Los bonos educativos y la crisis de la universidad pública

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Los bonos educativos y la crisis de la universidad pública

Laços educacionais e a crise da universidade pública

Educational bonds and the crisis of the public university

Javier Torres Parés
Adel Gutiérrez Tenorio
Jorge Humberto Miranda Vázquez*

* Profesores e investigadores de la UNAM.

Los autores analizan las políticas educativas en el sector público mexicano durante los últimos gobiernos y centran su atención en la reciente crisis de la Universidad Autónoma de México - UNAM.

La Secretaría de Educación Pública y la política educativa

La política educativa heredada por el régimen neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, que impulsó cambios constitucionales y de la legislación de la educación, orientó al sistema educativo de México hacia dos metas fundamentales: a la reducción de la matrícula y del financiamiento gubernamental de las universidades públicas y a la promoción y el avance de los intereses bancarios en la educación superior.

La política educativa del Presidente Ernesto Zedillo se enmarca en las reformas constitucionales de 1992 y 1993, en la Ley General de Educación que promovió como Secretario de Educación Pública, vigente desde 1993, y en el Programa de Desarrollo Educativo 1995- 2000. Saturado de declaraciones de principios, el Programa declara el carácter prioritario de la educación:

[La Ley General de Educación] vigente desde 1933, establece que el Ejecutivo Federal tomará en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional y en todo tiempo procurará fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 proclaman que “la educación será una altísima y constante prioridad del Gobierno de la República, tanto en sus programas como en el gasto que los haga realizables¹.

Esta altísima prioridad en el discurso es desmentida en los hechos por las cifras del gasto federal en educación en el período entre 1995 y 1998; Manuel I. Ulloa considera que se puede comprobar que “los recursos por habitante y por alumno, que este gobierno ha asignado a la educación, han sido menores, todos los años, a los que la administración anterior ejerció en 1994”. En el siguiente cuadro, se puede observar lo anterior:

En 1999, los incrementos considerados en el Presupuesto de Egresos, “representan la tasa más baja de crecimiento en la matrícula de preescolar y la segunda más baja de secundaria en lo que va del sexenio” 3 . Este autor señala que la tasa de absorción en la escuela secundaria de los egresados de primaria, sólo avanzó una décima de punto porcentual, mientras que la tasa de eficiencia terminal, luego de los cambios promovidos por los regímenes de Salinas y Zedillo en este nivel educativo, disminuyó cuatro puntos.

Gasto federal total en educación 1994-1998²

Fuente: Anexo estadístico del IV Informe de Gobierno del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León y criterios generales de política económica para 1999. Elaboración de Manuel I. Ulloa con el gasto federal en educación a precios de 1993 y el gasto federal en educación por habitante y por alumno con esa misma base.

En la educación media, el hecho más significativo es la disminución del gasto federal el que además se concentra preferentemente en las opciones técnicas en detrimento del bachillerato de tipo universitario y humanístico, el más demandado por los jóvenes en esas edades. La situación se torna dramática si se toma en cuenta lo ocurrido en la educación superior:

En lo que se refiere al gasto federal en educación superior (GFES), entre 1994 y el proyecto de presupuesto para 1999, el gasto federal por habitante de 20 a 24 años presenta una disminución de 44.1 y de 46.3 por ciento, el gasto federal por alumno y con respecto al ejercicio de 1998, significa reducciones de 28 y 27 por ciento respectivamente, las más drásticas para un año en lo que va de la presente administración⁴.

Existe un proceso identificable de privatización de la educación superior que explica el deterioro educativo sufrido en los últimos años: “Margarita Noriega, en su tesis doctoral: Procesos y sujetos determinantes en el financiamiento de la educación, en el contexto de la globalización: el caso de México 1982-1994, UAA, abril de 1998, ha demostrado la intervención de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BID en la formulación y aplicación de la política educativa en nuestro país, por medio de préstamos que resultan congruentes con la aplicación de las políticas que estos organismos recomiendan”⁵.

Una vertiente importante por la que transcurre el proceso de privatización de la educación superior la señala el propio Ulloa cuando observa la tasa de crecimiento de la educación impartida por las instituciones privadas en comparación con el crecimiento de las instituciones públicas:

Los datos de este último cuadro, que muestran un crecimiento de la educación superior impartida por particulares muy por encima del crecimiento de la educación ofrecida por instituciones públicas, son inexplicables sin el apoyo directo del presupuesto estatal, que se reorienta de manera creciente en beneficio de las instituciones particulares. Un índice de esta reorientación de los recursos se puede encontrar en el Anexo del 5º Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo, del 1º de septiembre de 1999, que registra un “crecimiento real” del 15.9 por ciento respecto del gasto erogado al inicio de su administración. El 90 por ciento del gasto nacional en educación lo financia el gobierno federal.

El “Gasto nacional ejercido en educación”, registrado en el Anexo del informe presidencial, informa del creciente gasto ejercido por las instituciones privadas, como se observa en el siguiente cuadro:

Tasas de incremento de la matrícula⁶

Fuente: Elaboraciones de Manuel I. Ulloa con base en información de los anexos estadísticos de distintos informes de gobierno.

Gasto nacional ejercido en educación⁷

Elaborado a partir de la información contenida en el 5º Informe de Gobierno, 1º de septiembre de 1999, p.215.

La peligrosa reducción del gasto educativo por habitante y por alumno, la disminución del incremento de la matrícula, la opción gubernamental casi exclusiva a favor de las instituciones tecnológicas y la reorientación de los recursos públicos a las instituciones de educación superior privadas en detrimento de la educación pública, son factores combinados que se multiplican y producen que se cuenten por millones los jóvenes del grupo de edad de 20 a 24 años, que son excluidos de la educación superior y los que difícilmente podrán encontrar un empleo bien remunerado, como se muestra en el siguiente cuadro:

Las cifras muestran que el saldo negativo de la política educativa del régimen del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León es el de mayor magnitud. La situación en la educación superior coloca al país en desventajosas condiciones de competencia frente a otros países en desarrollo, y frente a los países desarrollados la escolaridad de los mexicanos disminuye de forma alarmante.

Población de 20 a 24 años excluida de la educación superior 1982-1998⁸

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 1999 se propuso reducir el gasto educativo en inversión en 37.5 por ciento en comparación con el año 1998, reducción a la que se opuso la Cámara de Diputados. Esta política de inversión educativa es compensada de modo creciente por un mayor gasto de los padres de familia:

Desde hace años, la sociedad ha venido haciendo aportaciones para suplir, al menos en parte, las omisiones e insuficiencias del gasto educativo en inversión por medio de contribuciones obligatorias, semiobligatorias y voluntarias, que las familias mexicanas vienen haciendo en forma creciente y en proporción regresiva a sus ingresos, para la construcción, mejoramiento y operación de las escuelas públicas a las que asisten sus hijos. Esta situación atenta gravemente contra la gratuidad, a la que constitucionalmente está obligado el Estado en toda la educación que imparte⁹.

La baja constante del gasto educativo es suplida también por la disminución del salario de los docentes, que en el caso de las plazas iniciales para los docentes de primaria, según Ulloa, en 1998 fue 65% inferior en términos reales al que percibían en 1982. El proceso de descentralización de la educación simula nuevas disminuciones del gasto federal en educación¹⁰.

En conclusión, de acuerdo con estos datos es falso que la política educativa del gobierno de Ernesto Zedillo se propusiera ofrecer educación a la niñez y a la juventud. En un balance en el último año de su gobierno, la asignación de recursos fue menor a la de 1994; el gobierno federal opera el sistema educativo financiándolo con bajísimos salarios para los profesores y con aportaciones prácticamente obligatorias de las familias con hijos en los diferentes niveles educativos; incumplió las metas previstas por la propia SEP; la descentralización no asigna recursos presupuestales a los estados y en la educación media superior y superior privatiza a esas instituciones de acuerdo con los lineamientos de los organismos financieros internacionales, política que las fracciones de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional de la LVII Legislatura han aceptado¹¹.

Otro crítico de la política gubernamental para la educación superior, Carlos Imaz, observa las consecuencias de la política educativa en la Universidad Nacional Autónoma de México, institución que es la base misma del sistema de instituciones autónomas de educación superior del país:

A pesar del incremento nominal del subsidio federal que se le dio a la UNAM , la más grande y prestigiada universidad de México, este subsidio representa para 1995 el 0.25% del PIB. De tal suerte, la institución que produce la mitad de la investigación científica nacional y el mayor número de profesionistas en el país, recibió casi el mismo porcentaje del PIB destinado en 1981 y 19% menos que el proporcionado de 0.32%, en 1976¹².

Y advierte:

En los dos primeros años, 1995 y 1996, del Presidente Zedillo, quien fue Secretario de Educación Pública, … la educación superior ha tenido un incremento de 5.5% (mientras que la UNAM y las universidades públicas, verán reducido su presupuesto en 8.6%)… La reducción del presupuesto de la UNAM y la reducción de la matrícula estudiantil (13%, o lo que es lo mismo, 500,000 estudiantes en los últimos 15 años), en la misma universidad indican un peligroso círculo vicioso donde las posibles nuevas universidades no harán más que atender nuevos rezagos y no el atraso histórico¹³.

La política educativa del gobierno de Ernesto Zedillo, no intentó crear nuevas universidades autónomas en los años posteriores de su sexenio, como sugirió Carlos Imaz. La creación de las llamadas universidades tecnológicas y la privatización del sistema público de educación, principalmente el de las instituciones de educación superior autónoma, se reveló como el fondo mismo del proyecto educativo con negativas consecuencias sociales y culturales cada día más importantes.

La política educativa del gobierno de Ernesto Zedillo contribuyó poderosamente a la crisis de la Universidad Nacional (UNAM) y con ello al conjunto del sistema de universidades financiadas por el Estado.

La Universidad de Guadalajara, la segunda más importante del país, señala las graves consecuencias de esta reducción sistemática del financiamiento de las universidades públicas. La arbitraria discrecionalidad de los mecanismos actuales de financiamiento producen efectos desastrosos en las instituciones de educación superior como se ve en el recuento de estos efectos elaborado por Carlos Ornelas¹⁴:

Fondos insuficientes para la investigación, bajos salarios y prestaciones, pérdida de prestigio de la profesión académica, poca infraestructura y mal mantenida, cobertura insuficiente, baja calidad de la educación, irrelevancia de la enseñanza y la investigación, rezago curricular y equipamiento a veces miserable de los salones de clase, de los laboratorios y las bibliotecas’¹⁵.

Entre los efectos más graves de este proceso que podemos llamar de liquidación de las universidades públicas, la Universidad de Guadalajara señala las muy graves consecuencias en cuanto a escolarización en el plano comparativo.

Los efectos adversos para el desarrollo del país como resultado de la política educativa de los últimos años se observa también al comparar la escolaridad de la educación media y superior entre los países del TLC, México, Estados Unidos y Canadá:

Los efectos del desfinanciamiento de la educación se observan en el gasto por alumno en la educación superior.

Las desventajas comparativas cada día más acentuadas, también se observan en las grandes diferencias en el salario de los profesores:

Tasa bruta de escolarización¹⁶

Fuente UNESCO, World Education Report, 1991, París.

Gasto por alumno en Educación Superior¹⁷

Fuente: Tercer Informe de Gobierno, 1997. Anexo Estadístico. Poder Ejecutivo Federal, México.

Salario mensual en dólares para profesores en educación superior¹⁸

Fuente: OCDE, Panorama Educativo: Análisis 1996. OCDE. Para el caso de México: Tabulador SEP 1997 para Profesor Asociado “B” tiempo completo, incluido aguinaldo y prima de antigüedad de 10 años.

La situación en las principales universidades públicas del país, muestra que lejos de actuar en el sentido de apoyar a la educación pública superior, el gobierno actual orienta su actividad a la reducción del sistema e incluso a su liquidación o venta para fortalecer el proyecto privatizador de las instituciones bancarias, como el del grupo financiero Bancomer.

Bancomer, los bonos educativos y el futuro de la educación

El Grupo Financiero Bancomer, en agosto de 1999, publicó un folleto titulado Educación para el Crecimiento Económico. Elaborado por un “Economista principal”, Manuel Sánchez González y un nutrido grupo de intelectuales del Banco, distribuidos en secciones de “Estudios macroeconómicos y políticos”, de “Sistema financiero y bancario”, de “Estudios sectoriales y regionales”, de “Estudios especiales”, de “Información y modelos”, vinculados por un Coordinador, Fernando Tamayo Noguera. De una gran pobreza en su contenido, el breve folleto es importante porque revela los argumentos bancarios para apropiarse del presupuesto público para la educación y para subastar y entregar a manos privadas los establecimientos y las instalaciones destinadas a la educación pública¹⁹.

La Introducción, precedida por el subtítulo sostiene que es necesario proteger la propiedad para garantizar una distribución eficiente de recursos y desplazar al gobierno de la función educativa para mejorar la calidad del capital humano:

Para que una economía sea exitosa en términos de crecimiento sostenido y equidad, se requieren tres condiciones fundamentales. La primera es que el arreglo institucional que enmarca la actividad de los agentes económicos provea los incentivos adecuados para una asignación eficiente de recursos, definiendo y protegiendo los derechos de propiedad. La segunda condición es que el marco macroeconómico sea estable. Y la tercera es que se de una continua acumulación de capital humano a través de un sistema educativo de alta calidad.

En México, a pesar de la importancia que tiene la educación, el marco institucional vigente no otorga los incentivos adecuados para que la acumulación de capital humano se traduzca en desarrollo económico, el que el gobierno haya asumido la función de proveer en forma mayoritaria el servicio educativo, pudiendo otorgar y quitar arbitrariamente la concesión a los agentes privados que también ofrecen este servicio, es uno de los principales elementos que explican por qué México sigue siendo un país subdesarrollado²⁰.

Este grupo de intelectuales bancarios, como los teóricos del período salinista, se ocupan en primer término de descalificar al conjunto del sistema educativo:

Este estudio analiza el efecto que ha tenido sobre el desarrollo de la economía mexicana la ausencia de incentivos adecuados para una asignación eficiente de recursos en el sistema educativo nacional, hecho que se ha traducido en un servicio educativo de baja calidad y, por tanto, en bajos niveles de capital humano²¹.

La descalificación global del sistema de educación pública conduce sin preámbulos a proponer una gran reforma destinada a crear nuevos “derechos de propiedad”, para generar incentivos que mejoren la calidad de la educación y garanticen, mediante los bancos que sustituyan al Estado, la igualdad de oportunidades de acceso:

La reforma propuesta, orientada a definir los derechos de propiedad en el sistema educativo nacional para incentivar una mayor calidad de la educación, se centra en redefinir el papel del gobierno, el cual, en lugar de ofrecer directamente el servicio educativo, tendría como función garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a la educación mediante un sistema de “bonos educativos”. La adopción de este sistema implica que el sector privado sería el encargado de ofrecer el servicio mientras que el gobierno subsidiaría a la demanda (subrayado de los autores).

La idea encierra el propósito de los bancos de apropiarse de los recursos públicos destinados a la educación (218 mil millones de pesos para 1999²²), y orientarlos a las empresas educativas en manos de particulares. Tal vez era este el propósito a mediano plazo de los cambios constitucionales de 1992 y 1993. El sistema de bonos propuesto, varias veces comentado con entusiasmo por el presidente Ernesto Zedillo, exige también la evaluación por parte de los bancos junto con empresas particulares del tipo del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), del desempeño de las escuelas y de los profesores:

El sistema de “bonos” se tiene que complementar con la adopción de un sistema transparente para evaluar el desempeño de los profesores. Para ello se propone la instrumentación de exámenes nacionales por grado en la primaria y en la secundaria, lo que permitiría condicionar el monto de las transferencias gubernamentales a las escuelas y a los profesores con base en el desempeño de los alumnos en esos exámenes²³.

Para la educación superior el desplazamiento del Estado es total e incluye desde luego el pago de colegiaturas:

Finalmente, se propone eliminar el subsidio gubernamental a las universidades públicas y que sean los propios alumnos quienes cubran, a través de colegiaturas, el costo de su educación universitaria”²⁴.

Separación de la política y la economía si consideramos que la educación nacional deja de ser un asunto eminentemente social y académico para convertirse en un problema de competencia y rentabilidad. Separación artificial de un problema político que sólo se hace subterráneo y reintroduce su verdadero carácter cuando resurge como problema social. Como Michel Foucault del cuerpo (Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión), diríase que la educación sólo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez productiva y sometida. Si en la historia el sometimiento se identifica con el orden estatal de la modernidad, en Educación para el crecimiento económico del Grupo Financiero Bancomer, el nuevo orden se somete a las instituciones financieras por medio de la subasta de las instituciones estatales para hacerlas productivas con el dinero público:

Existen diversos problemas de carácter institucional, que inhiben que la educación en México sea de una alta calidad y que se traduzca en una mayor productividad de la mano de obra y de los niveles de ingreso.

Por el lado de la oferta, los problemas existentes pueden resumirse, como se comentó, en la ausencia de competencia en las escuelas administradas por el gobierno, derivada de la falta de definición de los derechos de propiedad. Esto ha ocasionado bajos salarios y escasa productividad de los profesores y, por lo mismo, una menor calidad de la educación ofrecida en éstas en relación con las escuelas privadas. La solución está en buscar los incentivos para que la calidad de las escuelas públicas se incremente.

En esta solución el gobierno tiene un importante papel que jugar, mas éste no es el de ser quien provea el servicio educativo, sino determinar y garantizar los derechos de propiedad así como la igualdad de oportunidades de acceso y otorgar los incentivos para incrementar la competencia entre las escuelas, que impliquen un servicio educativo de mayor cobertura y calidad. Al ser positiva la productividad marginal de la educación, mientras mayor sea el nivel de capital humano en la sociedad, la productividad marginal de la mano de obra se incrementa, en lo individual y en el agregado, se facilita la introducción del cambio tecnológico, aumenta los niveles de salud de la población y la distribución del ingreso se vuelve más equitativa. Por ello, es papel del gobierno aprovechar esta externalidad mediante el subsidio de esta actividad, pero dentro de una estructura en la cual ésta sea ofrecida por el sector privado. Es decir, es papel del gobierno utilizar recursos fiscales para subsidiar la demanda por servicios educativos.

De esta manera, se debe otorgar la administración de las escuelas públicas urbanas en los niveles preescolar, primaria y secundaria al sector privado mediante un proceso de subastas de las instalaciones existentes, dando entera libertad a los administradores privados para la contratación de profesores y la determinación de sueldos. Esta forma de administración privada de las escuelas tiene que complementarse con dos elementos. El primero es la creación de una estructura de “bonos de educación”, válidos en cualquier escuela y redimibles por el gobierno, los cuales serían utilizados por los padres de familia para elegir a donde van sus hijos.

El segundo elemento lo constituye “amarrar” el presupuesto gubernamental educativo y por lo mismo el monto de las transferencias que el gobierno otorga a indicadores de rendimiento de la escuela y de los profesores. Al estar la educación bajo la administración privada, cuando ésta se realiza bajo un método de subastas, se llega a una definición de los derechos de propiedad, ya que está en el interés del administrador privado cuidar la calidad de los servicios que provee debido a que de ello dependería su ingreso y por lo mismo la rentabilidad de su inversión²⁵.

El nuevo orden educativo bancario se basa en los bonos educativos:

Los “bonos de educación” a los cuales tendrían derecho cualquier padre de familia con hijos en edad de cursar los tres ciclos escolares mencionados, darían el derecho de demanda sobre cualquier escuela. Obviamente, al desear los padres que el bienestar futuro de sus hijos sea mayor que el de ellos, tenderían a elegir escuela que ofrezca una mayor calidad, tomando también en consideración otros elementos como podrían ser la cercanía, los medios de transporte, la seguridad, etc. Así, las autoridades gubernamentales pagarían a la escuela el equivalente monetario de los bonos, tal que se garantice un mínimo de ingresos por alumno atendido, pero no garantizarían que con el ingreso de estos bonos se cubran los costos totales²⁶.

El proyecto de reforma que pretende implantarse en el régimen del presidente Zedillo tiene un nuevo contenido académico definido por los evaluadores del sistema:

Los indicadores de desempeño o de calidad serían obtenidos a partir de exámenes nacionales por grado y la transferencia gubernamental a las escuelas y a los profesores estaría en función directa del desempeño de sus alumnos en estos exámenes²⁷.

La utopía conservadora de un Estado que sólo subsidia a las empresas particulares se realiza sin límite en la educación superior. Como un servicio que sirve a los individuos, la llamada “externalidad positiva” del Estado desaparece:

Por lo que se refiere a la intervención del gobierno en la educación superior en las “universidades públicas”, aportando recursos fiscales para el financiamiento de los servicios que ofrecen, es importante señalar que el capital humano que cada uno de los individuos acumula a través de la educación formal, conlleva a un beneficio para la sociedad reflejado en una mayor productividad de la mano de obra, tecnología moderna de producción, así como mayores niveles de salud y de calidad de vivienda. Este efecto externo positivo es creciente desde la alfabetización, hasta la educación secundaria. En la educación media superior, la externalidad sigue siendo positiva aunque cada vez menor. Finalmente, para la educación universitaria aquélla ya no existe, es decir, el que recibe la educación se apropia de todo el beneficio por haber estudiado. Por lo mismo, desde el punto de vista social, es justificable que el gobierno destine recursos únicamente hasta el nivel medio superior. Para la educación universitaria, al no existir una externalidad positiva no se justifica el financiamiento gubernamental²⁸.

La necesidad de seleccionar las profesiones rentables se desprende de la Reforma propuesta y por otra parte, el proyecto señala la necesidad de exigir apoyo del Estado para las actividades más costosas: Por otra parte, al destinar recursos públicos al financiamiento de la educación, se supone que todas las profesiones tienen, en el margen, el mismo valor para la sociedad, lo cual no es cierto. Hay profesiones universitarias que pudiesen aportar más a la sociedad que otras.

Adoptar una política en la cual los estudiantes cubran el costo marginal de los servicios educativos, tal como sucede en las universidades privadas, además de hacer que los mismos estudiantes incurran en los costos y beneficios de recibir educación superior, permitiría incrementar los sueldos de los profesores y destinar recursos a la investigación, que podrían ser las únicas actividades en el ámbito universitario que recibieran apoyo gubernamental²⁹.

El grupo financiero y sus fieles intelectuales señalan de antemano las carreras que sobrevivirán en su escuela:

La mayor competencia interna y externa que se está experimentando en la economía mexicana implica un gran reto educativo para las instituciones de educación superior, en donde es indispensable incrementar la calidad y dar un mayor impulso al estudio de las ciencias naturales, exactas e ingenierías, dado que su rendimiento es mayor que en las ciencias sociales, administrativas y humanidades³⁰.

Apropiarse del presupuesto nacional para la educación, reducir al mínimo más rentable el desarrollo de las profesiones y la cultura e intervenir decisivamente en el contenido de los programas educativos, no es una utopía de algunos empleados de las elegantes oficinas bancarias. Las reformas propuestas por el Grupo Financiero Bancomer tienden a ser una política del gobierno, que no encuentran obstáculo legal y que son capaces de allanar los obstáculos sociales y políticos a la completa instauración de su proyecto educativo-empresarial como proyecto nacional.

Por su parte, en la perspectiva del Programa del Sector Educativo para el año 2000, la propuesta gubernamental se acerca cada vez más a la planteada por el Grupo Financiero Bancomer. Para la educación media superior y superior se fortalece al concurso de ingreso a la educación media superior de la zona metropolitana de la ciudad de México para orientar la matrícula a las opciones técnicas:

En la actualidad el nuevo modelo educativo responde de manera más pertinente a las necesidades y demandas del sector productivo al ofrecer a sus estudiantes una formación técnica que incorpora en su mapa curricular módulos ocupacionales que se basan en normas de competencia laboral³¹.

Para la educación superior, el nuevo modelo educativo del gobierno federal ignora la grave crisis de la educación pública gratuita y afirma autocomplaciente:

El crecimiento de la matrícula en este tipo educativo se ha logrado por la ampliación de la oferta educativa que responde al incremento de la demanda (sic); la diversificación de los servicios que se traduce en la apertura de nuevas opciones y modalidades cada día mejor vinculadas con las necesidades de las personas; por la mayor flexibilidad de los servicios que en la actualidad facilitan el tránsito entre la formación superior y el mundo del trabajo; y por la mayor concurrencia de los particulares³².

La “mayor concurrencia de los particulares” se reafirma y complementa en la inciativa presidencial para el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2000, en el que se afirma:

De ser aprobado el Proyecto de Presupuesto, el Gobierno Federal canalizará a través del sector educativo 10, 268.2 millones de pesos a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. A estos habrá que adicionar los ingresos propios que generen las universidades públicas, los centros SEP-Conacyt y el Sistema de Investigación Tecnológica, lo que permitirá disponer de alrededor de 12 mil millones de pesos para el apoyo a la investigación básica aplicada y de desarrollo tecnológico³³.

La diversificación de servicios que propone el Proyecto de Presupuesto, que favorece casi exclusivamente a las instituciones de carácter tecnológico (se prevé edificar trece institutos tecnológicos superiores en el año 2000), es también el abandono de la educación superior universitaria y humanística. Podemos afirmar que el año 2000 es también el año en el que las instituciones públicas universitarias tendrán más financiamiento proveniente de los ingresos propios que del estatal para cumplir con sus funciones de investigación, lo que todo sumado resulta en la insuficiencia de recursos. El proyecto “nacional” de los Bancos y el privatizador del gobierno coinciden cada día en mayor medida.

La larga huelga estudiantil de la Universidad Nacional (marzo de 1999 - febrero del 2000), interrumpida por la intervención de la Policía Federal Preventiva en las instalaciones de los planteles universitarios, es resultado de la inconformidad de numerosos jóvenes que perciben que el nuevo proyecto educativo prevé reducir su nivel de formación para obligarlos a optar por formaciones técnicas que garantizan la producción de una abundante fuerza de trabajo con bajos salarios a la medida de las necesidades de algunas empresas trasnacionales. El conflicto social que este designio engendra, se agravó con la presencia policial en las instalaciones universitarias que polariza el enfrentamiento y genera nuevas expresiones de beligerancia de quienes en el gobierno y en la Universidad Nacional se proponen, con la ayuda de la represión, imponer nuevas restricciones a la matrícula y al financiamiento de la universidad pública.

Citas

1 Manuel I. Ulloa, Evaluación del Programa Educativo 1995-2000, Quórum, Año VIII, Nº 65, marzo-abril 1999, p. 93.

2 Ibídem, p. 94.

3 Idem.

4 Ibídem, p. 97.

5 Ver los artículos de Julio Boltvínik (La Jornada 03/XII/98 y 04/ XII/98) que relacionan esta intervención del Banco Mundial con el Proyecto de Presupuesto de Egresos para la educación superior en 1999, Ibídem, p.98.

6 Ibídem, p.99.

7 Idem.

8 Manuel I. Ulloa, Ob. cit., p. 100. * Surgimiento de movilizaciones de estudiantes rechazados.

9 Idem.

10 Ibídem, p. 103.

11 Ibídem, “Conclusiones”, pp. 104-106.

12 Imaz, Carlos, et al., ¿Y el costo de la ignorancia? 1996, el rezago educativo en México, México, Grupo Parlamentario, Partido de la Revolución Democrática, H. Cámara de Diputados, LVI Legislatura, junio 1996, mimeo, p. 27.

13 Ibídem, p.34.

14 Ornelas Carlos, “Las antinomias de la educación superior: el panorama mundial.”, en: La UNESCO frente al cambio en la educación superior en América Latina y el Caribe. Memorias del Seminario UNAM/UNESCO, México, 1995.

15 Universidad de Guadalajara, Criterios para subsidio público a universidades. Documento de trabajo, noviembre de 1997, p. 29.

16 Idem.

17 Ibídem, p. 31.

18 Idem.

19 Grupo Financiero Bancomer, Educación para el crecimiento económico. Serie de propuestas, agosto de 1999, Centro Bancomer, Av. Universidad 1200, Delegación Benito Juárez, México 03339, D.F.

20 Ibídem, p. 3.

21 Loc. cit.

22 Secretaría de Educación Pública, Programa del Sector Educativo para el año 2000, SEP, México, 2000, p.33.

23 Grupo Financiero Bancomer, Educación para el crecimiento económico, Serie Propuestas, México agosto de 1999, p. 3.

24 Ibídem, p. 4.

25 Ibídem, p.13.

26 Ibídem, p. 14

27 Idem.

28 Ibídem, p. 15.

29 Ibídem, p. 16.

30 Ibídem, p. 17.

31 Secretaría de Educación Pública, Programa del Sector Educativo para el año 2000, SEP, p. 49.

32 Ibídem, p. 50

33 Iniciativas, Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2000, Gaceta Parlamentaria. Jueves 11 de noviembre de 1999, p. 73.