología, aplicación de la exploración bioquímica en el conjunto del país, en particular de la Amazonia.

Su objetivo apunta a la multiplicación de la medicina y la farmacéutica alternativas y otras aplicaciones en perfumería, esencias, licores, jugos y dulces con mercado internacional. El proyecto, a la vez, posibilitaría la construcción de una infraestructura de ecoturismo.

• Ante la imposibilidad de competir a mediano plazo en el impulso cibernético, fortaleceríamos el papel de la ingeniería mecánica con el desarrollo de partes para la robótica, piezas y repuestos con la mira de mercados en Brasil, Venezuela, Argentina, México. De por medio nos queda por resolver la tecnología para mejorar la calidad del acero.

Como otro instrumento para el financiamiento del plan social de choque se concretarán fondos regionales de capitalización. Se hará necesaria la aprobación de una ley antimonopolio que impida el control del sector industrial por parte del sector financiero.

5. Metas socioeconómicas

El desempleo carcome. Cada mañana cientos de miles de hogares padecen el flagelo del hambre. Son miles de familias con la imposibilidad de acceder al consumo mínimo. Para salir de este drama, como propósito nacional deben establecerse cuatro grandes metas: (i) la reindustrialización; (ii) la contención de la ruina del campo; (iii) el aumento del poder de compra de los pobres, y (iv) la redistribución y democratización del ingreso.

Este propósito choca con los patrones económicos de la inversión especulativa y de la hegemonía de la banca mundial; por ello es preciso consolidar una fuerza social que respalde la ejecución de una economía solidaria y humana. En abierta polémica con la tecnocracia que afirma la inexistencia de recursos, la inversión social es posible dinamizarla con base en una nueva organización socioeconómica para explotar los recursos físicos y fomentar el potencial humano. Se trata de un plan de choque social, un plan de arranque en busca del beneficio de las mayorías.

Colombia necesita una administración pública en condiciones de enfrentar el desempleo. Para ello hace falta sensibilizar al conjunto de la sociedad en el derecho irrenunciable de toda persona a vivir dignamente con base en su trabajo. Dentro del predominio de una economía informal que alcanza el 66% de la PEA, un subempleo –que llega al 20%–, en el empleo temporal, en la delincuencia –que presiona la redistribución social del ingreso–, se encuentra ocupación mas no trabajo para una vida digna.

El sistema económico desecha seres humanos, convirtiéndolos en seres-basura sin opción de trabajo: sin posibilidad de vida digna. Los desempleados, estos seres-basura, sin ofertas políticas ni de las organizaciones sociales, tratan de no ahogarse buscando la sobrevivencia individual. Los pasos del desempleado, del serbasura –ocultando muchas veces su situación–, constituyen el triunfo del individualismo. De su soledad que deviene en incapacidad política y social. Son millones; sin embargo, no se sienten. Buscan resolver sus urgencias individualmente.

Esta distorsión en la vida ha sido admitida y compartida por las organizaciones políticas, sociales y por el movimiento sindical. Los desempleados no tienen forma de salir a la protesta como fuerza organizada. Ante el desempleo, el sindicalismo no se inmuta; sin propuestas para los sindicalizados que son despedidos, los abandona; sin propuestas para los que no han encontrado empleo, los desconoce. De esta manera, el sindicalismo es percibido como ‘grupo de presión’ de los trabajadores privilegiados.

Es inaplazable la solidaridad social con los desempleados. Se demanda una respuesta política del conjunto social para los millones de seres-basura. Para construir la base social que necesita concretar la socioeconomía se requiere: (i) crear un ambiente de acción y reconstrucción social; (ii) concretar acciones tendientes a la politización de la población; (iii) cimentar las bases para que germine el concepto colectivo de vida digna y (iv), generar pensamiento sobre las características de un modelo económico social, humano y justo.

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