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Escenarios de un proyecto educativo institucional. Una propuesta en construcción*

Cenários de um projeto educacional institucional. Uma proposta em construção

Scenarios of an institutional educational project. A proposal under construction

María Cristina Laverde Toscano **


* Documento preparado y presentado por la Directora del DIUC al Consejo Superior y al Comité de Acreditación de la Universidad Central en la perspectiva de proponerlo como material de reflexión y dispositivo del proceso de autoevaluación hacia la Acreditación.

** Socióloga. Directora del Departamento de Investigaciones de la Universidad Central y de su revista Nómadas.


Resumen

El objetivo de este documento radica en proponer un tramado que cimente la formulación del Proyecto Educativo Institucional –PEI– de nuestra Universidad para delinear así los trazados del proceso de autoevaluación desde los distintos contextos que a mediano y largo plazos, de una u otra forma, marcan linderos al curso de nuestra Institución. De esta manera, el documento posee los límites de ser una propuesta, un material de trabajo que, como tal, es dueño de una postura, susceptible a los cuestionamientos, los aportes, y las reformulaciones que emerjan del proceso participativo, dialógico y democrático en el cual está empeñada hoy la Universidad Central desde los mandatos de su Consejo Superior, su Rectoría y su Consejo Académico. La dirección de nuestra Institución considera que sólo la calidad, la apuesta por la excelencia en torno al ejercicio de las tres funciones sustantivas de la educación superior –docencia, investigación y proyección social–, en coherencia con sus contextos determinantes, permitirá los cambios que la Universidad y la sociedad hoy precisan.


1. A manera de introducción

Si buscamos conocer los escenarios en los cuales está inserta la Universidad Central, aquellos que de una u otra manera delimitan sus posibilidades y lo hacemos como una estrategia que le permita reflexivamente definir, entre otros, sus apuestas de futuro, las relaciones que asumirá con su sociedad, los compromisos frente a los procesos de transformación que demanda el presente histórico, es importante plantear algunas reflexiones preliminares. Una de estas reflexiones señala que ante la complejidad del ámbito contemporáneo de la educación superior en Colombia no es pertinente simplificar la externalidad de una institución de esta naturaleza tan sólo al escenario económico internacional1; ello, a nuestro juicio, ha tenido sus efectos perversos, particularmente en los nexos de la universidad bogotana con su ciudad, como veremos más adelante. Aceptar este planteamiento conduce a entender que el escenario de la universidad colombiana es plural: conformado por distintos contextos que entre sí guardan, por supuesto, hondas relaciones. Así entonces en este documento emprendemos el análisis de los cuatro contextos que, desde nuestra perspectiva, ineludiblemente han de incidir en el carácter y en las dimensiones del PEI de la Universidad Central.

En primer lugar, abordaremos el estudio del contexto internacional, fundamental en el curso actual de una nación; en mayor medida ante la irreversible globalización que desde sus mandatos económicos penetra hasta las instancias de lo cultural.

El segundo es el contexto del país; la Colombia del aquí y ahora con su historia, con su cultura de la violencia, construida a fuerza de ser la intolerancia la forma de relación privilegiada y en la cual, paradójicamente, se anida la esperanza: no existe una naturaleza violenta del colombiano; es una cultura y como tal, susceptible de transformarse. Es nuestra sociedad, con sus circunstancias y problemas diversos y complejos en todos los órdenes y a los cuales la educación superior colombiana debe responder e incluso, en un mañana, les debe anteceder.

El tercer contexto es Bogotá; esa ciudad que, coloquialmente, “carece de dolientes”; en la cual convergen las más disímiles procedencias regionales , étnicas, religiosas, que traen a cuestas dramáticas pobrezas y los múltiples rostros de las violencias aprendidas desde los más diversos lugares de la geografía nacional. Bogotá, esa ciudad que en el correr del siglo pasado fue diluyendo su propia fisonomía, su identidad: convergencia de culturas varias en desencuentros no recontextualizados; municipio en el que confluyen las más espesas problemáticas, con frecuencia lindantes en lo enigmático. También en este territorio se concentran el mayor número de universidades del país, el mayor número de docentes e investigadores de alta calidad, el mayor número de estudiantes, de egresados… No obstante, pareciera que la universidad bogotana parasitara en su ciudad. Sin desconocer su papel en la formación de los profesionales demandados por el mercado de trabajo y el compromiso cierto de unas pocas instituciones, además de aportes importantes en el ámbito de la ciencia, ¿qué ha hecho, con dimensión de proyecto académico- político-ético, esta universidad por su metrópoli? ¿Cuáles son los márgenes de influencia siquiera en sus entornos inmediatos, barrio o localidad? ¿Por qué Medellín, y sólo en vía de ejemplo, ciudad con raíces, tradición, sentido de pertenencia –quizás aquí está la respuesta–, se nutre de su institución universitaria en intenso diálogo? ¿Dónde se encuentran las diferencias con las universidades capitalinas? A manera de hipótesis aquí se anida una de las perversiones resultantes de cifrar los contextos universitarios tan sólo en las esferas internacionales y económicas.

Es preciso escenificar nuestra ciudad, conocerla, comprenderla para así comprometernos con ella. Particularmente el tema interesa a nuestro Departamento de Investigaciones –DIUC– en tanto viene madurando un proyecto de investigación e intervención que, involucrando al conjunto de la Universidad Central, convocando a otras instituciones, se arriesgue por Bogotá. Será una opción determinada por la dimensión que logre el PEI centralista el cual, en razón de los objetivos fundacionales y de la tradición de la Institución, sabemos, privilegiará lo público –frente a intereses de grupo o particulares– y lo nacional y local ciudadano como proyecto académico-ético-político empeñado con su sociedad.

En último lugar, el contexto educativo en Colombia: cuál es el balance de la educación formal en general, cuál el de la educación superior, cuáles son los retos que con perspectiva de futuro hoy se le imponen y cuáles de ellos asumirá la Universidad Central, creando para ello –desde su PEI y desde su proceso de autoevaluación–, las condiciones que garanticen adecuadas respuestas.

La segunda reflexión necesaria en este acápite alude a la magnitud que pretendemos otorgar a los cuatro escenarios identificados. De una parte, en tanto marco histórico- económico-político-socio-cultural de un PEI universitario, estarán ajenos de lo coyuntural. Se buscará entonces la perspectiva histórica de los problemas conformadores de cada uno de ellos, su génesis, su desenvolvimiento, sus proyecciones. Así mismo, la elaboración teórica y relacional que devele el tejido y la articulación entre unos y otros fenómenos, entre lo micro y lo macrosocial. Esta óptica dará cabida a los distintos enfoques conceptuales y disciplinares que emerjan en el proceso de autoevaluación institucional, los cuales sin lugar a equívocos, enriquecerán su conocimiento e irán dilucidando alternativas, caminos, políticas, estrategias y acciones contributivas del cambio, tanto del sistema educativo como de aquellos que la sociedad demanda.

2. Un bosquejo del ámbito internacional

La globalización de la economía

El mundo contemporáneo incuestionablemente se caracteriza por su complejidad, por lo vertiginoso de sus cambios, producto de los desarrollos científico-tecnológicos, por los desasosiegos y convulsiones emergentes de procesos con frecuencia contradictorios que densifican el panorama.

Tomemos como hilo conductor de este escenario el proceso de globalización, reconocido generalmente como la disposición progresiva y creciente hacia la interdependencia mundial de las economías y comercios nacionales y locales que –soportado en los avances de la informática, la telemática, la comunicación masiva–, va creando un intenso mercado universal de símbolos que harían pensar también en un camino hacia la globalización de la cultura.

Tras el fin de la guerra fría, con la caída de la cortina de hierro y la disolución de la Unión Soviética, se suprimen las barreras que dividían al mundo y se sueltan las amarras de fuerzas globalizadoras gestadas desde lustros anteriores en procesos de internacionalización de la economía que, a diferencia de la globalización, suponen sí una fuerte presencia mediadora de los Estados. Irrumpe este nuevo modelo, hijo legítimo del neoliberalismo, dueño de una lógica particular, ajeno, según algunas perspectivas, a las regulaciones estatales y absolutamente sensible a las oportunidades que le brindan los mercados como resultado de las transformaciones sustantivas que sufre la actividad económica mundial: “De economías más o menos confinadas al ámbito nacional estamos pasando aceleradamente a economías globales, que, gracias a la ubicuidad del ahorro, la ciencia y la tecnología, se orientan a la producción de bienes y servicios para el mercado mundial y, de igual manera, tienden a consumir indiferentemente los productos de cualquier región del mundo, con una cada vez más escasa regulación de los Estados”2.

Agotados los modelos de desarrollo dirigidos hacia los mercados nacionales y sin que aún se vislumbre otra propuesta como derrotero universal –lo que no significa que no pueda construirse–, la suerte económica de los distintos países está vinculada hoy, reconociendo diferencias, a su “capacidad para insertarse adecuadamente en el proceso de globalización”, para abrirse hacia fuera, para incursionar en los mercados mundiales; de esta manera podrán acceder tanto a las transacciones comerciales que posibilitarían su supervivencia, como a “atraer los capitales y tecnologías que el desarrollo requiere”. Y una inserción real y sobre todo sostenida en las corrientes mundiales depende, entre otros, del grado de competitividad que alcance cada país, entendida ésta como el saberse situar ventajosamente en el mercado internacional.

Los efectos de la globalización generan discriminaciones. Mientras los países industrializados a la vez que congregan la mayor parte del ahorro y de la inversión del mundo y consumen la porción más grande de la producción mundial, los países pobres deben aceptar la otra cara de la moneda, además de verse sometidos a los ritmos, normatividades y condiciones empresariales del Primer Mundo. Ahora bien, si ingresar a estos mercados no implica precisamente la resolución de sus problemas sociales y económicos, no hacerlo significa irremediablemente estancamiento y marginalidad.

“Las finanzas son el campo de la economía donde la globalización es más profunda y más acelerada. Los capitales, convertidos en información, circulan a enorme velocidad por el mundo entero, ávidos de rentabilidad y seguridad. La enorme sensibilidad y la vertiginosa movilidad global de los capitales, dispuestos a emprender el vuelo a la mínima señal de alarma, ejercen un decisivo control indirecto sobre el manejo de los grandes indicadores macroeconómicos de cada país, como la tasa de cambio, la inflación, las tasas de interés, el déficit fiscal o comercial, etc. El manejo inadecuado de estos indicadores puede suscitar su fuga masiva y una crisis financiera como la que sucedió en México en 1994”3. De aquí las limitaciones que la globalización impone al comportamiento de naciones y gobiernos.

Más que una opción de un país o de otro, la globalización es un hecho que se impuso en el mundo y “la vida interior de todos los países está inevitablemente globalizada, para bien o para mal”, negativa o positivamente. De manera negativa cuando, como en el caso Libia, de Irak o de Colombia –para nuestro país, particularmente en el anterior período gubernamental y en aras de los escándalos que lo llevaron a la prensa mundial como “narcodemocracia”–, una sociedad es juzgada, estigmatizada y sometida a políticas unilaterales emanadas de los centros de poder que la excluyen de sus mercados o condicionan su aceptación al acatamiento de los dictados hegemónicos: es una forma de insertarse en el orden global; más que actor de este proceso –como lo señalan Ramírez y Restrepo– se convierte entonces “en sujeto pasivo, en reo o en condenado… sentado en el banquillo de los acusados”, sometido al señalamiento, al aislamiento. Positivamente se accede a la globalización cuando el país asume las estrategias para insertarse en la iniciativa condicionada que este nuevo orden económico permite.

La diferencia entre estas dos formas de inserción, como lo enfatiza el texto antes citado, señala los nexos hondos entre la globalización de la economía, los medios de comunicación y la política internacionales. El capital –incluso más que mano de obra, materias primas suficientes o trabajo adecuadamente calificado–, demanda la confianza y la seguridad frente a los países que harán parte de su flujo. Atributos que la gran prensa internacional –impresa y electrónica– se encargará de mostrar como imagen positiva (o negativa) de ellos, convirtiéndose tal imagen en presupuesto para la inversión de capital que, desde el marco de las políticas globalizadoras, hacia estos lugares se dirige. A este propósito es pertinente analizar, como se hará más adelante, los temas y las implicaciones de la llamada agenda global: droga, derechos humanos, medio ambiente, como prioritarios… Agenda que, por el manejo hasta ahora otorgado, pareciera dejar de lado la corresponsabilidad mundial frente a estas problemáticas, utilizadas como el rasero de calificaciones y juzgamientos unilaterales hegemónicos.

Los nuevos rumbos del Estado

Según algunos analistas, la globalización es marcadamente antiestatal y en esta perspectiva al Estado se le sindica como responsable de las distintas y reiteradas crisis económicas de las últimas décadas: “ su garra sofocante es mencionada como algo que contuvo las innumerables fuerzas creativas, emprendedoras, que buscaban la manera de salir a la superficie. El Estado –así– es señalado en todas partes como una institución que debe superarse, descentralizarse, volverse atrás y, si no, reducirse en su rol y en su estatus”4.

En su lugar, el mercado se convierte en la institución que habrá de controlar la “vida neoliberal”; es entonces no sólo la instancia que distribuye bienes y servicios sino un mecanismo de regulación de lo social. Será elemento líder que guíe actuaciones individuales y colectivas. Según Garf, este lugar preponderante del mercado corresponde con los fundamentos “leseferistas” de la ideología neoliberal cuyos orígenes, como proyecto liberal, promovieron la lucha contra el privilegio del poder arbitrario de la aristocracia terrateniente a favor de una revolución industrial; “el neoliberalismo actual es el núcleo del proyecto ideológico de enormes capitales atrincherados en la esfera nacional y al mismo tiempo actuantes en la internacional”5. El mercado y su globalización serán la estrategia del progreso económico mundial.

El Estado debe renunciar a su papel benefactor. El pacto o contrato social entre el capital y el trabajo, que permitía al primero el acceso a la propiedad y a la dirección económica a cambio de un Estado que proveyera los beneficios sociales para los trabajadores, se ha roto. “La economía globalizada puede decretar su muerte”. A su vez, puede reducir salarios, romper estabilidad laboral, incrementar el desempleo (la llamada “McDonalización” de la fuerza de trabajo); concentrar la producción de alta calidad y alta tecnología en las regiones más desarrolladas del planeta y aquella masiva en las menos avanzadas. “Los trabajadores – como las naciones–, que no son ya más el centro de la división internacional del trabajo, pueden quedar a su propia suerte, sin ´interferencias´ estatales, en una lucha crecientemente darwiniana para la supervivencia y la dominación”6.

Esta, en apariencia mermada presencia del Estado, su adelgazamiento progresivo, va incrementando los espacios para la iniciativa privada en ámbitos que antes, al menos en lo que a los sectores más amplios y deprimidos de la sociedad se refiere, eran de la órbita estatal: educación, salud y, en general, la prestación de los distintos servicios reconocidos como públicos.

Son, entre otros, los factores que llevan a afirmar la tendencia que este nuevo orden económico impone en términos de incremento de las desigualdades entre países y al interior de éstos; pero también, la necesidad imperativa de que cada país, ante la ausencia de modelos de cambio alternos, cree las condiciones para, de una parte, construir propuestas disyuntivas autónomas que consulten, por ejemplo, lo regional; de otra, para una inserción adecuada y positiva que, haciéndolo competitivo, permita las transformaciones que sociedades como las nuestras –con altos índices de pobreza, inequidad, intolerancia, atraso, fragmentación, exclusión– imperativamente requieren como condición de su propia transformación y de la sostenibilidad de su inserción económica en los flujos del mercado global.

De otra parte, tanto los países ricos como los inscritos en el Tercer Mundo buscan la creación de bloques, alianzas e integración regional: agruparse para facilitar el comercio y la integración económica como estrategia para afianzar la competitividad; realidad que sugeriría entonces otras formas de acercamiento en ámbitos como la educación, la cultura, el medio ambiente. Se precisa pensar la integración regional como un proyecto político total que disponga de instrumentos de integración macroeconómica, con el propósito de que pueda convertirse, a mediano plazo, en una herramienta de negociación del lugar de la región en el nuevo orden mundial. Mercosur, en vía de ilustración, podría ser el pilar de la integración latinoamericana para enfrentar ventajosamente los designios neoliberales que desde los grandes centros económicos se pretedan imponer.

La mundialización de la cultura

Desde el ámbito de la economía y de la tecnología, las propuestas de los procesos que reproducen sus mecanismos son semejantes en cualquier lugar de la tierra; hoy el capitalismo en su afán de globalización es el sistema económico dominante del mundo siendo dueño de un sistema técnico que circula en el fax, en las computadoras, en los satélites, en la energía nuclear, entre otros; sin negar la coexistencia con desarrollos técnicos que aún perviven. No se puede afirmar lo mismo cuando nos acercamos al universo de la cultura. Es por ello que Renato Ortiz7 propone el termino globalización para abordar el terreno de lo económico-técnico, en tanto categorías que evocan a una cierta unicidad de la vida social”y mundialización para el dominio de la cultura. Es un concepto que supone, de una parte, mirar a esta última como expresión de procesos de globalización de la sociedad, arraigados en un determinado tipo de organización social en el que los presupuestos de la modernidad son su fundamento; de otra, la mundialización alude a una “concepción del mundo”, a un “universo simbólico” en el que necesariamente cohabitan distintas formas de comprensión y de acercamiento: de orden político, religioso, étnico, etc. “Vivimos en un espacio transglósico, en el cual diferentes lenguas y culturas conviven (a menudo de manera conflictiva) e interactúan entre sí. Una cultura mundializada configura, por lo consiguiente, un “patrón” civilizatorio. En tanto mundialidad, engloba los lugares y las sociedades que componen el planeta tierra”8. Se encarna así en organizaciones sociales particulares, en las prácticas cotidianas de sus hombres y mujeres y por ello su manifestación es desigual: atraviesa de “manera diferenciada” las realidades distintas de los diversos transcurrires de la modernidad.

Reconocer el proceso de la mundialización de la cultura desde esta perspectiva conduce a enfrentar la falsa disyuntiva entre homogenización de lo cultural y su necesaria diversidad. La primera se supone lograda a fuerza de ser parte de un mismo sistema técnico, de ser partícipe –“activo o pasivo”– de los desarrollos de las telecomunicaciones que hacen posible la “aldea global”, erradica las diferencias y tiende a la estandarización de los comportamientos sociales; una visión auspiciada por miradas provenientes de las lógicas del mercado. La segunda opción niega esta factible unidimensionalidad de la cultura y reclama la multiplicidad desde las experiencias diversas que en el mundo contemporáneo buscan reivindicaciones de carácter local, hablan del surgimiento y proliferación de movimientos que cuestionan todo principio unificador, “multiculturalismo, conflictos del Este, fundamentalismo, son señales de la presencia de un mundo despedazado, fragmentado”.

Así, ni comunión entre individuos u homogenización unificante, ni imperio de la individualidad de personas y grupos. Es preciso romper la dicotomía: “Debemos entender que la modernidad se realiza a través de la diversidad. En tanto modernidad, privilegia la individualización de las relaciones sociales, la autonomía, la afirmación de aspectos específicos… La modernidad está constituida por un conjunto en el cual todo se expresa en la individualidad de las partes. Diversidad y semejanza conviven juntas, expresando la matriz modernidad-mundo en una escala ampliada”9. Una modernidad que, de otra parte, en América Latina involucra el término tradición por cuanto no necesariamente aluden a lo nuevo la primera ni a lo pasado la segunda; la fuerza de “lo moderno” radica en su capacidad para incorporarse a la “cotidianidad de los hábitos y costumbres”.

La problemática de la globalización económica y de la mundialización de la cultura, vistas desde otro ámbito, plantean problemas hondos y urgentes a las ciencias sociales en tanto la comprensión de ciertas características de las sociedades contemporáneas reclaman de un nuevo andamiaje conceptual. Categorías como nación, clases sociales, territorio, Estado-nación, cultura local, identidad nacional, aculturación, imperialismo cultural, entre muchas otras, resultan hoy “poco rentables desde el punto de vista analítico”; ello no significa, y es importante dejarlo en claro, que carezcan de validez sino que con la globalización se han visto restringidas a espacios más reducidos. El Estado-nación entonces no desaparecerá, así sus funciones se transformen, ni el tema de la identidad nacional concluyó, ni las clases sociales se extinguieron, ni la cultura local se acabó, ni el territorio dejó de ser el lugar de la, como diría Martín-Barbero, “corporeidad de lo cotidiano y temporalidad de la acción, base de la heterogeneidad humana”. Son términos vigentes pero que en razón de las transformaciones de las sociedades de hoy, adquieren una validez restringida.

Las ciencias sociales requieren así la construcción de conceptos cuya complejidad y valor explicativo logren responder a los fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales que trascienden las naciones y sus territorios; a esa totalidad que atraviesa a los pueblos distintos del mundo, “a un conjunto articulado de relaciones sociales planetarias”, que ya no son sólo relaciones inter sino intra, esto es, “estructurales al movimiento de globalización”.

Es aquí donde comprendemos la emergencia de conceptos que queriendo responder a estas nuevas realidades, aún se encuentran en construcción, como parte de la “historia de la razón científica universal”. En este espacio teórico se presenta un enorme filón para el desarrollo de las ciencias sociales el cual compete en esencia a la educación superior, al curso de la investigación en la universidad de toda latitud, a la universidad colombiana y a la Universidad Central en particular, conforme a los retos que asumamos.

Ahondando el tema del impacto de la globalización en las culturas, esto es, a su mundialización, y siguiendo a Hopenhayn, son distintos los aspectos que se deben analizar, afirmando de antemano que todos están signados por su carácter paradojal. Veamos.

En primer lugar, la globalización financiera y comercial, a la vez que abre oportunidades, implica vulnerabilidad, riesgos permanentes; esta situación conduce a que industriales, inversionistas, comerciantes y hasta ahorradores, en tanto aprovechan las oportunidades que el mercado les ofrece, buscan protegerse de los peligros que esta nueva interdependencia económica, como ya vimos, conlleva; una lógica que trasciende, a manera de cultura del riesgo, a la vida cotidiana y a la sensibilidad de los distintos actores sociales, traducida en la idiosincracia contingente que adquiere el presente, la no existencia del futuro, el privilegio del dinero fácil…

En segundo lugar, en el ámbito comunicacional de la mundialización no existen límites espaciales ni demoras temporales entre emisores y receptores: imágenes e información circulan en la instantaneidad, conduciendo a que sus destinatarios simultáneamente sean protagonistas de una información que “manipulan” desde Internet y se perciban como anónimos ciudadanos inmersos en un mar de posibilidades informativas. Frente a la televisión el protagonismo crece ante la posibilidad de acceder a una multitud de mensajes ajenos, pero también se incrementa el anonimato respecto a las imposiciones del mercado cultural. Esta propuesta comunicacional de la globalización conduce a que “…en la subjetividad se recombinen nuevas formas de ser activo y ser pasivo, nueva percepción del tiempo y la distancia, nuevas representaciones del diálogo y la comunicación, nueva relación con la información y el conocimiento. Probablemente, formas signadas también por otras jerarquías de lo bueno y lo malo, lo útil e inútil, lo entretenido y aburrido…”10.

En tercer lugar, si algo de este nuevo modelo de desarrollo carece de un precedente histórico es el volumen de imágenes que circula, al igual que la masa monetaria, sin límites de espacio y en tiempos ínfimos. La distribución de estos circulantes nuevamente convoca a la paradoja: mientras el dinero se desplaza hacia la concentración, las imágenes se diseminan, realidad que amplía la brecha entre quienes son dueños de la riqueza y quienes consumen tales imágenes, auspiciadas en los mass media por los productos y servicios de estos propietarios de las riquezas: promueven crecientes expectativas de consumo que al resultar cada vez más distantes de las posibilidades económicas de la gran audiencia televisiva –ampliada por la “democratización” del acceso a estas pantallas–, engrosan los niveles de frustración o sublimación de sus espectadores.

En cuarto lugar, hasta el momento no existe el más leve indicio de la anunciada integración social material y simbólica a través de la redistribución de los beneficios del crecimiento económico y de una determinada orientación de la política, la educación y la comunicación. Por el contrario, el incremento de opciones de gratificación simbólica que postula la apertura comunicacional, contrasta con la concentración de los beneficios económicos que agencia la globalización; para las grandes mayorías, “… las manos vacías y los ojos colmados con imágenes del mundo”. La penuria de los países pobres se incrementa casi al ritmo de la densificación de televisores y computadoras.

En quinto lugar, la mundialización de la cultura va construyendo sus mecanismos de identificación colectiva, particularmente en la sensibilidad de las juventudes: la multitud de imágenes circulantes en la comunicación masiva va generando complicidades, cohesiones, símbolos para el consumo de masas que, por efectos de las inequidades materiales, no pueden ser satisfechos.

En sexto lugar, esta mundialización no ha conducido a mayores niveles de homogeneidad cultural o integración social; los procesos de apropiación o resignificación de imágenes de los mass media se realizan de acuerdo a las diferencias de los distintos países (diferente es el proceso en Montreal, Santiago, Londres o Caracas). Lejos de auspiciar esta integración, el mundo asiste a escenarios de fragmentación y pauperización de amplios sectores.

Por último, quizá como consecuencia de lo anterior y en contraste con períodos precedentes (de auge del desarrollismo o proyecto socialista), en la agenda política no se vislumbra un proyecto conducente a cambios sustantivos, como lo señala Hopenhayn11; existe desencanto cuando –como en el caso colombiano– se incrementan las inequidades, el deterioro del mercado laboral, la marginalidad, la violencia… con la consecuente “combinación explosiva” de crecientes promesas desde medios de comunicación, la educación, la política y las exiguas posibilidades reales de acceso al consumo y a la movilidad socioeconómica. Paradójicamente, los discursos que redefinen la integración social al alcance de todos proliferan: formas novedosas de gestión desde lo micro a lo macro; reivindicación de supuestos escenarios de empoderamiento de los más pobres; valorización de la diversidad cultural, clave en la construcción de un sólido tejido social; nuevas dimensiones a las políticas sociales de amplio impacto; procesos de descentralización que supuestamente otorgan poder a lo local…

La fisura entre integración simbólica y desintegración material es cada vez más grande a pesar de los “renovados ímpetus de integración simbólica que irrumpen desde la industria cultural, la democracia política y los nuevos movimientos sociales”. Aquí, la industria cultural sería el mecanismo de integración simbólica –blanda– y las nuevas formas de marginalidad serían la expresión de la desintegración material –dura–. Esta realidad se torna compleja cuando a las juventudes de América Latina se refiere: en los medios masivos, en su publicidad, en Internet, circulan las imágenes de la globalización que de alguna manera conecta a los jóvenes con iguales aspiraciones simbólicas, mientras la mayor parte de ellos vive la marginalidad en distintas manifestaciones, la exclusión, la violencia, la intolerancia. En esta perspectiva la producción de sentido puede tomar atajos que linden hasta en fundamentalismos de diverso orden en tanto “salida” al contraste entre las propuestas de integración simbólica y la crueldad de las pobrezas en las grandes ciudades de América Latina.

Las implicaciones del proceso de globalización en la cultura de las sociedades latinomericanas son entonces de espesas honduras; esta realidad, unida a la certeza de que si bien no se vislumbran caminos distintos a aquellos trazados desde las lógicas de este nuevo modelo de desarrollo económico, tampoco puede conducir a la aceptación de esas voces apocalípticas que pregonan el fin del Estado, la rotunda homogenización de las culturas, la capitulación irremediable de cualquier asomo de creatividad y autonomía desde el llamado Tercer Mundo. No. El reto que justamente se impone, en este caso a la universidad, es la búsqueda de rutas alternas, la construcción de propuestas que, sometidas a debate, en verdad le apuesten a la integración social, a la equidad, a la tolerancia, a la creación autónoma de conocimientos.

Es desde esta perspectiva que el científico social latinoamericano Jesús Martín-Barbero, reconociendo el lugar estratégico de la educación en tanto espacio de los saberes y ámbito por naturaleza de los jóvenes, desafía una vez más a las ciencias sociales para que comprendan y asuman de una manera distinta la técnica, acepten las nuevas sensibilidades, lógicas de conocimiento, formas de lectura y escritura de los más jóvenes, emparentadas todas con las tecnologías telemáticas contemporáneas y con esa “nueva figura de razón”, la imagen informática, no como simple transmisora sino como parte constitutiva de novedosos modos de acercarse y producir conocimiento. De allí la importancia de ese nuevo campo del saber emergente del cruce estratégico de los procesos de educación y los de comunicación, en tanto es aquí donde podemos adentrarnos al universo de las transformaciones que realmente hoy demanda el sistema escolar, la educación en general, y también la cultura.

Las sociedades contemporáneas: sociedades del conocimiento

“No hay modernidad sin ciencia ni hay desarrollo económico sin tecnología. Así, en el atraso científico y tecnológico estuvo siempre el germen de nuestra marginación, el origen secreto de la premodernidad y la subproductividad en América Latina. Y ahora el desafío se agiganta, pero también se agiganta la oportunidad: si logramos apropiar la formidable revolución en curso de la ciencia y de la técnica, Latinoamérica habrá salido de los extramuros, habrá alcanzado por fin su mayoría de edad… Apropiar una revolución del conocimiento significa institucionalizar la investigación como práctica social”12.

Estos planteamientos, a más de mostrar el valor que desde una perspectiva se otorga hoy al avance científico y tecnológico, permiten entender el desarrollo desigual que ha alcanzado el conocimiento entre los países del Primer Mundo y América Latina, situación evidente al revisar algunas cifras que, además de las brechas entre estos dos mundos, señalan también fuertes desequilibrios al interior del subcontinente suramericano.

Desde el punto de vista de las ciencias básicas, los esfuerzos universales se encaminan hacia el desarrollo de tecnologías consideradas actualmente de punta: informática- robótica, microelectrónica, telecomunicaciones, biotecnología y la denominada nuevos materiales –de gran impacto para distintos procesos industriales–. Estos desarrollos en un altísimo porcentaje se concentran en países como Estados Unidos, los de la Unión Europea y Japón.

Mientras Estados Unidos posee 7.4 investigadores por cada 1000 habitantes de su población económicamente activa, Latinoamérica sólo cuenta con 0.77 y únicamente produce el 2% de las publicaciones de origen científico conocidas en el mundo.* En tanto Japón invierte el 2.98% del PIB en investigación y desarrollo experimental (I+D), Estados Unidos el 2.55%, Suiza el 2.66%, Suecia el 3.60% y Alemania el 2.30%, Brasil invierte tan sólo el 0.76%, Cuba el 0.70%, Chile el 0.64%, Colombia el 0.41% y Ecuador el 0.08%.

En cuanto al coeficiente de invención (número de patentes) mientras Estados Unidos tiene un 41.26 y Canadá 8.64, países como Brasil poseen 4.46, Bolivia 1.29, Colombia 0.41, o Guatemala 0.05.

Respecto a las condiciones en las que se desenvuelve este proceso en las sociedades avanzadas se perciben algunas tendencias: desarrollo de investigaciones interinstitucionales (al interior de los países y entre los países); altos márgenes de competitividad nacional e internacional para las instituciones de gran desarrollo científico; privilegio de enfoques interdisciplinares; programas de educación continuada de alto nivel, desde el postulado de “educación para toda la vida”; énfasis en formación básica disciplinar y flexibilización curricular; adopción de nuevos modelos pedagógicos que privilegian la indagación, la crítica y el trabajo grupal; reconocimiento del papel preponderante del desarrollo de las ciencias sociales para los distintos procesos de cambio en las sociedades contemporáneas, al punto de ser consideradas como vigías de sus transcurrires; énfasis en la formación posgradual privilegiando maestrías y doctorados; altísimos criterios de selección de profesores para estos últimos programas (las más importantes universidades del mundo exigen para sus docentes más de un doctorado).

El proceso de globalización cada vez segrega más a los países de acuerdo a los que crean conocimiento, los que lo aplican y los que simplemente son pasivos espectadores que contemplan la distancia creciente que los aleja de aquellas condiciones que aseguren una calidad integral de vida para sus ciudadanos. La ausencia de políticas agresivas en este terreno condenará a muchos a la condición de “víctimas y no beneficiarios de la globalización”. Sin investigación es imposible alcanzar márgenes satisfactorios de competitividad. En este modelo de desarrollo económico cuentan poco las ventajas heredadas (recursos naturales propicios, materias primas, mano de obra abundante, etc.); por el contrario, las ventajas construidas (capital de desarrollo científico y tecnológico, mano de obra altamente calificada), son las que en gran parte determinarán la calidad de la inserción en el nuevo orden mundial.

De esta dimensión es el reto que hoy se le plantea a la universidad colombiana frente a los espacios que debe preparar desde sus distintas estructuras para la presencia real y vigorosa de la investigación, como parte de su naturaleza y de su razón de ser. Es incuestionable que si queremos ser competitivos en la era dos mil, la generación de conocimientos sociales y básicos, las competencias para la apropiación crítica y creativa de los producidos en otras latitudes, tendrán que ser cualidades constitutivas de la universidad colombiana en general y de la Universidad Central en particular, coherente con los postulados, los fundamentos y las apuestas de futuro de su PEI.

3. Colombia: entre el atraso y los dictados de la ‘totalidad-mundo’

Algunos rasgos de su fisonomía

A pesar del incuestionable descenso en la tasa de crecimiento demográfico –ocurrido desde fines de la década del sesenta–, la población colombiana se ha triplicado en los últimos cincuenta años. Entre 1951 y 1992 la esperanza de vida al nacer se elevó de cincuenta a setenta años y la tendencia es ascendente. Según las proyecciones del último censo, el país está por encima de los 36 millones de habitantes de los cuales más del 70% habita en las ciudades conformando grandes y complejos conglomerados urbanos.

Colombia cuenta hoy con veinte cabeceras municipales dueñas de poblaciones entre 50 y 100 mil habitantes; catorce, entre 100 y 200 mil; doce, entre 200 y 500 mil; una, entre 500 mil y un millón. Trascienden el millón de habitantes tres ciudades las que, si incorporan los municipios vecinos, se acercarían a los dos millones; y, una ciudad, Bogotá, sobrepasa los seis millones y se aproximaría a los siete si contáramos la población involucrada en su área de influencia. Esta tendencia a las megalópolis –extensiones urbanizadas que a partir de la gran ciudad, gradualmente devoran los centros vecinos–, alude a implícitos modelos de desarrollo urbano sostenidos en la libertad de expansión de la industria de la construcción y la empresa inmobiliaria y en la ubicación de los centros industriales, los cuales terminan por constituirse en ejes de crecimientos poblacionales caóticos las más de las veces.

Si bien los servicios básicos se han expandido en las ciudades, en contraste con su ausencia en los ámbitos rurales, la condición actual al interior de estos centros citadinos señala amplios márgenes de inequidad tanto en calidad de vida como en oferta de trabajo –en 1994 las tasas de informalidad del empleo rondaban en Barranquilla el 58%, en Cali el 53%, en Medellín el 51%, en Bogotá el 51%; hoy seguramente, y dada la envergadura de la crisis, se han incrementado–, de educación, de recreación. A pesar de la concentración del ingreso en las ciudades, su distribución es inequitativa: necesidades básicas insatisfechas (NBI) para la gran mayoría de ciudadanos, déficit de servicios públicos, deficiencias del equipamiento urbano, hacinamiento e incremento de zonas de peligro que tornan el problema de la seguridad en uno de los fundamentales; a más de que la intolerancia se vuelve la constante en las relaciones sociales de diverso orden.

En razón de la concentración de la tierra, sus costos se elevan y la informalización de la urbanización crece: muchas familias se ven forzadas a la ilegalidad, incursionando en el espacio de las urbanizaciones clandestinas: viviendas construidas en zonas de alto riesgo, comunidades subnormales. Esta realidad vuelve el panorama de la ciudad colombiana aún más complejo, anudando el círculo de la pauperización de amplios sectores. Según cifras de 199513 en las dos últimas décadas, por NBI, la pobreza se redujo de 58.9% a 19.1% a nivel urbano, y de 88.4% a 50% en las zonas rurales. No obstante, por línea de ingreso, la población de las ciudades con ingresos inferiores a la línea de pobreza, aumentó de 44% en 1988 a 46.4% en 1993; en términos absolutos esta población pasó de 14.335.000 a 17.898.000 de habitantes que viven por debajo de esa línea de pobreza.

El descenso en la tasa de crecimiento demográfico coincide con la gran expansión del asentamiento poblacional urbano el cual se incrementa notablemente en la última década –las ciudades mayores han crecido por encima de la tasa media de expansión de la población–, en razón del estancamiento rotundo del sector rural: por la ausencia de una verdadera política agraria durante los últimos lustros, por la carencia de condiciones mínimas estructurales para la producción agropecuaria, por el desestímulo creciente fruto de la apertura indiscriminada, y por la agudización y proliferación de distintas, cruentas y crueles violencias que han gestado el escenario dramático del desplazamiento forzoso de miles de familias colombianas, procedentes de los más disímiles rincones de la geografía nacional, donde son víctimas del fuego cruzado de los actores de guerras demenciales… Desplazamiento forzoso cuyas implicaciones económicas, sociopolíticas y culturales aún no han sido objeto de las ciencias sociales en la magnitud en que el fenómeno lo demanda; como tampoco, por supuesto, objeto de políticas estatales que respondan a la complejidad del problema.

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Después de Brasil, Colombia es el segundo país con la más alta biodiversidad en el mundo. Sin embargo, los índices de contaminación y depredación crecen de manera alarmante, fracturando de múltiples maneras el equilibrio de sus distintos ecosistemas. El privilegio de intereses privados sobre los públicos presionan el uso indebido de recursos naturales como el agua, las maderas, las arcillas, las calizas, el petróleo, el gas, los pétreos, el carbón, provocando impactos profundos que terminan por romper la estabilidad ecológica. De otra parte, y en lo que a los centros urbanos e industriales se refiere, la abundante generación de residuos y basuras y sus incorrectos manejo y disposición , la contaminación de las aguas, los residuos gaseosos que perforan la capa de ozono, más la contaminación acústica y visual que inunda los distintos espacios urbanos, señalan, de una parte, el deterioro creciente en la calidad de vida de los colombianos y, de otra, el negativo impacto ambiental de modelos de desarrollo en los que campea el interés particular, el afán de lucro económico privado, en desmedro del país y sus recursos y de la calidad de vida presente y futura de la inmensa mayoría de sus habitantes…

Avatares de una frágil economía desde las exigencias neoliberales

El panorama de la economía colombiana, intentando hasta donde es posible prescindir del carácter coyuntural de la crisis actual –crisis que en su misma definición aludiría al concepto de coyuntura–, no es ciertamente alentador. A más del ya crónico déficit fiscal del Estado colombiano, del engrosamiento de la deuda externa, de los desequilibrios en la balanza de pagos, existe un desempeño desigual de las actividades económicas entre los centros urbanos y las áreas rurales que, al concentrarse en los primeros, estimula también los movimientos migratorios hacia las ciudades. Frente al PIB, debilitado como se encuentra hoy, se presenta un aumento acelerado de la participación de las ciudades en él. Paralelo a la concentración de ingreso en las zonas urbanas, su distribución es crecientemente inequitativa. Se muestra un incremento desmesurado y estructural del desempleo, a la vez que asistimos al deterioro del mercado laboral: incremento de las jornadas parciales, contratación temporal de trabajadores, subcontratación, trabajo a domicilio, profundización de la brecha salarial, caída de los ingresos más bajos, además de, como ya vimos, el avance sustantivo de la informalidad del trabajo y su impacto nefasto en la calidad de vida de quienes se ven obligados a “informalizar” sus estrategias de supervivencia. Son los efectos de la flexibilización del mercado laboral, asumida ésta por los gobiernos de la última década como “la salida” fundamental a la aguda crisis económica por la que atravesara el país. No obstante haber quebrado la “inflexibilidad del mercado laboral”, hoy diversos economistas demuestran que esta drástica medida, lejos de solucionar la crisis, la ha agudizado en tanto sus causas rondan otros intereses*.

El estudio Educación y dispersión salarial en Colombia14 escenifica aspectos fundamentales de la situación económica descrita, coherentes con lo bosquejado en el contexto internacional alusivo a la globalización de la economía, cuando señala:

“1. Las políticas de liberalización comercial, reconversión industrial y de ciencia y tecnología han marcado un cambio en la demanda laboral por parte de los sectores económicos, trayendo como consecuencia principal, un incremento en los salarios de los más calificados, causando deficiencias en la distribución del ingreso, lo que afecta directamente el proceso de desarrollo. Por otro lado, ha obligado a las empresas a dar una mayor importancia a los costos (incluyendo los laborales) para mantener la competitividad internacional.

“2. Aunque se ha buscado una mayor flexibilidad y una menor intervención del Estado en el mercado laboral, las políticas salariales han estado ligadas a la reducción de la inflación y el equilibrio externo, lo cual pudo contraponer los objetivos macroeconómicos con los objetivos sociales que buscan el mejoramiento de los más desfavorecidos. Mientras el salario mínimo legal ha caído en términos reales, los salarios de los más calificados han tenido un incremento sustancial a partir de 1982.

“3. Aunque Colombia ha sido un país cuyo proceso de producción ha sido intensivo en mano de obra, los cambios tecnológicos han reducido su proporción, en especial la de los menos calificados… Obviamente las nuevas tecnologías pueden ser más fácilmente absorbidas por la mano de obra calificada y es por ello que su demanda relativa ha aumentado, con el subsiguiente incremento en su salario relativo”.

El crecimiento del desempleo, así como el deterioro selectivo del empleo, está asociado al comportamiento negativo de la demanda agregada y a la elevación de los niveles de pobreza, situación que agrava la inestabilidad económica y social del país y se convierte en obstáculo al modelo de desarrollo que se instaura desde los mandatos de la globalización los cuales, paradojalmente, exigen la reactivación de la economía, dentro de linderos que garanticen la indispensable competitividad. Las condiciones ineludibles para ello radican, a más de la necesaria modernización del parque industrial, en la adecuada calificación de la mano de obra y en el logro de desarrollos suficientes en ciencia y tecnología que permitan la apropiación crítica de avances científicos y tecnológicos alcanzados por otras sociedades, la innovación y la creación autónoma de conocimientos; son demandas que de una y otra manera involucran a la educación superior colombiana, sin que este reconocimiento signifique desconocer que la misión de la universidad debe trascender con creces los requerimientos del mercado puesto que su compromiso es con el bienestar integral de la sociedad.

El país ciertamente no puede abstraerse a los procesos de la globalización en tanto hasta el momento no se vislumbra otro modelo económico y es sabido que su futuro, en buena medida, estará condicionado por su capacidad para insertarse adecuadamente en los flujos mundiales. Desde hace dos décadas Colombia, a través de sus relaciones económicas y diplomáticas, venía avanzando en la perspectiva de la internacionalización. En los años noventa buscó la inserción de su economía en los circuitos globales, mediada por diversos acuerdos de libre comercio: bilaterales con Venezuela y Ecuador; a través del Grupo de los tres, G3, con Venezuela y México; aproximándose al Mercosur y a otros mercados de Europa y Asia. Sin embargo, distintos expertos economistas consideran con preocupación que desde 1995 el país ha empezado a perder terreno en estos mercados mundiales.

¿Las razones? Además de su baja competitividad y del manejo internacional de la crisis del anterior período gubernamental, es preciso mirar la agenda global para encontrar la respuesta: droga, derechos humanos, medio ambiente son, como lo enunciamos antes, sus preocupaciones centrales. En los tres espacios Colombia es objeto de señalamientos internacionales, realidad que, consecuentemente, genera en el gran capital financiero, inseguridad y desconfianza. Por ello, a pesar de su decreciente presencia en los mercados mundiales, el país, conforme a lo expuesto en acápite previo, está fuertemente globalizado por la vía negativa: los medios de comunicación transnacionales han difundido una imagen de narcodemocracia, de escenario de violencias múltiples, con la consecuente violación de derechos humanos y también, de deterioro de su medio ambiente. ¿Hasta dónde esta sindicación global nos confina al aislamiento? ¿Cómo salir de la lista negra del gran capital? Sin lugar a dudas, hacer a Colombia competitiva integralmente significa –a más de sortear lo coyuntural–, superar sus problemas estructurales de pobreza y atraso, de inequidades e intolerancias, erradicar sus violencias diversas y, por supuesto, enfrentar concertadamente el problema de la droga. El cuestionamiento respecto a este último problema radicaría en los límites que le impone la concepción global hegemónica: problema de orden público, anidado fundamentalmente en la producción que unilateralmente se da en un país del Tercer Mundo. No como problemática de salud pública, determinada por el consumo; la droga vista también como una mercancía que en su circulación logra las mayores ganancias de un mercado signado por la prohibición; como tal, su manejo tendría que ser entonces objeto de una mirada multilateral.

Un Estado a la zaga de sus contradicciones

“Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizado, con autonomía de sus entes territoriales, democrático, participativo y pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”15. Si omitiéramos el nombre de Colombia de este preámbulo constitucional, cualquier habitante de nuestras ciudades y campos, muy seguramente lo pensaría referido a un espacio distinto y distante a este complejo y contradictorio escenario del cual hacemos parte.

A pesar de ser uno de los países con mayor continuidad electoral de América Latina, en su entraña convergen hondas contradicciones. La hegemonía de los dos partidos tradicionales en el transcurrir de su ya larga historia republicana, con el lastre del clientelismo que se afianza desde el Frente Nacional, ha puesto en cuestión la naturaleza misma de la política y de lo político, negando el sentido de la participación ciudadana, excluyendo a las grandes mayorías colombianas del manejo de lo público.

El Estado colombiano no ha representado los intereses de la pluralidad mayoritaria de sus ciudadanos; ha permanecido ausente de amplias zonas de su territorio; posee reducida legitimidad e incapacidad para garantizar el cumplimiento de las leyes, al extremo de que el país de hoy, al tiempo que incrementa y diversifica con tintes dramáticos su actividad delictiva, presenta uno de los más altos índices de impunidad en el mundo. Adicionalmente, la lógica de funcionamiento gubernamental muestra, en la misma forma, los más elevados indicadores de corrupción administrativa con las secuelas de ilegitimidad institucional de que dota a la gestión oficial, de ineficiencia e ineficacia de la misma y de dilapidación de los recursos del gasto público. Situaciones que colocan en tela de juicio a los sistemas político, judicial y, en particular, cuestionan hondamente a la educación colombiana frente al tipo de ciudadanos que ésta ha venido formando.

De otra parte, el progresivo debilitamiento del Estado es visible. Sin lugar a dudas el neoliberalismo y los mandatos de la globalización desdibujan sus rasgos de Estado benefactor de amplios sectores de la población colombiana: su presencia es tenue en la prestación de los servicios domiciliarios; la salud, la educación –a pesar de los incrementos presupuestales de los últimos años y de relativos crecimientos cuánticos de cobertura–, que con holgura se desplazan al ámbito privado en detrimento de las oportunidades y de la calidad de vida de las grandes mayorías de colombianos que desde estas estrategias pueden ser sometidas a crecientes niveles de marginalidad.

No obstante los nuevos espacios promovidos formalmente desde distintas legislaciones, la capacidad de participación y de expresión de la sociedad civil en la organización, marcha y control de lo público es tan deleznable que hasta grupos armados de distinta procedencia asumen su representación. Se manifiesta así la ausencia de fuerzas de oposición que dentro de los linderos de la legalidad encarnen alternativas democráticas de largo aliento, independientes, y con la capacidad para enfrentar tanto a los partidos tradicionales carentes de legitimidad y reconocimiento, como a quienes, al margen de la ley, presumen la vocería de la mayor parte de los colombianos.

Al amparo de este frágil Estado que ha perdido el monopolio de la fuerza que por naturaleza le pertenecería, la violencia crece y se multiplica desde diversos intereses y actores; también en este nefasto perímetro Colombia lleva la primacía al colocarse entre los países con más altas tasas de criminalidad en las que convergen los muertos de la delincuencia común, del narcotráfico, de la guerrilla, de los paramilitares, y hasta del propio Estado y sus fuerzas regulares, conforme a denuncias de distinta procedencia. Muertos que desde izquierdas o derechas recalcitrantes resultan víctimas de oscuros empeños.

De acuerdo a un estudio sobre los costos del conflicto armado en Colombia “…entre 1990 y 1994 el país gastó más de doce billones como resultado de la existencia de la guerrilla. En capital humano, se perdieron aproximadamente 820.000 años de vida, el gasto público ascendió a cuatro billones (34% del costo total del conflicto en el período) y el gasto privado a 1.5 billones”16. Un conflicto que cumple ya cincuenta años involucrando en su transcurrir , entre otros, a distintas agrupaciones guerrilleras y dentro del cual, en los efectos limitados de anteriores procesos de negociación de la paz (con el M-19 o el EPL), se ha dejado sin resolver el problema social agrario y la redistribución de los ingresos.

Así, la violencia lejos de menguar su intensidad y complejidad, en el fuego cruzado de sus distintos protagonistas, torna inmanejable el orden público; en las balas que destruyen vidas y bienes, sin que en muchos casos se logre identificar su procedencia, se densifica el panorama colombiano. Además de sus implicaciones sociales, económicas, políticas y culturales en la entraña del país, deteriora aún más su imagen en el mundo en tanto la violación de los derechos humanos es la constante de la guerra sucia en la que se ve sumida nuestra sociedad y, recordemos, éste es uno de los temas neurales de la llamada agenda global. Son las razones para que la violencia se convierta en el problema más agudo y agobiante del presente histórico colombiano.

Y la dimensión del fenómeno se agiganta cuando la contundencia de tantos episodios de la cotidianidad urbana en sus distintos territorios –juveniles, callejeros, escolares, familiares, massmediáticos, etc.–, señala a la intolerancia como la forma de relación privilegiada por esta cultura de la violencia que se anidó en los colombianos a fuerza del engrosamiento de los problemas descritos y de la ausencia de otras propuestas de relación que, desde la educación , desde la familia, desde los medios masivos de comunicación, entre otros, encuentren en el diálogo un espacio propicio para la resolución de las diferencias, para la superación de los conflictos en una sociedad en la que convergen diversas etnias, religiones, lenguas, regiones, atravesadas por inequidades educativas, etáreas, de género, de clase…

Vivimos así una situación de crisis por cuanto esta palabra alude al “funcionamiento anómalo de la sociedad y del Estado durante un período”, que en el caso colombiano ha sido en verdad prolongado. Crisis de legitimidad del Estado y crisis de la élite que lo lidera, resultante de su incapacidad para comprender las posibilidades de la modernidad y para responder a las transformaciones que la sociedad imperativamente demanda.

Pasando a otra de las preocupaciones del modelo económico neoliberal, también aquí Colombia se encuentra en el ojo del huracán: el problema de las drogas ilícitas, respecto al cual, y por sus implicaciones para nuestra inserción en los mercados globales, se precisan consideraciones vertebrales de distinto orden que conducirían a nuevas propuestas de solución.17 En razón de los límites de este escrito, y a manera de interrogantes, enumeramos sólo algunos de los tópicos cruciales en el manejo de tales drogas: ¿qué papel juega el estatus del consumidor en el significado moral que a ellas se atribuye? ¿Qué lugar ocupan hoy estas drogas frente a la teoría de la conspiración? ¿Cuáles son las implicaciones de que se les asuma como problema de orden público y no de salud pública? ¿Cuál es el sentido de una lucha para enfrentarlas que privilegia el ámbito de la producción y no el del consumo –que fluctúa entre el social y la adicción–? Pensando en los distintos países involucrados en el fenómeno, ¿qué relación guarda esta última perspectiva respecto a la disyuntiva de miradas y manejos uni o multilaterales? ¿Cuáles son las diferencias y alcances entre los intereses de los cultivadores –y en sus distintos niveles: pequeños campesinos que encuentran en ellos la única fuente de subsistencia, hasta latifundistas–, y los de los comerciantes o traficantes –dentro de los cuales también cabrían rangos que involucran hasta los traficantes de los países consumidores quienes, según diversos estudios perciben sustantivamente las mayores ganancias del negocio? ¿Cuál es el lugar del narcotráfico en los ingresos del comercio mundial –considerado cercano a los provenientes del petróleo– y cuáles son los impactos económicos, políticos y culturales de esta realidad? Son parte de los cuestionamientos que deberían ser objeto de preocupaciones y reflexiones académicas e investigativas encaminadas hacia nuevas y certeras propuestas que de verdad hagan frente a una problemática que afecta a la totalidad de la sociedad colombiana.

Los rasgos descritos parcialmente configuran lo que, retomando un concepto incomprendido, denominamos cultura de violencia; un concepto en el cual, paradójicamente, se anida la esperanza por cuanto no alude a “naturaleza” violenta de los colombianos que como tal sería inmodificable; convoca, por el contrario, a algo tan cambiante como la cultura, un ámbito de nuestra vida social cotidiana que podemos, desde las más disímiles instancias, empezar a transformar. Y aquí el papel de las ciencias sociales es definitivo en la medida en que desde la investigación contribuyan al conocimiento riguroso de esos entornos caóticos que conforman nuestras realidades socioeconómica, política, cultural. La investigación en ciencias sociales, al propiciar la comprensión de los problemas que aquejan a su sociedad, al señalar entonces los caminos o derroteros para su solución, asumirá el papel de avizorar su presente y su transcurrir.

4. Los perfiles de la gran capital

Semblanza de la Bogotá actual

Si bien es preciso reconocer que muchos de los problemas de Bogotá no se captan a través de las estadísticas: sus miedos, su escepticismo, sus tedios, sus inseguridades, sí consideramos que algunas cifras son importantes para conocer el escenario de esta ciudad y la magnitud de sus más agobiantes realidades.

Analizada por especialistas, descrita por investigadores y sentida por muchos de sus habitantes como una ciudad de caos y de desasosiegos distintos, la capital del país contaba en 1951 con 670.000 habitantes; según proyecciones del último censo, con creces hoy sobrepasa los 6.000.000, sin contar la población que conforma su área metropolitana; este crecimiento, sin embargo, no explica sus dificultades contemporáneas en tanto son diversas las ciudades que en el mundo han crecido en la misma proporción. Actualmente posee las necesidades de una megalópolis de cualquier país capitalista de gran desarrollo, pero con recursos en exceso limitados, situación que, junto con otros factores, se manifiesta en tasas de pobreza y marginalidad de un porcentaje creciente de sus habitantes.

En esta ciudad concurren todas las regiones del país; coexisten contextos diversos, y diferentes tradiciones, credos, etnias, oficios, profesiones, conocimientos, desarrollos tecnológicos, tiempos y destiempos… “En Bogotá se combinan y mezclan con una sorprendente facilidad estilos de vida que pueden estar separados por más de una generación: no es extraño encontrar en sus calles seres humanos cercanos a la época de las cavernas, compartiendo sus vidas con hombres cibernéticos capaces de cavilar cosmológicamente con visiones bioantropológicas… Como casi toda gran ciudad de la modernidad, es una ciudad despersonalizada en donde crecientemente se le ha quitado la identidad a un sujeto que vive dentro de una multitud solitaria, sin ninguna armonía ni originalidad estética”18v.

En los últimos años la construcción creció dentro de índices elevados pero sin alcanzar la respuesta a las demandas incrementadas por los múltiples procesos migratorios. Esta nueva población se viene concentrando en las localidades de Bosa, Usme, Suba y Ciudad Bolívar19, dentro de urbanizaciones no formales; en las dos últimas de estas localidades se ha concentrado el mayor número de asentamientos ilegales –de 620 en 4.390 hectáreas, en éstas se ubican 217 con 375.000 habitantes– situados en zonas de riesgo y, por supuesto, carentes de servicios públicos, de vías de acceso suficientes, de equipamiento urbano.

Las zonas de más alta pobreza y mayor exclusión donde, a más de las carencias antes mencionadas, se agudizan los problemas de vivienda, educación, espacio público y disposición de basuras, entre otros, corresponden a Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Usaquén, Santafé, Los Mártires, Engativá y Suba, localidades que acogen el 60% de los habitantes del Distrito Capital20.

La extensión de este Distrito es de 1.587 km2, la mitad perteneciente a la Sabana de Bogotá, atravesada por ríos hoy cubiertos, canalizados o dueños de graves problemas de contaminación. Esta Sabana ha sido polo de crecimientos económico y demográfico constantes. La dinámica de poblamiento adquirió tal magnitud que desbordó los límites del Distrito Capital, al cual se fueron anexando algunos municipios vecinos como nuevas localidades; otros conformando el espacio Metropolitano21 cuya área es de 1.998 km2, equivalentes al 44.6% del territorio de la llamada Sabana de Bogotá. Área en la cual, en razón del proceso de concentración de personas y de actividades económico-administrativas en Bogotá, se presenta un conjunto de fenómenos polarizados: centralización del crecimiento demográfico y económico en ella; conformación progresiva de un sistema radial en la vialidad, con eje en Bogotá; prestación regional de servicios públicos; uso de recursos hídricos originarios en los municipios; disposición final de basuras fuera del Distrito Capital (se depositan en el relleno Doña Juana 130.000 toneladas de basura cada mes); concentración financiera y de servicios asistenciales y administrativos; interdependencia en la disposición de recursos naturales regionales y manejo integral del medio ambiente. Es el tramado de un territorio que corresponde al mayor conglomerado poblacional y económico del país; habitantes de municipios aledaños que ante la saturación del perímetro urbano de Bogotá, sólo laboran en ella, situación que ha conducido al fenómeno de la conurbanización (con Soacha, Cota, Chía, etc.).

Desde el punto de vista económico, Bogotá cuenta con la mayor diversidad productiva (19% del PIB) y la mayor tasa de participación en la economía (18%) de la población del país. No obstante, los índices de desempleo se encuentran también dentro de los más altos, así como el deterioro en el mercado laboral que va cediendo cada vez más espacio a la informalidad del sistema económico y social: el 55% de la población económicamente activa de la ciudad vive de este sector: del rebusque, de las ventas callejeras en los espacios públicos, de las formas ilegales de urbanización; es la transhumancia de mendigos e indigentes en busca de la supervivencia; es el ejército de tramitadores que, a mamparo de la reconocida ineficiencia y corrupción administrativas, median entre los usuarios de servicios públicos y las paquidérmicas dependencias distritales.

El crecimiento de Bogotá, desmesurado en todos los órdenes, ha carecido de planificación y como tal condujo al deterioro del medio social, de los sistemas de transporte, del medio ambiente, de la seguridad ciudadana; incrementó la demanda educativa, recreativa, de servicios públicos.

Un panorama que necesariamente remite al descenso en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, manifiesto en el desempeño de los siguientes indicadores:22

Existe insuficiencia creciente en la cobertura de salud preventiva para los sectores de mayor pobreza; deficiencia en la infraestructura física, financiera, administrativa y de recurso humano en los escasos centros de salud y hospitales con los que cuenta Bogotá. Respecto a los servicios de prevención y protección que presta el ICBF (769.000 usuarios en 750 barrios y desde trece centros zonales y del Centro de Protección Especial para el menor y la familia), el déficit frente a la población objetivo se aproxima al 67%.

La vivienda, no obstante el incremento de la construcción en la última década, no logra responder –por número de viviendas construidas y por los costos en ellas involucrados– a la demanda incrementada por los procesos migratorios, condición que en el último período se ha visto agravada con los índices de desempleo y el incremento en las tasas de interés. A su vez, las instancias administrativas del Distrito Capital, a más del cáncer de la corrupción, no poseen las condiciones para liderar el ordenamiento urbano y canalizar la inversión pública; además de la ausencia de “una estrategia regional que plantee alternativas para su desarrollo futuro en áreas potencialmente urbanizables”.

Los servicios públicos, sin desconocer incrementos en cobertura y calidad (agua potable y saneamiento básico, energía eléctrica y gas), presentan aún grandes deficiencias en estos órdenes; realidad que unida a sus problemas administrativos y financieros –creciente endeudamiento externo, ineficiencia, corrupción, altos niveles de agua consumida no contabilizada (40%) y considerable pérdida de energía (superior al 24%)-, cuestiona la futura viabilidad de estas entidades, abriendo así espacios para su manejo privado, con las implicaciones que ello tendría en los sectores de menores recursos y aquellos mayoritarios ubicados por debajo de la línea de pobreza.

El transporte bogotano adolece igualmente de severos problemas: su parque automotor, cercano a los 780 mil vehículos (240 mil no matriculados en la ciudad; 21 mil correspondiente a buses, y el resto a otros sistemas de transporte masivo, conforman el 10% de transporte público, frente al 90% privado), ha venido creciendo a un ritmo anual cercano al 8% (60 mil vehículos al año), en contraste con el escaso 1% al cual ha crecido la malla vial. El transporte de los capitalinos se realiza primordialmente a través del servicio público colectivo que poseía márgenes razonables de cobertura, capacidad y bajas tarifas. No obstante, el ritmo de expansión de la ciudad –en territorio y población-, ha incrementado necesariamente su demanda, lo que se traduce en mayor congestión, incremento del tiempo de desplazamiento y de la contaminación ambiental, mayor accidentalidad, deterioro de vías, aumento de los costos de operación. Frente a estas circunstancias, el número de vehículos particulares se eleva –con los efectos que en los distintos órdenes ello acarrea– y no se vislumbran proyectos de transporte masivo realmente alternativos para una ciudad con necesidades de megalópolis.

Si encontramos que el 90% de la ciudad está urbanizada, involucrando en este proceso tierras de vocación agrícola, zonas de alto riesgo de deslizamiento o inundaciones y terrenos de gran valor ecológico, necesariamente se debe concluir el dramático menoscabo ambiental del Distrito Capital el cual se visibiliza en “procesos erosivos intensos, subnormalización de zonas, contaminación atmósferica, hídrica y por residuos sólidos, conflictos por el uso del suelo y deterioro del espacio público”. En los últimos años y ante la no reposición de vehículos viejos que producen combustión incompleta de hidrocarburos y el uso de materiales contaminantes en la industria, los niveles de contaminación en amplios sectores de la ciudad transgreden la normatividad vigente.

El otro capítulo lamentable en términos de medio ambiente lo constituye el manejo de los pocos humedales que le quedan a la ciudad (de 50 mil hectáreas ocupadas por ellos en 1950, hoy solo existen 800), sometidos a procesos que conducirán a su desaparición: descarga en ellos de aguas residuales y de residuos sólidos provenientes de la industria o de los asentamientos subnormales y desecación y rellenos de los mismos para convertirlos en espacio urbanizable.

Desencuentros culturales de lo “bogotano”

Esta semblanza de las formas como en la gran capital se organiza y administra el transcurrir de sus pobladores, pone en evidencia el deterioro creciente en la calidad de vida de estos habitantes de la modernidad; un nivel degradado que en la cotidianidad de estos ciudadanos diversos se hace visible en el menoscabo de sus relaciones, parte de un entramado social e intercultural complejo que, sin embargo, está articulado por distintos tejidos sociales: el mercado laboral, los servicios públicos, los espacios de recreación, los medios masivos de comunicación… Además, son tramas heterogéneas: sectores sociales diferentes cohesionados por vínculos barriales, gremiales, de clase, con límites nítidamente definidos.

Bogotá, conforme lo señala una reciente investigación23, como todas las ciudades del mundo, posee espacios públicos donde sus habitantes se cruzan en encuentros fugaces, donde convergen también procesos de gran dinamismo social. Espacios vacíos de notable deterioro físico y social, ámbito de indigentes, mendigos, recicladores que deambulan tras la supervivencia, blanco permanente de las macabras “operaciones de limpieza social”. Espacios públicos otros que “funcionan como no lugares” en tanto no tienen cabida en el mapa de representaciones que los ciudadanos se hacen de la ciudad: carentes de dueños, “espacios sobre los cuales –como lo señala Uribe– se poseen todos los derechos y ningún deber”.

Las formas de urbanización en Bogotá, la pauperización de grandes grupos de emigrantes, que huyen del campo en razón primera de la violencia en las regiones, conduce al incremento de grupos de alto riesgo en la ciudad. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, Bogotá está entre las tres ciudades colombianas que concentran los mayores niveles de depresión y de ansiedad de sus ciudadanos. Un clima de zozobra que afecta por igual a todos los sectores sociales frente a índices de delincuencia crecientes, inoperancia de los sistemas policivos e impunidad que convierten a la ciudad en territorio temido por sus habitantes. En 1995 Bogotá alcanzó la más alta tasa de homicidios en su historia, ubicándose como el espacio urbano de mayor inseguridad en el país, congregando el 30% de todas sus modalidades delictivas. Delitos que afectan primordialmente a la población masculina entre 15 y 34 años, perteneciente en su mayoría a los estratos bajos.

Son parte de las razones que convierten a la capital en territorio de miedos individuales y colectivos, de incertidumbres que día a día acentúan la tendencia hacia el repliegue al ámbito doméstico; al cierre de los espacios urbanos y a la contratación de vigilancia privada en urbanizaciones, edificios y negocios. A su vez, conduce al abandono progresivo de ciertas áreas públicas –el centro, por ejemplo–, que así van convirtiéndose en territorio exclusivo de delincuentes y mendigos.

El desprecio por las identidades

A propósito de Bogotá, los bogotanos y los ciudadanos de otras regiones que la habitan, del sentido de pertenencia que unos y otros puedan construir con ella, de las deudas inmensas que la universidad capitalina tiene para con esta metrópoli, de ese cierto parasitismo que tanto la educación superior bogotana como todos y cada uno de sus pobladores hemos desarrollado frente a esta urbe, bien valdrían la pena algunas reflexiones que permitan aproximarnos al tema de la identidad posible en la ciudad capital de los colombianos.

Sólo lo haremos a manera de colofón y a partir del ejercicio analítico que realizara Antanas Mockus durante su Alcaldía, frente al manejo que la ciudad hace de algunos símbolos supuestamente constitutivos de sus identidades; esto es, las representaciones que Bogotá tiene de sí misma y cómo afectan su función recontextualizadora. Lo que justifica la presencia de una gran ciudad –afirma Mockus– es la manera en que ella permite la coexistencia cercana y fértil de contextos diversos. Bogotá, entonces, como mercado, “como crisol cultural” y como lugar de encuentro de diversas tradiciones, conocimientos, oficios y profesiones, no sería posible sin los procesos de recontextualización: ellos posibilitan el acceso a conocimientos y prácticas mundialmente disponibles, seleccionan, reestructuran, transforman para dotarlos de sentido en el nuevo contexto.

Desde este marco, toma tres expresiones de la identidad de la ciudad: su nombre, su bandera, su mapa y analiza cómo se comporta la ciudad con ellas, hasta dónde son importantes, qué pueden significar…

En cuanto al nombre, ¿es Bogotá, Santa Fe de Bogotá o Santafé de Bogotá? En primer lugar, –señala Mockus– la ciudad se dejó cambiar su nombre intempestivamente y nadie protestó. En segundo lugar, uno de los dos periódicos más importantes del país, El Tiempo, lo escribe, como en la Constitución de 1991, separado: Santa Fe de Bogotá (pero en la sección dedicada a esta ciudad escribe: Bogotá); el otro periódico más importante, El Espectador, lo escribe en una sola palabra: Santafé de Bogotá (indagando hoy, parece que retorna al “Bogotá”). En consulta que realizara el Alcalde de entonces a la Academia Colombiana de la Lengua, recibió este concepto: se puede escribir de las dos maneras. Bogotá es entonces una “ciudad de dudosa ortografía”, afirma Armando Silva. A juicio de Mockus esta situación es síntoma de desprecio por la propia identidad. “Cada una de las ciudades capitales del mundo ha recurrido a su ciudad como recontextualizadora, ha luchado por posicionarse en el nudo a través del cual pasan el arte, la literatura, la ciencia, el comercio, el turismo ilustrado. Entre las ciudades hay una pugna por ocupar un lugar destacado, por ocupar un nodo importante en esas redes y esos itinerarios”24.

Frente a la bandera, parece que una administración anterior a la del alcalde aludido, quizá por cuestiones de orden estético o “patriótico”, consideró pertinente sustituir la diversidad de pinturas y avisos que portaban casetas, ventas ambulantes y otros lugares del espacio público por una imagen “más institucional”; nada tan propicio entonces como los colores de la bandera. Desde ese período ella, si bien se encuentra en muy pocos lugares y edificios públicos, en cambio identifica ya a gran número de carros y casetas de ventas ambulantes que, con distintos grados de informalidad, usurpan el espacio público de la ciudad: “La ciudad entregó la bandera a los invasores”. Ante esta situación, de nuevo el silencio fue la respuesta: ningún debate, crítica u objeción frente a la devaluación que sufre este símbolo al ser portado casi exclusivamente por los invasores del espacio público.

Respecto al mapa de la ciudad las consideraciones son diversas: de una parte, la orientación convencional de los mapas de Bogotá (cerros orientales hacia arriba) no coincide con la orientación convencional de los mapas de Colombia y Cundinamarca (norte arriba). Ante esta realidad, Mockus plantea tres hipótesis: una, Bogotá no fue o dejó de ser percibida en sus autorrepresentaciones geográficas como parte de Cundinamarca y de Colombia; dos, la información cartográfica para la ciudad fue originada desde una perspectiva localista poco interesada en articularse con visiones más globales: lo local por un lado, y lo regional y lo nacional por otro; tres, Bogotá establece una relación particular con las convenciones: pueden variarse arbitrariamente lo cual sería “un saludo a la libertad y una burla al orden”.

De otra parte, la ciudad tiene convenciones de nomenclatura (principalmente de calles y carreras) de fácil comprensión y uso que desde el colegio se aprendieron como coincidentes con los puntos cardinales; sin embargo, las carreras no van de norte a sur ni las calles de oriente a occidente: se ubican diagonales y con el crecimiento de la ciudad esto se hace más evidente. “Una cosa dice la escuela y otra muestra la brújula”. Independiente de las reflexiones de Mockus, valdría la pena mirar lo que sucede con su himno: en un partido de fútbol reciente entre equipos de Medellín y Bogotá, realizado en esta última ciudad, antes de su inicio un grupo de residentes antioqueños entonó con vehemencia su himno; en el turno para Bogotá nadie o muy pocos de entre la multitud de “bogotanos” conocían su letra o, lo que sería aún peor, todos carecían del interés para cantarlo…

De esta manera “Bogotá es una asombrosa ciudad que pareciera derivar su identidad de cierto desprecio por la identidad”. Tres anomalías (por no decir, cuatro) en la representación de la capital de Colombia que deberían ser motivo de preocupación o, cuando menos, de cuestionamientos en tanto son tres síntomas de desorganización simbólica de nuestra ciudad. ¿Qué pueden indicar sobre la identidad de la ciudad y de sus habitantes? Las respuestas implican juiciosas reflexiones en la cuales la universidad bogotana debe decididamente involucrarse.

5. Hacia un nuevo contexto educativo en Colombia

La educación: tema central de la agenda del cambio

Sin lugar a dudas el país ha asistido en la última década a sustantivas consideraciones sobre el ser y el deber ser de su sistema educativo. Desde los enunciados que en esta materia formulara la Constitución de 1991 se viene promoviendo una reforma a la educación que, tras la expedición de distintas leyes, señala el papel preponderante que en diferentes órdenes hoy se le concede a esta institución, aún en sus niveles de informalidad –esto es, la educación externa a los ámbitos estrictamente educativos–, al punto de considerar que si bien ella no produce el cambio que se requiere, “ningún cambio social es posible sin ella”. Los enunciados normativos de esta nueva legislación, unidos a las recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, condujeron a que, tras amplia y diversa participación nacional, se promulgara el primer Plan Decenal de Desarrollo Educativo (1996) que convierte a la educación en política de Estado, ajena, cuando menos en teoría, a los avatares de los gobiernos de turno. En torno a ella se habrá de involucrar el compromiso de todos: Estado, gobierno, sociedad civil, gremios y, por supuesto, la universidad colombiana oficial y privada.

La médula de este Plan considera que una educación de calidad para niños, niñas y jóvenes es la herramienta fundamental que permitirá enfrentar los dos mayores retos que se imponen a la sociedad colombiana en el milenio dos mil: de un lado, alcanzar la convivencia pacífica, la cultura de la democracia, soportada en valores de ética ciudadana que permita el ejercicio de los derechos humanos en una realidad multiétnica y multicultural. De otro, lograr el avance económico cuyo motor sea la creatividad de su gente y el desarrollo del conocimiento que, dentro de márgenes de justicia social y respeto al ambiente, garantice la competitividad internacional. Así, este proyecto educativo propenderá por “la formación de seres humanos integrales, comprometidos socialmente en la construcción de un país en el que primen la convivencia y la tolerancia, seres humanos con capacidad de discrepar y argüir sin emplear la fuerza, seres humanos preparados para –crear, decimos nosotros e–, incorporar el saber científico y tecnológico de la humanidad a favor de su propio desarrollo y del país”25.

Desde esta perspectiva el Plan demanda al sistema educativo colombiano transformar las honduras de concepciones tradicionales frente a la educación, a la institución y al maestro.

Sus propósitos26 explícitamente buscan convertir a la educación en un propósito nacional y en un asunto de todos; hacer que se le reconozca como el eje del desarrollo humano, social, político, económico y cultural de la nación; desarrollar el conocimiento, la ciencia, la técnica y la tecnología; integrar en un solo sistema la institucionalidad del sector educativo y las actividades educativas de otros entes estatales; y, garantizar la vigencia del derecho a la educación.

Algunos indicadores críticos de la educación superior en Colombia

La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, particularizando en la problemática de la educación superior en Colombia, entre los cuestionamientos fundamentales de este subsistema señalan27:

Baja inversión en ciencia y tecnología así como en la formación de investigadores. Insuficiente número de investigadores en tanto son aproximadamente 5.000, que conforman sólo el 1% del total de América Latina. En contraste, los países industrializados poseen el 94% de los científicos del mundo; países en vía de desarrollo en promedio el 4% y América Latina el 3%. Latinoamérica produjo en 1996 únicamente el 2% de las publicaciones relacionadas con Ciencia; dentro de este porcentaje, Colombia se encuentra lejos de los primeros lugares. Su enfoque educativo no estimula de manera adecuada la curiosidad y el disfrute de los estudiantes frente a la búsqueda de conocimiento; tampoco incentiva los talentos creativos e innovadores. Las instituciones educativas superiores reclaman con urgencia cambios en sus modelos pedagógicos por cuanto sus estrategias y medios de enseñanza no se han modernizado a la par con los desarrollos científicos y tecnológicos. Existen problemas de calidad y pertinencia en la formación superior, en los niveles de pregrado y posgrado, que inciden en la capacidad investigativa y de desarrollo tecnológico. Hay un limitado desarrollo de la oferta de educación tecnológica. Baja calidad en los distintos niveles del sistema educativo que impacta negativamente en el sector productivo científico y tecnológico.

Desde el punto de vista de la cobertura –a más de que el país cuenta con un analfabetismo cercano al 13%–, existe una baja tasa de escolarización en la educación superior: 11.5% frente al 25% de Ecuador, Venezuela y Perú; o, Argentina y Uruguay que alcanzan el 39% y el 42%, respectivamente. Y este problema se agudiza –sin contar la gravedad de las diferencias regionales–, ante el incremento del número de estudiantes egresados de la educación media, resultante de políticas para el mejoramiento cuantitativo de este nivel.

Por supuesto, estos indicadores tienen desempeños desiguales en las diferentes instituciones de educación superior. En algunas, las consideradas de mayor prestigio, quizás sus niveles de calidad sean más favorables pero ello no invalida el diagnóstico para el conjunto de las universidades colombianas.

Retos diversos para la universidad colombiana

Este diagnóstico parcial, a la luz de las formulaciones del Plan Decenal de Educación, de sus enunciados y de la legislación competente, condujo a la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Superior (1997) la cual plantea una serie de recomendaciones encaminadas a, aunando esfuerzos entre el Estado y la universidad colombiana, lograr las transformaciones que permitan al ámbito universitario responder a su misión de ser soporte y motor del cambio que el país requiere, a la vez que posibilita su participación competitiva en el concierto internacional28. Estas transformaciones aluden a aspectos particulares dentro de los cuales, en razón de los objetivos del presente documento, sólo contemplamos:

Calidad de la educación superior

Los factores considerados aquí como prioritarios aluden a: Importancia del profesorado: sugiere estrategias de ingreso por concurso, precisa definición de categorías, requisitos y criterios de ascenso, sistemas de evaluación, etc., concluyendo que cada institución adoptará un estatuto profesoral para promover el desarrollo integral de sus profesores. Papel de la acreditación: señala que cada institución de educación superior, conforme a su naturaleza, a su misión, a su vocación, propósitos y objetivos, está en la obligación de demostrar ante la sociedad y ante el Estado que el servicio público que presta reúne condiciones de calidad. Su relación con el entorno: uno de los problemas neurales de la educación superior es el poco interés de sus académicos en la construcción y organización del país. Por ello el PEI debe tener como punto de mira el contexto nacional, haciendo que sus docentes e investigadores sigan el curso del mundo y de la realidad colombiana, revisando y actualizando los currícula para propiciar la formación de egresados que, desde todos los órdenes, se comprometan con el mayor bienestar de los colombianos. Por ello, resulta imperativa la necesidad de impulsar la investigación formativa en todos los niveles y tipos de Universidad: motivar la indagación, la curiosidad y el pensamiento autónomo y creativo del estudiante. Así mismo, auspiciar la investigación encaminada a producir conocimiento original, esencialmente en los posgrados que deben orientarse hacia la formación de investigadores. Además, las relaciones con el entorno suponen el desarrollo de una mayor capacidad para asimilar, adoptar y aplicar el conocimiento universal en el campo de la ciencia, la tecnología y las artes. Por último, es fundamental consolidar los vínculos de las instituciones universitarias con el Estado y con la organización social, así como fortalecerlos con el sector productivo. Calidad y evaluación de la gestión: se implementarán “modelos flexibles de organización y de funcionamiento, que aseguren un manejo eficiente de sus asuntos académicos, administrativos y financieros”. Para este propósito se afianzarán procesos de planeación que atiendan el presente pero con visión de futuro; esquemas descentralizados de operación, manteniendo la unidad de propósitos y políticas; modernizar sistemas de información con la informática y sistemas de costos; y evaluaciones de gestión que miren, a más de productos, procesos y procedimientos. Así se analizará el funcionamiento de la institución como un sistema vivo y se formularán estrategias y programas de mejoramiento sostenido. Formación básica: propicia en el estudiante una estructura de pensamiento, promoviendo el desarrollo de los conceptos y categorías fundamentales de las ciencias sobre las que descansa el ejercicio profesional y el cultivo de las disciplinas; esta formación es absolutamente necesaria para que el estudiante pueda abordar nuevos conocimientos y enfrentar continuos reaprendizajes. De esta manera se emprenderán reformas curriculares que fortalezcan los núcleos básicos de la formación en las disciplinas y profesiones y que reduzcan los contenidos meramente informativos.

Cobertura y democratización de la universidad

Ante la baja capacidad de absorción de aspirantes, fundamentalmente desde la universidad oficial, se requieren programas y estrategias que respondan a la creciente demanda, buscando una efectiva democratización de la educación superior. En esta perspectiva es preciso: Fortalecer y valorar la educación técnica y la tecnológica tanto por su papel estratégico para el desarrollo del país como para la ampliación y diversificación de la oferta educativa. Desarrollar una educación superior abierta y permanente adoptando “estrategias desescolarizadas y modernas tecnologías de información y comunicación, de modo que se logren sistemas educativos abiertos y flexibles en los que los colombianos puedan tener mayores posibilidades de acceso a la educación superior”. Impulsar procesos de descentralización y regionalización universitaria “para que el país, a través de las instituciones de educación superior y de sus formas de interrelación pueda redescubrir su territorio y su cultura, aprovechar mejor sus recursos, lograr un desarrollo local y favorecer una distribución de las oportunidades educativas con calidad, equidad y pertinencia”. Afianzar vínculos entre instituciones de educación superior y el resto de las instituciones del sistema educativo. Implantar sistemas de apoyo económico a estudiantes de nivel postsecundario a través de becas y otros auxilios para que la población marginada pueda así beneficiarse de este nivel educativo.

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La razón de ser de los contextos hasta aquí abordados radica, como al inicio se planteó, en escenificar los distintos espacios que desde una u otra perspectiva incidirán en el desenvolvimiento próximo de nuestra Institución; en esta medida resulta fundamental que en ellos y en su análisis estén representados los intereses, los problemas, las preocupaciones científicas, disciplinares y profesionales de las diferentes unidades académicas de la Universidad Central. En esta discusión ha de iniciarse el camino hacia la rigurosa autoevaluación y hacia la formulación consecuente de un nuevo Proyecto Educativo Institucional. Por obvias razones de espacio, excluimos de este escrito la propuesta metodológica que desde el DIUC se propone para llevar avante este proceso institucional que, pensamos, conduciría a una nueva Universidad para una nueva Colombia.


Citas

1 Tendencia que parece ser asumida por algunos de los Proyectos Educativos Institucionales, PEIs, revisados para la preparación de este documento.

2 Ramírez, Socorro, Restrepo, Luis Alberto (coordinadores). Colombia: entre la inserción y el aislamiento. Siglo del Hombre Editores – Iepri. Panamericana, Formas e Impresos S.A. Bogotá, 1997. p. 12.

3 Ibídem. p… 14.

4 Garf, William “El Estado en el Tercer Mundo”. En Utopía del Habitar Humano. Veeduría Distrital. Editora Guadalupe. Bogotá. 1996. p. 560.

5 Ortiz, Renato. Otro territorio. Convenio Andrés Bello. 2ª. Edición. Tercer Mundo Editores. Bogotá. 1998.

6 Ibídem. p. XXIV.

7 Ibídem.

8 Ibídem. p. XXIV.

9 Idem. XXIV.

10 Hopenhayn, Martín. Vida insular en la aldea global. En Revista Número 20, p. Vii. Bogotá, 1998.

11 Cfr. Hopenhayn, Martín. Ni apocalípticos ni integrados. Op.cit.

12 Gómez B. Hernando, Jaramillo S. Hernán. 37 modos de hacer ciencia en América Latina. Tercer Mundo Editores-Colciencias. Bogotá. 1997. p. XI.
* Las cifras de este apartado corresponden al año 1996-1997.

13 Situación que puede haber cambiado en razón de la agudización de la crisis económica de años recientes.
* Ver distintos artículos de la sección monográfica de esta edición 12 de NÓMADAS.

14 Sánchez Fabio y Núñez Jairo. Educación y dispersión salarial en Colombia, citado por Consuelo Corredor en su trabajo El empleo: una variable macroeconómica de enlace entre lo económico y lo social. En, Luz Gabriela Arango (Compiladora), Op. cit. p. 322.

15 Constitución Política de Colombia. Preámbulo. Imprenta Nacional. Bogotá. 1991.

16 Granada, Camilo y Rojas, Leonardo. Los costos del conflicto armado. En, Plan estratégico de Ciencias Sociales y Humanas, Colciencias. Copia. Bogotá, 1999, p. 8.

17 Cfr. Jimeno, Myriam. Movimientos campesinos y cultivos ilícitos. De plantas de dioses a yerbas malditas. En, Arango, Luz Gabriela (comp.). La crisis sociopolítica colombiana: un análisis no coyuntural de la coyuntura. CES-Fundación Social. Bogotá, 1997. pp 343-354.

18 Niño, José Ricardo, El Círculo de la exclusión: Santafé de Bogotá. En, Veeduría Distrital. Op. Cit. p. 193.

19 Quizás la situación más aguda de la capital se vive en Ciudad Bolívar: su población con NBI está en el 56.2% (en Bogotá 23.5%); características físicas inadecuadas, 19.7% (Bogotá 3.7%); hacinamiento crítico 23.7% (Bogotá, 17.1%); carencia de servicios básicos 11.1% (Bogotá, 1.3%); sin escolaridad 7.0% (Bogotá, 3.5%).

20 El Distrito Capital está conformado por 20 unidades administrativas: 19 localidades y la zona rural de Sumapaz, administradas por 20 alcaldías menores.

21 Integrada por, además de Bogotá D.C., Cajicá, Cota, Chía, Funza, La Calera, Mosquera, Soacha, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá.

22 Ibidem cfr. pp. 207-212 y Leal Mejía, Oscar Hernán, Algunas reflexiones sobre la salud mental de los bogotanos. En, Veeduría Ciudadana. Op. Cit. p. 414 ss.

23 Cfr. Uribe, María Victoria. Bogotá en los noventa, un escenario de intervención. En, Giraldo, Fabio y Viviescas Fernando (comps). Pensar la ciudad, Tercer Mundo Editores-Cenac- Fedevivienda, Bogotá, 1996, pp. 391-408.

24 Mockus, Antanas Bogotá: ¿Indicios de una ciudad con vocación posmoderna o síntomas de una ciudad que descuida su función recontextualizadora. En: Giraldo, Fabio, Viviescas, Fernando. Op. cit. p. 396.

25 Plan Decenal de Educación 1996-2005. Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, 1996, p. 11.

26 Cfr. Op. cit. pp. 17-23.

27 Cfr. ASCUN. Propuesta para la Educación Superior: Plan Decenal de Educación Superior. Bogotá. 1996. pp. 5-7.

28 Cfr. Comisión Nacional para el desarrollo de la Educación Superior. Hacia una agenda de transformación de la educación superior: planteamientos y recomendaciones. Bogotá 1997. pp. 5-34.


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